VISION OPERATIVA Y REFLEXIVA DE LA REFORMA LABORAL

                                                                                In Memoriam OEU
         
La entrada en vigencia de la nueva Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras –Lottt-  ha impulsado y reanimado la reflexión y análisis de la situación laboral. Aunque predomina en los encuentros de los interesados, más que todo, la necesidad de la comprensión  inmediata del extenso articulado, y sus impactos ya se sea trabajador, gestor de empresas, asesor, empresario o propietario. La diversidad de interesados, así como la cantidad que representa en la sociedad es lo que sugiere el carácter de contrato social de una nueva legislación laboral. Sin embargo esta nace como Decreto Ley Presidencial, y no como un resultado del parlamento con su correspondiente debate. Por tanto, un poco más lejano de la tesis de contrato social.

Lo anterior plantea la necesidad de reflexiones y análisis que trasciendan el asunto operativo inmediato, sin dejar de reconocer su necesidad, y nos ubiquen en un terreno que permita ver en perspectiva amplia el tipo de reforma que tenemos entre manos.

       El país ha tenido tres grandes leyes del trabajo, la de 1936, la de 1990 y la presente del 2012. La primera, en su momento, fue generosa con los aspectos individuales, beneficios directos a los trabajadores, pero restrictiva en los asuntos colectivos, tan importante porque tenía que ver con las organizaciones de los propios trabajadores. Hecho muy trascendente por significar la real y auténtica primera legislación laboral, que creaba las pautas e instituciones para el futuro funcionamiento de las relaciones de trabajo.

       La segunda, la de 1990, continúo la tradición ya abierta, pero moderó en los asuntos restrictivos de lo sindical o colectivo en general. Una diferencia importante con la primera ley laboral, es que en esta segunda ya había un movimiento de los trabajadores organizado que planteaba y discutía propuestas. Un hecho notorio es que esta reforma se hizo en el contexto del pleno clímax de las influencias neoliberales en la región, y de nuestro propio país por supuesto, y como ha sido analizado por estudiosos del tema, esta legislación al menos no guardaba correspondencia con ese proceso.

      Una de las fuentes en cuestión fue la rigurosa, científica y reconocida de Oscar Ermida Uriarte, académico uruguayo y por muchos años funcionario de la OIT en el área de Relaciones Laborales y Derecho del Trabajo, quien  clasifica en tres grandes categorías las reformas legislativas laborales en América Latina; en primer lugar las “Reformas desreguladoras”, incluye caso Panamá, Chile, Colombia, Perú, Ecuador; “Reformas que reafirman la protección unilateral”, incluye a nivel constitucional a Brasil, Colombia, Paraguay; en el nivel propiamente de leyes del trabajo, incluye a Venezuela, República Dominicana, Paraguay, El Salvador. La tercera categoría “La búsqueda de un camino intermedio” incluye solo a Argentina, que introduce un esquema para una verdadera flexibilidad negociada (ver en  1995 "América Latina: sinopsis legislativa, 1990-1994" en Revista "Relasur" No.6, Montevideo). Sirva esta nota referencial de recuerdo y homenaje a Oscar Ermida U, por estos días se está cumpliendo un año de su sentida desaparición.

      Ahora tenemos vigente la nueva LOTTT, que nos vuelve a confirmar la generosidad en el otorgamiento de beneficios individuales, incluso muchos de ellos no alcanzados en los más avanzados convenios colectivos de las Relaciones de Trabajo venezolanas.

     A propósito, hace pocos días compartí evento con representantes sindicales, entre los cuales había un grupo importante de empresas manufactureras, y en  ninguno de sus convenios colectivos se había alcanzado las cuarenta horas semanales, no obstante contar con una tradición contractual de largas décadas ¿Esto que representa? Por un lado evidencia cuales han sido las propias capacidades tanto productivas como de los actores de esos centros de trabajo, en correspondencia con las del país;  segundo, que la conquista de las 40 horas en la Lottt no resulta un logro del propio movimiento, sino de la generosidad presidencial. El afiliado entonces construye una percepción que interpreta más le debe al poder presidencial que a sus propias organizaciones. Nada insignificante asunto, en términos de la construcción de un poder sindical autónomo.

       En América Latina y el Caribe, la jornada de 40 horas semanales sólo existe en Ecuador. Seríamos el segundo país en alcanzarla. A propósito, es significativo el esfuerzo que viene haciendo el movimiento sindical brasilero por conquistarla. Conquistaron las 44 horas semanales y así se plasmó en la Constitución de 1988, desde entonces la economía brasilera ha pasado de una posición secundaria en el concierto mundial a ser la sexta economía en el planeta;  su productividad se ha incrementado ampliamente en más del 200%. Lo que resulte de sus esfuerzos organizativos, técnicos y políticos, serán un elemento más del patrimonio laboral nacional, con real protagonismo de su movimiento de los trabajadores.

      Es importante destacar que el avance en la consecución y conquista de mejores reivindicaciones para el trabajador es propio del desarrollo social al cual ha de aspirarse y actuar en consecuencia. Sin embargo, entendemos que este es una materia que ha de tener como actores involucrados a los propios actores del mundo laboral, trabajadores y empleadores, ya que en definitiva es sobre ellos que recae el cumplimiento y administración cotidiano de los avances. Por supuesto que junto al Estado, ya que dos razones centrales lo explican y justifican, primero su condición fundamental de regulador, y segundo que también es un empleador de magnas dimensiones, que ha de ser modelo de cumplimiento con sus servidores.  

CONSTRUCCION REGULATORIA PARA TRABAJADORES INDEPENDIENTES

Uno de los planteamientos más frecuentes expresados por analistas laborales en cuanto a la nueva legislación laboral es su falta de correspondencia con un mercado laboral atrofiado, en donde el empleo dependiente formal, representa una parte del universo, en tanto la otra parte la representa un heterogéneo haz de diversas actividades comprendidas en la llamada informalidad. Como es conocido la legislación apunta su contenido para los primeros, en tanto para los segundos, la aspiración de su atención consideramos reposa más en la legislación de la seguridad social y del empleo. Para mayor ampliación, se puede ver nuestra contribución “Reformas Laborales y Desigualdad” en  http://hectorlucena.blogspot.com/2011/11/reformas-laborales-y-desigualdad.html; también en “Una ley para los trabajadores” en http://hectorlucena.blogspot.com/2012/05/una-ley-para-los-trabajadores.html

                Sin embargo en la nueva Ley Orgánica del Trabajo, de Trabajadores y de Trabajadoras –Lottt-, se mencionan diversas actividades ejercidas de manera autónoma, sin relación de dependencia, o en todo caso con una relación un tanto difusa. Varias de estas categorías están comprendidas en el Titulo IV “De las modalidades especiales de condiciones de trabajo”, y se hace referencia a otros segmentos en otras partes del extenso articulado.

                Concretamente son mencionados los motorizados, tanto los que prestan servicios de mensajeros como lo novedosa ocupación de mototaxista. De estas categorías no se localizan datos para tener una idea de que universo estamos hablando, pero obviamente en las cuatro o cinco principales ciudades del país es un segmento importante. También son mencionados los conductores del transporte de personas y de carga, trabajadores a domicilio, deportistas profesionales, trabajadores del arte y cultura, trabajo en el hogar y trabajadores agrícolas. En todos estos casos se adelantan algunas regulaciones, pero lo más importante es que se anuncia la elaboración de leyes especiales para cada uno de estos segmentos.

                Lo anterior deja ver un propósito de regulación del trabajo de estas actividades predominantemente informales, pero que aún no se ha elaborado las regulaciones correspondientes.  Como se trata de actividades sobre las cuales no hay una tradición de regulación, veremos si estas serán construidas con mayores consultas que lo hasta ahora regulado. Hay que destacar que cuando se regula para los sectores formales, y especialmente de las grandes organizaciones públicas y privadas, hay una tradición de negociaciones colectivas, que ofrecen el producto de los alcances regulatorios que los mismos actores han logrado en su  propia convivencia socio laboral, además de la jurisprudencia de la justicia laboral que va emitiendo pronunciamientos que son fuentes de las futuras regulaciones.

                Dialogar, oír, consultar, hacer estudios son condiciones convenientes para una regulación adecuada,   realista y efectiva en el propósito de proteger. Tenemos fresco el fiasco de la experiencia de falsos estímulos a la cooperativización a partir del Decreto Ley de Asociaciones  Cooperativas del 2001, más otros estímulos complementarios, que incrementó artificialmente la cooperativización de 130 mil personas en 1999, a 572 mil en el 2003, para luego ir reduciéndose y en los datos del 2010 regresamos a 200 mil cooperativizados. Agréguese a esto que este fenómeno es uno de los que sirvieron para el aumento de la tercerización fraudulenta, de las cuales son practicantes empleadores públicos y privados. En fin con realismo y experiencia el movimiento cooperativo en su momento,  tuvo la oportunidad de alertar de las desviaciones que surgirían con regulaciones mal orientadas.

                Estos segmentos de trabajadores mencionados, la mayor parte de ellos no cuentan con el acervo y la tradición organizativa y reflexiva,  que si tiene el movimiento cooperativo para poder fijar sus criterios y orientar procesos de construcción regulatoria. Sin embargo, es de desear que se abran procesos de consulta amplios para que las regulaciones que resulten no traigan más problema que soluciones y convivencia para el quehacer productivo.

DISCURSO Y REALIDAD LABORAL: PRESTACIONES SOCIALES Y TERCERIZACION

Desde las Relaciones de Trabajo suele mirarse atentamente la lógica de otras disciplinas, quizás por ser una disciplina nueva que mira con respeto procesos en donde comparte análisis con otras disciplinas, partiendo del entendido que los fenómenos son mejor analizados cuando sobre ellos recaen enfoques amplios que no pretenden monopolizar la verdad, sino contribuir a su interpretación y conocimiento.

Lo anterior nos lleva a observar que en la ciencia económica se tiene muy presente las expectativas del consumidor para la toma de decisiones, igualmente las expectativas del inversionista que anda en la búsqueda de la ganancia. Inclusive anuncios determinados sobre tales o cuales políticas económicas y sociales influyen en el comportamiento de los llamados agentes económicos, que los lleva a decidir X o Y, o más bien no decidir.

Las reflexiones anteriores apuntan a considerar el tema del discurso sobre asuntos relevantes de las Relaciones de Trabajo y sus consecuencias. Especialmente cuando el discurso proviene del  ámbito estatal o de fuerzas que forman parte del poder. Dos procesos laborales importantes reflejan la reiteración de un discurso y sus eventuales consecuencias: se trata de  Prestaciones Sociales y Tercerización.

Con la reforma del régimen de Prestaciones Sociales de 1997, surgió desde las trincheras opuestas a lo aprobado, para entonces en posiciones opositoras, la consideración que esa reforma significó un “robo” “un despojo” para los trabajadores. Ese discurso se ha repetido a lo largo de quince años. En este lapso no hubo evaluaciones y estudios de las autoridades del trabajo que permitieran sopesar si el discurso era cierto, o lo contrario, que la reforma era necesario como lo sustentaron los reformadores de entonces.

Resulta que hoy al fin tenemos una decisión que ayuda a evaluar la situación. Se trata que la nueva Ley Orgánica del Trabajo, de los Trabajadores y de las Trabajadoras integra el texto de la reforma de 1997 con el régimen derogado en ese entonces, atendiendo esto último  a la exigencia de la disposición transitoria cuarta, tercer ordinal, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Esta confirmación del texto de la reforma de 1997, deja en manos del trabajador decisiones  sobre el destino de los recursos que recibirá del patrono. Así como se establece que el monto que recibirá el trabajador por prestaciones sociales, será aquel que resulte mayor entre el total depositado en
cada  trimestre y el cálculo efectuado al terminar la relación de trabajo.

Los escenarios de cual régimen será más favorable para el trabajador tienen relación con otras variables, y muy especialmente la antigüedad del trabajador en la empresa, los incrementos salariales y la tasa de inflación. Este último muy dependiente de las políticas económicas que aplica el Gobierno.  De tal manera que según se conjuguen estas  variables, el  trabajador opta por uno u otro régimen. Con ello se desatanizan quince años de un discurso condenatorio de esta reforma. Cierto que ella incluyó otros asuntos de interés por su complejidad y significación, como el límite en los años de servicios impuesto para el pago de prestaciones, la salarización de la extrema bonificación salarial del entonces y el compromiso de la reforma de la seguridad social, que no se ha materializado, y que ameritaría un análisis aparte.

Con el discurso sobre la Tercerización ocurre otra situación problemática. El fenómeno de apelar a contratistas, intermediarios, subcontratistas para atender actividades que son del interés del contratante no es nuevo. Lo controversial del asunto es cuando a través de estas contrataciones se ingresa personal con menores beneficios para hacer las mismas funciones que hace o hacía el personal propio del contratante, y al mismo tiempo se destaca que son actividades centrales del contratante, es decir no accesorias ni eventuales.  

Este fenómeno tuvo un gran apogeo en la industria petrolera en los años cincuenta, y con el advenimiento de la democracia, por la vía de la acción sindical se logró hacer extensivo los beneficios del contrato colectivo firmado en 1960, a todos los que estaban en esta situación, y el problema pudo controlarse.

No obstante la búsqueda gerencial desde la organización del trabajo de mecanismos para bajar costos y contar con mayor competitividad en los mercados, aprovecharon en nuestro caso, la apertura a las Empresas de Trabajo Temporal  -Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo de 1999-, así como la entrada en vigencia del Decreto Ley Asociaciones  Cooperativas, del 2001, acompañado de otras disposiciones que fomentaron ampliamente desde las políticas públicas de manera indiscriminada este tipo de tercerización, por tanto se extendió ampliamente en una gran cantidad de actividades de empleadores públicos y privados.

Sólo fue con motivo de la re estatización de Sidor, 2008, que el tema tercerización jugó un papel importante como motivador  de la decisión tomada por el gobierno.  De ahí en adelante el discurso condenatorio de la tercerización ha cobrado una energía creciente.

Pues bien, hoy es común observar la avalancha de aspiraciones de trabajadores de los más diversos servicios de apoyo a empresas importantes, de ser incorporados a la nómina de la empresa contratante.

El discurso en estos temas no es indiferente a consecuencias en las aspiraciones y en la conflictividad. Veremos cómo son manejadas estas situaciones.

COMO NOS PREPARAMOS PARA LA NUEVA LEGISLACION LABORAL

La nueva LOTTT ha generado un intenso intercambio de actividades de divulgación. Es un proceso reciente. Apenas el 30 de Abril el país pudo conocer el texto global de la propuesta de reforma, y una semana más tarde se publica en la Gaceta Oficial y entra en vigencia, con vacatio legis en algunas pocas disposiciones.

La legislación laboral ha sido llamada como un contrato social, ya que se trata de regular la relación capital y trabajo en el proceso de producción de bienes y servicios, y junto a ello los compromisos de las partes directas de este proceso, tanto en derechos como en obligaciones. Por ello resulta tardío que el país se entere de todo su contenido apenas a una semana de su entrada en vigencia.     

              

Los impactos de todo este texto podían haber sido analizados a priori con amplia participación de las entidades involucradas, de los ámbitos públicos y privados. Al menos con una aproximación razonable, como la que deriva de un proceso con mayores disponibilidades de tiempo, y de participación plural. No fue así. La naturaleza del procedimiento seguido para la construcción legislativa no fue amplia. El hecho mismo de construirse en el marco de una habilitación especial al Presidente, otorgándosele poderes legislativo, cerró vías que son entendidas como las propias de lo que se asocia con un contrato social.

Ya hoy es una legislación vigente y toca a todos los involucrados aplicarla. Y en el propio camino se irán determinando las evaluaciones y análisis de sus impactos. Tempranamente empezaron los ajustes, como ha ocurrido entre el texto que se envió al Tribunal Supremo de Justicia y que una semana más tarde se publicó en la Gaceta Oficial. Rectificaciones en dos áreas importantes, una relativa al pago de las prestaciones sociales, cuando están en la contabilidad de la empresa,  que originalmente se había indicado tasas pasivas, y se corrigió al regresarse a lo que ya existía, la remuneración de este capital pero con tasas promedio entre las activas y pasivas. Otro ajuste observado es en la confusa situación del trabajo en el día sábado, y el traslado del impacto a un mayor disfrute en vacaciones.

En general la entrada en vigencia de la ley ha venido siendo celebrado. Claro que desde el gobierno, y las entidades sociales que le siguen. Por el lado empresarial empiezan a manifestar su preocupación. Son costos adicionales en lo que respecta al mantenimiento de la fuerza de trabajo, además de un conjunto de adecuaciones administrativas, organizacionales y productivas de significativa complejidad.Entre ellas destacan las relacionadas con los cambios en el tiempo de trabajo.

Del lado sindical no oficial, se exteriorizan las preocupaciones por las mayores restricciones al ejercicio de la libertad y autonomía sindical, tan necesaria para el desarrollo de las negociaciones colectivas, y de las relaciones de trabajo en general.

Es de esperar que las autoridades de la Administración del Trabajo se adecuen a los nuevos papeles. De paso se observa en la nueva legislación, una ampliacion significativa de las atribuciones de los Inspectores del Trabajo. Este cambio, como casi todos los observados,  no cuentan con los razonamientos y estudios, al menos brindados e informados a la sociedad y especialmente a los actores laborales, para así darle sentido a los nuevos papeles y funciones.

Finalmente el Estado empleador, el de los dos millones seiscientos mil trabajadores, que ya con la vieja legislación venía acumulando deudas laborales y retrasos en las negociaciones colectivas, entre los más destacables déficits de sus relaciones laborales, entrará en una nuevas reglas, que al igual que el sector privado se le incrementarán sus costos.

El ciudadano trabajador quiere conocer cuan preparado está el Estado y el aparato productivo para darle cumplimiento a los nuevos compromisos. ¿Cuantos recursos son necesarios? ¿Cuanto más nos costarán los bienes y servicios? Y no se trata de un sesgo economicista que no prioriza la justa remuneración del trabajo, sino que si no se tomó en cuenta la viabilidad económica en la construcción legislativa, habrá que tenerla muy presente en la etapa de aplicación. 

Una ley para los trabajadores

​Ya es un hecho que el país cuenta con una nueva legislación laboral. Ahora llamada Ley Orgánica del Trabajo, de los Trabajadores y Trabajadoras, que para mayor facilidad llamaremos LOTTT.

 ​Es un texto que contiene modificaciones que exceden lo que venía siendo identificada como reforma puntual. Es decir que fue más allá de la modificación requerida por la disposición transitoria, que refiere al régimen de prestaciones sociales, a la reducción de la jornada y al aumento del tiempo para las prescripciones. También fue más allá de la reforma que llamamos adecuación, que incorporaría normas que adaptaban la nueva ley laboral a modificaciones que estaban en el cuerpo de la Constitución Bolivariana de la República de Venezuela.

 ​La reforma que tenemos por delante cabe en la categorización de reforma amplia, y como lo dice el Vicepresidente para el Área Social, Nicolás Maduro “es la primera ley en el tránsito y en la construcción del socialismo”.  Esa afirmación obliga a analizar detenidamente todo este texto, así como el desarrollo de las instituciones que le acompañan.  Esta frase ya se ha oído con anterioridad al aprobarse otras leyes.

 ​En nuestra contribución anterior veníamos analizando el fomento o promoción del empleo, destacando la manera como se ha venido comportando el mercado laboral, y como es obvio los condicionantes central de este tema están ligados al marco regulatorio existente, a las inversiones y la confianza existente.

 ​Toca investigar aspectos de esta nueva LOTTT que inciden en la confianza de los inversionistas y empleadores, especialmente para estimular o no las inversiones, condición necesaria para la creación de empleos.

 Los gremios empresariales han sido parcos en revelar sus análisis al respecto. Suponemos estarán abocados a ello. Lo que sí ha predominado son las naturales declaraciones opuestas y/o escépticas en torno al proceso seguido para la construcción de esta nueva ley, y con toda razón ya que tuvo un notable déficit de participación empresarial.  Es importante conocer de fuente directa que el empresariado informe con elementos lo más objetivo posible, sobre el impacto de esta ley en el funcionamiento productivo.

 Ya con el marco regulatorio anterior y el conjunto de las políticas económicas, el empleo se venía resintiendo. Sólo crecía a nivel formal el empleo público, pero con las reservas de que la mayor parte era simplemente empleos de pasaban del sector privado al público, consecuencia de las estatizaciones. En tanto el empleo informal mantiene su espacio  en el conjunto de la población económicamente activa.

 ¿A cuantas personas beneficiará esta ley? A la población trabajando en el sector formal sin duda. En la informalidad, no dejará de beneficiarle pero en una proporción menor. Las unidades productivas en este sector no son fácilmente controlables e inspeccionables por las instituciones de la Administración del Trabajo. Hay que recordar que en los seis y medio millones que laboral en el sector formal, según el concepto de informalidad adoptado por OIT en  2003, y que aún no ha lo ha sido por la entidad de recolección y procesamiento estadístico nacional –INE-, hay importantes contingentes de informales, dado el hecho de no estar cubiertos por la legislación y la seguridad social. En un análisis posterior es importante observar que tantos elementos se observan en este nuevo texto que contribuyan a integrar en la formalidad a estos contingentes.

 Hemos destacado que una legislación del trabajo es una regulación para la relación entre las partes; sin embargo en el discurso oficial se repite erróneamente que es una ley para los trabajadores. Si que quiere construir autenticas leyes e instituciones para los trabajadores hay dos campos esperando ser atendidos, uno el de la seguridad social y el otro el del empleo. Ahí están las opciones esperando. Parece que en ese orden de ideas, se inscribiría la reciente medida de plantear desde el Ejecutivo que los trabajadores informales pasarían a la Seguridad Social. Es un anuncio que no trae nada nuevo, porque ya desde hace largos años, existe en la Seguridad Social el régimen de inscripción de los informales, pero que ha tenido muy poco éxito. Una razón importante es porque exige a los informales cotizar tanto el aporte de trabajador como el aporte patronal, sumando todo el 13%, mucho más que lo cotizado por los trabajadores dependientes del sector formal. Se confirma este mismo esquema, así que no parece cambiará mucho lo que hasta ahora ha ocurrido.

 Con el régimen prestacional de empleo, vigente desde el 2005, y sin construirse la institucionalidad necesaria, deja como resultado que todo el potencial de apoyo que el Ejecutivo debe a los trabajadores en cuento a empleo, orientación, inserción, capacitación, formación,  se dejan de ejecutar.

 Hay mucho que hacer con la denominación de una ley de y para los trabajadores.

LA PROMOCION DE EMPLEOS: Aciertos y fracasos

Promover empleos es responsabilidad fundamental de un Estado. Para ello es necesaria una alianza con los sectores privados, tanto los del capital como los del trabajo. No se trata que sea el Estado quién absorba la mayor cantidad de contingentes de trabajadores, sino que promueva las condiciones y facilidades para que se creen empleos.

En los años que corren del presente siglo ha ocurrido un proceso contrario a lo expuesto en el párrafo anterior. Es el Estado quién ha aumentado notablemente la nómina de personal. Entre agosto del 2000 e igual mes de 2010, la nómina del sector público se incrementó 79,2%, de modo que 1.024.595 trabajadores ingresaron al aparato estatal. Por su lado la nómina del sector privado en ese mismo lapso apenas creció 27.5% (Provea Informe anual 2011, con datos INE). Lo lógico no es que empleo estatal crezca tres veces más que el privado.

Lo anterior sería menos complicado si no consideramos que buena parte de ese empleo adicional en el sector público, eran empleos que ya existían. Que lo ocurrido es producto de la estatización de empresas privadas, por lo que estos empleos sencillamente pasan entonces al sector público.  Para mayor ampliación ver http://hectorlucena.blogspot.com/search?q=Empresas+Estatizadas
http://hectorlucena.blogspot.com/2011/12/ubicacion-y-balance-de-empresas.html

Debe considerarse que el empleo público ha de dividirse en dos grandes categorías, uno que forma parte de las empresas estatales, que elaboran productos y servicios que igualmente elaboran o elaboraban los privados. Destacamos esto último porque ha habido la tendencia a crear monopolios estatales, dejando de lado al sector privado en cada vez mayor cantidad de ramas productivas.

El otro gran segmento del empleo público, el mayoritario es aquel que atiende los servicios públicos tradicionales de la actividad estatal, como son educación, seguridad y defensa, salud, justicia, tramitaciones burocráticas diversas. En el Producto Interno Bruto este componente forma  parte de la actividad de servicios y se mide por los sueldos que remuneran a quienes ahí laboran. Es una medida gruesa poco sofisticada, ya que no precisa la calidad, resultados  e innovación de lo logrado con estas remuneraciones. En otro análisis es menester detenerse en la calidad y resultados en este orden. Hay servicios estatales que claramente a pesar de contar con más personal han desmejorado.

Es interesante entonces tener presente que la medición de la actividad privada es por la cantidad de bienes y servicios producidos para la sociedad, sea al mercado interno o para la exportación. Aunque este último destino se ha venido notablemente a menos, salvo la actividad petrolera que saca el oro negro del subsuelo y lo manda al exterior, de ello una porción minoritaria con el valor agregado de la refinación, que también suple el consumo interno.

En el sector privado,  la medición no está determinada por los sueldos y salarios, sino cuanta facturación en Bolívares han tenido los negocios, a partir de las unidades producidas – primario y secundario- o los usuarios atendidos, con su correspondiente facturación – servicios-.

Estos parámetros sugieren que el tema del empleo requiere de una alianza como ya se destaco al principio. Resulta que a lo largo del presente siglo no ha habido iniciativa alguna para que produzca un plan o programa que tenga este objetivo.

Lo más concreto que se observa en las políticas públicas en cuanto al tema del empleo, es la protección de los ya existentes, a través de los decretos de inamovilidad, así como vigilancia y monitoreo vía Administración del Trabajo. Pero esto no ataca ni abona al tema de la creación de empleos.

Por otro lado las políticas públicas adoptan el enfoque de misiones para atender este problema. Estas estrategias se desarrollan sin acuerdos con los sectores productivos, ni con las organizaciones representativas de los trabajadores, son iniciativas totalmente estatales a lo sumo con organizaciones comunales, que son direccionadas por el aparato público. Igualmente no descansan en regulaciones que permitan contar con reglas definidas para los involucrados, sea quienes crean y  ofrecen puestos de trabajo como quienes andan buscando un empleo, sea el primero en la vida laboral, tan difícil por la demanda de experiencias, como quienes se ven obligados a procesos de movilidad ocupacional por razones de crecimiento profesional o por razones familiares.

También es importante destacar que el enfoque de misiones es administrado con sesgos que implican discriminaciones tanto en el acceso como en el mantenimiento de las personas dentro de los programas, desnaturalizando una autentica igualdad de oportunidades, como es lo natural en toda actividad que se realiza con dineros públicos, y aún más el empleo que es una obligación estatal fomentarlo, y es un deber de los ciudadanos.

Reforma Laboral y Confianza

Las reformas laborales pueden ser para avanzar o para retroceder. Mejor decir pueden ser para que avance o retroceda el capital o los trabajadores, en sus relaciones de trabajo. Igual consideración es conveniente resaltar con respecto al regulador, el Estado. Una reforma puede ser para que acentúe su papel regulador o para que lo comparta con los actores sociales.

                En estos dilemas se debate un proceso de reforma. Las variables que contribuyen a contener los límites o los extremos de un resultado determinado, están en función de la manera democrática y participativa como se realice la construcción de la reforma, así como su aprobación.

                No menos importante es la consideración de la situación en la cual se encuentre el desarrollo económico, social y político de la sociedad en cuestión. Lo que podríamos identificar como el contexto. El diagnóstico de lo económico no puede eludirse en un proceso de reforma, sin que necesariamente esté ajeno a los intereses sociales y políticos. En todo este proceso no hay alusión alguna a esta dimensión.

                Los constructores y  reformadores actúan en función de la visión que tienen de la sociedad, así como de sus aspiraciones sobre el deber ser de la actividad productiva y de las relaciones que en ella ocurren. No es un asunto menor admitir esta premisa. Se reconoce que en la sociedad venezolana no hay una visión compartida de país. La polarización es notable y marca todas las actividades. Cuesta ver un área de la acción pública que sea construida a partir del consenso.

                No quiere significar la ausencia de un modelo de país único, que toda la sociedad ha de suscribir de modo conformista una visión dada. Los ciudadanos conviven en una situación común, a lo mejor percibida con algunas diferencias, dada experiencias, edades, ubicación socio económica, vínculos políticos, formación. Pero la cotidianidad en cuanto a los asuntos básicos va homogenizando las percepciones, digamos en asuntos como la seguridad, el empleo, el nivel de bienestar, los servicios públicos.

                En este proceso de reforma hemos visto como se hacen anuncios sobre temas medulares de las relaciones de trabajo, por sus impactos  y consecuencias, sin que se acompañe el reconocimiento del estudio de lo que tenemos en el funcionamiento laboral venezolano.

                Se formulan anuncios generosos con el sector de los trabajadores. Salarizar el régimen de prestaciones aprobado en 1997, ya que es un derecho adquirido, que puede llegar a noventa días adicionales de ingreso, con todas las incidencias en otros conceptos que han de pagarse al trabajador, y  al mismo tiempo regresar el sistema de prestaciones sociales de recalcular con el último salario toda la antigüedad del trabajador. Que los dos sistemas coexistan para beneficio del trabajador. En el mismo orden otros anuncios generosos, informan de rebajar la jornada de trabajo en hasta nueve horas semanales!!.. o en aumentar el disfrute de vacaciones en más de diez días de disfrute, así como el pago de hasta treinta días desde el primer año.

                En ese orden son los anuncios de los miembros de la comisión presidencial, todos del proyecto oficialista. Parece un festival de quién ofrece más.  Es razonable que un proceso de reforma sea un  proceso controversial entre los distintos intereses que participan de las relaciones de trabajo, así como entre las diversas corrientes de pensamiento que el país escogió y llevo a los curules parlamentarios. Con este escenario se minimizan resultados sectarios.

                Muy a pesar de los anuncios generosos hacia la población trabajadora, llama la atención sus reservas mostradas ante el anuncio gubernamental del traslado de las prestaciones sociales ubicadas en fideicomisos bancarios y en el capital de las empresas, a un fondo estatal para acumularlas y administrarlas. Inmediatamente se produjo un nerviosismo colectivo, que dejó en evidencia la desconfianza en el gobierno, al menos en el manejo de recursos, así como también dejó en evidencia que la reforma de 1997 es sentida por la población trabajadora, al tener conciencia de los beneficios que ella ha traído.  

                Las razones para la desconfianza son visibles. En primer lugar la mora que el gobierno tiene con sus servidores en el pago de lo correspondiente a la reforma del 1997, hace ya quince años. No se hicieron los pagos para pasar al nuevo sistema, hay deudas con los fideicomisos, en muchos casos no se constituyeron. Quién deja de prestar servicios en el sector público debe esperar varios años para cobrar su dinero que es de exigibilidad inmediata.

En segundo lugar el modo como se manejan los recursos del IVSS. Si bien es meritorio que el número de pensionadas se haya triplicado entre 1998 y el 2011, pero no hay que dejar de destacar que todos sus pagos se hacen con recursos que provienen de la renta petrolera o de ingresos fiscales como el IVA que lo aportan los ciudadanos.

Al fondo de jubilaciones más poderoso del país, como es el de los trabajadores petroleros se le hizo un desfalco de varios cientos de millones de dólares. Hay detenidos, pero en los EEUU ya que se violaron leyes de inversiones de ese país.

En 1987 se creó el fondo de jubilados de las administración pública, a los funcionarios de les descuenta el 3% de su salario, y aún este fondo no ha financiado jubilación alguna. Se desconoce de los activos de este fondo. Lo lógico es que cada cotizante tenga un estado de cuenta de su fondo.

A pesar de los generosos anuncios en la reforma laboral, las reservas de la población trabajadora persisten.

Reforma de la Ley Orgánica del Trabajo ¿es una oportunidad o una amenaza?

La pregunta no puede ser neutra, ya que los temas implícitos tienen diversas lectura por los actores directos que tienen que ver con la materia, ya sean los económicos, los sociales o los políticos.

No existe una dimensión sólo económica, que prima en el interés de los empresarios, ni tampoco otra solamente social, que es privilegiada por los trabajadores, o una pura dimensión política, del interés central del estado. Más bien los que se aprecia es que para empresarios, trabajadores y estado, hay interés por las tres dimensiones, aunque no con el mismo nivel de atención y prioridad. Como se menciona en la literatura del campo, hay intereses convergentes y divergentes, lo que se expresa en zonas comunes para los tres, o para dos de ellos, o zonas del exclusivo interés de cada parte.

Lo otro es que el mundo del trabajo no está encapsulado, y por tanto mantiene una relación con el mundo exterior a los propios espacios productivos. Lo que ocurre en un determinado taller, oficina o cualquier centro productivo de bienes y servicios, tiene relación con el mercado, con los consumidores, con los usuarios, con los proveedores, con las comunidades en donde está inserta esta actividad, con los relacionados por diversos motivos que tiene toda entidad organizativa, y toda comunidad humana que atiende actividades productivas.

Las reglas del trabajo, si bien tienen entendido la desigualdad entre capital y trabajo, no son reglas exclusivas para los trabajadores, sino más bien para las relaciones entre ellos y la empresa. Hay principios que toman en cuenta la desigualdad, han de estar presentes en la construcción y el texto legislativo. A veces se oye mencionar que se está construyendo una Ley para los trabajadores. Es una expresión impropia. Tampoco cabe admitir que se trata de una ley para los empleadores. Es una regulación para la relación cotidiana que la convivencia productiva exige a empleadores y trabajadores.

Las exigencias que llevan a reformas laborales son diversas, pero para facilitar su análisis, la experiencia histórica ha mostrado que en algunos momentos los factores predominantes han sido para avanzar y en otros para retroceder. Entendiendo igualmente que los textos resultantes de los procesos de construcción legislativa son más equilibrados en tanto estos procesos sean más incluyentes, donde predomine el dialogo y la participación.

Hubo etapas históricas que el sector trabajadores fue apadrinado por otros agrupamientos, generalmente vinculados con partidos políticos promotores de cambios estructurales importantes, como puede considerarse el avance de reformas laborales ocurridas en el trienio 1945-8. Sin embargo el apadrinamiento luego deviene en relaciones de subordinación, colocándose el movimiento en situación subalterna, dando lugar a futuro a posiciones regresivas y conservadoras.

La motivación para una reforma laboral no es ajena a la situación económica reinante en una sociedad determinada. La valoración de dicha situación, en el sentido de que demande tal o cual tipo de reforma laboral, está ligada a las relaciones de poder existentes. Por ello per se no puede asociarse una reforma laboral a un hecho progresivo, al menos la experiencia histórica obliga a evaluar tanto en el momento de los procesos de reforma, como en su propia ejecución y funcionamiento.

En el actual proceso de elaboración de una reforma legislativa es notoria la carencia de consideraciones, que evidencien una revisión detenida del actual funcionamiento de las relaciones de trabajo. Hasta ahora todas las proposiciones sobre los temas en discusión son sustentados en las posturas de personas o de entidades, sencillamente porque es lo que aspiran y quieren. Pero poco sustento se muestra para justificar lo aspirado.

El funcionamiento de las relaciones de trabajo, por supuesto evidencia notables carencias, mal funcionamiento y problemas. Hay reglas sobre temas que pudieran salir airosas, aunque no necesariamente en todos los sectores y tamaños de unidades productivas.

Una elemental consideración de toda reforma laboral es el empleo. Pero hay que mirar primero el actual marco regulatorio y su relación con el empleo. En que medida lo favorece o no. Para ejemplificar, la estabilidad absoluta favorece al que tiene empleo, pero no al que lo está buscando. Por supuesto que no se trata de fragilizar al que lo tiene, en aras de favorecer al que lo busca, pero el asunto es que hay que compatibilizar, no sólo por los jóvenes que se incorporan, sino por la natural movilidad ocupacional que viene aparejada con el desarrollo tecnológico, ocupacional y productivo, y también con el desarrollo de las familias.

La debilidad del proceso de construcción de la presente reforma laboral, por supuesto tiene sus explicaciones, en otros artículos hemos destacado la desventaja de hacerlo en el marco de una campaña electoral, con la ya radical polarización dominante http://www.hectorlucena.blogspot.com/2012/01/la-reforma-de-la-ley-organica-del.html

Las argumentaciones a las que apelamos parecen ser incompatibles con la construcción regulatoria en este escenario.

El nerviosismo colectivo que ha sacudido al país ante anuncios específicos sobre el Fondo de Prestaciones Sociales, que multiplicó la demanda de solicitud de estos recursos ubicados en fideicomisos o en el capital de trabajo de las empresas es una clarinada de las consecuencias del improvisado proceso en construcción.

UNA DEUDA CON LA VERDAD

El año 2002 es sin duda uno de los más turbulentos en la historia venezolana contemporánea. En abril y diciembre ocurrieron fenómenos que aún hoy siguen presentes como fantasmas en el discurso político. Oiga Ud a un alto funcionario gubernamental y verá que ambos hechos estarán en su comentario. Son mencionados como culpables de las dificultades del proceso de desarrollo. Algo así que si no hubiesen ocurrido, hoy estaríamos en una situación material mucho mejor. Del lado opositor, hay señalamientos de las desviaciones, de las traiciones, del retroceso y de la oportunidad perdida.

En síntesis los hechos de abril, la destitución y la reinstalación del Presidente, y los de diciembre, el paro petrolero y algo mas en otros sectores, que se extendió por sesenta días, siguen siendo acontecimientos que exigen de la atención y del análisis. Es cierto que la persistencia del ambiente de polarización aún no lo facilita. Mucho menos en tiempos electorales.

Pero por un momento, imaginemos una comisión de la verdad con una integración plural, con amplias facultades para la investigación de los hechos. Impensable en este momento. Recuerdo se mencionó en el debate parlamentario realizado inmediatamente recuperada la normalidad, en el mismo Abril 2002. Pero no paso nada.

La paralización de las instalaciones petroleras – diciembre 2002- es mencionado como parte de un salvaje sabotaje, y ello es utilizado para execrar y estigmatizar a los despedidos de esta industria –cerca de 20.000 personas-. Incluso se asoman costos de los daños, y con ello se niega la restitución de haberes de estos trabajadores. Daños han de haber ocurrido, en toda paralización en una industria de proceso continuo es un hecho inevitable.

Igual han de haber ocurrido daños a partir del manejo de esas instalaciones por personas sin la suficiente competencia, reclutadas precipitadamente para contrarrestar un paro, que no contaba con un plan de contingencia. Aunque es importante reconocer que una buena proporción de jubilados en los segmentos más operativos se reincorporaron y jugaron un papel clave. Pero evaluar estos daños es un asunto confuso, y por ahora es unilateral.

Hay que recordar que este paro de Diciembre del 2002, fue promovido inicialmente por los gerentes, y luego se plegaron algunos sindicatos. Y es digno de destacar que la industria petrolera contaba para entonces con un historial exitoso de manejo de conflictos laborales, así como la implementación de planes de contingencia puestos en práctica por los mismos gerentes, pero que en esta inédita ocasión eran la vanguardia de los huelguistas.

Pero toda historia la cuenta con más altisonancia el vencedor. El vencido carga no sólo con la derrota del momento, sino con las acusaciones en el discurso cotidiano del vencedor. La historia está incompleta.

Con respecto a las consecuencias para el movimiento de los trabajadores, el pasado año por esta misma fecha elaboramos y divulgamos http://www.hectorlucena.blogspot.com/2011/04/11-de-abril-de-2002-costos-historicos.html

En esa oportunidad afirmamos que la participación del movimiento de los trabajadores en estos hechos opositores, significó una contundente derrota. El movimiento estuvo detrás de otras fuerzas cuyos propósitos no eran coincidentes con los suyos. El movimiento hizo el trabajo más difícil, enfrentar al gobierno, movilizar a los afiliados, para que finalmente surgiera de súbito un gobierno de facto con una composición ajena a los intereses del movimiento.

Además el movimiento perdió la energía que había acumulado en hechos que le fueron favorables, como la conducción de la huelga petrolera de septiembre del 2000 por la firma del convenio colectivo. El otro hecho a su favor, fue la apatía con la cual la población trató la iniciativa gubernamental del referéndum sindical, diciembre 2000; apenas se alcanzó una participación electoral del 22%. Durante el año 2001, varias movilizaciones de calle mostraban un movimiento de los trabajadores vigoroso y en recuperación. Para entonces la movilizaciones sindicales opositoras eran masivas y en proceso creciente.

La década transcurrida del 2002 a hoy, muestra un grado de fragmentación del movimiento que ofrece enormes debilidades. Buena parte de la energía del liderazgo sindical es consumida en las contiendas inter facciones. Es conveniente recordar que la fragmentación del movimiento, ya no sólo responde a las diversas corrientes ideológicas y políticas que hacen vida en el movimiento sindical, sino que han de agregarse otras expresiones organizativas estimuladas oficialmente para el ejercicio de la representación de los trabajadores.

Confiamos que en algún momento podamos oír la voz de todos los involucrados en estos acontecimiento y así aproximarnos a la verdad.

Trabajo decente y reforma laboral

En evento reciente organizado por la Universidad Católica “Andrés Bello” de Ciudad Guayana, tocó abordar temática que incluía la vinculación entre Relaciones Laborales, el Trabajo Decente (o Trabajo Digno) y la Reforma Laboral en curso. El presente artículo va a concentrarse en el surgimiento de la noción de Trabajo Decente y la relación con los otros conceptos abordados.

En materia de las relaciones entre capital y trabajo, hay formulaciones y proposiciones que emergen para dar respuesta a situaciones críticas en estas relaciones. Algunas de ellas son efímeras y otras alcanzan la permanencia en el tiempo, se universalizan. Destaco que recién formulada una propuesta es atrevido juzgarla.

Son destacables dos declaraciones del siglo XIX, en plena revolución industrial. Emergió la protesta obrera, sintetizada en el Manifiesto Comunista, 1848, y se convirtió en un documento del cual hoy se continua hablando y estudiando. Otro tanto se admite de la Encíclica Rerum Novarum (“De las cosas nuevas”) 1891; en ella la Iglesia Católica expresa su preocupación por la situación de la clase trabajadora.

Superada la revolución industrial y entrando en el siglo XX, crisis agudas de la relación entre las potencias, así como dificultades en sus correspondientes sistemas económicos y de dominación, dan lugar a dos guerras mundiales que ya concluidas convocan a un mea culpa y emergen instituciones y declaraciones universales. En el caso del fin de la I Guerra Mundial, del Tratado de Versalles -1919- nació la Organización Internacional del Trabajo –OIT-, de estructura tripartita; y con la conclusión de la otra Guerra Mundial –II- surge la Organización de las Naciones Unidas, y un documento esencial en las relaciones entre las personas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Con la gran crisis del capitalismo de los años 1929-1930, el liderazgo del país en donde hizo sus mayores estragos –EEUU-, planteó la propuesta del New Deal -Nuevo Trato- para reformular las relaciones laborales.

Con estas instituciones y declaraciones, se construyen conceptos, se abordan diferencias y las sociedades avanzan. Por supuesto que al interior de los países quedan las tareas más importantes para alcanzar una convivencia civilizada, un bienestar real, así como la construcción y estabilidad de las instituciones, que sean sustentable en sus objetivos y logros.

Desde fines de los años cuarenta hasta los setenta, en algunos casos y en otros los años ochenta, el mundo vivió los llamados años dorados, por el crecimiento de la producción, del bienestar, del empleo, y del funcionamiento de las relaciones laborales. Claro que con algunas lagunas no tan doradas, sino más bien opacas, como los conflictos por la descolonización, ya sea política, como también económica.

Por tanto, sea en los setenta para algunas sociedades o en los ochenta para otras, el fin de los años dorados significó el ascenso y dominio de las políticas neoliberales, las que se plantearon el desmonte de avances en las regulaciones e instituciones que estado, trabajo y capital habían construido especialmente durante los años dorados.

El dominio neoliberal fue efectivo y casi todos los países revisaron y desmejoraron sus regulaciones laborales, sea formal o informalmente. En América Latina llegó a calificarse los años ochenta como la década perdida, dado el deterioro en lo económico y social. Igual tendencia se observó en los noventa.

En este contexto es para el año 1999, un nuevo liderazgo al frente de la OIT formula el planteamiento de la búsqueda del Trabajo Decente. En estos sitios de Internet pueden oírse al Director General de la OIT (http://www.youtube.com/watch?v=V8RxXIJLa9k) (http://www.wddw.org/Message-by-the-ILO-Director). Era el reconocimiento del desmejoramiento universal de las condiciones de trabajo.

En la OIT se aprobó en 1998 el convenio sobre los derechos mínimos o básicos, y se destacó la necesidad de regulaciones internacionales. Estos derechos mínimos que se habían venido deteriorando eran:

- la prohibición del trabajo infantil;

- la prohibición del trabajo forzado;

- la eliminación de la discriminación en el empleo, igualdad de remuneración;

- la libertad de asociación; y

- el derecho a organizarse para negociar colectivamente las condiciones de trabajo.

La asunción de este programa del Trabajo Decente ha sido irregular, algunos países han asumido entusiastamente promover programas en estos derechos mínimos, pero otros han sido indiferentes, incluso hay países en donde ha ocurrido un retroceso. ¿Donde estamos nosotros? Es una pregunta que nos la formulamos como sociedad, es decir es una pregunta que han de formularse en primer lugar los actores del mundo del trabajo, empezando por los reguladores, es decir el Estado, y sus diversas agencias vinculadas con este campo esencial de la existencia humana.

Pensamos que el planteamiento del Trabajo Decente, apunta a quedarse como respuesta fundamental al desmejoramiento de las condiciones de trabajo, asumirlo es un requisito esencial para emprender una reforma laboral.

La industria venezolana, auge y ocaso a través de tres modelos productivos

En trabajo conjunto con Hermes Carmona, la Revista "Ensayos de Economía" de la Universidad Nacional de Colombia nos publica este artículo en su edición número 39.

Resumen

El propósito de este documento es analizar el proceso de desindustrialización experimentado por el sector productivo en Venezuela, a través de tres modelos productivos. Si bien el fenómeno se observa en el conjunto del sector y su vinculación a la renta petrolera, la contracción en la manufactura es apoyada en los indicadores macroeconómicos como el empleo y el PIB. El petróleo que en un comienzo ayudó a construir la industria, ha contribuido a minimizarla.

El artículo es accesible en

http://humanas.medellin.unal.edu.co/ede/ediciones/39

BASES DE LA REFORMA LABORAL

Se continúa avanzando en el ámbito público el intercambio sobre la reforma laboral. Instituciones interesadas en el tema han promovido eventos, entre ellas algunas universidades, sindicatos, colegios profesionales, fundaciones, organizaciones empresariales, gobiernos regionales. En todas estas actividades, la constante ha sido que los intercambios no han contado con documentos que permitan hacer los análisis sobre bases firmes. Por supuesto que nos referimos a documentos emanados de las entidades centrales de un proceso de reforma laboral.

Un documento base es esperable del Ejecutivo, ya que se trata del poder público de donde ha emanado este reciente impulso de la reforma de la Ley Orgánica del Trabajo. Fue decisión presidencial la composición y el nombramiento de la comisión para elaborar la propuesta n de los cambios normativos. Para ello promulgo el Decreto No 8661 (6 de diciembre de 2011), publicado en Gaceta Oficial No 39.818 (12 de Diciembre de 2011).

Se sostiene que el documento base de la reforma es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, concretamente en la Disposición Transitoria Cuarta, numeral tercero. Es lo que da lugar a la llamada reforma puntual, que refiere a pocos temas pero de muy importante impacto en las relaciones de trabajo. Se trata del régimen de prestaciones sociales, de la jornada y de las prescripciones; fijándose además el plazo de un año, que venció con el mismo primer año de vigencia de la CRBV, estamos refiriéndonos al año 2000, por tanto está corriendo el doceavo año de mora.

Como antecedente reciente se destaca que a partir del mandato constitucional, la Asamblea Nacional elaboró texto que alcanzó su aprobación en primera discusión en el 2005. Es un texto que trasciende la reforma puntual, y abarca de manera general todo el espectro de las relaciones de trabajo. Su construcción contó con consultas e intercambios que significaron un importante esfuerzo parlamentario. Los criterios de organismos técnicos, como la OIT, son mencionados y considerados en su contenido.

Sin embargo, la actual Comisión Presidencial no manifiesta basar la elaboración de su propuesta a partir de este documento de la Asamblea Nacional, al menos en las declaraciones de sus integrantes no se le menciona. Hay que subrayar que según lo leído en los medios de comunicación, esta comisión vino a reunirse como tal por primera vez el miércoles 21 del presente, cuando ya habían transcurrido noventa y seis días del Decreto que la nombra, y a sólo cuarenta días del 1 de Mayo, fecha señalada para el anuncio presidencial.

Lo que se observa es una referencia a una reforma puntual en función de las disposiciones transitorias, o una reforma amplia sustentada en los mismos propósitos que dieron lugar a leyes que levantan polémicas si realmente se sustentan en el texto constitucional o pretenden ir más allá de los que sus propósitos y articulado expresan. Con anterioridad abordamos sobre el alcance de la reforma verhttp://hectorlucena.blogspot.com/2012/02/el-alcance-de-la-reforma-laboral_04.html

Se resiente que a estas alturas avecinándose el vencimiento del plazo que se estableció a sí mismo la Presidencia de la República, y no haya a la fecha un documento de base con su correspondiente exposición de motivos y el articulado correspondiente, que sirva en primer lugar para las evaluaciones y análisis de los actores sociales, que son quienes van a convivir con estas regulaciones, al aplicarlas en sus ámbitos productivos. La participación en el sentido de presentar propuestas, según se menciona ha sido abundante. Declarantes –miembros de Comisión- llegan a anunciar hasta treinta mil propuestas. Pero, el procesamiento y análisis de todas ellas para su selección, adopción, adecuación, rechazo, y la correspondiente articulación es una tarea compleja y laboriosa. No se conoce de los equipos humanos y las metodologías que se estén utilizando al respecto.

Los empresarios se resienten a hacer construcciones y aportes por considerar que el proceso debe ser en una mesa de diálogo, en donde sus organizaciones gremiales hayan sido convocadas, y como se sabe han sido excluidas. Sobre la inclusión en este proceso, ver http://hectorlucena.blogspot.com/2012/03/reforma-legislacion-laboral-cuan.html

Del lado sindical, en vista de la inercia de no contar con un texto de propuesta de reforma, un sector importante opta por elaborar su propio texto, como es el caso de la UNT y otras organizaciones del mundo de los trabajadores. Con anterioridad ha circulado el proyecto de Ley del Proceso Social del Trabajo, que no fue asumido por ninguna entidad laboral, finalmente se conoció que proviene de la Universidad de los Trabajadores “Jesús Rivero”. El sindicalismo opositor organizado en FADESS tiene observaciones de fondo al hecho de no realizarse la elaboración legislativa en su ámbito parlamentario.

Toda construcción regulatoria ha de ser evaluada en su viabilidad, en sus impactos, en su construcción institucional, en los plazos, en los recursos necesarios. El ambiente reinante no propicia, al menos hasta ahora, campo para estos asuntos. De alguna manera lo electoral y la polarización soslayan estos elementos, y priorizan otros.

TRABAJO, NO TRABAJO, IDENTIDAD Y REFORMA

En nuestra sociedad el trabajo da identidad, por eso se considera un insulto llamar a alguien vago, sin oficio, mantenido, ocioso, al tiempo que goza de todas sus capacidades físicas y mentales. Cada quién apela a su trabajo, a su empleo, a su oficio, hasta se invoca alguna actividad económica, de servicio que regularmente se realiza, para así dar la cara a la convivencia y a los intercambios sociales. Es un lugar común entre las personas que recién se conocen, indagar sobre la situación laboral. Igual ocurre con las personas ya conocidas que dejar de verse por un largo tiempo, en el reencuentro se indagan mutuamente ¿que has hecho? o ¿que estás haciendo?

Esto último tiene significado porque el trabajo además de dar el sustento para vivir, le da significado a la vida de las personas, incluyendo a sus familiares. Sentirse útil a quienes le rodean. Unos padres, conyugues, descendientes, comentan con interés sobre lo que realizan los miembros de la familia para su subsistencia.

Las situaciones laborales personales y familiares son diversas. Se sabe hay trabajo y no trabajo. Se está en esta segunda situación por diversas razones, una muy importante y fácil de distinguir es la que tiene que ver con la edad, ya sea por no haber alcanzado la edad mínima para trabajar o por haber cubierto ya el tope, y pasar a retiro. En torno a estos mínimos y máximos, existen convenciones internacionales y nacionales. Pero al lado de ello existen realidades que tienen su dinámica propia. Por ello es un fenómeno universal el trabajo infantil, por supuesto mucho más crítico en los países no desarrollados.

La llegada de la edad de retiro en nuestro caso para los cubiertos por la Seguridad Social, cincuenta y cinco años para la mujer y sesenta para los hombre. Es una edad relativamente joven si se compara internacionalmente. El problema radica en que el monto de la pensión es modesto, apenas el salario mínimo que no llega a cubrir el costo de la canasta alimentaria. Cierto que existen muy contados casos que reciben pensiones en función del último sueldo y son revisadas en los mismos ajustes de los trabajadores activos. Pero la pensión equivalente al salario mínimo da lugar a que la mayoría de los jubilados tengan que continuar realizando actividades para generar ingresos.

En la situación de no trabajo, hay una diversidad de actividades en la vida familiar y comunitaria que cabe analizar si realmente son trabajo o no trabajo. La discusión está abierta y no es nueva. Desde mucho tiempo atrás, ha venido evolucionando el concepto de trabajo, para ir dando cabida a actividades que logran alcanzar el status de trabajo. Claro que el status pasa por el reconocimiento en el ámbito micro, sea la familia y la comunidad. Luego toca llegar al reconocimiento general, que implica la existencia de política públicas que reconsideren que actividades determinadas que han sido parte del no trabajo, salgan de esa situación.

Con relación a la situación o el status de trabajo, de trabajador, toca tener presente varias distinciones. Por un lado de trabajo oneroso y trabajo gratuito o voluntario. No es un asunto marginal, si se observa que desde instituciones estatales se fomenta este último.

Otra distinción es la que tiene que ver con el trabajo libre y el trabajo forzoso. Aparentemente este último se creía erradicado largo tiempo atrás. Abordamos este problema anteriormente, a propósito que el gobierno invoco la existencia de este tipo de trabajo para acciones expropiatorias en el sur del Lago de Maracaibo, no obstante que en Venezuela no se llevan registros de este problema, sea del trabajo esclavo o del trabajo forzoso u obligatorio.

http://hectorlucena.blogspot.com/2010/12/trabajo-forzoso-u-obligatorio.html

Terminando, importa relevar la situación del trabajo dependiente y el independiente. Aquí es donde destaca la figura del asalariado. El siglo XX se puede identificar en América Latina como el siglo del asalariado, por el desarrollo que alcanzó este tipo de trabajo en todo el continente. Con su desarrollo florecieron los sindicatos, que recogieron buena parte de las experiencias de las anteriores organizaciones de oficios, pero que indudablemente la organización del trabajo se modificó sustancialmente con el desarrollo de la formación socio económica.

A los anteriores dilemas y problemas que relevamos en los párrafos previos, en el trabajo asalariado es esencial los aspectos colectivos, que son fundamentales para el desarrollo del conjunto de los asalariados, ya sea para nuevas conquistas como para preservar sus logros.

En tiempos de reformas laborales bien vale recordar, la diversidad de las situaciones de trabajo y no trabajo, así como la de los colectivos ubicados en las diversas situaciones. En el presente proceso se requieren análisis y construcciones para que el tema trabajo sea reflexionado y respondido en sentido amplio.