Desde el mismo momento que se redacto la Constitución Bolivariana de la República de Venezuela se le dio debida jerarquía a la Seguridad Social. Se mencionaron las protecciones que debían brindarse a la población trabajadora. Un abanico amplio y avanzado con relación a nuestra trayectoria, e incluso avanzado en el nivel de países de la región. Pero se fijaron plazos que no se han cumplido. Estamos a casi catorce años de vigencia de la constitución y persisten los retrasos en esta materia. Los temas jubilaciones y salud son los postergados. Otros campos de la seguridad social han logrado que sus regulaciones se hayan aprobado, aunque también algunos aún tienen la mora por no haberse avanzado en la creación de sus instituciones y mecanismos de funcionamiento.
Pero el caso concreto de las jubilaciones ha sido amortiguado con un incremento importante del número de ellos. Haber pasado de quinientos mil jubilados cobrando su pensión a dos millones y medio millones en casi catorce años es un hecho relevante. Sin embargo el esquema del sistema no tiene el sustento y ni la institucionalidad que amerita y exige la estabilidad financiera para un colectivo tan importante. Por ello inquieta que para pagar las pensiones del presente año se recurre a la emisión de bonos de deuda pública, con vencimientos entre el 2015 y el 2027. Que futuro construimos para las generaciones venideras, si le estamos dejando deudas adquiridas para pagar pensiones, así como también para prestaciones y salarios. Teóricamente las deudas se adquieren para aumentar la capacidad productiva e infraestructura del país.
Veamos, tras el anuncio de la devaluación del pasado 8 de febrero, el ministro de Planificación Jorge Giordani, llegó a expresar que "¿De dónde se van a sacar los reales para mantener los 2 millones y medio de pensionados? Eso es justo, nadie discute la justicia, pero eso cuesta" (Mayela Armas en El Universal, 20-7-2013). Para este año cómputos realizados en el primer semestre prevén que el monto del gasto para la cancelación de las pensiones aumenta 32%. Para el final del año, creemos que es una cifra conservadora si tomamos en cuenta dos consideraciones, que en septiembre viene un incremento de un 10% en las pensiones, y que en el 2012, el incremento del gasto social por pensiones aumentó en un 87%. De 31.5 millardos se salto a 59. ! Cómo se ve, la inflación es terrible!
Los receptores de esas pensiones de jubilación y la sociedad toda, requiere que un pago que es para vital para la sobrevivencia no tenga tal fragilidad. Destacamos esto último porque la pensión es una contribución al sostenimiento del jubilado, pero evidentemente no le cubre todas sus necesidades, incluso la cesta alimentaria esta por encima de su monto, y más aún la cesta normativa. Sin duda no es una sobrevivencia digna.
Recientemente, un par de referencias nos han llamado la atención que personas de 70 o más años continúan trabajando en empleos dependientes. Subrayamos esto último porque los trabajadores por cuenta propia en nuestro país, pocos beneficios derivan de la seguridad social y por tanto pasan de largo la edad de la jubilación y forzosamente tienen que atender cotidianamente sus tareas. Las referencias en cuestión son, un primer caso nos enteramos por conversaciones con trabajadores que prestan servicios a Sidor. El otro caso proviene de twittero que destaca este fenómeno en empresa Domínguez y Compañía.
En torno a estos casos, cabe destacar que la expectativa de vida del venezolano ha venido incrementando. Si bien la edad mínima para la jubilación por legislación de la seguridad social es de 55 años para la mujer y 60 para los hombres, es baja al comparar con países de equivalente desarrollo que el nuestro. Lo otro es que en estos tiempo de alta inflación y por otro lado haberse restituido el pago de las prestaciones sociales multiplicando el último salario por el número de años de servicio, agrega una cantidad importante de recursos a cobrar en el cheque de liquidación de las prestaciones sociales. De aquí que en aquellos casos de una prolongada prestación de servicios a un mismo empleador tenga sentido prolongar la edad de dejar la vida activa. Aparte del hecho que un porcentaje importante de trabajadores han retirado sus prestaciones con el régimen que inicio su vigencia con la reforma de la LOT en 1997, sistema que persiste pero que no favorece a los trabajadores de alta antigüedad y aún menos en tiempos de alta inflación como los que vivimos; aunque si favorece en los casos opuestos, es decir trabajadores con poca antigüedad.
El segundo factor a destacar, es el problema que al dejar la condición de activo la generalidad de los trabajadores pasan a recibir sólo la pensión del Seguro Social que invariablemente equivale en nuestro caso al salario mínimo, cualquiera haya sido el nivel salarial con el cual haya cotizado el trabajador en su vida laboral. Esto representa para quien devengue ingresos que estén por encima del salario mínimo un desmejoramiento de sus ingresos y de calidad de vida. Este es el caso que creemos corresponde a los trabajadores de Domínguez y Compañía, y en general de los trabajadores dependientes que sólo disponen de la pensión del seguro social al finalizar su vida laboral activa.
Sobre el mismo tema de las jubilaciones un hecho que es importante no olvidar, es el desfalco ocurrido con el Fondo de Jubilaciones de los Petroleros. Un fondo creado con los aportes de los trabajadores que hace dos años fue objeto de un multimillonario desfalco -540 millones de US $-, descubierto en los EEUU cuya justicia ha tomado medidas, pero que lamentablemente las instituciones públicas venezolanas aún no han cumplido con sus obligaciones y con los trabajadores afectados, todo ello causando un perjuicio a los contribuyentes del fondo ( http://hectorlucena.blogspot.com/2011/03/seguridad-social-insegura.html). En los dos últimos años los miembros del fondo han dejado de percibir un noventa por ciento de los dividendos que corresponderían para el capital del fondo.
Sin duda hay que prestarle atención a la organización social y gremial de los jubilados, entendida como una conquista laboral pero que la débil institucionalidad que hoy muestra, la coloca en delicada situación de fragilidad, desde ya tengamos conciencia que todos somos jubilables.
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