lunes, 20 de marzo de 2017

EL NO RECONOCIMIENTO COMO FUENTE DE CONFLICTO LABORAL


Vivimos en el país una época en donde poco se dialoga. Se menciona la palabra diálogo para referirse a situaciones que no lo son precisamente. En las relaciones de trabajo ese mecanismo es imprescindible. Las negociaciones de las condiciones de trabajo descansan en el diálogo. El país con la inflación más alta del mundo, no cuenta con mecanismos para dialogar sobre el tema. Es un reflejo que para el gobierno las organizaciones del ámbito productivo y laboral no le resultan relevantes.

  Entre los poderes públicos fundamentales, en el debate y análisis del problema, hay un abismo por el no reconocimiento. Un Ejecutivo que no reconoce al Legislativo, al tiempo que los otros poderes públicos subordinados al primero hacen de comparsa que agudizan la crisis institucional. El Ejecutivo gobierna al margen del Legislativo. Incluso no hay lugar, por el nivel de las restricciones en el funcionamiento institucional, que de los otros poderes haya cualquier intento de una actuación que discrepe del deseo del Ejecutivo. 

  En este caos institucional la situación económica y política no parece encontrar límites. Por otro lado la conflictividad se mantiene expresándose en diversas maneras. Unas individualmente, otras colectivas. Las encuestas que sondean el estado de animo de los ciudadanos muestran el desencanto y rechazo al actual estado de cosas. Sin embargo la conflictividad individual no hace mayor mella en el diseño, mantenimiento, o sustitución de políticas oficiales tales o cuales. Por supuesto que el malestar de los ciudadanos se forma y persiste al sentir cotidianamente el desmejoramiento de su calidad de vida y la falta de expectativas. Ese malestar usualmente se expresa es en los procesos electorales, de ahí la gravedad de su negación.

  Las manifestaciones de la conflictividad colectiva son recurrentes en las relaciones de trabajo; no le son extrañas. Cierto que existen visiones que ven en la relación de empleadores y trabajadores solo la dimensión de la cooperación, y por tanto soslayan la de la conflictividad, algunas lo hacen por estricta orientación gerencial y otras por razones ideológicas de querer someter corporativamente a los trabajadores a un determinado comportamiento afín con el régimen político dominante. 

  Pero es evidente que trabajadores y patronos tienen encuentros y desencuentros, consensos y disensos. Estos últimos sustentan la conflictividad; la que es posible en tanto haya organización colectiva. Por ello en lo individual, es un desafío aquel que asume enfrentar a un patrono para que adopte o deje de adoptar una determinada decisión, en salarios, en condiciones de trabajo. Para los trabajadores individuales enfrentar al patrono es tener que irse o someterse a un empleo sin mayores expectativas de progreso o del ascenso en la carrera organizacional.

  Por entender que desafiar el poder patronal es riesgoso, es por lo que las organizaciones de los trabajadores han sobrevivido a tantos esfuerzos gubernamentales y patronales por minimizar su papel e importancia. Agreguemos que en el propio seno de las organizaciones de los trabajadores también se incuban prácticas que minimizan su accionar. Claro que ellas son organizaciones vulnerables a prácticas que generan controversias y por tanto sujetas a un escrutinio colectivo mayor que la generalidad de las organizaciones en el ámbito laboral.

  Con el objeto de eludir las pretensiones gubernamentales y patronales de erosionar y hacer mella en el seno de las organizaciones de los trabajadores, es universal el principio de la libertad sindical, enfatizando la autonomía y la prohibición de injerencia de terceros. 

  La representación de los trabajadores es un asunto de ellos. Si no fuera así, entonces no tendría sentido su existencia. Es igual que la representación de las organizaciones de los militares, del clero, de las transnacionales, están sólo enmarcadas en el interés común de la convivencia con el resto de la sociedad y del cumplimiento de sus roles.


  Toda la reflexión anterior se plantea porque una vez más el gobierno pretende decidir quién representa a determinados sectores para la revisión y negociación de sus condiciones de trabajo. En el ámbito universitario, en este pasado 31 de diciembre del 2016 venció la convención colectiva -llamada en este caso normativa laboral- y empieza este año con su revisión, pero el primer escollo para esta comunidad es nuevamente el problema de la injerencia patronal estatal en los asuntos internos de la representación de los distintos sectores laborales universitarios. Ya ocurrió otro tanto con ocasión de la negociación de la primera y segunda normativa laboral en 2013 y 2015. De ahí derivan tensiones, escaramuzas y conflictos que se agregan a una sociedad que ya vive en extremas penurias y zozobras por la hiperinflación, la escasez y la inseguridad personal. 
  



martes, 14 de marzo de 2017

INFLACION, RENDICION DE CUENTAS Y METADATA

   

La Asamblea Nacional acaba de iniciar la publicación de datos de la inflación acaecidos mes a mes, y la acumulada tanto en lo que va del año como en la del año completo. Llena un vacío dejado por las entidades estatales que tienen esa obligación, referimos al BCV y al INE. Señalamos que estas entidades están equipadas de los recursos tecnológicos, profesionales y humanos para responderle al país el cumplimiento de estas obligaciones. 

  Lo que de manera emergente empieza a realizar la Asamblea Nacional es una situación extraordinaria. Esta iniciativa ha tenido como promotor y vocero al Diputado José Guerra, quién en sus antecedentes profesionales ha sido jefe de investigaciones del BCV, y por tanto familiarizado con los métodos de recopilación, procesamiento y presentación de los índices inflacionarios. En todo caso son métodos aceptados por estas instituciones como el BCV y el INE para brindarle a la sociedad la certeza del curso que sigue la economía en lo relativo a las áreas de indagación.

  Evidentemente la no publicación de los índices por parte de los entes a quienes corresponden es un incumplimiento de responsabilidades institucionales del Poder Ejecutivo. A pesar de los llamados de atención por parte del Legislativo, los índices dejaron de publicarse. Evidente que existe una pugna entre los poderes que trasciende este tema particular. Cabe también señalar que nuestro país tiene a lo largo de su historia un sistema de gobierno de marcado carácter presidencialista y la Constitución Bolivariana del año 1999 lo ha acentuado. Que el Poder Legislativo logre el grado de control de la actividad del ejecutivo mencionado en la Constitución Bolivariana no se ha alcanzado.

  La Asamblea Nacional no ha podido materializar la comparecencia de ningún alto funcionario para que exponga y rinda cuenta de las funciones encomendadas. Tan solo el Presidente de la República recién instalada esta Asamblea Nacional presentó su informe en los inicios de las sesiones, en enero de 2016. De ahí en adelante han sido en vano los esfuerzos de la AN por requerir la comparecencia de altos funcionarios a rendir cuentas ante las comisiones especializadas del Parlamento. 

  La Constitución Bolivariana sobre estos asuntos indica: 

“Artículo 222. La Asamblea Nacional podrá ejercer su función de control mediante los siguientes mecanismos: las interpelaciones, las investigaciones, las preguntas, las autorizaciones y las aprobaciones parlamentarias previstas en esta Constitución y en la ley y mediante cualquier otro mecanismo que establezcan las leyes y su Reglamento. En ejercicio del control parlamentario, podrán declarar la responsabilidad política de los funcionarios públicos o funcionarias públicas y solicitar al Poder Ciudadano que intente las acciones a que haya lugar para hacer efectiva tal responsabilidad.

Artículo 223. La Asamblea y sus Comisiones podrán realizar las investigaciones que juzguen convenientes en las materias de su competencia, de conformidad con el reglamento.

Todos los funcionarios públicos o funcionarias públicas están obligados u obligadas, bajo las sanciones que establezcan las leyes, a comparecer ante dichas Comisiones y a suministrarles las informaciones y documentos que requieran para el cumplimiento de sus funciones.

Esta obligación comprende también a los y las particulares, a quienes se les respetará sus derechos y garantías que ésta Constitución reconoce.”

  
No habían transcurridos los primeros dos meses de la nueva AN, por primera vez con amplia mayoría opositora, cuando el 1 de marzo del 2016  el TSJ a través de la  Sala Constitucional fija posición limitativa para que se realice la actividad de control que se menciona en los artículos transcritos. 

  Las personas naturales y jurídicas están obligadas a presentar diversidad de datos a los entes estatales, que han de ser utilizados para la construcción de políticas e índices para  su utilización en el funcionamiento del país. 

  En ese orden se destaca que es inmensa la recopilación de datos que el Estado recoge por vía de sus funciones de recaudación tributaria, de identificación, de dador de educación, de salud, de justicia, de seguridad y asistencia social, de administración del trabajo y de justicia.

Martin Hilbert “estima que el Estado posee alrededor de un tercio de los datos de un país, lo que es mucho… El gobierno sabe todo lo que pasa en los colegios, en los hospitales, en los servicios de impuestos… Se puede aprovechar mucho más para políticas sociales y económicas, sobre todo en América Latina”

  El mismo experto señala a propósito de los censos nacionales que con los datos que se obtienen de los celulares y usando solamente lo que se llama metadata, o sea sin escuchar conversaciones ni saber con quién se habla, sino sólo con qué frecuencia y con qué duración usas el celular, con eso se puede hacer ingeniería reversa y reproducir el 85% de los resultados de un censo: si eres hombre o mujer, cuál es tu rango de ingresos, si tienes niños, si estás casado, tu origen étnico…
(Martin Hilbert en http://www.theclinic.cl/2017/01/19/martin-hilbert-experto-redes-digitales-obama-trump-usaron-big-data-lavar-cerebros/ ). 

  En nuestro caso el Gobierno venezolano ha dejado de publicar los índices más necesarios para orientar la actividad económica, se observan varios años de desinformación que se ha pretendido llenar con propaganda por un lado, pero de opacidad y falta de transparencia al mismo tiempo. 

  Quienes compran y venden, quienes negocian salarios, contratos, inversiones, ahorros, se desenvuelven en los mercados sin el fundamental apoyo de las entidades estatales que existen para orientar y brindar información, pero también que quienes tienen acceso a los recursos sofisticados de alta tecnología disponen de data e índices que les permite mayores ventajas por el vacío institucional.


@hl_lucena

miércoles, 1 de marzo de 2017

EVOLUCION DE LA PERDIDA DEL VALOR DEL TRABAJO


  En un plazo amplio la situación del asalariado se ha degradado a niveles impensables. Si bien día a día, semana a semana, mes a mes, en tiempos de hiperinflación se siente sus efectos, es importante ver la evolución de las condiciones de trabajo y de vida en una perspectiva más amplia, y que al menos tengamos a nuestro alrededor evidencias en las propias personas que nos rodean, de testimonios que señalen el contraste llamando la atención y alarma que plantea la degradación del asalariado. 

   A principios de los años setentas el ingreso a la carrera académica era con un sueldo mensual que oscilaba de Bs 3700 a 4000, para entonces el dólar se cotizaba a un valor único de Bs 4.30, por tanto en dólares el ingreso a esta carrera era con $USA de 860 - 930 mensuales. Si el ingreso fuera hoy y se mantuviera el mismo nivel de salario en bolívares a tasa dicom  -Bs 690- el ingreso a esta carrera sería con un sueldo mensual entre 593 - 641 mil bolívares.

  Si 25 años más tarde, mediados de los noventas, este mismo trabajador se acoge a la jubilación y por tanto egresa, recibía unas prestaciones sociales que le permitieron adquirir un apartamento en zona residencial, equiparlo y le alcanzaría para adquirir un vehículo nuevo. Generalmente ya estos bienes los había adquirido con su sueldo, pero podía agregarlos para asegurar una renta por alquiler o provisiones para dependientes, o bien decidía darle otro destino a estos ingresos de prestaciones sociales. 

  ¿Qué tenemos hoy para el que ingresa y para el que egresa de la carrera académica? En el primer caso un salario que estará por los Bs 55.000 mensual y que traducido a dólares dicom representan $79.71. Por otro lado quienes egresan de la carrera al menos 25 años más tarde, hoy difícilmente tengan sus prestaciones completas porque la misma depauperación salarial lleva a pedir anticipos de manera permanente, por lo que el cobro de prestaciones puede representar la compra de una nevera y algún otro artefacto de menor valor, o la reparación del motor del vehículo. 

  Los salarios y las condiciones materiales de vida se han desplomado en este lapso que va desde 1998 hasta nuestros días. Este mismo ciclo ocurre para quienes trabajan como asalariados en salud -médicos, enfermeras, empleados y obreros- , en justicia -jueces, secretarias, alguaciles, asistentes- en administración pública -funcionarios de todas las categorías-, en la industria manufacturera - obreros, técnicos, administrativos -, en el comercio y servicios -agentes de ventas al mayor, vendedores de mostrador, informáticos, mantenimiento-. En síntesis la población asalariada ha experimentado un desmejoramiento absoluto de sus condiciones de trabajo y de vida. 

  En este ciclo siguen existiendo las organizaciones representativas de los trabajadores, los convenios colectivos y los mecanismos de reclamo y de demanda para el cumplimiento y revisión de las condiciones de trabajo, pero la situación de deterioro de las condiciones de vida sigue su curso indetenible y todas las instituciones que otrora sirvieron para mejorarlas de manera real y efectiva, hoy se han vuelto impotentes.  

  Se cree que existe la protección de los trabajadores porque hay leyes y reglamentos que así lo declaran en su exposición de motivos, en su articulado, pero la situación de los trabajadores se sigue deteriorando. Se siguen formando sindicatos, federaciones e incluso nuevas centrales nacionales, pero ello por si solo no logra revertir la situación de deterioro permanente. 

  Igualmente en el sector público se continúa negociando convenios colectivos aunque con algunas dificultades, ya que no se negocia con fluidez apenas vence el convenio vigente, los procesos para negociar y su desarrollo son traumáticos, engorrosos, las organizaciones han perdido libertad por la dependencia a conceptos y procesos que los hacen ser menos autónomos, trayendo como resultados incluso el sacrificio de beneficios de los trabajadores. 

  En el sector privado, más escrutado por las autoridades, lo que no ocurre con el sector público, de aquí que  las negociaciones tienden a ser más expeditas, pero aún los resultados de los convenios solos no pueden evitar el deterioro del sistema productivo en su capacidad para ofrecer suficientes bienes y servicios, por lo que las distorsiones que dan lugar a escasez y mercados negros le arrebatan sus ingresos.

  La manera como se ha venido conduciendo el país no permite que estos problemas puedan ser resueltos, aún manteniendo aparentemente las instituciones laborales, si bien ellas fueron las que otrora contribuyeron y permitieron al asalariado el mejoramiento de las condiciones de trabajo y de vida, como aumentos reales de salarios, fomento de organizaciones de los trabajadores, de negociaciones colectivas, pero hoy han cambiado radicalmente las condiciones del contexto en las cuales se desenvuelve la actividad productiva y el funcionamiento político y social, lo que restringe directamente las condiciones para que en el país se reactive su desarrollo productivo.


  El valor del trabajo se ha reducido, al tiempo que el país produce menos. Hay menos empleos productivos. Por un lado se multiplican actividades de sobrevivencia, y en contraste el país repite formas de administrar errática y dispendiosamente sus cada vez más escasos recursos. Iniciamos este año con incertidumbre y desasosiego. Hay que empezar por encontrar y construir más certidumbre.