domingo, 18 de diciembre de 2011

Violencia sindical persiste y poco se hace para contrarrestarla

Hay temas con los cuales toca ser reiterativo. Uno de ellos es el de la violencia sindical que se traduce en asesinatos. En el último año, el Informe de Provea reporta treinta y seis casos en todo el país. El informe indica nombre, edad, sexo, ciudad y sitio de asesinato, las circunstancias del asesinato; y en muchos casos la organización a la cual pertenecía la víctima.



Esta recopilación que viene haciendo Provea es una de las pocas fuentes que informan sobre esta grave situación. Entes estatales del ámbito laboral, como de los derechos y defensas de los ciudadanos, ignoran el problema. También el movimiento sindical en general no ha tenido éxito en colocar el tema en lugar relevante para ejercer presión sobre las entidades encargadas de investigar y tomar medidas.



La recopilación adquiere mayor valor si observamos que existen disposiciones legales que tienen una posición limitativa del accionar de instituciones. Por ejemplo, el artículo 6 de Ley de Defensa de la Soberanía Política y la Autodeterminación Nacional establece: “Las organizaciones con fines políticos u organizaciones para la defensa de los derechos políticos, que a través de sus directivos, personas interpuestas o por vía anónima reciban ayudas económicas o aportes financieros por parte de personas u organismos extranjeros, serán sancionadas con multa equivalente al doble del monto recibido, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones previstas en otras leyes”. Como se ve hay una predisposición a la criminalización de las actividades que tienen como objetivo indagar en temas de derechos humanos.



De las víctimas del ámbito sindical reportadas en el informe que se comenta se destaca el Estado Bolívar, que continua como en años anteriores siendo el de mayor número de casos con diez, seguido de Aragua con siete, Carabobo con cuatro, Monagas con tres. Estas cuatro entidades representan dos tercios de los casos. El resto se reparte en ochos estados diferentes. Del total apenas dos son mujeres sindicalistas. En cuanto a la edad, el promedio es de sólo treinta y dos años.



La información provista señala que continua siendo el sector de la construcción, la actividad económica que aporta el mayor número de casos. Desde que este fenómeno adquirió dimensión alarmante, es decir desde el 2005, una constante marcada es que el sector de la construcción presenta por muy amplia mayoría el mayor porcentaje de casos. En otras contribuciones hemos analizado el caso. Los factores relevantes que generan este problema persisten. No hay acciones contundentes orientadas a la superación del problema, ni estatales ni privadas.



Los casos muestran orígenes diversos, pero son distinguibles dos grupos. El primero proviene de una acción sindical deformada que ha negociado con las necesidades de trabajo de los trabajadores, mercantilizando los puestos de trabajo, buscando el control de obras civiles que derivan beneficios económicos sea por la venta de empleos, como por cobro de cuotas a los patronos, ello junto al desbordado paralelismo sindical, abonan el terreno para que la violencia sea el camino para ganar espacios y dirimir las diferencias.



El segundo grupo, notablemente mucho menor que el anterior, se observa un determinado número de casos asociados a situaciones de intolerancia política e ideológica. En este gran número de treinta y seis víctimas son pocos, pero existen y ese es un verdadero problema.



Finalmente, es importante llamar la atención la tendencia a banalizar lo planteado, así como englobarlo en la situación de violencia generalizada que experimenta la sociedad venezolana, y mantener desde las instituciones y personas con responsabilidades en ellas una postura expectante y pasiva.

lunes, 12 de diciembre de 2011

“Hay una brecha entre el discurso y los indicadores laborales”

A continuación texto de entrevista sostenida con periodista Clavel Rangel, y publicada en El Correo del Caroní, en su edición del lunes 12-12-11

Héctor Lucena, doctor en Ciencias Sociales de la Universidad de Carabobo, analiza el escenario sindical venezolano y las políticas laborales en vísperas de un año eminentemente electoral.


Clavel A. Rangel Jiménez
crangel@correodelcaroni.com
Foto William Urdaneta

[El especialista en relacionales laborales Héctor Lucena destaca la importancia de escuchar las experiencias positivas en la administración de conflictos]

El especialista en relacionales laborales Héctor Lucena destaca la importancia de escuchar las experiencias positivas en la administración de conflictos
Héctor Lucena es un curioso del mundo del trabajo. Como estudioso de este campo ha escudriñado con rigurosidad los sucesos en el movimiento sindical, especialmente los convulsionados últimos 10 años de la Venezuela “revolucionaria”.

Por eso, cuando dice que la conformación de la Central Socialista Bolivariana de Trabajadores hay que verla “con prudencia”, lo sugiere como conocedor de esos ciclos.

Y para referirse a este nacimiento mira en retrospectiva. Se enfoca en los hechos que desencadenaron la génesis y agonía de la Unión Nacional de Trabajadores (Unete), la cual resume en la omisión de la discusión de base, entre otros agravantes.

“El origen de una central sindical deben ser las federaciones, y el origen de las federaciones deben ser los sindicatos, y de los sindicatos la asamblea de trabajadores, es decir, ése es el ciclo. Ese ciclo debe desembocar en una central sindical”, señala el coordinador del Doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad de Carabobo y autor de Las Relacionales Laborales en Venezuela y Lo Laboral en Tiempos de Transición.

Los últimos intentos del movimiento de los trabajadores no han tenido esas características. En principio, señala, porque no son súbitos. Al contrario, son lentos.

“La CTV nació en el año 36, por arriba, y duró poco, pero luego se reconstituyó en otro tiempo, en otro momento, y tuvo su estabilidad en una etapa importante; la Unete también nació de arriba. ¿Cuál es el balance? Se fragmentó rápidamente. Se volvió pedazos porque nació sin ese proceso. Nació por la facilidad que se le da desde el Gobierno en darle un registro y luego darle convocatoria, acceso y entrada”, expone.

La estructura de presidente y de secretarios generales planteada en la nueva organización, a diferencia de las coordinaciones planteadas en la Unete, no son garantía de que se resuelvan los problemas de fondo, como la estabilidad y la autonomía del movimiento.

“Si tienes buenas relaciones con el Gobierno, ese no es el pecado. Esa es una alianza importante para las metas, pero también es una alianza que tiene que tener unos límites en su modo de funcionar, porque de lo contrario se convierte en un instrumento del Ejecutivo, en una etapa donde hay decisiones importantes que son del interés del movimiento de los trabajadores”.

- Considerando las características con las que se constituye esta nueva Central Socialista, ¿hay perspectivas de que pueda cumplir un papel de liderazgo entre los trabajadores?

- Hay que verlo con prudencia. No es para brincar de alegría. Un gobierno, por más poderoso que sea, tiene prioridades que no son, necesariamente, las del movimiento de los trabajadores. Tiene prioridades electorales, de gobernabilidad, alianza con otros sectores, política exterior…

El proceso de hoy es más direccionado de arriba para abajo, y eso trae una dificultad de cohesión. Si se buscan los estatus de la Unete no existen, eso es muy revelador de un trato, desde la administración del trabajo, muy generoso.

Concepción universal
El investigador considera que Unete cumplió un papel invaluable para los objetivos del Gobierno: desplazar a la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV).

“Su pura presencia, su vocería en los escenarios internacionales, fue colocando a la CTV en situación cada vez más difícil hasta que hoy está casi invisible. El Gobierno le debe a la Unete que eso haya ocurrido. Una función que se sabía que estaba planteada, pero hay funciones que se plantean y no resultan. Pues ésta resultó”, asevera.

- Pareciera haber la intención de que la central sea un instrumento político que, si bien no cohesiona a los trabajadores, mediáticamente cumple sus objetivos.

- Una central sindical es una estructura que le sirve a cualquier Gobierno en cualquier país para que haya interlocución, para que haya diálogo, para que haya intercambio, sin necesidad de que eso se vea peyorativo. No es, para nada, peyorativo. Pero si en esa central sindical es el Gobierno quien determina cómo ha de cumplir esa función, esa no es una regla muy clara. Esa es una cosa que tienen que decidir las centrales, porque sino el movimiento pierde una oportunidad importante de definiciones propias.

- La participación a través del control obrero, ¿es un hecho positivo en sí o trae peligros para el movimiento sindical?

- Uno oye a algunos conocedores y participantes de la experiencia que reiteran que el control obrero y el sindicato no se solapan, que son definiciones muy delimitadas, pero no es fácil aceptar tal definición porque a quien sí se les tiene bien definidas las reglas del juego, de hasta dónde llegan sus facultades, es al sindicato. El sindicato es una concepción universal donde concurren corrientes diversas, pero el control obrero es una concepción del régimen con un sesgo mayor.

- Después de casi 10 años de la formación de Unete ¿Percibe un movimiento emergente de los trabajadores?

- Por el lado de las corrientes tradicionales creo que ha habido un decantamiento a lo que ha sido AD (Acción Democrática) y Copei (Comité de Organización Política Electoral Independiente). Han aparecido personas con interés en constituir otras opciones, como el Fadess (Frente Autónomo en Defensa del Empleo, el Salario y el Sindicato) o el MSL (Movimiento Solidaridad Laboral). Claro, construir un movimiento implica voluntad y también recursos, (porque) hay que organizar actos, movilizar gente, etcétera. Fadess es un ensayo, pero pienso que es modesto en cuanto al alcance. Así que, pensar refundar o replantearse (el movimiento sindical) en un año como el que viene, donde se prioriza lo electoral, va a estar en un papel no prioritario.

Pienso que cualquiera sea el resultado de octubre, va a ser un momento bueno para los trabajadores porque significa el cierre de un ciclo.

- Se analizó, hace algunos años, que la crisis de los partidos, el ascenso de Chávez y la participación de la CTV en el paro petrolero dinamitaron las bases del movimiento sindical. ¿Ahora hay un retorno de los trabajadores a las organizaciones políticas?

- Lo que veo es mucho reclamo. La gente reclama y tiene más reclamos. Hay quienes dicen que es por la permisividad. Yo no le creo así, porque sino no hubiesen casos como los de criminalización de la protesta.

La conflictividad no siempre es expresada en parar la fábrica, o parar la planta, o hacer una marcha para ir al Ministerio del Trabajo… es la actitud, lo que se oye en la conversa de la gente.

- El Presidente ha fomentado esa actitud contestaría al promover la contraloría social y otros mecanismos de empoderamiento. ¿Eso se ha revertido hacia el propio Ejecutivo?

- El asistencialismo sigue siendo fuerte, y si la situación económica de las empresas es difícil y no se crean empleos y el país tiene un PIB estancado, entonces el movimiento encuentra dificultades estructurales para poder tener más garra como organización.

En una situación como esa, el asistencialismo encuentra más oportunidad, porque te brinda apoyo sin contraprestación del trabajo.



Históricamente, la conciencia la da para reclamar que eres explotado, subordinado, que creas riquezas para otros, pero ahora la conciencia también tiene que ver con el hecho de que no se te cumple con una beca o con una asignación que estaba programada, y eso ocurre porque se hace de eso mucha propaganda.

Allí hay un fenómeno que no es que se le escapa al Gobierno, sino que se le sobrecarga de asistencialismo y eso le crea la dificultad para crear empleos dignos, decentes y productivos.

- ¿Hasta cuándo ese discurso puede ser efectivo en los trabajadores?

- Ese discurso es efectivo en el nivel emocional; es empático, pero al final de los procesos el contrato colectivo está congelado y hay problemas de inserción laboral. Entonces, hay una brecha entre el discurso y la cotidianidad expresada en los indicadores laborales.

Un indicador importante laboral es cómo se distribuye el ingreso nacional entre trabajo y capital. Ya sabemos que capital es capital privado o público. El ingreso a lo largo de los últimos años se ha distribuido más hacia el capital que hacia el trabajo. Claro, el trabajador en la base lo siente de alguna manera.

Iban muy bien los indicadores de la disminución de la pobreza pero se han estancado, y combatir la pobreza no es exactamente igual a una mejor distribución de capital trabajo; se trata de otras aspiraciones mayores, lo que debe ser fluidez productiva, ambiente de convivencia, calidad de vida y progreso de la gente. Eso es lo que importa.

Marco legal

- ¿Es necesaria una reforma o una nueva Ley Orgánica del Trabajo?

- Eso hay que verlo. Hay quienes hablan de reformas puntuales que están en la Constitución, y hay quienes hablan de una nueva relación laboral. Hay que oírlos a todos pero, como este es un asunto muy amarrado al Presidente, hay que ver por cuál se inclina.

- En comparación con otras legislaciones del mundo, ¿Venezuela está regazada o todavía es una ley de avanzada?

- Hay países que tienen leyes más avanzadas pero cubren a más gente, y hay países que tienen leyes muy avanzadas pero cubren a menos gente. Aquí lo que importa es que de una población laboral de 13 millones, ¿cuántas están cubiertas por la legislación laboral?

- ¿Qué indicadores hay?

- Bueno, los indicadores son cómo está distribuida la población entre formales e informales. Eso es tajante. Y (además) cómo se observa en la justicia laboral en que la mayoría de los reclamos tiene que ver con que si es o no trabajadora dependiente.

-¿Qué riesgos se corren si no se da una discusión profunda?

- El primer riesgo es dificultades de aplicación, que no sea coherente, que no sea precisa y que genere más conflictos encontrados, y entonces se desate una cadena de problemas adicionales a los existentes. Y el otro riesgo que existe es que, por generar expectativas económicas determinadas, las empresas migren a cooperativistas, a contratistas y se produzca un retroceso.

La voluntad de los líderes a veces no encaja con la realidad económica ni con el sistema productivo, ni con las capacidades; para que encaje hay que debatir mucho, consultar y bajar a los empresarios, no sólo a los trabajadores.

Hay empresas como Polar, que es un grupo que cumple y trata de tener a la gente contenta. Menciono esa porque es casi un caso emblemático. Hay otros ejemplos menos sonoros. Esos ambientes, que funcionan bien, hay que oírlos porque esos son los mejores referentes. Los mejores referentes no son esas empresas que andan con tanto lío.

¿Quién es Héctor Lucena?

- Doctor en Ciencias Sociales de la Universidad de Glasgow.

- Coordinador del Doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad de Carabobo.

- Autor de Las Relacionales Laborales en Venezuela y Lo Laboral en Tiempos de Transición, entre otras publicaciones.

- Titular de la columna Mundo laboral en el diario Correo del Caroní.

domingo, 11 de diciembre de 2011

Ubicación y balance de Empresas Estatizadas

​En el juego de dómino las 28 fichas son barajadas al final de cada ciclo, y que sea por azar que cada uno de los cuatro jugadores escoja de la mesa sus 7 fichas para empezar el nuevo ciclo. Inmediatamente cada jugador desarrollará su estrategia con las que por azar le tocaron tanto a él como a su socio en la mesa.

​Un nuevo reacomodo acaba de ocurrir con varios ministerios y la adscripción de empresas y entes estatales. Los reacomodos ministeriales ocurren con cierta frecuencia, ministerios que se fusionan, como fue la estrategia planteada al inicio del presente período, cuando se criticó la gran cantidad de carteras ministeriales existentes, recordando que para 1998 existían 17 ministerios. De hecho hubo algunas fusiones.  Pero varios años más tarde se inicio un proceso en dirección opuesta, que ha traído consigo que hoy existan 31 ministerios.

​A objeto de tener referentes comparativos, la mayor economía del mundo, los Estados Unidos de América del Norte cuenta con un gabinete de quince Secretarías o Ministerios. En tanto Brasil, el país de mayor tamaño y población, así como la mayor economía en América Latina y el Caribe, cuenta con veinticuatro Ministerios.

​En el tamaño del Estado hay que agregar la importante cantidad de organismos descentralizados, autónomos y empresas de propiedad estatal, que desde la década del setenta, al nacionalizarse petróleo y hierro, permitieron al Estado contar con abundantes recursos para la creación y adquisición de un importante número de empresas.

Luego en la década del noventa el país entró en procesos de privatización que incluyó a Bancos, Empresas de Aviación, a Cantv, servicios de distribución eléctrica, agua potable, puertos, de recolección de basura, entre los más importantes. Con el sector financiero, se destaca que el Estado inesperadamente se hizo dueño de un importante número de bancos, como consecuencia de la crisis financiera de 1993-1994.  No tenemos preciso el número de cuantas empresas fueron privatizadas, pero se trata de algunas decenas.
Todas estas empresas fueron ya re estatizadas en los últimos seis años, formando parte de un gran total de 1.087 empresas que desde el 2004 han sido tomadas por el Estado (Conindustria). “Del total de expropiaciones el sector más perjudicado es el de la construcción, el cual ha sufrido 42% de las 1.087 intervenciones. La agroindustria (32%), el área petrolera (19%), y el comercio y los servicios (4,7%) son otros de los sectores más afectados.”  (C R Gómez y R Deniz. El Universal, 9-12-11). Este colectivo de empresas no parece incluir las propiedades agrícolas y ganaderas, que agregarían otra importante cantidad.

Hay que reconocer lo que representa la complejidad que implica el funcionamiento eficiente y productivo de tan grande sector de entes estatales. Ese ha sido un serio problema en la actual administración tanto del Ejecutivo como del Legislativo. Se hacen ensayos de modelos de gestión y funcionamiento. Algunos dejados de lado al poco de hacerse evidente la no solución de problemas  de funcionamiento. En ese sentido se ha pasado por endogenismo, cooperativismo, empresas de producción social, empresas de propiedad social, cogestión, autogestión, control obrero, empresas mixtas. Hay que destacar que a pesar de la importancia de estas propiedades productivas que tiene la Nación, no hay la apertura y necesaria transparencia para examinar su situación.

Uno de los asuntos que refleja notablemente las dificultades de coordinación y de orientación de este complejo sector tiene que ver con la adscripción ministerial, con la conformación de esquemas que permitan que cumplan su papel productivo y rindan al Estado, a los trabajadores y a la sociedad en general los productos y servicios en cantidad y calidad que corresponde. Por eso da la impresión que cada cierto tiempo estas empresas y entes estatales en general, son reasignadas y reagrupadas alrededor de un ministerio, luego a otro, como dando tumbos sin definiciones claras de cómo deben funcionar tanto en su dimensión productiva, como en la coordinación con otras proveedoras, consumidoras y relacionadas, así como con el ámbito global por ser propiedades de la nación a la que se le debe rendir cuentas, y consecuencia de ello tomar medidas de premiar y castigar.

Recién ocurrió otra reasignación de empresas y entes estatales a los Ministerios de Industria, al de Ciencia y Tecnología y al de Energía, lo que lleva a tener presente las inquietudes expuestas.
En el juego de dómino hay estrategias y coordinación, pero también cuando las fichas son simplemente colocadas verticalmente una al lado de la otra guardan un equilibrio crítico, que al caer una de ellas arrastra a las demás.. cuidado!

domingo, 4 de diciembre de 2011

Formación Sociolaboral II

Considerando que el planteamiento formulado en nuestra contribución anterior requiere algunas ampliaciones, vamos a continuar con su desarrollo.

La formación sociolaboral refiere a el conjunto de temas y saberes que van a permitir que la dirigencia y los trabajadores tengan acceso a temáticas de interés para su agenda reivindicativa en el espacio productivo, pero que también incluya los conocimientos necesarios para el manejo de las entidades de producción y servicios en donde se ejecuta el trabajo. No se puede desvincular las aspiraciones a una mayor participación en la distribución de los beneficios – masa salarial y ganancias del negocio- en donde se aportan esfuerzos, sino se vincula con la producción y todas sus dimensiones, que como es evidenciado representa la base de lo que al final ha de distribuirse. Entonces a la dimensión distribución, que es la formación tradicional, poca por cierto salvo contadas excepciones, ha de agregársele la dimensión producción.

El otro elemento central en la formación sociolaboral es la que corresponde a la dimensión redistribución. Se trata de responder a preguntas ¿qué se hace con el producto que se elabora, y que se hace con los aportes al Estado en los diversos tributos que se le entregan?, que está bien que claro que son resultantes del esfuerzo de los trabajadores. Por tanto la formación incluye al Estado y el mercado, tanto en sus funciones y organización. Tener elementos para saber dar respuesta a lo planteado en la muy famosa frase: tanto mercado como sea posible, tanto estado como sea necesario.

Sintetizando los dos planteamientos anteriores, se señala entonces que la formación sociolaboral refiere tanto a lo sindical tradicional como a lo relativo al contexto laboral, social, económico y político en donde se desenvuelve la acción sindical en interacción con Estado, Capital, Comunidades y otras fuerzas sociales económicas y políticas.

Se tiene claramente entendido que el hecho trabajo da lugar a producción, que se traduce al final en bienestar y poder. Véase el caso de China, la multiplicación de su capacidad productiva la hace ser hoy la segunda potencia económica en el mundo, y contar con las mayores reservas económicas, proceso vertiginoso desarrollado en apenas los últimos treinta años. Para entonces era como hoy el país con mayor población en el planeta, y que además contaba con un ejército y un poder nuclear de primer mundo, pero por el contrario su producción de bienes y servicios era del tercer mundo tanto en cantidad como en innovación tecnológica. Todo ello resultante del trabajo, y su conjunción con el poder político.

Una precisión importante de lo planteado sobre la dimensión producción en la formación sociolaboral, es que ella no sustituya la formación profesional necesaria para el alcanzar el nivel adecuado para desempeñarse en un oficio, así como luego su ampliación, actualización y perfeccionamiento. Ambas formaciones son complementarias.
Sobre la formación profesional, desde 1960 existe el Instituto Nacional de Cooperación Educativa –Ince-, que recién -2008- cambio su nombre al Inces, al agregar la palabra socialista. Su trayectoria en las primeras cuatro décadas fue exitosa en aquellos programas dirigidos a la formación profesional. Al cambiar al status actual bajó su desempeño en ese campo y se orientó a servir de apoyo al nuevo modelo, lo que implica un componente importante de formación ideológico político que refuerza los planes gubernamentales.

El peso que tenían los representantes de los empresarios y de los trabajadores en el diseño original se vino a menos. Recordemos que era una organización que se concibió para ser dirigida en un esquema tripartito. A pesar de la presencia en la junta directiva de representantes laborales de la central más representativa y del gremio de los maestros, la formación sindical y la sociolaboral no fueron parte de la agenda de este instituto.

Hoy por el contrario, el Inces vive una situación laboral controversial, ya que con sus propios funcionarios –más de catorce mil- mantiene una situación laboral tirante, al punto de no negociar un convenio colectivo que lleva más de dos años vencidos, incluso el asunto ha sido llevado al comité de libertad sindical de la OIT, agregándose al planteamiento el fomento del paralelismo sindical, que en el fondo es una postura antisindical y violatoria de los convenios sobre ese particular suscritos por la nación venezolana.

Este organismo ha pasado por varios ministerios a lo largo de los últimos años, decisiones por cierto desvinculadas de las voces de representantes de organizaciones vinculadas con la producción, y recién se le adscribe al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias. El mismo Presidente de la República manifestó “Vamos a darle un perfil más técnico”.

sábado, 26 de noviembre de 2011

LA FORMACIÓN SOCIOLABORAL

En el presente mes de noviembre se cumplen cincuenta años de la fundación del Instituto Nacional de Estudios Sociales –INES-, organismo nacido en 1961 para realizar actividades de formación para trabajadores y dirigentes. En el país la existencia de centros de formación creados para los sectores laborales con el objeto de promover organizaciones para la defensa de sus intereses son contados. Además haber alcanzado una trayectoria de cincuenta años es un mérito, que debemos reconocer a quienes han asumido esa loable responsabilidad.

Hoy con motivo de su 50avo aniversario el Ines se plantea retos en el análisis de la formación para los trabajadores y sus dirigentes, mirando los próximos diez años, nos plantean dilemas:

“.. nos proponemos visualizar criterios y políticas que nos permitan adecuar y actualizar los temas y contenidos de la formación en sus distintas dimensiones (Sindical, Sociolaboral, Económica, Política, Técnico Profesional y Ético Cultural), ubicándola como un elemento clave de su política y estrategia, y como una condición para lograr el perfil del trabajador, del Dirigente y la organización de trabajadores que necesitamos..”

La reflexión anterior lleva a considerar y analizar qué es lo construido en la formación como actividad institucionalizada y estable, para contribuir con el papel que ejercen las organizaciones de los trabajadores. Para facilitar lo planteado conviene preguntarse ¿a quién compete la formación de los dirigentes y de los trabajadores en general?

Si reconocemos a las organizaciones de los trabajadores como entidades que son parte del entramado institucional que sustenta el desarrollo productivo y social de una sociedad, entonces llegamos a concluir que esa formación es un compromiso nacional, de la sociedad en su conjunto.

En la historia del país no se observa que la formación de dirigentes y trabajadores en general, a los fines de fortalecer sus organizaciones y con ello su papel protagónico en la construcción de propuestas y en la toma de decisiones, haya alcanzado metas que satisfagan los mínimos necesarios para que el movimiento de los trabajadores se sienta satisfecho de lo logrado.

Tanto para al Estado como para los Empresarios, este asunto no es su prioridad., por el contrario un movimiento conducido por directivos improvisados y desinformados son más fácilmente cooptados a intereses distintos a los propios.

Entidades como el Ministerio del Trabajo, en su interior el Incret, el Inspsasel, el Inces, y otras entidades estatales, cuando han incluido programas de formación de directivos y de los trabajadores en lo relativo a sus organizaciones representativas, ha sido más orientado a ponerlas al servicio de posiciones convergentes con los propósitos estatales, que no siempre son los mismos del movimiento.

Igual puede señalarse de la formación promovida desde los empresarios sea en los centros creados para formación de trabajadores, que como es conocido se orientan más a la formación profesional para el desempeño en el trabajo, como en aquellas entidades de educación superior , que más bien crean programas para fortalecer el papel de la empresa y de los empresarios en general, en donde más que brindar oportunidades para el estudio científico de las relaciones entre empresas y trabajadores, que fortalecieran el sistema productivo y la distribución de riqueza, lo que predominaron fueron los programas, seminarios y actividades académicas que tenían en el fondo el propósito de controlar al movimiento de los trabajadores.

Con las universidades no se desarrolló un mecanismo de articulación con el movimiento de los trabajadores para aprovechar los recursos con que ellas cuentan. El enorme potencial de la actividad de extensión universitaria no se articuló con planes de formación sindical y de formación sociolaboral, Recelos de un lado y del otro predominaron. No se crearon puentes, para que así como en las universidades se forman cuadros para la dirección de la gestión estatal y de la gestión empresarial, se formen también para la gestión de las organizaciones de los trabajadores. De todos modos, una formación que tenga presente a las organizaciones de los trabajadores, es una responsabilidad que la universidad venezolana debe asumir.

Para cerrar, es importante destacar que la formación sociolaboral tiene sentido en tanto el accionar sindical trascienda lo reivindicativo inmediato, y se vincule como actor en la solución de los grandes problemas de la sociedad. El funcionamiento laboral está regido por el predominio de otros actores, como son el Estado y el Capital, quienes protagonizan el intercambio en torno a los temas centrales del funcionamiento de la sociedad. El movimiento al destinar todas sus energías en los temas de la distribución ha dejado de lado lo relativo a la producción y la redistribución. Cuando se ha puesto en práctica el dialogo social, ha estado dominado por los temas del interés del Estado y del Capital. En fin el modelo de desarrollo lo determinan y conducen las manos del Estado y el Capital. El reto está ahí. Desde su seno ha de nacer la discusión y la construcción de opciones para que formen parte de su agenda reivindicativa nacional, sectorial y en los centros productivos.

domingo, 13 de noviembre de 2011

Reformas Laborales y Desigualdad

Las reformas laborales y de la Seguridad Social son temas noticiosos. Implican impactos en todos los ámbitos de la vida de una nación.

Los impactos directos llegan a la población trabajadora del sector formal, así como de los empleadores públicos y privados. Menores o ningún impacto llegan a los grandes contingentes de personas de la informalidad.

Así como han de valorarse y reconocerse los impactos que inciden en la vida de los trabajadores y sus familiares, también es importante tener presente los impactos en el funcionamiento de las organizaciones públicas y privadas. Se entiende que la calidad de vida de los trabajadores y sus familiares está ligada a lo que el país produce y construye. Y muy importante y determinante, el cómo se distribuye todo aquello.

La nación es poseedora de una riqueza que le sirve para producir los bienes y servicios necesarios para su bienestar. De esa riqueza global, parte deriva de la propiedad que pertenece al Estado y otra parte proviene de la propiedad privada. Con la primera se produce un treinta por ciento del producto interno bruto, y con la segunda un setenta por ciento. Es importante destacar que en la construcción del porcentaje del sector público, una parte importante se logra extrayendo y agotando recursos primarios no renovables, tales son los casos de petróleo, hierro y aluminio.

Estas consideraciones sugieren que el compromiso de discutir reformas laborales y de la seguridad social, pasan necesariamente por ligar este debate y análisis con el funcionamiento y ordenamiento de la vida productiva e institucional del país.

El planteamiento anterior descansa en el hecho de que con la institucionalidad presente, la que hoy tenemos, hay una realidad que permite y facilita evaluar que tanto ella se materializa en su cumplimiento y las explicaciones que correspondan. Que si por un lado, se reconocen y observan la existencia de desigualdades entre los diversos sectores productivos y laborales, que se traducen y manifiestan en que unos trabajadores están en mejor situación en su calidad de vida tanto en el trabajo como en el tiempo reproductivo con relación a otros. Así como por otro lado se reconoce la existencia de densos sectores para quienes las institucionalidades de la protección laboral y de la seguridad social no les dicen absolutamente nada.

En función de lo anterior, hay sectores y actividades en donde quienes ahí laboran trabajan mucho y ganan poco, así como lo contrario, hay quienes poco trabajan y ganan mucho; igualmente se observan situaciones laborales en donde hay un equilibrio entre el esfuerzo y las compensaciones.

Hay que destacar que en las dos primeras situaciones extremas no necesariamente siempre es un tema de más o menos formación y/o educación formal. No por azar somos una sociedad con un alto grado de desigualdad. Simplemente esto se aprecia mirando la topografía y fachadas de la vivienda de nuestras ciudades y pueblos, así como mirando los centros de consumo sofisticado.

Una realidad de tal grado de contraste como la planteada, obliga a formularse preguntas. ¿Cómo resolver el problema? Es un debate interesante que ha de acompañar una reforma laboral; es decir, si se trata de abarcar el gran problema de la población desprotegida, conviene encarar el asunto no sólo en función de la población ya protegida, sino pensar en reformas del mercado laboral, que atiendan a esa mitad de la población trabajadora a la que no le llega la tutela y sus ventajas, o que, a lo sumo le llegan muy contados aspectos.

Se espera que este nuevo momento de mención de la Reforma Laboral y de la Seguridad Social que está en el ambiente, en las propuestas no eludan ver el país en su integridad, tanto en la diversidad de los trabajadores y de las unidades productivas, así como en la responsabilidad estatal en armonizar la diversidad y su propia condición de patrono que ha de ser modelo de cumplimiento.

sábado, 5 de noviembre de 2011

SIDERURGICOS Y SU MEMORIA HISTORICA

En la presente semana el Sindicato Único de los Trabajadores de la Industria Siderúrgica y sus Similares –Sutiss- llevo a cabo sus elecciones estatutarias. A pesar de su denominación de sindicato único de la rama siderurgia, es realmente el sindicato que aglutina sólo a los trabajadores de la Siderúrgica del Orinoco –Sidor-, ahora llamada “Alfredo Maneiro”.
 
            En los días que corren y en los próximos se estarán publicando análisis de los resultados de estas elecciones, lo que refiere obviamente a análisis coyunturales. Sin embargo lo que pretende este artículo es mirar hacia atrás y reflexionar, en torno a una organización que ofrece una trayectoria particular y fundamental en el desarrollo de las organizaciones de los trabajadores del país. Contar y conocer la memoria histórica fortalece las organizaciones. Más importante aún cuando los cincuenta años de Sidor implica ya dos generaciones laborales.
 
            Empecemos por identificar el colectivo aglutinado en la Sutiss. Su nómina de miembros está por alrededor de los 5.700 trabajadores. Sidor ha tenido una población laboral muy superior en años anteriores, llegó a tener 18.000 antes del proceso de reestructuración de principios de los noventa. Como toda la industria siderúrgica mundial, el número de trabajadores ha bajado sustancialmente, atendiendo a cambios tecnológicos y en la organización del trabajo.
 
            El hecho de que la organización sindical de Sutiss expresa el modelo de sindicalización por empresa, resulta una desventaja organizacional para responder a los cambios que gradualmente fueron reduciendo la nómina de la empresa, y con ello minando su base de afiliados. Aparte de que la industria siderúrgica es un hecho nacional, que si bien en Sidor está el mayor centro productivo, hay actividad siderúrgica en otras empresas de la zona, así como en otros estados de la República.
 
            Un sindicato de empresa está poco conectado con la actividad sectorial productiva, carece de formulación de políticas en este ámbito, y en tiempos que el movimiento sindical en su conjunto está desarticulado y atomizado, es más vulnerable a las influencias patronales y estatales; actores con quienes interactúa como entidad,  con intereses en algunos casos coincidentes pero en otros divergentes. El escenario al cual se ve sometido un sindicato en esta situación, esta dominado por lo circunstancial y cotidiano. Al final, sigue atrás de las estrategias patronales y estatales, y no construye ni formula las suyas.
 
            En tiempos de una continuada desindustrialización estructural, esto lo coloca en una situación más vulnerable. Distinto eran aquellos años que el modelo privilegió las industrias básicas como motor del desarrollo, y por ello recibieron cuantiosas inversiones y sus nóminas eran crecientes en empleos directos generadores de riqueza. La acción sindical se desenvolvía en un terreno más ventajoso. Hoy el cuadro es dramático, por el  déficit de inversiones, el atraso tecnológico y la pérdida de competitividad. 
           
            A pesar de las debilidades planteadas, hay elementos meritorios que constituyen una fortaleza a toda organización colectiva. Destacable la consecuente consulta electoral a sus afiliados. Ello ha permitido que en cuarenta años de actividad sindical, - de 1963 al 2011, son 48 años, menos los 7 años con una directiva interventora impuesta por sobre la voluntad de los trabajadores - ha tenido trece procesos electorales, y once presidentes sindicales diferentes, lo cual en el movimiento sindical venezolano es evidencia diáfana de respeto estatutario y alternabilidad.
 
            En la historia de Sutiss se acumula un patrimonio de luchas y conquistas que lo convierte en un referente histórico del avance laboral del país. En otro artículo se analizarían. También en su patrimonio ha de incluirse los traumas, como el caso de una huelga derrotada, la de 1971 y los 514 obreros despedidos, Alfredo Maneiro dijo años después, que era un  “..record mundial de despido en una sola jornada” (Revista Resumen No 320, del 23-12-79). Otro trauma, fue la intervención decidida en las cúpulas sindicales por siete largos años, período 1982-89. Recordar estos hechos, los positivos y los negativos, son útiles para el análisis y seguro fortalecerán la memoria histórica de Sutiss.
 
            Así como el movimiento de los trabajadores petroleros, con más antigüedad a su favor, cuenta con una historia digna, combativa y pedagógica, igual ocurre con el movimiento de los trabajadores siderúrgicos. Pero hay que reconstruirla, ello es necesario para reflexionar el presente y mirar el futuro con la responsabilidad que el desafío demanda.
 
            Para terminar, Sutiss y Sidor, sindicato y empresa, representan organizaciones referentes en el desarrollo de nacional. No se concibe un sindicato que alcance y sostenga un patrimonio de conquistas laborales importantes, en una organización productiva mal gerenciada. Difícil que a un sindicato le vaya bien, si a la empresa le va mal.

domingo, 30 de octubre de 2011

Cogestión fracasada y Consejos de Trabajadores congelados

Los trabajadores del sector eléctrico llevan en la última década dos experiencias críticas en el proceso de avance en las relaciones con la dirección de la empresa Cadafe (hoy Corpoelec). Primero una experiencia de Cogestión y luego otra de Consejos de Trabajadores.

El caso Cadafe, la mayor empresa de distribución eléctrica del país, adquirió carácter emblemático, así como otros casos con procesos de participación laboral que fueron objeto de amplia difusión, por ejemplo Invepal y Alcasa; cada uno con sus peculiaridades. Pero en un primer momento estos casos fueron mencionados como modelos a seguir, pero luego han experimentado contratiempos que pasan a tener un perfil más bajo. Es por ello que con mayor razón, al haber sido casos paradigmáticos, es por lo que conviene estudiar y entenderlos con mayor profundidad.

Volviendo al caso Cadafe y el movimiento sindical de los electricistas organizado en Fetraelec, empecemos por retomar una experiencia de participación que fue identificada como la Cogestión. Tomo el impulso que derivó de la aprobación y entrada en vigencia de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, y el entusiasta discurso presidencial, quién promovía “cambiar el rancio capitalismo por la cogestión obrera” – así lo expuso en marzo del 2003 en su Aló Presidente de 02-03-03, el Presidente Chávez-.

Entonces tempranamente el movimiento de los trabajadores electricistas promueve el establecimiento de la Cogestión. Hay que recordar que el término venía siendo considerado por la CTV, llegando a aprobar una resolución orientada a su fomento, en el marco de su VIII Congreso en Porlamar en 1982. Pero finalmente los cetevistas no pasaron de ampliar la figura de los Directores Laborales, extendiéndola de un Director a dos Directores, siendo este último electo por los trabajadores, en tanto el primero nombrado por la CTV. Ambos representarían al movimiento de los trabajadores en el Directorio de la empresa.

Lo particular de la cogestión en Cadafe, resultó que fue más allá de la pura presencia de los Directores Laborales, ya que en las propias relaciones de trabajo de esta empresa se diseño y se puso en práctica en el período 2003-2006, un proceso de cogestión, que como indica Guillermo Cerceau, “fue original, entendiéndose por este calificativo que sus diversos elementos respondieron a una realidad concreta, que se alimentó de una práctica sindical de lucha y toma de conciencia de varios años y que encontró su oportunidad de desarrollo en una coyuntura histórica” ver en “Experiencias de Cogestión en CADAFE y el papel del Movimiento Sindical en dicho procesos. Lecciones aprendidas y estrategias para avanzar – ILDIS-.

Pero al transcurrir la puesta en vigencia del convenio firmado en el 2003, no obstante la inclusión del prologo y los principios para fortalecer la cogestión en Cadafe, el proceso se fue estancando. De hecho los Directores Laborales en esta empresa no fueron electos por los trabajadores sino escogidos y nombrados por el Presidente de la República, lo que no represento un avance.

Los directivos de la empresa Cadafe empezaron a obstaculizar la experiencia cogestionaria, resultando en una frustración para el movimiento de los trabajadores. El liderazgo sindical identifica las dificultades “la cogestión de las empresas del Estado atraviesa un momento crítico por los fuertes roces existentes, debido a la férrea resistencia que opone la nueva tecno-burocracia a la participación directa y protagónica de los trabajadores en la toma de decisiones. El proceso revolucionario vive un momento especial dado que los vicios heredados del pasado, como la burocracia y la corrupción amenazan y corroen las conquistas obtenidas..” Stalin Pérez, máximo líder de la corriente Marea Socialista, a la cual adhieren los principales líderes de Fetraelec –Aporrea, 30-9-05-.

Años más tarde, en una nueva etapa el Ejecutivo promueve el establecimiento de los Consejos de Trabajadores, y de nuevo el movimiento sindical electricista se activa y se pone a la cabeza de este esquema. De ahí deriva que Fetraelec propone a altos dirigentes sindicales para ocupar posiciones de conducción en temas neurálgicos de la gestión de Corpoelec, los que son nombrados por el Presidente de la República (Resolución 44-2010.

Luego de un año y medio de actividad en este nuevo esquema de los Consejos de Trabajadores, el movimiento de los trabajadores de Cadafe recibe en este mes de octubre un nuevo golpe al despedirse a sus representantes en los niveles directivos y bloquear el desarrollo de la acción de los Consejos de Trabajadores. Ello lleva a Fetraelec a desconocer a los actuales directivos de la empresa, con Argenis Chávez a la cabeza -hermano del Presidente de la República-.Se abre un nuevo conflicto, que aún es prematuro para afirmar si otra figura de las propuestas por el régimen pasará a congelarse y agregar una frustración al movimiento de los trabajadores, que sigue apostando al proceso político en curso.

domingo, 23 de octubre de 2011

De la conflictividad laboral fragmentada a la unificada

La convocatoria por parte del Frente Autónomo en Defensa del Empleo, Salario y Sindicato –FADESS- de una protesta nacional este pasado 20 de octubre, representa un paso en la dirección de unificar la gran diversidad de quejas y protestas que han venido ocurriendo en diversos ámbitos de la sociedad. Se sabe que las protestas ocurridas en los años 2002 y principios del 2003 dejaron una amarga experiencia para los sectores organizados del movimiento sindical. Desde entonces un continuado proceso de fragmentación laboral ha venido desarrollándose, que ha limitado la capacidad de organizar la protesta.

Sin embargo, la protesta social y en ella la laboral, han venido incrementándose año a año desde el 2006, como puede verse en los Informes Anuales de Provea. Lastima que el Ministerio del Trabajo, dejó de informar sobre la conflictividad laboral. Lo que informa este Despacho, se corresponde a una situación ajena a la realidad que observamos, como se desprende al leer que su estimación para el año 2011, indicado en la Memoria del 2010 es de la ocurrencia de 30 conflictos laborales a lo largo del año –ver pag. 89-. Los datos de Provea indicaron más de tres mil protestas en el pasado año 2010, de ellas cerca de un 40% son laborales. En lo que va del año, ya van rumbo a las cuatro mil, manteniéndose el porcentaje de aquellas de naturaleza laboral.

No obstante la enorme magnitud de protestas laborales, hay que destacar la fragmentación que las caracteriza; lo que determina los limitados impactos en la solución favorable de los problemas que las estimulan. Si los temas que animan las protestas laborales, refieren a incumplimientos de los convenios colectivos, la no negociación de los mismos, el desmejoramiento de condiciones de trabajo, el despido de trabajadores, el cierre de fuentes de trabajo, esta enorme diversidad de protestas que derivan de esta caótica situación, al final no están dando lugar a respuestas concretas. En algunos casos se producen decisiones favorables de los órganos competentes en la Administración del Trabajo y en la Justicia Laboral, pero luego los órganos que han de cumplir con las sentencias o disposiciones no lo hacen. Esto hace reactivar la protesta laboral, en algunos casos se producen cansancios y agotamientos, quedando la situación de los trabajadores en un estado de postración.

En este contexto se agrega la situación de la criminalización de dirigentes y trabajadores por el hecho de protestar, reclamando el cumplimiento de compromisos contractuales y exteriorizando sus aspiraciones reivindicativas, elementos genuinos de la acción y protesta laboral. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre Venezuela ha analizado el problema y llamado la atención al señalar: “la Comisión identifica una tendencia al uso de figuras penales para sancionar a personas que ejercen su derecho a manifestar o protestar en contra de las políticas oficiales”.

Mención necesaria en el marco de este artículo es referir el extremo fenómeno de violencia laboral, que se ha traducido en el exterminio de sindicalistas, cifra que desde el año 2005, ya suma 250 personas. Al respecto se observa una suerte de banalización en el tratamiento del problema desde las entidades encargadas de defender derechos de los trabajadores. Por ello es destacable llamar la atención que tanto en la Memoria del Ministerio del Trabajo, como en el Informe Anual de la Fiscalía General de la República, estos asuntos no figuran, simplemente como si no existieran.

En el problema del asesinato de dirigentes sindicales, Venezuela y Colombia muestran unos espeluznantes datos. Sin embargo en el portal web de la Fiscalía General de la República en Colombia, se indica en botón “Sentencias Crímenes contra Sindicalistas”, donde se transcriben cuarenta casos correspondientes a los últimos cinco meses (consulta de 22-10-111).

Una aspiración mínima de las instituciones venezolanas, seria otorgar relevancia al problema, no seguir ignorándolo. Igualmente Informes de la CIDH llaman la atención de este problema y afirma en su documento “Democracia y Derechos Humanos en Venezuela”, el ejercicio sindical está afectado “por el grado de polarización política y la falta de concertación social entre las organizaciones sindicales, las organizaciones de empleadores y el Gobierno”. Si la protesta laboral diera como resultado una respuesta gubernantal autentica en este orden sería un paso importante.

sábado, 15 de octubre de 2011

QUE CONSUMIMOS Y PRODUCIMOS. IMPACTOS EN EL TRABAJO

En la presente semana se consumía en nuestro hogar leche procedente de España, la semana pasada fue otra marca procedente de Ecuador. Es lo que se consigue en los anaqueles. Esto viene pasando no sólo con la lecha, sino con una importante cantidad de productos alimenticios básicos en la dieta de la población. La dependencia de alimentos procedentes del exterior afirma que no hemos tenido éxito en la búsqueda y conquista de la soberanía alimentaria. La carencia se subsana artificialmente, ya que se realiza al tiempo que el país consume las divisas petroleras.

Con el consumo de un bien no renovable, como es el petróleo, deberíamos más bien privilegiar la creación de la infraestructura para conseguir la soberanía no solo alimentaria, sino también en otras ramas productivas. Lamentablemente, la ecuación en desarrollo no logra romper el viejo circulo vicioso de liquidar un bien, que es un activo como es la riqueza petrolera, sin que se construya y estabilice una base productiva sustitutiva. Todo ello avizora un futuro difícil para la población venezolana.

Este problema es lo que lleva a admitir el continuado proceso de desindustrialización que experimenta el país desde hace tres décadas. Es por ello que nos vemos en la necesidad de importar un producto básico como la leche, y llamativo el caso por contar con un país tan extenso en sabanas adecuadas para pastos, y que por otro lado el procesamiento de la leche para pasteurizarla y envasarla, es un proceso industrial elemental, que conlleva un modesto valor agregado.

Los esfuerzos por emprender la industrialización, se ubican a partir de la década del cincuenta y sesenta del pasado siglo. Un fenómeno tardío si se compara con otros países de la región. Se ha sustentado la tesis que la industrialización venezolana estuvo motivada a aumentar el consumo interno de bienes y servicios, para compensar los desequilibrios favorables de la balanza de pagos con los Estados Unidos de Norteamérica, es decir el país les exportaba (petróleo) pero no consumía, así que la industrialización le permitió al capital norteamericano asegurar un enclave para el consumo de sus productos.

También se ha destacado la tesis de la sobrevaluación del signo monetario, afectando las posiciones del sector agroexportador tradicional y las exportaciones manufactureras, y beneficiando las importaciones. Estos signos se revierten con las devaluaciones que se inician en 1983 y que aún persisten.

El país experimentó un largo período de crecimiento de su producción industrial –PIB manufacturero- en la década del cincuenta el aumento fue 221%, en la del sesenta de 114%, y en la del setenta de 97%. Estos fueron años de crecimiento espectacular, como el que hoy sostienen los países emergentes, entre ellos Brasil. Claro no analiza este breve párrafo la naturaleza y sustentabilidad de este crecimiento nacional. Pero si vale llamar la atención, del contraste que muestran los resultados de la producción industrial en las tres siguientes décadas. La del ochenta apenas un crecimiento 15%, la del noventa un claro estancamiento, con un 1%, y lo más catastrófico se observa en la primera década del presente siglo con una disminución del PIB manufacturero de un -7%. Todos los datos procesados provienen de los Informes del BCV.

Como sabemos cada día aumenta la población, por tanto el PIB per cápita decrece más dramáticamente. Por ello nuestra acentuada dependencia de las importaciones. El fenómeno de la desindustrialización se observa en muchos países, pero en contrapartida también ocurre la existencia de cambios en los patrones productivos, como es el caso de países que reorientan su modelo productivo al fomento de otras actividades para lograr las divisas necesarias, especialmente hacia las actividades de servicio, ya sea el turismo, el fomento de actividades basadas en conocimiento como palancas para la exportación, son dos claros ejemplos.

Al experimentar el continuado proceso de desindustrialización, ya por tres décadas continuas, se han perdido empleos formales, bien remunerados, tutelados, protegidos por la seguridad social y los convenios colectivos. No sólo en las industrias que ya no existen, sino en las cadenas de suministro de materias primas, servicios, así como en el desarrollo aguas abajo de estos insumos para otras actividades de transformación. Todos estos beneficios los capitalizan aquellos países receptores de nuestras divisas que pagan lo que les importamos. Promovemos el capitalismo de otros países, a cambio del sacrificio de nuestro aparato productivo.

lunes, 10 de octubre de 2011

Un crecimiento sindical con un liderazgo polémico

El sindicalismo es una actividad colectiva, que implica la agregación de trabajadores alrededor de una organización que defiende sus intereses. Las diferencias con los patronos y con quienes están al mando del Estado dan lugar a sus continuas acciones de presión, lucha y negociación. En estos procesos juegan un importante papel quienes son los líderes que están a la cabeza del movimiento. A pesar de tratarse el sindicalismo de un movimiento de masas, predominantemente analizado en el contexto de enfoques que privilegian y dan mayor énfasis a aquellas explicaciones que se fundamentan en el curso y las corrientes históricas, nos encontramos casos en donde determinado liderazgos obligan a mirarlos de cerca para entender procesos de fortalecimiento de la actividad sindical.

Como ha ocurrido en casi todo el mundo, desde los años ochenta ha venido manifestándose un proceso continuado de disminución de la actividad sindical. Las tasas de sindicalización han bajado en casi todos los países. Sin embargo hay que reconocer que al lado de la actividad sindical coexisten otras actividades de masas, que se apoyan en la organización de aquellos trabajadores expulsados o que no logran inserción en los procesos productivos que dan oportunidad para empleos estables, tutelados y protegidos por las organizaciones sindicales. Esto da lugar a una constelación de acciones de reclamos y protestas que al lado de las acciones sindicales tradicionales configuran los nuevos escenarios laborales.

Esta introducción viene a propósito de la lectura de libro “El hombre del camión: Hugo Moyano. La historia secreta del sindicalista más poderoso de la Argentina”. Es una investigación periodística de Emilia Delfino y Mariano Martín, editada por Sudamericana, Buenos Aires, 2008.

Hugo Moyano es un dirigente sindical que inicia su actividad en la provincia, y luego logra ganarse un espacio en el sindicato de camioneros de Buenos Aires. En 1985 gana su primer peldaño sindical en la capital al desempeñarse como secretario adjunto de la seccional de la ciudad de Buenos Aires, dos años más tarde asumió la dirección de esta seccional, y en 1992 gana la Presidencia de la Federación Nacional de Camioneros. Para entonces era una organización que contaba con 23 mil afiliados, quince años más tarde su afiliación la multiplicó por cuatro y cinco veces. Los registros sindicales son difíciles de precisar, pero la afiliación va de 90 a 140 mil afiliados. La tasa de afiliación sindical en el transporte la llevó a 80% en las grandes empresas y algunos casos hasta el 90%, como en la recolección de basura. En cuanto a salarios, desde que asumió la Presidencia aumentaron en un 70%. Finalmente logra ser el Presidente de la Central General de Trabajadores en el 2005, al reunificarse esta central histórica que se mantuvo dividida por casi una década, cargo que hoy ostenta.

Como mencionamos, en un contexto de baja de la afiliación sindical este es un fenómeno interesante. Hay que señalar que en su conjunto la afiliación sindical ha subido en algunos países del Cono Sur, tales son los casos además de Argentina, el de Brasil y Uruguay.

Regresando al caso bajo análisis, la afiliación se ha extendido en este período a la cabeza del liderazgo de H Moyano. Primero por haber estado opuesto a las políticas neoliberales que privaron en Argentina en los ochenta y noventa, y estas políticas terminaron en un rotundo fracaso; segundo por extender la búsqueda de afiliados en todo aquello que tuviera relación con camiones y transporte. Esto se tradujo en captación de nuevos segmentos para la afiliación sindical, así como en la sustracción de afiliados de otros sindicatos con menor poder para la defensa y disfrute de las llamadas obras sociales.

Sobre las obras sociales, hay que mencionar que una vieja herencia del peronismo a favor de los sindicatos, fue colocar en sus manos el manejo de algunas áreas de la seguridad social y bienestar para los trabajadores. Por supuesto que con el aporte de los propios afiliados y del Estado. Con estos recursos se construyen y administran centros de recreación, de turismo, de tratamientos de enfermedades y geriátricos. Es un área sensible y determinante para el fomento de la afiliación sindical, ya que llena necesidades de los trabajadores. No ha sido inocente que en los gobiernos militares estas llamadas obras sociales les han sido sustraídas a los sindicatos.

Por supuesto que un dirigente con esta trayectoria no está exento de granjearse problemas y enemigos, además que los métodos para este crecimiento incluyen acciones polémicas, que muestran al personaje alrededor de señalamientos de corrupción y de agresiones a otros dirigentes y a empresarios.

El mismo Moyano se identifica con el estadounidense Jimmy Hoffa, dirigente camionero vinculado con la mafia y desaparecido en circunstancias nunca aclaradas. Un asesor sindical caracteriza a Moyano “La última etapa de su historia me recuerda a la de Hoffa: métodos duros y representativos para las bases”

sábado, 1 de octubre de 2011

Entendiendo las Empresas Recuperadas


             Un mes atrás recibí solicitud de intercambio de grupo de investigación sobre el tema perteneciente al Instituto de Investigaciones “Gino Germani”, de Argentina, sobre empresas recuperadas por los trabajadores.  La inquietud  primaria de nuestros solicitantes, era conocer cuántos casos de empresas recuperadas existen en Venezuela.

            El planteamiento llevó de nuestra parte a solicitar que estableciéramos un criterio o definición de que se entendería por empresa recuperada. La solicitud fue respondida por los colegas argentinos, con el siguiente texto: “.. le decimos empresas recuperadas a las empresas autogestionadas por sus trabajadores; empresas que anteriormente tenían un dueño o patrón que la quebró y dejó a esos trabajadores sin trabajo. Es en ese momento en que los trabajadores deciden luchar para poder quedársela, armar una cooperativa y autogestionarla”.

En nuestro caso venezolano, señalamos que lo predominante en las experiencias locales es que el Estado se queda con las empresas, y pasan a ser identificadas como empresas de propiedad social y/o empresas de producción social, y que no pasan a manos de los trabajadores desde el punto de vista de la propiedad.

En cuanto a la preocupación por el número de experiencias de empresas recuperadas, es un número variable en el tiempo, porque además de que se agregan por diversas razones, y no solamente el hecho de que los propietarios las hayan quebrado, sino que también el Estado se interesa por estatizar empresas que están en pleno desarrollo productivo, nada quebradas, y en la mayoría de los casos, pasan luego a experimentar serias dificultades, dando lugar a que parte de ellas quiebren, pero ya en manos de la administración estatal. 

Pero la opacidad con la cual se maneja este sector de empresas recuperadas, expropiadas, estatizadas, no da lugar a que se conozca públicamente los detalles operativos y financieros correspondientes, ya sea la situación pre estatización, como la que se configura a lo largo del período en manos estatales. La exigencia de información, se trata de reclamo pertinente, habida cuenta de que estas empresas pasan a ser patrimonio de la nación y del interés de los ciudadanos.

También hay que señalar que los controles que desde el Estado se aplican a las empresas,  plantean la necesidad de analizar si la manera como los controles son administrados conllevan a agudizar el problema de funcionamiento de una empresa, o son los controles en si mismo generadores de dificultades. Esto es importante, para contrastarlo con la apreciación más frecuentemente  esbozada por las autoridades que asignan a los propietarios y administradores, la causa de una gestión errática, y es ello lo que lleva a situaciones de bancarrota.
 A priori no se trata de hacer señalamientos que se inclinen por una u otra situación y caer en generalizaciones, sino que la temática demanda apertura, información y transparencia para poder evaluar y concluir las razones que llevan a la situación de crisis de la firma.
El hecho de establecer a través de regulaciones controles y congelaciones de precios, tarifas, cuotas de servicios y/o productos en situación preferencial, plantea junto a la asignación de divisas en condiciones discriminatorias, así como un tratamiento desigual en la aplicación de la legislación laboral, en lo que tiene que ver empresas privadas y públicas, conlleva a que determinadas empresas deban sobrevivir en situaciones que gradualmente se va afectando la calidad de sus productos y servicios, levantando quejas de los consumidores y usuarios, y teniendo dificultades para cumplir con los trabajadores en los compromisos legales y contractuales.

El número de empresas sean estatizadas, expropiadas, con pago de sus bienes o sin pago de ellos, en fin, se asoma el número de 988 empresas en estas situaciones en los últimos cinco años, siendo el caso del presente año -2011- el de mayor acción estatal en este orden al alcanzar 402 casos, casi la mitad de este quinquenio. Estos datos son provistos por el gremio empresarial Fedecámaras, sin embargo no son refutados por el gobierno, y por otro lado las entidades públicas que tiene que ver con el tema, informan de casos muy limitados, y se carece de una información centralizada que trate el tema.

Del Estado se espera una función reguladora para conciliar intereses de la nación, de trabajadores, consumidores y empresas. Si el ejercicio de esta función se traduce en la creación de un ambiente de dificultades para producir, y que lamentablemente se intenta resolverlo con importaciones, se está atentando con los intereses de la nación completa, porque se destruye su tejido productivo. Le importa a la actual generación y a las futuras.

Concluyendo, por lo que leímos al principio de este artículo,  no es el mismo fenómeno lo que entienden los colegas argentinos por empresas recuperadas y lo que viene ocurriendo por estos lares.

sábado, 24 de septiembre de 2011

DIALOGO SOCIAL: CONSTRUCCIÓN Y DIFICULTADES


En el mundo del trabajo el dialogo es una necesidad insustituible. Los intereses antagónicos o colaborativos, como se quiera ver, exigen encuentros entre los factores de la producción. Hay una realidad que requiere del dialogo. Se trata de la convivencia productiva.

            Cuando se hace referencia a los factores de la producción, no es sólo referir a empresarios y trabajadores, claro que en primer lugar a ellos, pero también al Estado,  a las comunidades y los consumidores o usuarios. El tripartismo tradicional en estos tiempos requiere ampliarse. El Estado, y especialmente el Gobierno, requiere hacer un esfuerzo muy fino para lograr ganar la voluntad y adhesión de los sectores que juegan un importante papel en la producción  y el consumo. Con el consenso y la voluntad es como se logra avanzar en la reconstrucción de un tejido productivo altamente deteriorado. 

            Un primer espacio para la reconstrucción del dialogo es en el ámbito del trabajo asalariado formal. Hay otras formas de trabajo, numerosos y heterogéneas que exigen procesos aún más complejos, para tratarlo en otro momento. Pero priorizar los sectores formales tiene de importante que es ahí en donde están las mayores estructuras productivas, que como se evidencia, están en un continuado proceso de deterioro. Lo que suma  tanto el deterioro de las relaciones personales en el mundo del trabajo, más el deterioro de las propias instalaciones productivas, y de la infraestructura en general del país. Si se trata de mejorar la calidad de vida de la población, no es posible lograrlo sin un aparato productivo funcionando bien.

            La cultura del dialogo en el espacio productivo, así como en todos los espacios de la vida de una nación, es una meta importante. Su alcance no es natural. Ella no viene espontáneamente. Es una construcción social que demanda dar y recibir. Quienes dialogan,  oyen y responden. No se dialoga imponiendo, sino convenciendo. Hay que construir argumentos y razonamientos, coherentes y persuasivos, para llevarlos al dialogo como propuestas.

            Quienes actúan en la gestión de personas, sea en entidades privadas como públicas, experimentan una restringida capacidad de construir consensos. Las desconfianzas y la incredulidad predominan. No es extraño que las negociaciones colectivas hayan venido a menos, tanto en el número de convenios negociados, como en la población cubierta. Sin cultura de dialogo, no tiene vida la negociación colectiva.

            Pero el dialogo social es más que las negociaciones colectivas. En esto coincidimos con Alain Supiot cuando comprende al  diálogo social como el  abordar una gran variedad de dispositivos de confrontación de intereses de empleadores y asalariados: derechos de información, de la huelga, de la representación de la negociación…”. Además hay autores que  van más allá, planteando.. “ampliarlo más a toda forma de intercambio entre trabajadores en relación de dependencia  y empleadores aún cuando no exista una actividad sindical.  Por tanto, el diálogo social se vuelve una dimensión central para analizar los desafíos que tiene la sociedad salarial en los años venideros y un hito relevante en la perspectiva de  lograr alcanzar una sociedad más justa que es en última instancia, el marco valorativo que orienta nuestra reflexión..” (Quiñones, Mariela y Supervielle, Marcos).
            Con la proximidad de una campaña electoral amplia, tanto para el gobierno nacional, como los gobiernos regionales y locales, es muy probable que invocar el dialogo social se convierta en estos tiempos en un estribillo que haga cansón el termino. Pero queda la opción más efectiva de evaluar y analizar que tanto de dialogo hemos tenido o tenemos, así como plantearse que es lo que ha faltado, porque a primera vista resalta la tirantez y la pesadez de la atmósfera para su existencia. No es un asunto simple maniqueísta de los buenos y los malos.

            Que haya o no haya dialogo entre los actores principales de la conducción económica y productiva del país, tiene sus razones y responsables. Se sigue careciendo de un proyecto nacional inclusivo y dialogante, un “deber ser”, nada menor el asunto, empezando por plantearse: Quién determina ese “deber ser”? Cual es su contenido? Antes hubo exclusiones de unos, ahora persisten las de los mismos unos, y se agregan las de otros. Antes hubo un “dialogo”, ahora se tiene otro  tipo de “dialogo”, pero lo preocupantes es que no hay resultados, como ha de ser más producción, justicia, equidad, bienestar, convivencia y respeto al otro… sin dejar de destacar las dificultades que han de superar algunos actores claves en la construcción del dialogo social, como es el caso de la reorganización y reestructuración del movimiento de los trabajadores, sin ignorar que empresarios y gobierno, son los tradicionalmente más deficitarios en la cultura del dialogo.

sábado, 17 de septiembre de 2011

LA ADMINISTRACIÓN DEL TRABAJO DESBORDADA

La relación del Estado con el mundo del trabajo, es un asunto que da para tratarlo desde muy diversas dimensiones. Cada una tan interesante como la otra. Recientemente prologamos un libro dedicado al tema. Más adelante ofreceremos más detalles. Por ahora se trata de adelantar algunas consideraciones sobre el funcionamiento y el colapso de la Administración del Trabajo. Que como se sabe, refiere a la presencia directa del gobierno en los sitios productivos, de su acercamiento a los espacios en donde trabajadores y empleadores desarrollan la actividad que da a la sociedad los bienes y servicios que necesita para su funcionamiento, así como en donde se retribuya a capital y trabajo la compensación correspondiente y necesaria por los esfuerzos realizados.

             Una de las actividades centrales de la Administración del Trabajo, es la Inspección de los centros productivos. Estos servicios fueron reestructurados en la segunda mitad de los noventa -1997-, poco antes del actual período político, y hay que destacar que en los primeros años de su funcionamiento, la inspección del trabajo dio un vuelco, porque activó su presencia en los espacios productivos, con un personal calificado y motivado.

              Algunas instituciones académicas con experiencia en temas vinculados a la Administración del Trabajo, fueron llamados por el Ministerio del Trabajo a cooperar con esta transformación y modernización institucional. Así se hizo en las convocatorias a concursos para hacer una selección rigurosa y profesional del personal que trabajaría en estas actividades en 1997, 1998, 2000. Posteriormente se prescindió de esta relación, hasta que se dejaron de hacer las convocatorias a los concursos. Más bien se han incorporado Comisionados que se asemejan a los funcionarios que desaparecieron a partir del momento en que se reestructuraron los servicios de inspección del trabajo y emergieron los Supervisores del Trabajo, al menos en su incorporación inestable y desprofesionalizada.

               En las investigaciones recientes sobre la inspección del trabajo, el gran ausente en la indagación es el sector estatal. Queda en evidencia que la inspección no apunta su mirada inspectora y escrutadora hacia allá. Es decir donde labora alrededor del veinte por ciento (20%) de la población económicamente activa, la inspección no se hace presente.

         Desde nuestra perspectiva, la carencia más importante de la inspección del trabajo es prescindir del dialogo continuado y estable con las organizaciones representativas de los empleadores y de los trabajadores en todos los niveles.

            Viendo mes a mes los datos de la conflictividad, y observar en ellos el creciente incremento de los conflictos por reclamos de naturaleza laboral, ello lleva a considerar y plantearse que está pasando con la Administración del Trabajo. Su razón de ser es servir de apoyo y orientador a los actores laborales en la resolución de sus problemas y en la convivencia productiva. Pero observando que la mayor frecuencia de conflictos ocurren en las actividades que desarrolla en Estado, sean en la administración central, descentralizada o en las empresas estatales, y resulta que ahí no llega la Administración del Trabajo, y por supuesto tampoco los servicios de Inspección.

             Evidencia de la ausencia de la Administración del Trabajo, se acaba de observar en el prolongado cierre de carreteras nacionales este lunes 6 de septiembre, ya que durante nueve horas trabajadores de Pequiven cerraron el acceso de los Estados Carabobo a Falcón y de este estado con Yaracuy, todo por problemas laborales que supuestamente se habían resuelto en reuniones con autoridades del trabajo; que luego las empresas desconocieron. Ante la situación, nuevamente intervienen autoridades militares y asumen el papel de las instituciones civiles, en el manejo y tratamiento del conflicto. Hay que destacar que la apertura del paso en esta carretera nacional fue por acuerdos entre los trabajadores en conflicto con los usuarios que se encontraban desde las primeras horas de la mañana paralizados.

               Este tipo de protesta se repite en todo el país, especialmente por parte de trabajadores que prestan servicios a entes estatales, lo que evidencia que las autoridades a quienes compete el asunto han sido desbordadas. No hay Administración del Trabajo en estos espacios productivos.

domingo, 14 de agosto de 2011

LA INFORMALIDAD: REAL Y OCULTA

De nuestra contribución de la semana pasada tenemos el compromiso de una precisión conceptual sobre lo que se viene entendiendo por Informalidad. En esa ocasión reprodujimos el concepto adoptado por Venezuela, y proveniente del Programa de Empleo para América Latina y el Caribe –PREALC- de la OIT en 1976.

Pero este concepto fue revisado y ampliado en el 2003, a partir de la XVII Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo, que acuerda Resolución sobre las Estadísticas del Empleo en el Sector Informal, la que a su vez toma en cuenta resolución de la XV -1993- conferencia de la misma entidad.

Se reconoció que las estadísticas sobre el empleo en el sector informal son particularmente necesarias para mejorar los sistemas estadísticos de los países en que las actividades del sector informal constituyen una parte importante del volumen total de empleo y contribuyen de manera significativa a la generación de ingresos. El caso venezolano encaja perfectamente en este supuesto.

El concepto de Informalidad aplicado a partir de Prealc -1976-, seguía siendo valido, ya que las categorías incluidas persistían en el mercado laboral, y nada sugería su tendencia a extinguirse. Recordemos que aludimos al trabajo doméstico, a los ayudantes familiares, a los trabajadores por cuenta propia y de empresas con menos de cinco trabajadores, en estos dos últimos casos referidos a no profesionales. Es decir se trataba de confirmar ese concepto, pero ampliarlo ya que las transformaciones en el mercado laboral en los ochenta, específicamente su deterioro daban lugar al fomento de empleos y situaciones de inserción laboral que si bien ocurrían en el sector formal, no cumplían con los supuestos del empleo formal propiamente entendido, que supone la cobertura y tutela de la legislación laboral y de seguridad social.

Ante esta adecuación y ampliación del concepto, la informalidad se amplia ya que agrega personas que aún trabajando para el sector formal, no están cubiertos por la legislación y la seguridad social. Esto lo podemos ver tanto en el sector privado como el público, así como en empresas de más de cinco trabajadores, que era el límite del concepto tradicional.

Es importante destacar que con el viejo concepto en el sector público no había lugar para situaciones de informalidad. Pero está ampliamente extendida la situación de personas que trabajan para el sector público sin nombramiento, sin contrato formal de trabajo, sin protección regulatoria y de seguridad social alguna. ¿Dónde ubicarlos?, por el tipo de empleador sería en el sector formal, sin embargo por la situación de orfandad de estos trabajadores, realmente no son nada formales. Es aquí donde la concepción de informalidad le es aplicable. Igual toca definir con figuras como becarios, pasantes, hasta trabajo gratis, voluntario se dice eufemísticamente. Se trata de empleadores formales con trabajadores informales.

Tanto en el sector privado como en el público ocurre el problema del mercado dual. Por un lado los trabajadores primarios, aquellos que disfrutan de tutela, seguridad social, planificación de carrera para el desarrollo del capital humano, luego los trabajadores secundarios, que si bien son tutelados por la legislación laboral y la seguridad social, tienen los beneficios contractuales que se conquistan vía las relaciones laborales. Aquí cabe la salvedad, que sólo ocurre en donde existen sindicatos y los reconocimientos correspondientes. Finalmente existen los tercerizados, que refiere a aquellos que no son tutelados ni cubiertos por la seguridad social del empleador contratante. Eventualmente son asimilados por el empleador receptor de la obra o servicios, generalmente luego procesos tensos de reclamos y litigios.

Si se indagara y reconociera la informalidad a partir de las situaciones expuestas en dos párrafos anteriores, tomando en cuenta la actualización del concepto, entonces el 43% que muestra el INE de informalidad, subiría sustancialmente. Esperando con ello el emprendimiento de políticas públicas basadas en situaciones genuinas de la realidad laboral del país.