APORTES DESEABLES DE UNA POLÍTICA LABORAL

  Siguiendo con algunas consideraciones sobre la política laboral del régimen y su pretensión de eliminar conquistas muy sentidas en las relaciones de trabajo, como ocurre con los llamados lineamientos del despacho laboral -Memorando No. 2792- sobre negociaciones colectivas.

  Para entender una política de remuneraciones, importa tener presente que las organizaciones que son objeto del pretendido control la conforman tres categorías:

1- Por un lado la administración pública en sus ámbitos nacional, estadual y municipal;

2- En segundo lugar el sector de empresas constituido por aquellas que producen bienes y servicios, aquí tenemos a unas de propiedad estatal y otras privadas;

3- Un tercer sector de carácter social que no tiene fines lucrativos, como cooperativas, condominios, trabajo en residencias, en asociaciones.

  Una situación deseable es que el primero depende totalmente de los ingresos que capture el Estado, con los impuestos, tasas y aquellos derivados por su condición de administrador de riquezas que son de propiedad de la nación. El presupuesto nacional contempla como se erogarán estos recursos.

  El segundo, los productores de bienes y servicios para el mercado, constituido por los ciudadanos y las entidades jurídicas. Aquí concurren como oferentes los privados y los públicos, con el carácter de empresas, que pueden ser compañías anónimas, personales, colectivas, nacionales, extranjeras, de propiedad estatal. Sus ingresos fundamentalmente  están constituidos por lo que se derive de su producción y ventas. Las regulaciones tendrán presente las distintos tipos de bienes y servicios y el papel que representan para el funcionamiento de la sociedad.

  El tercer sector, que llamamos de carácter social, que no tiene fines lucrativos, tal carácter le permitirá tratos tributarios especiales. En el presente al lado de los dos primeros, es el sector  con menor población.

  ¿Qué política salarial ha de corresponder a estos tres sectores? En primer lugar sin distinción alguna, ha de haber un piso que permita que las remuneraciones de quienes presten servicios deben resolver la alimentación y los servicios básicos para la vida personal y familiar. Todo aquél que trabaja a tiempo completo ha de tener como salario mínimo un ingreso que satisfaga esa condición. No importa si se trabaja para el gobierno o los privados, ni tampoco si es sector con fines de lucro o no, sencillamente el trabajo ha de satisfacer ese mínimo.

  Los servicios básicos de la vida cotidiana, empiezan por alimentación, siguen con salud, luego agua, electricidad, educación, seguridad, transporte, comunicaciones, recreación, todos han de ser accesibles al máximo posible de la población, y a costos acordes con los ingresos salariales. La mayor parte de estos servicios son provistos por empresas estatales, con un lamentable deficiente funcionamiento, según indicadores ampliamente aceptados.

  Es importante tener presente que en cada sector, existen las carreras, las trayectorias. No todos los que laboran son portadores de las mismas experiencias, competencias, conocimientos. Hay heterogeneidades, que resultan especialmente de los años de formación, de los de dedicación a la actividad y también de la contribución al logro de los objetivos de esas organizaciones. Estos factores son los que explican las clasificaciones, tabuladores y jerarquías que existan. Por tanto en las remuneraciones y responsabilidades han de reflejarse. Han de ser diferenciales en los ingresos que sean sustentables y consensuados. Lo primero para que se puedan mantener y materializar en el tiempo; lo segundo, para que quienes laboran tengan identidad con la carrera que predomina en esa organización, que se aprecie su justeza.

  Es importante que las carreras sean visualizadas con transparencia, tanto desde adentro como fuera de las organizaciones, dado que los jóvenes que están en procesos formativos de profesiones tengan un mayor estímulo en aquello que han escogido para su carrera profesional o técnica; y que su desempeño ofrece igualdad de oportunidades de inserción, estadía y crecimiento. Igual para aquellos que cambian de carrera o sector, por razones de movilidad geográfica u ocupacional.

  Cuando el memorando que comentamos - No. 2793 del MPPPST- pretende “evaluar, monitorear y acompañar el proceso de negociación de las Convenciones Colectivas de Trabajo, así como aquellas que se encuentren suscritas”, está planteando una pretensión compleja. Incluso lo es para los actores laborales que han venido construyendo sus clasificaciones, tabuladores y escalas. Por supuesto, no se afirma que  las mismas estén libres de la necesidad de revisiones y mejoramientos,  son procesos que se alteran por los mismos cambios en la organización y el proceso del trabajo. De ahí sus revisiones.

  El papel del Estado en los temas salariales ha sido desatendido porque ha permitido que en el país el empobrecimiento haya alcanzado a un 87% de la población. Eso no lo resolverá obligando a que el salario mínimo sea aumentado unilateralmente en un momento dado, en una proporción del 5900%, cuando el país avanza hacia una inflación del millón anual.

  ¿Qué se espera de un gobierno para una verdadera protección de las remuneraciones y las convenciones colectivas?.

1-  Una política económica desvinculada de todo tipo de ideologías que impiden el desarrollo de las capacidades y fuerzas productivas.

2-  Una profesionalización en los órganos públicos que procesan y participan en las tomas de decisiones. Que el sectarismo sea puesto a un lado, y se escojan los mejores. Que haya verdadera carrera en esas instituciones.

3-  Que se restituya y mejoren los controles que son parte del balance de los poderes públicos. Que no haya poder que subordine a otro. Que rindan cuentas públicas ante los organismos de control, y que de la misma se deriven decisiones que impliquen reconocimientos, ajustes, remociones o sanciones, según sean las evaluaciones profesionales y públicas.

4-  La legislación que regula la relación laboral ha de ser concebida para todos los sectores que se señalaron al inicio, por tanto el decreto que hoy se tiene como tal, no guarda tal carácter. Su alto grado de pretensión reguladora ha invadido los espacios de los propios actores laborales. Conviene más bien, que se faciliten los procesos de negociaciones de los actores, que son quienes actúan y conocen sus realidades.

5-  Para apoyar lo anterior, es importante que la institucionalidad necesaria para el desenvolvimiento de las relaciones laborales sea creíble y respetada. El sectarismo, la partidización, la desprofesionalización, la ausencia de carreras, atentan contra eso.

6-  El gobierno, en particular aquellos entes del área laboral, deben procesar y publicar todos aquellos datos que los actores laborales requieren para sus relaciones y negociaciones. Empezando por los datos de los costos de vida en las distintas regiones, y de los diversos rubros, igual los datos de la distribución de los ingresos según las distintas categorías, de todas las remuneraciones, de las productividades de empresas, de las ramas. Se debe tener acceso a publicar desde los ingresos del Presidente de la República, salario y otros beneficios, hasta los niveles más bajos de las estructuras. Las únicas excepciones a la apertura deben ser aquellos datos que atentan contra el derecho a la privacidad de las personas y aquellos que son considerados relevantes para la seguridad nacional, como reza la Carta Internacional de Datos Abiertos.

7-   Que las autoridades aporten el procesamiento de los datos que recogen de la sociedad y que sean necesarios para las negociaciones y en general para el desarrollo de las relaciones laborales. Transparencia y claridad en la propia casa seguro nos hará una sociedad que genere mayor confianza, no más regresividad y controles.

MAS INTERVENCIONISMO LABORAL REGRESIVO

   Vamos a analizar algunos elementos que se vinculan con el Memorando - Circular No.2792, documento interno dirigido por Ministro del Poder Popular del Proceso Social del Trabajo a subalternos en el área de Derechos y Relaciones Laborales, desde la Viceministra y toda la cadena supervisora hasta los niveles operativos, además a los directores estatales del propio ministerio, inspectorías y procuradurías, en fin el área que constituye la columna vertebral de un ministerio del trabajo en cualquier país.

  Se ubica este memorando en el marco del llamado Programa de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica de la RBV. Dos meses después de su anuncio -17 agosto del 2018-, los indicadores económicos a pesar de cinco años de regresión siguen sin levantar vuelo. Analicemos en esta primera entrega, algunos elementos del contexto que llevan a criticar los supuestos de la política salarial del régimen.

1- En el 2013, la economía nacional no alcanzó siquiera un crecimiento del 1%, fue cuando entramos en recesión, y que luego  en los cinco años siguientes, 2014-2018, fue de continuado retroceso, al punto que hoy somos la economía del mundo que más se ha deprimido en el siglo que corre. 

  Lo anterior, un logro universal de los conductores del socialismo del siglo XXI, por ello cargan a cuestas la negativa fama del modelo, que hoy se le menciona en foros, debates y centros académicos como un milagro al revés, que luego de experimentar los efectos perniciosos del inusitado aumento de ingresos, el llamado síndrome holandés, no logran paralizar la pendiente y la catástrofe que han causado. Lo insólito es que con las mismas maneras de dirigir el país, particularmente su economía, proponen pomposamente recuperación, crecimiento y prosperidad económica. Creemos que lo único que cabe en la presente situación es emergencia y cambios radicales de orientación política, social y económica.

  En Latinoamérica y en muchos otros lugares del globo, en donde el régimen en su primera década invirtió mucho dinero en propaganda, además ya como no hay caja, los otrora “amigos” ven con pesar la conducción gubernamental en Venezuela, al menos dejaron de mencionarla como alternativa.  

  Por supuesto que con esta depresión los sectores que dependen de su trabajo para vivir, no tienen perspectivas de preservar su calidad de vida.

2- El memorando asume que con el nuevo salario mínimo establecido a partir del 1 de septiembre, en BS S 1.800, el gobierno no incurre en una actuación aislada, ya que el aumento es parte de “perseguir racionalizar la justa distribución de la riqueza”. Entonces, hemos de referirnos a la creación de riqueza. Esta se ha venido a menos con la continuada depresión económica, que da lugar a tener una economía que produce la mitad de lo que producía apenas hace seis años. Entonces lo que se distribuye es más pobreza que riqueza. 

Con una desigualdad, por un lado entre los niveles crematísticos, los militares, y todos los que tienen acceso a prebendas (comisiones, vehículos, bienes, divisas), que se financian con los impuestos de todos, el persistente endeudamiento y las cada vez menores exportaciones de petróleo, y por otro lado la amplia porción de la población trabajadora con ingresos cada vez más menguados por la hiperinflación.

  Recordemos que al establecerse el nuevo salario mínimo en BsS 1800, se acompañó de una devaluación que llevó el precio del dólar Dicom de 250.000 a 6.000.000 Bs F, para entonces la tasa predominante en el mercado negro. Con el nuevo cono monetario, al rebajarle cinco ceros, es igual BsS 60. 

  Pero resulta que en menos de dos meses el mercado negro hace que el dólar ya ronda los BsS 200. En nuestra economía cada vez está mas extendido el dólar como referente de nuestras adquisiciones. Nuestro consumo dolarizado, representa un alto porcentaje de bienes y servicios, ya se nos ha encarecido en más de tres veces. La hiperinflación destruye aceleradamente nuestros ingresos y obliga a liquidar activos para sobrevivir, y aquellos que tienen ingresos en divisas, también empezaron a experimentar la pérdida de poder adquisitivo.

  Una acreditada consultora, observa que “La aceleración del proceso hiperinflacionario ha provocado un ´encarecimiento en la vida en dólares´. Así, por ejemplo, en febrero era necesario recibir USD 156 para comprar la misma canasta de bienes que antes se compraban con USD 100. A medida que los niveles de inflación escalaron nuevas posiciones, esta remuneración tendría que haber ascendido hasta USD 935 en septiembre” (http://ecoanalitica.com/noticias/graficodelasemana-el-mito-de-pagar-en-dolares). 

3- El memorando introduce un viejo recurso del más rancio populismo, al abordar la política económica  y lo salarial, y referir la búsqueda de la  “justa distribución de la riqueza”, por la vía de aplanar los ingresos de los trabajadores asalariados. Se menciona “la existencia de grupos privilegiados entre trabajadores..”. Esta retórica apunta a justificar la eliminación de los normales diferenciales salariales, establecidos gradualmente en los convenios colectivos por los mismos procesos de negociaciones entre trabajadores y empresas. 

  Es un recurso muy rebuscado hablar de privilegios entre asalariados cubiertos por los mismos convenios colectivos. Lo que si se deja ver en estas propuestas del régimen es continuar minando los procesos de negociaciones colectivas, que efectivamente dan espacios para la participación de los trabajadores organizados en gremios y sindicatos, y sustituirlos por procesos interventores del gobierno, muy especialmente a travez de los funcionarios, generalmente partidistas, del despacho laboral. Del citado memorando, hay otros elementos que en próximo artículo ahondaremos.

  Muy razonable y esperanzador estar observando que trabajadores de las diversas actividades, regiones y orientaciones políticas, se han unido para reaccionar con abierto y amplio rechazo a estas pretensiones del régimen de seguir corrompiendo las instituciones de las relaciones laborales. 

hector.lucena@gmail.com

Palabras clave: intervencionismo estatal, relaciones laborales, salarios, depresión económica, dolarización.

  

   

   

LA PERDIDA DEL CAPITAL HUMANO

  Toda persona que se ofrece al mercado laboral es portadora de un capital, que consiste en su actitud y voluntad de trabajo, además su experiencia, formación, calificación, saberes; hablamos entonces de capital humano. Puede que el cargo que consiga en una determinada oportunidad no permita que todo su aporte sea aprovechado, pero ya eso estará relacionado con lo que demande el empleador y con el ambiente organizacional que reine en ese espacio laboral.

  Las intenciones de eliminar, restringir o achatar los tabuladores, es equivalente a atentar contra las carreras laborales que se han construido en los diversos espacios productivos con los aportes de las empresas, de los trabajadores y aquellas instituciones que apoyan la formación y capacitación. Se puede considerar que se trata de un capítulo más de la restricción del desarrollo del capital humano en el país. Hay que señalar que los diferenciales establecidos en los tabuladores y en carreras, al menos por los convenios colectivos, no se caracterizan por ser muy altos, se han venido achatando. 

  En este orden de atentar contra el capital humano, no es posible dejar de mencionar el fenómeno insólito del despido de más de 20 mil trabajadores con un promedio de 15 años de experiencia c/u en la actividad petrolera, la fuente principal del sustento de los venezolanos, más de la mitad del total del personal de la empresa estatal Pdvsa, y en algunas áreas especializadas hubo un vaciamiento casi total. 

  A partir de ahí, el capital humano verdaderamente dejó de ser una categoría de valor en la conducción de la revolución. Luego se ha visto gradualmente la castración de ese capital en otros sectores importantes de la actividad productiva, como el eléctrico, siderúrgico, y empresas básicas en general, así como restricciones a entidades de servicios, formación y centros de investigación. Igual ocurre con todo aquello que cae en manos de esta concepción, que no concilia con ver a los trabajadores como el capital humano de la nación, y que la palabra meritocracia es percibida negativamente. 

  Tanto los trabajadores como las empresas en los marcos construidos por las relaciones de trabajo o relaciones laborales, han configurado los mercados laborales internos que es generalmente la primera fuente a la cual se recurre para llenar las vacantes por creación de nuevos cargos, por la sustitución de otro trabajador sea por haberse ido o por los ascensos y promociones de los titulares. Entendido que  en todo centro de trabajo hay un mercado interno, y que también existe una movilidad laboral de entrada y salida, todo ello inserto en un ámbito mayor que son los mercados laborales externos.

  Los mercados laborales más inmediatos para los trabajadores son los internos, ya que al estar dentro de una organización productiva se abre la posibilidad de una carrera. En tiempos de abundante empleo, los trabajadores tienden a rotar de una empresa a otra, porque en general los cambios traen algunas ventajas, casi siempre económicas, pero igual puede ser de tiempo de trabajo, de localización y distancia, de ambiente humano, de aprendizaje. Pero en nuestro país hace años que no se ha producido un crecimiento estable para que se haya producido un crecimiento sostenido del empleo productivo, de ahí que se ve con mayor atención las alternativas de los mercados internos.

  Si bien en estos años de la llamada revolución, desde las políticas públicas se ha tendido  a rigidizar el mercado laboral con las reiteradas regulaciones de inamovilidad, sólo que funcionando con un doble rasero. Era efectiva en los empleos del sector privado, sometidos al escrutinio y a las inspecciones, pero no en los estatales, en donde la exclusión empezaba desde las mismas condiciones y requisitos para el ingreso, y luego, ya empleado, el sometimiento a exigencias ajenas al trabajo, determinaban la permanencia. 

  Por supuesto que no es dable hablar de mercados en los términos de la teoría neoclásica, pero igual tampoco en los de la institucionalista, porque supuestamente las regulaciones y los acuerdos contractuales se sustentaban en el derecho al trabajo, y la permanencia en el cumplimiento de las obligaciones que impone el contrato de trabajo; pero el modo de dirigir las organizaciones con preeminencia de los intereses ideológicos del partido gobernante, erosionó estos valores en los empleos del mayor empleador.

  La brutal caída de los salarios y el desmejoramiento general de las condiciones de trabajo visto en los últimos cinco años, pudo más que las pretendidas fidelidades obligadas a servir al ideario revolucionario, y es por lo que del sector estatal se ha producido una estampida de personas que ven con impotencia la destrucción de las organizaciones, y con ellos el derrumbe de sus empleos. ¿Y hacia donde se dirigen? La mayor parte hacia otros países, y en menor proporción hacia los mercados laborales locales. De los primeros, ya se menciona la salida precipitada de cerca de tres millones de venezolanos, huyendo de la falta de oportunidades en los mercados laborales, o si se consiguen empleos, no permiten una vida digna. 

  Ante una situación como esta, el régimen recurre a eliminar o quitarles contenidos a las carreras laborales, y ya no solo en donde es el patrono directo, que ya es bastante gente involucrada, sino en el conjunto del mercado laboral nacional. 

  Finalizando, dada la deficiente atención gubernamental a las instituciones que juegan un papel importante en la formación y sostenimiento del capital humano, como son las empresas, las universidades, las organizaciones gremiales y sindicales, los centros de formación profesional y entrenamiento, de investigación y desarrollo, el país sigue perdiendo tan importante recurso como es el capital humano.