POLÍTICA LABORAL ¿PROGRESIVA O REGRESIVA?

Hemos sostenido y demostrado el descenso de las convenciones colectivas a lo largo de los últimos catorce años, todo en el marco de la recién derogada Ley Orgánica del Trabajo –LOT- y por supuesto de las políticas laborales implementadas desde el Ejecutivo en ejercicio. Ver http://www.hectorlucena.blogspot.com/2012/06/el-descenso-de-la-convencion-colectiva.html

            Se abre un nuevo ciclo con la nueva Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras –LOTTT-, recién entrada en vigencia en este Mayo del presente año, lo que plantea expectativas en cuanto al fenómeno enunciado. ¿Continuará el descenso o estancamiento de las convenciones colectivas? O se puede pensar en una reversión de estas tendencias.

            Ese es el dilema planteado. Hay que destacar que “Vencido el período de una convención colectiva de trabajo las estipulaciones económicas, sociales y sindicales que beneficien a los trabajadores.. continuarán vigentes hasta tanto se celebre otra que la sustituya..” art. 435 Lottt-. Se quiere destacar que el alcance y desarrollo de las convenciones colectivas es entendido en tanto sean negociados fluida y efectivamente los convenios en la oportunidad que se vence el período de su vigencia. Nos encontramos ahora que hasta el convenio colectivo petrolero, que por muchas décadas fue el referente nacional por su fluidez en el proceso de negociación así como por su contenido avanzado, hoy resulta que es un proceso complejo, enlentecido, opaco y polémico. 

            Otro tanto ocurre en la negociación  de convenio colectivo que por varias décadas era otro ejemplo y referente nacional, se trata de la negociación entre Sidor y Sutiss. Varios son los acuerdos de condiciones de trabajo negociados entre estos actores laborales que representaron un avance en las relaciones de trabajo del país, véase http://hectorlucena.blogspot.com/2010/06/participacion-en-los-beneficios.html

            Hoy el convenio colectivo de Sidor-Sutiss tiene dos años vencidos y aún no se han iniciado las negociaciones entre las partes. Veánse que las dos principales empresas productoras estatales, como son Pdvsa y Sidor han entrado en estancamientos en sus procesos de negociación.

            Una economía con una inflación de carácter crónico, no puede ignorar la revisión y modificación de las condiciones de trabajo al menos anualmente, porque estaría siendo injusta y lesiva con la población laboral asalariada. Una inflación de un dígito, como es común en los países latinoamericanos en los últimos años, no se ha alcanzado en Venezuela desde 1985, cuando la inflación marcó 9.13%. Destacándose además que en las tres décadas que van desde 1950 a 1979, el índice inflacionario normal era de un digito, y tan sólo en dos años, de esos treinta dorados como le llama la literatura,  la inflación alcanzó los dos dígitos, los años 1974 (11%) y 1979 (20%), coincidentes con los dos fenómenos más notorios por su impacto en los precios petroleros a nivel mundial en todo el siglo XX, como fueron el embargo petrolero árabe derivado de la guerra contra Israel y el apoyo de países de Occidente,  y luego la caída del Sha de Irán.

            Hay que tener presente que los precios de los bienes y servicios de consumo familiar se mueven a un ritmo más frecuente, incluso en aquellos rubros que están controlados. Son realmente muy contados los precios de bienes básicos que experimentan un precio constante a lo largo de un prolongado período, como es el caso único de la gasolina, que como es evidente el gobierno, su proveedor monopólico,  teme revisar su precio y prefiere optar por mecanismos sutiles de racionamiento, que de paso también levantan su malestar.

            Por el lado de Sidor, buena parte de su disminuida producción, que apenas ha alcanzado en su mejor momento en estos años de re estatización – del 2008 para acá-, un 50% de lo que se producía bajo la dirección del grupo transnacional italo-argentino de Techin, es destinada para programas gubernamentales y vendida a precios por debajo de los costos reales. Lo que indica que son los trabajadores de Sidor, afiliados o no a Sutiss, quienes financian programas sociales gubernamentales. A cambio de ello, se produce un estancamiento o retroceso en sus condiciones de trabajo.

            No dejamos de reconocer que también ha ocurrido cierres de empresas que restan población cubierta por las convenciones colectivas, así como empresas que se han achicado disminuyendo su población laboral, en no pocos casos tercerizando actividades que son transferidas a empresas de menor tamaño sin convenios colectivos.

            Estamos por concluir el primer trimestre de vigencia de la nueva Lottt, y aún no se observan señales que favorezcan la reactivación del mecanismo más conocido por los actores laborales para revisar, adecuar y mejorar sus condiciones de trabajo, como son los convenios colectivos. Lo más grave de la situación es que no se observan mecanismos de dialogo efectivos para la revisión y reorientación de esta política laboral, que al menos en lo tratado en esta contribución no es nada progresiva sino más bien regresiva.

Venezuela: Misión e Informe OIT “Libertad sindical y condiciones de trabajo”

            En nuestra pasada contribución abordamos el análisis de declaraciones de sindicalistas oficialistas sobre un eventual retiro de Venezuela de la Organización Internacional del Trabajo –OIT-. En esta ocasión retomamos el asunto y particularmente con la elaboración del Informe “Libertad de Asociación y Condiciones de Trabajo”, elaborado a partir de misión de encuesta de OIT que visitó el país entre Julio y Agosto de 1949. Este documento fue publicado con el mismo título en 1950.            

            El Informe recoge los testimonios, entrevistas y análisis de documentos por parte de los cinco miembros de la misión. Hay que destacar que el golpe contra el gobierno constitucional presidido por Rómulo Gallegos había ocurrido el 24 de noviembre de 1948, y a partir de entonces se había desatado una persecución contra dirigentes políticos y sindicales identificados con el anterior gobierno conducido por R Gallegos y su partido Acción Democrática.            

             Ante el golpe de estado las reacciones sindicales no se hicieron esperar, por lo que inmediatamente hubo un llamado a huelga general realizado por la Confederación de Trabajadores de Venezuela –CTV-, pero en apenas dos días fue sofocada por el régimen militar. La CTV y sus organismos afiliados pudieron continuar funcionando pero en un ambiente represivo y gradualmente el régimen fue tomando control por vía de la fuerza y la represión de la vida sindical. Hasta que el febrero de 1949 el gobierno militar decreta la disolución de la CTV y todos sus federaciones. Los sindicatos de base no son disueltos pero se les obliga a hacer elecciones y se prohíbe que participen quienes hayan sido directivos anteriormente.            

             La narrativa pormenorizada de estos acontecimientos se puede conocer en el Informe de OIT mencionado en el primer párrafo. El régimen militar hizo objeciones al Informe y tuvo la oportunidad de que se publicara con el mismo titulo y agregándose “Observaciones del Gobierno de Venezuela al informe de la misión de la OIT” que salió a la luz pública en 1951. Un análisis detenido de estos dos informes puede verse en nuestro libro “Las Relaciones Laborales en Venezuela” en su capítulo VI.

           La situación laboral de esos momentos difíciles inmediatos al derrocamiento del gobierno de R Gallegos y la instauración de una Junta Militar,  ha sido poco estudiada, pero afortunadamente esa misión de OIT y la publicación del Informe dejo asentada amplia información de valor histórico. Se trata, desde nuestra apreciación, de otro valor que respalda la relación de la nación venezolana con la OIT.            

               Si bien hay una distancia apreciable entre la Venezuela de 1949 bajo el gobierno de una Junta Militar que disolvió a los sindicatos de oposición, que encarceló a los dirigentes y los criminalizó por sus actividades sindicales,  y el país de hoy, que cuenta con una constitución avanzada en materia social, con leyes laborales que en lo individual brindan beneficios sofisticados al trabajador, aunque con disposiciones restrictivas en los asuntos colectivos, se prevé de nuevo que nos visite en el próximo octubre una misión de OIT para conocer de nuestra situación laboral nacional.            

                Es por tanto llamativo que justamente ahora se haya planteado desde esferas sindicales oficialistas que la nación venezolana se retire de la OIT, cuando es una extraordinaria oportunidad para que la situación laboral en sus aspectos individuales y colectivos sean observados y analizados por un ente especializado, ajeno a las diatribas y polarizaciones que por los últimos lustros afectan el desenvolvimiento y el análisis.              

VENEZUELA: SINDICATOS GESTIONAN RETIRO DE OIT

 Como todos los años este junio se celebro la Conferencia anual – la 101- de la Organización Internacional del Trabajo –OIT-, y Venezuela estuvo representada por una nutrida representación tripartita: gubernamental, gremial empresarial y sindical.

            Sorprende al retorno de la Conferencia que voceros sindicales anuncien que solicitarán al gobierno hacer las diligencias para que Venezuela se retire de la OIT. Los voceros representan la recién creada Central Bolivariana Socialista de los Trabajadores. Los argumentos anunciados mencionan que esta “organización no es nada democrática” –Diputado y Sindicalista, Osvaldo Vera-. Todo parece relacionarse con el hecho de que esta organización ha solicitado enviar una misión el próximo mes de Octubre para conocer la situación laboral del país, a propósito de denuncias de entes empresariales y sindicales críticos del gobierno nacional.

            Para ubicar la relación de Venezuela con la OIT, es importante mencionar algunos hechos que en los noventa y dos años de existencia de esta organización internacional se relación con nuestro país.

            La OIT fue creada apenas concluida la I guerra mundial, en 1919 en el marco del Tratado de Versalles. Esta tratado dio origen a la Sociedad de las Naciones, institución antecesora de la actual Organización de las Naciones Unidas. La OIT sobrevivió a la crisis mundial que significó la II Guerra Mundial, no obstante que la Sociedad de las Naciones dejó de existir. Hay que destacar que Venezuela fue uno de los países fundadores de la OIT. Hoy esta organización cuenta con la afiliación de 193 países, es decir todo el orbe del planeta tierra.

            La OIT es una organización gobernada de manera tripartita, y es la única con tal carácter en el sistema de instituciones de las Naciones Unidas. Todas, salvo la OIT, son gobernadas por los representantes de los Estados miembros, pero en esta institución, su gobierno es ejercido además de los representantes de los Estados miembros, por los representantes de los gremios empresariales y de las organizaciones sindicales de los trabajadores. Su Consejo de Administración está compuesta por un 50% de representantes de los Estados, y 25% los representantes empresariales y 25% de los trabajadores. Es un escenario donde la vocería de los actores sociales se deja sentir como ninguna otra entidad internacional en el sistema de Naciones Unidas.

            Venezuela ha sido miembro ininterrumpidamente de la OIT desde su nacimiento hasta nuestros días, salvo en breve período que el país se retiro. Ocurrió con motivo de la 5ta reunión de la Comisión de Petróleo celebrada en Caracas en 1955. El miembro sindical del Consejo de Administración, Adrianus Vermuelen fue el encargado del discurso de inauguración, y se refirió a serias denuncias que el organismo había recibido en su sede en Ginebra. Hizo referencia a los dirigentes sindicales presos, otros criminalizados por el sólo hecho de realizar actividades sindicales, pidiendo su libertad y que se fomente y estimule una genuina libertad sindical con medidas legislativas, todo de acuerdo con los postulados de convenios de esta organización, a la cual estaba afiliada la nación venezolana.

            La reacción del régimen militar venezolano de aquel entonces fue inmediata, Vermeulen fue llevado al aeropuerto de Maiquetía y expulsado del país. Ante esa medida, los 119 delegados deciden suspender la reunión. Entonces el Gobierno de Venezuela se retira el 3 de Mayo de 1955 de la OIT, acusándola de “ser un instrumento de maniobras políticas que la convierten en tribuna demagógica” de acuerdo a la nota oficial de la Cancillería venezolana enviada a la OIT.

            Caída la dictadura militar en enero de 1958, una de las primeras medidas del gobierno de transición que encabezó el Vicealmirante Wolfang Larrazabal fue solicitar la reincorporación a la OIT, así como restituir las libertades sindicales.

            Aquel infortunado retiro de la OIT, no tiene equivalente en la historia de los países latinoamericanos, los cuales tradicionalmente han tenido una activa participación en esta organización.

            Esta iniciativa del sindicalismo gubernamental venezolano, nos hace recordar que los EEUU también se retiraron de la OIT en 1977, a propósito de presión de los sindicatos (AFL-CIO), cuyo malestar se relacionaba con la admisión en la OIT con carácter de observadores a una representación del Frente de Liberación de Palestina y una resolución que condenaba al gobierno de Israel.

            El gobierno de los EEUU a través de su Secretario de Estado, Henry Kissinger presentó la solicitud en un extenso documento en el que calificaba a la OIT como escenario de una «creciente e inadmisible politización».

TRABAJO: INTERCAMBIO, ANALISIS Y MERCOSUR

En la presente semana atendimos el VIII Seminario de Trabajo, en donde el tema central fue el de la Precariedad en los empleos y trabajo en general. Un interesante evento promovido por la Red Estudios del Trabajo que tiene su asiento en la Universidad del Estado de Sao Paulo, en el campus de Marilia, Brasil, con miembros de distintas universidades brasileras. La red reúne a investigadores de distintos lugares de este gran país, y en esta ocasión se agregaron invitados de Portugal, Reino Unido, Italia, Argentina, Colombia y nuestra presencia.

Siempre es conveniente y enriquecedor el intercambio de cualquier naturaleza, pero en el ámbito académico es aún más necesario. La naturaleza del trabajo de quién investiga, enseña, aprende y comparte saberes, requiere del intercambio como un oxigeno para airear las visiones y perspectivas. De eso se trata un seminario. Incluso aún cuando predomine una perspectiva teórica, siempre emergen los matices y las críticas.

El seminario de Marilia tenía una perspectiva dominante, pero sus organizadores abren el abanico y comparten con otras visiones del estudio del trabajo. Es un hecho positivo para el debate, y por lo general debatir pluralmente es más autentico y cercano a la realidad, que cuando  sólo se congrega una visión de los asuntos a tratar. El intercambio académico es distinto a los estilos militares o religiosos, donde hay jerarquías y dogmas que lo obstruyen.  Cuidado si en las universidades venezolanas nos dejamos influir por esos estilos, ojo..  no es una preocupación abstracta, es más bien porque no dejamos de sentirlo.

Conectando los planteamientos de los dos anteriores párrafos con el quehacer de análisis  e investigación en nuestras universidades en los temas relativos al trabajo, tenemos ante nosotros un conjunto de transformaciones en la sociedad venezolana que están esperando la atención suficiente de la academia. Hay esfuerzos de análisis, pero no suficientes. También vale este señalamiento crítico para otros sectores del mundo del trabajo. Se puede decir que hay un déficit general de atención y comprensión a lo que viene ocurriendo en el mundo del trabajo.

Un repaso rápido de lo que no vemos y tanto queremos. Por el lado estatal, vemos que se aprueban leyes, se toman decisiones de políticas públicas con incidencia global en toda la sociedad, y no se ve por ningún lado los elementos de análisis que son imprescindibles para orientar las decisiones, como ha sido el reciente caso de la LOTTT.  Junto a ello el funcionamiento de instituciones estructuradas y organizadas sectariamente, con sesgos desde el ingreso del funcionario hasta las actuaciones cotidianas en el servicio público. Obvia decir que las políticas formuladas en la mayoría de los casos, cargan encima debilidades y carencias que se ratifican y confirman día a día. Las esperanzadoras contralorías sociales y rendición de cuentas, han quedado sólo para los discursos.

De lado de los actores e interlocutores sociales del trabajo y de las empresas, el balance no es alentador. Si son oficialistas, son instrumentos más bien propagandísticos, el análisis y la critica parece no ser parte de sus objetivos. Si son opositores,  viven o más bien sobreviven a la defensiva. Falta autonomía, independencia y recursos. Del lado del trabajo, las organizaciones que sobreviven lo hacen en un ambiente de precariedad de recursos y bajo constante hostilidad gubernamental.

Si los economistas alertan sobre la evolución de la deuda del país, y sin mayores dificultades se aportan los datos que sustentan el llamado de atención. Por el lado del trabajo, y de las relaciones que con motivo de él llevan adelante trabajadores, empresas y estado, el panorama es más complicado evaluarlo, pero evidentemente que no transcurre por buen camino. En anteriores contribuciones hemos sido constantes en analizar sobre este particular, y habrá que seguirlo haciendo porque es forzoso, no se puede evitar.

Terminamos, destacando que por fin el país concretará su ingreso al Mercosur el próximo 31 de Julio, luego de una larga y preocupante espera de siete años. Paradójicamente entramos cuando se produce una controversial ruptura en la política paraguaya. Algo así, como cuando pides ingresar a un club, y te admiten cuando el miembro que te objetaba esta temporalmente ausente.

Pero lo que de fondo se quiere destacar es que ingresamos al Mercosur, y uno se pregunta donde están los análisis, estudios y elaboraciones profesionales, que nos informen de los impactos y consecuencias que derivan de este acontecimiento. Economía y Trabajo no saben aún lo que les espera, quiero decir sus ventajas y desventajas. Una tarea que el Estado no ha cumplido, le falto promoverla con amplitud de perspectiva. El ingreso al Mercosur,  no debe ser tema para propaganda oficial, ni sectarismos, ni tampoco para críticas apriorísticas. Se necesitan brújulas.

VIII Seminario de Trabajo (Trabajo, Educación y Políticas Sociales)

Organizado por la Universidad Estadal de Sao Paulo, Marilia

Com sete edições, o Seminário do Trabalho já se consolidou como um evento de referência para a UNESP – Campus de Marília, por se constituir como um importante espaço de debate crítico e de troca de experiências entre diversos pesquisadores do Brasil e do mundo voltados para as questões pertinentes ao mundo do trabalho, em especial para as situações decorrentes das transformações do capitalismo global.


El evento será entre el 25 y 28 de Junio
Más información en http://www.fundepe.com/seminario/mesas.php

Regulaciones restrictivas del desarrollo de la negociación colectiva

En lo constitucional, se introdujo una disposición que tiene graves repercusiones en el desenvolvimiento sindical, como fue subordinar las elecciones sindicales a un órgano ajeno al movimiento, el poder electoral; emisor de la certificación electoral con la cual las autoridades de la Administración del Trabajo admiten las tramitaciones fundamentales de los sindicatos, de no tenerla se les señala estar en “mora electoral”, y el sindicato queda de hecho paralizado – ver art 402-.

           Esto colide con el convenio No 87 sobre Libertad Sindical, que el Estado venezolano ratifico en 1982. La OIT ha formulado observaciones y recomendaciones en innumerables ocasiones. Recién con la aprobación del nuevo decreto ley Lottt se incluye en su articulado, consolidando este mecanismo de intervención estatal en la vida interna sindical. En algún momento se observó lo que parecía una rectificación, ya que en la propuesta de reforma constitucional promovida por el gobierno en 2007, se corregía esta anomalía, pero la propuesta que acompañaba otros asuntos de relevancia más general no fue aprobada.

          Analizando en concreto la Lottt,  se observa un conjunto de regulaciones en la vida interna de los sindicatos que extreman su control, restándoles autonomía. En ese orden cabe destacar norma que  niega que los sindicatos puedan  recibir apoyo financiero o de otra naturaleza de parte del patrono –art 358 c. Hay que mencionar que el sindicato es una parte en el proceso de administración de los convenios y de la vigilancia de las condiciones de trabajo, para lo cual requiere estudios y análisis que lo apoyen este proceso, lo cual implica costos de funcionamiento.
Las atribuciones y finalidades de los sindicatos –art 367- son ampliadas, colocando en el primer plano otras de naturaleza diferente,  dejando marginalizado un tanto su papel en las negociaciones colectivas.

           La afiliación sindical es ampliada más allá de los trabajadores activos – art 370- “Las personas en situación de desempleo, pensionados, pensionadas, jubilados o jubiladas podrán afiliarse a organizaciones sindicales ..”. Es un planteamiento novedoso en la estructura sindical venezolana. Existe en las organizaciones gremiales de los profesores y empleados universitarios. Es importante que el gremio tenga capacidad de ofrecer servicios, ya que ese es un estimulo para la afiliación. Servicios que generalmente  resultan de compromisos negociados con el empleador.
Si bien lo anterior es un hecho positivo, por otro lado al registro sindical se le agregan más  exigencias, y se crea entidad para el proceso –Registro Nacional de Organizaciones Sindicales-. Cuando el convenio No 87 establece como condición de la libertad sindical no someter a los trabajadores a registros para su constitución, en nuestro caso persisten mecanismos  que limitan el registro, y la Lottt lo amplia y profundiza –art 387-

           Se eliminan dos conquistas históricas del movimiento sindical, y que han contribuido a su fortalecimiento. Nos referimos a la capacidad de ofrecer personas para su ingreso al empleo. Es una vieja conquista que proviene de los gremios de oficios, ya que eran los certificadores de los conocimientos. Modernamente los sindicatos predominantes son de empresa y de industria, pero esta conquista se preservó, ya que fortalecía a las organizaciones.  Se ha argumentado que la situación extrema de violencia sindical especialmente en sector de la construcción deriva de esta capacidad. Destaquemos que es una cualidad que han ejercido los sindicatos desde tiempos remotos, en cambio la violencia desbordada en el ámbito sindical vinculada con ventas de empleos y cobros compulsivos a los empleadores es un fenómeno de los últimos años, y está muy ligada al fomento del paralelismo sindical, y a la desidia de las autoridades en atender estos asuntos.

           La otra conquista eliminada es las cuotas extraordinarias para los no afiliados por la firma de una Convención. Fue conquistada por el sector magisterial en los años ochenta, y representa una fuente de ingresos para el fortalecimiento sindical. Si nos parece positivo que las erogaciones que los patronos emitan para el sindicato sean a nombre de la organización sindical y que sean del conocimiento de los afiliados. Esto es válido para todas las erogaciones en ámbitos laborales y de cualquier naturaleza.

         Una tendencia compleja que se ha venido observando en las relaciones de trabajo es el fomento de la participación de entes y personas ajenas al espacio productivo, como ha sido el caso de los consejos comunales. En esta nueva ley, se agrego como parte del  Artículo 439. “Los convocados y las convocadas para la negociación de una convención colectiva de trabajo, o aquellos terceros y aquellas terceras afectados y afectadas por ella , sólo podrán formular alegatos y oponer defensas sobre la improcedencia..” ¿Cuales terceros?  Además de las comunidades, cabe inferir a los usuarios o clientes del servicio. Es una norma que requiere una reglamentación cuidadosa.

         Se ha destacado el enorme peso que se le otorga a las autoridades del trabajo, y en particular al Inspector del Trabajo. Reflejo notorio del mismo es el trámite de la homologación, el cual  convierte el texto negociado entre las partes en la posibilidad de ser modificado por este funcionario, al dejar a su discreción homologar aquellas cláusulas que no contraríen el orden público  -art451-

         El último elemento a comentar  es el llamado Comité de Evaluación y Seguimiento – art 440-. Se corresponde con situaciones en las Relaciones de Trabajo que funcionan fluidamente en cuanto a la comunicación entre las partes. Lo crítico de este texto es que  “A petición de ambas partes, o de una de ellas, el ministerio del poder popular con competencia en materia de trabajo y seguridad social podrá participar de ella o convocar la reunión de esta instancia, en el marco de sus competencias.” Evidentemente es otro mecanismo interventor. El comportamiento de las autoridades del trabajo no son neutras, y ello implica colocar en la administración cotidiana del convenio un mecanismo que desequilibra la relación entre las partes. Ya veremos empresas estatales invocando al ministerio, y al sindicato en situación de desventaja; y en otros casos el sindicato convocando al ministerio y  el empleador será entonces el que estará en desventaja.

Boletin Adapt Número Especial dedicado a Reforma Laboral

Las instituciones académicas responsables de este Boletín, Asociación Argentina de Relaciones de Trabajo, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Unam -México-, el Instituto Europeo de Relaciones Industriales y el Centro Studi Marco Biaggi, Universidad de Modena, Italia, nos honran al asignarme la responsabilidad de ser el Editor de este número, que cuenta con varios trabajos nuestros, así como de otros autores, y noticias relacionadas con la reforma.
En la sección Publicaciones Académicas del presente blog, encontrarán el vínculo para llevarles al Boletín.

El Descenso de la Convención Colectiva

Las convenciones colectivas son hijas de la libertad sindical. En tanto esta experimente restricciones ellas se reflejan en el desenvolvimiento de las primeras.  Al plantearse su análisis es necesario tener presente el contexto que permite su evolución.

                Lo anterior se afirma por el marcado descenso que experimenta la negociación colectiva  en los últimos años, no obstante que la situación económica no es de crisis. Salvo los años 2002 y 2003, con descensos pronunciados en los indicadores económicos, el resto de estos años que corren del siglo XXI, no darían razones económicas al descenso de las negociaciones colectivas.

|          Las negociaciones colectivas han venido paulatinamente reduciéndose. Veamos el contraste, de los cerca de dos mil convenios colectivos alcanzados anualmente en varios años de la década del setenta; en los que corren de 1999 al presente, hubo dos años que apenas se superaron las setecientas negociaciones, 1999 y 2000, con 753 y 741 respectivamente. Se destaca que no obstante las dificultades financieras de la economía venezolana en los años noventa, recuérdese que el precio del barril del petróleo llego a bajar hasta ocho dólares, no obstante no hubo menos de un mil convenios negociados y firmados en cada año. En los años del presente siglo, el número de convenios negociados ha oscilado entre un mínimo de 360 –año 2009- y un tope de 680 –año 2007- anualmente (Memorias del MPPTSS).

                En las relaciones de trabajo primero surgen las organizaciones de trabajadores y luego las convenciones colectivas. Para ambas instituciones un marco favorable para la libertad sindical es imprescindible. El marco comprende varias dimensiones, pero es esencialmente político. Es decir, que las fuerzas dominantes en una determinada etapa histórica convengan en facilitar el desarrollo de estas instituciones. Por supuesto que la conveniencia de las fuerzas en el poder está sujeta al peso de las presiones y demandas de los diversos sectores. Promover un determinado modelo,  gobernar, mantenerse en el poder, son razones y motivaciones que mueven a quienes están gobernando. Que representan en ello la libertad sindical y las negociaciones colectivas es una inquietud que se aborda en el presente documento.

                Alienta el análisis el hecho de haberse decretado por vía habilitante una nueva ley del trabajo –Lottt-, y que introduce nuevas regulaciones al desenvolvimiento sindical y al de las negociaciones colectivas.

                En las relaciones de trabajo venezolanas, la negociación y la convención colectiva se instalaron positivamente en la práctica de los actores laborales directos.  En los antecedentes de las negociaciones colectivas se cuenta que es una institución que recibió su mayor impulso de los años sesenta en adelante, al tiempo que se extendía la sindicalización en el marco del fomento de la industrialización por sustitución de importaciones, y de la instalación de las empresas básicas por parte del Estado.

Luego en los años setenta la institución experimenta otro salto en su desarrollo al extenderse el mecanismo en al ámbito de las entidades estatales. En los primeros años de la década del ochenta, consecuencia de las primeras manifestaciones de dificultades económicas, luego de varias décadas de crecimiento sostenido la institución se resiente.

La negociación colectiva está descentralizada, predomina la negociación por empresas; sin embargo, existe un régimen legal que permite la negociación por rama de industria, la cual se ha desarrollado discretamente. El escaso desarrollo de la negociación por rama de industria va asociado al hecho de predominar como unidad de organización de los trabajadores, el sindicato de empresa. Además, los empleadores privilegian negociar por empresa, incluso en aquellos grupos que están conformados por varias empresas vinculadas entre sí.

Se mantiene como negociación más importante a nivel nacional de rama productiva, la del sector de la construcción. Otros sectores practican este tipo de negociación, pero no a nivel nacional, sino regional; tales son los casos de gráficos, lavanderías, estaciones de expendio de gasolina; por cierto, se trata de unidades productivas en donde predominan pequeñas y medianas industrias.

En las más importantes negociaciones colectivas, como en la industria petrolera, siderúrgica, hierro, empresas estatales en general, existe una notable intervención política orientada a impedir la ocurrencia de conflictos como consecuencia de las negociaciones colectivas. Estos contratos, tradicionalmente ejercían una notable influencia en el resto de las convenciones colectivas. Hoy innumerables centros de trabajo del ámbito privado exceden en los beneficios salariales y económicos en general a aquellos, además de su mayor  cumplimiento, en tanto en las convenciones colectivas del sector público es traumático el desarrollo de las relaciones de trabajo por el no cumplimiento de lo negociado.

¿Qué factores contribuyeron al decaimiento de las negociaciones colectivas? En líneas generales el gobierno ha sido poco amigable con el desarrollo sindical. En un principio entendió que el sindicalismo era una base de sustentación del antiguo régimen, y por tanto debía mantenerlo a distancia. Agréguese que el liderazgo sindical hizo causa común con el empresariado en acciones de confrontación abierta con el régimen, y de ellas salió derrotado. Ante el vacío dejado por el sindicalismo opositor, el gobierno fomentó un sindicalismo propio, pero con limitada autonomía, que no facilitaba el fomento de negociaciones colectivas como práctica reivindicativa propia del movimiento.

En la próxima contribución se analizará que plantea la nueva legislación laboral al respecto ¿continuará el descenso o habrá un repunte?

VISION OPERATIVA Y REFLEXIVA DE LA REFORMA LABORAL

                                                                                In Memoriam OEU
         
La entrada en vigencia de la nueva Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras –Lottt-  ha impulsado y reanimado la reflexión y análisis de la situación laboral. Aunque predomina en los encuentros de los interesados, más que todo, la necesidad de la comprensión  inmediata del extenso articulado, y sus impactos ya se sea trabajador, gestor de empresas, asesor, empresario o propietario. La diversidad de interesados, así como la cantidad que representa en la sociedad es lo que sugiere el carácter de contrato social de una nueva legislación laboral. Sin embargo esta nace como Decreto Ley Presidencial, y no como un resultado del parlamento con su correspondiente debate. Por tanto, un poco más lejano de la tesis de contrato social.

Lo anterior plantea la necesidad de reflexiones y análisis que trasciendan el asunto operativo inmediato, sin dejar de reconocer su necesidad, y nos ubiquen en un terreno que permita ver en perspectiva amplia el tipo de reforma que tenemos entre manos.

       El país ha tenido tres grandes leyes del trabajo, la de 1936, la de 1990 y la presente del 2012. La primera, en su momento, fue generosa con los aspectos individuales, beneficios directos a los trabajadores, pero restrictiva en los asuntos colectivos, tan importante porque tenía que ver con las organizaciones de los propios trabajadores. Hecho muy trascendente por significar la real y auténtica primera legislación laboral, que creaba las pautas e instituciones para el futuro funcionamiento de las relaciones de trabajo.

       La segunda, la de 1990, continúo la tradición ya abierta, pero moderó en los asuntos restrictivos de lo sindical o colectivo en general. Una diferencia importante con la primera ley laboral, es que en esta segunda ya había un movimiento de los trabajadores organizado que planteaba y discutía propuestas. Un hecho notorio es que esta reforma se hizo en el contexto del pleno clímax de las influencias neoliberales en la región, y de nuestro propio país por supuesto, y como ha sido analizado por estudiosos del tema, esta legislación al menos no guardaba correspondencia con ese proceso.

      Una de las fuentes en cuestión fue la rigurosa, científica y reconocida de Oscar Ermida Uriarte, académico uruguayo y por muchos años funcionario de la OIT en el área de Relaciones Laborales y Derecho del Trabajo, quien  clasifica en tres grandes categorías las reformas legislativas laborales en América Latina; en primer lugar las “Reformas desreguladoras”, incluye caso Panamá, Chile, Colombia, Perú, Ecuador; “Reformas que reafirman la protección unilateral”, incluye a nivel constitucional a Brasil, Colombia, Paraguay; en el nivel propiamente de leyes del trabajo, incluye a Venezuela, República Dominicana, Paraguay, El Salvador. La tercera categoría “La búsqueda de un camino intermedio” incluye solo a Argentina, que introduce un esquema para una verdadera flexibilidad negociada (ver en  1995 "América Latina: sinopsis legislativa, 1990-1994" en Revista "Relasur" No.6, Montevideo). Sirva esta nota referencial de recuerdo y homenaje a Oscar Ermida U, por estos días se está cumpliendo un año de su sentida desaparición.

      Ahora tenemos vigente la nueva LOTTT, que nos vuelve a confirmar la generosidad en el otorgamiento de beneficios individuales, incluso muchos de ellos no alcanzados en los más avanzados convenios colectivos de las Relaciones de Trabajo venezolanas.

     A propósito, hace pocos días compartí evento con representantes sindicales, entre los cuales había un grupo importante de empresas manufactureras, y en  ninguno de sus convenios colectivos se había alcanzado las cuarenta horas semanales, no obstante contar con una tradición contractual de largas décadas ¿Esto que representa? Por un lado evidencia cuales han sido las propias capacidades tanto productivas como de los actores de esos centros de trabajo, en correspondencia con las del país;  segundo, que la conquista de las 40 horas en la Lottt no resulta un logro del propio movimiento, sino de la generosidad presidencial. El afiliado entonces construye una percepción que interpreta más le debe al poder presidencial que a sus propias organizaciones. Nada insignificante asunto, en términos de la construcción de un poder sindical autónomo.

       En América Latina y el Caribe, la jornada de 40 horas semanales sólo existe en Ecuador. Seríamos el segundo país en alcanzarla. A propósito, es significativo el esfuerzo que viene haciendo el movimiento sindical brasilero por conquistarla. Conquistaron las 44 horas semanales y así se plasmó en la Constitución de 1988, desde entonces la economía brasilera ha pasado de una posición secundaria en el concierto mundial a ser la sexta economía en el planeta;  su productividad se ha incrementado ampliamente en más del 200%. Lo que resulte de sus esfuerzos organizativos, técnicos y políticos, serán un elemento más del patrimonio laboral nacional, con real protagonismo de su movimiento de los trabajadores.

      Es importante destacar que el avance en la consecución y conquista de mejores reivindicaciones para el trabajador es propio del desarrollo social al cual ha de aspirarse y actuar en consecuencia. Sin embargo, entendemos que este es una materia que ha de tener como actores involucrados a los propios actores del mundo laboral, trabajadores y empleadores, ya que en definitiva es sobre ellos que recae el cumplimiento y administración cotidiano de los avances. Por supuesto que junto al Estado, ya que dos razones centrales lo explican y justifican, primero su condición fundamental de regulador, y segundo que también es un empleador de magnas dimensiones, que ha de ser modelo de cumplimiento con sus servidores.  

CONSTRUCCION REGULATORIA PARA TRABAJADORES INDEPENDIENTES

Uno de los planteamientos más frecuentes expresados por analistas laborales en cuanto a la nueva legislación laboral es su falta de correspondencia con un mercado laboral atrofiado, en donde el empleo dependiente formal, representa una parte del universo, en tanto la otra parte la representa un heterogéneo haz de diversas actividades comprendidas en la llamada informalidad. Como es conocido la legislación apunta su contenido para los primeros, en tanto para los segundos, la aspiración de su atención consideramos reposa más en la legislación de la seguridad social y del empleo. Para mayor ampliación, se puede ver nuestra contribución “Reformas Laborales y Desigualdad” en  http://hectorlucena.blogspot.com/2011/11/reformas-laborales-y-desigualdad.html; también en “Una ley para los trabajadores” en http://hectorlucena.blogspot.com/2012/05/una-ley-para-los-trabajadores.html

                Sin embargo en la nueva Ley Orgánica del Trabajo, de Trabajadores y de Trabajadoras –Lottt-, se mencionan diversas actividades ejercidas de manera autónoma, sin relación de dependencia, o en todo caso con una relación un tanto difusa. Varias de estas categorías están comprendidas en el Titulo IV “De las modalidades especiales de condiciones de trabajo”, y se hace referencia a otros segmentos en otras partes del extenso articulado.

                Concretamente son mencionados los motorizados, tanto los que prestan servicios de mensajeros como lo novedosa ocupación de mototaxista. De estas categorías no se localizan datos para tener una idea de que universo estamos hablando, pero obviamente en las cuatro o cinco principales ciudades del país es un segmento importante. También son mencionados los conductores del transporte de personas y de carga, trabajadores a domicilio, deportistas profesionales, trabajadores del arte y cultura, trabajo en el hogar y trabajadores agrícolas. En todos estos casos se adelantan algunas regulaciones, pero lo más importante es que se anuncia la elaboración de leyes especiales para cada uno de estos segmentos.

                Lo anterior deja ver un propósito de regulación del trabajo de estas actividades predominantemente informales, pero que aún no se ha elaborado las regulaciones correspondientes.  Como se trata de actividades sobre las cuales no hay una tradición de regulación, veremos si estas serán construidas con mayores consultas que lo hasta ahora regulado. Hay que destacar que cuando se regula para los sectores formales, y especialmente de las grandes organizaciones públicas y privadas, hay una tradición de negociaciones colectivas, que ofrecen el producto de los alcances regulatorios que los mismos actores han logrado en su  propia convivencia socio laboral, además de la jurisprudencia de la justicia laboral que va emitiendo pronunciamientos que son fuentes de las futuras regulaciones.

                Dialogar, oír, consultar, hacer estudios son condiciones convenientes para una regulación adecuada,   realista y efectiva en el propósito de proteger. Tenemos fresco el fiasco de la experiencia de falsos estímulos a la cooperativización a partir del Decreto Ley de Asociaciones  Cooperativas del 2001, más otros estímulos complementarios, que incrementó artificialmente la cooperativización de 130 mil personas en 1999, a 572 mil en el 2003, para luego ir reduciéndose y en los datos del 2010 regresamos a 200 mil cooperativizados. Agréguese a esto que este fenómeno es uno de los que sirvieron para el aumento de la tercerización fraudulenta, de las cuales son practicantes empleadores públicos y privados. En fin con realismo y experiencia el movimiento cooperativo en su momento,  tuvo la oportunidad de alertar de las desviaciones que surgirían con regulaciones mal orientadas.

                Estos segmentos de trabajadores mencionados, la mayor parte de ellos no cuentan con el acervo y la tradición organizativa y reflexiva,  que si tiene el movimiento cooperativo para poder fijar sus criterios y orientar procesos de construcción regulatoria. Sin embargo, es de desear que se abran procesos de consulta amplios para que las regulaciones que resulten no traigan más problema que soluciones y convivencia para el quehacer productivo.

DISCURSO Y REALIDAD LABORAL: PRESTACIONES SOCIALES Y TERCERIZACION

Desde las Relaciones de Trabajo suele mirarse atentamente la lógica de otras disciplinas, quizás por ser una disciplina nueva que mira con respeto procesos en donde comparte análisis con otras disciplinas, partiendo del entendido que los fenómenos son mejor analizados cuando sobre ellos recaen enfoques amplios que no pretenden monopolizar la verdad, sino contribuir a su interpretación y conocimiento.

Lo anterior nos lleva a observar que en la ciencia económica se tiene muy presente las expectativas del consumidor para la toma de decisiones, igualmente las expectativas del inversionista que anda en la búsqueda de la ganancia. Inclusive anuncios determinados sobre tales o cuales políticas económicas y sociales influyen en el comportamiento de los llamados agentes económicos, que los lleva a decidir X o Y, o más bien no decidir.

Las reflexiones anteriores apuntan a considerar el tema del discurso sobre asuntos relevantes de las Relaciones de Trabajo y sus consecuencias. Especialmente cuando el discurso proviene del  ámbito estatal o de fuerzas que forman parte del poder. Dos procesos laborales importantes reflejan la reiteración de un discurso y sus eventuales consecuencias: se trata de  Prestaciones Sociales y Tercerización.

Con la reforma del régimen de Prestaciones Sociales de 1997, surgió desde las trincheras opuestas a lo aprobado, para entonces en posiciones opositoras, la consideración que esa reforma significó un “robo” “un despojo” para los trabajadores. Ese discurso se ha repetido a lo largo de quince años. En este lapso no hubo evaluaciones y estudios de las autoridades del trabajo que permitieran sopesar si el discurso era cierto, o lo contrario, que la reforma era necesario como lo sustentaron los reformadores de entonces.

Resulta que hoy al fin tenemos una decisión que ayuda a evaluar la situación. Se trata que la nueva Ley Orgánica del Trabajo, de los Trabajadores y de las Trabajadoras integra el texto de la reforma de 1997 con el régimen derogado en ese entonces, atendiendo esto último  a la exigencia de la disposición transitoria cuarta, tercer ordinal, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Esta confirmación del texto de la reforma de 1997, deja en manos del trabajador decisiones  sobre el destino de los recursos que recibirá del patrono. Así como se establece que el monto que recibirá el trabajador por prestaciones sociales, será aquel que resulte mayor entre el total depositado en
cada  trimestre y el cálculo efectuado al terminar la relación de trabajo.

Los escenarios de cual régimen será más favorable para el trabajador tienen relación con otras variables, y muy especialmente la antigüedad del trabajador en la empresa, los incrementos salariales y la tasa de inflación. Este último muy dependiente de las políticas económicas que aplica el Gobierno.  De tal manera que según se conjuguen estas  variables, el  trabajador opta por uno u otro régimen. Con ello se desatanizan quince años de un discurso condenatorio de esta reforma. Cierto que ella incluyó otros asuntos de interés por su complejidad y significación, como el límite en los años de servicios impuesto para el pago de prestaciones, la salarización de la extrema bonificación salarial del entonces y el compromiso de la reforma de la seguridad social, que no se ha materializado, y que ameritaría un análisis aparte.

Con el discurso sobre la Tercerización ocurre otra situación problemática. El fenómeno de apelar a contratistas, intermediarios, subcontratistas para atender actividades que son del interés del contratante no es nuevo. Lo controversial del asunto es cuando a través de estas contrataciones se ingresa personal con menores beneficios para hacer las mismas funciones que hace o hacía el personal propio del contratante, y al mismo tiempo se destaca que son actividades centrales del contratante, es decir no accesorias ni eventuales.  

Este fenómeno tuvo un gran apogeo en la industria petrolera en los años cincuenta, y con el advenimiento de la democracia, por la vía de la acción sindical se logró hacer extensivo los beneficios del contrato colectivo firmado en 1960, a todos los que estaban en esta situación, y el problema pudo controlarse.

No obstante la búsqueda gerencial desde la organización del trabajo de mecanismos para bajar costos y contar con mayor competitividad en los mercados, aprovecharon en nuestro caso, la apertura a las Empresas de Trabajo Temporal  -Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo de 1999-, así como la entrada en vigencia del Decreto Ley Asociaciones  Cooperativas, del 2001, acompañado de otras disposiciones que fomentaron ampliamente desde las políticas públicas de manera indiscriminada este tipo de tercerización, por tanto se extendió ampliamente en una gran cantidad de actividades de empleadores públicos y privados.

Sólo fue con motivo de la re estatización de Sidor, 2008, que el tema tercerización jugó un papel importante como motivador  de la decisión tomada por el gobierno.  De ahí en adelante el discurso condenatorio de la tercerización ha cobrado una energía creciente.

Pues bien, hoy es común observar la avalancha de aspiraciones de trabajadores de los más diversos servicios de apoyo a empresas importantes, de ser incorporados a la nómina de la empresa contratante.

El discurso en estos temas no es indiferente a consecuencias en las aspiraciones y en la conflictividad. Veremos cómo son manejadas estas situaciones.

COMO NOS PREPARAMOS PARA LA NUEVA LEGISLACION LABORAL

La nueva LOTTT ha generado un intenso intercambio de actividades de divulgación. Es un proceso reciente. Apenas el 30 de Abril el país pudo conocer el texto global de la propuesta de reforma, y una semana más tarde se publica en la Gaceta Oficial y entra en vigencia, con vacatio legis en algunas pocas disposiciones.

La legislación laboral ha sido llamada como un contrato social, ya que se trata de regular la relación capital y trabajo en el proceso de producción de bienes y servicios, y junto a ello los compromisos de las partes directas de este proceso, tanto en derechos como en obligaciones. Por ello resulta tardío que el país se entere de todo su contenido apenas a una semana de su entrada en vigencia.     

              

Los impactos de todo este texto podían haber sido analizados a priori con amplia participación de las entidades involucradas, de los ámbitos públicos y privados. Al menos con una aproximación razonable, como la que deriva de un proceso con mayores disponibilidades de tiempo, y de participación plural. No fue así. La naturaleza del procedimiento seguido para la construcción legislativa no fue amplia. El hecho mismo de construirse en el marco de una habilitación especial al Presidente, otorgándosele poderes legislativo, cerró vías que son entendidas como las propias de lo que se asocia con un contrato social.

Ya hoy es una legislación vigente y toca a todos los involucrados aplicarla. Y en el propio camino se irán determinando las evaluaciones y análisis de sus impactos. Tempranamente empezaron los ajustes, como ha ocurrido entre el texto que se envió al Tribunal Supremo de Justicia y que una semana más tarde se publicó en la Gaceta Oficial. Rectificaciones en dos áreas importantes, una relativa al pago de las prestaciones sociales, cuando están en la contabilidad de la empresa,  que originalmente se había indicado tasas pasivas, y se corrigió al regresarse a lo que ya existía, la remuneración de este capital pero con tasas promedio entre las activas y pasivas. Otro ajuste observado es en la confusa situación del trabajo en el día sábado, y el traslado del impacto a un mayor disfrute en vacaciones.

En general la entrada en vigencia de la ley ha venido siendo celebrado. Claro que desde el gobierno, y las entidades sociales que le siguen. Por el lado empresarial empiezan a manifestar su preocupación. Son costos adicionales en lo que respecta al mantenimiento de la fuerza de trabajo, además de un conjunto de adecuaciones administrativas, organizacionales y productivas de significativa complejidad.Entre ellas destacan las relacionadas con los cambios en el tiempo de trabajo.

Del lado sindical no oficial, se exteriorizan las preocupaciones por las mayores restricciones al ejercicio de la libertad y autonomía sindical, tan necesaria para el desarrollo de las negociaciones colectivas, y de las relaciones de trabajo en general.

Es de esperar que las autoridades de la Administración del Trabajo se adecuen a los nuevos papeles. De paso se observa en la nueva legislación, una ampliacion significativa de las atribuciones de los Inspectores del Trabajo. Este cambio, como casi todos los observados,  no cuentan con los razonamientos y estudios, al menos brindados e informados a la sociedad y especialmente a los actores laborales, para así darle sentido a los nuevos papeles y funciones.

Finalmente el Estado empleador, el de los dos millones seiscientos mil trabajadores, que ya con la vieja legislación venía acumulando deudas laborales y retrasos en las negociaciones colectivas, entre los más destacables déficits de sus relaciones laborales, entrará en una nuevas reglas, que al igual que el sector privado se le incrementarán sus costos.

El ciudadano trabajador quiere conocer cuan preparado está el Estado y el aparato productivo para darle cumplimiento a los nuevos compromisos. ¿Cuantos recursos son necesarios? ¿Cuanto más nos costarán los bienes y servicios? Y no se trata de un sesgo economicista que no prioriza la justa remuneración del trabajo, sino que si no se tomó en cuenta la viabilidad económica en la construcción legislativa, habrá que tenerla muy presente en la etapa de aplicación. 

Una ley para los trabajadores

​Ya es un hecho que el país cuenta con una nueva legislación laboral. Ahora llamada Ley Orgánica del Trabajo, de los Trabajadores y Trabajadoras, que para mayor facilidad llamaremos LOTTT.

 ​Es un texto que contiene modificaciones que exceden lo que venía siendo identificada como reforma puntual. Es decir que fue más allá de la modificación requerida por la disposición transitoria, que refiere al régimen de prestaciones sociales, a la reducción de la jornada y al aumento del tiempo para las prescripciones. También fue más allá de la reforma que llamamos adecuación, que incorporaría normas que adaptaban la nueva ley laboral a modificaciones que estaban en el cuerpo de la Constitución Bolivariana de la República de Venezuela.

 ​La reforma que tenemos por delante cabe en la categorización de reforma amplia, y como lo dice el Vicepresidente para el Área Social, Nicolás Maduro “es la primera ley en el tránsito y en la construcción del socialismo”.  Esa afirmación obliga a analizar detenidamente todo este texto, así como el desarrollo de las instituciones que le acompañan.  Esta frase ya se ha oído con anterioridad al aprobarse otras leyes.

 ​En nuestra contribución anterior veníamos analizando el fomento o promoción del empleo, destacando la manera como se ha venido comportando el mercado laboral, y como es obvio los condicionantes central de este tema están ligados al marco regulatorio existente, a las inversiones y la confianza existente.

 ​Toca investigar aspectos de esta nueva LOTTT que inciden en la confianza de los inversionistas y empleadores, especialmente para estimular o no las inversiones, condición necesaria para la creación de empleos.

 Los gremios empresariales han sido parcos en revelar sus análisis al respecto. Suponemos estarán abocados a ello. Lo que sí ha predominado son las naturales declaraciones opuestas y/o escépticas en torno al proceso seguido para la construcción de esta nueva ley, y con toda razón ya que tuvo un notable déficit de participación empresarial.  Es importante conocer de fuente directa que el empresariado informe con elementos lo más objetivo posible, sobre el impacto de esta ley en el funcionamiento productivo.

 Ya con el marco regulatorio anterior y el conjunto de las políticas económicas, el empleo se venía resintiendo. Sólo crecía a nivel formal el empleo público, pero con las reservas de que la mayor parte era simplemente empleos de pasaban del sector privado al público, consecuencia de las estatizaciones. En tanto el empleo informal mantiene su espacio  en el conjunto de la población económicamente activa.

 ¿A cuantas personas beneficiará esta ley? A la población trabajando en el sector formal sin duda. En la informalidad, no dejará de beneficiarle pero en una proporción menor. Las unidades productivas en este sector no son fácilmente controlables e inspeccionables por las instituciones de la Administración del Trabajo. Hay que recordar que en los seis y medio millones que laboral en el sector formal, según el concepto de informalidad adoptado por OIT en  2003, y que aún no ha lo ha sido por la entidad de recolección y procesamiento estadístico nacional –INE-, hay importantes contingentes de informales, dado el hecho de no estar cubiertos por la legislación y la seguridad social. En un análisis posterior es importante observar que tantos elementos se observan en este nuevo texto que contribuyan a integrar en la formalidad a estos contingentes.

 Hemos destacado que una legislación del trabajo es una regulación para la relación entre las partes; sin embargo en el discurso oficial se repite erróneamente que es una ley para los trabajadores. Si que quiere construir autenticas leyes e instituciones para los trabajadores hay dos campos esperando ser atendidos, uno el de la seguridad social y el otro el del empleo. Ahí están las opciones esperando. Parece que en ese orden de ideas, se inscribiría la reciente medida de plantear desde el Ejecutivo que los trabajadores informales pasarían a la Seguridad Social. Es un anuncio que no trae nada nuevo, porque ya desde hace largos años, existe en la Seguridad Social el régimen de inscripción de los informales, pero que ha tenido muy poco éxito. Una razón importante es porque exige a los informales cotizar tanto el aporte de trabajador como el aporte patronal, sumando todo el 13%, mucho más que lo cotizado por los trabajadores dependientes del sector formal. Se confirma este mismo esquema, así que no parece cambiará mucho lo que hasta ahora ha ocurrido.

 Con el régimen prestacional de empleo, vigente desde el 2005, y sin construirse la institucionalidad necesaria, deja como resultado que todo el potencial de apoyo que el Ejecutivo debe a los trabajadores en cuento a empleo, orientación, inserción, capacitación, formación,  se dejan de ejecutar.

 Hay mucho que hacer con la denominación de una ley de y para los trabajadores.

LA PROMOCION DE EMPLEOS: Aciertos y fracasos

Promover empleos es responsabilidad fundamental de un Estado. Para ello es necesaria una alianza con los sectores privados, tanto los del capital como los del trabajo. No se trata que sea el Estado quién absorba la mayor cantidad de contingentes de trabajadores, sino que promueva las condiciones y facilidades para que se creen empleos.

En los años que corren del presente siglo ha ocurrido un proceso contrario a lo expuesto en el párrafo anterior. Es el Estado quién ha aumentado notablemente la nómina de personal. Entre agosto del 2000 e igual mes de 2010, la nómina del sector público se incrementó 79,2%, de modo que 1.024.595 trabajadores ingresaron al aparato estatal. Por su lado la nómina del sector privado en ese mismo lapso apenas creció 27.5% (Provea Informe anual 2011, con datos INE). Lo lógico no es que empleo estatal crezca tres veces más que el privado.

Lo anterior sería menos complicado si no consideramos que buena parte de ese empleo adicional en el sector público, eran empleos que ya existían. Que lo ocurrido es producto de la estatización de empresas privadas, por lo que estos empleos sencillamente pasan entonces al sector público.  Para mayor ampliación ver http://hectorlucena.blogspot.com/search?q=Empresas+Estatizadas
http://hectorlucena.blogspot.com/2011/12/ubicacion-y-balance-de-empresas.html

Debe considerarse que el empleo público ha de dividirse en dos grandes categorías, uno que forma parte de las empresas estatales, que elaboran productos y servicios que igualmente elaboran o elaboraban los privados. Destacamos esto último porque ha habido la tendencia a crear monopolios estatales, dejando de lado al sector privado en cada vez mayor cantidad de ramas productivas.

El otro gran segmento del empleo público, el mayoritario es aquel que atiende los servicios públicos tradicionales de la actividad estatal, como son educación, seguridad y defensa, salud, justicia, tramitaciones burocráticas diversas. En el Producto Interno Bruto este componente forma  parte de la actividad de servicios y se mide por los sueldos que remuneran a quienes ahí laboran. Es una medida gruesa poco sofisticada, ya que no precisa la calidad, resultados  e innovación de lo logrado con estas remuneraciones. En otro análisis es menester detenerse en la calidad y resultados en este orden. Hay servicios estatales que claramente a pesar de contar con más personal han desmejorado.

Es interesante entonces tener presente que la medición de la actividad privada es por la cantidad de bienes y servicios producidos para la sociedad, sea al mercado interno o para la exportación. Aunque este último destino se ha venido notablemente a menos, salvo la actividad petrolera que saca el oro negro del subsuelo y lo manda al exterior, de ello una porción minoritaria con el valor agregado de la refinación, que también suple el consumo interno.

En el sector privado,  la medición no está determinada por los sueldos y salarios, sino cuanta facturación en Bolívares han tenido los negocios, a partir de las unidades producidas – primario y secundario- o los usuarios atendidos, con su correspondiente facturación – servicios-.

Estos parámetros sugieren que el tema del empleo requiere de una alianza como ya se destaco al principio. Resulta que a lo largo del presente siglo no ha habido iniciativa alguna para que produzca un plan o programa que tenga este objetivo.

Lo más concreto que se observa en las políticas públicas en cuanto al tema del empleo, es la protección de los ya existentes, a través de los decretos de inamovilidad, así como vigilancia y monitoreo vía Administración del Trabajo. Pero esto no ataca ni abona al tema de la creación de empleos.

Por otro lado las políticas públicas adoptan el enfoque de misiones para atender este problema. Estas estrategias se desarrollan sin acuerdos con los sectores productivos, ni con las organizaciones representativas de los trabajadores, son iniciativas totalmente estatales a lo sumo con organizaciones comunales, que son direccionadas por el aparato público. Igualmente no descansan en regulaciones que permitan contar con reglas definidas para los involucrados, sea quienes crean y  ofrecen puestos de trabajo como quienes andan buscando un empleo, sea el primero en la vida laboral, tan difícil por la demanda de experiencias, como quienes se ven obligados a procesos de movilidad ocupacional por razones de crecimiento profesional o por razones familiares.

También es importante destacar que el enfoque de misiones es administrado con sesgos que implican discriminaciones tanto en el acceso como en el mantenimiento de las personas dentro de los programas, desnaturalizando una autentica igualdad de oportunidades, como es lo natural en toda actividad que se realiza con dineros públicos, y aún más el empleo que es una obligación estatal fomentarlo, y es un deber de los ciudadanos.

Reforma Laboral y Confianza

Las reformas laborales pueden ser para avanzar o para retroceder. Mejor decir pueden ser para que avance o retroceda el capital o los trabajadores, en sus relaciones de trabajo. Igual consideración es conveniente resaltar con respecto al regulador, el Estado. Una reforma puede ser para que acentúe su papel regulador o para que lo comparta con los actores sociales.

                En estos dilemas se debate un proceso de reforma. Las variables que contribuyen a contener los límites o los extremos de un resultado determinado, están en función de la manera democrática y participativa como se realice la construcción de la reforma, así como su aprobación.

                No menos importante es la consideración de la situación en la cual se encuentre el desarrollo económico, social y político de la sociedad en cuestión. Lo que podríamos identificar como el contexto. El diagnóstico de lo económico no puede eludirse en un proceso de reforma, sin que necesariamente esté ajeno a los intereses sociales y políticos. En todo este proceso no hay alusión alguna a esta dimensión.

                Los constructores y  reformadores actúan en función de la visión que tienen de la sociedad, así como de sus aspiraciones sobre el deber ser de la actividad productiva y de las relaciones que en ella ocurren. No es un asunto menor admitir esta premisa. Se reconoce que en la sociedad venezolana no hay una visión compartida de país. La polarización es notable y marca todas las actividades. Cuesta ver un área de la acción pública que sea construida a partir del consenso.

                No quiere significar la ausencia de un modelo de país único, que toda la sociedad ha de suscribir de modo conformista una visión dada. Los ciudadanos conviven en una situación común, a lo mejor percibida con algunas diferencias, dada experiencias, edades, ubicación socio económica, vínculos políticos, formación. Pero la cotidianidad en cuanto a los asuntos básicos va homogenizando las percepciones, digamos en asuntos como la seguridad, el empleo, el nivel de bienestar, los servicios públicos.

                En este proceso de reforma hemos visto como se hacen anuncios sobre temas medulares de las relaciones de trabajo, por sus impactos  y consecuencias, sin que se acompañe el reconocimiento del estudio de lo que tenemos en el funcionamiento laboral venezolano.

                Se formulan anuncios generosos con el sector de los trabajadores. Salarizar el régimen de prestaciones aprobado en 1997, ya que es un derecho adquirido, que puede llegar a noventa días adicionales de ingreso, con todas las incidencias en otros conceptos que han de pagarse al trabajador, y  al mismo tiempo regresar el sistema de prestaciones sociales de recalcular con el último salario toda la antigüedad del trabajador. Que los dos sistemas coexistan para beneficio del trabajador. En el mismo orden otros anuncios generosos, informan de rebajar la jornada de trabajo en hasta nueve horas semanales!!.. o en aumentar el disfrute de vacaciones en más de diez días de disfrute, así como el pago de hasta treinta días desde el primer año.

                En ese orden son los anuncios de los miembros de la comisión presidencial, todos del proyecto oficialista. Parece un festival de quién ofrece más.  Es razonable que un proceso de reforma sea un  proceso controversial entre los distintos intereses que participan de las relaciones de trabajo, así como entre las diversas corrientes de pensamiento que el país escogió y llevo a los curules parlamentarios. Con este escenario se minimizan resultados sectarios.

                Muy a pesar de los anuncios generosos hacia la población trabajadora, llama la atención sus reservas mostradas ante el anuncio gubernamental del traslado de las prestaciones sociales ubicadas en fideicomisos bancarios y en el capital de las empresas, a un fondo estatal para acumularlas y administrarlas. Inmediatamente se produjo un nerviosismo colectivo, que dejó en evidencia la desconfianza en el gobierno, al menos en el manejo de recursos, así como también dejó en evidencia que la reforma de 1997 es sentida por la población trabajadora, al tener conciencia de los beneficios que ella ha traído.  

                Las razones para la desconfianza son visibles. En primer lugar la mora que el gobierno tiene con sus servidores en el pago de lo correspondiente a la reforma del 1997, hace ya quince años. No se hicieron los pagos para pasar al nuevo sistema, hay deudas con los fideicomisos, en muchos casos no se constituyeron. Quién deja de prestar servicios en el sector público debe esperar varios años para cobrar su dinero que es de exigibilidad inmediata.

En segundo lugar el modo como se manejan los recursos del IVSS. Si bien es meritorio que el número de pensionadas se haya triplicado entre 1998 y el 2011, pero no hay que dejar de destacar que todos sus pagos se hacen con recursos que provienen de la renta petrolera o de ingresos fiscales como el IVA que lo aportan los ciudadanos.

Al fondo de jubilaciones más poderoso del país, como es el de los trabajadores petroleros se le hizo un desfalco de varios cientos de millones de dólares. Hay detenidos, pero en los EEUU ya que se violaron leyes de inversiones de ese país.

En 1987 se creó el fondo de jubilados de las administración pública, a los funcionarios de les descuenta el 3% de su salario, y aún este fondo no ha financiado jubilación alguna. Se desconoce de los activos de este fondo. Lo lógico es que cada cotizante tenga un estado de cuenta de su fondo.

A pesar de los generosos anuncios en la reforma laboral, las reservas de la población trabajadora persisten.

Reforma de la Ley Orgánica del Trabajo ¿es una oportunidad o una amenaza?

La pregunta no puede ser neutra, ya que los temas implícitos tienen diversas lectura por los actores directos que tienen que ver con la materia, ya sean los económicos, los sociales o los políticos.

No existe una dimensión sólo económica, que prima en el interés de los empresarios, ni tampoco otra solamente social, que es privilegiada por los trabajadores, o una pura dimensión política, del interés central del estado. Más bien los que se aprecia es que para empresarios, trabajadores y estado, hay interés por las tres dimensiones, aunque no con el mismo nivel de atención y prioridad. Como se menciona en la literatura del campo, hay intereses convergentes y divergentes, lo que se expresa en zonas comunes para los tres, o para dos de ellos, o zonas del exclusivo interés de cada parte.

Lo otro es que el mundo del trabajo no está encapsulado, y por tanto mantiene una relación con el mundo exterior a los propios espacios productivos. Lo que ocurre en un determinado taller, oficina o cualquier centro productivo de bienes y servicios, tiene relación con el mercado, con los consumidores, con los usuarios, con los proveedores, con las comunidades en donde está inserta esta actividad, con los relacionados por diversos motivos que tiene toda entidad organizativa, y toda comunidad humana que atiende actividades productivas.

Las reglas del trabajo, si bien tienen entendido la desigualdad entre capital y trabajo, no son reglas exclusivas para los trabajadores, sino más bien para las relaciones entre ellos y la empresa. Hay principios que toman en cuenta la desigualdad, han de estar presentes en la construcción y el texto legislativo. A veces se oye mencionar que se está construyendo una Ley para los trabajadores. Es una expresión impropia. Tampoco cabe admitir que se trata de una ley para los empleadores. Es una regulación para la relación cotidiana que la convivencia productiva exige a empleadores y trabajadores.

Las exigencias que llevan a reformas laborales son diversas, pero para facilitar su análisis, la experiencia histórica ha mostrado que en algunos momentos los factores predominantes han sido para avanzar y en otros para retroceder. Entendiendo igualmente que los textos resultantes de los procesos de construcción legislativa son más equilibrados en tanto estos procesos sean más incluyentes, donde predomine el dialogo y la participación.

Hubo etapas históricas que el sector trabajadores fue apadrinado por otros agrupamientos, generalmente vinculados con partidos políticos promotores de cambios estructurales importantes, como puede considerarse el avance de reformas laborales ocurridas en el trienio 1945-8. Sin embargo el apadrinamiento luego deviene en relaciones de subordinación, colocándose el movimiento en situación subalterna, dando lugar a futuro a posiciones regresivas y conservadoras.

La motivación para una reforma laboral no es ajena a la situación económica reinante en una sociedad determinada. La valoración de dicha situación, en el sentido de que demande tal o cual tipo de reforma laboral, está ligada a las relaciones de poder existentes. Por ello per se no puede asociarse una reforma laboral a un hecho progresivo, al menos la experiencia histórica obliga a evaluar tanto en el momento de los procesos de reforma, como en su propia ejecución y funcionamiento.

En el actual proceso de elaboración de una reforma legislativa es notoria la carencia de consideraciones, que evidencien una revisión detenida del actual funcionamiento de las relaciones de trabajo. Hasta ahora todas las proposiciones sobre los temas en discusión son sustentados en las posturas de personas o de entidades, sencillamente porque es lo que aspiran y quieren. Pero poco sustento se muestra para justificar lo aspirado.

El funcionamiento de las relaciones de trabajo, por supuesto evidencia notables carencias, mal funcionamiento y problemas. Hay reglas sobre temas que pudieran salir airosas, aunque no necesariamente en todos los sectores y tamaños de unidades productivas.

Una elemental consideración de toda reforma laboral es el empleo. Pero hay que mirar primero el actual marco regulatorio y su relación con el empleo. En que medida lo favorece o no. Para ejemplificar, la estabilidad absoluta favorece al que tiene empleo, pero no al que lo está buscando. Por supuesto que no se trata de fragilizar al que lo tiene, en aras de favorecer al que lo busca, pero el asunto es que hay que compatibilizar, no sólo por los jóvenes que se incorporan, sino por la natural movilidad ocupacional que viene aparejada con el desarrollo tecnológico, ocupacional y productivo, y también con el desarrollo de las familias.

La debilidad del proceso de construcción de la presente reforma laboral, por supuesto tiene sus explicaciones, en otros artículos hemos destacado la desventaja de hacerlo en el marco de una campaña electoral, con la ya radical polarización dominante http://www.hectorlucena.blogspot.com/2012/01/la-reforma-de-la-ley-organica-del.html

Las argumentaciones a las que apelamos parecen ser incompatibles con la construcción regulatoria en este escenario.

El nerviosismo colectivo que ha sacudido al país ante anuncios específicos sobre el Fondo de Prestaciones Sociales, que multiplicó la demanda de solicitud de estos recursos ubicados en fideicomisos o en el capital de trabajo de las empresas es una clarinada de las consecuencias del improvisado proceso en construcción.

UNA DEUDA CON LA VERDAD

El año 2002 es sin duda uno de los más turbulentos en la historia venezolana contemporánea. En abril y diciembre ocurrieron fenómenos que aún hoy siguen presentes como fantasmas en el discurso político. Oiga Ud a un alto funcionario gubernamental y verá que ambos hechos estarán en su comentario. Son mencionados como culpables de las dificultades del proceso de desarrollo. Algo así que si no hubiesen ocurrido, hoy estaríamos en una situación material mucho mejor. Del lado opositor, hay señalamientos de las desviaciones, de las traiciones, del retroceso y de la oportunidad perdida.

En síntesis los hechos de abril, la destitución y la reinstalación del Presidente, y los de diciembre, el paro petrolero y algo mas en otros sectores, que se extendió por sesenta días, siguen siendo acontecimientos que exigen de la atención y del análisis. Es cierto que la persistencia del ambiente de polarización aún no lo facilita. Mucho menos en tiempos electorales.

Pero por un momento, imaginemos una comisión de la verdad con una integración plural, con amplias facultades para la investigación de los hechos. Impensable en este momento. Recuerdo se mencionó en el debate parlamentario realizado inmediatamente recuperada la normalidad, en el mismo Abril 2002. Pero no paso nada.

La paralización de las instalaciones petroleras – diciembre 2002- es mencionado como parte de un salvaje sabotaje, y ello es utilizado para execrar y estigmatizar a los despedidos de esta industria –cerca de 20.000 personas-. Incluso se asoman costos de los daños, y con ello se niega la restitución de haberes de estos trabajadores. Daños han de haber ocurrido, en toda paralización en una industria de proceso continuo es un hecho inevitable.

Igual han de haber ocurrido daños a partir del manejo de esas instalaciones por personas sin la suficiente competencia, reclutadas precipitadamente para contrarrestar un paro, que no contaba con un plan de contingencia. Aunque es importante reconocer que una buena proporción de jubilados en los segmentos más operativos se reincorporaron y jugaron un papel clave. Pero evaluar estos daños es un asunto confuso, y por ahora es unilateral.

Hay que recordar que este paro de Diciembre del 2002, fue promovido inicialmente por los gerentes, y luego se plegaron algunos sindicatos. Y es digno de destacar que la industria petrolera contaba para entonces con un historial exitoso de manejo de conflictos laborales, así como la implementación de planes de contingencia puestos en práctica por los mismos gerentes, pero que en esta inédita ocasión eran la vanguardia de los huelguistas.

Pero toda historia la cuenta con más altisonancia el vencedor. El vencido carga no sólo con la derrota del momento, sino con las acusaciones en el discurso cotidiano del vencedor. La historia está incompleta.

Con respecto a las consecuencias para el movimiento de los trabajadores, el pasado año por esta misma fecha elaboramos y divulgamos http://www.hectorlucena.blogspot.com/2011/04/11-de-abril-de-2002-costos-historicos.html

En esa oportunidad afirmamos que la participación del movimiento de los trabajadores en estos hechos opositores, significó una contundente derrota. El movimiento estuvo detrás de otras fuerzas cuyos propósitos no eran coincidentes con los suyos. El movimiento hizo el trabajo más difícil, enfrentar al gobierno, movilizar a los afiliados, para que finalmente surgiera de súbito un gobierno de facto con una composición ajena a los intereses del movimiento.

Además el movimiento perdió la energía que había acumulado en hechos que le fueron favorables, como la conducción de la huelga petrolera de septiembre del 2000 por la firma del convenio colectivo. El otro hecho a su favor, fue la apatía con la cual la población trató la iniciativa gubernamental del referéndum sindical, diciembre 2000; apenas se alcanzó una participación electoral del 22%. Durante el año 2001, varias movilizaciones de calle mostraban un movimiento de los trabajadores vigoroso y en recuperación. Para entonces la movilizaciones sindicales opositoras eran masivas y en proceso creciente.

La década transcurrida del 2002 a hoy, muestra un grado de fragmentación del movimiento que ofrece enormes debilidades. Buena parte de la energía del liderazgo sindical es consumida en las contiendas inter facciones. Es conveniente recordar que la fragmentación del movimiento, ya no sólo responde a las diversas corrientes ideológicas y políticas que hacen vida en el movimiento sindical, sino que han de agregarse otras expresiones organizativas estimuladas oficialmente para el ejercicio de la representación de los trabajadores.

Confiamos que en algún momento podamos oír la voz de todos los involucrados en estos acontecimiento y así aproximarnos a la verdad.