Las elecciones de un sindicato determinado
se han convertido en un hecho llamativo y extraordinario; si se toma en cuenta
que es una exigencia reglamentaria que ha de ser realizada cada dos años, es
entonces un hecho ordinario que forma parte de la normalidad de las
organizaciones de los trabajadores.
Pero la realidad
que vivimos hace de las elecciones
sindicales un fenómeno que trasciende a la organización sindical y a la
empresa en donde funciona, y se
convierte en un fenómeno de
interés regional y hasta nacional.
Esto tiene que
ver en primer lugar con los tiempos electorales que vivimos. Pero las
explicaciones hay que llevarlas un poco más allá. Véase que las elecciones del sindicato
de trabajadores de Alcasa ocurrieron a más de un año de distancia (agosto 2011)
de las próximas elecciones
presidenciales, y también captaron
la atención regional y nacional. Esto nos lleva a otra explicación, que refiere
al caso Guayana. Es decir que las elecciones sindicales en esta región, agregan
un interés particular que las lleva a convertirse en asuntos de atención
nacional.
¿Que ofrecen las
elecciones sindicales de Guayana para convertirse en tema de interés nacional?
Se trata del asiento de un conglomerado de empresas básicas en energía, en
extracción y procesamiento de minerales y otros elementos importantes para el
desarrollo, que han sido objeto de
una serie de ensayos impuestos por el Ejecutivo en sus esquemas de
funcionamiento. Y que dichos ensayos han sido controversiales y han alimentado
polémicas sobre su racionalidad, propósitos y resultados.
Por lo expuesto
en los dos párrafos anteriores, las elecciones en estas empresas representan un
test o prueba para no sólo lo electoral sindical nacional y regional, sino
también para juzgar los experimentos impuestos por el Ejecutivo en el
funcionamiento empresarial estatal. Así que puede considerarse que con las
elecciones sindicales se juzgan los ensayos sobre control obrero, consejos de
trabajadores, producción social. Y por consiguiente se juzgan los procesos
intervencionistas en la vida sindical que acompañan estas experiencias, que dan
lugar a que los directores
–patronos- de las empresas
activen abiertamente en los asuntos internos sindicales.
El
intervencionismo patronal en los asuntos internos sindicales no es nuevo, y
mucho menos en las contiendas electorales, pero cuando son empresas de la Nación, el interés de quienes las
dirigen al inclinarse por algunas de las proposiciones electorales, y hacerlo
con los recursos que da ser patrono, resulta más criticable que la ocurrencia
de estas mismas experiencias en empresas privadas, ya que en este caso al menos
los afectados del lado sindical tienen la opción real de recurrir al el árbitro
estatal para denunciar las anomalías intervencionistas.
El estado es
regulador y por tanto a él se recurre para dirimir las controversias que son
usuales en las relaciones de trabajo, y que aún más emergen en los procesos
electorales, pero si se hace un
participante más en la contienda electoral, pierde su naturaleza arbitral, credibilidad, y hasta se le pierde el respeto, para ejercer la función de regulador. Se requiere una
madurez en el ejercicio de las funciones públicas, de gobierno, que aún no
alcanzamos.
Agregaríamos en
los dos recientes procesos electorales de empresas básicas de Guayana se
observaban situaciones de acciones de presión y hasta de criminalización a
organizaciones y dirigentes participantes en la contienda. En el caso de Carbonorca, hasta se les impidió judicialmente
hacer sus elecciones, no obstante la Comisión Electoral de esta organización
sindical autorizó su realización, encarando posturas comprometidas que
colocaban al patrono apelando a todo tipo de recursos para impedirlas.
El caso del
sindicato de los trabajadores de Ferrominera, era algo más complejo. Por un
lado el segundo sindicato en afiliados entre las empresas básicas de la región,
con cerca de seis mil afiliados, y lo que ello representa en la comunidad. Lo
segundo se trata de la participación de un dirigente emblemático –Rubén
González- en lo más severo de la
criminalización de la acción sindical, que por su propia condición de
Secretario General estuvo al frente de acciones sindicales reclamando la aplicación
del convenio colectivo, y sólo por ello estuvo preso 17 meses, y enfrenta un
juicio que lo condena a siete y
medio año de presión. Su juicio fue reabierto en Caracas ubicada a ochocientos
kilómetros de su residencia,
separándolo de su área de ejercicio sindical, en los días inmediatos al
inicio de las elecciones del sindicato en donde ejerce la Secretaría General y
se postulaba para la reelección.
En los dos casos
anteriores las elecciones se realizaron contra todo tipo de obstáculos e
injerencias arbitrarias, y quienes eran victimizados resultaron los ganadores.
Lo más relevante del análisis es que se trata de logros importantes contra
prácticas que atropella la libertad sindical.
No hay comentarios:
Publicar un comentario