DESINDUSTRIALIZACION CONTINUADA: AHORA ES GOOD YEAR

   Sobre el caso del cierre en Venezuela de la mundialmente conocida fabricantes de neumáticos Good Year, empecemos por mencionar las medidas de protección anunciadas a partir de ayer martes 11 por el Gobierno nacional. Todo esto nos parece tardío y ruido para las galerías tanto de adentro de la empresa como de afuera de ella, ya que si una empresa está  por varios años produciendo apenas un 10-15% de su capacidad y además continúa sometida a las restricciones cambiarias y de precios, es de elemental sentido, que en algún momento llegará a la parálisis. Entonces la tal protección que se menciona en el Decreto con rango y fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras -(Capítulo IV de la Protección al Trabajo, al Salario y las Prestaciones Sociales. Arts. 148 y siguientes-), y si se pretende que sea de verdad, ha de aparecer al observarse señales frecuentes de baja de producción y de rendimientos, y entonces actuar con sentido realista, en el hecho de permitir que trabajadores organizados en sindicatos y los representantes de la empresa exploren opciones y viabilidades, que son quienes conocen el problema,  y que por otro lado, aquellas instancias militares y burocráticas estatales, que han venido metiéndose,  no interfieran sino que faciliten las negociaciones directas, y que en lo posible éstas han de ser sectoriales, ya que una empresa no es un ente aislado es parte de un entramado de proveedores, de clientes y de otros relacionados, que todos son parte del problema y de la solución. Y que luego hayan las seguridades necesarias para respetar los pronunciamientos de los actores socio laborales.

  Desde el anuncio de la empresa desde este lunes 10 de Diciembre, intentamos conocer la mayor información posible del desenlace, incluso en la circular que la empresa emitió se señalaba unos números telefónicos, y de los intentos se observó que contrataron a un outsourcing (Call Center), muy  especializado para responder a cualquier interesado (sea de la prensa, trabajadores, proveedores y clientes). Sin mayores detalles, pero contundentemente muy bien manejado, emitían sus respuestas sin salirse de un guión que evitara compromisos.

  Luego hemos visto las reacciones en las horas siguientes a ese lunes de cierre hasta el presente, claro viendo el desarrollo de los acontecimientos desde la barrera ya que no tenemos información interna del problema, pero indudablemente nos parece que quienes conducen la organización sindical en esa empresa, tienen encima una enorme responsabilidad, incluso la circular de la empresa les asigna la de administrar la entrega de los neumáticos que forman parte esencial del pago de salida del personal, 10  de estas piezas por trabajador, que en precios de divisas y según las diversas medidas puede referirse a un global de 1300-1600 US$. Monto que los despedidos o liquidados en el sector público ven como cifras astronómicas, claro por la pulverización de todo beneficio laboral pagado simplemente en Bolívares, sean lo de ayer “fuertes” o los hoy soberanos.

  El sindicalismo ha sido víctima de la fragmentación, que en condiciones extraordinarias y exigentes como las presentes, carece de estructuras que de manera rápida y efectiva respondan a las contingencias como la de Good Year en este momento, y tantas otras situaciones semejantes en los últimos tiempos. Esto lo aprovechan intereses del mundo burocrático para someter la situación a los exclusivos intereses gubernamentales, buscando evadir sus responsabilidades en la errática conducción económica que es el marco de los problemas productivos del país, y la fuente originaria y continuada de estos cierres de centros productivos, que en el caso de Good Year, cierra un capítulo que empezó en los años sesenta, más de medio siglo produciendo neumáticos en el país, y con una amplia experiencia de exportación.

 Con la entrada de la burocracia gubernamental y partidista en el escenario, luego se hacen actos, discursos, pancartas, cadenas de radio y tv, se hacen acusaciones, pero después del ruido, viene el silencio y la calma.. y las condiciones económicas que disfrutaban los trabajadores no se preservan.. los esfuerzos por mantener la actividad productiva, se topan con las dificultades propias de toda producción, pero sin una organización del trabajo adecuada, los problemas menores se vuelven grandes, y gradualmente se hace más limitada una reapertura exitosa.. al final a duras penas la empresa se convierte en una nueva carga ya que no logra auto financiarse para pagar salarios dignos, pagar impuestos y ni brindar riqueza al país. Esto es lo que hemos visto, desde la 1era empresa que se paralizó en Carabobo -Venepal en Morón, el 2005-, que luego de las dificultades para funcionar se vino a menos, aparecieron las intervenciones, el supuesto auxilio gubernamental y todo gradualmente se fue viniendo abajo lo poco que quedaba, ya en el país se cuentan varios cientos de casos con ciertas semejanzas hasta más recientes. Quisiéramos que os hechos nos desmientan y que se evidencia lo equivocada de estas apreciaciones.

¿Será Good Year un caso más de esta película que ya conocemos? ¿Podrá ser diferente? Por supuesto si se hace lo que ya conocemos, no veremos más producción eficiente, ni los buenos salarios del trabajador cauchero. Habrá que hacer todo bien diferente a lo que cientos de empresas cerradas y tomadas por el gobierno muestran en su fracasado historial.

APORTES DESEABLES DE UNA POLÍTICA LABORAL

  Siguiendo con algunas consideraciones sobre la política laboral del régimen y su pretensión de eliminar conquistas muy sentidas en las relaciones de trabajo, como ocurre con los llamados lineamientos del despacho laboral -Memorando No. 2792- sobre negociaciones colectivas.

  Para entender una política de remuneraciones, importa tener presente que las organizaciones que son objeto del pretendido control la conforman tres categorías:

1- Por un lado la administración pública en sus ámbitos nacional, estadual y municipal;

2- En segundo lugar el sector de empresas constituido por aquellas que producen bienes y servicios, aquí tenemos a unas de propiedad estatal y otras privadas;

3- Un tercer sector de carácter social que no tiene fines lucrativos, como cooperativas, condominios, trabajo en residencias, en asociaciones.

  Una situación deseable es que el primero depende totalmente de los ingresos que capture el Estado, con los impuestos, tasas y aquellos derivados por su condición de administrador de riquezas que son de propiedad de la nación. El presupuesto nacional contempla como se erogarán estos recursos.

  El segundo, los productores de bienes y servicios para el mercado, constituido por los ciudadanos y las entidades jurídicas. Aquí concurren como oferentes los privados y los públicos, con el carácter de empresas, que pueden ser compañías anónimas, personales, colectivas, nacionales, extranjeras, de propiedad estatal. Sus ingresos fundamentalmente  están constituidos por lo que se derive de su producción y ventas. Las regulaciones tendrán presente las distintos tipos de bienes y servicios y el papel que representan para el funcionamiento de la sociedad.

  El tercer sector, que llamamos de carácter social, que no tiene fines lucrativos, tal carácter le permitirá tratos tributarios especiales. En el presente al lado de los dos primeros, es el sector  con menor población.

  ¿Qué política salarial ha de corresponder a estos tres sectores? En primer lugar sin distinción alguna, ha de haber un piso que permita que las remuneraciones de quienes presten servicios deben resolver la alimentación y los servicios básicos para la vida personal y familiar. Todo aquél que trabaja a tiempo completo ha de tener como salario mínimo un ingreso que satisfaga esa condición. No importa si se trabaja para el gobierno o los privados, ni tampoco si es sector con fines de lucro o no, sencillamente el trabajo ha de satisfacer ese mínimo.

  Los servicios básicos de la vida cotidiana, empiezan por alimentación, siguen con salud, luego agua, electricidad, educación, seguridad, transporte, comunicaciones, recreación, todos han de ser accesibles al máximo posible de la población, y a costos acordes con los ingresos salariales. La mayor parte de estos servicios son provistos por empresas estatales, con un lamentable deficiente funcionamiento, según indicadores ampliamente aceptados.

  Es importante tener presente que en cada sector, existen las carreras, las trayectorias. No todos los que laboran son portadores de las mismas experiencias, competencias, conocimientos. Hay heterogeneidades, que resultan especialmente de los años de formación, de los de dedicación a la actividad y también de la contribución al logro de los objetivos de esas organizaciones. Estos factores son los que explican las clasificaciones, tabuladores y jerarquías que existan. Por tanto en las remuneraciones y responsabilidades han de reflejarse. Han de ser diferenciales en los ingresos que sean sustentables y consensuados. Lo primero para que se puedan mantener y materializar en el tiempo; lo segundo, para que quienes laboran tengan identidad con la carrera que predomina en esa organización, que se aprecie su justeza.

  Es importante que las carreras sean visualizadas con transparencia, tanto desde adentro como fuera de las organizaciones, dado que los jóvenes que están en procesos formativos de profesiones tengan un mayor estímulo en aquello que han escogido para su carrera profesional o técnica; y que su desempeño ofrece igualdad de oportunidades de inserción, estadía y crecimiento. Igual para aquellos que cambian de carrera o sector, por razones de movilidad geográfica u ocupacional.

  Cuando el memorando que comentamos - No. 2793 del MPPPST- pretende “evaluar, monitorear y acompañar el proceso de negociación de las Convenciones Colectivas de Trabajo, así como aquellas que se encuentren suscritas”, está planteando una pretensión compleja. Incluso lo es para los actores laborales que han venido construyendo sus clasificaciones, tabuladores y escalas. Por supuesto, no se afirma que  las mismas estén libres de la necesidad de revisiones y mejoramientos,  son procesos que se alteran por los mismos cambios en la organización y el proceso del trabajo. De ahí sus revisiones.

  El papel del Estado en los temas salariales ha sido desatendido porque ha permitido que en el país el empobrecimiento haya alcanzado a un 87% de la población. Eso no lo resolverá obligando a que el salario mínimo sea aumentado unilateralmente en un momento dado, en una proporción del 5900%, cuando el país avanza hacia una inflación del millón anual.

  ¿Qué se espera de un gobierno para una verdadera protección de las remuneraciones y las convenciones colectivas?.

1-  Una política económica desvinculada de todo tipo de ideologías que impiden el desarrollo de las capacidades y fuerzas productivas.

2-  Una profesionalización en los órganos públicos que procesan y participan en las tomas de decisiones. Que el sectarismo sea puesto a un lado, y se escojan los mejores. Que haya verdadera carrera en esas instituciones.

3-  Que se restituya y mejoren los controles que son parte del balance de los poderes públicos. Que no haya poder que subordine a otro. Que rindan cuentas públicas ante los organismos de control, y que de la misma se deriven decisiones que impliquen reconocimientos, ajustes, remociones o sanciones, según sean las evaluaciones profesionales y públicas.

4-  La legislación que regula la relación laboral ha de ser concebida para todos los sectores que se señalaron al inicio, por tanto el decreto que hoy se tiene como tal, no guarda tal carácter. Su alto grado de pretensión reguladora ha invadido los espacios de los propios actores laborales. Conviene más bien, que se faciliten los procesos de negociaciones de los actores, que son quienes actúan y conocen sus realidades.

5-  Para apoyar lo anterior, es importante que la institucionalidad necesaria para el desenvolvimiento de las relaciones laborales sea creíble y respetada. El sectarismo, la partidización, la desprofesionalización, la ausencia de carreras, atentan contra eso.

6-  El gobierno, en particular aquellos entes del área laboral, deben procesar y publicar todos aquellos datos que los actores laborales requieren para sus relaciones y negociaciones. Empezando por los datos de los costos de vida en las distintas regiones, y de los diversos rubros, igual los datos de la distribución de los ingresos según las distintas categorías, de todas las remuneraciones, de las productividades de empresas, de las ramas. Se debe tener acceso a publicar desde los ingresos del Presidente de la República, salario y otros beneficios, hasta los niveles más bajos de las estructuras. Las únicas excepciones a la apertura deben ser aquellos datos que atentan contra el derecho a la privacidad de las personas y aquellos que son considerados relevantes para la seguridad nacional, como reza la Carta Internacional de Datos Abiertos.

7-   Que las autoridades aporten el procesamiento de los datos que recogen de la sociedad y que sean necesarios para las negociaciones y en general para el desarrollo de las relaciones laborales. Transparencia y claridad en la propia casa seguro nos hará una sociedad que genere mayor confianza, no más regresividad y controles.

MAS INTERVENCIONISMO LABORAL REGRESIVO

   Vamos a analizar algunos elementos que se vinculan con el Memorando - Circular No.2792, documento interno dirigido por Ministro del Poder Popular del Proceso Social del Trabajo a subalternos en el área de Derechos y Relaciones Laborales, desde la Viceministra y toda la cadena supervisora hasta los niveles operativos, además a los directores estatales del propio ministerio, inspectorías y procuradurías, en fin el área que constituye la columna vertebral de un ministerio del trabajo en cualquier país.

  Se ubica este memorando en el marco del llamado Programa de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica de la RBV. Dos meses después de su anuncio -17 agosto del 2018-, los indicadores económicos a pesar de cinco años de regresión siguen sin levantar vuelo. Analicemos en esta primera entrega, algunos elementos del contexto que llevan a criticar los supuestos de la política salarial del régimen.

1- En el 2013, la economía nacional no alcanzó siquiera un crecimiento del 1%, fue cuando entramos en recesión, y que luego  en los cinco años siguientes, 2014-2018, fue de continuado retroceso, al punto que hoy somos la economía del mundo que más se ha deprimido en el siglo que corre. 

  Lo anterior, un logro universal de los conductores del socialismo del siglo XXI, por ello cargan a cuestas la negativa fama del modelo, que hoy se le menciona en foros, debates y centros académicos como un milagro al revés, que luego de experimentar los efectos perniciosos del inusitado aumento de ingresos, el llamado síndrome holandés, no logran paralizar la pendiente y la catástrofe que han causado. Lo insólito es que con las mismas maneras de dirigir el país, particularmente su economía, proponen pomposamente recuperación, crecimiento y prosperidad económica. Creemos que lo único que cabe en la presente situación es emergencia y cambios radicales de orientación política, social y económica.

  En Latinoamérica y en muchos otros lugares del globo, en donde el régimen en su primera década invirtió mucho dinero en propaganda, además ya como no hay caja, los otrora “amigos” ven con pesar la conducción gubernamental en Venezuela, al menos dejaron de mencionarla como alternativa.  

  Por supuesto que con esta depresión los sectores que dependen de su trabajo para vivir, no tienen perspectivas de preservar su calidad de vida.

2- El memorando asume que con el nuevo salario mínimo establecido a partir del 1 de septiembre, en BS S 1.800, el gobierno no incurre en una actuación aislada, ya que el aumento es parte de “perseguir racionalizar la justa distribución de la riqueza”. Entonces, hemos de referirnos a la creación de riqueza. Esta se ha venido a menos con la continuada depresión económica, que da lugar a tener una economía que produce la mitad de lo que producía apenas hace seis años. Entonces lo que se distribuye es más pobreza que riqueza. 

Con una desigualdad, por un lado entre los niveles crematísticos, los militares, y todos los que tienen acceso a prebendas (comisiones, vehículos, bienes, divisas), que se financian con los impuestos de todos, el persistente endeudamiento y las cada vez menores exportaciones de petróleo, y por otro lado la amplia porción de la población trabajadora con ingresos cada vez más menguados por la hiperinflación.

  Recordemos que al establecerse el nuevo salario mínimo en BsS 1800, se acompañó de una devaluación que llevó el precio del dólar Dicom de 250.000 a 6.000.000 Bs F, para entonces la tasa predominante en el mercado negro. Con el nuevo cono monetario, al rebajarle cinco ceros, es igual BsS 60. 

  Pero resulta que en menos de dos meses el mercado negro hace que el dólar ya ronda los BsS 200. En nuestra economía cada vez está mas extendido el dólar como referente de nuestras adquisiciones. Nuestro consumo dolarizado, representa un alto porcentaje de bienes y servicios, ya se nos ha encarecido en más de tres veces. La hiperinflación destruye aceleradamente nuestros ingresos y obliga a liquidar activos para sobrevivir, y aquellos que tienen ingresos en divisas, también empezaron a experimentar la pérdida de poder adquisitivo.

  Una acreditada consultora, observa que “La aceleración del proceso hiperinflacionario ha provocado un ´encarecimiento en la vida en dólares´. Así, por ejemplo, en febrero era necesario recibir USD 156 para comprar la misma canasta de bienes que antes se compraban con USD 100. A medida que los niveles de inflación escalaron nuevas posiciones, esta remuneración tendría que haber ascendido hasta USD 935 en septiembre” (http://ecoanalitica.com/noticias/graficodelasemana-el-mito-de-pagar-en-dolares). 

3- El memorando introduce un viejo recurso del más rancio populismo, al abordar la política económica  y lo salarial, y referir la búsqueda de la  “justa distribución de la riqueza”, por la vía de aplanar los ingresos de los trabajadores asalariados. Se menciona “la existencia de grupos privilegiados entre trabajadores..”. Esta retórica apunta a justificar la eliminación de los normales diferenciales salariales, establecidos gradualmente en los convenios colectivos por los mismos procesos de negociaciones entre trabajadores y empresas. 

  Es un recurso muy rebuscado hablar de privilegios entre asalariados cubiertos por los mismos convenios colectivos. Lo que si se deja ver en estas propuestas del régimen es continuar minando los procesos de negociaciones colectivas, que efectivamente dan espacios para la participación de los trabajadores organizados en gremios y sindicatos, y sustituirlos por procesos interventores del gobierno, muy especialmente a travez de los funcionarios, generalmente partidistas, del despacho laboral. Del citado memorando, hay otros elementos que en próximo artículo ahondaremos.

  Muy razonable y esperanzador estar observando que trabajadores de las diversas actividades, regiones y orientaciones políticas, se han unido para reaccionar con abierto y amplio rechazo a estas pretensiones del régimen de seguir corrompiendo las instituciones de las relaciones laborales. 

hector.lucena@gmail.com

Palabras clave: intervencionismo estatal, relaciones laborales, salarios, depresión económica, dolarización.

  

   

   

LA PERDIDA DEL CAPITAL HUMANO

  Toda persona que se ofrece al mercado laboral es portadora de un capital, que consiste en su actitud y voluntad de trabajo, además su experiencia, formación, calificación, saberes; hablamos entonces de capital humano. Puede que el cargo que consiga en una determinada oportunidad no permita que todo su aporte sea aprovechado, pero ya eso estará relacionado con lo que demande el empleador y con el ambiente organizacional que reine en ese espacio laboral.

  Las intenciones de eliminar, restringir o achatar los tabuladores, es equivalente a atentar contra las carreras laborales que se han construido en los diversos espacios productivos con los aportes de las empresas, de los trabajadores y aquellas instituciones que apoyan la formación y capacitación. Se puede considerar que se trata de un capítulo más de la restricción del desarrollo del capital humano en el país. Hay que señalar que los diferenciales establecidos en los tabuladores y en carreras, al menos por los convenios colectivos, no se caracterizan por ser muy altos, se han venido achatando. 

  En este orden de atentar contra el capital humano, no es posible dejar de mencionar el fenómeno insólito del despido de más de 20 mil trabajadores con un promedio de 15 años de experiencia c/u en la actividad petrolera, la fuente principal del sustento de los venezolanos, más de la mitad del total del personal de la empresa estatal Pdvsa, y en algunas áreas especializadas hubo un vaciamiento casi total. 

  A partir de ahí, el capital humano verdaderamente dejó de ser una categoría de valor en la conducción de la revolución. Luego se ha visto gradualmente la castración de ese capital en otros sectores importantes de la actividad productiva, como el eléctrico, siderúrgico, y empresas básicas en general, así como restricciones a entidades de servicios, formación y centros de investigación. Igual ocurre con todo aquello que cae en manos de esta concepción, que no concilia con ver a los trabajadores como el capital humano de la nación, y que la palabra meritocracia es percibida negativamente. 

  Tanto los trabajadores como las empresas en los marcos construidos por las relaciones de trabajo o relaciones laborales, han configurado los mercados laborales internos que es generalmente la primera fuente a la cual se recurre para llenar las vacantes por creación de nuevos cargos, por la sustitución de otro trabajador sea por haberse ido o por los ascensos y promociones de los titulares. Entendido que  en todo centro de trabajo hay un mercado interno, y que también existe una movilidad laboral de entrada y salida, todo ello inserto en un ámbito mayor que son los mercados laborales externos.

  Los mercados laborales más inmediatos para los trabajadores son los internos, ya que al estar dentro de una organización productiva se abre la posibilidad de una carrera. En tiempos de abundante empleo, los trabajadores tienden a rotar de una empresa a otra, porque en general los cambios traen algunas ventajas, casi siempre económicas, pero igual puede ser de tiempo de trabajo, de localización y distancia, de ambiente humano, de aprendizaje. Pero en nuestro país hace años que no se ha producido un crecimiento estable para que se haya producido un crecimiento sostenido del empleo productivo, de ahí que se ve con mayor atención las alternativas de los mercados internos.

  Si bien en estos años de la llamada revolución, desde las políticas públicas se ha tendido  a rigidizar el mercado laboral con las reiteradas regulaciones de inamovilidad, sólo que funcionando con un doble rasero. Era efectiva en los empleos del sector privado, sometidos al escrutinio y a las inspecciones, pero no en los estatales, en donde la exclusión empezaba desde las mismas condiciones y requisitos para el ingreso, y luego, ya empleado, el sometimiento a exigencias ajenas al trabajo, determinaban la permanencia. 

  Por supuesto que no es dable hablar de mercados en los términos de la teoría neoclásica, pero igual tampoco en los de la institucionalista, porque supuestamente las regulaciones y los acuerdos contractuales se sustentaban en el derecho al trabajo, y la permanencia en el cumplimiento de las obligaciones que impone el contrato de trabajo; pero el modo de dirigir las organizaciones con preeminencia de los intereses ideológicos del partido gobernante, erosionó estos valores en los empleos del mayor empleador.

  La brutal caída de los salarios y el desmejoramiento general de las condiciones de trabajo visto en los últimos cinco años, pudo más que las pretendidas fidelidades obligadas a servir al ideario revolucionario, y es por lo que del sector estatal se ha producido una estampida de personas que ven con impotencia la destrucción de las organizaciones, y con ellos el derrumbe de sus empleos. ¿Y hacia donde se dirigen? La mayor parte hacia otros países, y en menor proporción hacia los mercados laborales locales. De los primeros, ya se menciona la salida precipitada de cerca de tres millones de venezolanos, huyendo de la falta de oportunidades en los mercados laborales, o si se consiguen empleos, no permiten una vida digna. 

  Ante una situación como esta, el régimen recurre a eliminar o quitarles contenidos a las carreras laborales, y ya no solo en donde es el patrono directo, que ya es bastante gente involucrada, sino en el conjunto del mercado laboral nacional. 

  Finalizando, dada la deficiente atención gubernamental a las instituciones que juegan un papel importante en la formación y sostenimiento del capital humano, como son las empresas, las universidades, las organizaciones gremiales y sindicales, los centros de formación profesional y entrenamiento, de investigación y desarrollo, el país sigue perdiendo tan importante recurso como es el capital humano. 

CONSECUENCIAS LABORALES DEL PAQUETE EN PRECIOS Y SALARIOS

  Entre las preocupaciones y manifestaciones más sentidas entre los trabajadores, luego del anunciado paquete de medidas Programa de Recuperación Económica, Crecimiento y Prosperidad, llamado en la media como el paquete rojo, tenemos la repercusión en los precios y salarios.

¿Que ha ocurrido sobre esos particulares? Para Agosto la inflación diaria alcanzó el 4%, la mensual el 223% y 200.005%  la interanual, según los cálculos de la Asamblea Nacional. Salarios pulverizados. El valor del trabajo ha venido disminuyendo a niveles tales, que en muchos empleos los trabajadores los dejan voluntariamente por lo bajo de sus ingresos, más  las dificultades para movilizarse y la necesidad de invertir tiempo y esfuerzos para conseguir los alimentos y productos básicos en el hogar.

  Si bien en el paquete gubernamental se incrementó el salario mínimo en un 5.900%, lo que produjo cierta sorpresa, ya que dio realmente un pronunciado salto, de hecho, en las pequeñas empresas muchas de ellas aún no se han repuesto. 

  Sigue persistiendo la unilateralidad del ejecutivo en las decisiones que dan lugar a los incremento salariales del mínimo, sin que se asomara algún intercambio con las organizaciones de los trabajadores y de los empresarios, además por las caras de los miembros del gabinete ministerial en esa alocución del viernes 17 de agosto, tal parecía que también les resultaba sorpresivo. A los primeros, ya se ha hecho habitual que se les excluyera de las consultas relacionadas con la revisión de los salarios mínimos, pero en esta ocasión se trataba mucho más que ello, ya que lo anunciado era todo un plan de ajuste. 

  Hay que admitir que para los niveles de inflación acumulados en el lapso hiperinflacionario - 200.005% interanual -, desde fines del pasado año 2017, no obstante las consecuentes revisiones del mínimo salarial trimestral o hasta bimensual, no se ha logrado mantener su poder adquisitivo. Incluso este último aumento del 5.900%, con la subida de precios ocurridos con su solo anuncio, antes de la vigencia, no ha aliviado la situación de precariedad de los trabajadores asalariados que ganan el mínimo o poco más, es por que apenas transcurrido un mes de su anuncio, este incremento ha perdido un 50% de su capacidad de compra “El bolívar soberano perdió la mitad de su valor en 19 días”, señaló el economista Steve Hanke (El Universal, 20-9-18). 

  Pero este aumento del salario mínimo en un 5.900% vino acompañado de varios aditivos que han levantado una polvareda en los sectores laborales. De ellos se destaca, el que tiende a agregar mayor número de personas percibiendo sólo el salario mínimo. En el sector público incluso se pretende establecer una tabla única de salarios, con un extremo achatamiento de las escalas y tabuladores, que históricamente provienen de procesos sostenidos de negociaciones y evaluaciones para establecer las carreras en cada cargo, ocupación, de los diversos sectores que integran las funciones estatales. Por supuesto que igual consecuencia del achatamiento, pero en magnitud menor, se aprecia en los tabuladores del sector privado.

  Estos diferenciales que en nuestros sistemas de remuneraciones se han venido achatando sostenidamente en el sector público a lo largo de los últimos veinte años, han llegado al grado que ahora son solamente simbólicos por las minúsculas diferencias de remuneraciones entre una categoría y otra, que en modo alguno guardan relación con las distintas responsabilidades y exigencias que se integran y complejizan a lo largo del ejercicio laboral, y que van justificando el avance en ese tabulador a lo largo del tiempo y del esfuerzo formativo. Todo ello en el fondo  es un reconocimiento a las carreras de todo tipo,  sean las sustentadas en el puro ejercicio práctico o las que exigen a priori una formación media o superior. 

  Otra amenaza incluida en las pretensiones gubernamentales es pretender que el aumento de este salario mínimo, de una vez absorba un conjunto de ingresos que están asociados con dimensiones diversas del trabajador y su ejecución laboral, sea por producción, productividad, calidad, por riesgos, por conocimiento, por carga y responsabilidades familiares, por transporte, comida, entre las más comunes. Planteando que ellas pasarán a ser parte del salario y no permitir su existencia autónoma en los convenios colectivos o en los esquemas  de remuneraciones. Por supuesto que estas pretensiones de erradicar de un plumazo o socavar una política laboral  de remuneraciones de sostenida construcción bilateral, encuentra la resistencia de los actores laborales, más decididamente por supuesto de parte de los trabajadores y sus organizaciones, que serían los más perjudicados.

27-09-18

AUMENTO SALARIO MINIMO DECRETO EJECUTIVO Y AUMENTO CONTRACTUAL

EY: nos hizo un planteamiento, en sus propias palabras.. 

" Si tengo el aumento al salario mínimo decretado por el jefe de estado a partir del primero (1) de Septiembre y a su vez un aumento de 40%  a partir de la misma fecha por convención colectiva ¿cual aplica primero?. "

Le respondimos lo siguiente..

Bien importante el asunto para la acción inmediata, y confío que habrá oportunidad para que el intercambio que planteas, se analice y aborde. Sin embargo, no puede uno que le importa como funcionan las Relaciones Laborales, dejar de mencionar lo siguiente.

La falta de consultas previas en importantes desiciones que tienen repercusión laboral general, han de ser tomadas por los actores Sindicatos, Empresarios y Estado, así reza en los convenios de la OIT ratificados por Venezuela sobre la Consulta Tripartita y el Diálogo Social, y por tanto es de obligación tenerlos presente para el funcionamiento de las Relaciones Laborales en el país. De no hacerlo, traen lugar a situaciones que bien pudieran haberse previsto dado los intereses de los afectados, tanto en esta consulta, como también, no olvidar, en lo propio de un estado de derecho que implica la participación de la discusión parlamentaria de estos asuntos del interés nacional, lo cual agrega otra instancia de análisis, precisiones y consideraciones. 

Tradicionalmente los aumentos de salarios mínimos como resultante de la negociación tripartita preveían estas situaciones. Entonces, cuando los aumentos contractuales ocurrían en un determinado lapso antes o después de este nuevo mínimo, pero que llevaban el mínimo por debajo del decreto, entonces se imponía este último por ser mayor.

En cuanto al asunto puntual planteado, si tomamos el aumento contractual del 40%, ya que es un compromiso que viene de cuando fue negociado el vigente CC, es decir de antes del reciente Decreto, él llevaría el salario a un 40% más alto de lo que están previamente. 

  Pero en lo que hay que estar claro es que nunca alcanzarían el aumento del Decreto  del Ejecutivo que incrementa el salario mínimo general en un 5900%, que seguro no será en esa proporción en el caso de una empresa que tiene CC, ya que el salario mínimo en esas empresas será mucho mayor  de los Bs 3.000 mens. Entonces, al aplicarse el aumento del X % que corresponde a este caso, va a subir entonces el salario mínimo a BsS 1.800,00 mens. o 60 diarios.

CANASTA BASICA Y ALIMENTARIA, AGOSTO 2018

Su formación universitaria es en estudios de educación, pero se ha hecho conocido por su dedicación al seguimiento de la publicación mes a mes de la canasta básica y alimentaria. Acumula ya 40 años de dedicación al tema. Originalmente, en el Centro de Documentación y Análisis (Cenda). Luego se separa de este centro y funda su propio organismo para similares estudios y cuyo nombre es casi el mismo, Cendas, pero cambia de institución de adscripción ahora se vincula con la FVM, la conocida Federación Venezolana de Maestros, fundada a fines de los años treinta, y una de las las organizaciones sindicales de mayor antigüedad y reconocimiento en el país. Este Cendas-FVM, ya  alcanzó sus veinte años de vida. Hablamos de su director, Oscar Meza, quién con la publicación mensual del informe de los valores de la canasta alimentaria y de la básica, genera un alto rating al inicio de cada mes para conocer de su informe. Igualmente el antiguo Cenda, continúa publicando los datos de precios al consumidor.

 Durante un periodo los datos del Cenda y de Cendas-FVM eran contrastados por los seguidores de la información,  con los publicados por los organismos estatales a cargo de llevar las estadísticas nacionales, el INE y el BCV. Algunas recriminaciones y críticas de parte de autoridades oficiales intentaban descalificar los informes paralelos de estas entidades privadas, que respondían razonando los fundamentos de su metodología. Especialmente recriminador fue el director del INE, Elias Eljuri quién venía de la gestión universitaria al frente de la más antigua Facultad de Ciencias Económicas del país, la de UCV, por lo que inicialmente  ello le dió audiencia a sus cuestionamientos.

  Pero al final, hoy sobreviven los informes del Cenda y del Cendas-FVM, y son objeto de la atención de empresarios, trabajadores, los profesionales libres, de la academia, en tanto que desaparecieron los del INE y del BCV, con todo su obligación legal de brindarlos a la sociedad.

  ¿Como explicarlo? Pensamos que la misma realidad inflacionaria con su crudeza desmentía los informes oficiales, e incrementaba la incredulidad general en las informaciones gubernamentales. De ahí, que siendo un régimen que poco le importa desconocer sus propias obligaciones y no ha hecho caso a ningún otro ente estatal que haya intentado reclamárselo, como lo ha hecho la Asamblea Nacional, finalmente nos hemos quedado sin estas importantes estadísticas de obligación gubernamental. Sin embargo, este organismo parlamentario, no obstante sus penurias, por la limitación en la asignación de recursos que del presupuesto nacional han de asignárseles, tomó el sartén por el mango y desde el inicio del presente año ha venido presentado el índice inflacionario mes a mes.

  Hasta el 2015, el gobierno informaba a la sociedad de los datos de inflación, precios y canastas. En el 2016, sólo por informes que el gobierno presentó a un organismo multilateral fue la última vez que conocimos de su versión de la inflación, para entonces teníamos regularmente una inflación de tres y cuatro dígitos, y éramos cómodamente el país con la inflación más alta del mundo.

  Se ha afirmado de múltiples maneras, en todos los países y ocasiones históricas de alta inflación, que a quiénes más maltrata es a los trabajadores asalariados, que son dependientes laboralmente y tienen un ingreso fijo. Pero también maltrata a los empresarios que son obligados a vender a precios fijos, cuando sus insumos y factores de producción suben indiscriminadamente. La ortodoxa planificación centralizada recurre a controles, decretos, emergencias, inspecciones, sanciones, penalidades, encarcelamiento, pero el asunto se le escurre, y la inflación se une con la escasez y nos lleva al peor de los mundos para preservar la calidad de vida e incluso la misma sobrevivencia. Agreguemos que en las mismas trapisondas de la maraña burocrática, se desarrollan mecanismos que se aprovechan de hacer uso de los permisos, concesiones, alcabalas, censos, registros, carnets y todo un menú que nunca termina de dejar de crecer, todo desde el poder gubernamental le sirven para expoliar a los ciudadanos.

  En este mes de agosto hemos estado en shock, con el improvisado e insustentable paquete rojo, del cual tendremos un adelanto de sus consecuencias, cuando se nos informe de los valores de las canastas básicas y alimentaria, que siguen su ritmo ascendente pero que con toda seguridad agosto del 2018 será inolvidable para la historia de Venezuela. Atentos al informe de Cenda y Cendas-FVM, veremos como hasta el mismo aumento de 59 veces del salario mínimo o de 35 veces el ingreso mínimo, que cualquiera de ellos es un récord mundial de la improvisación, ya que se ignoran y/o subestiman las variables que mas pesan en la determinación de los precios que se incluyen en la canasta básica y la alimentaria.

CATASTROFE Y PAQUETE ROJO

En los últimos años hemos sido testigos de la peor catástrofe de la Venezuela petrolera, ningún país exportador de este bien tan preciado registra similar experiencia, salvo el caso de principios de los noventa en Irak e Irán, quienes se vieron envueltos en guerras destructivas de sus instalaciones petroleras y de otros bienes productivos. Pero Venezuela en años de paz y de bonanza petrolera ¿Cómo es que presentamos tan pobres registros económicos? Hemos perdido capacidad productiva, tenemos cinco años consecutivos de decrecimiento por lo que la economía venezolana sea hoy la mitad de lo que fue en 2012. Al mismo tiempo hemos perdido fuerza de trabajo en plena edad activa, preparada y formada, han partido cerca de 4 millones de personas que optaron por irse por encontrar en casa cerradas las opciones para su crecimiento profesional, personal y familiar. Estamos perdiendo el bono demográfico. Finalmente, con una hiperinflación  empobreciendo aceleradamente a casi toda la población, precios que se duplican en lapsos de cada dos o tres semanas, y con estimaciones de llegar a diciembre de 2018 con una inflación superior al millón por ciento.

  Con la descripción anterior, somos uno de los centros de la atención mundial. El caso más llamativo de como un país con tantas bondades dadas por la naturaleza, y que tuvo una evolución llamativa a lo largo de casi todo el siglo XX, del aprovechamiento de la riqueza petrolera para la modernización de sus estructuras sociales, políticas y económicas, convirtiéndose en una referencia a nivel regional, y que en estos últimos años haya caído por un tobogán del deterioro y de destrucción. 

  Por supuesto que esta evolución replantea las valoraciones con las cuales se ha juzgado nuestro devenir contemporáneo, ya que luego de etapas de crecimiento político, educativo y mejoramiento material, y pasar en tan corto tiempo, en perspectiva histórica, a descender a un estado de deterioro como el presente, obliga a reflexionar la consistencias que teníamos como sociedad y su desarrollo, e indagar qué factores ocultos y adversos subyacían bajo esa fachada de desarrollo y estabilidad. Todo ello es una deuda que tenemos que responder para nosotros mismos, los descendientes de hoy y los que vendrán mañana. 

  Quienes detentan el poder, hoy nos presentan un paquete de ajustes, reconociendo de súbito algunos fenómenos que negaban reiteradamente, como la paridad de Dólar Today, por largo tiempo señalada como gran culpable de nuestros males; también admitir el que se haya venido imprimiendo dinero inorgánico para cumplir compromisos; y por tanto, el que se administran las finanzas publicas abusando del déficit fiscal, que ha venido a formar parte regular del funcionamiento de las cuentas gubernamentales. 

  Por el lado salarial, se observa que con el anuncio de un nuevo mínimo mensual de BsF180 millones, que hoy con el nuevo cono monetario -elimina 5 ceros- equivalen a BsS 1.800, un incremento de 59 veces que traducido a la nueva paridad adoptada por el gobierno, equivale a $ 30 mensuales o $ 1 diario, monto reconocido internacionalmente como expresión de pobreza extrema. Es por ello que hoy nuestros registros de desigualdad y pobreza están mas bajos que en Haití, siendo por tanto los peores del continente americano. Apenas hace seis años, la propaganda oficial hacia gala orgullosa de estar entre los países con menor porcentaje de pobreza en América Latina. Cabe recordar que en la propaganda de la política salarial del régimen, estuvo mencionando que nuestro salarios eran los más altos del continente, ya que hacía la conversión con el extremo opuesto a Dolar Today, como era la exclusiva tarifa preferencial en la asignación de divisas, que por varios años era de 1 $ igual  BsF 10 resultando por tanto un salario mínimo por !encima de los $800! 

  Se comparte que la situación económica del país reclama un programa de ajustes, se está ante una manifiesta emergencia nacional. El país está parado. Lo que funciona ocurre por inercia. A quienes gobiernan, el país se les fue de las manos. No mostraron la capacidad de sostener el aparato productivo. Intentan proponer unas salidas, pero repitiendo los mismos principios, como es el totalitarismo, el cierre gradual y paulatino de los espacios y métodos democráticos, negar a quienes tienen visiones diferentes.  No se ven alternativas si se pretende resolver los problemas económicos de las actuales magnitudes con los mismos esquemas, métodos y personeros que nos llevaron a la presente catástrofe. 

  El paquete rojo luce como un plan para ahuyentar a más venezolanos a irse, o a seguir perdiendo las esperanzas. Sin embargo se vienen manifestando análisis y reflexiones que apuntan rápidamente a ir desmontando lo contradictorio de este paquete rojo, entre lo que dice resolver y las medidas que se anuncian, ademas de lo nada participativo de los procesos de consulta y diálogo, que la magnitud del problema exige. 

SOBREVIVENCIA ALIMENTA RENOVADAS PROTESTAS Y RECLAMOS LABORALES

Esta en pleno desarrollo una nueva ola de reclamos y protestas, en esta ocasión de predominio laboral, especialmente contra el patrono gobierno nacional. Es importante destacarlo, ya que tenemos en cuenta que la mayor parte de quienes integran las nóminas de las empresas y entes estatales han sido afines al gobierno, han ingresado bajo los criterios sectarios de las gerencias bolivarianas, pero gradualmente el descontento los ha venido separando, a pesar de haber estado sometidos a las exigencias partidistas del seguimiento acrítico de lo que el gobierno y su partido demandan, con resultados catastróficos para la población y el país.

  El centro de la presente ola de reclamos y protestas es el tema de ingresos para subsistir. Los trabajadores de otrora empresas de muy buenos convenios colectivos y beneficios económicos, como los petroleros, eléctricos, telefónicos, siderúrgicos y otras empresas de la zona de Guayana, hoy están entre los peor pagados de los asalariados del país, con convenios colectivos vencidos y evasivas patronales para su renovación, con el agravante que no hay a quién recurrir dado el desempeño parcializado de la administración del trabajo y la  justicia laboral. Igualmente estos trabajadores han sido testigos de una gerencia errática en la toma de decisiones, que ha contribuido a la destrucción de la capacidad productiva, así también que ven el ingreso a las nóminas de personal para no hacer nada productivo, o el nombramiento de gerentes que no conocen el sector, total improvisación por doquier de unas instalaciones que se han venido a menos.

  Igualmente protestan trabajadores de la salud y la educación, lo cual siempre ha sido más recurrente. En esta ola de protestas laborales destaca la de las enfermeras a nivel nacional, que ya pasan de cinco semanas continuas de protestas que incluyen marchas, concentraciones, pancartas, y aún el patrono gobierno sin responder a sus peticiones, que no son sólo las salariales sino aquellas del interés de la población en general, como es la dotación de insumos y equipos de los centros de salud. El patrono ignora la protesta de los trabajadores de la salud, sólo envía amenazas veladas de ser reemplazados por esquiroles. En ese sentido, anuncia con amplitud la llegada de más contingentes de personal de salud de la República de Cuba, que según se reporta pagados de gobierno a gobierno en dólares estadounidenses; y por otro, lado fomenta y exhorta a una formación acelerada e improvisada de contingentes de personas para sustituir a personal altamente profesional. 

  Durante el gobierno de Maduro han ocurrido dos importantes olas de protestas, pero es esta la de julio-agosto 2018 la que ha tenido mayor carácter laboral; y donde las consignas por salarios han tenido mayor visibilidad. En las protestas de 2014 y las de 2017 predominaban las consignas políticas, generalmente con limitada conexión con lo salarial. 

  El predominio del tema salarial explica que en estos reclamos y protestas no se las identifican como solos de oposición, como si las de 2014 y 2017, ya que el tema salarial amalgama a los trabajadores en general. Por supuesto que son protestas que exteriorizan oposición a la política económica del gobierno, por entenderse que de ellas derivan las consecuencias que han volatilizado los salarios y los ingresos laborales, creando un empobrecimiento alarmante que sobrepasa el 85% de la población (Encovi, 2018).  

  Hasta ahora se puede afirmar que las presentes protestas, si bien no atendidas por el gobierno en procesos de diálogo y de negociaciones, tampoco han sido reprimidas con la violación extrema y la rudeza de las ocurridas en el 2014 y 2017. Si bien, se registran algunos intentos de agresión utilizando a los paramilitares llamados colectivos, por ejemplo en la protesta del sector salud, pero sin poder lograr sus pretendidos objetivos, como era la disolución de las protestas. Por el contrario, se ratifica la firmeza de los huelguistas en preservar y mantener sus acciones, denunciando con mayores evidencias los métodos dictatoriales empleados desde el gobierno. 

  En el ámbito privado, muy a pesar de la caída abrupta de la producción con uso de un limitado porcentaje de la capacidad instalada, los trabajadores observan que la producción que se logra sacar al mercado, es objeto de continuas elevaciones de precios que no se traducen en un razonable traslado a los salarios del personal que saca esa producción. Hay empresas que suben los precios cada semana, pero no tocan los salarios. Resultando que el precio de la fuerza de trabajo lo establecen en relación al salario y al ingreso mínimo, es decir hoy 5.2 millones de Bolívares fuertes, cifra ridícula para los precios que predominan en el país, con una canasta básica que supera los 650 millones para el mes de junio 2018 (FVM-Cendas). Los sectores laborales privados sobreviven con ingresos que requieren ser revisados al menos mensualmente, y aún así siguen perdiendo beneficios porque la hiperinflación es devastadora para quien es asalariado. Se entiende que la lucha salarial es luchar contra las políticas que el gobierno ha implantado.

  A diferencia de las protestas anteriores (2014 y 2017), que incluso aquellas que provenían del ámbito laboral, como las que discutían los frentes sindicales y de gremios, existentes en el 2017 y creados en oposición a la inconstitucional convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, y que en consecuencia se manifestaron en llamados a acciones de protesta laboral, que en muchos sectores se tradujeron en paros nacionales de 24 y de 48 horas (Julio 2017), que finalmente fueron ahogadas al señalarles desde los órganos gubernamentales de inteligencia policial y militar, de actividades vinculadas con acciones insurreccionales como el asalto al Fuerte Paramacay -Valencia-, en los inicios de agosto del pasado año. Esta deliberada vinculación dió lugar a una escalada de represión contra dirigentes gremiales y sindicales, algunos apresados por varios meses y liberados  con régimen de presentación, a pesar que no se llegó a demostrar vinculación alguna con el asalto a la instalación militar. Lo que si evidentemente generó en ese momento fue un repliegue sindical y gremial, pero que recién despierta de nuevo con más y nuevos sectores laborales incorporados a la protesta por su justos reclamos.

Palabras clave: protestas y reclamos laborales, gobierno, salarios, hiperinflación, política económica 

DEMOCRACIA Y AUTORITARISMO EN LAS RELACIONES LABORALES

Nos tocó abrir reciente evento organizado por la Universidad de Carabobo, denominado “Las Relaciones Laborales Democráticas”. Hubo que empezar por destacar que RRLL (relaciones laborales) se conciben en primer lugar, por los reconocimientos entre los actores que participan de los procesos productivos, empresas y la representación de los trabajadores, vale decir sindicatos. Del Estado se espera que promueva y garantice tanto ese reconocimiento como el propósito del mismo, que es el intercambio regular entre los factores de producción para su desarrollo, y consecuentemente el acceso y participación en los resultados distributivos de la creación conjunta de riqueza. 

  Con ello  se plantea que las RRLL son consustanciales a los regímenes democráticos, es en ese marco que se desarrollan a plenitud en cuanto a sus contribuciones en los acuerdos para la producción, a la distribución de los beneficios, e incluso va mas lejos, como es promover medidas que favorezcan los procesos de reproducción de la fuerza de trabajo en el tiempo no productivo. Todo esto por la vía de las negociaciones y los acuerdos. Un marco efectivamente democrático apunta a corregir desviaciones derivados de los mayores poderes de un actor con respecto a otro. De lo contrario se van imponiendo una serie de restricciones derivadas de la desigualdad de poderes, pero principalmente del poder del capital o del Estado, lo que trae consigo restricciones y deformaciones de los propósitos de las RRLL. 

  Se reconoce y está entendido que tanto empresas como la representación de los trabajadores tienen intereses coincidentes y divergentes. En lo primero se destaca, el mantener la fuente de empleo y el desarrollo de los procesos productivos; y en lo segundo, el reparto de la riqueza producida entre ambos y la participación de cada factor; esto lleva al punto de tensión de las partes, por un lado el empresario en bajar los costos de producción, y del actor sindical en obtener salarios crecientes, todo ello obliga a negociar, concertar y administrar acuerdos. 

  En regímenes que se conducen por la imposición autoritaria de un modelo ideológico, para empezar el diálogo y la concertación mueren. A las RRLL se les restringe la capacidad que sus actores directos de la producción puedan desenvolverse en los propósitos que se han definido. Entonces ¿como hacer para que funcionen?  No existen, y si ya hay antecedentes de una etapa anterior, como es nuestro caso, esas RRLL van a ir perdiendo su capacidad de cumplir con sus objetivos. Es por lo que en regímenes como el soviético en su versión rusa y de los países satélites que constituían el bloque de Europa del Este, al igual que en Cuba, no funcionaron en los primeros ni han funcionado en esta última, sino la aplicación de un plan de desarrollo determinado por la planificación centralizada, la cual ha de ser ejecutada con el concurso de empresas y sindicatos. 

  Recordemos que la esencia de las escuelas que han estudiado a las RRLL surgen al final del siglo XIX, y se desarrollan en el XX. Para los tiempos de la redacción de El Capital -Marx- se daban solo manifestaciones de la resistencia obrera industrial, fue más tarde que la conflictividad y el antagonismo abrieron cauces para procesos de reconocimientos y acuerdos, como otra vía diferente a la dictadura del proletariado. Históricamente, las escuelas fundantes de las RRLL  provienen de los países capitalistas originarios desde fines del siglo XIX, luego de largos procesos de resistencia obrera que gradualmente fueron ganando su reconocimiento, no sin conflictos cruentos, tanto por parte de empresarios como de autoridades estatales.

  En Venezuela, este proceso de la formación de las RRLL surge a mediados del siglo XX,  y gradualmente fue acumulándose un patrimonio institucional que para fines del siglo mostraban unas relaciones con instituciones propias de un país en vías de desarrollo, que si bien en funcionamiento, no dejaban de reflejar el deficit que el mismo sistema democrático del país evidenciaba. Se expande con el impulso de las negociaciones colectivas en donde se evidencian las divergencias y las coincidencias. En tanto el régimen era plural y democrático se desarrollaron normalmente las negociaciones, por ello antes del período chavista, cada año se negociaban y firmaban más de un mil convenios colectivos, se llegó hasta dos mil en un año determinado. En el período chavista esto se ha venido a menos, a tal punto que han habido años con apenas un ciento de convenios negociados, a lo que se agregan las dificultades para su cumplimiento.

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 A todo lo anterior habría que añadir que el mundo de la empresa y el de la vida ciudadana permiten distintos ámbitos de democracia, ya que esta es mayor para el individuo como ciudadano que como trabajador, porque en el interior de la empresa hay restricciones al desenvolvimiento democrático, por las restricciones que  se derivan de la normativa de la producción. Se requiere de un contexto externo en la sociedad que haga prevalecer los derechos democráticos como fundamentos de las RRLL, por tanto, es mucho más viable su desarrollo, si la sociedad ejercita la democracia como valor político.

Palabras clave: democracia, autoritarismo, relaciones laborales, producción, distribución de beneficios

hectorlucena@blogspot.com 

hl_lucena

INVOLUCION INDUSTRIAL

 Venezuela experimenta un acelerado proceso de involución económica. Vamos a analizarlo en lo relativo al sector industrial, que no es la única actividad productiva que experimente involución, sólo que le damos continuidad a un artículo anterior “Valencia ¿ciudad industrial?”

  La industria está considerada como una de las palancas más efectivas para el desarrollo económico, por los efectos que transmite a otros sectores previos y posteriores al proceso de transformación que es propio a la industria. Referimos al primario y otras actividades del mismo secundario por ser proveedores de materias primas e insumos, y al terciario por la necesidad de llevar y liquidar lo producido en los mercados correspondientes.

  La industria contemporánea en Venezuela tiene una historia de ochenta años, si se considera que ella se inicia con la modernización experimentada de 1936 en adelante. Se trata de tiempos que en Venezuela se acepta como la verdadera entrada del país en el siglo XX. Algo tardío, pero que se pudo avanzar con cierta celeridad para recuperar el tiempo de rezago. Al momento que se inició la revolución bolivariana el país tenía seis décadas de construcción industrial.

  El inicio de la difusión de las ideas de la industrialización emergen con el cierre del ciclo gomecista. La muy limitada actividad industrial existente era marginal, nacida y desarrollada sin el apoyo estatal. Sólo con los primeros gobiernos post gomecista es que el Estado asume un papel protagónico en promover la modernización productiva del país. Un Estado que estaba recibiendo los beneficios de la explotación petrolera y disponía de medios materiales para iniciar la industrialización.

  Quienes asumieron la promoción industrial desde las políticas estatales sabían que quienes dominaban la economía criolla eran los productores del campo y los comerciantes, a su lado los industriales eran marginales. Se trataba de convencer a las elites económicas, que habían hecho su fortunas y acumulado poder por la tenencia y explotación de la tierra, así como por el comercio, pero que eran quienes más tenían capacidad de ahorro e inversión. Al mismo tiempo quienes habían gobernado hasta entonces no estaban imbuidos del pensamiento y la acción industrialista.

  La explotación y la tenencia de la riqueza del petróleo derivando recursos crecientes a las arcas públicas, y también a privados que se enriquecieron súbitamente con la danza de las concesiones petroleras, a ambos se les puso en las manos recursos que bien podían ser destinados a la actividad industrial, cierto que la mayor parte de los privados modernizados derivaron sus recursos más al comercio que a la industria. También es importante recordar que  la economía cafetalera que predominaba hasta mediados de los años veinte, drenaba sus excedentes para el comercio y la propiedad inmobiliaria, la industria no se benefició de la misma.

  Pero en los equipos de intelectuales y profesionales que accedieron a las funciones públicas, en un marco de predominio de las ideas keynesianas que ponía en el Estado un papel protagónico para el desarrollo económico, hicieron el esfuerzo de promover conceptualmente la importancia para que se tomaran medidas de política económica que le asignaran mayor relevancia a la industrialización como palanca del desarrollo.

  Lo que ya había empezado a ocurrir en Inglaterra en los finales del siglo XVIII, nosotros lo empezamos en el segundo tercio del siglo XX, siglo y medio más tarde, es decir nuestra revolución industrial.

  Además aquí bajo la influencia del petróleo, de su siembra como recién se empezó a hablar por ese tiempo, con el famoso artículo de Arturo Uslar Pietri, quien a la sazón era del tren ejecutivo tanto del gobierno de 1936-1941, como del siguiente 1941-1945. La idea de la siembra del petróleo se superponía con la del enclave petrolero, que era la dominante en el modelo de explotación del petróleo de entonces. Una manera de producir que sólo dejaba al país poseedor de la riqueza natural, los bajos salarios pagados, los bajos impuestos de entonces, y casi ninguna otra relación económica, como serían compras de productos y servicios, porque no teníamos mucho que ofrecerles. No había industria. Las mismas compañías que con los niveles de producción que mostraban desde la segunda década del siglo XX, no se habían atrevido a construir en nuestro territorio las plantas equivalentes para procesos de refinación, sino que más bien lo construyeron en otros espacios, como el caso de Curazao, donde comenzó a construirse refinería gigante en 1916 por la Royal Dutch Shell para procesar el petróleo venezolano en territorio neerlandés, que fue terminada en 1918.

  Por su parte la Lago Oil and Transport Company, propiedad de la Standard Oil of New Jersey (actual Exxon), fue inaugurada en 1929. En ese momento, las refinerías de petróleo de dicha empresa y sus instalaciones de almacenamiento eran las más grandes del mundo. Siguiendo sus pasos, la Refinería de Petróleo Eagle Oil abrió poco después. Típico comportamiento del modelo de enclave, que trasladaba a otros espacios bajo su control, en este caso colonias de los países de donde provenía el capital, tal es el caso de la Royal Dutch Shell, pero de la mayor  confianza de los inversionista de los EEUU, y no se invertía en el territorio en donde estaban los yacimientos. Finalmente los gobiernos venezolanos de 1945 en adelante comprometieron a las compañías de los EEUU y anglo holandesas a invertir en refinerías de la magnitud de la explotación que se venía haciendo en el país, un gran paso en pro de la industrialización del principal recurso económico del país. 

  Pero también para que hubiera industria, antes teníamos que transitar además del convencimiento de las elites que esa era la vía necesaria para modernización por encima de la tenencia de tierras y inmuebles, y que ello conlleva la construcción no solo de industrias propiamente sino la infraestructura material e institucional que acompaña toda industrialización. Esto nos ha llevado desde mediados de los años treinta a contar con una infraestructura industrial que vemos en estos años en deterioro acelerado, se trata de un esfuerzo de varias generaciones que se ha venido destruyendo, de no sólo de los inversionistas sino también de la población trabajadoras que ha laborado en el sector sea directa e indirectamente, así como en las empresas de apoyo y servicio industrial, lo cual hace a una proporción importante de quienes somos y vivimos en el país, ante esto ha de reaccionarse.

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Valencia ¿la ciudad industrial?

 Etiquetas: BrownfieldsDesindustrializaciónGreenfieldsIndustriaInversiones Empresas cerradasValencia

 Valencia, y el Estado Carabobo en general, fue el que más inversiones recibió en todo el país a lo largo de los años sesenta, setenta y ochenta, para ser destinadas a la instalación de empresas manufactureras, en el modelo de la denominada Industrialización por Sustitución de Importaciones -ISI-, modelo que permitió la instalación y desarrollo de unas miles de empresas industriales, pero que en los últimos veinte años han experimentado limitaciones en su evolución. Cierto que algunas ramas particulares con anterioridad, habían también exteriorizado limitaciones en aquellos procesos que dieron lugar a aperturas comerciales, dado las políticas aplicadas por el gobierno nacional.  A su vez se trata de empresas que experimentan baja de producción, situación generalizada en la economía venezolana, pero más agudizada en el sector industrial. 

  Pero tanto Valencia como otros centros manufactureros del país, experimentan la misma situación de estancamiento y parálisis de muchas empresas. No se trata que hayan surgido otros polos de desarrollo que hayan sustituido a Valencia y sus alrededores, es más bien que la industria manufacturera ha sido minimizada por las importaciones y por los efectos de las continuas políticas económicas de sesgos desindustrializantes. 

  Hay países que la orientación de su desarrollo dió lugar a la sustitución de los polos originarios por otros nuevos. Los anglosajones llaman a los nuevos polos los greenfields, son aquellas inversiones que se realizan en nuevos lugares con menor tradición industrial, generalmente más de tradición agrícola y pecuaria, pero que atraen a nuevos y viejos inversionistas, que pretenden sustituir a aquellas empresas que se instalaron en el inicio de la industrialización en los lugares tradicionales, que son los llamados brownfields; ubicadas en sitios urbanos que ya habían empezado a tener dificultades y restricciones en la relación con las comunidades que se fueron instalando  en sus alrededores, ya sea por el uso del medio ambiente, densamente urbanizados, y por la emergencia de nuevas normas establecidas por gobiernos nacionales y locales en cuanto a estos aspectos. 

 En Venezuela no ha pasado esto, primero porque antes de las inversiones industriales que se ubicaron en el Estado Carabobo, no había nada parecido en la infraestructura de la historia productiva del país. Es decir para los años sesenta y setenta, las inversiones manufactureras instaladas en Carabobo no era lo identificado como los greenfields de los estados del sur de los EEUU o los del norte de Inglaterra. Unas pocas industrias si salieron de la capital, de aquellas pioneras de la manufactura en Venezuela, instaladas en los años cuarenta, como el caso de la General Motors, y que se vinieron al centro del país, aprovechando las facilidades y atractivos que las autoridades locales ofrecían. 

  Es importante recordar que las autoridades y las fuerzas vivas de Valencia competían especialmente con las de Barquisimeto, que hacía otros esfuerzos por captar los recursos y la venia de las autoridades nacionales de entonces para convertirse también en ciudad industrial. Se recordaba en un foro reciente que organizó la Universidad de Carabobo sobre la ciudad y el trabajo, que haberle dado el nombre de Henry Ford a una de las avenidas más importantes de la zona industrial, significaba un reconocimiento y agradecimiento a esta importante  corporación transnacional del automóvil, porque en fecha temprana de este proceso de instalación de industrias, escogió uno de los espacios claves de esa zona industrial, que aún era en ese momento un plano sobre un espacio que se empezaba a desarrollar. 

  En Valencia y otras poblaciones cercanas, se diseñaron espacios para que se instalaran las empresas industriales, incluso con marcada diferenciación con lo que caracteriza a los espacios urbanos. Fueron espacios diseñados exclusivamente para el trabajo industrial, incluso son áridos y hostiles para las personas, no se diseñaron espacios para ellas. Todo está en función de las industrias, por ello las buenas vías de comunicación, con agua y energía abundante y barata, aeropuerto para vuelos nacionales e internacionales en la propia zona industrial, exoneraciones de cargas tributarias locales,  además con cercanía a un puerto importante -Puerto Cabello-,apenas a 40 kms., la ciudad con bien dotados centros de formación de recursos humanos en los niveles de operarios, técnicos y profesionales, y ya para el inicio de la industrialización Valencia era una ciudad que tenía una importante población, pero con estos factores a favor se constituyó en una metrópoli que atrajo grandes cantidades de inmigrantes e incluso se desplazaron hacia ella de otros estados del país. 

  En la zona industrial de Valencia y sus alrededores lo que predomina hoy son instalaciones, galpones, espacios abiertos, pero con muy poca vida industrial, ya que su maquinaria está mayormente paralizada. No es un hallazgo afirmarlo. Los que habitamos en la ciudad y sus alrededores, vemos el poco movimiento de personas, de vehículos de pasajeros y de carga, en los alrededores de estas instalaciones. Algunos espacios productivos ya habían sido remodelados para adecuarlos para alquilarlos como depósitos a importaciones. Otros absolutamente cerrados. 

No hay duda que lo visto en la ciudad y  en el país, es un reflejo de la perdida de la brújula en cuanto a industria, por no reconocer la importancia y significado de lo que ella representa  como palanca del desarrollo. 

hectorlucena.blogspot.com

SERVICIOS PUBLICOS: DETERIORO, GESTIÓN Y CONTROL

  De las distintas funciones del Estado venezolano, la de prestador y/o regulador de los servicios públicos es de las que genera mayores insatisfacciones y rechazo por parte de los usuarios. Sea la seguridad, el agua potable, la electricidad, el transporte, la educación, la salud, el de suministros y logísticas para provisión de alimentos y medicamentos, las comunicaciones, el internet, en todos predomina el deterioro. 

  Se trata del deterioro de lo que encontró la revolución al momento de sus inicios. En estos servicios ha habido necesariamente inversiones públicas, pero sin que de manera equivalente se traduzcan en su mejora. En cuanto a ampliación de infraestructura, muchas de las inversiones han sido sin mayores resultados, sea por retraso, por quedar inconclusas, o por fallas de construcción - caso central hidroeléctrica de Tocoma, por ejemplo, casi terminada pero con fallas graves de construcción-, o en cuanto aquellas no concluidas, una de las más costosas es la red ferroviaria que ha quedado a medias, como pueden verse parcialmente  algunos tramos, estaciones y túneles, en los Estados Carabobo, Aragua, Guárico. 

  El mal uso de los recursos públicos en la gestión de las entidades que prestan estos servicios, la falta de mantenimiento y del cuido de instalaciones, todo a la larga se traduce en que los ciudadanos no reciban la atención y servicio a los cuales tienen derecho, sea por elementales derechos humanos -agua, salud, educación, seguridad-,  por razones legales o porque los pagan, y generalmente en condiciones de ser prestados monopólicamente, sin opción alguna a recurrir a otro prestador.

  Resultado de contrataciones erráticas, tenemos obras inconclusas, otras mal realizadas y una    cuantiosa pérdida de recursos públicos. En condiciones de cumplimiento de la constitución nacional vigente, tendríamos las interpelaciones e investigaciones parlamentarias a que hubiera lugar con impactos en la disciplina de los gestores, así como alcanzar un ejercicio autónomo de los poderes, llamados morales, como la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, igual deformación se observa en el Poder Judicial, cuya subordinación al Ejecutivo hace que dé la espalda a los ciudadanos, y más bien convalida que el Ejecutivo atente contra las voces críticas y disidentes, que ejercen su legítima protesta reclamando a los gestores por servicios públicos eficientes.

  Está demostrado históricamente que una alta concentración de poder, da licencia para el mal uso de los recursos, igual ocurre con la acentuación de los personalismos, y más aún con la no rendición de cuentas. Licencia amplia para las desviaciones éticas. Solo cuando un funcionario de alto nivel da señales de inconformidad, o más aún de disidencia, es cuando si empiezan a aparecer las malversaciones, como recientemente ha venido ocurriendo con el alto dirigente Rafael Ramirez, ex vicepresidente económico, ex ministro de Energía y Minas, de Petróleo y ex presidente de Pdvsa, que recién es cuando desde las instancias de control subordinada al Ejecutivo, se ha empezado a hacer observaciones que eran del conocimiento público desde años; con investigaciones recién empezó sus funciones la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional electa en diciembre del 2015.

  La sociedad conoce del uso indebido de los recursos públicos, y se hacen denuncias, aunque predominando las informales, no deja de haber temores para hacerlas formalmente. Entre las informales, tenemos los programas de radio que abren sus micrófonos a la audiencia o leen mensajes de redes sociales, y  esta última es la más frecuente, expuesta por el mismo usuario o retuiteando alguna queja con la cual se identifica el ciudadano, porque le ha ocurrido algo parecido, o porque ha visto el problema. De aquí que por redes sociales se exponen diariamente miles de quejas de los servicios públicos, pero evidentemente que son mucho menos aquellas denuncias que se formulan formalmente por escrito, ante la instancia que corresponda. Creemos hace falta más organización ciudadana y confianza en estos procedimientos, de alguna manera es un reflejo de deficit de ciudadanía.  La sociedad exterioriza una posición ambigua en cuanto a reconocer que se tiene el poder suficiente, para hacer que quienes gobiernan hagan buen uso de los recursos públicos. Encuestas recientes así lo indican.

  Que hoy tengamos apagones prolongados  y frecuentes, que no tengamos agua potable regularmente, ni hospitales y centros educativos equipados, suficientes alimentos y medicinas, transporte público y buenas vías de comunicaciones, el más alto índice mundial de homicidios, la más alta inflación del planeta,  así como carencia de una eficiente telefonía e internet, todo ello da lugar al rechazo del modelo de desarrollo político y económico que dirige este estado de cosas, ya que su permanencia le niega a la sociedad el goce de sus derechos y servicios públicos. Para terminar, el modelo da pasos en discriminar en el acceso a estos servicios esenciales, dándolos sólo a aquellos que comulguen con su  sostenimiento en el poder, como se puede ver en el caso de ciertos alimentos -bolsas Clap-.    

   

hector.lucena@gmail.com

TRABAJO BARATO QUE NO PERMITE CUBRIR SU ALIMENTACION

La esclavitud dejó de ser fuente de producción porque al hombre libre, no había que alimentarlo y darle techo. Igual la servidumbre también desapareció porque ese mismo hombre, pero libre, podía producir más y mejor. Hoy, el bajo precio de la fuerza laboral, lleva gradualmente al abandono de el trabajo. Nos preguntamos y ¿A cambio de qué? no está del todo claro, pero hay que mencionar las políticas asistencialistas, el reparto de la renta, sea con esquemas del tipo de renta de ciudadanía o desordenados planes donde drenan recursos a clientelas de quienes gobiernan, el incremento de actividades no laborales pero que dejan un ingreso, se pueden ver en el ancho espectro de la informalidad. Cierto que algunas conllevan pesadas cargas de desgaste y en otras es todo lo contrario.

  La paradoja de que Venezuela tenga en este momento el recurso humano más barato del mundo, al tiempo que desde el régimen reiteradamente se vocea que tenemos los marcos regulatorios y los programas de mayor avance social, como la Constitución Bolivariana,  el decreto de la legislación laboral, la de seguridad social y todos los programas de apoyo social, todo esto da lugar a considerar una vez más, que lo laboral no es independiente de las grandes decisiones políticas y económicas. De tal manera que si en estas dimensiones la sociedad no está dirigida de manera consistente y responsable, olvidémonos de poder brindar a su población empleos con remuneración justa, así como productos y servicios accesibles, suficientes y de calidad.

  La situación que se tiene en el país, que no hay empleos suficientes, ni tampoco bien remunerados, y con lo poco que se gana, no alcanza para una alimentación con los mínimos calóricos. No son pocos los casos de personas que desatienden sus trabajos por no disponer de su medio de transporte, y al recurrir al servicio público se encuentran con que está a punto de colapsar, por las mismas razones que los vehículos privados los de servicio público, sea de escasez de piezas  y/o de elementos para su mantenimiento. Además se agrega la incapacidad de pagar los precios de los pasajes, por un lado lo que representa para tan bajos salarios, como las limitaciones de disponer de dinero en efectivo. Queda a  salvo los casos de los servicios de transporte prestados por el Estado, si bien tienen tarifas solidarias, pero generalmente con un alcance muy limitado.

A todo lo anterior, se agrega el costo de la alimentación necesaria a lo largo de la jornada laboral. Tanto el transporte como la alimentación ha dado lugar a impactos en la jornada laboral. El pasado año, voceros de los gremios empresariales reportaron que el ausentismo se había recuperado en aquellos casos donde existen comedores, pero este año volvió a subir, dado el problema de trasladarse al centro de trabajo, a salvo quedan aquellas empresas que proveen transporte. Igualmente se reportan jornadas más reducidas, especialmente en los entes estatales, incluso en algunos casos asumidos sin tener que ver con convenios formales entre el ente y los  sindicatos. Total, serios obstáculos para el desarrollo de la actividad productiva, y paliar la escasez extrema, así como para estirar el máximo posible el magro ingreso de los trabajadores.

  Por su parte la política oficial de apoyo social ha devenido casi exclusivamente en la provisión de las bolsas Clap, privilegiando a quienes se someten a la exigencia de disponer del carnet de la patria. Por tanto el trabajador obligado por la necesidad, acosado por las penurias, acepta las condiciones que impone el gobierno. Dejando de lado el principio con el cual inicia el art. 3 -CRBV-“El Estado tiene como fines esenciales la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular, la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo..”.

  Tenemos un salario mínimo, e incluso un ingreso mínimo al agregar el bono de alimentación, que es tan bajo que  atenta contra la dignidad de la persona y le impide lo más elemental,  alimentarse a quién lo devenga. Trabajo barato que no permite cubrir ni siquiera su alimentación.