Los costos de los paros: los ex petroleros

Hace varias semanas se conoció de procedimiento de multas promovido por la empresa Pdvsa a ex trabajadores petroleros con motivo del paro diciembre 2002- enero 2003. El asunto ha tenido un tratamiento discreto en los medios. Se entiende que el tema es espinoso. Se puede considerar que  las opiniones y juicios sobre este paro se caracterizan por un antagonismo tenso. Es una terea pendiente para los investigadores y particularmente para los historiadores, hacerse de los documentos y testimonios de los diversos segmentos involucrados para trabajarlos, analizarlos y reconstruir lo que ocurrió. Por ahora se repiten las versiones parciales e interesadas de un lado y del otro, ambas incompletas y sesgadas. Por supuesto se oyen con mayor frecuencia las del triunfador en ese conflicto. Obviamente las entidades públicas no están en condiciones de salirse del guión de la explicación oficial.  

                Del lado oficial domina la tesis de que fue un paro para presionar la renuncia del Presidente de la República, que más bien fue un lockout gerencial. Del lado de los ejecutivos y trabajadores incursos en el paro destacan que sus protestas fueron reprimidas y ello constituyó una provocación que radicalizó las acciones. Como sabemos este paro concluyó con el despido de más de veinte mil trabajadores, alrededor del 50% del total del personal de la empresa.

                Informa la empresa que el colectivo a multar es de 185 ex trabajadores que ocupaban cargos gerenciales. Y los montos ya definidos por la Dirección de Auditoría Interna –Pdvsa- representan cantidades por cada caso de alrededor 120.000 Bolívares, el total de los 185 ex trabajadores alcanzaría a poco más de 22 millones de Bolívares. En el fondo no es una cantidad importante para los argumentos que esgrime la empresa como daños de dicho paro, es decir daños patrimoniales a la empresa. Por otro lado, este monto estimamos representa una porción menor de los pasivos no entregados a estos ex trabajadores, así como haberes en fondos de ahorros. Hay que tener presente que estos ex trabajadores ocupaban cargos gerenciales, con carrera en la compañía, lo que implica alta antigüedad y altas remuneraciones. Dinero que ha estado en manos de la empresa y del cual no se ha precisado a cuanto alcanza, incluso habría también que manejar el tema de los intereses.

               En los dos párrafos anteriores reconocemos que abundan las lagunas. Sigue predominando el hermetismo en la materia. Pero de lo que se trata en este artículo es de exteriorizar inquietudes en el procedimiento de multar a ex trabajadores incursos en una huelga o paro. Téngase en cuenta que en el país este año se alcanzará cerca de tres mil protestas laborales – ver Observatorio Venezolano de la Conflictividad Social-. Si a ellas se les fijara como procedimiento determinar los costos patrimoniales para las empresas o servicios afectados, una porción considerable de la población venezolana tendría entonces que hipotecarse para pagar esas multas. La aplicación de este tipo de procedimiento es inviable y regresiva.

                Por ejemplo el pasado año, la empresa estatal Alcasa estuvo cerrada con candado en sus portones por treinta y dos días, como medida promovida por un sector sindical ¿Cuánto se dejó de producir, vender, atender procesos productivos y logísticos?  Nadie responde por ello. Incluso los promotores sindicales de esta acción fueron más tarde promovidos a la conducción de la empresa. Este tipo de situación se repite en numerosas empresas estatales. Por supuesto que es una situación caótica en términos de funcionamiento empresario y laboral.

                En el sector privado las alarmas se encienden más temprano y muy difícilmente un estado de parálisis transcurra tanto tiempo sin acciones intensivas por buscar y encontrar soluciones. Al capital le duele más el estado de paro que a las entidades estatales. Pero uno se pregunta qué procesamiento obtendría un reclamo de por ejemplo de la Empresa Chrysler Co en el supuesto caso de un paro de sus trabajadores. Por supuesto que los representantes de una empresa están vigilantes para que un paro encuentre soluciones a la brevedad. Son permeables a la presión sindical, por los impactos en los resultados económicos.

                Finalmente, hay que tener presente que las situaciones que llevan a los trabajadores a protestar no solo responden a sus posiciones específicas, sino a la natural interacción que se mantiene cotidianamente con el empleador y sus representantes, y que los costos de las acciones de paro no necesariamente corresponde a una sola de las partes. Un incumplimiento patronal de compromisos laborales lleva a protestas que ciertamente tienen costos, pero el problema está ¿a quién  cargárselos?