domingo, 23 de septiembre de 2007

PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LA EMPRESA

SIDOR:REPRESENTANTES DE LAS ACCIONES B

Cuando Sidor fue privatizada en 1997, el movimiento de los trabajadores logró que se le permitiera acceder a una parte de las acciones, el 20% del capital concretamente. Estas acciones son las llamadas B. En este momento se desarrolla debate en torno a la elección de los Representantes de las Acciones B, parte del Programa de Participación Laboral de SIDOR

Algunas inquietudes que conviene tener presente:

1. Se trata de un número considerable de accionista, más de 15 mil. Posiblemente la mayor parte está radicada en Ciudad Guayana, pero habrá un número de ellos radicado en otros lugares del país, e incluso en el extranjero. Seguro la CVG, quién llevó a cabo la venta de las acciones, tiene una base de datos que permita a los accionistas y sus representantes organizar la comunicación con este considerable número de accionistas. Razones de principios y legales obligan a comunicarse con todos y cada uno, al menos de hacer llegar comunicaciones, o arbitrar un mecanismo funcional y económico para tal fin.
2. Los dos representantes principales y sus suplentes a ser electos, necesitarán una vinculación con una instancia para el necesario intercambio, rendición de cuentas, recoger impresiones. Esa instancia habría que crearla. La comunicación directa con más de quince mil accionistas es un proceso complejo y poco funcional. La instancia intermedia ha de constituirse, y muy convenientemente debe quedar reflejada en el mismo documento normativo de la elección de los representantes de las acciones B, ya que sino quedarían estos representantes en una situación muy independientes, y sujetos a mayores influencias que pueden ser ajenas a las de los accionistas.
3. El tema de la elección de los representantes de las acciones no debe ignorar los orígenes de esta participación de los trabajadores en el capital de la empresa. El origen derivó de las diligencias emprendidas por el movimiento sindical para lograr que en la Ley de Privatización se incluyera la participación de los trabajadores en el capital de las empresas estatales que se sometieran a privatización que fue el caso de Sidor. Luego en el proceso de privatización hubo la necesaria atención y vigilancia sindical para materializar la inclusión del Programa de Participación Laboral, incluso se puede señalar que en este tema toda la población laboral estuvo atenta y con el mayor interés.
4. Dado el origen de la participación de los trabajadores en el capital, es necesario tener presente que la elección de sus representantes debe caracterizarse por la implementación de procedimientos autogestionados, que no tengan interferencia e influencias del estado o de la empresa Sidor. El que unos trabajadores tengan más acciones que otros no debe quebrantar el principio de la igualdad, ya que en esta etapa se trata de elegir a sus representantes, es decir representantes de unos accionistas que accedieron a la condición de tales, no por su adquisición en el mercado, en la bolsa de valores, sino por gestiones y acciones eminentemente laborales. Una manera realmente autogestionada es hacer la elección en donde cada accionista sea un votante con igualdad de derechos ante el otro. Es discriminatorio aplicar en esta etapa eminentemente laboral, principios que son válidos ya en el manejo de los negocios.

Héctor Lucena 19/09/2007 10:59

miércoles, 19 de septiembre de 2007

Otra nueva barbarie: exterminio de sindicalistas

Otra nueva barbarie Héctor Lucena hlucena@uc.edu.ve
Una versión compacta de este documento se publicó en El Nacional el día 26-09-07, pag. 14

Gran parte de la sociedad se ha acostumbrado a leer en las noticias rojas, la muerte de miles de jóvenes cada año y todo ello ocurre en los barrios más pobres. Las fuentes oficiales, policiales en concreto, identifica que son muertes “entre bandas”, o “ajustes de cuentas”. Otra barbarie social, que ha adquirido características de rutina noticiosa es la muerte en las cárceles. Con frecuencia de manera colectiva, y hasta recién ha ocurrido que entre los muertos se incluyen visitantes.
Pero estamos ahora ante una nueva barbarie, se trata del exterminio de sindicalistas de la construcción. El problema es alarmante en el Estado Bolívar, casi pudiera decirse que en el Municipio Caroní. En los últimos tres años las fuentes periodísticas locales acumulan más de ciento veinte asesinatos. Por tanto la población de esta comunidad se empieza a acostumbrar a convivir con esta nueva barbarie.
¿Que explicación tiene este fenómeno? Obviamente es un problema muy complejo, y por tanto se intenta ofrecer algunos elementos para que sean profundizados. En primer lugar, hay que señalar que la vida sindical venezolana no tiene ni remotamente en su historia nada que se le parezca en cuanto a tales niveles de violencia. En el mundo el país que ha experimentado los mayores grados de violencia contra los dirigentes sindicales ha sido Colombia, la que si bien tiene uno de los índices de sindicalización más bajos del continente, carga encima la tasa más alta de sindicalistas exterminados, por supuesto en el marco de una violencia ya histórica, que se ha traducido en el exterminio de sindicalistas tanto por victimarios de la izquierda como de la derecha.
Por la propia metodología de lucha del accionar sindical, en donde las huelgas de producción y paralizaciones que incluso pueden extenderse más allá de los centros de trabajo, hay sus riesgos para los involucrados. Pero en la historia sindical venezolana, se contabilizan hechos de violencia sindical en las décadas del cincuenta y del sesenta, por la inevitable asociación entre los partidos políticos en la acción clandestina y las organizaciones sindicales bajo su orientación. Incluso en la década del sesenta ya no sólo fue la acción política clandestina, sino que ella era además insurreccional y armada. Pero las victimas del mundo sindical en ambos períodos no se comparan ni remotamente con lo que estamos viendo en el Municipio Caroní en los últimos tres años .
Otra violencia sindical en una escala más bien de atropellos y arbitrariedades ejercida por jefes sindicales, se han conocido en otros sectores productivos –petróleo, automotriz, cauchero, textil-. El tema más caliente siempre ha sido el empleo, ya que al controlar los sindicatos el ingreso a los puestos de trabajo adquiere una importante fuerza. Otro tema caliente, es la confrontación intersindical por controlar una determinada organización. En todos estos casos subyace en esa violencia las cuotas de poder –emplear trabajadores- y los ingresos o finanzas de la organización.
Al sector de la construcción se incorporan grandes contingentes de trabajadoras. Es un sector con una gran capacidad de empleo. Por otro lado una gran parte de esa mano de obra es de poca calificación. Los empleos son de por obra determinada, y por tanto inestables. El trabajador rota de una obra a otra. Estas características dan lugar a una mayor dependencia de los trabajadores de quienes dirigen los sindicatos, que son quienes controlan el ingreso a los puestos de trabajo. El trabajo es la mercancía que se ofrece de una obra a otra, y la intermediación sindical maneja la relación con los patronos.
Desde la fundación de los sindicatos por rama de industria de los trabajadores de la construcción, los primeros en la década del cuarenta, y luego se multiplicarían en el aluvión sindical de la década de los sesenta, los adecos mantuvieron la hegemonía absoluta. Para entonces la violencia eran fundamentalmente cabillas y batazos. Los activistas de los sindicatos de la construcción eran generalmente los de las brigadas de choque en las manifestaciones sindicales, como las del 1 de Mayo. En la década del sesenta se popularizó en el medio sindical hablar con temor de “los cabilleros de Juan Herrera”, el por muy largo tiempo presidente-fundador de Fetraconstrucción.
Pero que ha pasado en estos años recientes, para que la contabilidad de la barbarie nos impacte a todos. Asomemos algunas inquietudes, para seguirlas profundizando.
En primer lugar se ha estimulado la constitución de nuevos sindicatos, llamados paralelos, en el mismo sector de la construcción. Ahora los patronos y las obras que ejecutan son conquistadas en una lucha hombro a hombro por el sindicato tradicional o por el de reciente constitución. Este fenómeno si se quiere se observa en casi todo el país. Pero que tiene el Municipio Caroní, es decir Ciudad Guayana de especial, para que los números de violencia sean un record rojo en la historia del país. Las obras que aquí se han ejecutado en los últimos años son monumentales, un primer puente sobre el río Orinoco, ahora un segundo puente, la construcción de nuevas represas, la ampliación de obras en centros productivos, la construcción de un stadium olímpico –Cachamay-. Son obras que congregan a miles de trabajadores, además son obras que se toman varios años para su ejecución. Todo ello implica un gran poder en el ingreso de trabajadores y el manejo de las finanzas.
Lo anterior ocurre en el marco de unas cifras respetables de desempleo, aunque ha venido bajando, no hay que olvidar que el empleo mayormente es el de la informalidad, sin tutela ni protección de ningún tipo. Se recuerda que el empleo de la construcción tiene la tutela de la legislación laboral y gozan de un buen contrato colectivo, por lo que si bien su naturaleza lo hace temporal, es plenamente formal.
Otro elemento perturbador de las relaciones de trabajo en este sector y en general todos, es de la fragmentada situación del movimiento sindical. Al paralelismo confrontador de los sindicatos de reciente constitución contra los de dominio adeco, se ha sumado la fragmentación en el ámbito de los sindicatos de orientación oficialista, que ahora responden a diversas corrientes internas. Unas con el beneplácito de las autoridades de la administración del trabajo y otras marginadas. Esto determina que las obras de construcción en Ciudad Guayana se las pelean no dos organizaciones sindicales, sino tres y cuatro diferentes. La multiplicación de organizaciones ha llevado a improvisar dirigentes. En la medida que esto ha ocurrido el nivel ha venido bajando, apareciendo las prácticas violentas como el medio dominante para dirimir las diferencias. Dado que se manejan cifras importantes de recursos económicos, ello ha llevado a la contratación de guardaespaldas y personas que manejan la violencia como práctica cotidiana. En algunos casos los guardaespaldas devienen en delegados en obras y aplican los métodos que conocen.
Ante esta dramática situación por supuesto que se puede y debe profundizar, para controlar esta anarquía y normalizar el caos, que líbrenos señor de que se extienda a todo el país. Se advierte que hay casos esporádicos en los estados Anzoátegui, Guarico, Aragua, Carabobo, Distrito Libertador, Apure. Hay tiempo para poner límites. Obviamente, como en todo hecho de violencia hay autores materiales y autores intelectuales, pero además dada las raíces de este problema es importante tener presente los autores institucionales.

martes, 11 de septiembre de 2007

Reducción de la jornada: algunos antecedentes e implicaciones

El presente artículo fue publicado en El Carabobeño, 9-9-07, C14

“La reducción de la jornada no es motor de crecimiento sino fruto de él” (Kuttner, Robert ).

En la propuesta de reforma constitucional presentada por el Presidente de la República en el pasado mes de Agosto, ocupa lugar importante la reducción de la jornada, pero curiosamente no por ser expresión de una conquista de la sociedad venezolana, sino por considerar que la reducción de la jornada aparece en el texto propuesto como un estimulo para inducir a la aprobación de otros elementos más en el orden político, y que son el centro de esta propuesta, como es el caso de fortalecimiento de los poderes en manos del Presidente, incluido la reelección continua.
Algunas consideraciones históricas sobre el tiempo de trabajo que conviene tener presente, para contribuir con la reflexión y el análisis, incluyen:
Históricamente la reducción de la jornada ha sido un proceso complejo de luchas cuyo origen ha sido la presión de los propios trabajadores, a través de sus organizaciones o círculos más avanzadas. Recuérdese que el 1 de Mayo, Día Internacional del Trabajador, tuvo su origen en la lucha por la reducción de la jornada.
También es válido admitir que las sociedades han asociado la reducción de la jornada como una meta de avanzada social, por ello al crearse la Organización Internacional del Trabajo en 1919, como resultado del Tratado de Versalles, su primer convenio fue el del establecimiento de la jornada de trabajo en ocho horas, convenio No. 1.
Cuando en Venezuela se moderniza la regulación e institucionalidad laboral en 1936 y años siguientes, ya el terreno de la jornada de las ocho horas como conquista universal ya estaba abonado. No obstante se dejó a un lado a los trabajadores del campo, que para entonces representaban la mayoría de la población trabajadora, para quienes la jornada era de nueve horas. Pero para esos años, de los treinta, así como de los cuarenta, los textos normativos no contaban con la vigilancia efectiva de los mecanismos estatales ni de las organizaciones de los trabajadores por su ausencia o insuficiente desarrollo. Por ello la preocupación central en otro momento estelar de la modernización como fue de 1958 en adelante, era el fortalecimiento institucional tanto por el lado de los entes de la administración del trabajo, como de las organizaciones gremiales de trabajadores y de empresarios. Condiciones necesarias para aproximar la jornada legal y la jornada real de trabajo, que han tendido a ir cada una por su lado.
A mediados de los ochenta, en 1985, se abre un proceso de debate que apuntaba a la reforma de legislación laboral, y en ello el tema de la reducción de la jornada ocupaba su lugar. El debate tomó cinco años, ya que fue a fines de 1990 cuando se aprobó el nuevo texto. Se llegó a la reducción de la jornada diurna de los obreros a las 44 horas semanales, equiparándose con la de los empleados. Se logró entonces universalizar esta jornada. También se redujo la jornada nocturna de 42 a 40 horas, y la jornada mixta de 45 a 42 horas. En los sectores industrial y financiero, es usual que se prolongue la jornada diaria con el objeto de no laborar los días sábados, es decir disponer de dos días de descanso semanal.
La evolución que evidenció la reforma de 1990, tuvo su base en la propia realidad y acción de los actores laborales, quienes en algunos sectores de punta, vía los acuerdos contractuales fueron revisando la jornada y gradualmente reduciéndola. Aunque hay que destacar que el abordaje del tiempo de trabajo por esta vía estuvo más orientado a la consecución de pagos adicionales por labores extraordinarias, ya sea prolongando la jornada ordinaria, o laborando los días festivos y de descanso.
Otro jalón importante en la reducción de la jornada lo ofrece la reforma constitucional de 1999, se redujo la jornada nocturna de 40 horas semanales a 35 –art.90, Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, CRBV-. También en los noventa se registra la entrada en vigencia de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, jóvenes entre los 14 y 18 años, para quienes la jornada laboral no podía exceder de 6 horas diarias ni de 30 horas semanales.
Ante la propuesta de reforma del Presidente de la República –agosto 2007-, en el tema que analizamos, la reacción ha sido en la mayoría de los casos de aprobación. Se entiende que para los sectores vinculados con los trabajadores cuesta o es difícil oponerse, porque quién lo haga, se convierte en blanco de señalamientos que pondrían en entredicho su liderazgo. Pero lo curioso del caso es que algunas de las reacciones empresariales son favorables a esta propuesta, así se desprende de reciente entrevista al Presidente de Empreven – la central empresarial nacida bajo el auspicio del gobierno, Empresarios por Venezuela-. Pero por otro lado, las organizaciones empresariales tradicionales han tenido una reacción contemporizadora, a lo sumo pidiendo un plazo para cumplir con la reducción planteada.
Inquieta que un país en donde la competitividad es tan baja, se plantee de modo tan ligero una reducción de la jornada como la planteada. Ya desde el propio hecho que la propuesta tenga carácter accesorio en el paquete de reforma constitucional, confirma la ligereza destacada. Algunos de los declarantes oficiales, invocan que la jornada de 36 horas semanales ya existe en Francia, pero vale la pena recordar que cuando la Ministra Audrey, a fines de la década del noventa, propuso bajar la jornada por debajo de las cuarenta horas, como una manera de encarar el serio problema de la falta de creación de empleos, el debate tomó un par de años. Por tanto ello permitió analizar las consideraciones naturales que una meta como esta implican como costo y beneficio para la sociedad en su conjunto. Al final lo aprobado no fue por razones accesorias sino primarias como el tema amerita.
La comparación internacional siempre es bienvenida para ubicarnos, para saber en donde estamos. Pero tiene más sentido la comparación con países de un desarrollo equivalente. Por tanto parece razonable que nuestras comparaciones privilegien el ámbito latinoamericano, aunque conscientes de que las economías de Brasil, México y Argentina son notablemente más competitivas que la nuestra. Dejemos para una próxima contribución ocuparnos de este asunto y de otros más, ya que las implicaciones de la reducción de la jornada no son menores.