SUSPENSION DE CONVENIOS COLECTIVOS: PREPOTENCIA vs JUSTICIA

 

Las negociaciones colectivas son procesos regulares del funcionamiento de las relaciones de trabajo. Es una manifestación de dialogo entre las partes. Si fuere necesario imponer una parálisis de esta institución, sería un hecho extraordinario que demanda justificaciones muy bien fundadas.

            En nuestra historia socio política, se recuerda que en el año de 1958 los sindicatos y empresarios firmaron un documento que llamaron Avenimiento Obrero Patronal. Con ello congelaban las negociaciones colectivas por un breve lapso. Recordemos que ese año fue derrocado el gobierno militar que por diez años gobernó con mano dura la vida política del país. La situación económica se había deteriorada al final de este decenio, la inestabilidad política se manifestó con varios levantamientos militares.

            Este documento, fue firmado por todas las fuerzas políticas actuantes en el medio sindical, incluyendo al Partido Comunista, así como todos los sectores empresariales. Por supuesto que el gobierno de transición se complació con su firma. Su contenido afectó los procesos de negociación colectiva en el corto plazo, ya que a un año de su firma, se empezaron a negociar los convenios pendientes.

            Recordar estas referencias históricas vienen a propósito de llamar la atención, que en los últimos años un fenómenos generalizado en el sector de organismos estatales es la suspensión de la firma de convenios colectivos. Los pocos que logran firmarse pasan por dificultades en la negociación, y luego al firmarse se agregan dificultades para su cumplimiento.

            La presente congelación proviene directamente del interés del patrono Estado, ya no se trata de un proceso concertado entre trabajadores y patronos, como aquel Avenimiento. Ahora es una política unilateral del Ejecutivo. Sin negociaciones ni consulta con los afectados.

            ¿Por qué no se puede negociar y firmar los convenios colectivos en los Ministerios, Institutos, Empresas o Fundaciones? Sencillamente un oficio de la Vice Presidencia lo indica, al transmitir instrucciones del Comandante Presidente, a todas estas entidades se les niega:

“1- Realizar ajustes de precios en los bienes que producen o en los servicios que ofrecen.

2- Firmar contratos colectivos.

3- Realizar ajuste salarial o decretar bonificaciones al personal de cualquier nivel a su cargo” – oficio del 21 de mayo de 2010-

            Este oficio es parte de una política que ya venía ejecutándose en organismos que tiene record de no negociar convenios colectivos. Hasta el Ministerio del Trabajo estuvo en esa lista, acumulando catorce años sin firmar su convenio colectivo.

            Hemos destacado que hay momentos de crisis económica en donde se explica que los actores sociales abran una discusión para replantearse las negociaciones colectivas, pero nunca como imposición gubernamental. No es su naturaleza asumir esta postura, ni como regulador ni como empresario. Por supuesto que en una crisis económica se hacen análisis y se formulan proposiciones para encarar una baja de ingresos. La congelación de los convenios colectivos pudiera ser una de las opciones a ser discutidas, pero en un ámbito de muchas otras alternativas, donde se pondrán sobre la mesas concesiones de cada quién involucrado.

            Pero no estamos en un escenario de crisis económica coyuntural. Claro que cabalgamos sobre un modelo económico productivo cargado de incertidumbre, opacidad y que requiere revisiones. Pero téngase presente que hacemos un presupuesto nacional con un precio del barril a 50$, cuando lo estamos vendiendo al doble. 

            Es insólito que se congelen convenios colectivos de empresas productivas que también se les impone asignar precios no económicos a los bienes que elabora. Así como imposición de erráticos modelos de gestión que complejizan y encarecen la producción. Todo ello significa,  que en definitiva es la clase trabajadora la única que hace concesiones y sacrificios.

            El interés nacional no es ajeno a este fenómeno, exige por tanto que el Ejecutivo se resguarde y funcione en escenarios racionales, y evite que sus instituciones sean sometidas a situaciones de inviabilidad económica y operativa por compromisos laborales. Para ello los mecanismos laborales cuentan con varios procedimientos. Mencionamos algunos de ellos:

            Por un lado la Procuraduría General de la República participa de las negociaciones, y fija posición en asuntos sustantivos de lo negociación. Igual ocurre con la institución equivalente en los poderes regionales y municipales.

            Además existe la participación en el proceso de análisis de lo negociado del Ministerio de Planificación y Desarrollo (ahora Planificación y Finanzas), realizando los estudios económicos correspondientes.

            Las negociaciones son presididas y dirigidas por un funcionario del Ministerio del Trabajo.

            Estas tres instituciones funcionando coherente y profesionalmente deben de garantizar que según los escenarios políticos, regulatorios y económicos presentes, el Estado no pierde protagonismo en los procesos de negociación. Por ello nos parece prepotente y alevoso, que además se imponga a los entes públicos no negociar los convenios colectivos. ¿Contra quién la prepotencia y alevosía? Contra la clase trabajadora, como se ve es un es un problema de justicia.

EMPRESAS SANAS O APENAS SOBREVIVIENTES

         En nuestra anterior contribución analizamos la conducción política, directiva y gerencial en las Empresas Estatales, en esta ocasión continuamos con el tema, pero precisando situaciones que agudizan las dificultades en la conducción de empresas que colocan el interés por servir a fines políticos, sin establecer un necesario balance con la subsistencia de dicha empresa.

         Lo anterior se traduce en casos de  Empresas Estatales que si bien fueron concebidas para producir un bien o servicio requerido por la sociedad, la orientación política las lleva a privilegiar un funcionamiento con primacía de los fines de un aparente servicio social, dejando a un lado la condición de entes productivo.

         En términos operativos, se trata de empresas que venden un bien o servicio sin relación alguna con el costo que requiere producirlo.  Costo de producción mas elevado que el precio de venta. El caso extremo en nuestro país es PDVSA y el precio de la gasolina en el mercado interno. Es el precio mas barato de este bien en todo el mundo. La situación se hace más extrema cuando la cantidad de producción nacional es deficitaria y se requiere entonces importar gasolina de los EEUU, por supuesto que a los precios internacionales de este producto, téngase en cuenta que precio del barril del crudo está cómodamente sobre los cien dólares. Así que desde el punto de vista de las erogaciones de la nación se tiende a la dolarización de un bien que es vendido a un precio simbólico sin relación alguna con cualquier análisis económico.

         Ante la situación anterior se nota el inicio de búsqueda de alternativas para racionar la venta de este bien, caso exigencia del chip en los estados fronterizos. El tipo de salida señalada, que es explicado en el combate al contrabando y en la racionalización del consumo, deja de lado concentrar el análisis en el funcionamiento de la empresa, que se tome en consideración el balance entre los fines políticos, la dirección y la gestión, asegurando la subsistencia y progreso de la empresa.

         En el mismo orden se puede observar el caso de los precios de productos siderúrgicos regulados que manufactura Sidor, tal es el caso de la Hojalata y de las Cabillas de cierta medida. Entre sus precios regulados gubernamentalmente y el costo de producción hay una diferencia de - 220% y -158%. Se sostiene que estos precios sociales contribuyen a los envases para la industria de alimentos y la construcción de viviendas.

         Pero continuando con el análisis de la conducción política y directiva más que económica y gerencial, resulta que los precios de los productos no regulados, igualmente todos tienen precios asignados por debajo de los costos de producción.

         Aquí cabe reflexionar si la conducción política y la dirección están dispuestas a replantearse este tipo de funcionamiento, y fijarse un plan de recuperación de la empresa, conciliando intereses de naturaleza económica y gerencial. En caso de no ser así, continuarán desarrollándose un conjunto de dificultades como las que a continuación se exponen.

1- Continuar colocando la dirección y la gestión en manos de personal con impericia productiva; manejo errático del negocio; sin experiencia, y tampoco se contrata para esos niveles a gente conocedora del ramo productivo. De todos modos no deja de plantearse como problema el que aún contratándose personal conocedor del negocio, resulta que luego esté subordinado a una Dirección inexperta o comprometida con objetivos puramente no económicos, que sacrifican la subsistencia  operativa en el presente y futuro del negocio.

2- Empresa que no recibe inversión para actualizar bienes productivos, y va  gradualmente rezagándose en su capacidad y operatividad. Igualmente empresa que no hace investigación y desarrollo para mejorar sus procesos, por tanto repite prácticas obsoletas y que poco a poco se va quedando en posición que apenas le permiten sobrevivir. Esto genera incrementos de los costos por perdida de tiempo, materiales y errores.

3- Las dificultades operativas y los pobres resultados de la empresa inciden en incumplimiento de compromisos con el personal, sean los contractuales y los mismos legales. Demás esta destacar que las prácticas de gestión de las personas, puestas en ejercicio o aplicadas poco contribuyen a un buen ambiente de trabajo. Más notorias son estas anomalías cuando se trata de empresas que tienen en sus antecedentes logros en sus prácticas y conquistas laborales. Todo esto trae consigo frecuentes reclamos y paralizaciones laborales. Todo un circulo vicioso.

4- No generación de ganancias y por tanto no se hace aportes al Impuesto sobre la Renta, y dejan de cumplirse con otros tributos a entes estatales de servicios públicos y sociales (Alcaldías, Ivss, INCES, Foavih, entre otros)

         La sobrevivencia sana y robusta de la empresa también es una opción para cumplir objetivos políticos, pero sin prescindir de los económicos y de gestión.

EMPRESAS ESTATALES: CONDUCCION POLITICA, DIRECTIVA Y GERENCIAL

    
Los cambios en la conducción de las empresas estatales es un tema crítico. Los frecuentes cambios en los

niveles directivos de las empresas básicas localizadas en la Región de Guayana, vienen trayendo consigo un

constante proceso de dificultades que afectan a la nación -propietaria-, a los trabajadores, y a los receptores de

estos productos y servicios, así como a entidades públicas que no reciben los tributos correspondientes.

           A objeto de reflexionar sobre el caso, dada los frecuentes cambios de conducción a nivel de Presidentes de estas empresas, se aportan los siguientes planteamientos.

           En primer lugar es importante distinguir  en las empresas estatales entre los niveles político,  directivo y  gerencial. Cada uno tiene su especificidad.

            La gestión de empresas es un área altamente profesional. Lo político está más arriba, está en el Ministerio o Entidad de adscripción. Lo directivo en el eslabón entre lo político y lo económico-técnico en las directrices que conectan las metas políticas con el objeto de una empresa determinada.

          Lo político define en áreas económicas si se va a priorizar la redistribución de la riqueza, o si se va a priorizar la producción, dejando la distribución de la riqueza como un problema a ser resuelto por el mercado, con ajustes del Estado. Toca entonces decidir, como se va a hacer si se trata de lo primero o lo segundo.

            Si es priorizar la distribución de la riqueza, se plantearán programas para que mejoren los ingresos de la población trabajadora, se harán reformas tributarias para pechar según los segmentos de ingresos, y según la naturaleza de los procesos de generación de la riqueza. Si es lo segundo, es decir priorizar la producción, se tendrá que prever que ha de hacerse para dar respuestas a las presiones de cambios en los patrones de redistribución. En fin el ejemplo es un tanto deliberadamente  sencillo, porque lo que se quiere destacar es visualizar lo político en un aspecto económico importante de la acción de todo gobierno.

            Si se trata de dirigir una institución para producir determinados bienes o servicios, de lo que se trata es de funcionar en el marco de las directrices establecidas en lo político, pero el ente ha de gestionarse según criterios profesionales.

            Las empresas estatales que cuentan con unas instalaciones,  equipos y personal experimentado para hacer un determinado bien o servicios, pero si la dependencia política impone líneas de acción que sacrifican estos factores, como el mal uso de instalaciones y equipos, desatención al capital productivo, o falta de políticas y planes de  relaciones justas y participativas con el personal, las posibilidades del alcance de los objetivos será difícil.

            Hay negocios que aún actuándose como recién se describe, hay resultados para el puro mantenimiento o pago de la nómina de personal, y a lo mejor para un mantenimiento de emergencias en las instalaciones y equipos. No invertir en bienes de capital, en formación y desarrollo del personal, en el mantenimiento de condiciones idóneos para el desarrollo productivo, es el camino al fracaso, a morirse de inanición, de mengua.

            Si a lo anterior se le agrega a la empresa productora de un determinado bien o servicio, cumplir tareas extra empresa en ámbitos educativos, o brindar salud, o apoyos comunitarios, incluso se llega a percibir que los indicadores de sus gestores se muestran más en estos últimos asuntos, que en los que tienen que ver con la producción del bien o servicio para el cual existe esa empresa. Evidentemente hay una desnaturalización. La gerencia deja de jugar su papel especifico. Lo que se observa es que el nivel directivo y el político se imponen, y la gerencia es sólo nominal. Incluso lo político se manifiesta de un modo inconexo con un plan de desarrollo determinado, y más en función de intereses grupales y personales. 

            La desprofesionalización de la gerencia es un camino equivocado, incluso si es por considerar que todos pueden dirigir, como un enfoque ultra democrático o el otro extremo,  más bien el monárquico. Que si es hijo, conyugue o familiar de quién gobierna, tengo entonces los genes para dirigir eficientemente un negocio dado. La gestión requiere formación y dedicación. La pura condición de ser un cuadro del partido político que gobierna, no da las cualidades para gerenciar una empresa.

            Una gestión gubernamental necesita confiar la formación de los cuadros para gerenciar las empresas en instituciones calificadas,  sean de las existentes, o que tengan que crearse combinando recursos de las existentes. La constitución y los equipos de estas instituciones es un asunto clave. Igualmente los cuadros a escoger para la formación deben combinar aquellos con calificaciones adquiridas externamente al ente productivo, que traen nuevas ideas y métodos, con las calificaciones que se han adquirido en las propias instituciones productivas. En todo esto no tiene sentido empezar de cero, si el país cuenta con una trayectoria dada. Habrá que hacer ajustes, pero es iluso asumir que todo lo anterior es malo, nada sirve, y que es a partir de determinado momento que se hará lo correcto y lo bueno. Los hechos muestras aciertos y errores, tanto antes como ahora.

ELECCIONES SINDICALES: ANALISIS Y SIGNIFICADO

 

     Las elecciones de un sindicato determinado se han convertido en un hecho llamativo y extraordinario; si se toma en cuenta que es una exigencia reglamentaria que ha de ser realizada cada dos años, es entonces un hecho ordinario que forma parte de la normalidad de las organizaciones de los trabajadores.

Pero la realidad que vivimos hace de las elecciones  sindicales un fenómeno que trasciende a la organización sindical y a la empresa en donde funciona,  y se convierte  en un fenómeno de interés regional y hasta nacional.

Esto tiene que ver en primer lugar con los tiempos electorales que vivimos. Pero las explicaciones hay que llevarlas un poco más allá. Véase que las elecciones del sindicato de trabajadores de Alcasa ocurrieron a más de un año de distancia (agosto 2011)  de las próximas elecciones presidenciales,  y también captaron la atención regional y nacional. Esto nos lleva a otra explicación, que refiere al caso Guayana. Es decir que las elecciones sindicales en esta región, agregan un interés particular que las lleva a convertirse en asuntos de atención nacional.

¿Que ofrecen las elecciones sindicales de Guayana para convertirse en tema de interés nacional? Se trata del asiento de un conglomerado de empresas básicas en energía, en extracción y procesamiento de minerales y otros elementos importantes para el desarrollo,  que han sido objeto de una serie de ensayos impuestos por el Ejecutivo en sus esquemas de funcionamiento. Y que dichos ensayos han sido controversiales y han alimentado polémicas sobre su racionalidad, propósitos y resultados. 

Por lo expuesto en los dos párrafos anteriores, las elecciones en estas empresas representan un test o prueba para no sólo lo electoral sindical nacional y regional, sino también para juzgar los experimentos impuestos por el Ejecutivo en el funcionamiento empresarial estatal. Así que puede considerarse que con las elecciones sindicales se juzgan los ensayos sobre control obrero, consejos de trabajadores, producción social. Y por consiguiente se juzgan los procesos intervencionistas en la vida sindical que acompañan estas experiencias, que dan lugar a que los directores  –patronos-  de las empresas activen abiertamente en los asuntos internos sindicales.

El intervencionismo patronal en los asuntos internos sindicales no es nuevo, y mucho menos en las contiendas electorales, pero cuando son empresas  de la Nación, el interés de quienes las dirigen al inclinarse por algunas de las proposiciones electorales, y hacerlo con los recursos que da ser patrono, resulta más criticable que la ocurrencia de estas mismas experiencias en empresas privadas, ya que en este caso al menos los afectados del lado sindical tienen la opción real de recurrir al el árbitro estatal para denunciar las anomalías intervencionistas.  

El estado es regulador y por tanto a él se recurre para dirimir las controversias que son usuales en las relaciones de trabajo, y que aún más emergen en los procesos electorales,  pero si se hace un participante más en la contienda electoral, pierde su naturaleza arbitral,  credibilidad,  y hasta se le pierde el respeto,  para ejercer la función de regulador. Se requiere una madurez en el ejercicio de las funciones públicas, de gobierno, que aún no alcanzamos.

Agregaríamos en los dos recientes procesos electorales de empresas básicas de Guayana se observaban situaciones de acciones de presión y hasta de criminalización a organizaciones y dirigentes participantes en la contienda.  En el  caso de Carbonorca, hasta se les impidió judicialmente hacer sus elecciones, no obstante la Comisión Electoral de esta organización sindical autorizó su realización, encarando posturas comprometidas que colocaban al patrono apelando a todo tipo de recursos para impedirlas.

El caso del sindicato de los trabajadores de Ferrominera, era algo más complejo. Por un lado el segundo sindicato en afiliados entre las empresas básicas de la región, con cerca de seis mil afiliados, y lo que ello representa en la comunidad. Lo segundo se trata de la participación de un dirigente emblemático –Rubén González-  en lo más severo de la criminalización de la acción sindical, que por su propia condición de Secretario General estuvo al frente de acciones sindicales reclamando la aplicación del convenio colectivo, y sólo por ello estuvo preso 17 meses, y enfrenta un juicio que lo condena  a siete y medio año de presión. Su juicio fue reabierto en Caracas ubicada a ochocientos kilómetros de su residencia,  separándolo de su área de ejercicio sindical, en los días inmediatos al inicio de las elecciones del sindicato en donde ejerce la Secretaría General y se postulaba para la reelección. 

En los dos casos anteriores las elecciones se realizaron contra todo tipo de obstáculos e injerencias arbitrarias, y quienes eran victimizados resultaron los ganadores. Lo más relevante del análisis es que se trata de logros importantes contra prácticas que atropella la libertad sindical. 

EL FIN DEL TRABAJO O EL TRABAJO POR CREARSE Y AJUSTARSE

En el marco de nuestra actividad académica en el programa de Estudios del Trabajo, prestábamos atención a planteamientos sobre el fin del trabajo. Se trataba de una sesión que apuntaba a intercambiar sobre el futuro del trabajo y sus actores.

El debate sobre el fin del trabajo es de origen europeo. El documento base con el cual se abrió la discusión proviene de Julio C Neffa, Investigador del Ceil –Argentina- ,  quién introduce el tema a partir del siguiente párrafo:

“Desde la emergencia de la crisis de los años 1970, el deterioro del nivel de empleo consistente en altas tasas de desempleo que permanecen a lo largo del tiempo (histéresis), planteó el problema de si el trabajo asalariado, -tal como se manifestaba entonces-, era una necesidad humana de carácter antropológico, que tenía una esencia permanente o si, por el contrario, se trataba simplemente de una mera categoría histórica, que tendría solo tres siglos de vida y que por tal causa actualmente está sometida a un proceso de cambio acelerado que a término lo conduciría progresivamente a su extinción..”  (“Presentación del debate reciente sobre el fin del trabajo“, en “Trabajo del futuro. El futuro del Trabajo” Edit. Clacso).

        Además, lo anterior viene a cuento por el hecho de que se estaban terminando los índices ocupacionales que configuraron el estado de pleno empleo en esas sociedades, que venían manteniéndose por el lapso de treinta años, los llamados dorados y gloriosos.

       El autor adopta la sistematización de la literatura sobre el fin del trabajo, de E de la Garza, que introducen el tema del fin del trabajo por alguna de estas tesis:

1- La decadencia de la industria en relación con los servicios y el cambio en la estructura de las ocupaciones, y el incremento de la heterogeneidad de los trabajadores con repercusión en sus normas, valores y actitudes.
2- Fin de la centralidad del trabajo en el conjunto de las relaciones sociales, en particular en cuanto a la conformación de identidades colectivas. Se trata de "la fragmentación de los mundos de vida".
3- La pérdida de la importancia del trabajo se relaciona con su función de generador de valor.
4- La crisis del trabajo es un problema político, resultado de una lucha que la clase obrera perdió desde los ochenta (debido a los cambios en el régimen de acumulación y a la crisis sindical).

En torno al estado de pleno empleo, nosotros apenas si vimos algo parecido por pocos años entre el primer boom petrolero, el de 1974, y el segundo, el de 1979, pero ya con el término de éste, se nos acabo la fiesta del empleo.

        La importación de recursos humanos fue una característica de la llamada Gran Venezuela de esos años, aparte de la apertura amplia de nuestros aeropuertos y fronteras para la llegada de grandes contingentes de latinoamericanos y caribeños, muchos de ellos expulsados política o económicamente de los regímenes autoritarios en un buen contingente de países del Cono Sur y de los Andes.

Terminó el breve lapso del pleno empleo, y por otra parte nos quedamos con un excedente de fuerza de trabajo, que incentivó y agudizó la búsqueda de soluciones de alguna manera o como fuera a la necesidad de obtener ingresos. Esto alimentó el empleo informal, que en un principio no era necesariamente precario, sólo que la condición de informal la daba el estar fuera de la tutela laboral, más que todo, ya que la misma cobertura de la seguridad social era limitada incluso para la misma población del sector formal.

Con el tiempo la informalidad alcanzó dimensiones cercanas al mismo porcentaje de la formalidad. Y por otro lado la precarización se fue diseminando, ya sea por la no aplicación de la tutela laboral, por la ausencia de la seguridad social, por los limitados ingresos que no alcanzan para la cesta alimentaria, por la falta de estabilidad en los empleos, por la necesidad de aceptar empleos que no se corresponden con las calificaciones de las personas.

         Hoy,  en un país como Venezuela el cuadro del empleo y de las condiciones de trabajo es dramático. Por nuestra parte, analizando y comprendiendo nuestro contexto,  no nos ubicamos en la posición del fin del trabajo, ni siquiera en la del fin del trabajo asalariado, como situación que explica el mundo del trabajo nacional. Hay enormes desajustes en el desenvolvimiento de esta dimensión. Si bien las tasas de desempleo no lucen alarmantes (entre el 7 y 8%), lo que ha de mirarse es el alto nivel de la informalidad, que incluso continua midiéndose con criterios superados (ver http://hectorlucena.blogspot.com/2011/08/la-informalidad-real-y-oculta.html),  y la precariedad generalizada, además de observarse que los sectores que mejores condiciones de trabajo mostraban, han venido perdiendo beneficios y retrocediendo en su calidad de vida.

        Al lado del hecho que damos oportunidades de trabajo a muchos países que nos venden lo que importamos, por ser una economía que exporta un producto, y por otro lado importa casi todo lo que lo necesita. Incluso ya estamos viendo que importamos productos y servicios no transables (educación, seguridad, salud, trámites públicos, vivienda, entre otros), pero por convenios con otros países, hoy es observado una alta población laboral procedente de los más diversos y remotos países, que ocupan empleos que debieran de ocupar los nacionales. Con este esquema, el trabajo por crearse es inmenso. Todo dependerá del modelo de desarrollo que se adopte.

POLÍTICA LABORAL ¿PROGRESIVA O REGRESIVA?

Hemos sostenido y demostrado el descenso de las convenciones colectivas a lo largo de los últimos catorce años, todo en el marco de la recién derogada Ley Orgánica del Trabajo –LOT- y por supuesto de las políticas laborales implementadas desde el Ejecutivo en ejercicio. Ver http://www.hectorlucena.blogspot.com/2012/06/el-descenso-de-la-convencion-colectiva.html

            Se abre un nuevo ciclo con la nueva Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras –LOTTT-, recién entrada en vigencia en este Mayo del presente año, lo que plantea expectativas en cuanto al fenómeno enunciado. ¿Continuará el descenso o estancamiento de las convenciones colectivas? O se puede pensar en una reversión de estas tendencias.

            Ese es el dilema planteado. Hay que destacar que “Vencido el período de una convención colectiva de trabajo las estipulaciones económicas, sociales y sindicales que beneficien a los trabajadores.. continuarán vigentes hasta tanto se celebre otra que la sustituya..” art. 435 Lottt-. Se quiere destacar que el alcance y desarrollo de las convenciones colectivas es entendido en tanto sean negociados fluida y efectivamente los convenios en la oportunidad que se vence el período de su vigencia. Nos encontramos ahora que hasta el convenio colectivo petrolero, que por muchas décadas fue el referente nacional por su fluidez en el proceso de negociación así como por su contenido avanzado, hoy resulta que es un proceso complejo, enlentecido, opaco y polémico. 

            Otro tanto ocurre en la negociación  de convenio colectivo que por varias décadas era otro ejemplo y referente nacional, se trata de la negociación entre Sidor y Sutiss. Varios son los acuerdos de condiciones de trabajo negociados entre estos actores laborales que representaron un avance en las relaciones de trabajo del país, véase http://hectorlucena.blogspot.com/2010/06/participacion-en-los-beneficios.html

            Hoy el convenio colectivo de Sidor-Sutiss tiene dos años vencidos y aún no se han iniciado las negociaciones entre las partes. Veánse que las dos principales empresas productoras estatales, como son Pdvsa y Sidor han entrado en estancamientos en sus procesos de negociación.

            Una economía con una inflación de carácter crónico, no puede ignorar la revisión y modificación de las condiciones de trabajo al menos anualmente, porque estaría siendo injusta y lesiva con la población laboral asalariada. Una inflación de un dígito, como es común en los países latinoamericanos en los últimos años, no se ha alcanzado en Venezuela desde 1985, cuando la inflación marcó 9.13%. Destacándose además que en las tres décadas que van desde 1950 a 1979, el índice inflacionario normal era de un digito, y tan sólo en dos años, de esos treinta dorados como le llama la literatura,  la inflación alcanzó los dos dígitos, los años 1974 (11%) y 1979 (20%), coincidentes con los dos fenómenos más notorios por su impacto en los precios petroleros a nivel mundial en todo el siglo XX, como fueron el embargo petrolero árabe derivado de la guerra contra Israel y el apoyo de países de Occidente,  y luego la caída del Sha de Irán.

            Hay que tener presente que los precios de los bienes y servicios de consumo familiar se mueven a un ritmo más frecuente, incluso en aquellos rubros que están controlados. Son realmente muy contados los precios de bienes básicos que experimentan un precio constante a lo largo de un prolongado período, como es el caso único de la gasolina, que como es evidente el gobierno, su proveedor monopólico,  teme revisar su precio y prefiere optar por mecanismos sutiles de racionamiento, que de paso también levantan su malestar.

            Por el lado de Sidor, buena parte de su disminuida producción, que apenas ha alcanzado en su mejor momento en estos años de re estatización – del 2008 para acá-, un 50% de lo que se producía bajo la dirección del grupo transnacional italo-argentino de Techin, es destinada para programas gubernamentales y vendida a precios por debajo de los costos reales. Lo que indica que son los trabajadores de Sidor, afiliados o no a Sutiss, quienes financian programas sociales gubernamentales. A cambio de ello, se produce un estancamiento o retroceso en sus condiciones de trabajo.

            No dejamos de reconocer que también ha ocurrido cierres de empresas que restan población cubierta por las convenciones colectivas, así como empresas que se han achicado disminuyendo su población laboral, en no pocos casos tercerizando actividades que son transferidas a empresas de menor tamaño sin convenios colectivos.

            Estamos por concluir el primer trimestre de vigencia de la nueva Lottt, y aún no se observan señales que favorezcan la reactivación del mecanismo más conocido por los actores laborales para revisar, adecuar y mejorar sus condiciones de trabajo, como son los convenios colectivos. Lo más grave de la situación es que no se observan mecanismos de dialogo efectivos para la revisión y reorientación de esta política laboral, que al menos en lo tratado en esta contribución no es nada progresiva sino más bien regresiva.

Venezuela: Misión e Informe OIT “Libertad sindical y condiciones de trabajo”

            En nuestra pasada contribución abordamos el análisis de declaraciones de sindicalistas oficialistas sobre un eventual retiro de Venezuela de la Organización Internacional del Trabajo –OIT-. En esta ocasión retomamos el asunto y particularmente con la elaboración del Informe “Libertad de Asociación y Condiciones de Trabajo”, elaborado a partir de misión de encuesta de OIT que visitó el país entre Julio y Agosto de 1949. Este documento fue publicado con el mismo título en 1950.            

            El Informe recoge los testimonios, entrevistas y análisis de documentos por parte de los cinco miembros de la misión. Hay que destacar que el golpe contra el gobierno constitucional presidido por Rómulo Gallegos había ocurrido el 24 de noviembre de 1948, y a partir de entonces se había desatado una persecución contra dirigentes políticos y sindicales identificados con el anterior gobierno conducido por R Gallegos y su partido Acción Democrática.            

             Ante el golpe de estado las reacciones sindicales no se hicieron esperar, por lo que inmediatamente hubo un llamado a huelga general realizado por la Confederación de Trabajadores de Venezuela –CTV-, pero en apenas dos días fue sofocada por el régimen militar. La CTV y sus organismos afiliados pudieron continuar funcionando pero en un ambiente represivo y gradualmente el régimen fue tomando control por vía de la fuerza y la represión de la vida sindical. Hasta que el febrero de 1949 el gobierno militar decreta la disolución de la CTV y todos sus federaciones. Los sindicatos de base no son disueltos pero se les obliga a hacer elecciones y se prohíbe que participen quienes hayan sido directivos anteriormente.            

             La narrativa pormenorizada de estos acontecimientos se puede conocer en el Informe de OIT mencionado en el primer párrafo. El régimen militar hizo objeciones al Informe y tuvo la oportunidad de que se publicara con el mismo titulo y agregándose “Observaciones del Gobierno de Venezuela al informe de la misión de la OIT” que salió a la luz pública en 1951. Un análisis detenido de estos dos informes puede verse en nuestro libro “Las Relaciones Laborales en Venezuela” en su capítulo VI.

           La situación laboral de esos momentos difíciles inmediatos al derrocamiento del gobierno de R Gallegos y la instauración de una Junta Militar,  ha sido poco estudiada, pero afortunadamente esa misión de OIT y la publicación del Informe dejo asentada amplia información de valor histórico. Se trata, desde nuestra apreciación, de otro valor que respalda la relación de la nación venezolana con la OIT.            

               Si bien hay una distancia apreciable entre la Venezuela de 1949 bajo el gobierno de una Junta Militar que disolvió a los sindicatos de oposición, que encarceló a los dirigentes y los criminalizó por sus actividades sindicales,  y el país de hoy, que cuenta con una constitución avanzada en materia social, con leyes laborales que en lo individual brindan beneficios sofisticados al trabajador, aunque con disposiciones restrictivas en los asuntos colectivos, se prevé de nuevo que nos visite en el próximo octubre una misión de OIT para conocer de nuestra situación laboral nacional.            

                Es por tanto llamativo que justamente ahora se haya planteado desde esferas sindicales oficialistas que la nación venezolana se retire de la OIT, cuando es una extraordinaria oportunidad para que la situación laboral en sus aspectos individuales y colectivos sean observados y analizados por un ente especializado, ajeno a las diatribas y polarizaciones que por los últimos lustros afectan el desenvolvimiento y el análisis.