martes, 23 de febrero de 2016

RELACIONES LABORALES EN TIEMPOS DE INFLACION


Tratar el tema relaciones laborales en época de inflación como parte de una muy compleja situación que vive la sociedad venezolana en sus dimensiones tanto económicas como políticas, es una oportunidad para formular planteamientos de un debate necesario. Téngase presente que en estos últimos tres años los ingresos y los ahorros de los trabajadores se han volatilizado. El empobrecimiento es general. Entonces ¿Qué pueden hacer las relaciones laborales para proteger a los trabajadores y, para ser parte de un sostenible y autentico desarrollo productivo? 

  A quienes viven del trabajo, todos los meses le son reducidos sus salarios al ocurrir una inflación que viene superando mensualmente los dos dígitos, en tanto apenas solo se ajustan regular y unilateralmente los salarios mínimos, sin que ello implique una revisión en concordancia con la inflación. Y en cuanto a todos los demás niveles salariales, estos son revisados para largos períodos de dos y tres años en el marco de una contratación colectiva que, de paso en el ámbito del gran empleador -Gobierno-, se hace retrasada y cargada de obstáculos y exigencias para disminuir la capacidad negociadora de las organizaciones de los trabajadores. 

  Hoy, tener y desempeñar un buen trabajo no garantiza ingresos para poder adquirir los bienes esenciales, ya que se presentan las siguientes disyuntivas: una, se invierte un considerable tiempo para tratar de conseguirlos y, entonces, se descuidas el trabajo o fuente de ingresos, demás decir que se limita un mejor uso de tu tiempo libre; y otra, no invierte en tiempo, sino que al pagar la especulación de los mercados negros, el ingreso se vuelve polvo cósmico.   

  Quienes han gobernado desde 1999 hasta el presente, 17 años, formularon un discurso y alentaron proposiciones redistributivas que beneficiaron a los sectores de menores ingresos, lo que en una primera etapa incidió favorablemente en la reducción de la pobreza. Desde círculos de analistas e intelectuales, tanto del país como de la región, veían con interés algunos ensayos de políticas que sustentaban esta redistribución. 

  Pero la dedicación casi absoluta del régimen a lo político y, particularmente a lo electoral, que lo privilegió y ejecutó con especial habilidad, ya que era básico para preservarse en el poder, se descuidaron desde sus inicios los aspectos productivos de bienes y servicios. Si bien, algunas medidas unilaterales desde el gobierno generaron tensión en las relaciones con los empresarios y los sindicatos, que llevaron a éstos a protestas abiertas desde fines del año 2000 y se extendieron en los siguientes dos años, los liderazgos organizados en Fedecámaras y en CTV fueron derrotados en el enfrentamiento con el Gobierno a principios del 2003.

  Por otra parte el Gobierno no se detuvo en promover a otros actores empresariales y sindicales para obviar a estos gremios históricos, y por tanto desarrollar acciones que lesionaron a sus directivos, sino a las organizaciones afiliadas y lo más importante, al propio sistema productivo. 

  La promoción de otras alternativas sindicales, ha pasado primero por promover la Unión Nacional de Trabajadores que, en un primer momento, contribuyó a disminuir los espacios de la CTV, pero que al pretender y reclamar autonomía, fue castigada y estigmatizada por la visión autoritaria oficialista, que optó por levantar otra alternativa sindical, cuya función es defender al gobierno, ya que con ello afirma defender a los trabajadores.

   El gremio empresarial debió jugar a un bajo perfil por varios años,para resistir las arremetidas del Gobierno. Al final se ha podido recuperar en cuanto a su unidad interna y su imagen ante otros interlocutores políticos, sociales y económicos, y por ello, los intentos de parte del régimen de promover otros gremios empresariales han sido más bien frustrantes, ya que privilegiaron funciones de gestores de préstamos y ventajas particulares en la relación con instancias burocráticas oficiales. No lograron la condición de alternativa gremial a los gremios históricos de los empresarios.

  Pero sí fue efectiva la acción gubernamental es lesionar al tejido productivo nacional. Empresas fueron castigadas con estrictas medidas legales que restringían la operatividad, con controles, inspecciones y sanciones, y un trato discriminatorio con respecto a las empresas bajo la gestión estatal, así como las establecidas en convenios con otros países. Además fueron preferidas en el acceso a divisas preferenciales para hacer masivas importaciones y compras con amplia y discrecional intervención estatal. Rápidamente el país acrecentó sus importaciones en desmedro del aparato productivo nacional. La lucha contra la pobreza detuvo sus avances, porque se carecía de la producción suficiente para continuar sosteniendo el asistencialismo.

 Hoy cuando el consumo para satisfacer necesidades básicas de las personas, familias y de los productores en cuanto a sus insumos y materias primas está en situación de escasez, da lugar a un acrecentamiento explosivo de la inflación, la que al lado de la recesión nos ubica en un crítico estado de estanflación. De alta inflación conocíamos que momento en que se implantaron programas de ajustes macroeconómico, que buscaban resolver problemas estructurales. Así lo vimos en los segundos gobiernos de Carlos A Pérez y Rafael Caldera.

  El año 2015 es el tercer año consecutivo con decrecimiento, situación nunca experimentada por la sociedad venezolana; por tanto, la inflación no responde a un programa estructurado de ajustes de variables macroeconómicas planteadas para corregir desequilibrios y con lapsos, cronogramas y atención programada a sectores en situación de desventaja, sino lo contrario, lo más perverso que es dejar a que se desate una lucha de la población entre los pobres y los nuevos pobres, entre trabajadores, entre ciudadanos y hasta fratricida, todo por la supervivencia en acceder a alimentos, medicinas, y otros productos y servicios básicos. 


  La situación para producir y consumir es insostenible, para la cual las puras relaciones laborales no tienen instrumentos, ya que requieren ser parte de un ambiente político y económico que hoy esta trabado.  Es necesario un ambiente distinto al que vemos cotidianamente de abierta confrontación y negación a las proposiciones que disienten de las teorías y prácticas que nos han llevado al estado de postración económica y social. Su construcción y logro va más allá de las acciones de empresas y trabajadores en el sólo marco de las relaciones laborales, el escenario es más político.

miércoles, 3 de febrero de 2016

EL 6D ¿UN NUEVO CICLO DE RESULTADOS ELECTORALES?


En la revolución bolivariana las organizaciones de los trabajadores que intentan hacer sus elecciones siguen consiguiendo restricciones. Lo experimentan entre otros, los importantes sindicatos de Sidor y de Ferrominera. Tal es el caso de normativas y prácticas autoritarias de funcionarios, a quienes se les oye decir que anteriormente hubo burócratas que se enquistaron en las jefaturas sindicales y limitaron la libertad sindical. 

  Cierto que de ello hubo muchos casos, pero  también de ejercicio de auténtica libertad sindical. Sin duda, estamos viendo que hay mayores cuestionamientos a las obstrucciones al ejercicio de su autonomía, como se refleja en las denuncias ante el Comité de Libertad Sindical de la OIT. Pero hoy, desde los órganos del poder que controla el oficialismo, se acrecientan las restricciones, ya que en este 6D tal parece que es el inicio de un nuevo ciclo de resultados de la voluntad de los electores.

 Precisemos. Hay dos 6D en la presente etapa de la vida política del país. El primero fue el de 1998, que trajo a Hugo Chávez y a la revolución bolivariana al poder. El segundo, la reciente elección parlamentaria, que va en sentido contrario porque representa el ascenso de las fuerzas políticas que adversan al chavismo y que anuncian su propósito de orientar sus acciones a su  desalojo del poder.

 El 6D de 1998 fue una victoria amplia del liderazgo emergente sobre la coalición de las fuerzas que venían gobernando al país. Otro tanto ha ocurrido en este 6D del 2015, pero ahora con una mayor ventaja para las actuales fuerzas emergentes en los resultados electorales; los que son  más llamativos si se toma en cuenta que la institucionalidad de 1998 conservaba mayor apertura que la del 2015. Cambios desde la misma constitución bolivariana fortalecieron el presidencialismo, y restaron espacios a las minorías, a las regiones, y a la sociedad civil en general. El Estado es más fuerte, y en particular, el peso del Presidente. Los otros poderes se le han subordinado. Notoria la subordinación del llamado Poder Electoral, Poder Moral y del Poder Judicial, aunque resultante de la interpretación y dominio que ha emanado desde el poder presidencial.

 En ambos 6D, las fuerzas emergentes son una combinación de nuevos y viejos actores políticos. En el 6D de 1998, los nuevos actores procedían del ámbito militar pero estaban acompañados de  dirigentes que procedían mayormente de la izquierda, pero también de agrupamientos y dirigentes procedentes de los partidos tradicionales. Algunos de ellos realmente históricos en la izquierda por la amplia carrera política, tales como Luis Miquilena y José Vicente Rangel.

 En el 6D del 2015, ocurre otra fusión entre viejos y nuevos dirigentes. Parlamentarios como Miguel Pizarro y  Freddy Guevara, estarían cursando en la escuela primaria cuando Chávez logró su victoria el 6D de 1998, más de 17 años atrás.

 El 6D de 1998 fue el inicio de una cadena de triunfos electorales por parte de las nuevas fuerzas políticas. Pocos meses después, en el mismo 1999, se logró tres triunfos electorales: la aprobación a la convocatoria de una Asamblea Constituyente, la elección de los constituyentistas y el referéndum aprobatorio del nuevo texto constitucional. 

  En la elección de los constituyentistas, además de la onda victoriosa del chavismo, supo sacar ventaja del ingenio matemático de sus asesores (Nelson Merentes a la cabeza) con la aplicación de un ventajoso quino electoral que dejó unos resultados ajenos a lo ocurrido en las urnas, solo seis constituyentistas opositores y más de cien adscritos al nuevo liderazgo.

 La situación económica previa al 6D de 1998 no era buena. El segundo gobierno de Rafael Caldera sin mayoría parlamentaria tuvo que lidiar con la crisis bancaria de 1994, implementar un  programa de ajustes, y desenvolverse con bajos precios petroleros que llegaron a descender a los 8 $ el barril, agregando todo esto más descontento al que se había mostrado en las protestas conocidas como el sacudon y/o caracazo de 1989, con una  cruenta represión aún fresca para entonces, ya que los nuevos líderes procedentes de la fuerza armada no dejaban de guardar distancia de aquel papel jugado por la institución armada, y reiteradamente acusaban a sus responsables.

 El presente 6D ocurre con una situación aún peor que la anterior, la de 1998. Al extremo que el gobierno optó por ocultar información del desenvolvimiento económico y social, porque todos los indicadores reflejan el deterioro del sistema productivo y de la situación de la familia venezolana. Aparte que las instituciones encargadas de brindarlos se han convertido en apéndices del Ejecutivo, y su uso partidista les ha restado credibilidad.

 La onda victoriosa del chavismo de la primera etapa promovió la consulta electoral logrando consolidar su dominio del Parlamento, gobernaciones, consejos legislativos regionales, alcaldías, concejos municipales. Su actual deterioro avizora que lo que viene va en sentido contrario. Ello lleva a las fuerzas opositoras a plantearse desde ya un referéndum revocatorio en el presente año. Este mismo 6D fue de hecho un plebiscito por las características asumidas por los actores políticos en la campaña, que más que referirse a los candidatos y a los problemas de las regiones, lo que se evaluaba era al gobierno nacional.

 En este escenario,  las elecciones específicas de organizaciones de los trabajadores, de autoridades universitarias, de centros de estudiantes y de otras organizaciones de la sociedad civil, que ya vienen encontrando obstáculos para su libre desenvolvimiento, es previsible que el Ejecutivo y aquellos poderes subordinados seguirán obstruyendo su ejecución.


Al mismo tiempo, este escenario es una oportunidad para que quienes han venido cuestionando el ejercicio autoritario de las instituciones obren con criterios democráticos y participativos, que permitan no repetir errores y más bien aprender de ellos en la mejor conducción de las instituciones colectivas tanto públicas como privadas.