CONTEXTO POLITICO ELECTORAL Y MUNDO DEL TRABAJO

Las Relaciones de Trabajo son sensibles al contexto, de el depende su funcionamiento. Dos dimensiones del contexto determinan la marcha de las Relaciones de Trabajo, los aconteceres políticos y los económicos.

            En lo inmediato hemos estado inmersos en una campaña electoral presidencial, luego otra de gobernadores – a escasas semanas-, y luego la de alcaldes y concejales – en el primer cuatrimestre del próximo año-. En el presente artículo, orientamos el análisis de lo contextual político, y dejamos lo económico para otro momento. 

           Hay que destacar que desde diciembre de 1998 a este 7 de Octubre del presente año, se han realizado catorce elecciones de alcance nacional que tienen que ver con los poderes públicos, es decir un promedio de una elección nacional anual, ya que estamos hablando de un lapso de catorce años. Es importante destacar que en esta cantidad se incluyen cinco referéndum, y el hecho de que se han separados las elecciones presidenciales de las de gobernadores y alcaldes, y ahora también se separan estas últimas, lo que abona a un llamativo número de elecciones.  

           Además si se toma en cuenta que ha existido desde el inicio de la presente etapa política, el propósito diferenciador con todo lo ocurrido en la gestión estatal de la etapa precedente, en la terminología naciente, la cuarta república. Incluso el afán diferenciador va más allá de esos cuarenta años, y se remonta a todo el siglo XX. Algo así como si todo empezara a partir de 1999. Temas como la justicia, la igualdad, la libertad, la soberanía,  la dignificación, no existían y ahora sí. Por supuesto que esto trae consigo el mantenimiento de una situación de polarización política extrema.

            Entonces, estos dos elementos configuran un contexto político nacional sumamente influyente en el comportamiento de los actores que se desenvuelven en el mundo del trabajo, ya sea en los espacios productivos directos, como en los espacios institucionales estatales que tienen relación con el mundo del trabajo.

            Veamos lo electoral y el desenvolvimiento de los gremios, sea de trabajadores  de empresarios. La polarización los absorbe. Hay organizaciones y líderes que se adhieren a una u otra de las dos opciones que representan los dos polos. Realmente la adhesión no es el problema, sino que los intereses de las organizaciones y de sus afiliados se subsumen en los planteamientos de las opciones políticas. Ocurre el fenómeno que la química llama la dilución. Se atenúan las posiciones de los sectores del mundo del trabajo. Se pierde la oportunidad de fortalecer las organizaciones gremiales, por estar en la cola de los propuestas electorales. En estos procesos electorales recientes, consideramos que este fenómeno ocurre tanto en la propuesta oficialista como en la opositora.

            Sin tomar como modelo optimo, pero si como experiencia que favoreció el desenvolvimiento sindical en un determinado período. Es el caso del sindicalismo de los principales partidos políticos en los años 60 al 80, es decir AD y COPEI. Su órganos directivos, notablemente el caso del Buró Sindical de AD, era determinante para decidir quien sería el candidato a la Presidencia, así como para asegurar cuotas parlamentarias nacionales y regionales. Todo lo cual le permitió tener influencias en políticas nacionales, que ejecutaba el Ejecutivo y el Legislativo.

            Hoy las organizaciones del mundo del trabajo están casi marginalizadas. Carecen de influencia para determinar agendas en las propuestas de los candidatos a gobernar. Del lado del oficialismo, hay un esfuerzo de varios años y de muchos recursos materiales que ha centrado su accionar en los espacios comunales, y por tanto ha privilegiado las adherencias que provienen de las comunidades, más que las que provienen del mundo de la fábrica o centros productivos. Con éstos se mantienen rezagos en el cumplimiento de compromisos legales y contractuales, además de convenios colectivos desmejorados o congelados. 

            No es ajeno a esta política de vinculación política electoral y gestión de votos, ir adonde hay mayor número de votantes, tal es el caso de las comunidades; que son también los espacios de vida de los trabajadores. Pero en esos espacios populares habitan los trabajadores tanto de la formalidad como de la informalidad, en otros términos tanto los organizados sindicalmente, como aquellos que no disponen de ese instrumento. De aquí que privilegiar esos espacios recoge adhesiones con compromisos,  al establecimiento, o a cambios o mantenimiento de políticas públicas que no están centrados en el mundo del trabajo, sino más bien el ámbito de la asistencia. 

            En este contexto político, las relaciones de trabajo son vistas como expresión y resultado de la acción estatal, más que de las dinámicas propias de los actores que viven en los espacios productivos. Faltaría ocuparse un poco más del contexto económico, para completar el análisis.

Y SIGUE LA VIOLENCIA SINDICAL: FRACASO DE UNA POLÍTICA LABORAL

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El reciente informe “Violencia Sindical en Venezuela, Enero-Septiembre 2012” – 65 dirigentes sindicales asesinados- continua mostrando datos y tendencias que llevan ya ocho años consecutivos de manifestación critica  y lamentable, y que casi nada se ha hecho para revertirla.

            El objetivo de una política laboral en cualquier régimen político, sea capitalista o socialista, tiene en común promover condiciones para que se den los procesos productivos bajo condiciones de normalidad, todo en el marco de la constitución y leyes de la republica. La normalidad referida en el ámbito del ejercicio del trabajo es sencillamente poder ejecutarlo. Para ello han de admitirse reglas de juego que son reconocidas por los actores participantes. A su vez los actores además de comprometerse con las reglas comunes, disponen de reglas propias para el funcionamiento de sus organismos.

            La violencia en algunos medios sindicales se ha desatado a niveles extremos. Consideremos algunas inquietudes. Una primera, es plantearse si la violencia extrema, que refiere al exterminio del otro, es una característica propia del movimiento sindical.

            Históricamente más bien el movimiento sindical ha tenido que enfrentar la violencia estatal y empresarial para hacerse su lugar como institución en el funcionamiento económico, social y político. Si bien ya se ha avanzado bastante en este camino, es un recorrido que en Venezuela ha tenido avances y retrocesos, pero sin duda hoy el sindicalismo dispone de recursos institucionales y legitimidad para llevar adelante sus acciones al margen de la violencia armada. El movimiento sindical conocedor de sus recursos, accede a las instancias para dirimir sus problemas, ya sea desde la misma oficina de la gerencia de relaciones industriales del empleador, hasta los más elevados órganos estatales.  Además cuenta con el recurso de la acción colectiva de sus afiliados, adherentes y de la opinión pública.

            La segunda inquietud a considerar es por que las situaciones de violencia en  ciertos ámbitos sindicales. Lo primero que vale considerar es que vivimos en una sociedad donde la violencia se ha venido imponiendo. El Estado viene perdiendo efectividad en una de sus tareas fundamentales, como es asegurar la paz y convivencia. Hasta los primeros años del presente siglo, el registro de dirigentes sindicales asesinados era irrelevante. Los años 2003 y 2004 dan las primeras señales, siete y nueve casos respectivamente, pero del año 2005 para acá se dispara a niveles crecientes, que persisten en estos últimos ocho años. Indica para ese año, el asesinato de 45 dirigentes sindicales, la amplia mayoría relacionados con la obtención de empleos en los sectores de la construcción y  petrolero. Total una década de violencia sindical en ciertos ámbitos.

            Hay que destacar que los registros que se llevan en las organizaciones productoras del informe, son sólo de los asesinados, pero hay que destacar que la violencia sindical refiere a situaciones diversas, y que constituyen un cuadro más complejo para el registro y seguimiento. Se trata de las violaciones de derechos humanos, los que alcanzan en su manifestación más extrema a asesinatos, pero igualmente ella incluye las amenazas, el hostigamiento, atentados con o sin lesiones, desplazamientos forzados, las campañas de desprestigio, las detenciones arbitrarias, allanamientos ilegales, las desapariciones, la tortura.

            Hemos mencionado que el fenómeno de la violencia sindical a niveles de asesinatos de dirigentes no está generalizado, predomina en el sector de la construcción y en menor medida en el sector petrolero. Reconocemos por otros registros que la violencia va más allá de estos sectores, si tomáramos en cuenta no solo los asesinatos sino los otros indicadores señalado en el párrafo anterior.

            Se ha adjudicado la causa de la violencia sindical el hecho de que los sindicatos tienen funciones de suministro de personal. Por ello observamos que esta disposición permitida en la Constitución Nacional de 1961, y confirmada en la Ley Orgánica del Trabajo de 1990, recientemente dejo de incluirse en el reciente Decreto Ley Orgánica del Trabajo, Trabajadores y Trabajadoras. Al respecto cabe mencionar que se trata de una vieja conquista que nace en los sindicatos de oficios, que eran los proveedores y certificadores de formación, es un fenómeno universal del desarrollo del movimiento de los trabajadores.

            Si bien los sindicatos de oficios han quedado relegados, por los cambios en la organización del trabajo, que ha dado lugar al predominio de otros formas organizativas basadas en las empresas y en las ramas productivas, pero esta conquista se ha preservado y en la amplia mayoría de las relaciones laborales venía funcionando de manera regular, ya que fomentaba el compromiso empresa-sindicatos en el desenvolvimiento productivo. Incluso durante varias décadas se fomentaron los centros de capacitación Ince, que tenían gobierno tripartito, entre ellos destacó el Ince-Construcción.

            La situación de normalidad se perdió al ocurrir una intervención anormal, de los años 2003 para acá, cuando el Ejecutivo asumió el papel de actor sindical desnaturalizando el desenvolvimiento de los sindicatos. Esto se tradujo en el hecho de que para el año 2001, habían 2.700 sindicatos, bastante para el tamaño de la fuerza laboral, pero explicable por el predominio de sindicatos de empresas, e incluso de establecimientos. Pero pocos años después este número pasó a más de seis mil sindicatos, sin que se ampliara la tasa de afiliación, resultado de una política laboral implementada por el Ejecutivo de fomentar sindicatos oficialistas, fragmentando peligrosamente el ámbito sindical.

            Esta fragmentación inducida desde el Ejecutivo trajo al mundo sindical una cantidad de pseudos dirigentes, personas que no venían formadas en la disciplina laboral y organizacional de las bases sindicales.

            Que la mayor cantidad de violencia extrema se haya producido en la industria de la construcción, tiene que ver con el carácter nacional de estas actividades, ocurren en todo el país. A la industria de la construcción se acercan grandes contingentes de trabajadores sin empleo, ya que es una puerta más directa para trabajadores con poca calificación. Igualmente destacable que el sindicalismo tradicional en este sector logró negociar buenos contratos colectivos, que han dado lugar a que hoy representa uno de los mejores contratos del país.

            Diríamos que la mesa estaba servida para situaciones de deterioro institucional, por un lado un buen contrato colectivo, una situación de alto desempleo, una pugna feroz entre pseudodirigentes sindicales advenedizos en este campo para sacar ventajas monetarias y de poder, pero legitimados por una Administración del Trabajo que invadió la esfera autónoma del movimiento sindical fomentando sindicatos oficialistas y obstaculizando el libre ejercicio de esta actividad, y todo ello en las grandes obras gubernamentales administradas con sectarismos y discriminación.

            Que año tras año el número de sindicalistas auténticos y pseudos dirigentes sean asesinados, y que nada se hace desde el Estado es el complemento del fracaso de una política laboral.   

hector.lucena@gmail.com

@hl_lucena             

Las Propuestas en una Campaña Electoral

 

Una campaña electoral deseable es aquella en la cual ante los problemas del país los aspirantes presenten sus enfoques, en primer lugar como entienden al país y sus problemas, de ahí ya se desprenderá una primera ubicación, ya que se identificarán como problemas unos asuntos y en tanto otros no. Según perspectivas ideológicas se hará esta primera decantación.

            Una segunda decantación corresponde a las prioridades de los problemas identificados como tales. Al orden y secuencia de atención. Que medidas se tomarán en los primeros tres meses, luego en el primer semestre, en el primer año, y así sucesivamente hasta completar el sexenio. Claro que surgirán problemas inesperados, que han de reducirse al mínimo, y que la agenda administrativa del gobierno lo ocupen mayoritariamente los problemas que la misma inteligencia gubernamental en su intercambio con los diversos sectores de la sociedad civil han determinado.

            Una tercera consideración, refiere a los recursos materiales que se necesitarán para atender e iniciar las soluciones. De cuantos recursos financieros se trata, y donde están o se ubicarán. Quiénes aspiran a gobernar deben presentar los análisis para precisar los recursos que demandan las soluciones que plantea a los problemas del país. Como los obtendrán es una interrogante esencial; ya sabemos que eso responde a los propios del ámbito público, a los de la propia economía nacional que incluye a los privados, así como a los recursos externos. Claro que hay escenarios diversos en el caso de una economía tan dependiente de la exportación de un producto. Pero aún así, ha de tenerse un esquema según los niveles de precios existentes.

            Lo anterior está conectado con el problema de la deuda,  y dada la magnitud que ella ha alcanzado y acumulado, tanto interna como externa, no es menor el asunto de su cumplimiento, tanto en el pago del capital como de los intereses. Destacándose que además en estos años se agrega el compromiso de haber recibido del exterior recursos materiales,  que comprometen parte de los bienes energéticos y mineros que el país tiene en su territorio y que explota para su propio sustento y desarrollo. Grandes cantidades de petróleo y minerales que aún están bajo nuestra tierra, ya están comprometidos para el pago de deudas. Administrar estos compromisos, revisarlos, establecer jerarquías y reprogramaciones es una tarea del mayor interés nacional, y no ha de ocultarse.

            El cuarto componente también tiene que ver con los recursos, pero en este caso los cualitativos. Son los aspectos morales, los valores que acompañarán el manejo de los mismos. En las décadas de los setenta y ochenta, emergió Japón y los cuatro tigres asiáticos (Corea del Sur, Taiwán, Hong Kong y Singapur) como líderes en las exportaciones de productos en un principio de poco valor agregado, pero gradualmente se fueron sofisticando. En este proceso jugó un papel muy importante el tema moral y de valores.

            Como esta suficientemente demostrado no sólo se trata de tener recursos financieros, sino del talante moral de quienes los manejan. De los procedimientos para asegurar su eficacia y el cumplimiento de los objetivos. De las medidas que han de tomarse para contrarrestar las desviaciones de carácter moral que puedan surgir en el camino. Por supuesto esto refiere también a la intervención de otros poderes distintos al Ejecutivo, pero precisar el tipo de relaciones entre este poder con el Legislativo, que en sus funciones incluye controlar, el Judicial que atiende los juicios y sentencia con autonomía, el Moral que por propio nombre es la esencia de la ética.

            Los “petroestados” se caracterizan por contar con recursos suficientes, pero con institucionalidades débiles e ineficientes; sean estos estados del Medio Oriente, de Africa o de América Latina. Ha de reconocerse que contamos con un déficit notable en la calidad de nuestras instituciones, en el sentido de discrecionalidades peligrosas y abusivas, interpretación arbitraria de normas así como de incumplimiento por parte de administradores y administrados; abuso de poder de quienes ejercen funciones públicas. Regularmente se publican los resultados de encuestas sobre el funcionamiento de las instituciones publicas y salimos mal parados, y no es un asunto sólo de los administradores, de los funcionarios, sino también de los propios administrados, poco conscientes de sus derechos o también el manejo de ellos por vías de hecho, por la poca confianza en las instituciones, cayendo en excesos, y contribuyendo a un circulo vicioso que complejiza este cuadro.  

            Para terminar, no es menor la importancia que conlleva atreverse a hacer propuestas para dirigir y administrar el país. El esfuerzo demanda el concurso de más allá de quienes constituyen la cúpula y los cuadros de las organizaciones partidistas que llenan los medios y las actividades públicas en una campaña electoral. Por tanto es necesario conocer que lugar y espacios se les permitirá, además son los derechos de los distintos sectores, a ser parte de esta gran tarea, de lograr que el país funcione mejor.

            Hasta ahora no hemos tenido la oportunidad de conocer debates públicos en donde se presenten las dos principales propuestas electorales en torno a lo que hemos expuesto. Muchos lo resentimos, pensamos nos merecemos un mejor trato. Además resentimos que en la campaña electoral jueguen papel tan importante los laboratorios de guerra sucia,  con acusaciones y diatribas que no ofrecen soluciones. El país no anda bien.  

Nota: en los próximos tres domingos no aparecerá nuestra columna, pensamos que los asuntos electorales coparán espacios, han de leerse y analizarse. Apareceremos el lunes 8 de Octubre.

Petrobonos : de lo laboral a lo financiero

 

Con la reforma de la Ley Orgánica del Trabajo en 1997, que trajo entre otros cambios, un nuevo régimen de prestaciones sociales, se fijo un plazo de cinco años para la transferencia del viejo al nuevo régimen, es decir que terminaría en el 2002. La transferencia fue cumplida en este plazo por el sector privado. En el sector público se le dejó  transcurrir y sólo  en algunas contadas instituciones adoptaron años más tarde el nuevo régimen.

            Desde el mismo momento de la aprobación de la reforma de 1997, hubo controversias en cuanto a la tesis de que el nuevo sistema significaba un “despojo” a los intereses de los trabajadores. Quienes sostenían esta tesis eran sectores excluidos o que se sentían excluidos del proceso de concertación que dio lugar a la reforma.

            El mismo proceso de elaboración de una nueva constitución nacional en el marco de la Asamblea Constituyente en 1999, confirmo esa postura critica y por ello exigió en sus disposiciones transitorias regresar al viejo sistema. Ello dio por supuesto fundamento para que desde las directrices del Ejecutivo poco se hizo para la adopción del nuevo régimen prestacional. El tiempo fue corriendo y poco se hacía para cumplir con pagos de intereses y de las mismas prestaciones.

            A lo largo de los años de la primera década de vigencia de la CRBV, varios intentos de reforma laboral tuvieron sobre la mesa el delicado tema de regresar al viejo régimen prestacional. No se tomaron decisiones, tampoco se cumplía con los pasivos laborales por este concepto. Fue finalmente con el Decreto Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras, que se decidió eclecticamente  mantener vigentes los dos regimenes prestacionales y que fuera el trabajador que escogiera el que le diera mayor cantidad de bolívares, ya que según escenarios de antigüedad, inflación y ritmos de incrementos salariales, puede ser más beneficios uno u otro. Todo esto derrumbó la tesis del “despojo”.

            Uno de los sectores gremiales que ha mantenido una atención privilegiada en sus reclamos de estos pasivos ha sido el de los Profesores y Empleados Universitarios. Los acreedores de estos sectores alcanzan cerca de treinta mil y demandan el pago de quince mil millones de bolívares. De hecho en sus agendas reivindicativas de los últimos años no ha dejado de estar presente el reclamo de elaborar conjuntamente con el Gobierno la metodología y los instructivos, para el pago de estos pasivos laborales. Sin embargo, luego de varios reuniones en la búsqueda de concretar un proceso bilateral concertado,  el Gobierno optó por manejar estos asuntos unilateralmente.

            En cuanto al pago, en un cierto momento el Ejecutivo empezó a pagar estos pasivos laborales, y cumplió con un colectivo que llegó hasta los jubilados de 1997. A partir de los jubilados de 1998 se represó el proceso de cancelación. Por tanto, si no se pagaban los pasivos, se le agregaban los intereses. Son catorce años de intereses de las prestaciones sociales. Así que la deuda del Ejecutivo fue rápidamente incrementándose, a lo sumo contenida parcialmente con el hecho de que cada año se pagaba un 8.5% de intereses del capital en prestaciones, en la práctica como un anticipo.

            Recién el Ejecutivo inicia el pago de estos pasivos con los llamados Petrobonos, títulos que convierten una deuda que es un pasivo laboral, en una deuda financiera. Destacamos las desventajas de cobrar los pasivos sin el establecimiento previo de una metodología y cuantificación de la deuda con participación gremial, y que por otra parte se haya decidido al margen estas organizaciones convertir al trabajador universitario de un acreedor laboral a un acreedor financiero. El mundo de lo laboral conlleva tutela, en tanto el mundo de lo financiero es sinónimo de mercado y especulación.            

TRABAJO POR TURNOS EN PROCESOS CONTINUOS

El trabajo por turnos y en ello la jornada nocturna, es un tema delicado por las consecuencias que este horario tiene en los trabajadores. De hecho su limite de horas diarias y semanales, menos que el diurno (una hora menos diaria y cinco horas menos en la semana), así como un pago adicional, evidencian que ha de compensarse a quienes laboran en las horas que van desde las 7 pm hasta las 5 am.

En investigación desarrollada con el Prof Hermes Carmona, nos hemos dedicado al análisis de la reducción de la jornada  de trabajo en el trabajo por turnos,  el disfrute del tiempo libre, la generación de nuevos empleos, el impacto  en la estructura del salario, el rediseño de las  funciones en los puestos de trabajo  y la incidencia de los mismos  en la productividad de las fábricas de papel.

Tradicionalmente los sectores  en donde se observaba, un mayor   uso del trabajo nocturno eran los siguientes:
 Fabricación de productos alimenticios.
 Industria de refinación, petroquímica y quimica.
 Fabricación de textiles, prendas de vestir e industrias del cuero y productos de papel.
 Comercio al por menor.
 Restaurantes y Hoteles.
 Servicios de salud y similares (Hospitales y Clínicas).
 Servicios de seguridad y vigilancia.

En años recientes la difusión de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación ha incentivado el trabajo nocturno en nuevas actividades productivas de bienes y servicios. Aquí destacan los servicios de tele mercadeo y tele servicios, asociados a servicios de seguros, de turismo, de finanzas, ventas.

Pero por otro lado, en nuestro país como consecuencia de la desindustrialización continuada ya de varias décadas, la industria ha venido convirtiéndose en importadora distribuidora, dejando a un lado la actividad transformadora, que conlleva el uso máximo posible de las instalaciones industriales. Esto ha reducido el trabajo nocturno. Sin embargo es esperable que el país experimente una reactivación económica y sus instalaciones productivas sean objeto de un mayor uso, ocupando la enorme capacidad ociosa que resulta de años de contracción productiva.

Para ampliar sobre la desindustrialización,  vease http://hectorlucena.blogspot.com/2011/10/que-consumimos-y-producimos-impactos-en.html y http://hectorlucena.blogspot.com/2012/03/la-industria-venezolana-auge-y-ocaso.html

El nuevo escenario regulatorio que plantea la reciente legislación laboral (Decreto Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras) que confirma la reducción de la jornada nocturna a siete horas diarias y a treinta y cinco por semana, lo que plantea la necesidad de mayor contratación de personal en las empresas de procesos continuos, y así evitar caer en un uso excesivo de trabajo extraordinario, que igualmente está sometido a limites, de diez horas semanales y de cien horas anuales.

Bajo el sistema legal de 8 horas máximas en el turno diurno, 7 horas y media en la jornada mixta y 7 horas de  jornada nocturna, teniendo presente el limite de la jornada nocturna a 35 horas semanales, según el art. 90 de la CRBV, las empresas actualmente deben 1 hora extra en la jornada mixta y dos horas extras en la jornada nocturna, para compensar el tiempo faltante, más el tiempo de descanso y comida ya que los trabajadores comen a pie de máquina, en el mismo lugar donde atienden sus tareas.

El sector investigado en el problema del trabajo por turnos y los procesos continuos es el de la fabricacion de papel. Casi toda la producción nacional reposa en cuatro grandes empresas privadas.

Aún con un cuarto turno el número de horas extraordinarias sigue siendo excesivo y por encima de los limites de la legislación. Esto determina que sólo con la incorporación de un quinto turno se puede garantizar que los trabajadores sólo tendrían que laborar horas extraordinarias regulares en el turno nocturno, pero dentro de los limites legales.

En simulaciones realizadas se pudo constatar que con el quinto turno, cada trabajador laboraría  143 horas mensuales de las cuales  6 serían de sobretiempo. Por supuesto que esto demanda la contratación de más trabajadores, pero al mismo tiempo reduce el uso de trabajo extraordinario.

En la industria del papel dado que el costo de mano de obra usualmente está en el orden del 10 al 12 % del costo de venta de los productos, los incrementos de costo del producto estaría en el orden del 3 al 4%, debiendo el Ejecutivo reconocer esta situación y permitir el incremento de los precios de los productos en las correspondientes  proporciones. Habría que tomar en cuenta que con el nuevo Decreto Ley Orgánica del Trabajo, de los Trabajadores y Trabajadoras, este porcentaje del costo de mano de obra ha de estar algunos puntos por encima.

Hay que advertir que este esquema reduce ingresos por concepto de trabajo extraordinario a quienes laboran por turnos en procesos continuos, pero se abren posibilidaes de más empleo, y permitirá una mayor calidad de vida para los trabajadores.

SUSPENSION DE CONVENIOS COLECTIVOS: PREPOTENCIA vs JUSTICIA

 

Las negociaciones colectivas son procesos regulares del funcionamiento de las relaciones de trabajo. Es una manifestación de dialogo entre las partes. Si fuere necesario imponer una parálisis de esta institución, sería un hecho extraordinario que demanda justificaciones muy bien fundadas.

            En nuestra historia socio política, se recuerda que en el año de 1958 los sindicatos y empresarios firmaron un documento que llamaron Avenimiento Obrero Patronal. Con ello congelaban las negociaciones colectivas por un breve lapso. Recordemos que ese año fue derrocado el gobierno militar que por diez años gobernó con mano dura la vida política del país. La situación económica se había deteriorada al final de este decenio, la inestabilidad política se manifestó con varios levantamientos militares.

            Este documento, fue firmado por todas las fuerzas políticas actuantes en el medio sindical, incluyendo al Partido Comunista, así como todos los sectores empresariales. Por supuesto que el gobierno de transición se complació con su firma. Su contenido afectó los procesos de negociación colectiva en el corto plazo, ya que a un año de su firma, se empezaron a negociar los convenios pendientes.

            Recordar estas referencias históricas vienen a propósito de llamar la atención, que en los últimos años un fenómenos generalizado en el sector de organismos estatales es la suspensión de la firma de convenios colectivos. Los pocos que logran firmarse pasan por dificultades en la negociación, y luego al firmarse se agregan dificultades para su cumplimiento.

            La presente congelación proviene directamente del interés del patrono Estado, ya no se trata de un proceso concertado entre trabajadores y patronos, como aquel Avenimiento. Ahora es una política unilateral del Ejecutivo. Sin negociaciones ni consulta con los afectados.

            ¿Por qué no se puede negociar y firmar los convenios colectivos en los Ministerios, Institutos, Empresas o Fundaciones? Sencillamente un oficio de la Vice Presidencia lo indica, al transmitir instrucciones del Comandante Presidente, a todas estas entidades se les niega:

“1- Realizar ajustes de precios en los bienes que producen o en los servicios que ofrecen.

2- Firmar contratos colectivos.

3- Realizar ajuste salarial o decretar bonificaciones al personal de cualquier nivel a su cargo” – oficio del 21 de mayo de 2010-

            Este oficio es parte de una política que ya venía ejecutándose en organismos que tiene record de no negociar convenios colectivos. Hasta el Ministerio del Trabajo estuvo en esa lista, acumulando catorce años sin firmar su convenio colectivo.

            Hemos destacado que hay momentos de crisis económica en donde se explica que los actores sociales abran una discusión para replantearse las negociaciones colectivas, pero nunca como imposición gubernamental. No es su naturaleza asumir esta postura, ni como regulador ni como empresario. Por supuesto que en una crisis económica se hacen análisis y se formulan proposiciones para encarar una baja de ingresos. La congelación de los convenios colectivos pudiera ser una de las opciones a ser discutidas, pero en un ámbito de muchas otras alternativas, donde se pondrán sobre la mesas concesiones de cada quién involucrado.

            Pero no estamos en un escenario de crisis económica coyuntural. Claro que cabalgamos sobre un modelo económico productivo cargado de incertidumbre, opacidad y que requiere revisiones. Pero téngase presente que hacemos un presupuesto nacional con un precio del barril a 50$, cuando lo estamos vendiendo al doble. 

            Es insólito que se congelen convenios colectivos de empresas productivas que también se les impone asignar precios no económicos a los bienes que elabora. Así como imposición de erráticos modelos de gestión que complejizan y encarecen la producción. Todo ello significa,  que en definitiva es la clase trabajadora la única que hace concesiones y sacrificios.

            El interés nacional no es ajeno a este fenómeno, exige por tanto que el Ejecutivo se resguarde y funcione en escenarios racionales, y evite que sus instituciones sean sometidas a situaciones de inviabilidad económica y operativa por compromisos laborales. Para ello los mecanismos laborales cuentan con varios procedimientos. Mencionamos algunos de ellos:

            Por un lado la Procuraduría General de la República participa de las negociaciones, y fija posición en asuntos sustantivos de lo negociación. Igual ocurre con la institución equivalente en los poderes regionales y municipales.

            Además existe la participación en el proceso de análisis de lo negociado del Ministerio de Planificación y Desarrollo (ahora Planificación y Finanzas), realizando los estudios económicos correspondientes.

            Las negociaciones son presididas y dirigidas por un funcionario del Ministerio del Trabajo.

            Estas tres instituciones funcionando coherente y profesionalmente deben de garantizar que según los escenarios políticos, regulatorios y económicos presentes, el Estado no pierde protagonismo en los procesos de negociación. Por ello nos parece prepotente y alevoso, que además se imponga a los entes públicos no negociar los convenios colectivos. ¿Contra quién la prepotencia y alevosía? Contra la clase trabajadora, como se ve es un es un problema de justicia.

EMPRESAS SANAS O APENAS SOBREVIVIENTES

         En nuestra anterior contribución analizamos la conducción política, directiva y gerencial en las Empresas Estatales, en esta ocasión continuamos con el tema, pero precisando situaciones que agudizan las dificultades en la conducción de empresas que colocan el interés por servir a fines políticos, sin establecer un necesario balance con la subsistencia de dicha empresa.

         Lo anterior se traduce en casos de  Empresas Estatales que si bien fueron concebidas para producir un bien o servicio requerido por la sociedad, la orientación política las lleva a privilegiar un funcionamiento con primacía de los fines de un aparente servicio social, dejando a un lado la condición de entes productivo.

         En términos operativos, se trata de empresas que venden un bien o servicio sin relación alguna con el costo que requiere producirlo.  Costo de producción mas elevado que el precio de venta. El caso extremo en nuestro país es PDVSA y el precio de la gasolina en el mercado interno. Es el precio mas barato de este bien en todo el mundo. La situación se hace más extrema cuando la cantidad de producción nacional es deficitaria y se requiere entonces importar gasolina de los EEUU, por supuesto que a los precios internacionales de este producto, téngase en cuenta que precio del barril del crudo está cómodamente sobre los cien dólares. Así que desde el punto de vista de las erogaciones de la nación se tiende a la dolarización de un bien que es vendido a un precio simbólico sin relación alguna con cualquier análisis económico.

         Ante la situación anterior se nota el inicio de búsqueda de alternativas para racionar la venta de este bien, caso exigencia del chip en los estados fronterizos. El tipo de salida señalada, que es explicado en el combate al contrabando y en la racionalización del consumo, deja de lado concentrar el análisis en el funcionamiento de la empresa, que se tome en consideración el balance entre los fines políticos, la dirección y la gestión, asegurando la subsistencia y progreso de la empresa.

         En el mismo orden se puede observar el caso de los precios de productos siderúrgicos regulados que manufactura Sidor, tal es el caso de la Hojalata y de las Cabillas de cierta medida. Entre sus precios regulados gubernamentalmente y el costo de producción hay una diferencia de - 220% y -158%. Se sostiene que estos precios sociales contribuyen a los envases para la industria de alimentos y la construcción de viviendas.

         Pero continuando con el análisis de la conducción política y directiva más que económica y gerencial, resulta que los precios de los productos no regulados, igualmente todos tienen precios asignados por debajo de los costos de producción.

         Aquí cabe reflexionar si la conducción política y la dirección están dispuestas a replantearse este tipo de funcionamiento, y fijarse un plan de recuperación de la empresa, conciliando intereses de naturaleza económica y gerencial. En caso de no ser así, continuarán desarrollándose un conjunto de dificultades como las que a continuación se exponen.

1- Continuar colocando la dirección y la gestión en manos de personal con impericia productiva; manejo errático del negocio; sin experiencia, y tampoco se contrata para esos niveles a gente conocedora del ramo productivo. De todos modos no deja de plantearse como problema el que aún contratándose personal conocedor del negocio, resulta que luego esté subordinado a una Dirección inexperta o comprometida con objetivos puramente no económicos, que sacrifican la subsistencia  operativa en el presente y futuro del negocio.

2- Empresa que no recibe inversión para actualizar bienes productivos, y va  gradualmente rezagándose en su capacidad y operatividad. Igualmente empresa que no hace investigación y desarrollo para mejorar sus procesos, por tanto repite prácticas obsoletas y que poco a poco se va quedando en posición que apenas le permiten sobrevivir. Esto genera incrementos de los costos por perdida de tiempo, materiales y errores.

3- Las dificultades operativas y los pobres resultados de la empresa inciden en incumplimiento de compromisos con el personal, sean los contractuales y los mismos legales. Demás esta destacar que las prácticas de gestión de las personas, puestas en ejercicio o aplicadas poco contribuyen a un buen ambiente de trabajo. Más notorias son estas anomalías cuando se trata de empresas que tienen en sus antecedentes logros en sus prácticas y conquistas laborales. Todo esto trae consigo frecuentes reclamos y paralizaciones laborales. Todo un circulo vicioso.

4- No generación de ganancias y por tanto no se hace aportes al Impuesto sobre la Renta, y dejan de cumplirse con otros tributos a entes estatales de servicios públicos y sociales (Alcaldías, Ivss, INCES, Foavih, entre otros)

         La sobrevivencia sana y robusta de la empresa también es una opción para cumplir objetivos políticos, pero sin prescindir de los económicos y de gestión.

EMPRESAS ESTATALES: CONDUCCION POLITICA, DIRECTIVA Y GERENCIAL

    
Los cambios en la conducción de las empresas estatales es un tema crítico. Los frecuentes cambios en los

niveles directivos de las empresas básicas localizadas en la Región de Guayana, vienen trayendo consigo un

constante proceso de dificultades que afectan a la nación -propietaria-, a los trabajadores, y a los receptores de

estos productos y servicios, así como a entidades públicas que no reciben los tributos correspondientes.

           A objeto de reflexionar sobre el caso, dada los frecuentes cambios de conducción a nivel de Presidentes de estas empresas, se aportan los siguientes planteamientos.

           En primer lugar es importante distinguir  en las empresas estatales entre los niveles político,  directivo y  gerencial. Cada uno tiene su especificidad.

            La gestión de empresas es un área altamente profesional. Lo político está más arriba, está en el Ministerio o Entidad de adscripción. Lo directivo en el eslabón entre lo político y lo económico-técnico en las directrices que conectan las metas políticas con el objeto de una empresa determinada.

          Lo político define en áreas económicas si se va a priorizar la redistribución de la riqueza, o si se va a priorizar la producción, dejando la distribución de la riqueza como un problema a ser resuelto por el mercado, con ajustes del Estado. Toca entonces decidir, como se va a hacer si se trata de lo primero o lo segundo.

            Si es priorizar la distribución de la riqueza, se plantearán programas para que mejoren los ingresos de la población trabajadora, se harán reformas tributarias para pechar según los segmentos de ingresos, y según la naturaleza de los procesos de generación de la riqueza. Si es lo segundo, es decir priorizar la producción, se tendrá que prever que ha de hacerse para dar respuestas a las presiones de cambios en los patrones de redistribución. En fin el ejemplo es un tanto deliberadamente  sencillo, porque lo que se quiere destacar es visualizar lo político en un aspecto económico importante de la acción de todo gobierno.

            Si se trata de dirigir una institución para producir determinados bienes o servicios, de lo que se trata es de funcionar en el marco de las directrices establecidas en lo político, pero el ente ha de gestionarse según criterios profesionales.

            Las empresas estatales que cuentan con unas instalaciones,  equipos y personal experimentado para hacer un determinado bien o servicios, pero si la dependencia política impone líneas de acción que sacrifican estos factores, como el mal uso de instalaciones y equipos, desatención al capital productivo, o falta de políticas y planes de  relaciones justas y participativas con el personal, las posibilidades del alcance de los objetivos será difícil.

            Hay negocios que aún actuándose como recién se describe, hay resultados para el puro mantenimiento o pago de la nómina de personal, y a lo mejor para un mantenimiento de emergencias en las instalaciones y equipos. No invertir en bienes de capital, en formación y desarrollo del personal, en el mantenimiento de condiciones idóneos para el desarrollo productivo, es el camino al fracaso, a morirse de inanición, de mengua.

            Si a lo anterior se le agrega a la empresa productora de un determinado bien o servicio, cumplir tareas extra empresa en ámbitos educativos, o brindar salud, o apoyos comunitarios, incluso se llega a percibir que los indicadores de sus gestores se muestran más en estos últimos asuntos, que en los que tienen que ver con la producción del bien o servicio para el cual existe esa empresa. Evidentemente hay una desnaturalización. La gerencia deja de jugar su papel especifico. Lo que se observa es que el nivel directivo y el político se imponen, y la gerencia es sólo nominal. Incluso lo político se manifiesta de un modo inconexo con un plan de desarrollo determinado, y más en función de intereses grupales y personales. 

            La desprofesionalización de la gerencia es un camino equivocado, incluso si es por considerar que todos pueden dirigir, como un enfoque ultra democrático o el otro extremo,  más bien el monárquico. Que si es hijo, conyugue o familiar de quién gobierna, tengo entonces los genes para dirigir eficientemente un negocio dado. La gestión requiere formación y dedicación. La pura condición de ser un cuadro del partido político que gobierna, no da las cualidades para gerenciar una empresa.

            Una gestión gubernamental necesita confiar la formación de los cuadros para gerenciar las empresas en instituciones calificadas,  sean de las existentes, o que tengan que crearse combinando recursos de las existentes. La constitución y los equipos de estas instituciones es un asunto clave. Igualmente los cuadros a escoger para la formación deben combinar aquellos con calificaciones adquiridas externamente al ente productivo, que traen nuevas ideas y métodos, con las calificaciones que se han adquirido en las propias instituciones productivas. En todo esto no tiene sentido empezar de cero, si el país cuenta con una trayectoria dada. Habrá que hacer ajustes, pero es iluso asumir que todo lo anterior es malo, nada sirve, y que es a partir de determinado momento que se hará lo correcto y lo bueno. Los hechos muestras aciertos y errores, tanto antes como ahora.

ELECCIONES SINDICALES: ANALISIS Y SIGNIFICADO

 

     Las elecciones de un sindicato determinado se han convertido en un hecho llamativo y extraordinario; si se toma en cuenta que es una exigencia reglamentaria que ha de ser realizada cada dos años, es entonces un hecho ordinario que forma parte de la normalidad de las organizaciones de los trabajadores.

Pero la realidad que vivimos hace de las elecciones  sindicales un fenómeno que trasciende a la organización sindical y a la empresa en donde funciona,  y se convierte  en un fenómeno de interés regional y hasta nacional.

Esto tiene que ver en primer lugar con los tiempos electorales que vivimos. Pero las explicaciones hay que llevarlas un poco más allá. Véase que las elecciones del sindicato de trabajadores de Alcasa ocurrieron a más de un año de distancia (agosto 2011)  de las próximas elecciones presidenciales,  y también captaron la atención regional y nacional. Esto nos lleva a otra explicación, que refiere al caso Guayana. Es decir que las elecciones sindicales en esta región, agregan un interés particular que las lleva a convertirse en asuntos de atención nacional.

¿Que ofrecen las elecciones sindicales de Guayana para convertirse en tema de interés nacional? Se trata del asiento de un conglomerado de empresas básicas en energía, en extracción y procesamiento de minerales y otros elementos importantes para el desarrollo,  que han sido objeto de una serie de ensayos impuestos por el Ejecutivo en sus esquemas de funcionamiento. Y que dichos ensayos han sido controversiales y han alimentado polémicas sobre su racionalidad, propósitos y resultados. 

Por lo expuesto en los dos párrafos anteriores, las elecciones en estas empresas representan un test o prueba para no sólo lo electoral sindical nacional y regional, sino también para juzgar los experimentos impuestos por el Ejecutivo en el funcionamiento empresarial estatal. Así que puede considerarse que con las elecciones sindicales se juzgan los ensayos sobre control obrero, consejos de trabajadores, producción social. Y por consiguiente se juzgan los procesos intervencionistas en la vida sindical que acompañan estas experiencias, que dan lugar a que los directores  –patronos-  de las empresas activen abiertamente en los asuntos internos sindicales.

El intervencionismo patronal en los asuntos internos sindicales no es nuevo, y mucho menos en las contiendas electorales, pero cuando son empresas  de la Nación, el interés de quienes las dirigen al inclinarse por algunas de las proposiciones electorales, y hacerlo con los recursos que da ser patrono, resulta más criticable que la ocurrencia de estas mismas experiencias en empresas privadas, ya que en este caso al menos los afectados del lado sindical tienen la opción real de recurrir al el árbitro estatal para denunciar las anomalías intervencionistas.  

El estado es regulador y por tanto a él se recurre para dirimir las controversias que son usuales en las relaciones de trabajo, y que aún más emergen en los procesos electorales,  pero si se hace un participante más en la contienda electoral, pierde su naturaleza arbitral,  credibilidad,  y hasta se le pierde el respeto,  para ejercer la función de regulador. Se requiere una madurez en el ejercicio de las funciones públicas, de gobierno, que aún no alcanzamos.

Agregaríamos en los dos recientes procesos electorales de empresas básicas de Guayana se observaban situaciones de acciones de presión y hasta de criminalización a organizaciones y dirigentes participantes en la contienda.  En el  caso de Carbonorca, hasta se les impidió judicialmente hacer sus elecciones, no obstante la Comisión Electoral de esta organización sindical autorizó su realización, encarando posturas comprometidas que colocaban al patrono apelando a todo tipo de recursos para impedirlas.

El caso del sindicato de los trabajadores de Ferrominera, era algo más complejo. Por un lado el segundo sindicato en afiliados entre las empresas básicas de la región, con cerca de seis mil afiliados, y lo que ello representa en la comunidad. Lo segundo se trata de la participación de un dirigente emblemático –Rubén González-  en lo más severo de la criminalización de la acción sindical, que por su propia condición de Secretario General estuvo al frente de acciones sindicales reclamando la aplicación del convenio colectivo, y sólo por ello estuvo preso 17 meses, y enfrenta un juicio que lo condena  a siete y medio año de presión. Su juicio fue reabierto en Caracas ubicada a ochocientos kilómetros de su residencia,  separándolo de su área de ejercicio sindical, en los días inmediatos al inicio de las elecciones del sindicato en donde ejerce la Secretaría General y se postulaba para la reelección. 

En los dos casos anteriores las elecciones se realizaron contra todo tipo de obstáculos e injerencias arbitrarias, y quienes eran victimizados resultaron los ganadores. Lo más relevante del análisis es que se trata de logros importantes contra prácticas que atropella la libertad sindical. 

EL FIN DEL TRABAJO O EL TRABAJO POR CREARSE Y AJUSTARSE

En el marco de nuestra actividad académica en el programa de Estudios del Trabajo, prestábamos atención a planteamientos sobre el fin del trabajo. Se trataba de una sesión que apuntaba a intercambiar sobre el futuro del trabajo y sus actores.

El debate sobre el fin del trabajo es de origen europeo. El documento base con el cual se abrió la discusión proviene de Julio C Neffa, Investigador del Ceil –Argentina- ,  quién introduce el tema a partir del siguiente párrafo:

“Desde la emergencia de la crisis de los años 1970, el deterioro del nivel de empleo consistente en altas tasas de desempleo que permanecen a lo largo del tiempo (histéresis), planteó el problema de si el trabajo asalariado, -tal como se manifestaba entonces-, era una necesidad humana de carácter antropológico, que tenía una esencia permanente o si, por el contrario, se trataba simplemente de una mera categoría histórica, que tendría solo tres siglos de vida y que por tal causa actualmente está sometida a un proceso de cambio acelerado que a término lo conduciría progresivamente a su extinción..”  (“Presentación del debate reciente sobre el fin del trabajo“, en “Trabajo del futuro. El futuro del Trabajo” Edit. Clacso).

        Además, lo anterior viene a cuento por el hecho de que se estaban terminando los índices ocupacionales que configuraron el estado de pleno empleo en esas sociedades, que venían manteniéndose por el lapso de treinta años, los llamados dorados y gloriosos.

       El autor adopta la sistematización de la literatura sobre el fin del trabajo, de E de la Garza, que introducen el tema del fin del trabajo por alguna de estas tesis:

1- La decadencia de la industria en relación con los servicios y el cambio en la estructura de las ocupaciones, y el incremento de la heterogeneidad de los trabajadores con repercusión en sus normas, valores y actitudes.
2- Fin de la centralidad del trabajo en el conjunto de las relaciones sociales, en particular en cuanto a la conformación de identidades colectivas. Se trata de "la fragmentación de los mundos de vida".
3- La pérdida de la importancia del trabajo se relaciona con su función de generador de valor.
4- La crisis del trabajo es un problema político, resultado de una lucha que la clase obrera perdió desde los ochenta (debido a los cambios en el régimen de acumulación y a la crisis sindical).

En torno al estado de pleno empleo, nosotros apenas si vimos algo parecido por pocos años entre el primer boom petrolero, el de 1974, y el segundo, el de 1979, pero ya con el término de éste, se nos acabo la fiesta del empleo.

        La importación de recursos humanos fue una característica de la llamada Gran Venezuela de esos años, aparte de la apertura amplia de nuestros aeropuertos y fronteras para la llegada de grandes contingentes de latinoamericanos y caribeños, muchos de ellos expulsados política o económicamente de los regímenes autoritarios en un buen contingente de países del Cono Sur y de los Andes.

Terminó el breve lapso del pleno empleo, y por otra parte nos quedamos con un excedente de fuerza de trabajo, que incentivó y agudizó la búsqueda de soluciones de alguna manera o como fuera a la necesidad de obtener ingresos. Esto alimentó el empleo informal, que en un principio no era necesariamente precario, sólo que la condición de informal la daba el estar fuera de la tutela laboral, más que todo, ya que la misma cobertura de la seguridad social era limitada incluso para la misma población del sector formal.

Con el tiempo la informalidad alcanzó dimensiones cercanas al mismo porcentaje de la formalidad. Y por otro lado la precarización se fue diseminando, ya sea por la no aplicación de la tutela laboral, por la ausencia de la seguridad social, por los limitados ingresos que no alcanzan para la cesta alimentaria, por la falta de estabilidad en los empleos, por la necesidad de aceptar empleos que no se corresponden con las calificaciones de las personas.

         Hoy,  en un país como Venezuela el cuadro del empleo y de las condiciones de trabajo es dramático. Por nuestra parte, analizando y comprendiendo nuestro contexto,  no nos ubicamos en la posición del fin del trabajo, ni siquiera en la del fin del trabajo asalariado, como situación que explica el mundo del trabajo nacional. Hay enormes desajustes en el desenvolvimiento de esta dimensión. Si bien las tasas de desempleo no lucen alarmantes (entre el 7 y 8%), lo que ha de mirarse es el alto nivel de la informalidad, que incluso continua midiéndose con criterios superados (ver http://hectorlucena.blogspot.com/2011/08/la-informalidad-real-y-oculta.html),  y la precariedad generalizada, además de observarse que los sectores que mejores condiciones de trabajo mostraban, han venido perdiendo beneficios y retrocediendo en su calidad de vida.

        Al lado del hecho que damos oportunidades de trabajo a muchos países que nos venden lo que importamos, por ser una economía que exporta un producto, y por otro lado importa casi todo lo que lo necesita. Incluso ya estamos viendo que importamos productos y servicios no transables (educación, seguridad, salud, trámites públicos, vivienda, entre otros), pero por convenios con otros países, hoy es observado una alta población laboral procedente de los más diversos y remotos países, que ocupan empleos que debieran de ocupar los nacionales. Con este esquema, el trabajo por crearse es inmenso. Todo dependerá del modelo de desarrollo que se adopte.

POLÍTICA LABORAL ¿PROGRESIVA O REGRESIVA?

Hemos sostenido y demostrado el descenso de las convenciones colectivas a lo largo de los últimos catorce años, todo en el marco de la recién derogada Ley Orgánica del Trabajo –LOT- y por supuesto de las políticas laborales implementadas desde el Ejecutivo en ejercicio. Ver http://www.hectorlucena.blogspot.com/2012/06/el-descenso-de-la-convencion-colectiva.html

            Se abre un nuevo ciclo con la nueva Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras –LOTTT-, recién entrada en vigencia en este Mayo del presente año, lo que plantea expectativas en cuanto al fenómeno enunciado. ¿Continuará el descenso o estancamiento de las convenciones colectivas? O se puede pensar en una reversión de estas tendencias.

            Ese es el dilema planteado. Hay que destacar que “Vencido el período de una convención colectiva de trabajo las estipulaciones económicas, sociales y sindicales que beneficien a los trabajadores.. continuarán vigentes hasta tanto se celebre otra que la sustituya..” art. 435 Lottt-. Se quiere destacar que el alcance y desarrollo de las convenciones colectivas es entendido en tanto sean negociados fluida y efectivamente los convenios en la oportunidad que se vence el período de su vigencia. Nos encontramos ahora que hasta el convenio colectivo petrolero, que por muchas décadas fue el referente nacional por su fluidez en el proceso de negociación así como por su contenido avanzado, hoy resulta que es un proceso complejo, enlentecido, opaco y polémico. 

            Otro tanto ocurre en la negociación  de convenio colectivo que por varias décadas era otro ejemplo y referente nacional, se trata de la negociación entre Sidor y Sutiss. Varios son los acuerdos de condiciones de trabajo negociados entre estos actores laborales que representaron un avance en las relaciones de trabajo del país, véase http://hectorlucena.blogspot.com/2010/06/participacion-en-los-beneficios.html

            Hoy el convenio colectivo de Sidor-Sutiss tiene dos años vencidos y aún no se han iniciado las negociaciones entre las partes. Veánse que las dos principales empresas productoras estatales, como son Pdvsa y Sidor han entrado en estancamientos en sus procesos de negociación.

            Una economía con una inflación de carácter crónico, no puede ignorar la revisión y modificación de las condiciones de trabajo al menos anualmente, porque estaría siendo injusta y lesiva con la población laboral asalariada. Una inflación de un dígito, como es común en los países latinoamericanos en los últimos años, no se ha alcanzado en Venezuela desde 1985, cuando la inflación marcó 9.13%. Destacándose además que en las tres décadas que van desde 1950 a 1979, el índice inflacionario normal era de un digito, y tan sólo en dos años, de esos treinta dorados como le llama la literatura,  la inflación alcanzó los dos dígitos, los años 1974 (11%) y 1979 (20%), coincidentes con los dos fenómenos más notorios por su impacto en los precios petroleros a nivel mundial en todo el siglo XX, como fueron el embargo petrolero árabe derivado de la guerra contra Israel y el apoyo de países de Occidente,  y luego la caída del Sha de Irán.

            Hay que tener presente que los precios de los bienes y servicios de consumo familiar se mueven a un ritmo más frecuente, incluso en aquellos rubros que están controlados. Son realmente muy contados los precios de bienes básicos que experimentan un precio constante a lo largo de un prolongado período, como es el caso único de la gasolina, que como es evidente el gobierno, su proveedor monopólico,  teme revisar su precio y prefiere optar por mecanismos sutiles de racionamiento, que de paso también levantan su malestar.

            Por el lado de Sidor, buena parte de su disminuida producción, que apenas ha alcanzado en su mejor momento en estos años de re estatización – del 2008 para acá-, un 50% de lo que se producía bajo la dirección del grupo transnacional italo-argentino de Techin, es destinada para programas gubernamentales y vendida a precios por debajo de los costos reales. Lo que indica que son los trabajadores de Sidor, afiliados o no a Sutiss, quienes financian programas sociales gubernamentales. A cambio de ello, se produce un estancamiento o retroceso en sus condiciones de trabajo.

            No dejamos de reconocer que también ha ocurrido cierres de empresas que restan población cubierta por las convenciones colectivas, así como empresas que se han achicado disminuyendo su población laboral, en no pocos casos tercerizando actividades que son transferidas a empresas de menor tamaño sin convenios colectivos.

            Estamos por concluir el primer trimestre de vigencia de la nueva Lottt, y aún no se observan señales que favorezcan la reactivación del mecanismo más conocido por los actores laborales para revisar, adecuar y mejorar sus condiciones de trabajo, como son los convenios colectivos. Lo más grave de la situación es que no se observan mecanismos de dialogo efectivos para la revisión y reorientación de esta política laboral, que al menos en lo tratado en esta contribución no es nada progresiva sino más bien regresiva.

Venezuela: Misión e Informe OIT “Libertad sindical y condiciones de trabajo”

            En nuestra pasada contribución abordamos el análisis de declaraciones de sindicalistas oficialistas sobre un eventual retiro de Venezuela de la Organización Internacional del Trabajo –OIT-. En esta ocasión retomamos el asunto y particularmente con la elaboración del Informe “Libertad de Asociación y Condiciones de Trabajo”, elaborado a partir de misión de encuesta de OIT que visitó el país entre Julio y Agosto de 1949. Este documento fue publicado con el mismo título en 1950.            

            El Informe recoge los testimonios, entrevistas y análisis de documentos por parte de los cinco miembros de la misión. Hay que destacar que el golpe contra el gobierno constitucional presidido por Rómulo Gallegos había ocurrido el 24 de noviembre de 1948, y a partir de entonces se había desatado una persecución contra dirigentes políticos y sindicales identificados con el anterior gobierno conducido por R Gallegos y su partido Acción Democrática.            

             Ante el golpe de estado las reacciones sindicales no se hicieron esperar, por lo que inmediatamente hubo un llamado a huelga general realizado por la Confederación de Trabajadores de Venezuela –CTV-, pero en apenas dos días fue sofocada por el régimen militar. La CTV y sus organismos afiliados pudieron continuar funcionando pero en un ambiente represivo y gradualmente el régimen fue tomando control por vía de la fuerza y la represión de la vida sindical. Hasta que el febrero de 1949 el gobierno militar decreta la disolución de la CTV y todos sus federaciones. Los sindicatos de base no son disueltos pero se les obliga a hacer elecciones y se prohíbe que participen quienes hayan sido directivos anteriormente.            

             La narrativa pormenorizada de estos acontecimientos se puede conocer en el Informe de OIT mencionado en el primer párrafo. El régimen militar hizo objeciones al Informe y tuvo la oportunidad de que se publicara con el mismo titulo y agregándose “Observaciones del Gobierno de Venezuela al informe de la misión de la OIT” que salió a la luz pública en 1951. Un análisis detenido de estos dos informes puede verse en nuestro libro “Las Relaciones Laborales en Venezuela” en su capítulo VI.

           La situación laboral de esos momentos difíciles inmediatos al derrocamiento del gobierno de R Gallegos y la instauración de una Junta Militar,  ha sido poco estudiada, pero afortunadamente esa misión de OIT y la publicación del Informe dejo asentada amplia información de valor histórico. Se trata, desde nuestra apreciación, de otro valor que respalda la relación de la nación venezolana con la OIT.            

               Si bien hay una distancia apreciable entre la Venezuela de 1949 bajo el gobierno de una Junta Militar que disolvió a los sindicatos de oposición, que encarceló a los dirigentes y los criminalizó por sus actividades sindicales,  y el país de hoy, que cuenta con una constitución avanzada en materia social, con leyes laborales que en lo individual brindan beneficios sofisticados al trabajador, aunque con disposiciones restrictivas en los asuntos colectivos, se prevé de nuevo que nos visite en el próximo octubre una misión de OIT para conocer de nuestra situación laboral nacional.            

                Es por tanto llamativo que justamente ahora se haya planteado desde esferas sindicales oficialistas que la nación venezolana se retire de la OIT, cuando es una extraordinaria oportunidad para que la situación laboral en sus aspectos individuales y colectivos sean observados y analizados por un ente especializado, ajeno a las diatribas y polarizaciones que por los últimos lustros afectan el desenvolvimiento y el análisis.              

VENEZUELA: SINDICATOS GESTIONAN RETIRO DE OIT

 Como todos los años este junio se celebro la Conferencia anual – la 101- de la Organización Internacional del Trabajo –OIT-, y Venezuela estuvo representada por una nutrida representación tripartita: gubernamental, gremial empresarial y sindical.

            Sorprende al retorno de la Conferencia que voceros sindicales anuncien que solicitarán al gobierno hacer las diligencias para que Venezuela se retire de la OIT. Los voceros representan la recién creada Central Bolivariana Socialista de los Trabajadores. Los argumentos anunciados mencionan que esta “organización no es nada democrática” –Diputado y Sindicalista, Osvaldo Vera-. Todo parece relacionarse con el hecho de que esta organización ha solicitado enviar una misión el próximo mes de Octubre para conocer la situación laboral del país, a propósito de denuncias de entes empresariales y sindicales críticos del gobierno nacional.

            Para ubicar la relación de Venezuela con la OIT, es importante mencionar algunos hechos que en los noventa y dos años de existencia de esta organización internacional se relación con nuestro país.

            La OIT fue creada apenas concluida la I guerra mundial, en 1919 en el marco del Tratado de Versalles. Esta tratado dio origen a la Sociedad de las Naciones, institución antecesora de la actual Organización de las Naciones Unidas. La OIT sobrevivió a la crisis mundial que significó la II Guerra Mundial, no obstante que la Sociedad de las Naciones dejó de existir. Hay que destacar que Venezuela fue uno de los países fundadores de la OIT. Hoy esta organización cuenta con la afiliación de 193 países, es decir todo el orbe del planeta tierra.

            La OIT es una organización gobernada de manera tripartita, y es la única con tal carácter en el sistema de instituciones de las Naciones Unidas. Todas, salvo la OIT, son gobernadas por los representantes de los Estados miembros, pero en esta institución, su gobierno es ejercido además de los representantes de los Estados miembros, por los representantes de los gremios empresariales y de las organizaciones sindicales de los trabajadores. Su Consejo de Administración está compuesta por un 50% de representantes de los Estados, y 25% los representantes empresariales y 25% de los trabajadores. Es un escenario donde la vocería de los actores sociales se deja sentir como ninguna otra entidad internacional en el sistema de Naciones Unidas.

            Venezuela ha sido miembro ininterrumpidamente de la OIT desde su nacimiento hasta nuestros días, salvo en breve período que el país se retiro. Ocurrió con motivo de la 5ta reunión de la Comisión de Petróleo celebrada en Caracas en 1955. El miembro sindical del Consejo de Administración, Adrianus Vermuelen fue el encargado del discurso de inauguración, y se refirió a serias denuncias que el organismo había recibido en su sede en Ginebra. Hizo referencia a los dirigentes sindicales presos, otros criminalizados por el sólo hecho de realizar actividades sindicales, pidiendo su libertad y que se fomente y estimule una genuina libertad sindical con medidas legislativas, todo de acuerdo con los postulados de convenios de esta organización, a la cual estaba afiliada la nación venezolana.

            La reacción del régimen militar venezolano de aquel entonces fue inmediata, Vermeulen fue llevado al aeropuerto de Maiquetía y expulsado del país. Ante esa medida, los 119 delegados deciden suspender la reunión. Entonces el Gobierno de Venezuela se retira el 3 de Mayo de 1955 de la OIT, acusándola de “ser un instrumento de maniobras políticas que la convierten en tribuna demagógica” de acuerdo a la nota oficial de la Cancillería venezolana enviada a la OIT.

            Caída la dictadura militar en enero de 1958, una de las primeras medidas del gobierno de transición que encabezó el Vicealmirante Wolfang Larrazabal fue solicitar la reincorporación a la OIT, así como restituir las libertades sindicales.

            Aquel infortunado retiro de la OIT, no tiene equivalente en la historia de los países latinoamericanos, los cuales tradicionalmente han tenido una activa participación en esta organización.

            Esta iniciativa del sindicalismo gubernamental venezolano, nos hace recordar que los EEUU también se retiraron de la OIT en 1977, a propósito de presión de los sindicatos (AFL-CIO), cuyo malestar se relacionaba con la admisión en la OIT con carácter de observadores a una representación del Frente de Liberación de Palestina y una resolución que condenaba al gobierno de Israel.

            El gobierno de los EEUU a través de su Secretario de Estado, Henry Kissinger presentó la solicitud en un extenso documento en el que calificaba a la OIT como escenario de una «creciente e inadmisible politización».

TRABAJO: INTERCAMBIO, ANALISIS Y MERCOSUR

En la presente semana atendimos el VIII Seminario de Trabajo, en donde el tema central fue el de la Precariedad en los empleos y trabajo en general. Un interesante evento promovido por la Red Estudios del Trabajo que tiene su asiento en la Universidad del Estado de Sao Paulo, en el campus de Marilia, Brasil, con miembros de distintas universidades brasileras. La red reúne a investigadores de distintos lugares de este gran país, y en esta ocasión se agregaron invitados de Portugal, Reino Unido, Italia, Argentina, Colombia y nuestra presencia.

Siempre es conveniente y enriquecedor el intercambio de cualquier naturaleza, pero en el ámbito académico es aún más necesario. La naturaleza del trabajo de quién investiga, enseña, aprende y comparte saberes, requiere del intercambio como un oxigeno para airear las visiones y perspectivas. De eso se trata un seminario. Incluso aún cuando predomine una perspectiva teórica, siempre emergen los matices y las críticas.

El seminario de Marilia tenía una perspectiva dominante, pero sus organizadores abren el abanico y comparten con otras visiones del estudio del trabajo. Es un hecho positivo para el debate, y por lo general debatir pluralmente es más autentico y cercano a la realidad, que cuando  sólo se congrega una visión de los asuntos a tratar. El intercambio académico es distinto a los estilos militares o religiosos, donde hay jerarquías y dogmas que lo obstruyen.  Cuidado si en las universidades venezolanas nos dejamos influir por esos estilos, ojo..  no es una preocupación abstracta, es más bien porque no dejamos de sentirlo.

Conectando los planteamientos de los dos anteriores párrafos con el quehacer de análisis  e investigación en nuestras universidades en los temas relativos al trabajo, tenemos ante nosotros un conjunto de transformaciones en la sociedad venezolana que están esperando la atención suficiente de la academia. Hay esfuerzos de análisis, pero no suficientes. También vale este señalamiento crítico para otros sectores del mundo del trabajo. Se puede decir que hay un déficit general de atención y comprensión a lo que viene ocurriendo en el mundo del trabajo.

Un repaso rápido de lo que no vemos y tanto queremos. Por el lado estatal, vemos que se aprueban leyes, se toman decisiones de políticas públicas con incidencia global en toda la sociedad, y no se ve por ningún lado los elementos de análisis que son imprescindibles para orientar las decisiones, como ha sido el reciente caso de la LOTTT.  Junto a ello el funcionamiento de instituciones estructuradas y organizadas sectariamente, con sesgos desde el ingreso del funcionario hasta las actuaciones cotidianas en el servicio público. Obvia decir que las políticas formuladas en la mayoría de los casos, cargan encima debilidades y carencias que se ratifican y confirman día a día. Las esperanzadoras contralorías sociales y rendición de cuentas, han quedado sólo para los discursos.

De lado de los actores e interlocutores sociales del trabajo y de las empresas, el balance no es alentador. Si son oficialistas, son instrumentos más bien propagandísticos, el análisis y la critica parece no ser parte de sus objetivos. Si son opositores,  viven o más bien sobreviven a la defensiva. Falta autonomía, independencia y recursos. Del lado del trabajo, las organizaciones que sobreviven lo hacen en un ambiente de precariedad de recursos y bajo constante hostilidad gubernamental.

Si los economistas alertan sobre la evolución de la deuda del país, y sin mayores dificultades se aportan los datos que sustentan el llamado de atención. Por el lado del trabajo, y de las relaciones que con motivo de él llevan adelante trabajadores, empresas y estado, el panorama es más complicado evaluarlo, pero evidentemente que no transcurre por buen camino. En anteriores contribuciones hemos sido constantes en analizar sobre este particular, y habrá que seguirlo haciendo porque es forzoso, no se puede evitar.

Terminamos, destacando que por fin el país concretará su ingreso al Mercosur el próximo 31 de Julio, luego de una larga y preocupante espera de siete años. Paradójicamente entramos cuando se produce una controversial ruptura en la política paraguaya. Algo así, como cuando pides ingresar a un club, y te admiten cuando el miembro que te objetaba esta temporalmente ausente.

Pero lo que de fondo se quiere destacar es que ingresamos al Mercosur, y uno se pregunta donde están los análisis, estudios y elaboraciones profesionales, que nos informen de los impactos y consecuencias que derivan de este acontecimiento. Economía y Trabajo no saben aún lo que les espera, quiero decir sus ventajas y desventajas. Una tarea que el Estado no ha cumplido, le falto promoverla con amplitud de perspectiva. El ingreso al Mercosur,  no debe ser tema para propaganda oficial, ni sectarismos, ni tampoco para críticas apriorísticas. Se necesitan brújulas.

VIII Seminario de Trabajo (Trabajo, Educación y Políticas Sociales)

Organizado por la Universidad Estadal de Sao Paulo, Marilia

Com sete edições, o Seminário do Trabalho já se consolidou como um evento de referência para a UNESP – Campus de Marília, por se constituir como um importante espaço de debate crítico e de troca de experiências entre diversos pesquisadores do Brasil e do mundo voltados para as questões pertinentes ao mundo do trabalho, em especial para as situações decorrentes das transformações do capitalismo global.


El evento será entre el 25 y 28 de Junio
Más información en http://www.fundepe.com/seminario/mesas.php