domingo, 27 de agosto de 2017

LA AMENAZA EXTERNA ¿TENDRA EFECTO COMO FACTOR DE UNIDAD NACIONAL?



25-08-2017

  El 2 de Abril de 1982 el gobierno argentino de entonces autodenominado Proceso de Reorganización Nacional, pero que para la amplia mayoría de los medios de comunicación y la comunidad del continente, era simplemente la dictadura militar argentina, dio órdenes de desembarco de sus fuerzas militares en las Islas Malvinas, territorios insulares en controversia con el Reino Unido. La teoría dominante en esta acción militar era que un conflicto nacionalista de esta envergadura uniría a la sociedad argentina, muy dividida por las restricciones de libertades y la cruenta represión del régimen contra la oposición.

  Al cabo de poco más de dos meses terminaron las hostilidades y como una de las consecuencias políticas cayó el régimen militar argentino, y el país retornó a la vida democrática con elecciones en 1983. Por el lado británico, la Primera Ministra Margarita Thatcher quién antes de la guerra andaba muy mal en las encuestas, los resultados de la guerra le permitieron a su partido ganar las siguientes elecciones. 

  Y ¿Qué relación tiene este recuento con nuestra realidad de hoy? 

1- Tenemos un gobierno que anda muy mal en las encuestas, con continuada pérdida de apoyo popular lo que le hace apelar a medidas cada vez menos convincentes, lo más destacable son las elecciones de la ANC y sus controversiales acciones.

2- Una oposición que ha sido reprimida crudamente, con casi setecientos presos políticos, con más de ciento treinta asesinados en las protestas, incontables heridos; además de múltiples allanamientos y asaltos por los organismos de represión. 

3- El anuncio de unas elecciones regionales que han debido de realizarse en diciembre del pasado año y que fueron postergadas en un principio para el 1er semestre del 2017, luego para diciembre del mismo año, y finalmente para dentro de pocas semanas, y aún hoy sin anuncio preciso de la fecha.   

4- El presidente de los EEUU ha anunciado la posibilidad de una intervención militar. Aunque sus acciones directamente realizadas por su vice-presidente han reiterado los esfuerzos diplomáticos y el fomento de un mayor protagonismo de países de la región. También es concreto que las acciones tomadas hasta ahora por este gobierno, han sido dirigidas a actividades de connotados dirigentes del régimen venezolano en cuanto sus intereses en el territorio de los EEUU, lo que tiene relación con propiedades, negocios y con ello la provisión de visas. Solo en el día de hoy se tomaron algunas medidas que afectan en lo financiero al Estado venezolano.

5- La amplia mayoría de los países de la región y algunos de Europa que se han manifestado, han rechazado abiertamente la posibilidad de una intervención militar. Pero no olvidemos, en torno a las posiciones con respecto al gobierno de Venezuela, que casi esos mismos países mantienen su rechazo a la forma de elección y el funcionamiento de la ANC, así como el decidido apoyo a la AN y a la FGR.

6- La oposición venezolana organizada en la Mesa de la Unidad Democrática rechaza la amenaza militar del presidente estadounidense, pero no pierde la oportunidad para mencionar y también rechazar la injerencia de Cuba que, asegura, el gobierno nacional ha permitido en las Fuerzas Armadas y en la política interna.

7- En esta situación el gobierno de Venezuela afirma contar con el ejército más moderno de América Latina, confiando para ello en las compras militares al gobierno de Rusia. 

  Visto los elementos del actual contexto y la presente situación del país, una posible expectativa del gobierno nacional es esperar y aprovechar que la amenaza militar contribuya a solidificar a la nación venezolana, hasta hace pocos años polarizada pero que hoy predomina una amplia mayoría opositora por un lado, y un disminuido apoyo al gobierno. Y que al mismo tiempo este eventual apoyo a la unidad nacional, la capitalice el gobierno en las muy prontas elecciones regionales.

  En paralelo se agudiza el deterioro de la situación económica general. Sigue sumamente grave la escasez de alimentos y medicinas, o el que aquellos productos que reaparecen en los anaqueles lo hacen a unos precios que no guardan relación con los ingresos de la población, lo que para los efectos es la misma situación de penuria y frustración. La canasta alimentaria para julio alcanza los 956 mil mensuales, en tanto el ingreso mínimo era sólo 250 mil. Peor si la referencia es la Canasta Básica Familiar, la que llegó a Bs. 2.043.083,39, lo que correspondería a Bs. 68.102,77 diarios para poder costearla, informó el Cendas-FVM.

 El gobierno hace mas de un año puso en manos de los militares el control de la producción y distribución de los alimentos, pero el problema ha empeorado. La opción de las bolsas Clap, en la cual confía el gobierno y deposita su mayor confianza, no satisfacen el nivel de las necesidades, a la par de los escándalos que acompañan los desembolsos, así como la ausencia de controles que logren resolverlos, al tiempo que las instituciones constitucionales establecidas para encarar e investigar estos problemas están intervenidas. 

  El sistema productivo nacional en quién descansan las soluciones reales no logra la audiencia efectiva en el alto nivel gubernamental para que se produzcan cambios en las políticas económicas, y así se pueda recuperar la capacidad productiva perdida consistentemente en los últimos años. Los gremios empresariales no dejan de llamar la atención pero sin resultados. Sindicatos y gremios profesionales minimizados en su accionar público son desoídos por las instancias oficiales, incluso en algunos casos sometidos a hostigamiento. 

  Vistas las amenazas externas del presidente de los EEUU, estaría por verse si prospera la teoría del conflicto como vía para buscar la unidad nacional, y que eventualmente el gobierno sacaría provecho en las elecciones regionales; o por el otro lado, si el vigente escenario de hambre y pobreza creciente se impone y la amplia mayoría de la población mantiene su rechazo al gobierno, y fortalece su identidad con la oposición, no obstante algunas fisuras surgidas en torno a si participa o no en las elecciones regionales. 

  Finalmente sigue latente la dualidad de poderes que el gobierno ha fomentado en contra de disposiciones constitucionales, como es la ANC y la intervención de la FGR, y también acentúa el no reconocimiento de la AN, la existencia de una mayor cantidad de presos políticos, de exilados e inhabilitaciones, significa que mientras estos factores se mantengan, ellos mismos atentan contra toda pretensión de convocar a la unidad nacional. 

@hl_lucena


    

martes, 15 de agosto de 2017

GREMIALISMO EN PELIGRO


 En tiempos del gobierno de Juan Vicente Gómez (1908-1935) su lema era Unión, Paz y Trabajo, pero para el pueblo aquello significaba unión en las cárceles, paz en los cementerios y trabajo en las carreteras, forzoso por lo demás.

  Un siglo más tarde, los proponentes de la iniciativa de la Asamblea Nacional Constituyente invocan como lema la justicia, la unión y la paz. A diferencia del lema gomecista, en este caso el trabajo no se menciona. El régimen actual no hace mayores esfuerzos por promoverlo, prefiere dar ingresos con dinero devaluado, subsidiar en alimentos y otros bienes, donde no se toma en cuenta el trabajo que forma parte del valor de los mismos. 

  Se premia la lealtad y fidelidad, el carnet, total no importa el trabajo, ni su calidad y ejecución. Ya vamos para el quinto año consecutivo entre estancamiento y retroceso, y tan elemental que resulta reconocer el papel del trabajo para encarar esta situación, pero las políticas públicas siguen priorizando acciones que aspiran preservarse en el poder, a todo costo, dando lugar a que el ambiente político tiende a convertirse en un obstáculo insuperable. 

“La Constituyente retornó la paz y la estabilidad al país”, así lo afirma el Canciller de la República el mismo día 4 de Agosto, el de su instalación. Pero desde que se anunció la proposición de la ANC, el 1 de Mayo, voceros fundamentales del partido gobernante amenazaban con ella a poderes públicos electos, a instituciones y personas, que por tanto contradecía la pretendida búsqueda de justicia, unión y paz. 

 La misma convocatoria de la ANC ignorando el parecer de los electores, y sustentadas en unas bases comiciales que rompen con el principio que cada ciudadano representa un voto, el principio del voto universal, se pierde la proporcionalidad del voto; se impone el voto obligatorio para quienes prestan servicios al Estado, además de todos aquellos receptores de beneficios de políticas públicas, como el Clap; cuando en la actual Constitución el sufragio es un derecho.. “votaciones libres, universales, directas y secretas” -Art.63-. Además se imponen registros sectoriales establecidos por instituciones gubernamentales y al mismo tiempo desconocidos por los ciudadanos, lo que dio lugar a un proceso electoral que ha sido cuestionado por la amplia mayoría de la sociedad venezolana. Finalmente el evento electoral levantó el estupor nacional e internacional, visto las evidencias gráficas de la limitada asistencia de votantes y el contraste con los resultados dados a conocer por el CNE; lo que incluso llevó a la misma empresa que desde el año 2004 había venido siendo el sostén tecnológico de las elecciones venezolanas a expresar sus cuestionamientos.

Esta claro que la consulta popular convocada por la Asamblea Nacional el día 16 de Julio ya el país opositor se había expresado, con sus 7.6 millones de participantes, en un acto de consulta auto gestionado y apenas organizado en dos semanas, donde inequívocamente se expresó un rotundo no a esta convocatoria espuria de la ANC. 

  En la primera semana de funcionamiento de la ANC el país no es más estable ni disfruta de más justicia y paz. Que la calle haya tenido menos gente en protestas, más bien se relaciona con los procesos que se ventilan en las organizaciones políticas y sociales, relacionadas con las formas y estrategias que han de seguirse para que la población sobrelleve las calamidades del estado de crisis que vive el país, e identificar respuestas y propuestas a las mayorías nacionales. 

  Reconociendo que el tema militar nos resulta más opaco que los asuntos de los movimientos sociales que nos interesan, resulta que apenas empezando esta etapa del funcionamiento de la ANC surgen reacciones militares, quizás exacerbadas por esta etapa que se abre con ella.

  También se observa un afinamiento de la represión selectiva, en contra de dirigentes de partidos, estudiantiles, gremiales, sindicales, comunales. A Carabobo le ha tocado en los últimos días una dosis de este tipo de represión. 

  Cuatro dirigentes vinculados con gremios han sido objeto de las acciones represivas, uno presidente del gremio de la enfermería, otra de los contadores, otro presidente de una federación de sindicatos, pero proveniente del gremio de educadores y la persecución contra la presidenta del gremio médico. Todo en el lapso de cuatro días. 


  A la fecha se desconocen las acusaciones, uno de ellos ya sometido a juicio militar. Hay que mencionar que la unión cívico militar  sobre la cual el régimen asentó su doctrina y es base de su sustentación actual, pero es un acérrimo enemigo que la misma union cívico militar prospere en los medios opositores, y efectivamente no parece haber prosperado mucho entre los opositores civiles que se desenvuelven en los medios gremiales. Más bien se trata de un ámbito desconfiado de esas vías que no le son familiares, como si lo es la acción abierta del reclamo, de la asamblea, del paro, de la huelga, todo en función de la solicitud de soluciones a los asuntos que aquejan a sus afiliados, y que son opciones que el derecho y las relaciones laborales han construido históricamente, y que son hoy de reconocimiento universal. 

martes, 1 de agosto de 2017

COMO EVALUAR EL PARO NACIONAL


En la última semana se convocaron dos paros nacionales, uno de 24 horas -el 20 Julio-, y el segundo de 48 - los días 26 y 27 Julio-, recurso que no se utilizaba en el ambiente político y laboral venezolano desde diciembre del 2002. Previo a la convocatoria del primero,  en el ámbito de la oposición se realizó un intercambio si se calificaba de paro o de huelga, también que quién lo convocaría, de cuales eran los objetivos, y cuál el papel de los sindicatos, los empresarios y sus empresas.

  En el convulsionado año 2002 se contabilizaron 4 paros nacionales, para entonces se recordaba que no teníamos tradición de hacer este tipo de convocatoria, el más reciente para entonces era el convocado por CTV en mayo de 1989, dos meses luego de los sucesos denominados “caracazo” o “sacudón”, y mucho antes la huelga general -1958- que trajo la caída de Perez Jimenez, más de 30 años entre un paro nacional y el siguiente.

  Fue en el marco de estos paros del 2002 que ocurrió el vacío de poder que trajo la breve salida de H Chávez del poder, e inmediatamente el golpe de estado de Pedro Carmona con apoyo militar.

  En las protestas del presente cuatrimestre, se ha recurrido a diversas modalidades, han habido concentraciones públicas en lugares abiertos o no, en todos los estados del país,  en zonas urbanas y rurales, convocadas o espontáneas, en sectores medios y también en populares, marchas a distintos lugares relacionados con las peticiones o la protesta concreta a promover, protestas cerca de los centros de poder, algunas marchas nocturnas, cierres de calles, plantones, y el punto de mayor esfuerzo organizativo y participación fue el importante acto de consulta popular del 16 de Julio, que alcanzó a más de 7.6 millones de personas en las principales ciudades del país y muchas otras del exterior.

  Sobre estos puntos se plantea lo siguiente: La aspiración opositora organizada en la MUD, convocante de casi todas las actividades hasta entonces realizadas,  en esta ocasión de un paro o huelga nacional no quiso arriesgarse sin antes consultar y oir a diversos sectores vinculados con su organización e impacto. Esto determinó que el paro fuera convocado no solo por la MUD, sino también por otras entidades de la sociedad civil. La mayor visibilidad en esta convocatoria la expresaron las centrales sindicales y los sindicatos nacionales y de base. Todas las expresiones del sindicalismo venezolano, salvo la central oficialista, se adhirieron a la convocatoria, igual ocurrió con los gremios profesionales. Se agregaron organismos comunales y vecinales, estudiantiles, campesinos, religiosos, culturales, académicos y productivos.

  Se planteaba que el paro consistía en no realizar labores públicas ni actividades económicas en general como hacer compras, y en lo posible mantenerse en sus hogares. Por tanto era más que una huelga en el sentido convencional laboral, es decir de no realizar las actividades productivas.

  ¿Contra quién era la huelga general de actividades económicas? contra el gobierno nacional. En sus objetivos se confirmaban las aspiraciones planteadas por la oposición desde el fallido diálogo de octubre del 2016. Los cuatro puntos que se han venido confirmando en las protestas que arrancaron en la primera semana de Abril: respeto a la Asamblea Nacional, liberación de los presos políticos, permitir la ayuda humanitaria y un cronograma de elecciones. A esto se agregaban las respuestas afirmativas a las preguntas de la consulta popular del 16 de Julio, que giraban en torno al rechazo a la convocatoria a una Asamblea Constituyente por parte del gobierno y una reafirmación de la actual Constitución.

  Por supuesto el gobierno se defendió y colocó sus recursos para obstaculizar esta convocatoria. La principal vía ha sido con una campaña para desprestigiar y descalificar esta acción de protesta,  amenazar y aterrorizar;   presiones y amenazas a los empresarios. El Seniat ha sido un instrumento que ha repartido multas y cierres de empresas, pero en muchos lugares los clientes y personas que se encontraban cerca impidieron estas acciones. Igualmente el Ministerio de los asuntos del trabajo ha hecho otro tanto. Este despacho asume erráticamente que los trabajadores se van al paro por presiones de los patronos, pero en esta ocasión los gremios empresariales no han sido convocantes del paro. Si han expresado públicamente que no se oponen a que los trabajadores lo asuman, y que por tanto no se les afectará económicamente.

   La efectividad del paro es evaluada preliminarmente por los propios actores que la promovieron o por los que la reprimieron, con sus propios sesgos. Los primeros señalan que un 85% en el primer paro y más del 90% en el segundo, de dos días. El gobierno no asoma valoraciones cuantitativas, sino que la descalifica de plano.  Los empresarios que asumieron pagar salarios y los beneficios propios de una jornada regular de trabajo pudieran decir sus % de ausentismo, igual las entidades gubernamentales empleadoras. El Seniat cuyas máquinas facturadoras de todo establecimiento comercial recoge las  transacciones realizadas en las fechas de huelga;  y la banca con todo el sistema de transacciones electrónicas igual podrán informar datos para comparar con las fechas de actividad comercial y laboral regular. Afortunadamente desde el mismo día de los paros, los medios de comunicación especialmente con sus recursos gráficos brindaron imágenes que facilitan la valoración, aún están en la web. Es importante apuntar que los principales sindicatos del transporte urbano asumieron los paros, y ello genera consecuencias directas en su efectividad. De hecho hay persecución contra varios dirigentes de este sector, lo que confirma el efecto de sus acciones.

  Sobre las consecuencias del paro, se tiene por un lado el aporte en vidas humanas, 10 fallecidos a balazos casi todos por la acción represiva del gobierno, una cantidad no determinada de heridos. Mas de 400 detenidos, que serán sometidos a juicios militares que violan elementales derechos humanos, y se agregan a los anteriores para alcanzar un total de 4848, según cifras del Foro Penal.

  Evaluar las consecuencias demanda estar atento a implicaciones en el seno del gobierno, si bien no ha dado mayores señales, pero es también reconocible que el gobierno tiene poca sensibilidad conque el sistema productivo se paralice. Las evidencias nos las dicen que vivimos en una sociedad con tantas carencias de productos básicos, al tiempo de tener un gobierno que no reacciona a tan importante hecho sino a priorizar a todo costo su preservación en el ejercicio del poder.