ESTADO: EL TRABAJO EN LAS UNIVERSIDADES

 

Interesados en analizar la crítica situación de la Universidad Autónoma, se organizó este 14 de diciembre evento virtual que prioriza una de las dimensiones de su quehacer como es la laboral de su personal académico, eje central de la misión de estas instituciones. Segmento laboral, hoy tratado con desconsideración por quienes dirigen al más alto nivel la educación superior.

  Empezamos por referir brevemente a la relación entre el Estado y la Universidad Autónoma, teniendo presente que  además existe un número ampliamente mayor de universidades de reciente creación, todas experimentales, e incluso una amplia proporción eran hasta hace poco colegios universitarios, que forman técnicos superiores, y finalmente las privadas, ambos grupos siguen en buena medidas diferentes sistemas organizativos. 

  El Estado y el modelo de relaciones de trabajo correspondiente, ha pasado por varias etapas, empezando por el llamado estado liberal, que dio lugar a una modernización productiva que en su seno se hizo notorio el llamado “problema laboral” o la “cuestión social”, que era el resultado de un manejo productivo sin reconocimiento de derechos ni de organizaciones de los trabajadores, lo que la literatura conoce como el unitarismo. No fue posible sostener esta situación por la tensión social derivada de los atropellos y abusos en la relación de los patronos y los trabajadores, al tiempo que éstos más dados a captar la sensibilidad social, fueron avanzando en organizarse para demandar y lograr derechos socio laborales. 

  En Venezuela esto permitió el establecimiento y desarrollo de las relaciones de trabajo, en diversos sectores, especialmente aquellos que lograban aglutinar grandes contingentes de trabajadores, obviamente las universidades entre ellas, con el aditivo que su propia naturaleza de institución dedicada a trabajar con conocimientos, investigación y formación, pudo colocarse a la vanguardia de la organización gremial.

  El marco del estado social democrático fue esencial para facilitar la construcción de instituciones modernas de relaciones de trabajo. Evidente se pasó del unitarismo al pluralismo, dado el reconocimiento firme de los actores socio laborales. 

  Sin embargo, la democracia venezolana reflejó debilidades que trajo consigo un proceso regresivo de reformas constitucionales, pero más aún la regresividad manifiesta en las propias maneras de ejercer la función ejecutiva, al margen del estado de derecho, con ello se empezaron a erosionar la autonomía de las universidades y la del funcionamiento de las relaciones de trabajo que le son propias. Se puede afirmar que se ha regresado al unitarismo, aunque existan instituciones sindicales, que han sido impuestas por el estado al tiempo que se han negado los espacios y la representación de aquellas que no son afectas al régimen, lo que nos coloca en unas ya superadas relaciones de trabajo unitarias.

PS: puede verse en youtube todo el evento en  https://www.youtube.com/watch?v=FwvwPx5wBUY

Resumen del Informe nacional sobre condiciones laborales de los trabajadores de la salud, adscritos al sistema público de salud en Venezuela, octubre de 2021

El gobierno ha dejado de informar lo que ocurre en el ámbito de la salud, no hay estadísticas oficiales confiables y se persigue a quienes denuncien la grave crisis que viven las entidades prestadoras de servicios, como hospitales y ambulatorios. En ese contexto y con especial énfasis, para documentar y denunciar la violación de derechos humanos laborales en el sector salud, se inscriben los esfuerzos de del Monitor Sindical de Venezuela.

I. Jornada Laboral y suficiencia de personal

El gobierno no hace nada para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y reducir el déficit de personal en los centros de salud del país. Su inacción, afecta el derecho a la salud de la población, al tiempo que, genera la sobrecarga del personal que logra asistir, dado que la demanda social de atención no disminuye, al contrario, con la pandemia, se ha incrementado.

La asistencia del personal a los centros de salud, al igual que en el mes de septiembre, resultó incompleta en todos sus turnos en el mes de octubre. Esto ocurre en casi todos los centros:

1. a)  El 83% de los centros de salud reportan asistencia incompleta en el área de emergencia; el 78% en la de aislamiento y 88% en la de hospitalización.

2. b)  Menos de un tercio de los centros de salud monitoreados cuentan con la asistencia completa de su personal por turnos. En la tarde (28%), la noche (28%), y los domingos y días feriados (27%), mientras que en el turno de la mañana (43%) esta cifra no alcanza la mitad de estas instituciones.

3. c)  Las dificultades que viven los trabajadores para asistir a sus centros de trabajo, además de diversas carencias que precarizan el ambiente de trabajo y el ejercicio de las profesiones que ahí se requieren, producen la desprofesionalización de la atención en los centros de salud. En ausencia del médico: En el 33% de los centros monitoreados, los pacientes son atendidos por personal sin competencias, en el 32% por un familiar, en el 32% no son atendidos y un 3% es atendido por personal con competencias. En ausencia del personal de enfermería: En el 33% de los centros monitoreados, los pacientes son atendidos por personal sin competencias, 20% por un familiar, el 32% no son atendidos y en un 15% es atendido por personal con competencias.

4. d)  En el 81% de los centros monitoreados, los trabajadores identifican a las limitaciones de transporte público (35%) y la falta de efectivo (46%) como las principales causas que limitan la asistencia del personal.

II. Verificación de beneficios establecidos en las convenciones colectivas

1. a)  En octubre, en relación con septiembre, se incrementó el total de centros de salud en los cuales los trabajadores no reciben incentivos laborales de ningún tipo. Del 53% reportado en septiembre. Éstos pasan en octubre a un 65%, es decir, de la mitad a dos tercios.

2. b)  Enoctubre,losincentivosparaelpersonaldeprimeralíneadelaCovid- 19 es un aspecto que muestra una un pequeño incremento, aunque aún esté distante de alcanzar un estado óptimo. El total de centros de salud, en los cuales este personal recibe beneficios adicionales por su labor creció de 36% en septiembre a 52% en octubre. Esto pudo ser una respuesta la autoridades a la denuncia, hecha por dirigentes sindicales, sobre la existencia de incentivos otorgados discrecionalmente a personal de las áreas de atención de la Covid-19 en algunos centros de salud.

3. c)  Lostiposdeincentivosadicionalesquerecibenelpersonaldeprimera línea de la Covid-19 son: En bolívares (33%) y en dólares (21%). El resto bolsas CLAP (24%), EPP (6%) y en un 15% identificaron otros. Esta desigualdad junto al 48% de centros que no reciben incentivos adicionales, obliga a recordar que existen disposiciones jurídicas nacionales e internacionales dentro y fuera del mundo laboral, que condenan la existencia de prácticas discriminatorias. Ninguna situación excepcional, como es el caso de la pandemia por Covid-19, las legitiman.

4. d)  En el 82% de los centros monitoreados en octubre, se mantiene el incumplimiento generalizado del Estado venezolano de acuerdos contractuales y/o deudas pendientes. Los compromisos laborales violados por el empleador son, mayoritariamente, la dotación de uniformes (47%) y lo relativo a la asignación de vacaciones (42%). En algunos centros (67%) son varios los incumplimientos y/o deudas pendientes con los trabajadores. Por ejemplo, al tiempo que el empleador no dota a los trabajadores de uniformes, les incumple con lo establecido para la asignación de vacaciones.

III. Riesgos laborales

1. a)  El 88% de los centros encuestados, los trabajadores no contaron con agua potable para beber, condición que establecen los convenios colectivos.

2. b)  En octubre, en relación con septiembre, hay un aumento en el número de centros de salud en los cuales el personal recibió capacitación sobre medidas de protección pasando de 32% a 45%. Sin embargo, aún más de la mitad (55%), contrariamente a lo indicado por la OIT y la OMS, no la ha recibido. La capacitación protege el derecho fundamental a la vida y es clave para mantener ambientes de trabajo seguro y saludable. Debe ser permanente.

3. c)  Continua en octubre en los centros de salud del país, el incumplimiento de la resolución 090 de la Gaceta Oficial 41.891 MPPS, normativa sanitaria de responsabilidad social ante la pandemia Covid-19, Menos de la mitad (48%) de los centros de salud encuestados cumple con el

aislamiento del personal mayor de 65 años y un tercio de ellos (35%) no aísla a su personal con fines preventivos, tal como lo establece la resolución 090 del MPPS.

4. d)  De septiembre a octubre, creció del 88 al 93% el porcentaje de centros monitoreados que no cuentan con la supervisión y procedimientos regulares orientados a brindar seguridad laboral y prevención de enfermedades. En ellos no existe control y vigilancia epidemiológica

5. e)  En el 85% de los centros encuestados no se garantizan las pruebas diagnósticas para Covid-19, es decir, al personal más expuesto en medio de la pandemia, el Estado venezolano no le garantiza las pruebas que permiten, el tratamiento y aislamiento oportuno.

6. f)  En el 92% de los centros encuestados, el Estado no garantiza el tratamiento del personal de salud que es diagnosticado positivo a la Covid-19. Las precarias condiciones de trabajo unidas a la ausencia de apoyo institucional para la realización de pruebas oportunas para diagnosticar la Covid-19 y para encarar su tratamiento, son factores muy importantes para explicarse la alta tasa de contagios1 y mortalidad2 por esta enfermedad del personal de la salud.

7. g)  El acoso y hostigamiento laboral es una práctica extendida y sistemática de las autoridades sanitarias que ejercen el rol de patrón en los centros monitoreados, al no ser prácticas aisladas ni coyunturales muestran que son una política de Estado. En el 70% de los centros, los trabajadores reciben amenazas de despido; en el 58% se desarrollan campañas antisindicales y en el 75% los trabajadores sufren repercusiones si participan en actos de protesta. De este modo, se lesionan derechos laborales individuales, se limita la libertad sindical y se niega el derecho a la protesta de los trabajadores.

A modo de cierre

Los trabajadores del sector salud laboran en ambientes laborales inseguros y no saludables, les incumplen con sus derechos contractuales, no se les garantiza protección especial ni tratamiento contra la Covid-19. Ellos y sus organizaciones sufren en forma permanente acoso y abuso de autoridad.

Dado los resultados del reporte de octubre, se plantea al Estado venezolano:

1. El impulso de mejoras salariales y de las condicionesl aborales para disminuir

   el déficit estructural de personal.

2. El impulso de una política especial de incentivos incluyentes y no

   discriminatorios que, en esta coyuntura, reconozca en forma justa a los

   trabajadores del sector.

3. Cumplir sus compromisos contractuales y detener sus prácticas recurrentes

   de acoso y abuso de autoridad contra los trabajadores.

1 Ver: https://twitter.com/maurozam10/status/1455283926478503942
2 Ver: https://twitter.com/MedicosUnidosVe/status/1455201879386906630

Informe nacional sobre condiciones laborales de los trabajadores de la salud, adscritos al sistema público de salud en Venezuela para septiembre de 2021

Introducción

El presente informe es el resultado de encuestar las condiciones de trabajo en el sistema público de salud. Lo fundamenta la información recogida en 60 centros de salud del país, entre los días 01 y 10 de septiembre.

Este trabajo es un esfuerzo complejo por la misma naturaleza en las cuales se realizan las encuestas, que no tienen aval ni apoyo de los entes que dirigen la salud pública. Son acercamientos desde las propias organizaciones gremiales de los trabajadores, comprometidas con la representación y defensa de afiliados, pacientes y usuarios, y todos aquellos interesados en su protección en los espacios productivos de los trabajadores sanitarios, que se han reconocido como los más expuestos de riesgos de enfermedades, que en el caso de Covid-19 alcanzan a que hayan fallecidos 747 trabajadores del sector salud a la fecha de este informe, que representan más del 18% del total reportado en las cifras oficiales, como lo registra con datos de nombre, apellido, lugar, la organización no gubernamental Médicos por Venezuela, presente en todo el país.

La estructura del informe es: a) Datos de identificación del centro b) Jornada laboral y suficiencia de personal c) Verificación de beneficios establecidos en las convenciones colectivas y d) Riesgos laborales. Luego de expuesto y considerado cada sección, se presentan un conjunto de consideraciones finales y recomendaciones para cerrar el informe y asumir el próximo

A. Datos de identificación del centro 

1.- Se obtuvo información de 60 centros de salud, ubicados en 35 municipios, ubicados en 12 Estados y el Distrito Capital. Dada su densidad poblacional y número de centros de salud en su territorio, la mayor cantidad de las instituciones monitoreadas (25%) se concentraron en este último.

2.- La mayoría de los centros de salud que proporcionaron información para este reporte son Hospitales tipo III y IV. En ellos se concentró el 58% de las respuestas recibidas. 

B. Jornada Laboral y suficiencia de personal

1.- La asistencia del personal a los centros de salud es incompleta. Lo que se traduce en la sobrecarga del personal que logra asistir dado que la demanda social de atención no disminuye, al contrario, con la pandemia se ha incrementado. En algunas áreas se han presentado casos en los que no hay personal.

Todas las áreas reportan déficit estructural de personal. Este alcanza el 85% de los centros encuestados. Es una consecuencia de la emigración que ha venido ocurriendo y acentuada en los últimos siete años, en donde el factor salarios que no alcancen siquiera para la alimentación, la inseguridad, la incertidumbre en el futuro, el ambiente político no democrático, hace que los trabajadores abandonen empleos fijos del área de la salud a buscar otras alternativas en países latinoamericanos, y lo hacen con todos los riesgos de la incertidumbre y del peligro. 

Otros trabajadores, se quedan en el país y optan por dedicarse a  otras actividades que les permita mejorar sus ingresos o migrar hacia los centros de salud en el sector privado, en los cuales se remunera mejor que en el sector público al personal. .

3.- Las dificultades que viven los trabajadores para asistir a sus centros de trabajo, junto a un conjunto complejo de carencias que precarizan el ambiente de trabajo, y por supuesto al ejercicio de las profesiones que ahí se requieren; producen la desprofesionalizan de la atención en los centros de salud, cuya especificidad exige a los trabajadores el manejo de competencias para realizar su labor. Ante la ausencia del personal médico y de enfermería:

4.- La insuficiencia de personal se expresa por áreas y por turno también, En todos los casos es superior al 50%, siendo, especialmente crítico, el turno de la Noche, los Domingos y Días Feriados. El turno de la mañana es la jornada con mayor presencia de personal.

La ausencia de personal genera una sobrecarga física, mental y emocional sobre los que aún permanecen trabajando. Se trata de trabajadores que se encuentran en primera línea altamente expuestos y en permanente situación de estrés frente a situaciones excepcionales en las que se involucra el derecho a la vida. 

La sobrecarga de trabajo debe ser atendida, porque ella es muy frecuente y suele naturalizarse en espacios de trabajo altamente vinculado a tareas humanitarias y altruistas:

5.- Al déficit estructural de personal, en medio de la pandemia derivada de la Covid-19, se han agregado otros factores más recientes que obstaculizan la asistencia completa y regular de los trabajadores de la salud a sus centros de trabajo. Entre estos están: Las limitaciones de transporte público y la falta de efectivo, los cuales son identificadas por el 77% de los trabajadores como las principales causas que limitan la asistencia del personal los centros de salud: 

Los problemas del transporte público y la falta de efectivo son problemas que se han agravado con la pandemia, su solución depende de políticas públicas eficientes, es decir, superarlos es responsabilidad del Estado venezolano, en consecuencia, es él quien niega el derecho al trabajo de los que no pueden llegar a sus lugares de trabajo y por tratarse de centros asistenciales, también hace lo propio con el derecho a la salud de los que acuden a ellos en búsqueda de atención.

6.- El principal medio de transporte de los trabajadores es el transporte público y a pie. Un porcentaje muy pequeño (5%) lo hace en vehículo propio de cualquier tipo y tan sólo el 15% cuenta con transporte suministrado por la institución: 

El elevado porcentaje de trabajadores (80%) que se trasladan a sus lugares de trabajo en transporte público (58%) o pie (22%) da cuenta, de un lado, que además de los riegos a contagio que viven diariamente en sus los centros en que laboran, se adiciona los de trasladarse diariamente en la red pública de transporte, identificada como un lugar de alto riesgo en medio de la pandemia. El transporte suministrado por los centros de salud a sus trabajadores forma parte de las medidas excepcionales que los Estados deben asumir en medio de la pandemia para proteger a los trabajadores sanitarios y a la población en general.

Al habitual desgaste físico y mental que sufren los trabajadores del sector salud derivado del déficit de personal, equipos e insumos, así como, el crecimiento de la demanda de atención como consecuencia de la pandemia, hay que adicionar que casi un ¼ de ellos se traslada a pie a sus centros de trabajo, lo que representa un esfuerzo adicional. Estas condiciones atentan contra la salud de los trabajadores, dado que disminuye su tiempo de descanso y recreación.  

Tan sólo en el 15% de los centros encuestados se reporta que su personal cuenta con transporte suministrado por la institución, una medida que beneficia a los trabajadores y, además, aporta en la dirección de salvaguardar su derecho a la salud. La OIT recomienda que se diseñen planes, en medio de la pandemia,  con los representantes de los trabajadores, en los que se garantice el suministro de material médico y medicamentos, equipos de protección personal (EPP) y los medios de transporte del personal    

C. Verificación de beneficios establecidos en las convenciones colectivas

1. Los trabajadores del sistema público de salud son sometidos a condiciones de trabajo precario, con salarios insuficientes, sin seguridad laboral ni incentivos laborales importantes:

La mitad de los trabajadores no recibe incentivos laborales de ningún tipo. El resto, en proporciones muy pequeñas en relación con el total de centros de salud encuestados percibe alimentos (15%), permisos (10%) o aportes monetarios (12%). Una realidad que explica el déficit estructural y coyuntural del personal que labora en los centros de salud del país, pues lo dominante es la ausencia de incentivos y allí donde los hay es poco relevante para considerarse una política nacional de gran impacto.

2. La pandemia es una situación excepcional que ha puesto en tensión a la humanidad. En ese contexto, es recurrente ver diversos Estados, impulsados por organismos internacionales y la acciones de la sociedad civil, instrumentar medidas especiales de incentivo al personal sanitario que encara en primera línea la atención de los contagios en sus localidades. Esta realidad especial demanda medidas especiales que incentiven a los mas expuestos, en este caso el personal sanitario, a mantenerse en sus tareas.

Casi dos tercios del personal de los centros de salud del país que labora en primera línea de la Covid-19 no perciben incentivos adicionales. Además de las garantías de seguridad y salud en el trabajo para el personal sanitario, resulta necesario incentivos extras que estimulen favorablemente al trabajador, en especial, en Venezuela en el que los trabajadores del sector público, incluido el sanitario, antes de la pandemia ya sufren las consecuencias de un trabajo precario y viven una Emergencia Humanitaria Compleja. 

Para propiciar incentivos adicionales efectivos, es necesario el diálogo social. Estos deben ser el resultado de acuerdos entre los trabajadores de la salud y las autoridades sanitarias. Sin embargo, la política laboral del Estado venezolano contraria al diálogo social durante la pandemia no ha variado, pese a las recomendaciones de la Comisión de Encuestas de la OIT. De hecho en el primer trimestre del 2021 firmó, excluyendo a las organizaciones sindicales autónomas del sector salud, la denominada “Acta de la Mesa Técnica de Negociación” cuyo contenido no es interpretado como un incentivo para los trabajadores. 

3. ¿Cuáles incentivos? Es la pregunta 3.3

4. El 83% de los centros encuestados manifiesta que Estado venezolano incumple sus obligaciones contractuales con los trabajadores del sector salud. Tan solo el 17% no identifico incumplimiento.

En algunos centros (58%) son varios los incumplimientos y/o deudas pendientes con los trabajadores. Esto es que, al tiempo que, por ejemplo, el empleador no dota a los trabajadores de uniformes, les incumple con lo establecido para descansos y permisos:

Los centros en que los encuestados identificaron incumplimientos contractuales y/o deudas pendientes, señalaron que la violación de compromisos laborales por parte del empleador son, mayoritariamente, la dotación de uniformes (42%) y lo relativo a los permisos y descansos del personal (38%). Luego, estarían en proporciones similares, entre sí, la asignación de vacaciones (28%) y el bono nocturno (26%).  

D. Riesgos laborales 

1. En el 82% de los centros encuestados, los trabajadores no cuentan con agua potable para beber, que lo señalan los convenios colectivos:

Los trabajadores sanitarios son sometidos a intensas jornadas de trabajo en las cuales muchas veces un trabajador cumple la funciones de varios; en climas calurosos y bajo constante desgaste físico y mental sin contar si quiera con condiciones para permanecer hidratado durante su jornada de trabajo. 

2. Contrariamente a lo indicado por la OIT y la OMS, dos tercios (67%) de los centros encuestados reportan que los trabajadores no han recibido capacitación sobre medidas de protección:

Una realidad que incrementa la vulnerabilidad de los trabajadores, en especial en un contexto de pandemia. La capacitación debe ser una política institucional permanente, especialmente, ante situaciones extraordinarias como la actual que es dinámica y cambiante. La capacitación protege el derecho fundamental a la vida y es clave para mantener ambientes de trabajo seguro y saludable. La responsabilidad de brindarla institucionalmente es de las autoridades sanitarias del país y de cada centro de salud.

2. En los centros de salud del país se incumple con lo establecido en la resolución 090 la Gaceta Oficial 41.891 MPPS normativa sanitaria de responsabilidad social ante la pandemia Covid-19; que estableció cuarentena al personal con condiciones de: mayor a 65 años, enfermedades inmunes, cardiópatas, HTA, diabéticos, respiratorios crónicos:

Como se observa en el gráfico tan sólo la mitad de los centros de salud encuestados cumple con el aislamiento del personal mayor de 65 años, un porcentaje bajo dado su nivel de vulnerabilidad en medio de la pandemia. El resto no considera los riesgos de laborar en tal situación con enfermedades preexistentes y un tercio de ellos (32%) no aísla a su personal con fines preventivos, tal como lo establece la resolución 090 del MPPS. 

3. Paradójicamente dada su misión, los centros de salud del país, mayoritariamente, no son lugares de trabajo seguro y saludable: 

El personal del 87% de los centros encuestados no cuenta con la supervisión y procedimientos regulares orientados brindar seguridad laboral y prevención de enfermedades. 

4. El personal más expuesto al contagio en medio de la pandemia es el sanitario. Es él quien la enfrenta en primera línea en sus trabajos. Por lo que debe haber máximo cuido a las medidas de prevención para evitar que él y por añadidura, su familia se enfermen, así como, si esto ocurre, se le debe garantizar en forma oportuna las pruebas diagnósticas Covid-19. Sin embargo, esto no ocurre así:

En el 82% de los centros encuestados no se garantizan las pruebas diagnósticas para Covid-19, es decir, al personal más expuesto en medio de la pandemia, el Estado venezolano no le garantiza las pruebas que permiten, en primer lugar, el tratamiento temprano y eficaz y en segundo momento, el aislamiento preventivo que demanda este tipo enfermedades de tipo viral.

4. En los centros de salud encuestados predomina las limitaciones a la libertad sindical y es constante el abuso de autoridad contra quienes reclaman sus derechos. Se examinó sobre nueve formas de acoso o abuso laboral y ocho de ellas fueron reportados como prácticas presentes en la mayoría de los lugares de trabajo.

La formas de acoso o abuso de autoridad sobre las cuales se indagó fueron: a) Amenazas de despido b) Evaluaciones manipuladas por el patrono c) ascensos no son por méritos d) campañas anti sindicales e) Trabas para presentar una queja ante los jefes f) Acosos o sugerencias sexuales, por parte de jefes u otros g) repercusiones para quienes asisten a actos o protestas h) Personas que malponen a los trabajadores i) Otra situación de acoso u hostigamiento.

De todas estas malas prácticas de gestión del personal, contrarias  a la dignidad humana, a la libertad sindical, el derecho a asociación y la protesta, entre otros. La única que no alcanza la mayoría fue “acosos o sugerencias sexuales por parte de jefes u otros”, la cual fue identificada en un 5% del total de centros encuestados.  La que alcanzó una presencia mayor fue “amenazas de despido”, una constante en 82% de los centros que conforman este reporte.

En el 82% de los centros encuestados, los trabajadores sufren amenazas de despido, dicho de otro modo, no solo están en empleos insuficientemente remunerados, inseguros y pocos saludables, sino también inestables, en los cuales deben laborar bajo el asedió constante.

Predomina un patrón que niega derechos individuales y colectivos de los trabajadores:

Individuales:

El 57% reporta que las evaluaciones son manipuladas por el patrón. En coherencia con esa realidad, el 53% indica que los ascensos no son por méritos. La gestión de personal se percibe, mayoritariamente, como negativa, dado que el 63% señala que existen trabas para presentar una queja ante los jefes.

Colectivos

La acción sindical se desarrolla, mayoritariamente, en un ambiente hostil que orienta a limitar la libertad sindical. Casi dos tercios (65%) de los centros encuestados señalan la existencia de campañas antisindicales.

Esta práctica contra las organizaciones que representan los intereses de los trabajadores, se expresa en las restricciones al derecho a la protesta. Se limita la exigibilidad de sus derechos por parte de los trabajadores, cuando en el (75%) de los centros encuestados se reportan repercusiones para quienes  asisten a actos o protestas, las cuales en los centros de trabajo, resulta lógico pensar que, en forma predominante, son convocadas por las organizaciones que representan a los trabajadores.

VENEZUELA, DIALOGO Y NEGOCIACIONES. ¿Qué es entonces lo que lleva al gobierno a dialogar y negociar?

 

 Un nuevo ciclo de diálogos y negociaciones se formalizó este 13 de Agosto. Sería el cuarto en lo que va del siglo XXI entre el régimen bolivariano y la oposición, los dos últimos en el período de Maduro hace hace dos años el más reciente, pero ambos sin mayores resultados, al menos para resolver la crisis política y económica del país; la que ni siquiera se ha aminorado. Lo más optimista que puede afirmarse, es que en el contexto de este nuevo intento predomina un estancamiento.  

  ¿Estancamiento para quién? Para una efectiva normalización política y económica del país. Tanto las instituciones necesarias para la gobernabilidad no logran sus propósitos, como que el desempeño económico no puede estar peor, con un octavo año de disminución constante de todos los indicadores, sean del PIB, como de aquellos referidos directamente a las personas, digamos sus niveles de ingresos y de calidad de vida. 

 Entre los analistas de estos procesos de diálogos y negociaciones, hay un predominio de la perspectiva que considera que en esta ocasión, hay elementos que llevan al gobierno a responder con una mayor atención a estos procesos. Y no es por la presión opositora en el formato de presiones abiertas de la población reclamando salidas a la crisis, que sí las hubo en años anteriores, las más recientes en 2014 y 2017, con masivas marchas y concentraciones de personas protestando.

¿Qué es entonces lo que lleva al gobierno a dialogar y negociar? La pregunta desde esta perspectiva tiene más sentido que hacerlo desde el lado de la oposición, ya desde su contundente triunfo en las elecciones parlamentarias del 2015, ha sido objeto de una acentuada represión por lo que unos cuantos de sus diputados en el mismo quinquenio de su gobierno parlamentario (2016-2020), fueron detenidos y otros para evitarlo, tuvieron que tomar el camino del exilio. Aparte de la elección irrita de una Asamblea Nacional Constituyente, que sustituyó al parlamento de mayoría opositora anulando su gestión. 

  Lo anterior fue respondido por la oposición con la figura de una presidencia interina, Juan Guaidó, que en su mejor momento logró el reconocimiento de sesenta países entre europeos y latinoamericanos. Hoy quedan pocos gobiernos manteniendo este reconocimiento, pero el cuestionamiento que esto significo para el gobierno de N Maduro no ha dejado de seguir presente, por la continuada violación de derechos al ejercicio democrático en el país, al extremo que la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, ha dado lugar a Informes que no han podido ser rebatidos por el gobierno. Consecuentemente, se han producido por parte de víctimas de abusos y violaciones de lesa humanidad, de inicios de procedimientos ante el Tribunal Penal Internacional de la Haya que han sido admitidos. 

  En materia laboral también la Organización Internacional del Trabajo, produjo el Informe de la Comisión de Encuesta, publicado en septiembre de 2019, sin respuestas a los cuestionamientos destacados en su contenido. 

  A lo anterior se suma que desde el gobierno de los EEUU y de otros países cercanos a su política exterior, se han venido aprobando sanciones, que fueron en sus inicios a altos personeros del régimen, a partir del 2008, como la suspensión de visas y el examen de sus activos en su territorio, que han dado lugar a medidas preventivas. Pero que a partir del 2019, las sanciones se extendieron a la empresa estatal petrolero -Pdvsa-, que le ha afectado sus operaciones productivas y financieras en los EEUU y el mercadeo de sus productos en sus zonas de influencia. Por supuesto que la estatal petrolera venezolana, ha encontrado nuevos aliados para continuar sus operaciones en el exterior, aunque ha disminuido tanto su producción, que es un declive estructural de sus operaciones, que ha determinado que solo juega un papel marginal en el negocio petrolero, incluso en el nivel regional. 

  Por tanto el gobierno venezolano, requiere mostrar una fechada con cierto nivel de respeto a la democracia que alivie las presiones internacionales, y que en lo económico pueda conseguir posibilidades para que inversores se decidan a tener presente a Venezuela, con las debidas garantías no solo como país receptor, sino de órganos multilaterales y financieros que han coincidido con los EEUU en las sanciones económicas. 

   El accionar de las organizaciones que están representadas en nombre de la oposición, ha dado debida atención a las relaciones con sus aliados en el exterior. En ello juega su papel, el que la diáspora venezolana ha crecido en estos últimos años a un ritmo acelerado que hoy ya pasa de seis millones de venezolanos, tanto como países en guerra. 

 La familias residentes en Venezuela, aún no perciben que este dialogo y negociaciones les traiga pronto favorables efectos para mitigar sus penurias, que son extremas. 

https://www.elpaisdigital.com.ar/contenido/venezuela-dilogo-y-negociaciones/32560

¿Quién responde por las consecuencias del Covid-19, que sufre la población del país? ¿Podemos hacerlo mejor?

 Preguntas propias de la situación que experimenta la población. Proponemos algunos comentarios al respecto, se quiere que aporten a la reflexión del problema, entre gobierno, trabajadores y representantes de empresas. 

 El abordaje de estas preguntas ha de tomar en cuenta el carácter de pandemia que representa el Covid-19, y que ha dado lugar a situaciones extraordinarias en el establecimiento de medidas de emergencia, que han de seguirse en el conjunto en la sociedad. La pandemia favorece más centralización, en una situación que ya lo era en extremo. Aún reconociéndolo, no se deja a un lado el señalar cuan necesario es que dichas medidas a determinar, resulten de la participación de las entidades idóneas tanto del gobierno, como de otras instancias de la sociedad que dispongan de competencias para sumar en el propósito de tomar las medidas adecuadas. 

 El Covid-19 expone en primer lugar a ser contagiado y sufrir sus consecuencias, a aquellos que trabajan en el sector de la salud pública y privada, a donde acuden los contagiados, o que experimentan sus síntomas. Prioridad también tienen los que laboran en el sector de cuidados de personas. Distinguiendo en todos los casos que existen áreas de mayor exposición que en otras, hasta incluso habrán algunas funciones distantes de mayores riesgos. En fin, se trata de un asunto a dilucidar por medio de análisis e inspecciones regulares que han de hacerse en estos servicios.

 Para el resto de las actividades laborales, ya el hecho de la pandemia eleva los riesgos de la población. Es lo que ha dado lugar al incremento exponencial del trabajo en el hogar o a distancia, partiendo del hecho que los cuidados empiezan en el mismo hogar, que disponen de los servicios y facilidades para la prevención. Se destaca que no todos las actividades laborales son susceptibles del teletrabajo, en estudios para determinar su alcance se llega en los más altos porcentajes a un cuarto de la fuerza de trabajo operando en sus hogares. 

  Capítulo directamente ligado al funcionamiento laboral, es lo relativo a los traslados los trabajadores de ida y vuelta del hogar al centro de trabajo. No se cuenta con la calidad de servicio de transporte público como para que este medio deje de ser uno de los factores de mayor riesgo dada la aglomeración en las paradas, dentro de las unidades que se llenan en las horas pico, van pasajeros hasta colgados de las puertas con parte del cuerpo fuera de la unidad de transporte, reflejo de la insuficiencia de unidades, de ausencia de los protocolos de protección, y todo ellos con inexistencia de supervisión. El déficit no lo llenan los servicios de Metro en las pocas ciudades que lo tienen (Caracas, Maracaibo y Valencia), que solo funcionan en contadas rutas.

 Igual ha de mencionarse que las precariedades de servicios públicos que afectan suministros esenciales, como alimentación, agua, electricidad, gas, combustibles, seguridad, entre los más directamente relacionados con la población en situación de pobreza, que en este momento está por encima del 90% -Encovi encuestas de 2020-. Y aquí estamos refiriéndonos a la población trabajadora del país.  

 Visto lo anterior, el Covid-19 encuentra al país con las defensas bajas. Y no se trata solo de los servicios públicos, prestados por los entes gubernamentales sino de los propios hogares con menguados recursos para encarar las exigencias de la prevención y la curación del Covid-19.   

 Un alto porcentaje de las víctimas del Covid-19 ocurren porque no se dispone de los medios para curarse. Es creciente la cifra de cuántos beneficiarios de atención médica como políticas de las empresas, como compromisos incluidos en los convenios colectivos, que hoy están desasistidos empezando porque gran cantidad de centros de trabajo dejaron de producir, sólo existen las sedes con las puertas cerradas, porque esos acuerdos son letra muerta, o porque se han excluido, en el marco de políticas laborales de desmontaje del patrimonio que se había acumulado en las relaciones laborales venezolanas. 

 Ciertamente el país ha entrado en una recesión prolongada, pero demasiado tiempo en  un permanente disminuir de conquistas unas tras otras, hasta llegar a un estado de no tener nada para compensar la situación de una vida digna, pasando buena parte de los trabajadores a un estado de indigencia laboral, inexcusable e inadmisible que esto esté ocurriendo para quienes aportaron sus energías y capacidades a la construcción de patrimonios hoy dilapidados por gestiones irresponsables, con la que la indiferencia determina finalmente complicidades. 

 Es necesario replantearse en esta etapa de la pandemia, su  manejo en la definición de políticas, que empiecen por la inclusión de actores fundamentales en los acuerdos necesarios de las mejores capacidades nacionales y las que se puedan agregar de organismos especializados internacionales, para hablarle con mayor transparencia al país y contar con un plan de seguimiento que genere confianza y tengan sentido los sacrificios que ya se han venido haciendo.