Nuestra presentación de hoy (Ponencia ante el VII Congreso Internacional de Relaciones Laborales, Uruguay, 24 de mayo de 2026), la titulamos la "Fractura del Diálogo Social. Venezuela y la Organización Internacional del Trabajo (1976-2024)", análisis de las altas y bajas del tripartismo hasta llegar a su casi inefectividad, en los años post presentación de informe de la Comisión de Encuestas, con los avatares y dilaciones por parte del Ejecutivo Nacional para el cumplimiento con las recomendaciones del informe.
El análisis está basado en dos grandes procesos. Uno, la investigación académica que hemos venido haciendo no solamente del lapso que se indica en el título, sino desde antes. Y segundo en el informe de la Comisión de Encuesta, presentado por sus autores en septiembre de 2019. El lapso que corre desde entonces al presente, seis años y medio, reiteramos es poco lo que se ha materializado de sus recomendaciones.
La ponencia se concentró en procesos que han jugado un papel importante en las relaciones de trabajo venezolanas. El primero proviene de la etapa - años 70s y 80s-, en la cual el diálogo social había adquirido cierta estabilidad. Esto coincide con el hecho que la OIT promovió un novedoso programa internacional para atender el tema de las condiciones de trabajo, de manera interdisciplinaria. Para entonces -1976- ese departamento estaba dirigido por George Spyropoulos; el foco de intervención eran las condiciones de trabajo y Venezuela fue de los primeros solicitantes en recibir esta Misión, por el interés nacional en modernizar esta dimensión del mundo laboral. Y el resultado de esta misión nos dejó un buen diagnóstico, destacándo que se intercambió con la academia venezolana y los actores sociales. hubo amplitud para recibir esta misión. Y de esta experiencia nació, al cabo de varios años de labores legislativas y de estudios, la "Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Ambiente del Trabajo" y con ella toda una serie de instituciones.
La segunda intervención importante, fue en el tema de relaciones de trabajo ocurrida en los años 90s; igualmente era un propósito de modernización de la administración del trabajo y de las relaciones entre los actores, fue por solicitud del gobierno venezolano dado que estaba entrando en vigencia una nueva legislación laboral, la Ley Orgánica del Trabajo que estaba sustituyendo a la vieja ley de 1936, que tuvo más de 50 años vigente. Con esta nueva, sus proponentes y redactores transcurrieron cinco años de diálogo, si bien se centraba en el parlamento venezolano, al mismo acudían los gremios empresariales, la academia, las organizaciones sindicales de las distintas corrientes y todos aquellos que tenían interés en el tema. Fue evidentemente, un activo proceso de diálogo.
Por el lado de la Misión OIT y sus amplias comunicaciones con los actores socio laborales y con la academia, de ahí salió un informe de Relaciones de Trabajo; pero, el sector empresarial discrepaba en algunos elementos, lo que retardó su la publicación, pero además de ello, el retardo en publicarse ha de tenerse presente, que entre la ocurrencia de la misión, en sus varias visitas, y los varios encuentros con los actores y con la academia a lo largo del 1990-1991, ya previo a la misión, había ocurrido un fenómeno que en Venezuela fue muy impactante, que es el llamado "Sacudón" o "Caracazo", que fue la violenta protesta social contra un programa de ajustes económicos con severas consecuencias en la población trabajadora, que poco o nada había sido consultada al respecto, que implantaba un gobierno que estaba empezando su gestión quinquenal y eso hizo trastabillar la estabilidad política venezolana, adicionalmente la represión de estas protestas dejaron traumas en las poblaciones más reprimidas, y a partir de ahí se conectan otros acontecimientos, entre los cuales hubo dos golpes de Estado, fallidos ambos en el año 1992, un juicio y la destitución del presidente constitucional de Venezuela. Primera vez que se destituye a un presidente en la historia venezolana moderna. Así que todo eso eclipsó el esfuerzo enorme que se hizo en ese trabajo de diagnóstico y proposiciones para modernización de las relaciones de trabajo. Incluso el informe finalmente se hizo público cuando ya tenía cuatro años engavetado. El país en ese poco tiempo había empezado a mostrar cambios, que el informe no reflejaba.
Vamos al tercer proceso, en pleno desarrollo. Viene por resultado de violaciones de derechos fundamentales por parte del Estado venezolano, que lesionan al desenvolvimiento de los gremios empresariales y sindicales de trabajadores, por parte del actor gubernamental. Y que dio lugar a un conjunto de quejas, pero las quejas que tuvieron mayor efectividad fueron las empresariales. A las que adhirieron los sindicatos no afines al gobierno, que eran la gran mayoría.
Ante el aluvión de quejas contra el gobierno, hubo comunicaciones, misiones y debates, sin ningún resultado. A tal punto que en los órganos de dirección de la OIT, se acordó nombrar una comisión de encuesta, que era la décimo tercera comisión de este nivel que se nombraba en los 100 años de existencia. Eso fue en el año 2018. Los antecedentes de violaciones ya eran visibles en la propia Constitución aprobada por la mayoría gobernante, que deja de lado la participación de los actores sociales en procesos de consulta y diálogo. Esta nueva Constitución descarta el tripartismo y apunta a un estado distinto, que identifica como estado comunal, ignora a los actores históricos como la Confederación de trabajadores de Venezuela y la Federación de Cámaras de Producción, lo que determina que estas organizaciones entran en una pugna directa con el gobierno y se produce un conjunto de protestas que conducen a un golpe de estado o un vacío de poder. Hay una discusión permanente, entre una y otra interpretación.
El hecho cierto es que la pugnacidad estatal hacia los empresarios y el movimiento sindical fue manifestándose desde el inicio del mandato -1999- y de manera creciente. A tal punto que el gobierno convoca un referéndum sobre la permanencia del liderazgo sindical -Diciembre de 2000-, figura que aparece en la nueva constitución pero para ocuparse de los cargos públicos estatales, no de instituciones privadas como son los sindicatos. El referéndum está previsto para éste decidir sobre la permanencia de un gobernador, de un intendente, de una política pública, de un presidente. Pero en esta ocasión se convoca un referéndum para decidir sobre la permanencia de los directivos de la Confederación de Trabajadores de Venezuela -CTV- y de sus Federaciones afiliadas, a tal grado de pugnacidad era la relación del gobierno con el sector sindical no afín, que de una vez violaba la constitución que recién había entrado en vigencia. Por supuesto que a esa convocatoria de ese referéndum fue atendido por muy poca gente un 76,50 % de abstención. Podía decirse que la población fue indiferente al llamando, no obstante que se hizo coincidir este referendum con una elección de gobiernos locales.
Este proceso dio lugar a una nueva convocatoria de elecciones de la CTV un año más tarde, las fuerzas políticas que conducían tradicionalmente la CTV concurrieron con su plancha y el gobierno encabezado por Hugo Chávez, presentó su plancha y perdió, pero no reconoció los resultados. Ahí la ruptura se hizo más profunda de lo que lo que ya había. Entonces el tema del diálogo en estos aconteceres políticos venezolanos, estaba absolutamente descartado. Cero diálogo, tanto con sindicatos como con empresarios. Por supuesto que el régimen promueve una suerte de diálogo controlado, esté creando una organización sindical y un movimiento empresarial que le eran afines. Esto lleva a las instituciones, a los actores sociales, a la continuidad de las protestas.
Pero claro, el poder del Estado era sumamente grande, especialmente téngase presente que el Estado controla los principales sectores generadores de divisa, el sector petrolero, el minero, entre ellos el acero y el hierro. el sector de aluminio y todo ello le daba solamente el 90% de las divisas que ingresaban al país. Así que la continuidad de la política antiempresarial, antisindical se expresaba también en el modo de funcionamiento de la administración del trabajo que hostigaba, que intervenía, que sancionaba, que estatizaba, y la política hacia la parte de los sindicatos que discriminaba, favoreciendo a los sindicatos afines y dejando de lado a los sindicatos independientes, autónomos, toda una violación permanente del Convenio 87, de la libertad sindical. Y todo esto continúa a tal punto que llega el momento en que el gobierno decide promover una nueva ley del trabajo. Y cuando la promueve no convoca a las organizaciones históricas, ni empresariales ni sindical, sino a organizaciones afines que habían sido creadas en los últimos años. Y fundamentalmente coloca a legislar, no a los legisladores, sino a funcionarios de alto nivel como ministros, magistrados, personas de su confianza, todo en el marco de una ley de emergencia que se había aprobado en la Asamblea Nacional, relacionado con temas que tenían que ver con siniestros, inundaciones y daños a infraestructura. Se creo la ley de emergencia y en el marco de ella se aprueba la nueva ley orgánica del trabajo en un proceso acelerado sin consulta real, pues tómese en cuenta que la ley anterior había tomado cinco años. Esta tomó pocos meses. Así que es un texto que es el que está hoy vigente, que tiene muchas falencias, viola la libertad sindical, viola convenio aprobados por la República. no obstante que en la Constitución del 1999 se le da primacía al convenio suscrito por la República en los temas que aborda esa misma Constitución, pero no ocurre así.
Así que las denuncias empresariales y sindicales ante la OIT generaron misiones, debates y análisis, a tal punto que llegó el momento de que el gobierno de no permitirle a el ingreso a las misiones de la OIT. Y eso aceleró en el Consejo de Administración el nombramiento de la Comisión de Encuesta el año 2018. La comisión de encuestas estuvo constituida por tres miembros, cuyo valor de lo que iban a analizar y a diagnosticar iba a tener carácter de sentencia. El Consejo de Administración designó como miembros de esa Comisión a Manuel Herrera Carbuccia (República Dominicana), como Presidente; María Emilia Casas Baamonde (España) y Santiago Pérez del Castillo Algorta (Uruguay) , todos con dilatada carrera académica y profesional en el ejercicio del Derecho Laboral y las Relaciones de Trabajo. Se tomaron un año de amplísima consulta pública con los actores en estadías en Venezuela y en actividad igualmente virtual. Concluyen en poco más de un año su informe "Por la reconciliación nacional y la justicia social en la República Bolivariana de Venezuela". Señala como una de sus conclusiones generales de gran profundidad y gravedad, la necesidad de adoptar “las medidas necesarias para asegurar el Estado de derecho, en particular la independencia en relación con el Poder Ejecutivo de los órganos de los demás poderes del Estado”. El Informe es extenso, detallado, analítico, y sus recomendaciones cubren una amplia gama de modificaciones del funcionamiento laboral, de rectificaciones de procesos, todo enmarcado en diálogos reales y comprometidos, que requieren un ambiente político que el país no ha tenido en esta etapa.
La respuesta requerida del gobierno “dentro de un plazo de tres meses, si acepta o no las recomendaciones contenidas en el informe de la comisión” (Art.29 de la Constitución de la OIT), no se produjo en ese lapso, sino que finalmente hubo respuesta a inicios del 2022, cuando se instaló el Foro de Diálogo Social el 7 de marzo de ese año. A partir de entonces, las partes sociolaborales y el gobierno, han mantenido encuentros, pero sin mayores resultados con respecto al contenido del informe de la Comisión de Encuesta. El Gobierno ha imprimido un ritmo lento y zigzagueante al Foro, eludiendo compromisos. Cinco Ministros del Trabajo han pasado por ese cargo en este lapso, y en cada caso también ha habido cambios de personas relacionadas con este proceso. El balance de cinco foros realizados en cinco años, es limitado e intrascendente, para la magnitud de la situación de des institucionalización de las Relaciones de Trabajo en el país.
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