viernes, 9 de abril de 2021

¿Quién responde por las consecuencias del Covid-19, que sufre la población del país? ¿Podemos hacerlo mejor?

 Preguntas propias de la situación que experimenta la población. Proponemos algunos comentarios al respecto, se quiere que aporten a la reflexión del problema, entre gobierno, trabajadores y representantes de empresas. 

 El abordaje de estas preguntas ha de tomar en cuenta el carácter de pandemia que representa el Covid-19, y que ha dado lugar a situaciones extraordinarias en el establecimiento de medidas de emergencia, que han de seguirse en el conjunto en la sociedad. La pandemia favorece más centralización, en una situación que ya lo era en extremo. Aún reconociéndolo, no se deja a un lado el señalar cuan necesario es que dichas medidas a determinar, resulten de la participación de las entidades idóneas tanto del gobierno, como de otras instancias de la sociedad que dispongan de competencias para sumar en el propósito de tomar las medidas adecuadas. 

 El Covid-19 expone en primer lugar a ser contagiado y sufrir sus consecuencias, a aquellos que trabajan en el sector de la salud pública y privada, a donde acuden los contagiados, o que experimentan sus síntomas. Prioridad también tienen los que laboran en el sector de cuidados de personas. Distinguiendo en todos los casos que existen áreas de mayor exposición que en otras, hasta incluso habrán algunas funciones distantes de mayores riesgos. En fin, se trata de un asunto a dilucidar por medio de análisis e inspecciones regulares que han de hacerse en estos servicios.

 Para el resto de las actividades laborales, ya el hecho de la pandemia eleva los riesgos de la población. Es lo que ha dado lugar al incremento exponencial del trabajo en el hogar o a distancia, partiendo del hecho que los cuidados empiezan en el mismo hogar, que disponen de los servicios y facilidades para la prevención. Se destaca que no todos las actividades laborales son susceptibles del teletrabajo, en estudios para determinar su alcance se llega en los más altos porcentajes a un cuarto de la fuerza de trabajo operando en sus hogares. 

  Capítulo directamente ligado al funcionamiento laboral, es lo relativo a los traslados los trabajadores de ida y vuelta del hogar al centro de trabajo. No se cuenta con la calidad de servicio de transporte público como para que este medio deje de ser uno de los factores de mayor riesgo dada la aglomeración en las paradas, dentro de las unidades que se llenan en las horas pico, van pasajeros hasta colgados de las puertas con parte del cuerpo fuera de la unidad de transporte, reflejo de la insuficiencia de unidades, de ausencia de los protocolos de protección, y todo ellos con inexistencia de supervisión. El déficit no lo llenan los servicios de Metro en las pocas ciudades que lo tienen (Caracas, Maracaibo y Valencia), que solo funcionan en contadas rutas.

 Igual ha de mencionarse que las precariedades de servicios públicos que afectan suministros esenciales, como alimentación, agua, electricidad, gas, combustibles, seguridad, entre los más directamente relacionados con la población en situación de pobreza, que en este momento está por encima del 90% -Encovi encuestas de 2020-. Y aquí estamos refiriéndonos a la población trabajadora del país.  

 Visto lo anterior, el Covid-19 encuentra al país con las defensas bajas. Y no se trata solo de los servicios públicos, prestados por los entes gubernamentales sino de los propios hogares con menguados recursos para encarar las exigencias de la prevención y la curación del Covid-19.   

 Un alto porcentaje de las víctimas del Covid-19 ocurren porque no se dispone de los medios para curarse. Es creciente la cifra de cuántos beneficiarios de atención médica como políticas de las empresas, como compromisos incluidos en los convenios colectivos, que hoy están desasistidos empezando porque gran cantidad de centros de trabajo dejaron de producir, sólo existen las sedes con las puertas cerradas, porque esos acuerdos son letra muerta, o porque se han excluido, en el marco de políticas laborales de desmontaje del patrimonio que se había acumulado en las relaciones laborales venezolanas. 

 Ciertamente el país ha entrado en una recesión prolongada, pero demasiado tiempo en  un permanente disminuir de conquistas unas tras otras, hasta llegar a un estado de no tener nada para compensar la situación de una vida digna, pasando buena parte de los trabajadores a un estado de indigencia laboral, inexcusable e inadmisible que esto esté ocurriendo para quienes aportaron sus energías y capacidades a la construcción de patrimonios hoy dilapidados por gestiones irresponsables, con la que la indiferencia determina finalmente complicidades. 

 Es necesario replantearse en esta etapa de la pandemia, su  manejo en la definición de políticas, que empiecen por la inclusión de actores fundamentales en los acuerdos necesarios de las mejores capacidades nacionales y las que se puedan agregar de organismos especializados internacionales, para hablarle con mayor transparencia al país y contar con un plan de seguimiento que genere confianza y tengan sentido los sacrificios que ya se han venido haciendo.