La negociación de un convenio colectivo es una oportunidad para que trabajadores y patronos hagan una revisión de las condiciones de la convivencia productiva que los vincula. Obviamente para los trabajadores la prioridad de este mecanismo es la revisión de las condiciones de trabajo, que empiezan por los ingresos monetarios cotidianos, igual aquellos que se perciben a lo largo del año y de la carrera laboral, también las condiciones bajo las cuales se prestan los servicios, así como aquellos asociados al bienestar de la condición de trabajador, incluidos por tradición en los convenios colectivos.
Pero para la empresa, la negociación es igualmente una oportunidad para exponer y discutir con sus argumentos en la condición de administrador y dueño o su representante, las condiciones de funcionamiento, operatividad y factibilidad productiva.
Con la concertación del acuerdo las partes logran un lapso, generalmente de dos años, para disponer de un marco de la convivencia productiva. Por supuesto que dos años para algunos aspectos puede ser un lapso muy largo, y es previsible que puedan haber cambios en las condiciones que estuvieron presentes al momento de elaborar las peticiones reivindicativas y del acto de negociar, es por lo que se requiere que se fijan mecanismos de administración y seguimiento no sólo de lo firmado por las partes, sino del contexto en el cual se desenvuelven las actividades productivas. Esto determina que el cierre de la negociación requiere ser un acto realmente consensuado. No puede ser el resultado de trapisondas y madrugonazos, e intervenciones oscuras, ya que la negociación colectiva pierde su razón esencial de marco de la convivencia productiva.
En las relaciones laborales venezolanas hay experiencias en procesos de negociaciones colectivas, sin embargo no dejan de presentarse situaciones que afectan estos procesos, especialmente provenientes del contexto, y aquí cabe incluir aquellas autoridades públicas que se extralimitan en su papel institucional, de la influencia de factores políticos, económicos y también comunitarios, que entran en colisión con el funcionamiento laboral autónomo. Esto es factible de ocurrir porque las relaciones laborales en nuestro caso tienen la característica que está centrada en la empresa, sin vasos comunicantes con el nivel sectorial y el macro socio-económico, que construya marcos amplios para los procesos negociales en las empresas.
Un sistema de relaciones laborales que no conecte estos tres niveles, pierde la necesaria capacidad para concretar acuerdos con mayores posibilidades de cumplimiento, de contribución al desarrollo productivo y lo más importante para los trabajadores, se convierte lo convenido en reiterados casos de incumplimiento, en una fuente de desgaste personal e institucional que afectan expectativas y lesiona el instrumento fundamental para la evolución del movimiento como son sus organizaciones históricas.
Todo esto también lesiona a las empresas, pero con la diferencia que su capacidad de reconstituirse es más expedita, dada su naturaleza de organización vertical y teóricamente con unidad de mando, en contraste con las organizaciones de los trabajadores que por principio responden a amplios colectivos, que son plurales, que construyen y mantienen instancias de representación que han de ser fluidas, abiertas y democráticas, que privilegien a los afiliados en primer lugar, antes que demandas y exigencias del entorno, las que como afirmamos han debido ser parte de las ya mencionadas instancias sectoriales y macro socio-económicas.
Instancias que por supuesto han de estar constituidas con participación de las partes o actores sociales, y es aquí donde el modo como se vienen desenvolviendo las relaciones laborales deja ver una notoria y elemental brecha. Estos mecanismos que deploramos no tenerlos, y que desde el poder se pretende sean ocupados por las puras acciones del Ejecutivo Nacional, además que tampoco tiene contrapesos por la acción de otros poderes públicos, y agreguemos la tendencia militarizante en la conducción de lo civil. Todo esto configura que a las relaciones laborales se le dificulta ser el vehículo para el mejoramiento productivo y de quienes contribuyen a su fortalecimiento, en primer lugar los trabajadores, así también las empresas.
Con la accidentada negociación del convenio colectivo de Sidor-Sutiss, la empresa ha sido más observada por todo el país, y ello ha permitido apreciar que quienes la han dirigido sea desde la instancia que ha dispuesto quienes han de ocupar los niveles directivos y gerenciales, así como el propio ejercicio de estos, han respondido a directrices de funcionamiento que hoy muestra un indiscutible caos. Sobre todo, predomina la opacidad y la falta de transparencia. Son obstáculos de difícil superación.
Todo esto ha conducido que hoy, emergen temores de intervención y de traspaso de la empresa, creando incertidumbre. Por lo que el hecho de una firma de un convenio en un madrugonazo en condiciones irritas, ignorando a directivos y a instancias legítimas e históricas de esta organización sindical, más bien enardece el ambiente, y trae a la memoria momentos críticos como la intervención de Sutiss en 1982. Igualmente aquel capítulo ocurrió en el marco de una accidentada negociación de convenio colectivo, intervención que a la larga sirvió para que siete años más tarde quienes habían sido intervenidos y sancionados asumieran por decisión democrática de los trabajadores la conducción sindical, pero fueron siete años de castigo al comportamiento sindical autónomo, por parte de cúpulas burocráticas oficialistas, que impidieron la convivencia productiva, y con ello el bienestar de los trabajadores y de una empresa de todos los venezolanos.
No es fácil que la pura política laboral o la de relaciones laborales pueda concretar lo que expusimos al inicio de este artículo, que la negociación colectiva es una oportunidad para que trabajadores y patronos hagan una revisión de las condiciones de la convivencia productiva que los vincula, conspira que hay en el entorno responsabilidades mal asumidas y compromisos incumplidos.
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