¿PARA QUE UN REGISTRO NACIONAL DE SINDICATOS?

 

El señalamiento que la revolución desconfía del sindicalismo y del movimiento de los trabajadores se hace evidente, entre otros procesos, con el Registro Nacional de Organizaciones Sindicales –RNOR-. Si bien las organizaciones sindicales desde que se estableció en la legislación laboral el derecho de asociación,  se han registrado ante la administración del trabajo  requiriendo para su funcionamiento de la aprobación por parte de las autoridades. Estamos hablando de 1936 en adelante.

 

            Al registro sindical en la administración del trabajo en Venezuela, siempre se le han formulado objeciones por su rigidez e intromisión burocrática que restringe la libertad de los trabajadores en el proceso de constituir sus  organizaciones. Si bien para el momento que se legisló por primer vez sobre el derecho de asociación sindical, 1936, los referentes utilizados por los redactores fueron legislaciones de otros países latinoamericanos con mayor experiencia en las relaciones de trabajo, concretamente México y Chile, que contaban con avances, pero que nuestros redactores restringieron los derechos y rigidizaron los procedimientos que finalmente se aprobaron en nuestro país. También hay que destacar que para la fecha aún no se había aprobado un convenio por parte de la OIT sobre la materia; lo que si vino a ocurrir en 1948 con el convenio No 87 sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación.

 

            Este convenio señala en Artículo 2 “Los trabajadores y los empleadores, sin ninguna distinción y sin autorización previa, tienen el derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse a estas organizaciones, con la sola condición de observar los estatutos de las mismas.”

Artículo 3

• “1. Las organizaciones de trabajadores y de empleadores tienen el derecho de redactar sus estatutos y reglamentos administrativos, el de elegir libremente sus representantes, el de organizar su administración y sus actividades y el de formular su programa de acción.
• 2. Las autoridades públicas deberán abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal.”

Artículo 4

“Las organizaciones de trabajadores y de empleadores no están sujetas a disolución o suspensión por vía administrativa”.

 

            Nuestro país ratificó este convenio en 1982, aspiración que venía siendo planteada con anterioridad. Sin embargo las prácticas administrativas en el manejo de la libertad sindical, y en ello el registro de las organizaciones de los trabajadores, daban lugar a frecuentes quejas. Se puede afirmar que aún ratificado el convenio No. 87, la legislación laboral y las prácticas en la administración del trabajo no se adecuaron debidamente en lo relativo al registro de organizaciones de los trabajadores.  Persistían las interferencias e intromisiones burocráticas desde el órgano que atendía estos procesos.

 

            Hay que destacar en el análisis del registro sindical y las interferencias burocráticas, que ellas han ido más allá de esta crítica. Se trata de la orientación que desde su propio nacimiento se la ha dado al Ministerio del Trabajo. Se le ha revestido de un carácter más político partidista que de organismo profesional y técnico. Su creación como Despacho especializado para los asuntos laborales data de 1945, recién tomado el poder por la Junta Civil Militar encabezada por Rómulo Betancourt (18-10-1945), uno de sus primeros decretos, cinco días más tarde, fue la creación de este despacho (23-10-1945), colocando al frente a Raúl Leoni, una de las tareas inmediatas fue el registro y legalización de la mayor cantidad de sindicatos que para entones pudo contar el país. De 215 sindicatos que existían para entonces, se pasó a más de un mil apenas en tres años. El sesgo partidista estuvo presente, la mayoría eran sindicatos afectos al gobierno, y se le presentaban exigencias y trabas burocráticas a aquellos promotores no identificados con el régimen.

 

            De esta historia han pasado casi siete décadas y poco se progresó en permitir un registro de las organizaciones sindicales ajenos al sectarismo e interferencias gubernamentales. Hoy se sigue practicando una administración del  trabajo que ha profundizado lo que criticamos. Persiste una carencia de profesionalización, predomina la interferencia, se utilizan los órganos estatales para brindar ventajas a los que coinciden con el partido en el poder, incluso a veces con sesgos entre las propias corrientes internas de la organización política que gobierna la república. Demás está decir que el tratamiento para las gestiones de organizaciones independientes o influenciadas por organismos distintos a los aparatos políticos gubernamentales son objeto de un trato discriminatorio. El sindicalismo venezolano históricamente ha dependido del Estado o del gobierno,  más allá de los limites que corresponde a una organizaciones autónoma de estos poderes como así también del poder patronal. Esto en el país no se ha entendido del todo.

 

            Hoy hay que llamar la atención que recién se ha creado como un ente especifico en la administración del trabajo, el RNOS. Desde el lado de los trabajadores y de las empresas, se ve como un proceso innecesario. La libertad sindical y el funcionamiento de las relaciones de trabajo no se desenvolverán mejor con este mecanismo. Desde ya se asoman más incertidumbres e inquietudes a un área de la vida del país ya bastante afectada porque la progresividad se ha resentido. El desmejoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores y la crisis productiva general, no tendrán un aliado en un mecanismo más interventor y sectario.

 

UNA REVOLUCION QUE DESCONFIA DEL MOVIMIENTO DE LOS TRABAJADORES

Las conquistas laborales se logran y mantienen en varios escenarios.  Identificadas desde el espacio de los más específico al más general, tenemos el centro de trabajo o productivo como primer escenario. Luego la comunidad en donde se desenvuelven tanto la empresa como los trabajadores, aquí incluimos a las familias. Más allá tenemos el conjunto de la sociedad y la nación toda, y en tiempos de globalización e integración, la acción internacional es también un escenario.

Pero  cabe preguntarse ¿como puede un sindicato abarcar tanto? Entonces es cuando se hace necesario tener presente una estructura sindical, y otras organizaciones en las cuales se desenvuelven y activan los trabajadores.

En los tiempos que actualmente corren una característica del sindicalismo es no contar con una estructura que lo integre en el plano horizontal y vertical, es decir en los espacios geográficos desde el municipio, pasando por los estados hasta el país. Varios esfuerzos de los últimos años no han cuajado, hay q tener presente que la Revolución desconfía del sindicalismo. 

         En tanto la integración vertical, es lo que refiere a los distintos eslabones que los procesos productivos requieren para su funcionamiento. Todas las actividades productivas se desenvuelven con un algún grado de integración vertical, ya que reciben materias primas, suministros y servicios, los procesan y finalmente los resultados en productos y servicios se destinan a otros que forman los eslabones siguientes de la cadena productiva. Si el sindicalismo carece de esta articulación que es propia del proceso productivo, se le hace difícil dispone de la visión suficiente para ejercer con efectividad su función representativa del factor trabajo.  

Construir una estructura articulada como lo hemos descrito es una tarea titánica al tiempo que  imperiosa.  Este tipo de funcionamiento del movimiento sindical lo vemos en sociedades en donde su peso es clave y efectivo en lo productivo, lo político y lo social, y no un apéndice manejado desde el patronato estatal o privado. 

          Los múltiples escenarios descritos en el primer párrafo, demandan que el sindicalismo también se exprese como movimiento de los trabajadores. Aquí cabe precisar que movimiento sindical y movimiento de los trabajadores, son dos concretas categorías que se complementan y no se oponen.  Una, el sindicato está regulado por la legislación socio-laboral que incide en sus actuaciones en el espacio productivo. En tanto el movimiento de los trabajadores es un actor necesario para ir más allá del espacio productivo particular, y trasciende a todos los otros espacios, comunidad, sociedad, país y lo internacional. Todos necesarios para el logro y mantenimiento de sus conquistas. 

Se afirma que la legislación socio-laboral provee por un lado los derechos mínimos que han de servir para el desenvolvimiento del trabajador como individuo que presta sus servicios a un empleador, así como obligaciones que son propias de esta relación. En cambio en lo colectivo ha de fijarse el marco para que los trabajadores organicen sus sindicatos y mantengan las normales relaciones con el o los empleadores, utilizando sus mecanismos de negociación y eventualmente conflictos. 

Se desprende que quedan espacios que van más allá del sindicato, aún más si el tipo de organización se basa en el espacio de la empresa o centro de trabajo. Es por lo que hay necesidad de tener presente la estructura del movimiento, así como más promoción y atención a las organizaciones de rama productiva, y de alcance más allá del establecimiento, es decir la región o el país todo. 

Todo lo planteado tiene como precondición la autonomía de las organizaciones, de lo contrario es un camino que será difícil de recorrer. Veamos que un movimiento de los trabajadores no es una categoría que tenga sentido sea objeto de regulaciones, ya que es un actor político-laboral que si bien cohabita con las organizaciones que conforman el movimiento sindical, que son las reguladas en el ámbito de los espacios productivos y de las relaciones laborales, ha de tener una agenda socio política para desenvolverse en los espacios sociedad y nación. 

Los partidos políticos tienen una expresión para los asuntos laborales y de los trabajadores, así como para otras dimensiones, por ejemplo comunidades, jóvenes, campesinos, sectores medios, mujeres, tercera edad. Todos ellos configuran los movimientos sociales. Aunque estos movimientos bien pueden desenvolverse sin ser expresión de un partido, aunque algún grado de coordinación es importante. Han de actuar en el marco del estado de derecho, como todas las personas y la sociedad en general. Pero han de perseguir sus fines con amplitud. 

En la legislación laboral recién puesta en práctica  a través del Decreto con rango y fuerza de ley del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras –DLOTT-, a los sindicatos se les agregan tareas y finalidades que son propias del movimiento de los trabajadores. Véase especialmente el artículo 367 “Atribuciones y finalidades de los sindicatos de trabajadores y trabajadoras”. Téngase presente que tradicionalmente a los sindicatos se le restringía su autonomía con el intervencionismo estatal. Ahora con la DLOTT, el intervencionismo es aún mayor. En otras contribuciones hemos abundado. Véase http://hectorlucena.blogspot.com/2013/06/la-reforma-laboral-un-ano-de-su-vigencia.html

Aquellas atribuciones cuya concreción se ubica más allá del espacio productivo, demandan la existencia de un activo movimiento de los trabajadores. Es el caso de: la formación integral de los trabajadores –ordinal 1, del art 367-,  distribución de bienes y servicios –ordinal 2-, precios –ordinal 3-, comunidades y medio ambiente –ordinal 4-, vivienda –ordinal 10-, escuelas industriales y bibliotecas, turismo –ordinal 12-, estudios para presentar proposiciones a los Poderes Públicos –ordinal 13-, capacitación técnica y colocación de trabajadores –ordinal 14-. 

Al colocar sobre la espalda de los sindicatos todas estas atribuciones y finalidades, es imprescindible una organización sindical, en primer lugar con una estructura articulada horizontal y verticalmente, así como una asociación con un movimiento de los trabajadores. De lo contrario se corre el riesgo que todo esto sea letra muerta, o que por atenderlo en su sola condición sindical, descuide las finalidades más inmediatas de las condiciones de trabajo.  Sin descartar el mayor riesgo, que al asignar directamente estas funciones a los sindicatos, persigan en el fondo dejar a un lado a un verdadero movimiento de los trabajadores, y convertir al movimiento sindical en un apéndice del Estado.

UNA REVOLUCION QUE DESCONFÍA DEL SINDICALISMO

 La revolución bolivariana -RB- y el movimiento de los trabajadores organizado en sindicatos no se la han llevado muy bien. Téngase presente el peso e influencia de la CTV en los gobiernos de la etapa precedente. Por tanto los partidos en el poder de entonces junto a la cúpula sindical fueron señalados por el liderazgo de la revolución bolivariana, como enemigos a combatir. En ese sentido la RB ha sido coherente y consistente. Véase 

http://hectorlucena.blogspot.com/search?q=Revoluci%C3%B3n+Bolivariana+y+Sindicalismo

La emergencia de la RB es de raíz militar. Ya sabemos que  la vida militar es la antinomia de la vida sindical. En la primera predomina la jerarquía, obediencia y el cumplimiento de las ordenes superiores, en cambio en la segunda ha de predominar el debate, la asamblea y con ello la toma de decisiones.  

Luego a la raíz militar de la RB, en el camino se le agregaron factores civiles ligados a la izquierda, aquella que en el ámbito sindical había sido derrotada con el avasallante poder del Estado; la ocurrida en la primera mitad de la década del sesenta, en cuyos primeros años dio lugar a la división de la CTV. En las décadas siguientes la izquierda no logró un espacio importante en el ámbito sindical. La porción de un respetable tamaño que nació de la división de inicios de los sesenta, gradualmente fue perdiendo el espacio que tuvo en su nacimiento. Así que su peso en el mundo sindical año a año se reducía. 

Más bien un movimiento renovador igualmente de la izquierda, aunque sin el sustento del marxismo, emerge a mediados de los setenta en la zona de Guayana - el grupo Matancero- y se extendió medianamente al centro del país, y es el que logra inquietar a la tradicional cúpula cetevista;  a tal punto que sin mediar pudor alguno la cúpula puso en práctica  brutales acciones intervencionistas que violaron principios elementales de una organización democrática, generando severas críticas a la CTV. La revista Resumen dirigida por Jorge Olavarría, dedicó varios números a analizar a esta organización y difundió ampliamente sus  imperantes prácticas burocráticas. Todo esto abono el terreno para que en 1982, se produjera la intervención por parte del gobierno socialcristiano de su principal instrumento de apoyo financiero, como era el Banco de los Trabajadores de Venezuela -BTV-. 

 Asi que la RB accede al poder con la ventaja de encontrar que su criticismo a la cúpula del  movimiento sindical, coincidía con lo que amplios sectores de adentro y de fuera del movimiento sindical venían exteriorizando. Pero es importante clarificar el criticismo. Por un lado observamos aquel dirigido a la búsqueda de combatir prácticas no democráticas, tales como el sectarismo, el burocratismo, la subordinación partidista, la corrupción, la rigidez de las estructuras de toma de decisiones y de renovación electoral. Esta corriente crítica apunta a la superación de estas desviaciones, y con ello fortalecer el movimiento sindical, muy necesario y urgente ante el agotamiento del modelo sustitutivo y la emergencia de la deriva neoliberal que muestra señales de aspirar imponerse desde los años ochenta.

Pero el criticismo que nos trae la RB apunta en otra dirección. No distingue entre el sindicalismo en sus cúpulas por un lado, y el de las bases por otro. Véase que tanto en las sesiones de la Asamblea Nacional como en la llamada asambleilla,  que quedo funcionando en el lapso que va entre el fin de las sesiones de la Asamblea por la conclusión de su mandato y la publicación de la nueva constitución, se observa la aprobación de varias disposiciones que en los años  siguientes han mostrado lo perjudicial que ellas resultan para el movimiento sindical. 

Citamos para simplificar la disposición de mayor perjuicio para el sindicalismo en todo el lapso de la RB, como es haber colocado en manos de un ente externo la cuestión electoral sindical, el Consejo Nacional Electoral. Un órgano estatal administrado con criterios sesgados, que obstruye un desarrollo autónomo del movimiento, sustrae la esencia de la libertad sindical. Por lo demás es conocido que esta intromisión colide con convenios de la OIT aprobados por la República y plenamente vigentes.

Estas intromisiones y el ejercicio de una abierta política antisindical levantaron inquietudes y con ello en un primer momento  se pudo observar una cierta recuperación del movimiento sindical, también luego de ocurrida la puesta a un lado de muchos de los dirigentes tradicionales que habían perdido el contacto directo con las bases y difícilmente lograrían salir victoriosos en la esperada renovación sindical. Digno de reconocer que ante las perspectivas sombrías de renovación del viejo liderazgo, deciden admitir las exigencias de una reforma estatutaria que impone la elección directa de todos los cargos sindicales.

La continuada política laboral restrictiva e interventora en los asuntos sindicales que ha caracterizado a la RB, logra otro importante galardón con el articulado sobre relaciones colectivas de trabajo incorporado en el Decreto con rango y fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y trabajadoras -DLOTTT-. Este instrumento cuyo origen mismo es objeto de reservas por el procedimiento seguido para su construcción y aprobación, y que en su versión final emergen sorpresivamente un conjunto de disposiciones que el país no llegó a conocer previamente, y que la mayor parte de ellas están dirigidas a fortalecer el ya alto grado de intervención estatal en las Relaciones Laborales, y muy especialmente en el ámbito sindical. De ellas, es extremamente interventor el establecimiento del Registro Nacional Sindical, cuyas implicaciones y funcionamiento están creando malestar y del cual nos ocuparemos en próximo artículo.

hector.lucena@ gmail.com

@hl_lucena

CONDICIONES PARA ORGANIZACIONES SUPERIORES

Una de las debilidades de las organizaciones sea con o sin fines de lucro, es la carencia del trabajo en equipo. Partimos de considerar que toda organización tiene componentes económicos, ya que emplea tiempo y capacidades humanas, y si es algo más sofisticada requiere de instalaciones, equipos o materiales, que tienen un valor de adquisición o reposición, así como experimentan un desgaste por el uso e incluso por el mismo tiempo inactivo.

            El trabajo en equipo es entendido en la perspectiva de perseguir fines determinados que son del consenso de quienes participan de la organización. Contar con un norte definido, transparente, sin ambigüedades, que quienes en él participan lo entienden claramente, y tienen conciencia de su papel en esa organización. Que todos son necesarios en tanto apunten en la dirección reconocida como el norte de la organización.

            La integración del equipo va de la mano de la solidaridad entre los miembros, e incluso se expresa más allá de ellos.  Cuando en las organizaciones los intereses individuales se imponen por encima del interés colectivo que une a los adherentes, se introduce un elemento que va a entrar en contradicción con la solidaridad. Por supuesto que el interés colectivo no es una imposición externa, es más bien la construcción de los que forman parte de la organización, no es una idea abstracta, ni proviene de la imagen de un caudillo, es por el contrario la construcción de un colectivo que hace, coopera, actúa, reflexiona, aprenda, analiza, debate, revisa debilidades, confirma fortalezas, y en su ámbito logra un reconocimiento sustentable y efectivo.

            Al invocar la sustentabilidad se impone considerar que una organización para logar los propósitos que enunciamos en este artículo, debe disponer de una necesaria autonomía que no la haga pieza subalterna de intereses ajenos a sus propósitos. Es importante tener presente que aquellas organizaciones que logran un cierto éxito en su funcionamiento, se hacen atractivas para intereses muy diversos que pueden colidir con los genuinos que han determinado una trayectoria asertiva.

            Los beneficios que se derivan al ser parte de una organización deben ser justos con relación a los aportes. Unos beneficios que no guarden relación con el aporte, con las contribuciones, con las responsabilidades asumidas y cumplidas, dan lugar a injusticia. Es un germen de malestar.  Los diferenciales de ingresos o beneficios entre los participantes han de estar razonados, que el que recibe menos reconozca por que otros reciben más.  Existen organizaciones que fijan retribuciones iguales para todos. Son excepcionales, pero sí ellas se mantienen y cumplen sus objetivos es porque han alcanzado la magia de la justicia y la equidad. Son casos de una madurez excepcional.

            Atender los problemas y buscar sus soluciones es un quehacer cotidiano de cualquier organización. Ignorar los problemas, genera desgaste y posterga conflictos y dificultades para más adelante. Por ello, el tiempo y la energía que se invierta en atender los problemas de funcionamiento es vital para la continuidad y permanencia de la organización.

            Otro elemento neurálgico en el quehacer de las organizaciones es el de la jerarquías. Bien sabido es que desde hace algunas pocas décadas ha venido reconociéndose la ventajas de achatar las organizaciones, para disminuir las jerarquías y permitir más fluidez entre los distintos niveles de la organizaciones. A más achatamiento menos jerarquías. El riesgo al que temen quienes ven en el mantenimiento de las jerarquías más ventajas que dificultades, es la pérdida de control y disciplina.

            Hemos apuntado a este tipo de problemas en la vida de las organizaciones porque en los últimos quince años se han venido ensayando como expresión de las políticas públicas,  diversas organizaciones para atender los asuntos productivos, y un tipo de organización es sucedido por otro sin que se conozca medianamente la experiencia que se sustituye y el por que no es posible mantenerla. Importante destacar que la pretensión de organizaciones sin jerarquías, de trabajo con significado, de vinculación con la comunidad, han sido una constante en la retórica que sobre ellas se divulga.

            Vivimos colapsos de los equipos directivos de las organizaciones que la nación ha puesto en manos del gobierno, para que cumplan fines que interesan a la sociedad. En las últimas semanas hemos visto que se cambian equipos completos en las empresas básicas como Sidor, Ferrominera, el holding CVG, otras empresas de este ente, Corpoelec, Industrias Diana, Agropatria, Alimentos Lácteos Los Andes. En estas empresas se han ensayado experiencias cooperativas, de empresas de producción social, de empresas de propiedad social, de control obrero, de cogestión. Se ha pasado de un modelo a otro, y luego de fracasos, se dejan de lado y nadie rinde cuentas de las razones de la incompetencia. Todos perdemos, seguramente alguien ha ganado, pero el país, los consumidores y la amplia mayoría de los trabajadores pierde con tanto fracaso continuado.

COLAPSO PRODUCTIVO Y EXPANSIÓN PETROLERA

     La búsqueda de productos de la dieta básica y del consumo hogareño se  mantiene como una de las actividades cotidianas del venezolano. Los índices de escasez  rondan el veinte por ciento según lo reporta el BCV, pero en ciertos productos ha de ser mucho más ya que apenas llega alguno de ellos a los establecimientos comerciales se forma una algarabía,  conformando colas en el mejor de la casos para administrar el desespero, ya que de lo contrarios son trifulcas y tensiones entre los ansiados compradores, que han llegado al extremos de casos de empujones, discusiones, peleas y violencia por hacerse de los dos litros, kilos o paquetes por comprador.  

   Los análisis y opiniones sobre esta situación abundan. Es del interés para la orientación de esta columna apuntar hacia una preocupación constante de nuestro enfoque, como es tener presente los sistemas productivos. El problema descansa en varios factores, pero es sumamente notorio que no estamos produciendo lo suficiente para satisfacer las necesidades básicas del venezolano. Téngase en cuenta que los productos alimenticios y básicos en situación de escasez son de un procesamiento manufacturero  sencillo, de un modesto valor agregado. No se trata del caso igualmente dramático de la escasez de equipos y repuestos, para el normal funcionamiento de las unidades para tratamientos oncológicos, sobre los cuales se reportan paralizaciones en varios centros de salud. 

  Lo que evidencian las situaciones de desabastecimiento en cuanto a los sistemas productivos es un estado de colapso. Si bien existe el recurso de las importaciones, que han venido intentado resolver el déficit productivo interno, hay que destacar la fragilidad del sistema económico que sólo tiene un producto que le proporciona divisas, en tanto todos los otros más bien se la demandan para su normal funcionamiento. Es cierto que el producto en el cual descansa la sobrevivencia del modelo económico disfruta de un excelente precio en el mercado, más de USA $ 100 el barril cuando sus costos apenas representan no más del 15%, por eso se dice que el mejor negocio del mundo es una empresa petrolera bien administrada y el segundo  en ese ranking  es una empresa petrolera mal administrada.

  La estabilidad y futuro del modelo económico que descansa en la exportación de un solo producto, y se ve obligado a depender de importaciones para sus necesidades más elementales, es sumamente delicada. Quienes dirigían la política petrolera hasta el momento de su nacionalización en 1976, dejaban en manos de las transnacionales las actividades operativas, y exigían el pago de los impuestos y de las regalías o "royalty". Un esquema sencillo generalizado en casi todos los países exportadores de petróleo. Sólo dos países se habían atrevido con anterioridad a nacionalizar su explotación petrolera,  con consecuencias políticas y económicas lesivas al interés nacional, al menos en una primera etapa. Así fueron los casos en Mexico -1938- y en Iran -1951-. Cuando en Venezuela se toma la misma decisión, la naturaleza de este negocio había cambiado, especialmente por la ya existencia y efectividad de la OPEP, entidad clave en los incrementos de precios que permitieron que Venezuela estatizara esta actividad.

  En los años que corren de la estatización en 1976 hasta la confrontación abierta entre los conductores operativos de este sector y el gobierno nacional, por los hechos ocurridos en el 2002, el Estado venezolano tuvo una postura moderada en el uso del petróleo como recurso para una política de expansión internacional. El suministro a los EEUU y otros países del primer mundo era el eje del negocio, con dos importantes complementos, la internacionalización y el Pacto de San José. La primera era del propio interés de las exportaciones petroleras venezolanas, que buscaban asegurarse garantías para los tipos de petróleo de los yacimientos locales, de ahí la adquisición de refinerías, depósitos y sistemas de distribución en América del Norte y Europa. La segunda estrategia un tanto más política, el Pacto de San José que juntó con México llevo a asignar determinadas cantidades de barriles de petróleo a precios preferenciales, a  países de Centro América, luego extendido al Caribe. 

  En la presente etapa el petróleo ha sido el elemento clave de una política exterior expansiva en la búsqueda de nuevas alianzas geopolíticas, que reduzcan la dependencia del negocio petrolero de los antiguos clientes. Aunque las exportaciones a los EEUU siguen siendo de lejos las mayores, a una enorme distancia de las destinadas a China que se ubicó como el segundo destino en importancia. 

  Hay que destacar que las políticas expansivas de los países que las emprendieron a lo largo del último siglo y medio, estaban orientadas por la búsqueda de mercados para sus productos y  de materias primas para sus sistemas productivos. Se trataba de una alianza entre los conductores de los Estados y el capital de esos países del primer mundo que llevo a posicionarse en América Latina y el Caribe, Asia y África, influyendo en sus políticas y economías.

  La expansión venezolana de la última década y media, tiene una característica inusual al comparar con los procesos expansivos de los países del primer mundo, el que la burguesía no ocupaba ningún papel. Sus promotores suelen negar la existencia de una burguesía nacional en el sentido de haber construido un sistema económico, la consideran más bien dependiente de los ingresos petroleros y de poca iniciativa. En ese sentido se puede más bien asemejar a la expansión de la URSS después de la II guerra mundial, que reposaba solo en el interés del Estado soviético, en donde lo político era determinante dada la situación de las tensiones que acompañaron la guerra fría. Los soviéticos tenían una confrontación por la bipolaridad de entonces, que como se sabe ceso en 1989 con la caída del muro de Berlín. 

  En nuestro caso la expansión pretendida era la búsqueda de vínculos y relaciones mas que comerciales, eran también de naturaleza política. Por un lado vender petróleo no requiere ningún "marketing", todos los países lo requieren, y por otro lado si no teníamos otros productos y servicios que ofrecer, lo que queríamos más bien era comprar, pero productos que no tenían complejidad alguna en conseguirlos. Más bien nuestra expansión fue para dar facilidades a los demás países y abrir nuestro mercado a productos que producíamos e incluso llegamos a exportar, que son los mismos que hoy mantienen en zozobra al consumidor nacional por su escasez. ¿Cómo se repara esto?

FUTURO DE LOS JUBILADOS Y JUBILABLES

Desde el mismo momento que se redacto la Constitución Bolivariana de la República de Venezuela se le dio debida jerarquía a la Seguridad Social. Se mencionaron las protecciones que debían brindarse a la población trabajadora. Un abanico amplio y avanzado con relación a nuestra trayectoria, e incluso avanzado en el nivel de países de la región. Pero se fijaron plazos que no se han cumplido. Estamos a casi catorce años de vigencia de la constitución y persisten los retrasos en esta materia. Los temas jubilaciones y salud son los postergados. Otros campos de la seguridad social han logrado que sus regulaciones se hayan aprobado, aunque también algunos aún tienen la mora por no haberse avanzado en la creación de sus instituciones y mecanismos de funcionamiento. 

Pero el caso concreto de las jubilaciones ha sido amortiguado con un incremento importante del número de ellos. Haber pasado de quinientos mil jubilados cobrando su pensión a dos millones y medio millones en casi catorce años es un hecho relevante. Sin embargo el esquema del sistema no tiene el sustento y ni la institucionalidad que amerita y exige la estabilidad financiera para un colectivo tan importante. Por ello inquieta que para pagar las pensiones del presente año se recurre a la emisión de bonos de deuda pública, con vencimientos entre el 2015 y el 2027. Que futuro construimos para las generaciones venideras, si le estamos dejando deudas adquiridas para pagar pensiones, así como también para prestaciones y salarios. Teóricamente las deudas se adquieren para aumentar la capacidad productiva e infraestructura del país. 

Veamos, tras el anuncio de la devaluación del pasado 8 de febrero, el ministro de Planificación Jorge Giordani, llegó a expresar que "¿De dónde se van a sacar los reales para mantener los 2 millones y medio de pensionados? Eso es justo, nadie discute la justicia, pero eso cuesta" (Mayela Armas en El Universal, 20-7-2013). Para este año cómputos realizados en el primer semestre prevén que el monto del gasto para la cancelación de las pensiones aumenta 32%. Para el final del año, creemos que es una cifra conservadora si tomamos en cuenta dos consideraciones, que en septiembre viene un incremento de un 10% en las pensiones, y que en el 2012, el incremento del gasto social por pensiones aumentó en un 87%. De 31.5 millardos se salto a 59. ! Cómo se ve, la inflación es terrible!

Los receptores de esas pensiones de jubilación y la sociedad toda, requiere que un pago que es para vital para la sobrevivencia no  tenga tal fragilidad. Destacamos esto último porque la pensión es una contribución al sostenimiento del jubilado, pero evidentemente no le cubre todas sus necesidades, incluso la cesta alimentaria esta por encima de su monto, y más aún la cesta normativa. Sin duda no es una sobrevivencia digna.

Recientemente,  un par de referencias  nos han llamado la atención que personas de 70 o más años continúan trabajando en empleos dependientes. Subrayamos esto último porque los trabajadores por cuenta propia en nuestro país, pocos beneficios derivan de la seguridad social y por tanto pasan de largo la edad de la jubilación y forzosamente tienen que atender cotidianamente sus tareas. Las referencias en cuestión son, un primer caso nos enteramos por conversaciones con trabajadores que prestan servicios a Sidor. El otro caso proviene de twittero que destaca este fenómeno en empresa Domínguez y Compañía. 

 En torno a estos casos, cabe destacar que la expectativa  de vida del venezolano ha venido incrementando. Si bien la edad mínima para la jubilación por legislación de la seguridad social es de 55 años para la mujer y 60 para los hombres, es baja al comparar con países de equivalente desarrollo que el nuestro. Lo otro es que en estos tiempo de alta inflación y por otro lado haberse restituido el pago de las prestaciones sociales  multiplicando el último salario por el número de años de servicio, agrega una cantidad importante de recursos a cobrar en el cheque de liquidación de las prestaciones sociales. De aquí que en aquellos casos de una prolongada prestación de servicios a un mismo empleador tenga sentido prolongar la edad de dejar la vida activa. Aparte del hecho que un porcentaje importante de trabajadores han retirado sus prestaciones con el régimen que inicio su vigencia con la reforma de la LOT en 1997, sistema que persiste pero que no favorece a los trabajadores de alta antigüedad y aún menos en tiempos de alta inflación como los que vivimos; aunque si favorece en los casos opuestos, es decir trabajadores con poca antigüedad.

El segundo factor a destacar, es el problema que al dejar la condición de activo la generalidad de los trabajadores pasan a recibir sólo la pensión del Seguro Social que invariablemente equivale en nuestro caso al salario mínimo, cualquiera haya sido el nivel salarial con el cual haya cotizado el trabajador en su vida laboral. Esto representa para quien  devengue ingresos que estén por encima del salario mínimo un desmejoramiento de sus ingresos y de calidad de vida. Este es el caso que creemos corresponde a los trabajadores de Domínguez y Compañía, y en general de los trabajadores dependientes que sólo disponen de la pensión del seguro social al finalizar su vida laboral activa.

Sobre el mismo tema de las jubilaciones un hecho que es importante no olvidar, es el desfalco ocurrido con el Fondo de Jubilaciones de los Petroleros. Un fondo creado con los aportes de los trabajadores que hace dos años fue objeto de un multimillonario desfalco -540 millones de US $-, descubierto en los EEUU cuya justicia ha tomado medidas, pero que lamentablemente las instituciones públicas venezolanas aún no han cumplido con sus obligaciones y con los trabajadores afectados, todo ello causando un perjuicio a los  contribuyentes del fondo ( http://hectorlucena.blogspot.com/2011/03/seguridad-social-insegura.html). En los dos últimos años los miembros del fondo han dejado de percibir un noventa por ciento de los dividendos que corresponderían para el capital del fondo.

Sin duda hay que prestarle atención a la organización social y gremial de los jubilados,  entendida como una conquista laboral pero que la débil institucionalidad que hoy muestra, la coloca en delicada situación de fragilidad, desde ya tengamos conciencia que todos somos jubilables.

EVOLUCION DE MODELOS PRODUCTIVOS Y EL PROBLEMÁTICO CASO VENEZOLANO

            La historia industrial en el siglo XX se desarrolló dando lugar a tres fases claramente distinguibles.  Una primera caracterizada por una producción artesanal, donde obreros de oficio calificados –artesanos- producían bienes a partir de su propio dominio de los procesos de trabajo. El resultado de este esfuerzo laboral era una diversidad de productos que venían a satisfacer las demandas de las categorías sociales superiores, las que contaban con los medios para acceder a bienes personalizados.

            Una segunda fase se alcanza con el desarrollo de las fábricas y la producción masiva en serie de productos estandarizados, por parte de obreros con poca o ninguna calificación, cuyas funciones operativas estaban rigurosamente predeterminadas en descripciones de cargos y en manuales operacionales. Esta fase permitió que estos productos industriales estandarizados fueran accesible por sus costos y cantidades a los propios obreros que lo elaboraban.  

            Finalmente el siglo concluye con una tercera fase, la denominada producción ajustada. Japón fue el epicentro de estas prácticas productivas, que luego se extendieron a otros países. En esta fase se pasa a productos diversificados elaborados por trabajadores más calificados que los de la fase anterior, a precios competitivos, de calidad, a proveedores asociados a las marcas líderes en los distintos bienes que se distribuyen en todo el orbe.

            Pero la producción ajustada no pudo sostenerse como el modelo universal de la producción industrial más exitosa. Tanto el país –Japón- en donde logró asentarse con mayor profundidad, como las firmas emblemáticas  de este esquema, tuvieron necesidad de reestructurarse y en muchos casos asociarse con grupos extranjeros y retomar prácticas que en un momento se consideraron menos eficientes.  Por tanto las características mas sobresalientes del modelo fueron reemplazadas por otras más convencionales. El encanto que despertó la producción ajustada en casi todo el mundo fue disipándose. 

            Estas fases, y especialmente la emergencia de la tercera y sus dificultades de universalización, han sido foco de investigación de Gerpisa (Grupo de Estudio e Investigación Permanente sobre la Industria y los Salarios Automotrices) –  y se recogen en R Boyer y M Freyssenet  “Los modelos productivos” Edit Lumen, 2001. El sector automotriz es el más estudiado de todos las actividades productivas. Su capacidad innovadora, su complejidad organizativa, su vinculación con una amplia gama de sectores industriales, su nivel de desarrollo de las relaciones de trabajo, son factores que llevaron a cientistas sociales, tecnólogos, gerentes, hacedores de políticas públicas y la academia en general a interesarse minuciosamente por su funcionamiento. Un resultado del conocimiento que a nivel global se tiene sobre este sector es lo que se evidencia en obras como la citada.

            La industria es una actividad empresarial muy demandante de exigencias a quienes la asumen. En primer lugar los requerimientos de capital, de conocimientos y calificaciones, de riesgos. Una instalación industrial en plena producción no es resultado de la improvisación ni de la suerte. Es el concurso de la empresarialidad,  de liderazgo productivo, de políticas públicas adecuadas y de una plantilla de gente laboriosa.

            En nuestro país cada vez se nos coloca más lejos disponer de una estructura productiva industrial equivalente a nuestras necesidades como sociedad y nación. Hemos venido perdiendo industrias, ya porque se han ido a otros lugares, ya porque se han reconvertido a importadores o comercializadores, ya porque han cerrado.

            Un problema neurálgico a debatir es el tema de la ganancia, de la renta. No hay posibilidades de construir o preservar una estructura industrial sino se admite como un hecho normal la renta del capital, es decir la ganancia.  El debate incluye un nivel de renta que tome en cuenta complejidades, riesgos, cuantía del esfuerzo, en fin todo lo que ya quienes gobiernan han experimentado, al tener en sus manos la administración de miles de unidades productivas de todos los sectores y ramas que no han podido manejar con eficiencia, y que se les han venido deteriorando.

            Un avis raris en el conjunto de empresas industriales en manos del gobierno que venía funcionando satisfactoriamente, es Industria Diana. Pero ¿que ha pasado que de la noche a la mañana un ministro, decide cambiar la Dirección General y el equipo directivo?, los trabajadores reaccionan y se oponen a los que consideran los interventores. Se plantea un conflicto pero trabajando normalmente. Sin embargo la represión se hace presente, se militariza la instalación productiva, se promueve una campaña de desinformación, se niega el acceso de los planteamientos de los trabajadores a los medios de comunicación estatal, se intervienen teléfonos, se niegan los permisos para que los productos salgan a los centros de distribución y luego al consumo.

En fin uno se pregunta en que modelo productivo estamos  en Venezuela. Más importaciones, más dependencia, menos soberanía. El desespero por encontrar un camino productivo lleva a medidas improvisadas, que golpean lo que se tiene sin construir para el futuro. Las victimas son no solo los empresarios confiscados, sino los trabajadores que han perdido empleos, o que con la estatización pasan a tener empleos de menor calidad y más incertidumbre. O descendientes formados que miran al exterior como alternativa. Mientras tanto hay desagües de recursos por malversación, corrupción e incompetencias en ensayos sin éxito ni futuro. Por otro lado comprometemos nuestra soberanía, con presencia extranjera cada vez más voraz en actividades productivas nacionales.