LA JUSTICIA LABORAL: MODERNIZACION Y PRESERVACION

Hace pocos meses se cumplieron los primeros diez años de la reforma de los procedimientos laborales que se siguen en los tribunales  para dirimir las discrepancias laborales. Sin duda, la reforma laboral más sólida y estable de todo este ámbito en los últimos catorce años.

 

         Esta reforma se sustenta en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que trae consigo principios avanzados en cuanto a la justicia laboral, y que además le estableció en sus disposiciones transitorias un plazo para que se convirtiera en realidad. Plazo que fue cumplido, muy a diferencia de otras reformas laborales.

 

         Estos principios  procesales fundamentales se refieren a la uniformidad,  brevedad, oralidad, publicidad, gratuidad, celeridad, inmediatez, concentración, prioridad de la realidad sobre los hechos, la equidad, el impulso procesal de oficio, el carácter tutelar de las leyes sociales, la irrenunciabilidad de los derechos y beneficios de los trabajadores, la contradicción en el proceso y la posibilidad de aplicar por analogía otras disposiciones procesales establecidas en el ordenamiento jurídico, que coadyuvan al dinamismo de la actividad  jurisdiccional.

          De los principios constitucionales desarrollados ampliamente en la Ley Orgánica de Procedimientos Laborales –LOPT-, se pasó a la instrumentación y modernización de las estructuras institucionales, a la calificación del personal que administraría y operaría los nuevos conceptos e instrumentos, todo con un seguimiento riguroso y sostenido.

 

          La construcción de la LOPT es una obra cuyo mayor peso recayó en la Sala Social del Tribunal Supremo de Justicia,  llevada a la Asamblea Nacional para su discusión y aprobación. Luego la instrumentación ha sido dirigida por la Sala Social de entonces, del 2002 en adelante, especialmente los primeros años fueron determinantes para garantizar el alcance de sus objetivos. Quienes han estado al frente de esta tarea en la Sala Social, más las cabezas de los circuitos laborales en todo el país cuentan a estas alturas con un balance favorable en la administración de la justicia laboral venezolana. 

 

         Importante destacar que en estos diez años, la Sala Social ha organizado junto con los circuitos laborales de todo el país sesenta y dos Encuentros Nacionales que han sido clave en el intercambio y análisis de la aplicación de estos nuevos conceptos e instrumentos del procedimiento laboral, así como en la comparación de experiencias, ejercicios académicos, análisis de casos, conferencias con expertos nacionales e internacionales, e integración profesional y personal de los responsables de la justicia laboral en el país.    

 

        Los abogados tanto ejerciendo la representación de trabajadores

como de empresas, reconocen el avance con relación al régimen de justicia laboral previo. Igualmente es destacable la incorporación de las nuevas tecnologías de la información que permiten a funcionarios de la justicia laboral como al público usuario de estos servicios acceder a las sentencias, así como leer el desarrollo de sus procedimientos para saber en que estado esta el juicio que interesa a usuario. 

 

         Esta pendiente la posibilidad de un avance tecnológico que permita que más allá de las tecnologías de la información, estos servicios puedan ser beneficiarios de las tecnologías de la comunicación, y poder contar con juicios que incluyan interactividad entre funcionarios y otros interesados en el caso.

 

          Es importante destacar que la mayoría de los integrantes de la Sala Social está concluyendo su período y han de ser sustituidos en lo inmediato por sus suplentes, pero el hecho más importante es que ya está planteado que la Asamblea Nacional se aboque al nombramiento de los nuevos magistrados titulares. Por la conformación de la Asamblea inevitablemente será un proceso de consenso entre las representaciones que la conforman.

 

         La modernización y el avance experimentado por la justicia laboral, de alguna manera se somete a una prueba al concluir su período tres de los magistrados que estuvieron al frente de este proceso desde sus inicios. Preservar las buenas experiencias es del interés del los actores laborales interesados en la justicia laboral. 

INVESTIGACION SOBRE LA VIOLENCIA SINDICAL

Recibimos el libro “Sindicalismo asesinado”, publicado por la casa editorial Random House, Colección Debate. Reveladora investigación sobre la violencia contra los sindicalistas colombianos, editado por León Valencia y Juan C Celis Ospina, quienes dirigieron el equipo de investigadores.

            Teniendo presente que lamentablemente hemos entrado en el pequeño grupo de países en donde el asesinato de sindicalistas es un hecho frecuente, es por lo que haremos algunos comentarios de esta obra.

            Estamos conscientes que las realidades que han llevado a Colombia y a Venezuela a estar empantanados en esta situación de violencia sindical, son bastante diferentes, pero no por ello menos importante relevarlas para divulgarlas y contribuir a crear conciencia del daño que han venido causando a la vida laboral en la sociedad.

            En primer lugar en Colombia el fenómeno es de vieja data, por ello los investigadores se plantean buscar una explicación para el asesinato de 2.732 sindicalistas en los últimos 25 años en Colombia, así como para las más de 8.000 agresiones violentas a los sindicatos y a los derechos fundamentales de sus afiliados. Como explicitamente lo señalan se trata de la búsqueda de una solución para una de las más grandes tragedias de la sociedad colombiana.

            Señalan que utilizaron en las cifras oficiales del Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República y las elaboradas por la Escuela Nacional Sindical. A partir de ellas nos pusimos a la tarea de examinar en detalle los lugares y momentos de la victimización. De otro lado, entrevistamos a 73 personas –sindicalistas, empresarios y líderes políticos–, examinamos las versiones libres que los jefes paramilitares han rendido ante la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía General de la Nación e hicimos una rigurosa revisión de prensa. Igualmente, estudiamos alrededor de 150 documentos, entre libros y ponencias, sobre las relaciones entre sindicalismo y conflicto armado

            En nuestro caso el fenómeno es de la última década y no se le ha dado el carácter o la categoría de tragedia. Muy por el contrario sigue siendo un asunto de escasa relevancia para la sociedad en su conjunto, incluyendo el Estado. Incluso no se llevan registros oficiales de este problema.

            En cuanto a los sectores mas lesionados por la violencia, los autores destacan: No fue difícil identificar los casos que podrían permitirnos sacar conclusiones ciertas sobre el problema de la victimización sindical en Colombia. En los registros de asesinatos y agresiones saltaban a la vista los maestros y los trabajadores de los sectores bananero y petrolero; representan el 70% del total de sindicalistas asesinados entre 1984 y 2009.

            En la realidad venezolana el fenómeno se ha focalizado en la industria de la construcción, y en mucho menor medida se conocen casos del sector petrolero y automotriz.

            El estudio de Valencia y Celis utiliza categorias de las ciencias sociales y políticas

 orientadas a examinar los hechos, cruzar variables y proponer explicaciones. En este caso, las variables son los actores armados, los grupos políticos y las fuerzas empresariales y sindicales, todos insertos en la dinámica del control de territorios, la disputa por el poder y la apropiación de jugosas rentas.

            El caso venezolano no está inserto en un enfrentamiento abierto que permite observar grupos armadas que controlan territorios en la disputa por el poder y la apropiación de las jugosas rentas que provienen del narcotrafico, como es el caso colombiano. Pero obviamente los datos conocidos en el medio sindical de la industria de la construccion, es un reflejo de presencia armada, aunque no reconocida oficialmente, en el desenvolvimiento de las relaciones laborales de grupos que también se benefician de políticas laborales promotoras de organizaciones sindicales sin bases ni practicas democráticas, y  luego el fomento de prácticas permisivas y deliberadamente inclinadas a quienes adhieren a las políticas oficiales.   

            Valencia y Celis destacan que los sindicatos  que cargaron con el mayor peso de la victimización fueron los más activos en la lucha política, es decir, aquellos que ligaron las reivindicaciones laborales con las aspiraciones democráticas y emprendieron por igual protestas sociales y acciones políticas, a través de las cuales ejercieron un inusitado protagonismo en algunas regiones del país. Por ello es importante el testimonio que incluyen de Héctor Fajardo, dirigente sindical de gran trayectoria:

Estoy completamente seguro de que la victimización sindical que ha vivido Colombia se ha debido, en un 80 ó 90%, al compromiso de los sectores sindicales con la democratización del país. –pag 18-.

            De lo que se trata en el caso venezolano es en primer lugar de una confrontacion por el control de organizaciones que se pelean los beneficios económicos de la mercantilización del empleo, y de los espacios productivos, todo ante la mirada complice de autoridades que observan y no actúan. Se percibe que el daño que se infringe a la institución sindical no es sentido por las autoridades, y en cierta medida por la sociedad toda.

            El trabajo que comentamos es una contribucion fundamental al diagnóstico sobre la violencia contra el sindicalismo. No hay duda que allá no es un problema inter sindical, como si participa esta dimension en el caso venezolano. Pero la naturaleza inter sindical del conflicto, es una derivación de acciones que se originaron y han recibido refuerzos desde políticas estatales.

             La investigacion concluye que el Estado colombiano es responsable de la victimización del sindicalismo, al menos en tres campos debidamente documentados en esta investigación: por la participación de servidores públicos en las alianzas criminales que condujeron a la muerte de miles de sindicalistas, por permitir que prosperara un ambiente en el cual se justificaba la muerte de personas indefensas por sus afinidades ideológicas o políticas con fuerzas ilegales y por la escandalosa impunidad judicial que ha cobijado a los responsables.

            Veamos si fuera possible emprender una investigación con criterios independientes que nos permita auscultar lo que viene pasando en nuestros medios laborales, y que las conclusiones contribuyan a poner freno o minimizar el problema. La institucionalidad la venimos perdiendo. Es necesario marginar los extremos y recuperar espacios democráticos en el ámbito sindical.  Aun es temprano. 

SIGNIFICADO DE ORGANIZACIONES DOTADAS O PRECARIZADAS

Atendiendo una actividad académica con universidades que llevan a cabo estudios de Relaciones de Trabajo hemos estado estos días en Buenos Aires. Queremos significar algunos aspectos de la logística que muestran el nivel de recursos con los que cuentan los gremios de trabajadores.

Por un lado nos hemos alojado en un hotel perteneciente a un gremio. Decenas de hoteles que prestan buenos servicios tanto para atender las necesidades del gremio y sus afiliados, como a otras entidades y personas relacionadas; los podemos encontrar tanto en la capital, como en las principales ciudades, los mismos son propiedad de las organizaciones sindicales. En este caso nuestro hotel ha sido el “26 de Julio”. Y por otro lado también hemos sido invitados a presentar los resultados de nuestra reunión académica ante un colectivo de interesados. El sitio de la jornada y contacto con el público ha sido otro local gremial, el de la Unión de los Conserjes. Sala Magistral, otras salas de reuniones, y disponibilidad de los servicios que demanda un evento que congrego a doscientas personas, todos  a la mano en óptimas condiciones. Realmente es la sede que a lo largo del año sirve a las actividades de formación que el gremio brinda a sus afiliados.

¿Por qué destacamos estos asuntos elementales? Sencillamente porque es inevitable hacer comparaciones.  Es verdad que el movimiento de los trabajadores argentinos cuenta con una historia más larga que el venezolano. El haber iniciado la modernización productiva más temprano permitió contar con contingentes de trabajadores en actividades industriales, que iniciaron el camino de lograr conquistas tanto para las personas como para las instituciones.

    También ha de agregarse que en los años cuarenta y primera mitad de los cincuenta hubo un gran salto en el fortalecimiento de las organizaciones gremiales. Se trata del primer período peronista. Hubo una verdadera política obrerista.  Es así que sesenta años más tarde este movimiento mantiene su fuerza y peso en la sociedad argentina. Por supuesto que este comentario no engloba tantos otros aspectos del funcionamiento de la vida económica y social del país en los períodos posteriores.

            Con lo anterior se quiere destacar que las conquistas estables de los trabajadores demandan organizaciones dotadas de los elementos necesarios para llevar adelante su acción. El primer elemento a tener presente es la autonomía  y la unidad de propósitos. Nada fácil de lograr y mantener. De ello deriva que las organizaciones de trabajadores han de contar con los medios materiales para funcionar y actuar.

Sirva esta reflexión para llamar de nuevo la atención como en los últimos años, el sindicalismo venezolano ha venido perdiendo espacios e instituciones que realmente le hacen falta. Una de ellas es la extraordinaria instalación que ocupara la Universidad de los Trabajadores de América Latina –Utal- en la privilegiada ubicación de San Antonio de los Altos, y más recientemente la pérdida del Instituto de Altos Estudios Sindicales –Inaesin- en Caracas. Cada caso es una lamentable historia que muestra como intereses ajenos a los del movimiento de los trabajadores determinaron la pérdida de esas instituciones. Ojala el movimiento pueda el  disponer mañana de entidades equivalentes. Por los momentos no se avizora nada en el panorama.
  
Conviene deslindar el otorgamiento de beneficios para las personas que dirigen las organizaciones, de las que corresponden a las instituciones y al colectivo global de afiliados. Lo primero puede colocar en duda la autonomía de quienes dirigen, al acumular favores recibidos del poder patronal, sea público o privado. Favores o prebendas que serán reclamados por quienes lo otorgaron, y tendrán repercusión negativa en la autonomía institucional.

Las organizaciones de los trabajadores para poder funcionar requieren no sólo del registro que se obtiene de parte de las autoridades. Incluso hay países en donde no existe el registro sindical, las organizaciones no se ven sometidas a rigurosos controles y exigencias gubernamentales, que empiezan a controlarlas desde antes de nacer. Apenas notariar la voluntad de los interesados da lugar a la confirmación de su existencia. Se tiene como lo más importante la voluntad de las personas de congregarse y actuar alrededor de intereses legítimos.

ELABORAR UN PLAN DE GOBIERNO O UN AUTENTICO PROCESO CONSTITUYENTE

Desarrollábamos en nuestra sesión de postgrado de la presente semana un intercambio en torno a la intervención estatal en las Relaciones de Trabajo. Es un tema fundamental en todo análisis del funcionamiento de este campo de actividad. Ello nos llevó a considerar un llamativo proceso promovido desde el Estado y que viene siendo denominado proceso constituyente. Sobre el mismo se levantan algunas reservas.

Luego del 7_0, fecha de la elección presidencial,  los resultados han sido interpretados por la opción ganadora como el sustento social y político para activar el poder constituyente. En esa dirección ya se vienen desarrollando asambleas y reuniones para configurar el plan de gobierno, para el sexenio que se inicia este enero del 2013 hasta el año 2019. Este proceso reposa de manera absoluta en manos de la organización partidista al frente del gobierno, así como con los recursos e influencias de las entidades estatales. Lentamente las corrientes opositoras reaccionan ante este fenómeno, en la mayoría de los casos formulando críticas de las inconsistencias del proceso, y en casos excepcionales reconocer  la conveniencia de participar señalando las desviaciones más resaltantes.

            Que los adherentes a una fórmula ganadora de manera entusiasta se activen para un proceso de construcción de un plan de gobierno es un hecho positivo. Pero otro cosa es que una parcela partidista pretenda hacer de este legitimo proceso participativo un genuino proceso constituyente nacional. Lo primero es loable, pero no para darle el carácter constituyente pleno que se ha venido mencionando. Para ello es importante remitirnos a nuestra propia experiencia de fin de siglo.

            Es así que cerrando el siglo XX -1999- el país conoció de un proceso constituyente amplio que dio como resultado la Constitución Bolivariana de la República de Venezuela –CRBV-. Se destacan tres fases en dicho proceso, todo ello a lo largo de 1999. Una primera, que fue preguntarle a la sociedad si estaba de acuerdo en ir a un proceso constituyente. El país dijo que si. Inmediatamente una elección de los constituyentistas que conformarían la Asamblea Constituyente, integrada por 134 representantes electos, quienes entre agosto y diciembre de este año debatieron y construyeron el texto que finalmente sería sometido a referéndum, como la tercera fase. Los resultados fueron favorables al texto propuesto con poco más del 70% de los votantes, aunque con una abstención del 55%.

            Como se observa fue  un proceso complejo que tomo todo el año de 1999. Y difícilmente podía ser menos, ya que construir el texto superior que va a regir la vida de una nación es un hecho que trasciende lo circunstancial. Las oportunidades fueron para todos. El producto –el texto- que se derivó de este proceso,  en el referéndum de diciembre de 1999 no levantó el entusiasmo para una mayor participación, a lo que habría que agregar  que un 30% de los votantes se fue por el No. Todo ello dejó una cierta duda en la adhesión al texto constitucional. Sin embargo, hay que resaltar que fue un avance extraordinario en cuanto a participación ciudadana, el hecho de someter a un referéndum aprobatorio el texto constitucional, hecho inédito en nuestra historia republicana

            En el tiempo de su ejecución el país fue asimilando este texto, con resultados  contradictorios, ya que quienes en un principio se opusieron a ella han mostrado una mayor identidad en defenderla, en tanto quienes la redactaron e impulsaron, frecuentemente se ven en problemas para justificar acciones de gobierno, que no se ven claramente enmarcados en el texto constitucional. El asunto no ha pasado a más, por el control total que el Ejecutivo tiene sobre los demás poderes. Otro asunto sería si funcionara algún grado de balance de poderes.

            Con lo expuesto tenemos suficientes elementos para admitir que actualmente las asambleas que promueve la organización partidistas en ejercicio del gobierno, constituyen un ejercicio importante de participación y análisis político, pero las mismas no tienen alcance suficiente para calificarla de un proceso representativo del conjunto de la sociedad venezolana, salvo que se entienda y asocie con lo representativo admitir la primacía de un pensamiento único.

            Para el mundo del trabajo, las organizaciones idóneas para la convocatoria y la promoción de definir un plan de gobierno, serían los sindicatos y otras organizaciones gremiales, las que se sustentan en las asambleas y la participación, así como en la constante búsqueda de su autonomía. Por lo que se observa que no están jugado un papel estelar en estos procesos. Cierto que viven un momento complicado, derivado de las divisiones en su seno, así como de las dificultades de un aparato productivo que se ha venido a menos, sustituyéndose producción nacional por importaciones, y la reproducción de empleos precarios por parte del principal empleador. 

VENEZUELA EN EL CONSEJO DE LOS DERECHOS HUMANOS Y EL AMBITO LABORAL

Venezuela en el Consejo de los Derechos Humano de la Organización de la Naciones Unidas. Aspiramos que este ingreso se convierta en beneficios en primer lugar para el propio campo de los DDH en el país, ya que este consejo es responsable del fortalecimiento de la promoción y la protección de los derechos humanos en el mundo, con el objetivo principal de considerar las situaciones de violaciones de los derechos humanos y hacer recomendaciones al respecto .

            El Consejo DDHH es un órgano intergubernamental de reciente formación, apenas de 2006; aunque sustituye a otra entidad ocupada del tema – la Comisión de DDHH, nacida en 1947-  Está formado por 47 países miembros, cada año un tercio de ellos es renovado por períodos de tres años, pudiendo ser reelectos hasta por dos periodos consecutivos.

            La composición del Consejo DDHH ofrece 8 puestos para América Latina y el Caribe, entendiendo que el resto corresponde a las demás regiones del planeta. Sus mecanismos de funcionamiento incluyen el examen periódico universal, un comité asesor y un método de denuncias. Por cierto que en el pasado año Venezuela fue sometida al primero de estos mecanismos y de ahí resulto un paquete de 95 recomendaciones.

            En esta ocasión el Consejo tenía tres puestos disponibles para América Latina, para los cuales se postularon tres Estados, a saber Argentina, Brasil y Venezuela. Por tanto era imposible que alguno de estos no fuera escogido. Hay que tener claro que esta escogencia no implica un juicio de la situación de los derechos humanos en los correspondientes países. Mas bien se trata de cumplir con las cuotas regionales previstas desde el nacimiento del Consejo.

            No obstante lo anterior que el país ingresa a este Consejo, existen casos de derechos humanos que el Estado venezolano debería subsanar. Las organizaciones no gubernamentales y especialistas en el tema han aprovechado la oportunidad para llamar la atención de estos asuntos pendientes que el país tiene en la materia.

            En el ámbito del trabajo, sirva el ingreso de Venezuela a este consejo, para retomar algunos retrasos institucionales sobre los cuales ha habido señalamientos en diversas instancias sin que se hayan logrado resultados importantes.

            De ellos es destacable la restricción a la libertad sindical, y la abierta violación del convenio No 87 de la Organización Internacional del Trabajo,  que el Estado venezolano ha ratificado y por tanto debe cumplir con su contenido. Lo más llamativo de la violación de este convenio es el hacer intervenir al Consejo Nacional Electoral en lo relativo a las elecciones sindicales, de hecho es el órgano del cual depende la convocatoria a las elecciones y el reconocimiento de los resultados. El CNE es un órgano del Estado y en cuya composición e integración no hay ninguna relación con el movimiento sindical, entonces es un órgano estatal que le es totalmente ajeno. Los hechos son evidentes de cómo se ha atrofiado el ejercicio de la actividad sindical autónoma a partir de este intervencionismo. 

            En un momento dado el Ejecutivo Nacional reconoció esta anomalía e incluyó la eliminación de esta disposición en una propuesta de reforma constitucional del año 2007. Si bien no se logró la aprobación de esta reforma, luego ha habido poco interés en solventar esta situación. Por el contrario continua siendo el tema de las elecciones sindicales una vía para obstaculizar el libre desenvolvimiento del movimiento, lesionando así la autonomía y libertad sindical.

            Adicionalmente hay otros temas pendientes en cuanto a DDHH que es oportuno resaltar, uno es la criminalización de la actividad sindical. Hay más de cien casos de dirigentes y trabajadores enjuiciados por el hecho de promover y participar en protestas eminentemente laborales. Otro es la discriminación laboral para el ingreso a prestar servicios en las entidades estatales del gobierno nacional, y de aquellas descentralizadas controlados por oficialismo, hecho sumamente critico en un país en donde el mayor empleador es el Estado. 

            Finalmente el caso más llamativo es  el asesinato de dirigentes y trabajadores sin que se activen los órganos del Estado para encarar este agudo problema. Los casos de enjuiciamiento son muy pocos, y sentenciados aún menos. El pasado año con motivo del Examen Periódico Universal, organizaciones no gubernamentales documentaron 185 casos, hoy un año más tarde se agrega un centenar de casos en iguales circunstancias.

            Terminamos manifestando que es una excelente ocasión  que la incorporación de Venezuela al Consejo de DDHH de la ONU, se convierta para la nación en una oportunidad para superar estos rezagos en materia de DDH del ámbito laboral.  

DE LOS CONSEJOS DE TRABAJADORES

En estos tiempos de planes de promover la reglamentación para los Consejos de Trabajadores, ya incluidos en el nuevo Decreto-Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, es oportuno detenerse a analizar la situación de las empresas que por distintas y variadas motivaciones engrosan el sector de empresas del Estado.

            Hay que señalar de entrada que desde décadas en Venezuela ha existido un amplio sector de empresas estatales. En el propósito de sembrar el petróleo, se promovió la inversión estatal en actividades productivas de bienes y servicios, dándole al Estado un espacio relativamente importante en tales áreas. Por otro lado, las generosas financiaciones con orientación clientelar, llevó a que pseudos empresarios fueran beneficiarios de créditos para emprendimientos que no tuvieron éxito, quedando a la postre estas instalaciones en manos del Estado.

            De lo anterior resulta que empezamos un nuevo gobierno -1999- y una nueva institucionalidad –Constitución de la  República Bolivariana de Venezuela, 2000- con un frondoso sector de empresas estatales. Incluso seguía siendo frondoso, a pesar de un cierto desarrollo de privatizaciones en los años noventa. De ellas las más famosas fueron la de CANTV, Sidor, Viasa. Pero aun así el sector estatal mantuvo un tamaño respetable en términos comparativos latinoamericanos.

            Ya sabemos de la onda estatizadora que ha caracterizado los últimos doce años. En algunos casos por razones estratégicas, en otras por recuperar empresas que fueron dejadas morir por sus dueños, fuera porque estos no sentían  estímulos para mantener la actividad, o por encontrar dificultades para desenvolverse en un entorno jurídico para el cual no sentían las garantías necesarias. En algunos casos no han dejado de verse la costura de las retaliaciones como motivación de la estatización.

            Lo cierto es que hoy, luego de trece años de estatizaciones, el sector estatal de empresas productoras de bienes y servicios alcanza unas dimensiones que multiplican lo encontrado por el régimen al llegar al poder. 

            Las empresas estatales disfrutan de un trato preferente en las diversas políticas con las cuales lidia una autentica dirección empresaria. Acceso privilegiado a divisas, reglas para protección, trato discriminatorio por los entes estatales de financiamiento, de justicia, de administración del trabajo, de precios y costos, en fin toda las entidades que tienen algún control o monitoreo de las actividades productivas se desenvuelven aplicando un doble rasero, uno para los privados estricto y riguroso, y por otro lado blando  y abstraído con las entidades estatales. Es por tanto lógico esperar que estas empresas sean las que logren los mejores resultados.

            Con las ventajas señaladas no tiene sentido que una empresa por ser del Estado tiene que dar perdidas, más bien por el contrario dispone de las ventajas para que sus resultados sean mejores. Se utiliza que tal empresa que pasa a manos del Estado, se destaque que ahora es de todos, es nuestra, es del pueblo, en fin propaganda para marcar una diferencia con el status de la situación anterior que pertenecía a una persona, a una familia, a una sociedad que pudo haber sido de decenas, de cientos o incluso de miles de propietarios. En el asunto de fondo, lo que importa es que la empresa sea eficiente, es decir que lo productivo tanto en manos de privados o del Estado.. o de todos, o del pueblo, como se quiera significar, resulte al final optimo o simplemente satisfactorio.

            Lo realmente político e ideológico ha debido ocurrir antes de la actividad operativas de las empresas, al definirse que productos, servicios, regiones, actividades han de privilegiarse en función mayormente del desarrollo armónico y equitativo de una sociedad que viene de notables desigualdades e inequidades, así como también después de los resultados operativos empresariales, es que se plantea que se hace con los resultados productivos, como se distribuyen los beneficios. ¿Que tanto para la gente que día a día contribuyó al alcance de las metas, tomando en cuenta las mayores y diversas responsabilidades y funciones?  ¿Que tanto para la región donde opera que ha contribuido al desenvolvimiento operativo del ente productivo? ¿Que tanto para la nación y la sociedad toda que son los dueños de esos activos? 

            Esto es lo que llamamos lo distributivo y reproductivo. Distribución por un lado, y contribuciones para la reproducción por otro, ya que las contribuciones al Tesoro nacional, al fisco, es para que se produzca la reproducción, mejorando las condiciones de vida del ciudadano y del país, en su estructura productiva y en la infraestructura de servicios de apoyo.

            Los promotores de los Consejos de Trabajadores, debieran mirar los desenvolvimientos productivos, antes o durante el proceso de construir una legislación determinada. Venimos de cientos de fracasos en empresas cooperativas, de producción social, de empresas cogestionadas, autogestionadas, mixtas. Se sabe de la propaganda que pretende pintar otro cuadro.

            Todo lo anterior le ha costado un enorme dineral al país, y ha sido semillero de frustraciones para quienes sueñan y tienen la disposición de aportar a la posibilidad de que el país alcance más altos niveles de producción y de calidad de vida, pero basados no en el consumo de la riqueza de nuestro subsuelo, es decir el subsidio petrolero, ni en la dádiva gubernamental, ni en el aprovechamiento grupal interesado en fines egoístas. Si se quiere pasar del Socialismo rentista con muy poco futuro, a un Socialismo productivo hay que mirar lo que se pretende con los Consejos de Trabajadores.    

Los costos de los paros: los ex petroleros

Hace varias semanas se conoció de procedimiento de multas promovido por la empresa Pdvsa a ex trabajadores petroleros con motivo del paro diciembre 2002- enero 2003. El asunto ha tenido un tratamiento discreto en los medios. Se entiende que el tema es espinoso. Se puede considerar que  las opiniones y juicios sobre este paro se caracterizan por un antagonismo tenso. Es una terea pendiente para los investigadores y particularmente para los historiadores, hacerse de los documentos y testimonios de los diversos segmentos involucrados para trabajarlos, analizarlos y reconstruir lo que ocurrió. Por ahora se repiten las versiones parciales e interesadas de un lado y del otro, ambas incompletas y sesgadas. Por supuesto se oyen con mayor frecuencia las del triunfador en ese conflicto. Obviamente las entidades públicas no están en condiciones de salirse del guión de la explicación oficial.  

                Del lado oficial domina la tesis de que fue un paro para presionar la renuncia del Presidente de la República, que más bien fue un lockout gerencial. Del lado de los ejecutivos y trabajadores incursos en el paro destacan que sus protestas fueron reprimidas y ello constituyó una provocación que radicalizó las acciones. Como sabemos este paro concluyó con el despido de más de veinte mil trabajadores, alrededor del 50% del total del personal de la empresa.

                Informa la empresa que el colectivo a multar es de 185 ex trabajadores que ocupaban cargos gerenciales. Y los montos ya definidos por la Dirección de Auditoría Interna –Pdvsa- representan cantidades por cada caso de alrededor 120.000 Bolívares, el total de los 185 ex trabajadores alcanzaría a poco más de 22 millones de Bolívares. En el fondo no es una cantidad importante para los argumentos que esgrime la empresa como daños de dicho paro, es decir daños patrimoniales a la empresa. Por otro lado, este monto estimamos representa una porción menor de los pasivos no entregados a estos ex trabajadores, así como haberes en fondos de ahorros. Hay que tener presente que estos ex trabajadores ocupaban cargos gerenciales, con carrera en la compañía, lo que implica alta antigüedad y altas remuneraciones. Dinero que ha estado en manos de la empresa y del cual no se ha precisado a cuanto alcanza, incluso habría también que manejar el tema de los intereses.

               En los dos párrafos anteriores reconocemos que abundan las lagunas. Sigue predominando el hermetismo en la materia. Pero de lo que se trata en este artículo es de exteriorizar inquietudes en el procedimiento de multar a ex trabajadores incursos en una huelga o paro. Téngase en cuenta que en el país este año se alcanzará cerca de tres mil protestas laborales – ver Observatorio Venezolano de la Conflictividad Social-. Si a ellas se les fijara como procedimiento determinar los costos patrimoniales para las empresas o servicios afectados, una porción considerable de la población venezolana tendría entonces que hipotecarse para pagar esas multas. La aplicación de este tipo de procedimiento es inviable y regresiva.

                Por ejemplo el pasado año, la empresa estatal Alcasa estuvo cerrada con candado en sus portones por treinta y dos días, como medida promovida por un sector sindical ¿Cuánto se dejó de producir, vender, atender procesos productivos y logísticos?  Nadie responde por ello. Incluso los promotores sindicales de esta acción fueron más tarde promovidos a la conducción de la empresa. Este tipo de situación se repite en numerosas empresas estatales. Por supuesto que es una situación caótica en términos de funcionamiento empresario y laboral.

                En el sector privado las alarmas se encienden más temprano y muy difícilmente un estado de parálisis transcurra tanto tiempo sin acciones intensivas por buscar y encontrar soluciones. Al capital le duele más el estado de paro que a las entidades estatales. Pero uno se pregunta qué procesamiento obtendría un reclamo de por ejemplo de la Empresa Chrysler Co en el supuesto caso de un paro de sus trabajadores. Por supuesto que los representantes de una empresa están vigilantes para que un paro encuentre soluciones a la brevedad. Son permeables a la presión sindical, por los impactos en los resultados económicos.

                Finalmente, hay que tener presente que las situaciones que llevan a los trabajadores a protestar no solo responden a sus posiciones específicas, sino a la natural interacción que se mantiene cotidianamente con el empleador y sus representantes, y que los costos de las acciones de paro no necesariamente corresponde a una sola de las partes. Un incumplimiento patronal de compromisos laborales lleva a protestas que ciertamente tienen costos, pero el problema está ¿a quién  cargárselos?  

ASISTENCIALISMO Y CIUDADANIA

Luego del 7 de Octubre es frecuente oír y leer entre los análisis que intentan dar explicación a los resultados electorales, que la votación que dio la victoria al Preside nte incluye un componente asociado al cultivo y a la práctica de la dadiva y del asistencialismo en general, brindada a los sectores populares en donde está el grueso de la votación chavista.

            La dadiva, o el regalo, así como el asistencialismo refiere a dar sin conexión con el trabajo. Estas prácticas las hemos visto en toda la historia moderna de Venezuela. Hay sectores que el Estado debe atender por esta vía.

            El asistencialismo no es extraño a las políticas económicas más convencionales, incluso hasta las políticas neoliberales reconocen que hay la necesidad de brindar asistencia a sectores desplazados o que no se insertan en la actividad productiva. Reconocen que en el ámbito productivo hay un espacio para un determinado número de trabajadores y que más allá del mismo, es decir lo excedentario también hay que atenderlo, por la vía del asistencialismo y la dadiva.

            En nuestra sociedad que no es precisamente orientada por el neoliberalismo en sus políticas económicas, los segmentos de la población al margen de actividades productivas es numerosa, y no hay creación de empleos productivos suficiente para la población actual ni se observan previsiones para el futuro. Además se observan desplazados de actividades productivas que no logran insertarse y quedan como sujetos de eventuales políticas asistenciales.

            En nuestro caso, el grueso de las políticas sociales asistencialistas se manifiesta en las misiones; la cuales se han caracterizado por su rápida y expedita creación, al margen de los engorrosos mecanismos que se exige en el ámbito público para la creación de nuevas instituciones. Igualmente son mecanismos de mínima vigilancia y control por parte de los órganos del Estado para tal fin, digamos el Parlamento y la Contraloría General de la República.

            Se entiende que hay urgencias sociales que requieren acciones aceleradas dada las necesidades. Pero que luego de un lapso determinado, la urgencia se habrá superado y dicho programa habrá cumplido la emergencia, y es de esperar que la actividad entrará en el ámbito de la estructura establecida del Estado, sea la educativa, la de salud, la laboral u otros ámbitos sociales, que sí responde a mayores controles y cuenta con equipos humanos calificados e infraestructura apropiada. 

       En el marco de su funcionamiento también se trata del registro de los beneficiarios, de su asistencia y de la reciprocidad entre el que es asistido y quién brinda la asistencia. En el buen sentido, el asistido retorna gradualmente al Estado y a la sociedad con tareas acordes con sus capacidades la asistencia recibida. Digamos si una persona aprendió un conocimiento, luego lo transmitirá a otros, y así sucesivamente.

            El manejo sin control de los programas sociales ofrecen la tentación de prestarse para el control social e ideológico a favor de quién concede sin vigilancia. Ante los extremos en este sentido, las poblaciones asistidas se protegen a lo sumo dejando de atender el programa social, pero dado que el mismo va acompañado de la recepción de dinero, para quienes están en condiciones de pobreza material es una concesión importante.

             Regresando a nuestro primer párrafo, dado lo expuesto no parece haber duda que los administradores de las misiones vean natural que los beneficiarios sean movilizados para las demandas de tipo electoral planteadas en el país. He aquí un efecto perverso. Son recursos de la nación los que se utilizan y por tanto han de estar a la disposición de los ciudadanos sin ningún tipo de condicionamiento político o ideológico. Lo contrario si pudiera entenderse, es decir si los recursos son del patrimonio de quién implementa y administra el programa social, se puede tomar la licencia de condicionar. Por supuesto que el condicionamiento se presta a hacer más dependiente al asistido, y limitar el desarrollo de su ciudadanía. 

PASIVOS LABORALES Y PETRORINOCOS

 

El pago de los pasivos laborales a trabajadores de la educación con estos instrumentos es una experiencia novedosa en las Relaciones de Trabajo del país. Estos pasivos lo conforman tanto las prestaciones sociales como los intereses que ellas causan por ser deuda del empleador. El deudor –gobierno nacional- aprovecha y afirma que de esta manera cumple con la deuda social, y coloca el petróleo al servicio del pueblo.

            Para los acreedores – los trabajadores-, luego de un período que empezó en 1975 al darsele carácter de derecho adquirido a la antiguedad y el auxilio de cesantía, y luego  en 1997 cuando se reforma la Ley Orgánica del Trabajo y se modificó el sistema de recalculo de las prestaciones sociales, entre otros elementos, completa un largo período de espera que finalmente encuentra respuesta a sus expectativas y exigencias.

            El primer lapso que exigió respuesta de los entes estatales en el cumplimiento de la reforma de 1997, venció en el 2002. Es decir los cinco años establecidos para la constitución de los fideicomisos. En el sector público sólo se cumplió esta exigencia para las nóminas de personal obrero, y en general para quienes trabajaban para empresas estatales, salvo casos excepcionales, como el sector petrolero, en donde los sindicatos, fijaron posición de oposición al nuevo sistema. Así que en esta primera etapa, estos pasivos laborales o la deuda social como también se le llama en la media oficial,  se acumuló casi toda en el propio período actual, ya que corrió desde 1998, hasta el 2002.

            En la mitad del lapso anterior – año 2000- se aprueba una nueva constitución, que exige que ha de regresarse al sistema de cálculo de las prestaciones anterior a la reforma de 1997. Es decir, dejar las cosas como estaban. Entendemos, aunque no justificamos, que esta disposición transitoria -4ta disposición, numeral 3ero-, contribuyó a no mover un ápice el cumplimiento de pago de los pasivos laborales que se venían multiplicando, y que crecían más rápidamente por los años de alta inflación que ha caracterizado al lapso que se ha vivido en lo va de siglo XXI.

            Se confabula con esta inercia en el cumplimiento del empleador gubernamental, el que desde el Parlamento no se activa decididamente poner en práctica lo exigido en la disposición transitoria 4ta, en su numeral 3ero. Si bien estaba en la agenda la reforma de la Ley Orgánica del Trabajo, fue evidente que no representó una prioridad en las distintas legislaturas que van desde el año 2000 hasta el año 2011. Hasta el Poder Judicial en un momento dado conminó al Legislativo a cumplir con el mandato constitucional, pero nada pasó. Incluso los intercambios entre el Legislativo y el Ejecutivo en torno a la reforma de la LOT se trancaban en el tema prestacional. Desde el Ministerio de Finanzas se señalaban observaciones a este punto, por la cuantía de los recursos implícitos.

            Si estos pasivos laborales o esta deuda social fue incrementándose,  en este análisis se podrá ver el por que. No hay que estar mirando para otra parte, simplemente el empleador no cumplió en su momento.

            El escenario electoral presidencial sirvió de marco, para que se activara un proceso que dio lugar al surgimiento de un mecanismo de pago de estos pasivos laborales. Para conectar varios eventos, empecemos en primer lugar con el compromiso presidencial ante la masa obrera en el nacimiento de la nueva Central Bolivariana Socialista de Trabajadores -el pasado noviembre-, de impulsar una nueva ley del trabajo.  Inmediatamente el nombramiento de una Comisión Presidencial sin representatividad sectorial y de los actores de las relaciones de trabajo y de la  producción. Todos estaban ahí por la voluntad presidencial. A la postre sale un texto legal oficial que abre camino para este pago.

            Por supuesto que de este proceso de construcción legislativa, en el marco de una ley habilitante que nació para resolver asuntos que no tenían nada que ver con el ámbito laboral, y por otra parte prescindiendo del órgano natural para este proceso, como es la Asamblea Nacional,  deja una estela de interrogantes que quedan flotando en el ambiente.   

            Finalmente el país cuenta con una nueva legislación laboral, el Decreto Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras. Que sobre el tema prestacional decidió eclecticamente  mantener vigentes los dos regimenes – el pre 1997 y el que nació en esa reforma- y que fuera el trabajador que escogiera el que le diera mayor cantidad de bolívares, ya que según escenarios de antigüedad, inflación y ritmos de incrementos salariales, puede ser más beneficios uno u otro. Por cierto que esto derrumbó la tesis del “despojo”, como en algunos medios se le señalaba a la reforma de 1997.

            Ante los pasivos laborales ha habido una constante presión por parte de los gremios educacionales, especialmente el de los universitarios, tanto docentes como administrativos. Los primeros han convocado acciones de calle para reclamar los pasivos, ya sea su pago, o la construcción bilateral de las metodologías para la cancelación. Hay que destacar que reclamos laborales por pagos son comunes en las relaciones del trabajo del país, pero más bien por retrasos en pagos de salarios, de lo inmediato,  o incumplimiento de condiciones de trabajo. 

            Es por ello que consideramos que con este antecedente y práctica gremial, sus afiliados se han ganado la prioridad en pago de los Petrorinocos. Si bien el empleador no accedió a la construcción bipartita de las metodologías, hay evidentemente una notable vigilancia de estos procedimientos por parte de la comunidad y de sus organismos gremiales, que dan lugar a que sobre la materia exista en esta primera etapa del pago de los Petrorinocos normalidad en los montos y en la conversión en dinero en efectivo, como corresponde a los pasivos o deudas laborales.

CONTEXTO POLITICO ELECTORAL Y MUNDO DEL TRABAJO

Las Relaciones de Trabajo son sensibles al contexto, de el depende su funcionamiento. Dos dimensiones del contexto determinan la marcha de las Relaciones de Trabajo, los aconteceres políticos y los económicos.

            En lo inmediato hemos estado inmersos en una campaña electoral presidencial, luego otra de gobernadores – a escasas semanas-, y luego la de alcaldes y concejales – en el primer cuatrimestre del próximo año-. En el presente artículo, orientamos el análisis de lo contextual político, y dejamos lo económico para otro momento. 

           Hay que destacar que desde diciembre de 1998 a este 7 de Octubre del presente año, se han realizado catorce elecciones de alcance nacional que tienen que ver con los poderes públicos, es decir un promedio de una elección nacional anual, ya que estamos hablando de un lapso de catorce años. Es importante destacar que en esta cantidad se incluyen cinco referéndum, y el hecho de que se han separados las elecciones presidenciales de las de gobernadores y alcaldes, y ahora también se separan estas últimas, lo que abona a un llamativo número de elecciones.  

           Además si se toma en cuenta que ha existido desde el inicio de la presente etapa política, el propósito diferenciador con todo lo ocurrido en la gestión estatal de la etapa precedente, en la terminología naciente, la cuarta república. Incluso el afán diferenciador va más allá de esos cuarenta años, y se remonta a todo el siglo XX. Algo así como si todo empezara a partir de 1999. Temas como la justicia, la igualdad, la libertad, la soberanía,  la dignificación, no existían y ahora sí. Por supuesto que esto trae consigo el mantenimiento de una situación de polarización política extrema.

            Entonces, estos dos elementos configuran un contexto político nacional sumamente influyente en el comportamiento de los actores que se desenvuelven en el mundo del trabajo, ya sea en los espacios productivos directos, como en los espacios institucionales estatales que tienen relación con el mundo del trabajo.

            Veamos lo electoral y el desenvolvimiento de los gremios, sea de trabajadores  de empresarios. La polarización los absorbe. Hay organizaciones y líderes que se adhieren a una u otra de las dos opciones que representan los dos polos. Realmente la adhesión no es el problema, sino que los intereses de las organizaciones y de sus afiliados se subsumen en los planteamientos de las opciones políticas. Ocurre el fenómeno que la química llama la dilución. Se atenúan las posiciones de los sectores del mundo del trabajo. Se pierde la oportunidad de fortalecer las organizaciones gremiales, por estar en la cola de los propuestas electorales. En estos procesos electorales recientes, consideramos que este fenómeno ocurre tanto en la propuesta oficialista como en la opositora.

            Sin tomar como modelo optimo, pero si como experiencia que favoreció el desenvolvimiento sindical en un determinado período. Es el caso del sindicalismo de los principales partidos políticos en los años 60 al 80, es decir AD y COPEI. Su órganos directivos, notablemente el caso del Buró Sindical de AD, era determinante para decidir quien sería el candidato a la Presidencia, así como para asegurar cuotas parlamentarias nacionales y regionales. Todo lo cual le permitió tener influencias en políticas nacionales, que ejecutaba el Ejecutivo y el Legislativo.

            Hoy las organizaciones del mundo del trabajo están casi marginalizadas. Carecen de influencia para determinar agendas en las propuestas de los candidatos a gobernar. Del lado del oficialismo, hay un esfuerzo de varios años y de muchos recursos materiales que ha centrado su accionar en los espacios comunales, y por tanto ha privilegiado las adherencias que provienen de las comunidades, más que las que provienen del mundo de la fábrica o centros productivos. Con éstos se mantienen rezagos en el cumplimiento de compromisos legales y contractuales, además de convenios colectivos desmejorados o congelados. 

            No es ajeno a esta política de vinculación política electoral y gestión de votos, ir adonde hay mayor número de votantes, tal es el caso de las comunidades; que son también los espacios de vida de los trabajadores. Pero en esos espacios populares habitan los trabajadores tanto de la formalidad como de la informalidad, en otros términos tanto los organizados sindicalmente, como aquellos que no disponen de ese instrumento. De aquí que privilegiar esos espacios recoge adhesiones con compromisos,  al establecimiento, o a cambios o mantenimiento de políticas públicas que no están centrados en el mundo del trabajo, sino más bien el ámbito de la asistencia. 

            En este contexto político, las relaciones de trabajo son vistas como expresión y resultado de la acción estatal, más que de las dinámicas propias de los actores que viven en los espacios productivos. Faltaría ocuparse un poco más del contexto económico, para completar el análisis.

Y SIGUE LA VIOLENCIA SINDICAL: FRACASO DE UNA POLÍTICA LABORAL

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El reciente informe “Violencia Sindical en Venezuela, Enero-Septiembre 2012” – 65 dirigentes sindicales asesinados- continua mostrando datos y tendencias que llevan ya ocho años consecutivos de manifestación critica  y lamentable, y que casi nada se ha hecho para revertirla.

            El objetivo de una política laboral en cualquier régimen político, sea capitalista o socialista, tiene en común promover condiciones para que se den los procesos productivos bajo condiciones de normalidad, todo en el marco de la constitución y leyes de la republica. La normalidad referida en el ámbito del ejercicio del trabajo es sencillamente poder ejecutarlo. Para ello han de admitirse reglas de juego que son reconocidas por los actores participantes. A su vez los actores además de comprometerse con las reglas comunes, disponen de reglas propias para el funcionamiento de sus organismos.

            La violencia en algunos medios sindicales se ha desatado a niveles extremos. Consideremos algunas inquietudes. Una primera, es plantearse si la violencia extrema, que refiere al exterminio del otro, es una característica propia del movimiento sindical.

            Históricamente más bien el movimiento sindical ha tenido que enfrentar la violencia estatal y empresarial para hacerse su lugar como institución en el funcionamiento económico, social y político. Si bien ya se ha avanzado bastante en este camino, es un recorrido que en Venezuela ha tenido avances y retrocesos, pero sin duda hoy el sindicalismo dispone de recursos institucionales y legitimidad para llevar adelante sus acciones al margen de la violencia armada. El movimiento sindical conocedor de sus recursos, accede a las instancias para dirimir sus problemas, ya sea desde la misma oficina de la gerencia de relaciones industriales del empleador, hasta los más elevados órganos estatales.  Además cuenta con el recurso de la acción colectiva de sus afiliados, adherentes y de la opinión pública.

            La segunda inquietud a considerar es por que las situaciones de violencia en  ciertos ámbitos sindicales. Lo primero que vale considerar es que vivimos en una sociedad donde la violencia se ha venido imponiendo. El Estado viene perdiendo efectividad en una de sus tareas fundamentales, como es asegurar la paz y convivencia. Hasta los primeros años del presente siglo, el registro de dirigentes sindicales asesinados era irrelevante. Los años 2003 y 2004 dan las primeras señales, siete y nueve casos respectivamente, pero del año 2005 para acá se dispara a niveles crecientes, que persisten en estos últimos ocho años. Indica para ese año, el asesinato de 45 dirigentes sindicales, la amplia mayoría relacionados con la obtención de empleos en los sectores de la construcción y  petrolero. Total una década de violencia sindical en ciertos ámbitos.

            Hay que destacar que los registros que se llevan en las organizaciones productoras del informe, son sólo de los asesinados, pero hay que destacar que la violencia sindical refiere a situaciones diversas, y que constituyen un cuadro más complejo para el registro y seguimiento. Se trata de las violaciones de derechos humanos, los que alcanzan en su manifestación más extrema a asesinatos, pero igualmente ella incluye las amenazas, el hostigamiento, atentados con o sin lesiones, desplazamientos forzados, las campañas de desprestigio, las detenciones arbitrarias, allanamientos ilegales, las desapariciones, la tortura.

            Hemos mencionado que el fenómeno de la violencia sindical a niveles de asesinatos de dirigentes no está generalizado, predomina en el sector de la construcción y en menor medida en el sector petrolero. Reconocemos por otros registros que la violencia va más allá de estos sectores, si tomáramos en cuenta no solo los asesinatos sino los otros indicadores señalado en el párrafo anterior.

            Se ha adjudicado la causa de la violencia sindical el hecho de que los sindicatos tienen funciones de suministro de personal. Por ello observamos que esta disposición permitida en la Constitución Nacional de 1961, y confirmada en la Ley Orgánica del Trabajo de 1990, recientemente dejo de incluirse en el reciente Decreto Ley Orgánica del Trabajo, Trabajadores y Trabajadoras. Al respecto cabe mencionar que se trata de una vieja conquista que nace en los sindicatos de oficios, que eran los proveedores y certificadores de formación, es un fenómeno universal del desarrollo del movimiento de los trabajadores.

            Si bien los sindicatos de oficios han quedado relegados, por los cambios en la organización del trabajo, que ha dado lugar al predominio de otros formas organizativas basadas en las empresas y en las ramas productivas, pero esta conquista se ha preservado y en la amplia mayoría de las relaciones laborales venía funcionando de manera regular, ya que fomentaba el compromiso empresa-sindicatos en el desenvolvimiento productivo. Incluso durante varias décadas se fomentaron los centros de capacitación Ince, que tenían gobierno tripartito, entre ellos destacó el Ince-Construcción.

            La situación de normalidad se perdió al ocurrir una intervención anormal, de los años 2003 para acá, cuando el Ejecutivo asumió el papel de actor sindical desnaturalizando el desenvolvimiento de los sindicatos. Esto se tradujo en el hecho de que para el año 2001, habían 2.700 sindicatos, bastante para el tamaño de la fuerza laboral, pero explicable por el predominio de sindicatos de empresas, e incluso de establecimientos. Pero pocos años después este número pasó a más de seis mil sindicatos, sin que se ampliara la tasa de afiliación, resultado de una política laboral implementada por el Ejecutivo de fomentar sindicatos oficialistas, fragmentando peligrosamente el ámbito sindical.

            Esta fragmentación inducida desde el Ejecutivo trajo al mundo sindical una cantidad de pseudos dirigentes, personas que no venían formadas en la disciplina laboral y organizacional de las bases sindicales.

            Que la mayor cantidad de violencia extrema se haya producido en la industria de la construcción, tiene que ver con el carácter nacional de estas actividades, ocurren en todo el país. A la industria de la construcción se acercan grandes contingentes de trabajadores sin empleo, ya que es una puerta más directa para trabajadores con poca calificación. Igualmente destacable que el sindicalismo tradicional en este sector logró negociar buenos contratos colectivos, que han dado lugar a que hoy representa uno de los mejores contratos del país.

            Diríamos que la mesa estaba servida para situaciones de deterioro institucional, por un lado un buen contrato colectivo, una situación de alto desempleo, una pugna feroz entre pseudodirigentes sindicales advenedizos en este campo para sacar ventajas monetarias y de poder, pero legitimados por una Administración del Trabajo que invadió la esfera autónoma del movimiento sindical fomentando sindicatos oficialistas y obstaculizando el libre ejercicio de esta actividad, y todo ello en las grandes obras gubernamentales administradas con sectarismos y discriminación.

            Que año tras año el número de sindicalistas auténticos y pseudos dirigentes sean asesinados, y que nada se hace desde el Estado es el complemento del fracaso de una política laboral.   

hector.lucena@gmail.com

@hl_lucena             

Las Propuestas en una Campaña Electoral

 

Una campaña electoral deseable es aquella en la cual ante los problemas del país los aspirantes presenten sus enfoques, en primer lugar como entienden al país y sus problemas, de ahí ya se desprenderá una primera ubicación, ya que se identificarán como problemas unos asuntos y en tanto otros no. Según perspectivas ideológicas se hará esta primera decantación.

            Una segunda decantación corresponde a las prioridades de los problemas identificados como tales. Al orden y secuencia de atención. Que medidas se tomarán en los primeros tres meses, luego en el primer semestre, en el primer año, y así sucesivamente hasta completar el sexenio. Claro que surgirán problemas inesperados, que han de reducirse al mínimo, y que la agenda administrativa del gobierno lo ocupen mayoritariamente los problemas que la misma inteligencia gubernamental en su intercambio con los diversos sectores de la sociedad civil han determinado.

            Una tercera consideración, refiere a los recursos materiales que se necesitarán para atender e iniciar las soluciones. De cuantos recursos financieros se trata, y donde están o se ubicarán. Quiénes aspiran a gobernar deben presentar los análisis para precisar los recursos que demandan las soluciones que plantea a los problemas del país. Como los obtendrán es una interrogante esencial; ya sabemos que eso responde a los propios del ámbito público, a los de la propia economía nacional que incluye a los privados, así como a los recursos externos. Claro que hay escenarios diversos en el caso de una economía tan dependiente de la exportación de un producto. Pero aún así, ha de tenerse un esquema según los niveles de precios existentes.

            Lo anterior está conectado con el problema de la deuda,  y dada la magnitud que ella ha alcanzado y acumulado, tanto interna como externa, no es menor el asunto de su cumplimiento, tanto en el pago del capital como de los intereses. Destacándose que además en estos años se agrega el compromiso de haber recibido del exterior recursos materiales,  que comprometen parte de los bienes energéticos y mineros que el país tiene en su territorio y que explota para su propio sustento y desarrollo. Grandes cantidades de petróleo y minerales que aún están bajo nuestra tierra, ya están comprometidos para el pago de deudas. Administrar estos compromisos, revisarlos, establecer jerarquías y reprogramaciones es una tarea del mayor interés nacional, y no ha de ocultarse.

            El cuarto componente también tiene que ver con los recursos, pero en este caso los cualitativos. Son los aspectos morales, los valores que acompañarán el manejo de los mismos. En las décadas de los setenta y ochenta, emergió Japón y los cuatro tigres asiáticos (Corea del Sur, Taiwán, Hong Kong y Singapur) como líderes en las exportaciones de productos en un principio de poco valor agregado, pero gradualmente se fueron sofisticando. En este proceso jugó un papel muy importante el tema moral y de valores.

            Como esta suficientemente demostrado no sólo se trata de tener recursos financieros, sino del talante moral de quienes los manejan. De los procedimientos para asegurar su eficacia y el cumplimiento de los objetivos. De las medidas que han de tomarse para contrarrestar las desviaciones de carácter moral que puedan surgir en el camino. Por supuesto esto refiere también a la intervención de otros poderes distintos al Ejecutivo, pero precisar el tipo de relaciones entre este poder con el Legislativo, que en sus funciones incluye controlar, el Judicial que atiende los juicios y sentencia con autonomía, el Moral que por propio nombre es la esencia de la ética.

            Los “petroestados” se caracterizan por contar con recursos suficientes, pero con institucionalidades débiles e ineficientes; sean estos estados del Medio Oriente, de Africa o de América Latina. Ha de reconocerse que contamos con un déficit notable en la calidad de nuestras instituciones, en el sentido de discrecionalidades peligrosas y abusivas, interpretación arbitraria de normas así como de incumplimiento por parte de administradores y administrados; abuso de poder de quienes ejercen funciones públicas. Regularmente se publican los resultados de encuestas sobre el funcionamiento de las instituciones publicas y salimos mal parados, y no es un asunto sólo de los administradores, de los funcionarios, sino también de los propios administrados, poco conscientes de sus derechos o también el manejo de ellos por vías de hecho, por la poca confianza en las instituciones, cayendo en excesos, y contribuyendo a un circulo vicioso que complejiza este cuadro.  

            Para terminar, no es menor la importancia que conlleva atreverse a hacer propuestas para dirigir y administrar el país. El esfuerzo demanda el concurso de más allá de quienes constituyen la cúpula y los cuadros de las organizaciones partidistas que llenan los medios y las actividades públicas en una campaña electoral. Por tanto es necesario conocer que lugar y espacios se les permitirá, además son los derechos de los distintos sectores, a ser parte de esta gran tarea, de lograr que el país funcione mejor.

            Hasta ahora no hemos tenido la oportunidad de conocer debates públicos en donde se presenten las dos principales propuestas electorales en torno a lo que hemos expuesto. Muchos lo resentimos, pensamos nos merecemos un mejor trato. Además resentimos que en la campaña electoral jueguen papel tan importante los laboratorios de guerra sucia,  con acusaciones y diatribas que no ofrecen soluciones. El país no anda bien.  

Nota: en los próximos tres domingos no aparecerá nuestra columna, pensamos que los asuntos electorales coparán espacios, han de leerse y analizarse. Apareceremos el lunes 8 de Octubre.

Petrobonos : de lo laboral a lo financiero

 

Con la reforma de la Ley Orgánica del Trabajo en 1997, que trajo entre otros cambios, un nuevo régimen de prestaciones sociales, se fijo un plazo de cinco años para la transferencia del viejo al nuevo régimen, es decir que terminaría en el 2002. La transferencia fue cumplida en este plazo por el sector privado. En el sector público se le dejó  transcurrir y sólo  en algunas contadas instituciones adoptaron años más tarde el nuevo régimen.

            Desde el mismo momento de la aprobación de la reforma de 1997, hubo controversias en cuanto a la tesis de que el nuevo sistema significaba un “despojo” a los intereses de los trabajadores. Quienes sostenían esta tesis eran sectores excluidos o que se sentían excluidos del proceso de concertación que dio lugar a la reforma.

            El mismo proceso de elaboración de una nueva constitución nacional en el marco de la Asamblea Constituyente en 1999, confirmo esa postura critica y por ello exigió en sus disposiciones transitorias regresar al viejo sistema. Ello dio por supuesto fundamento para que desde las directrices del Ejecutivo poco se hizo para la adopción del nuevo régimen prestacional. El tiempo fue corriendo y poco se hacía para cumplir con pagos de intereses y de las mismas prestaciones.

            A lo largo de los años de la primera década de vigencia de la CRBV, varios intentos de reforma laboral tuvieron sobre la mesa el delicado tema de regresar al viejo régimen prestacional. No se tomaron decisiones, tampoco se cumplía con los pasivos laborales por este concepto. Fue finalmente con el Decreto Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras, que se decidió eclecticamente  mantener vigentes los dos regimenes prestacionales y que fuera el trabajador que escogiera el que le diera mayor cantidad de bolívares, ya que según escenarios de antigüedad, inflación y ritmos de incrementos salariales, puede ser más beneficios uno u otro. Todo esto derrumbó la tesis del “despojo”.

            Uno de los sectores gremiales que ha mantenido una atención privilegiada en sus reclamos de estos pasivos ha sido el de los Profesores y Empleados Universitarios. Los acreedores de estos sectores alcanzan cerca de treinta mil y demandan el pago de quince mil millones de bolívares. De hecho en sus agendas reivindicativas de los últimos años no ha dejado de estar presente el reclamo de elaborar conjuntamente con el Gobierno la metodología y los instructivos, para el pago de estos pasivos laborales. Sin embargo, luego de varios reuniones en la búsqueda de concretar un proceso bilateral concertado,  el Gobierno optó por manejar estos asuntos unilateralmente.

            En cuanto al pago, en un cierto momento el Ejecutivo empezó a pagar estos pasivos laborales, y cumplió con un colectivo que llegó hasta los jubilados de 1997. A partir de los jubilados de 1998 se represó el proceso de cancelación. Por tanto, si no se pagaban los pasivos, se le agregaban los intereses. Son catorce años de intereses de las prestaciones sociales. Así que la deuda del Ejecutivo fue rápidamente incrementándose, a lo sumo contenida parcialmente con el hecho de que cada año se pagaba un 8.5% de intereses del capital en prestaciones, en la práctica como un anticipo.

            Recién el Ejecutivo inicia el pago de estos pasivos con los llamados Petrobonos, títulos que convierten una deuda que es un pasivo laboral, en una deuda financiera. Destacamos las desventajas de cobrar los pasivos sin el establecimiento previo de una metodología y cuantificación de la deuda con participación gremial, y que por otra parte se haya decidido al margen estas organizaciones convertir al trabajador universitario de un acreedor laboral a un acreedor financiero. El mundo de lo laboral conlleva tutela, en tanto el mundo de lo financiero es sinónimo de mercado y especulación.            

TRABAJO POR TURNOS EN PROCESOS CONTINUOS

El trabajo por turnos y en ello la jornada nocturna, es un tema delicado por las consecuencias que este horario tiene en los trabajadores. De hecho su limite de horas diarias y semanales, menos que el diurno (una hora menos diaria y cinco horas menos en la semana), así como un pago adicional, evidencian que ha de compensarse a quienes laboran en las horas que van desde las 7 pm hasta las 5 am.

En investigación desarrollada con el Prof Hermes Carmona, nos hemos dedicado al análisis de la reducción de la jornada  de trabajo en el trabajo por turnos,  el disfrute del tiempo libre, la generación de nuevos empleos, el impacto  en la estructura del salario, el rediseño de las  funciones en los puestos de trabajo  y la incidencia de los mismos  en la productividad de las fábricas de papel.

Tradicionalmente los sectores  en donde se observaba, un mayor   uso del trabajo nocturno eran los siguientes:
 Fabricación de productos alimenticios.
 Industria de refinación, petroquímica y quimica.
 Fabricación de textiles, prendas de vestir e industrias del cuero y productos de papel.
 Comercio al por menor.
 Restaurantes y Hoteles.
 Servicios de salud y similares (Hospitales y Clínicas).
 Servicios de seguridad y vigilancia.

En años recientes la difusión de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación ha incentivado el trabajo nocturno en nuevas actividades productivas de bienes y servicios. Aquí destacan los servicios de tele mercadeo y tele servicios, asociados a servicios de seguros, de turismo, de finanzas, ventas.

Pero por otro lado, en nuestro país como consecuencia de la desindustrialización continuada ya de varias décadas, la industria ha venido convirtiéndose en importadora distribuidora, dejando a un lado la actividad transformadora, que conlleva el uso máximo posible de las instalaciones industriales. Esto ha reducido el trabajo nocturno. Sin embargo es esperable que el país experimente una reactivación económica y sus instalaciones productivas sean objeto de un mayor uso, ocupando la enorme capacidad ociosa que resulta de años de contracción productiva.

Para ampliar sobre la desindustrialización,  vease http://hectorlucena.blogspot.com/2011/10/que-consumimos-y-producimos-impactos-en.html y http://hectorlucena.blogspot.com/2012/03/la-industria-venezolana-auge-y-ocaso.html

El nuevo escenario regulatorio que plantea la reciente legislación laboral (Decreto Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras) que confirma la reducción de la jornada nocturna a siete horas diarias y a treinta y cinco por semana, lo que plantea la necesidad de mayor contratación de personal en las empresas de procesos continuos, y así evitar caer en un uso excesivo de trabajo extraordinario, que igualmente está sometido a limites, de diez horas semanales y de cien horas anuales.

Bajo el sistema legal de 8 horas máximas en el turno diurno, 7 horas y media en la jornada mixta y 7 horas de  jornada nocturna, teniendo presente el limite de la jornada nocturna a 35 horas semanales, según el art. 90 de la CRBV, las empresas actualmente deben 1 hora extra en la jornada mixta y dos horas extras en la jornada nocturna, para compensar el tiempo faltante, más el tiempo de descanso y comida ya que los trabajadores comen a pie de máquina, en el mismo lugar donde atienden sus tareas.

El sector investigado en el problema del trabajo por turnos y los procesos continuos es el de la fabricacion de papel. Casi toda la producción nacional reposa en cuatro grandes empresas privadas.

Aún con un cuarto turno el número de horas extraordinarias sigue siendo excesivo y por encima de los limites de la legislación. Esto determina que sólo con la incorporación de un quinto turno se puede garantizar que los trabajadores sólo tendrían que laborar horas extraordinarias regulares en el turno nocturno, pero dentro de los limites legales.

En simulaciones realizadas se pudo constatar que con el quinto turno, cada trabajador laboraría  143 horas mensuales de las cuales  6 serían de sobretiempo. Por supuesto que esto demanda la contratación de más trabajadores, pero al mismo tiempo reduce el uso de trabajo extraordinario.

En la industria del papel dado que el costo de mano de obra usualmente está en el orden del 10 al 12 % del costo de venta de los productos, los incrementos de costo del producto estaría en el orden del 3 al 4%, debiendo el Ejecutivo reconocer esta situación y permitir el incremento de los precios de los productos en las correspondientes  proporciones. Habría que tomar en cuenta que con el nuevo Decreto Ley Orgánica del Trabajo, de los Trabajadores y Trabajadoras, este porcentaje del costo de mano de obra ha de estar algunos puntos por encima.

Hay que advertir que este esquema reduce ingresos por concepto de trabajo extraordinario a quienes laboran por turnos en procesos continuos, pero se abren posibilidaes de más empleo, y permitirá una mayor calidad de vida para los trabajadores.