lunes, 17 de abril de 2017

UNA CONSTITUCION A LA MEDIDA DEL REGIMEN


 El gobierno Bolivariano tuvo en estos años de ejercicio del poder las mayores oportunidades para construir un mejor país del que encontró. Empezando por reconocer que los actores políticos a quienes enfrentó en el camino para su ascenso al poder no le ofrecieron mayores resistencias. Su entrada en escena nacional fue a partir de las rebeliones militares de 1992, para el país fue una sorpresa, sólo avezados analistas podían haber advertido las turbulencias en el seno militar y su posterior emergencia en asonadas armadas. Al propio gobierno de C A Peréz II le agarró por sorpresa. 

  En Suramérica, en donde los militares habían copado casi todo el mapa, para 1992 eran parte del pasado recién superado, los militares salieron del poder por distintas vías, pero rápidamente en donde estuvieron hubo un mea culpa por la sociedad civil por haber estado el poder político en manos militares. Todo esto hace más llamativo cuan a destiempo fue la emergencia militar venezolana si se mira el continente latinoamericano.

  Los actores políticos tradicionales perdieron la capacidad de ejercer un liderazgo efectivo para conducir a las masas y para orientar al país. Ese vacío dio lugar a que en las elecciones presidenciales de 1998, poco antes de la fecha de inscripciones de candidatos el partido más influyente -AD- en los cuarenta años precedentes se desprendía y dejaba de lado la opción que venía anunciando, y decidieron apoyar al candidato con mayores posibilidades de enfrentar al ascendente H Chávez. Abonó todo ello para su amplio triunfo. Basó su campaña electoral en una crítica radical al sistema político imperante. Criticó a la democracia representativa y promovió la democracia participativa. Calificó que la primera había sido hipotecada por el liderazgo político partidista de los partidos dominantes, que se había repartido el poder a lo largo de varias décadas. 
Llenó el vacío del momento que se satisfizo con una imagen y un discurso diferente en el espectro político. 

  Más que el triunfo de Chávez fue la derrota de sus opositores lo que permitió que este nuevo gobierno se empoderara más allá de su caudal electoral. Los actores políticos tradicionales no fueron efectivos para defender lo que habían construido. 

  El mayor cuestionamiento a la democracia representativa  del Pacto de Punto Fijo en sus treinta años para 1989 fue el “caracazo" o “sacudon”. La primera explosión abierta de naturaleza social que ocurrió tanto en Venezuela como en América Latina, a propósito de la disconformidad y rechazo a las políticas neoliberales. El manejo de la situación de ese momento, y las repuestas posteriores no lograron superar el impacto traumático de lo ocurrido. El sistema político quedó agrietado y si bien se emprendieron algunas reformas favorables a la descentralización, desde cierto tiempo en discusión, la elección directa de gobernadores y alcaldes, ellas no fueron suficientes para repararlo. Por cierto que más tarde, la descentralización se detuvo con la nueva institucionalidad puesta en ejercicio desde 1999, que recentralizó en el Poder Ejecutivo nacional estas mismas actividades. 

  En este ventajoso marco el gobierno bolivariano tuvo las mejores oportunidades para revisar, promover y ensayar conceptos e instituciones en todos los órdenes posibles de la vida nacional.  El país le dio la más amplia oportunidad. En la misma convocatoria al primer referéndum consultivo, el que preguntaba a los ciudadanos si querían que se convocara a una Asamblea Constituyente, hay que destacar que la Constitución del momento, la de 1961, no tenía tal figura. Se invocó desde sus promotores bolivarianos que esa institución era el más autentico poder originario ya que era el pueblo quién iba a decidirlo. En el país no había antecedentes. Con la euforia del reciente triunfo electoral, y con la casi postración de los actores políticos tradicionales, lo que vino de ahí en adelante fue el llenado de los requisitos para hacer un proyecto a la medida del nuevo gobierno. 

  La amplia mayoría conseguida por el Polo Patriótico en las elecciones de la Asamblea Constituyente le permite diseñar una nueva Constitución en donde no tuvo necesidad de hacer concesión alguna a las fuerzas opositoras. El proceso fue acelerado y el Gobierno contó con la ventaja de que en una Asamblea Constituyente de 132 miembros, tan sólo seis fueron electos fuera de la fórmula gubernamental, verdaderamente un dominio total. Aunque es necesario destacar que el carácter absolutamente uninominal del sistema electoral, determinó que con un 62% de votos el Gobierno obtuvo el 95% de los constituyentistas, en tanto, la oposición con un 35% apenas alcanzó un 5%. 

  La oposición sin brújula por varios años, dieron lugar a un errático desempeño en la política electoral de 1998 y los años siguientes, incluso llegando abandonar su participación en las elecciones parlamentarias del 2005. 

  Dos traspiés electorales efectivos se cuentan en tantos años de manejo por parte de los actores políticos del régimen bolivariano, el referéndum para modificar la CRBV en el 2007 y las elecciones parlamentarias del 2015. El partido gobernante tuvo un tercer traspié electoral, el de las mismas elecciones parlamentarias del 2010, cuando con sólo el 47% de los votos obtuvo más del 60% de los curules. Pero esas mismas matemáticas engañosas le sirvieron a la oposición en las elecciones del 2015 para que con menos del 60% de los votos lograra más de dos tercios de los diputados. 

  Hoy el régimen bolivariano viola la Constitución que hizo a su medida. ¿Y cómo lo hace?, negando elecciones, desconociendo poderes legítimamente electos, ejerciendo poderes inconstitucionales desde el Ejecutivo, comprometiendo a la República ante poderes externos sin el debido proceso legislativo, y todo con una sala constitucional del TSJ legislando más que interpretando, con la existencia de cuerpos paramilitares agrediendo a mujeres y hombres electos para representar al pueblo en el parlamento, y por supuesto a indefensos ciudadanos, y todo a la vista de cuerpos militares y policiales que olvidan el cumplimiento constitucional.




lunes, 3 de abril de 2017

IMPLOSION EN EL AUTORITARISMO


Escribir sobre temas del mundo del trabajo y de políticas públicas que ejercen influencia en su desenvolvimiento demanda tener presente la situación política del país. Es válido para todo análisis en la materia, con igual jerarquía cabe reconocer a los temas socio económicos. 

  Esta semana ocurrió una implosión en los poderes públicos que hasta diciembre del 2015 venían actuando al unísono. El llamado régimen chavista tuvo hasta esa fecha el control de los cinco poderes públicos constitucionales. El amplio triunfo opositor en las elecciones parlamentarias que les condujo a alcanzar los dos tercios de la Asamblea Nacional produjo un cisma en la ventaja de la que dispuso el chavismo para ejercer su gobierno.

  Apenas ocurrido ese amplio triunfo parlamentario opositor, el chavismo empezó a blindarse para sustraer facultades a la nueva Asamblea. Así como lo había hecho en aquellas derrotas electorales puntuales en algunas pocas gobernaciones y alcaldías; en ese sentido hay que citar la creación desde el ejecutivo nacional de los gobiernos paralelos en los Estados Miranda y Lara, así como en la Alcaldía Metropolitana.

  En la situación particular de sustraer facultades a la nueva Asamblea, es destacable la de pedir la renuncia de aquellos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia a quienes se les vencería su termino de doce años en el transcurso del mandato de la nueva Asamblea, y abocarse de inmediato a nombrar los nuevos magistrados. Pero para cumplir con este proceso no había posibilidades que se cumplieran los lapsos reglamentarios antes de la toma de posesión de la nueva Asamblea, por lo que se violentaron los procedimientos y esa aceleración llevó a que en el argot parlamentario se hablara desde entonces de los magistrados express

  A partir del inicio de actividades de la nueva Asamblea, el TSJ se ha convertido por intermedio de la Sala Constitucional en el fabricante de decisiones que cuestionan y anulan casi todos los actos de la mayoría parlamentaria. El inicio de los cuestionamientos empezó contra los diputados indigenas del Estado Amazonas, tres opositores. Sin juicios ni defensa se les ha suspendido del ejercicio de sus actividades parlamentarias, no obstante haber recibido la credencial del órgano electoral y juramentado formalmente. 

  De ahí en adelante suman 54 decisiones del TSJ oponiéndose al libre ejercicio de las mas importantes facultades de la Asamblea Nacional,  que se listan en el artículo 187 de la CNRBV, destacándose legislar, controlar al gobierno y a la administración pública, organizar la participación ciudadana, amnistiar, aprobar el presupuesto nacional, todo lo relativo a tributos, crédito público, planes de desarrollo económico y social, contratos de la República con gobiernos o empresas no domiciliadas en Venezuela. 

  A lo largo del 2016 las relaciones del resto de los poderes con la Asamblea Nacional ha sido tensa y llena de dificultades. Casi todas las leyes aprobadas por la AN son rechazadas por el TSJ, por otro lado el Ejecutivo ha extendido de manera permanente el ejercicio gubernamental con poderes habilitantes cedidos antes del ejercicio de la presente AN.

  La implosión aludida anteriormente refiere a la discrepancia de la Fiscal General de la República con las Sentencias del TSJ Nos. 155 y 156,  que las ha calificado de significar “la ruptura del orden constitucional”, es decir un golpe de estado, como desde un primer momento las identificaron la mayoría parlamentaria. El gobierno nacional sólo reconoce como un impasse entre poderes y convoca a un órgano consultivo, el Consejo de Defensa de la la Nación, solicitando que el TSJ enmiende las sentencias, que lo hace parcialmente con las Sentencias 157 y 158. 

  Sin embargo con los antecedentes de las actuaciones de la Sala Constitucional del TSJ, esta enmienda no resuelve la crisis desarrollada a lo largo del gobierno chavista de tener poderes subordinados al Ejecutivo y enfrentados en este pasado año y tercio a la Asamblea Nacional, el poder electo de más reciente fecha y reflejo de una realidad electoral nacional ejercida en condiciones adversas bajo un Consejo Electoral Nacional controlado políticamente por el oficialismo, lo que se expresó en restricciones y falta de imparcialidad.  

  Todo esto ocurre en un país que tiene hoy 30 millones de habitantes, más de dos siglos de vida republicana, que logró en la segunda mitad del siglo XX establecer un sistema político que eligió consecutivamente a ocho gobiernos civiles en amplias y abiertas elecciones, sin traumas y en paz, que si bien el sistema político dejó franjas de exclusión, hubo la oportunidad para que otras opciones, como por ejemplo la representada por el auto denominado chavismo experimentara su proyecto. Además con justo orgullo esta corriente destaca sus consecutivos triunfos electorales empezando por el logrado en diciembre del 1998, cuando accede al poder, en elecciones organizadas y administradas por autoridades electorales imparciales,  y en los años sucesivos acumuló otros importantes triunfos electorales, pero que en cierto momento el CNE fue puesto al servicio del modelo chavista y perdió la imparcialidad, como ocurrió con todos los otros poderes, y es ese marco de subordinación que los ha hecho funcionar al margen de los mandatos constitucionales, sin control ni balance de poderes, lo que ha llevado a la sociedad venezolana a una situación de autoritarismo, caos y retroceso. 


@hl_lucena