domingo, 27 de marzo de 2011

Remuneraciones: Revisión y Justicia

Una política de remuneraciones es urgente para los trabajadores venezolanos. La continuada inflación en porcentajes de alrededor un 30%, la más alta del continente, no guarda correspondencia con los modestos o ningún incremento salarial que perciben anualmente los trabajadores. Compárese con Chile, Perú y Colombia, cuyas expectativas inflacionarias son para el 2011 de 3.5%. Por su parte Ecuador 4%, Brasil 5.8, Bolivia y Uruguay 7%. A pesar de ello, en cada uno de estos países se aplican políticas de remuneraciones que protegen el poder adquisitivo de los trabajadores.

Con los niveles inflacionarios que tenemos, hace falta una política salarial que revise y ajuste máximo cada seis meses la situación de ingresos de la población trabajadora. No sólo el ajuste anual de los salarios mínimos, sino de las estructuras completas. Por supuesto que el problema de ingresos de la población, es parte de un esquema que tiene que ver con revisiones y ajustes de precios de bienes y servicios, producción, empleos, inversiones, tasa cambiaria, tasa de interés, impuestos y gastos sociales. El gobierno ha asumido de manera centralizada y monopólica todos estos asuntos, restándole autonomía al Banco Central, y dejando a un lado a los actores sociales y laborales, a las instituciones académicas, y por tanto carga bajo su responsabilidad de los resultados que esta política viene generando.

Interesante destacar que en la prensa nacional la empresa transnacional Heinz publicó aviso (El Nacional, sábado 19-3-11, pag B3), informando la oferta que hacía al sindicato en el proceso de negociaciones colectivas que vienen adelantando, luego del vencimiento del convenio colectivo el pasado junio 2010. Lo llamativo de la información es la oferta empresarial de elevar los ingresos mensuales en un porcentaje de 127%, en un esquema de rotación de los tres turnos más los beneficios que se pagan regularmente y ya negociados. Esto lleva los niveles de ingresos mensuales de Bs 6.812 para los niveles de menores ingresos, y de Bs 7.308 a los obreros de la mayor categoría.

Hay que destacar que esta oferta empresarial, viene precedida de una huelga de cuatro semanas, y que si bien la reanudación de las actividades laborales, ocurrió aún sin la conclusión de las negociaciones, las autoridades pidieron a las partes llegar a un acuerdo. Importante destacar que se trata de una empresa productora de alimentos que en algunos de sus productos es líder nacional, por lo que el conflicto despertó desde temprano el interés gubernamental y de la ciudadanía.

Si este comportamiento gubernamental observado en las relaciones de trabajo del sector privado, y especialmente si son empresas transnacionales, fuera similar en los procesos de negociación salarial del sector público tendríamos un interesante resultado en materia de ingresos para los trabajadores.

En la perspectiva de una política de remuneraciones se evidencia que las negociaciones colectivas son un instrumento válido para dar solución en esta área. Por ello es oportuno llamar la atención el continuado deterioro y estancamiento experimentado por este mecanismo de las Relaciones de Trabajo. Entre 1976 y 1995, no hubo un año con menos de un mil convenios colectivos negociados y firmados, en cambio de 1999 en adelante, la firma y entrada en vigencia de convenios colectivos ha sido un proceso traumático y con resultados limitados, a tal punto que en el último año dado a conocer, el 2009, apenas se firmaron 360 convenios colectivos – Memoria del MPPTSS-. De paso, destacamos la opacidad y rezago de este despacho en proveer datos sobre esta materia.

En el sector público la norma es el atraso de la firma de los convenios colectivos, se nota que hay oposición gubernamental al compromiso con los trabajadores. La modesta cantidad de convenios negociados firmados que se observa en las estadísticas oficiales, se alimentan en una alta proporción de las relaciones de trabajo en el sector privado.

Finalmente, se observa en la remuneración de los factores entre capital y trabajo, resulta que ha favorecido al primero. En 1985 esta distribución era entre 38% al Trabajo y 62% al Capital. En el 2008, esta distribución fue del 31% al Trabajo y 69% al Capital, según lo vemos en la página web de Cepal, con datos provenientes de fuentes oficiales venezolanas. Para los trabajadores, y el Trabajo en general, no se ven los avances ni resultados. El déficit con ellos o la deuda social como se oye mencionar, sigue incrementándose, muy a pesar de los fabulosos ingresos que recibe el Estado venezolano por sus exportaciones petroleras.

sábado, 19 de marzo de 2011

Deuda Pública y Consecuencias Laborales

Endeudarse es conveniente para ampliar la capacidad productiva y la inversión que se realice permite pagar la deuda. Además el endeudamiento con un acreedor que te apoye tecnológicamente y facilite el mejoramiento productivo que luego permitirá pagar la deuda, es una ventaja para deudor y acreedor. Vale recordar que los países no tienen amigos, sino intereses. Famosa frase de Winston Churchill.

Endeudarse para gasto corriente, como nóminas y gastos de funcionamiento operacional, es un riesgo para deudor y acreedor. El primero porque no está mejorando la capacidad productiva; el segundo porque corre el riesgo de tener dificultades para cobrar. Hay las opciones de renegociaciones y reestructuraciones de deudas que plantean dos caminos, que el acreedor pierda algo de lo que pretendía cobrar, o que el país deudor se vea obligado a ajustes que lesionen a su propia sociedad.

En la segunda mitad de la década de los setenta, Venezuela experimentó un notable crecimiento del endeudamiento, al multiplicarse su deuda externa por cinco veces en el lapso de cinco años. No pasaron muchos años para que las consecuencias se hicieran sentir, como fue el viernes negro de 1983. Ahí empezó la devaluación de nuestro signo monetario. Pasamos del 4.30 de antes, a Bs 6 por dólar. La historia no ha terminado, ahora se tienen devaluaciones anuales. Contrasta con varios países latinoamericanos (Colombia, entre ellos), que han venido revaluando sus monedas frente al dólar. La deuda externa trajo consigo un extenso debate, ya que las consecuencias al final son pagadas por la población, lo que quiere decir en primer lugar los trabajadores.

Para encarar las consecuencias del pago de la deuda externa, los países experimentaron procesos de ajustes, en donde más se castigaba a los sectores populares. En algunos casos, programas de ajustes impuestos por los organismos multilaterales como el FMI o el Banco Mundial, pero también auto impuestos por las propias consideraciones de factores locales. Se congelaron remuneraciones, convenios colectivos y otras conquistas reivindicativas; además se perdieron empleos y capacidad productiva. Por ello la década del ochenta, fue llamada desde la perspectiva del progreso y avance socio económico como la década perdida.

Ubicándonos en los últimos años, tenemos que la deuda externa venezolana ha vuelto a colocarse en niveles que nos recuerdan lo señalado anteriormente. Por supuesto que ahora no es el FMI o el BM, quienes influyen en demandar y presionar estas exigencias para recuperar el dinero de la banca internacional. Ahora al margen de estos organismos multilaterales se imponen programas de ajustes subrepticios, al congelar conquistas laborales, vía salarios y convenios colectivos, así como congelar presupuestos de servicios fundamentales en educación, salud, seguridad, mantenimiento de infraestructura. La calidad de vida del venezolano se deteriora.

¿Quienes son los acreedores? Entre los más importantes son los propios trabajadores, especialmente los del sector público, con quienes se viene acumulado un importante monto de pasivos laborales, de beneficios no pagados, de congelamiento de salarios y de convenios colectivos. Pero también los trabajadores del sector privado son acreedores con quienes las políticas públicas acumulan deudas al no dar repuestas en compromisos legislativos constitucionales, destacándose en materia de seguridad social.

Entre los acreedores que tiene la República destacan igualmente las empresas a quienes se les expropiaron sus propiedades, aquí hay que distinguir en dos grandes categorías. Por un lado las extranjeras, a quienes en un porcentaje importante se les ha venido pagando, y por otro las de propiedad de nacionales, con quienes los procesos de pagos son más traumáticos y rezagados.

Digno de destacar son los acreedores a quienes se les viene pagando con productos primarios, materias primas. Se trata de petróleo, hierro y aluminio. Todos en manos de empresas estatales. El compromiso hipoteca el futuro del país. La producción de mañana viene comprometiéndose. Las generaciones futuras, nuestros hijos y nietos, nos prestaron este espacio y debemos regresárselos en mejores condiciones que como lo recibimos de las generaciones anteriores, y ello implica que lo que esté en el subsuelo no debiera estar atado a ningún país o interés económico extranjero, sino a nuestra administración para disfrute de las generaciones actuales y futuras.

domingo, 13 de marzo de 2011

Seguridad Social Insegura

La seguridad social es una conquista de la humanidad. Con ella se atienden los momentos difíciles de los trabajadores y su familia. No tener seguridad social es una situación de indigencia laboral. Estas reflexiones las replanteamos a propósito de escándalo en pleno desarrollo que afecta dos instituciones claves de la seguridad social, un fondo de pensiones y una caja de ahorros. Ambos pertenecientes a los trabajadores y ex trabajadores de la principal empresa de Venezuela, Pdvsa.

Los momentos difíciles, es decir atender las contingencias de corto plazo y proveer los beneficios de largo plazo, son los objetivos de estas instituciones de la seguridad social. Posiblemente este fondo de pensiones y esta caja de ahorros sean los de mayor tradición en el país, lo que resultaría lógico ateniéndose a la edad de la industria petrolera, al volumen de su fuerza de trabajo, y al desarrollo de sus relaciones de trabajo que le permitió acumular un patrimonio de conquistas laborales de trascendencia histórica en las relaciones de trabajo y en la seguridad social en Venezuela.

Leer que 540 millones de dólares de estas instituciones están en situación de riesgo es espeluznante. Un noventa por ciento perteneciente al fondo de pensiones y el resto –diez por ciento- a la caja de ahorros. La magnitud monumental del monto sólo es posible en el sector petrolero. Los afectados son miles de aportantes trabajadores y ex trabajadores, además de sus familiares. Un directivo de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela –Eudis Girot- asoma 25.000 ex trabajadores y 105 mil trabajadores. Entre los primeros seguro hay una porción significativa de los despedidos en enero-febrero 2003, a propósito del paro petrolero de entonces. Ahora vemos que están en situación de victimas los que salieron y los quedaron, pero también los que ingresaron a posteriori, posiblemente ocupando los puestos de los despedidos, más el crecimiento exponencial de la nómina de esta empresa.

Hasta el momento hay una investigación y un detenido, pero ninguna tienen que ver con las autoridades venezolanas. Recién se emite una tibia declaración –Pdvsa-, admitiendo algo del asunto. Excesiva prudencia. Mientras, las únicas declaraciones de los afectados que reflejan inquietud vienen de los medios sindicales. Es un problema que interesa a toda la población venezolanas, porque se está poniendo en juego instituciones que forman parte del patrimonio de un colectivo laboral importante, aceptado y reconocido como referencia en las instituciones que hoy parecen ser asaltadas en un uso extremo de privatización y capitalismo salvaje. Las fallas en el asunto son muchas para pretender agotarlas en un breve artículo. Pero si es necesario adelantar algunas preocupaciones.

Una experiencia positiva

El dinero de los trabajadores debe ser administrado por sus propios dueños, y los criterios han de ser de tipo banquero tradicional – equilibrio entre el debe y el haber-. Vale recordar una experiencia referencial en la Universidad de Carabobo. En el presente año, el Instituto de Previsión de los Profesores, que es más bien una caja de ahorros con servicios ampliados, está celebrando sus cincuenta años de efectiva existencia. Sus más de seis mil afiliados dan cuenta favorablemente de haber recibido el apoyo del Instituto ¿ Como funciona? Con un equipo electo por sus propios afiliados, sin interferencia patronal, y un funcionariado especializado para las tareas administrativas. Recordamos que los profesores, votantes que bianualmente eligen el equipo directivo, han tenido un comportamiento electoral diverso a la hora de cumplir con su voto en las elecciones periódicas. Por un lado, la de autoridades rectorales y decanales, en donde privan las simpatías políticas, sean vinculadas con la política nacional y/o interna; la elección gremial, la de Asociación de Profesores – el sindicato-, en donde se opta por los “come candela”, dispuesto a batirse en todo terreno por las luchas reivindicativas, y finalmente la elección del equipo directivo del Instituto de Previsión, cuya escogencia descansa en escoger según la percepción ética y profesional, que brinden confianza en la administración equilibrada de los ahorros y sus destinos. En la última elección aparecieron algunos criterios adicionales en la escogencia del equipo directivo. Tiene que ver con que el ejecutivo nacional acumula una deuda de más de setenta millones con el Instituto de Previsión.

En el caso que nos llevó a elaborar la presente contribución, se observa la intervención patronal –Pdvsa- en la configuración de los equipos de conducción de las instituciones en peligro. No hay que dejar de señalar las posturas subordinadas que extienden a otras esferas, comportamientos de sumisión al patrono. Se pudiera creer que quienes manejan la empresa son garantía de gestión profesional y competente, y por tanto conviene contar con su asesoría e intervención en la conducción de los fondos de jubilación y las cajas de ahorros. Los resultados han dicho lo contrario.

sábado, 5 de marzo de 2011

ENTENDIENDO LA CRIMINALIZACION DE LA PROTESTA LABORAL

En el ámbito de las Relaciones de Trabajo y particularmente en el de la Libertad Sindical, ha venido repercutiendo el tema de la criminalización de la protesta laboral. ¿A qué responde esta situación? es la pregunta para proponer algunos puntos de discusión.

Quienes sostienen que no hay presos políticos, indican que lo que hay más bien son políticos presos, y que ello responde a sentencias o procesos por la ejecución de delitos comunes. Observando el ámbito específico de los militantes sociales y laborales, los registros de Provea ya cuentan con cerca de dos mil quinientas personas, y en concreto en lo sindical alrededor de dos centenas. En estos casos lo dominante es la vinculación directa de la criminalización, con acciones de calle que acompañan inevitablemente la protesta social y laboral. Son la toma de calles y concentraciones, las formas de protesta más comunes, a tal punto que el 2010 representaron el 73% de todas las formas de protesta.

En el ámbito sindical el caso más notorio es el de Rubén González. Si bien liberado recientemente, luego de diez y siete meses de presidio, aún criminalizado y sujeto a restricciones de sus derechos y libertad. Es un proceso en desarrollo, sobre el cual se seguirán manifestando acciones que obligan a continuar evaluándolo.

Volviendo a la pregunta de inicio, lo primero que habría que destacar es el enjambre de leyes restrictivas que hacen riesgosa la actividad sindical y la protesta social en general. Predominan en estas leyes consideraciones sobre seguridad, por ello descansan en un sustrato militarizante. Identificar estas regulaciones y someterlas al análisis para destacar los elementos contenidos en ellas, que entran en conflicto con la libertad responsable y necesaria para el ejercicio de la protesta, es tarea del mayor interés en los ámbitos de análisis de las relaciones de trabajo.

Un segundo elemento que coadyuva a la criminalización es la dualidad de Estado Regulador y Estado Productor. No logra el Estado y menos el Gobierno deslindar una función de la otra. Su carácter regulador se ejerce de manera sesgada ante los privados que se vinculan con las entidades que el Estado dirige, empezando por sus subordinados laborales. Estatizaciones que colocan a los órganos de regulación y mediación en posición de ser parte en las querellas laborales. Patronos estatales empoderados y confiados de contar con el apoyo de los órganos estatales. Esto determina que el ejercicio de la acción sindical en sus aspectos más naturales, como es la vigilancia de los compromisos vigentes y la búsqueda de mejores condiciones de trabajo, se convierte en acciones temerarias que exponen a los dirigentes al acoso y sometimiento no sólo por parte del patronato estatal, sino por los órganos a quienes teóricamente tendría que acudir para solicitar intervenciones correctivas.

Las dos entidades públicas que han de estar prestas y a disposición de los ciudadanos para proveer los correctivos que pueda solicitar la acción sindical, como son la Administración del Trabajo y la Justicia en general, están en una situación limitada ante casos de querellantes del ámbito público. Decisiones administrativas y judiciales favorables a los querellantes y opuestas a los patronos estatales son excepcionales. Un tanto más natural son los comportamientos de estos ámbitos cuando los querellantes son del ámbito productivo privado. Habría que analizar más el asunto, por implicaciones y sesgos que también se observan.

En la generalización de la criminalización no todo el análisis apunta hacia lo público, también hacia lo privado conviene llamar la atención. Representa una enorme desventaja el emprendimiento de protestas en ausencia de elementos de coordinación en el ámbito sindical, y la preeminencia de pequeñas centrales, corrientes y organismos locales, que dificultan acciones de solidaridad y construcción de posiciones articuladas entre el propio movimiento y en la relación con otros sectores. Las acusaciones mutuas y las desconfianzas que levantan, favorecen al patrono estado.

Hay que agregar que la protesta no es sólo voluntad, ella demanda conocimientos, coordinaciones, articulaciones, recursos. En fin es todo una escuela que construye las fortalezas para su ejercicio. Sus carencias, como es lo dominante en nuestro caso, expone el ejercicio de la protesta social y laboral a mayores riesgos y sacrificios, dificultando las expectativas de logros.

Para terminar, otras entidades en el ámbito privado también son importantes en el análisis del presente problema. Las organizaciones no gubernamentales que hacen del ámbito socio laboral su foco de estudio y análisis. Su capacidad de orientación, recopilación y seguimiento, representan aportes esenciales para las organizaciones que están rezagadas organizacionalmente. La difusión de más allá del lugar de ocurrencia de la protesta o problema, al resto de la sociedad, con la debida responsabilidad es un aporte importante de los medios de comunicación masiva. Finalmente la acción internacional, sea por las propias centrales sindicales, ong´s, como por los organismos multilaterales con los cuales el país está vinculado, particularmente la OIT. En todos ellos la violación de lo laboral es importante.