LO LABORAL EN EL CONFLICTO FRONTERIZO

  En pleno conflicto fronterizo se llevó a cabo evento “Los estudios del trabajo en Colombia y América Latina” organizado por varias instituciones académicas de Colombia con el apoyo de la Asociación Latinoamericana de Estudios del Trabajo. Como anfitrión del evento, la instalación estuvo a cargo del Decano de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional, Bogotá, Dr en Historia, Ricardo Sánchez Ángel, quién en ese mismo momento con muy sentidas palabras se refirió a este hecho que mantiene atentos a millones de pobladores de ambas repúblicas.

  Aquella audiencia integrada por profesores investigadores, estudiantes de postgrado y de pre grado comprometidos con los estudios del trabajo, tuvieron del Decano unas palabras que habíamos de considerar, por lo que empezamos por reconocer la gravedad de la situación y nuestra preocupación porque se encuentren soluciones.

  Por supuesto que no se trataba de hacer un análisis del complejo problema, porque ello desborda y va más allá de las responsabilidades que nos llevaron a este evento, que era la de presentar resultados de investigación en estudios laborales, pero sí de reconocer y exteriorizar el pesar que sentimos porque los acontecimientos si bien motivados por irregularidades causadas por grupos armados que han desbordado a las instituciones de ambos Estados, las medidas tomadas por el gobierno venezolano tienen implicaciones en colectivos laborales.

  El espectro de los grupos irregulares es diverso, si bien el gobierno venezolana subraya el paramilitarismo, hay que admitir que además hay presencia de las guerrillas organizadas y de delincuencia común, y que algunos se vinculan con intereses políticos, pero también están presente intereses económicos relacionados con narcotráfico, contrabando y otras actividades ilegales, pero lo significativo para el ámbito laboral es que las medidas tomadas del cierre de la frontera así como la declaratoria de estado de excepción han causado dificultades a personas de trabajo, sean trabajadores y sus familias como empresarios que de ambos lados de la frontera actúan en este territorio fronterizo como una unidad geográfico económico y humana.

  Cierto que las políticas y situación económica de uno y de otro país, se desenvuelven con sus propias dinámicas, por lo que si bien hasta mediados de la década del noventa, las relaciones comerciales entre los dos países era altamente favorable a Venezuela. Exportábamos mucho más que lo que importábamos de Colombia. La fortaleza y la capacidad de determinados sectores productivos permitía exportar diversos rubros, y por otro lado recibíamos como importación otros bienes, por lo que ambas economías eran complementarias. Pero esta virtuosa relación se ha alterado y hoy no exportamos casi nada a Colombia y por el contrario requerimos de muchos de sus excedentes de bienes. De ahí que cerrar las fronteras nos cierra el acceso a productos especialmente alimenticios que de otro modo, los tenemos que buscar a lugares muy distantes y con costos mayores de precios y de transporte.

  Pero siendo los estudios del trabajo la razón de nuestra presencia en Bogotá, un hecho como el cierre fronterizo, y de una frontera muy activa, implica el cierre del traslado de múltiples factores del ámbito laboral, cuya normalidad es pasar de uno al otro lado fronterizo, veamos:

- Trabajadores asalariados, que viven en un lado y trabajan en el otro, y laboran en algunas industrias ubicadas en el lado venezolano, en comercio, y lo más numeroso trabajadores que prestan servicios en ganadería y agricultura.

- Empresarios con propiedades productivas establecidas en cualquiera de los dos países;

- Trabajadores autónomos que con sus propios medios productivos tienen la frontera y al Estado Táchira y el Departamento del Norte de Santander como su habitat para sus actividades económicas;

- Personas que se vinculan con actividades económicas y laborales de empresas del amplio territorio tanto venezolano como colombiano, que han de utilizar la frontera para llevar a cabo actividades económicas legales.

  Destacamos estas actividades por ser legítimas y naturales al proceso laboral en todo espacio productivo sea fronterizo o no, pero conscientes que el espacio fronterizo es más complejo. Y de las complejidades que se han acentuado en los últimos años se cuenta el de los diferenciales cambiarios, la depreciación del bolívar y el precio de los productos regulados en el mercado venezolano. La moneda colombiana se ha apreciado con relación al bolívar, que da lugar a que los precios de nuestros productos y servicios sean muy baratos para quien percibe pesos colombianos, así como quién percibe dólares. Los sueldos colombianos convierten a quienes los perciben, en un comprador ventajoso en los establecimientos venezolanos, sean de la frontera o de cualquier ciudad del territorio venezolano. De hecho, el cierre de la frontera lo resienten en la Isla de Margarita casi tanto como en el Estado Táchira, porque el principal flujo turístico proviene de Colombia. El cierre fronterizo trae aparejado para estas poblaciones dedicadas al trabajo consecuencias de las cuales poco se menciona.

  Durante largas décadas y hasta hace como mínimo un cuarto de siglo, los venezolanos disfrutábamos iguales ventajas de las que hoy disfrutan los visitantes colombianos en nuestro país. Hay que decir obviamente que para entonces, los trabajadores venezolanos tenían mejores ingresos. Es por ello que muchos ciudadanos colombianos se vinieron a nuestro país, porque existía una ventaja cambiaria y mejores condiciones de vida. Cierto que una parte venían expulsados por la violencia, pero era el móvil menor. Hoy, es la evolución económica la que ha dado lugar al presente contraste, de ahí que esto más depende de como los conductores de la política económica en Venezuela la han manejado a lo largo de estas décadas, que de lo que circunstancialmente esté pasando en la frontera.

INCERTIDUMBRE EN EL PERSONAL QUE LABORA EN TRANSNACIONALES

El contexto venezolano ha sido complejo para las empresas multinacionales presentes en Venezuela a la llegada del socialismo del siglo XXI. En general, ha sido complejo para la gran mayoría de las empresas. Contradictoriamente, sí ha sido beneficioso el contexto que este régimen ofrece para el funcionamiento de un conjunto de ellas que se han creado para participar en negocios con el Gobierno. 

Aquí habría que incluir las mencionadas por algunos exministros del régimen  -aunque no identificadas-  como empresas de maletín, responsables estas empresas de la desaparición de miles millones de dólares. 

El negocio más floreciente de las empresas nacidas al calor del régimen, y en general para las  de anterior creación, fue que se beneficiaron por  su participación en la bonanza que se vivió entre el 2003-2008, y luego entre 2010-2011, pero simultáneamente algunas restricciones de política económica fueron complejizando su desenvolvimiento. De esas restricciones son notorias: 

1 El control de asignación-venta divisas usado de manera selectiva

2 La sustitución de empresas existentes por otras vinculadas con los nuevos socios estratégicos del Gobierno (China, Irán, Bielorrusia, Cuba, Brasil, Argentina); y

3 Agréguese a lo anterior los controles de la tasa de ganancia y las rigurosas inspecciones. 

Con respecto a éstas los nuevos socios estratégicos disfrutan de amplias libertades en materia de regulaciones laborales, como hasta el hecho de no existir sindicatos en una buena cantidad de empresas trasnacionales chinas, siendo Venezuela un país de larga tradición de activismo sindical, todo lo contrario del caso chino.

  El capital extranjero organizado en las empresas transnacionales está presente en todos los países que se planteen un esquema de desarrollo; igualmente, en los países ya desarrollados juegan un papel importante en un doble sentido: por un lado, crean empresas transnacionales; y por otro, son receptoras de empresas  que proceden de otras naciones  en sus actividades económicas. 

  Se entiende que tales empresas acumulan experiencias y conocimientos que el país receptor ha de aprovechar de múltiples maneras; por un lado, para ofrecer productos y servicios a su mercado interno; pero  también esto puede ir más allá como poder exportar a mercados externos regionales. Además estas corporaciones han de ofrecer oportunidades de empleos y que estos permitan condiciones para el  desarrollo de personal. 

  No obstante los juicios anteriores, connotados analistas exponen algunas reservas al respecto,  tal como lo señala Joseph Stiglitz: “A medida que los países en desarrollo y los mercados emergentes abren sus puertas a las multinacionales, se hace cada vez más importante que puedan imponer impuestos a estos gigantes, gravando las ganancias generadas mediante la actividad empresarial que se produce dentro de sus fronteras. Apple, Google y General Electric han demostrado que a la hora de encontrar maneras de evadir impuestos son aún más geniales que cuando desarrollan productos innovadores”.

  Está de parte del Estado y de los actores nacionales asegurarse el provecho de estas oportunidades. Bien sea con los aprendizajes tecnológicos y las modernizaciones que ello conlleve, debido a  que  juegan papel clave los proveedores y los distribuidores asociados, o con la fuerza de trabajo que preste servicios en estas corporaciones y las cadenas productivas. Obviamente, un Estado que no preste atención o sea negligente en estos aspectos, así como el que unos actores laborales no logren constituirse, o si constituidos carecen de capacidades para asociar la presencia de esas corporaciones y su condición de trabajadores con el beneficio y retorno para la sociedad, se vuelven cómplices de ese papel estigmatizado que experiencias cuestionables del comportamiento de empresas transnacionales se han conocido y divulgado de algunos centros productivos de países no desarrollados.

  Del lado de los trabajadores, se puede reconocer que, ya desde hace  varias décadas, los que están  organizados en sindicatos prestando servicios en las transnacionales habían logrado alcanzar buenas condiciones de trabajo en sus convenios colectivos. Por encima de los niveles de la generalidad de las empresas de capital nacional. Este contraste se verá más adelante, como lo destacaremos en el próximo párrafo. 

  Es notable el hecho que, luego de que muchas de estas empresas fueron estatizadas a lo largo del socialismo del siglo XXI, las condiciones salariales y de trabajo en general, así como de producción, se vinieron a menos. Sin duda, ello es visible en empresas estatizadas de los sectores tanto de fabricación como de distribución de alimentos y bienes hogareños, productos lácteos, cemento, siderurgia y metal mecánico, papeleras. La profusión de estatizaciones se ha extendido a tal punto y con resultados desfavorables tanto para la sociedad como para su propia fuerza de trabajo, que ya hasta los propios trabajadores de una empresa amenazada de estatizaciones exteriorizan su oposición a ser parte del Estado, y lo hacen con igual disposición y visibilidad que los propios dueños.

  Para las corporaciones, al principio de las estatizaciones del socialismo del siglo XXI las empresas lograron negociar condiciones de indemnización; luego vino una etapa de nuevas estatizaciones de difíciles acuerdos, lo que ha venido dando lugar a decisiones de organismos de arbitraje previstos en los convenios de inversión de esas empresas, siendo que esas decisiones han significado grandes erogaciones para la nación, la que por cierto hoy no dispone de recursos para cumplir con esos compromisos. 

  Con lo ya expuesto, tenemos un contexto suficientemente incierto para el funcionamiento de las corporaciones transnacionales, y con ello todas las cadenas productivas de proveedores, distribuidores, así como la fuerza de trabajo que prestas servicios directos como indirectos, lo que lleva a tener presente la incertidumbre para cientos de miles de trabajadores y sus familias. 

El Salario ni es “social” ni “básico”, es el valor de la fuerza de trabajo

En los últimos años se ha mencionado desde el sector gubernamental un denominado “salario social”. Hay que mencionar que no se conoce que haya habido en el ámbito de las relaciones laborales un proceso de elaboración de la definición del llamado “salario social”, apenas algunas declaraciones de voceros gubernamentales la mencionan, como se ha venido observando desde hace varios años; los dos últimos titulares del despacho laboral la han invocado. En el presente, de manera particular se le ha mencionado en las negociaciones del convenio universitario por voceros patronales, tanto los que representan formalmente al gobierno como representantes oficialistas del lado de trabajadores. 

  Por supuesto los involucrados en estas negociaciones, que representan autónomamente a los colectivos laborales del mundo universitario centran su atención en el ajuste salarial, en los términos de la legislación laboral que reza “..derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para si y su familia las necesidades materiales, sociales e intelectuales. El salario goza de la protección del Estado y constituye un crédito laboral de exigibilidad inmediata”… art.98 Dlottt. También el art.104,  que define el contenido del concepto de salario, tiene relevancia en favorecer y clarificar de que se trata y que se incluye en el concepto ”Se entiende por salario la remuneración, provecho o ventaja, cualquiera fuere su denominación o método de cálculo, siempre que pueda evaluarse en moneda de curso legal, que corresponda al trabajador o trabajadora por la prestación de su servicio y, entre otros, comprende las comisiones, primas, gratificaciones, participación en los beneficios o utilidades, sobresueldos, bono vacacional, así como recargos por días feriados, horas extraordinarias o trabajo nocturno, alimentación y vivienda.”

  En cuanto a definir que es el  “salario social”, en la literatura hay la tendencia a darle un carácter más bien de asistencia social, ya que se considera que se aplica a aquellas personas que están por debajo del salario mínimo y requieren un complemento para llegar a ese nivel, que como se sabe en nuestra realidad es tan bajo que no cubre siquiera la canasta alimentaria. También se aplica a aquellos casos de personas que no reciben prestación alguna de la seguridad social, porque no tuvieron un empleo para efectuar las cotizaciones. En España el concepto esta muy extendido y discutido, y es equivalente al de Renta Mínima de Inserción o Renta Mínima Garantizada, que atiende a personas con riesgo de exclusión social.

  En nuestro medio personas que opinan sobre políticas laborales con posiciones cercanas al gobierno, identifican como “salario social” todo el espectro amplio y diverso de la asistencia social y económica que brindan los programas estatales, lo que incluye el desde el precio subsidiado de la gasolina, pasando por la educación gratuita, las tarifas de el transporte público, los programas de alimentación, becas (ver C. Sainz Muñoz,  http://www.eluniversal.com/opinion/150525/salario-social-2015). Se observa que es una noción muy amplia, que no coincide con la predominante en la literatura del tema. De aquí que su invocación en procesos de negociación salarial no representa una oferta concreta y que dé solución a las demandas planteadas por los representantes de los trabajadores.

  El traer a las negociaciones conceptos genéricos e imprecisos como es el de “salario social” apuntan a diluir la negociación más importante de un proceso de revisión de las condiciones de trabajo como es lo salarial. Negociar los salarios, su revisión y ajuste, es concretamente referirse a los ingresos que se indican en la legislación como tales, y que por otro lado es deber del Estado asegurarse que los programas sociales brinden sus mejores resultados para los cuales fueron creados, sea en la cobertura, calidad y manejo transparente de los recursos públicos. Muy buena falta le hacen a estos programas un monitoreo independiente que contribuyan a clarificar la pulcritud y equidad en la asignación de los beneficios en cuestión. Del parlamento nacional, lamentablemente poca atención le presta a este ámbito de la contraloría de los programas que se manejan con dinero público.

  En el pasado hubo igualmente una experiencia desventajosa para los procesos de negociación salarial,  que dio lugar al establecimiento y generalización del concepto de “salario básico"; el cual alcanzo una muy amplia difusión en el articulado de los convenios colectivos, siendo que dicho concepto restringía el alcance de lo salarial. Sin embargo acciones movilizadoras del sindicalismo lograron que se redefiniera el uso del concepto de salario y que en los convenios colectivos predominara una noción inclusiva de diversos tipos de ingreso que reciben los trabajadores con motivo de su prestación de servicios,  que es la vigente en la legislación laboral venezolana desde hace décadas. En estas acciones jugaron un papel protagónico en los años setenta y ochenta los sindicatos de la General Motors y de Sidor.

  Así como ayer el concepto de “salario básico” y hoy de “salario social”, son simples estrategias patronales para minimizar el valor de la fuerza de trabajo, el primero por reduccionista y el segundo por diluyente con pretensión de darle carácter salarial a programas sociales dirigidos a la población en general.  

  Hemos mencionado que la complejidad de la negociación de los convenios colectivos entre otros factores radica en la diversidad de temas que cubre este proceso, pero que para los trabajadores es fundamental que sea el salario el eje de lo que se acuerde, y no tanto conceptos como lo que se pretende con el llamado “salario social”, que más bien distrae la atención de lo esencial de la negociación misma, como es el precio y la valoración de la fuerza de trabajo.

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Hector Lucena
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ASALARIADOS NECESITAN REVISION SALARIAL ANUAL

  La inflación en los niveles de tres dígitos viene ampliando la desigualdad entre capital y trabajo. La inflación en la medida que ha venido aumentado ha ampliado la brecha entre los salarios nominales y los salarios reales. Los aumentos anuales de salarios mínimos y de salarios en niveles superiores están por debajo de la inflación. Se ha demostrado que la política de revisión exclusivamente de los salarios mínimos apenas lo que había alcanzado hasta el pasado año 2014, era preservar su poder adquisitivo sin incremento real. No tenemos política salarial que permita equilibrar esta desigualdad creciente. Uno de los pocos elementos de política salarial que sobreviven a duras penas son los convenios colectivos.  

   La elaboración de los proyectos de convenios colectivos para presentarlos a los patronos es una tarea demanda a los sindicatos una especial dedicación. Para ello se siguen en primer lugar por la manera como ha sido la administración del convenio vigente. Se toma en cuenta la fluidez o dificultad de cada una de las cláusulas, es decir de las condiciones de trabajo o asuntos objeto de la negociación.

  Es importante tener presente que en nuestras relaciones de trabajo los convenios colectivos suelen ser frondosos, incluyen cláusulas sobre diversos temas, en donde predominan aquellos relacionados con asuntos no productivos, sino más bien de beneficios a los que los trabajadores aspiran. Nos encontramos con convenios que pasan de las cien cláusulas. De ahí que las negociaciones pueden ser largas sobre temas muy diversos. 

  Esa frondosidad temática en el contenido de los convenios colectivos proviene de larga data. Se trata de los convenios pioneros como fueron los petroleros y los mineros, que nacen a mediados de la década del cuarenta. Recordemos que las regiones en donde se inician estas actividades extractivas eran de muy escaso desarrollo urbano, además de inhóspitas. De aquí que un convenio atendía un amplio espectro de temas de la vida del trabajador y su familia, tales como educación, salud, farmacia, recreación, vivienda, transporte. En esas zonas productivas no existían esos servicios proveídos por el Estado. Además esas actividades económicas brindaban una alta riqueza a las empresas, y el costo de la mano de obra local era sumamente bajo. Por otro lado, las empresas incluían en sus nóminas a expatriados a quienes tenían que brindarle adecuadas condiciones de vida.   

  Con el tiempo, el país inició un proceso de industrialización y modernización productiva tanto con los aportes de la inversión privada como pública, y en estos nuevos centros productivos las empresas como los sindicatos adoptaron convenios colectivos que igualmente incluían la diversidad de cláusulas y  beneficios que habíamos visto en los sectores pioneros del petróleo y del hierro, a pesar de estar instaladas en centros urbanos dotados de los servicios e infraestructura requerida para los trabajadores y sus familias. Este patrón de contenido de convenios colectivos seguía recargando a las relaciones laborales con multitud de servicios económicos y sociales, que correspondían más bien al compromiso estatal sea por el gobierno nacional o local. Las relaciones laborales descargaron al Estado de estos servicios para la población contractualizada. El Estado los prestaba al resto de la población no cubierta por los convenios colectivos. Con el tiempo este patrón ha venido cambiando, y apenas hoy se observan los servicios de salud, vía los seguros de hospitalización, cirugía y maternidad. 

  Pero en la realidad de una inflación de tres dígitos, el problema de la discusión salarial adquiere relevancia desconocida en las relaciones laborales venezolanas. Estamos en el año de la inflación más alta de nuestra historia, al menos de la que se tengan registros. Tengamos en cuenta que el Banco Central de Venezuela fue creado en 1939, y desde entonces ha venido proveyendo datos de la inflación a la sociedad venezolana. 

  Con lo expuesto lo que se quiere destacar es que la discusión salarial es tan imperiosa que requiere ser más expedita, al menos anual con mecanismos confiables y rigurosos de seguimiento de la inflación para adecuar ajustes, pero no estamos hablando del salario mínimo, sino de los salarios en general. Se trata de equilibrar el hecho que muchos precios de productos y servicios se incrementan mensualmente. Lo anterior plantea dos negociaciones: la de los salarios y por otro lado el resto de condiciones de trabajo. La primera anual de alcance sectorial, y la segunda cada dos o tres años por empresa.  

  Los trabajadores sólo venden su fuerza de trabajo, y perciben ingresos para su subsistencia, y con ello adquieren recursos para entregar al sistema productivo y así sobrevivir. Pero vista la anarquía reinante en la distribución de los bienes alimentarios y de primera necesidad tanto en su accesibilidad como en sus precios, los que viven de un salario están siendo esquilmados todos los días cuando han de comprar sus bienes y servicios. 

  Los mecanismos de seguimiento de la inflación y de otros índices económicos y sociales venían siendo provistos por el BCV, y otros por el Instituto Nacional de Estadísticas, pero visto que estos entes priorizan la protección del gobierno antes que la objetividad necesaria para con los ciudadanos y la sociedad en general, es por lo que se impone una revisión del manejo de estos entes para que se pueda confiar en ellos para una real política salarial.

  Otro elemento importante que apreciamos en los procesos de negociación salarial es que predomina que los sindicatos fijan valores nominales para la discusión; y que alcanzado el aumento a la firma, agregan aumentos escalonados durante la vigencia, pero que todo sin disponer de una brújula que permita confianza y certeza. Es por lo que estos aumentos anuales han de ser negociados  en términos porcentuales -%-, que preserven si se consideran justos los diferenciales existentes en los tabuladores o listados de los cargos; teniendo presente que los diferenciales provienen de determinaciones previas, atendiendo a experiencias, calificaciones y desempeño. 

  La inflación desbordada agrede cada día a quienes viven de un salario que sólo venden su fuerza de trabajo. El tiempo transcurre sin que se construyan salidas y alternativas. 

INFLACION DE TRES DIGITOS, SIN POLITICA SALARIAL NI NEGOCIACIONES COLECTIVAS

  La situación de los asalariados experimenta con sus ingresos monetarios un momento de derrota absoluta por la manera como se comportan los precios de bienes y servicios. Sus liderazgos sindicales y las políticas de ingresos andan a la deriva. Un BCV y las autoridades financieras autistas y con la cabeza dentro de la arena. Mientras tanto se acelera el desespero. Por su parte el Ministro del Poder Popular del Proceso Social del Trabajo se le ocurre decirle que no se renovaran los convenios colectivos en los entes estatales, por cierto la única herramienta de revisión salarial que más mal que bien al menos existe. Dirigentes sindicales de base plantean “Si no van a discutir contrato que nos digan entonces ¿qué vamos a hacer?”

  Declaraciones tan inquietantes llevan hacer las siguientes consideraciones:

Renovación de los convenios colectivos vencidos. El contexto de las declaraciones del Ministro fue con motivo de visita a la zona de Guayana, y por tanto se estima que sus planteamientos estuvieron influenciados por la situación de dificultades de funcionamiento de buena parte de las empresas básicas.

Sus criterios estuvieron dirigidos a justificar la posición oficial de no favorecer la renovación de los convenios colectivos vencidos o por vencerse. En anteriores oportunidades posiciones oficiales con similares pretensiones pudieron descubrirse y no por voluntad del propio gobierno, tal fue el caso en el 2009, de circular emitida desde la Vice Presidencia, quién siguiendo instrucciones presidenciales, pedía a los directivos de las entidades públicas  que no se comprometieran en negociaciones colectivas, en otras palabras coartando este derecho fundamental. Pero desde antes de esa fecha es frecuente en el sector público, el retraso de las negociaciones de los convenios. Entes estatales que han de velar por los derechos de los ciudadanos, como la Defensoría del Pueblo o la Fiscalía, hacen caso omiso a estas violaciones.

  Muchos de los propios sindicatos y algunas organizaciones no gubernamentales llaman la atención, reclaman y protestan por estos retrasos, o mejor dicho por estas violaciones, pero hasta ahora sin generar mayores impactos.

  En el ámbito privado, las cosas son bien diferentes, ya que las negociaciones ocurren oportunamente y si hubiese retraso, la intervención de la administración del trabajo y de los entes relacionados sí funcionan como lo espera la sociedad y muy particularmente los trabajadores.


B.  El Decreto con rango y fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, de los Trabajadores y las Trabajadoras -DLOTTT- nos trajo muchas novedades regulatorias, algunas celebradas por los trabajadores así como otras muy cuestionadas. Vemos en estas últimas que las Inspectorías del Trabajo, léase el Ministerio, no sólo son los centros de depósito del convenio alcanzado y logrado entre empresas y sindicatos, como se entendía en la anterior legislación laboral e igualmente en los convenios sobre negociaciones colectivas de la OIT, sino que ahora la Inspectoría del Trabajo somete la validez de esta convención a su “conformidad con las normas de orden público que rigen la materia, a efecto de impartir la homologación. A partir de la fecha y hora de homologación surtirá todos los efectos legales” -Artículo 450-, y que es según este órgano público que el documento entrará o no en vigencia.

  La intervención restrictiva del ente llamado Ministerio del Poder Popular del Proceso Social del Trabajo, podrá no homologar parte del contenido del convenio colectivo negociado por las actores laborales, por considerar que no está conforme con las norma de orden público -Artículo 451-. El llamado Poder Popular pasó de los trabajadores al Estado, con esto de Ministerio del Poder Popular.


C.  Se afirma que los convenios colectivos vigentes y vencidos están en revisión porque “se establecieron condiciones que las empresas no estaban en capacidad de cubrirlas”. Se infiere que aquí revisión es no negociación sino acciones unilaterales del Ejecutivo, incluso acciones externas a los propios órganos empleadores negociadores de estos convenios cuestionados.

  Se trata de acciones que minimizan la libertad sindical por criterios que le son ajenos, por un lado
se trata de empresas cuya gerencia responde exclusivamente a los criterios gubernamentales ya sea el nivel central o local, y por otro lado se carece de estructuras estables y efectivas de relacionamiento entre las partes involucradas en el quehacer productivo, para tener alguna participación e incidencia en el diseño de políticas de carácter macro y sectorial en donde están insertas estas empresas. Temas como precios de los productos, sistemas de distribución y relaciones con el mercado, inversiones, destinos de los productos, adquisiciones, tecnologías, son decididos en instancias a las cuales los trabajadores y sus organizaciones no tienen acceso, y obviamente estas son decisiones determinantes en los posibles resultados financieros y estabilidad de las empresas.

Hechos como el engrosamiento de las nóminas para incorporar lealtades y militantes políticos, va inevitablemente ahogando toda actividad empresaria, sea pública o privada. Igual que fijarle precio  a sus productos basado en motivaciones ajenas a las necesarias exigencias de todo ente productivo de disponer de recursos para mantener sus instalaciones, su personal y todos sus elementos productivos en condiciones optimas para autosustentarse y aún más para darle al propietarios los dividendos esperados, entendiendo que el propietario es la nación.

En otras palabras no hay un sistema de relaciones laborales que permita el acceso a los trabajadores a decisiones que más allá de las propias empresas inciden en su desenvolvimiento, independientemente de cuales sean los esfuerzos de quienes en el espacio productivo hacen o ponen su parte de compromiso.

  No menos importante es que ha habido un continuado proceso de ajenidad en la determinación de los Presidentes y equipos de dirección de estas empresas, los que proceden de decisiones totales del poder ejecutivo. En los últimos años la ajenidad se ha sesgado a favor de colocar militares al frente de estas empresa, trayendo más elementos ajenos en la cultura de gestión y de los procesos productivo propios de cada empresa. A quienes argumenten que hubo fugazmente un “control obrero” que empoderó a los trabajadores, realmente fue una caricatura improvisada que sirvió más bien para control sobre los obreros.

  Finalmente este tema de pretender negar los convenios colectivos firmados, así como tratar de justificar la negación de la negociación de los convenios vencidos o por vencerse es un abierto retroceso en las relaciones de trabajo venezolanas.

hector.lucena@gmail.com
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QUÉ TANTO CONOCEMOS LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO

Emprendimos hacer un balance del estado de los estudios del trabajo en los últimos veinte años, tarea emprendida con colega de destacada trayectoria en la investigación, la Dra. Consuelo Iranzo -Cendes-UCV-. La publicación está próxima a salir de imprenta desde México. De los tantos ámbitos atendidos en el balance, hemos escogido para reseñar en el presente artículo, solo uno de ellos, el de los estudios sobre la organización del trabajo.  

  El cambio político iniciado a finales de la década de los noventa da inicio a un nuevo régimen político en Venezuela y por tanto ha signado toda la producción en ciencias sociales y no podía ser menos en los estudios del trabajo.

  Los estudios de organización del trabajo antes de la presente etapa no prestaban mayor atención a las perspectivas de los trabajadores. Abundan aquellos orientados al análisis de las organizaciones en la óptica de mejorar la eficiencia en el uso de sus recursos humanos, pero los estudios enfocados en el proceso de trabajo en sí mismo han incluso declinado con el tiempo; o más bien, han ido cambiando su centro de interés.

  Para comprender las orientaciones de los estudios sobre la organización del trabajo en los últimos veinte años es necesaria su contextualización. La política de apertura aplicada a comienzos de los noventa tenía como uno de sus propósitos incentivar la competitividad en las empresas, cobijadas hasta ese momento por la política de sustitución de importaciones. Fue un tiempo en que la búsqueda del incremento de la productividad estaba a la orden del día y, aún en medio de la crisis que se prolongaría por largos años, tuvieron mucha difusión los principios de la modernización organizativa. Las publicaciones buscaban resaltar los aspectos más prometedores de dicha modernización y las investigaciones de campo indagaban sobre la incidencia práctica de tales principios; es decir, buscaban determinar en qué medida estos habían sido asumidos por las empresas venezolanas.

Las principales conclusiones de tales investigaciones las podemos resumir en: 1) las empresas venezolanas se manifestaban más interesadas en incorporar innovaciones blandas que lo que se había apreciado anteriormente, cuando se privilegiaba la incorporación de tecnología dura, propio de una economía rentista; 2) eran las empresas de gran tamaño las que más se modernizaban, pero sobre todo las pertenecientes al algunos pocos grupos corporativos -Sivensa, Polar- y las transnacionales, las cuales además motorizaron cierta mejora en sus cadenas productivas por las exigencias hechas a sus proveedores; 3) se comenzaba a observar un cambio en el discurso de la gerencia, que enfatizaba la necesidad de un estilo de gestión de puertas abiertas, acorde con la imagen del empresario moderno; 4) los cambios introducidos no alteraban significativamente la organización del trabajo, en tanto no modificaban la autonomía ni la capacidad de decisión de la mano de obra, sino que el acento se ponía en generar: a) una mayor conciencia respecto a la calidad y al necesario cumplimiento de los pasos establecidos para su logro, y b)  un sentido de identificación y pertenencia con la empresa; 4) en materia de relaciones laborales, el rasgo más reseñado era la progresión de la individualización de las relaciones obrero-patronales; 5) los sindicatos por su parte se mantenían al margen de los asuntos relativos a la organización del trabajo, mientras no se alterasen las asignaciones de tareas contempladas en los tabuladores de cargos o algún otro aspecto contemplado en el contrato colectivo.

Con la entrada del siglo XXI, y concretamente con la instauración de un nuevo régimen político que demoniza términos como competitividad o productividad y que cambia las reglas de juego del sistema de relaciones laborales, decae el interés por la modernización organizativa y por tanto el de su estudio. Ello no quiere decir que desaparece el tema plenamente pues se sigue trabajando sobre algunas de sus perspectivas como es la gestión de los recursos humanos o la importancia del capital social dentro de las organizaciones. Pero en el nuevo contexto, emergen otros temas en vinculación con la organización del trabajo. En los primeros años sería el de la cogestión, en virtud de las experiencias que se emprendieron y en especial en las empresas expropiadas; el de las cooperativas de trabajo asociado, por ser una de las puntas de lanza en los inicios del gobierno de Chávez; y el de la subcontratación, práctica que cobró mucha fuerza tanto en el sector privado como público, sobre todo a raíz de que fuera decretada la inamovilidad laboral. Sobre estos temas se ha escrito mucho y desde perspectivas contradictorias, como es de esperarse dentro de la polarización existente en el país.

 Pero en este momento que los consumidores andan nerviosos buscando productos esenciales para el consumo familiar, y los empresarios y gerentes otro tanto, tratando que sus negocios puedan cumplir con los clientes, que se mantenga activa la producción y las ventas. Pero más complicada es la situación si se toma en cuenta que no sólo se trata de buscar y encontrar tal o cual bien o servicio, sino el de los recursos para pagarlo por la especulación que anda de la mano con la escasez; igual la preocupación por mantenerse dentro de los parámetros de la frondosa maraña de regulaciones e instituciones que emiten permisos, que inspeccionan y eventualmente multan. Además éstas últimas no son solo las legales, sino las que provienen de la privatización de la seguridad y la protección, la cual se extiende informalmente dentro y fuera de las entidades públicas, llegando incluso al surgimiento de mega bandas que hostigan a los centros productivos y al desplazamiento de productos.  

 En escenarios tan inusuales se ahonda el déficit en los estudios y comprensión de la organización del trabajo.

Qué es una empresa eficiente

Preguntar que es una empresa eficiente es parte del campo de la gerencia, pero también de las relaciones de trabajo, de la economía, de la política y del interés de la sociedad toda. Las empresas son activos de la nación; ellas han sido levantadas, construidas y mantenidas con el esfuerzo no sólo de sus dueños, sino de quienes ahí trabajan y sus organizaciones, así como de los consumidores que eligen sus productos y de los fines de las políticas estatales, en sus niveles que van desde el gobierno local hasta el nacional. Pero así como estos factores las han mantenido, igualmente pueden darle la espalda y contribuir a su decadencia y eventual desaparición. Una empresa que cierra es para el empleo y para la producción un retroceso. Sin embargo una empresa puede ella misma venir funcionando con dificultades, tanto que se advierte a la claras que su mantenimiento y su sobrevivencia es una cuenta regresiva para una eventual parálisis. 

Una empresa es tanto un espacio de actividad económica como social, aunque lo segundo se preserva si se satisface lo primero. 

Lo económico y lo social son variables que no sólo se conducen siguiendo las lógicas de los actores en un espacio productivo determinado, además hay en el exterior otras lógicas que repercuten en el quehacer productivo, económico y social de la empresa. Ese exterior es el llamado entorno. Siempre lo hay, con unas características y lógicas X o Y, pero que no es posible ignorar o prescindir de su existencia. 

En el entorno destacan los proveedores, los consumidores, los acreedores, las comunidades y las autoridades estatales en sus distintas instancias y expresiones, sean las ejecutivas, las legislativas, las judiciales, las municipales.   

En la percepción dominante tanto de quienes gobiernan como de otros segmentos de la sociedad, existe el convencimiento que el rentismo ha dominado el papel de la actividad económica nacional tanto privada como pública, a él se rinden buena parte de los capitales tanto nacionales como extranjeros que explotan distintas actividades productivas. Desde quienes están al frente del Estado emanan hacia los propietarios de las empresas los más severos juicios en este sentido, extendido a sus gremios. Sin embargo desde mediados de los años setenta cuando se estatizaron las dos ramas productivas más generadoras de divisas - hierro y petróleo - le ha tocado al Estado fortalecer su papel de explotador de actividades económicas y por tanto productor de bienes, imponiéndose el rentismo en muchos casos por encima de la eficiencia.

Las propiedades productivas estatales se fueron multiplicando tanto las creadas directamente,  como las empresas que han sido estatizadas y cambiaron de ser propiedad privada a estatal. Conviene destacar que al funcionamiento rentista privado en tanto no controle el poder del Estado se le dosifican los apoyos y subsidios, pero en el caso de las propiedades administradas por un gobierno que controla todos los poderes no hay limitaciones para un comportamiento rentista exacerbado. Es aquí en donde, ademas de la pérdida que significa el cierre de empresas, la sociedad viene experimentando grandes pérdidas al asumir el Estado empresas que gradualmente pasan a disminuir su producción, a asumir mayores compromisos laborales con los incrementos de las plantillas, e ir incorporando prácticas laborales ajenas a los objetivos de la producción, minando la disciplina en el trabajo, y a ir rezagándose en la modernización de los sistemas productivos. 

A favor de estos procesos se emiten justificaciones que invocan la función social de las empresas. Es indiscutible que, desde el Estado haya preocupación por ello y que, en ese orden,  se formulen políticas y prácticas. Pero volvamos al inicio; lo social requiere respaldo económico. Digamos que una empresa que por razones sociales, se descapitaliza por no prever reinversiones que permita reponer activos y modernizarse para su mejor desempeño productivo, está castigando a la sociedad toda a la pérdida de un activo que por obsolescencia o por colapso, eventualmente dejará de atender necesidades económicas y sociales para las cuales existe. Por supuesto que los activos productivos tienen una vida útil, y llegado el momento toca sustituirlo.

Mantener en buen funcionamientos los entes productivos dando respuestas a los distintos interesados, y convivir con el entorno, incluso aún siendo las regulaciones y sus administradores críticos y rigurosos, por ejemplo con las inspecciones, lleva a reconocer que, en un ambiente así,  se va a construir un sector productivo que irá dejando a un lado la cultura rentista que inhibió por un largo período el desarrollo de las potencialidades productivas. Como contrapartida es de esperar que el Estado en sus funciones centrales y la administración de monopolios realice un esfuerzo que facilite la acción productiva. Ejemplo elemental en este orden, es que la seguridad que ha de ofrecer el Estado, permita a los interesados en las empresas abocarse a plenitud al esfuerzo productivo.  

Pero esto que teóricamente puede esbozarse con algún sentido, no tiene viabilidad si desde la construcción de las políticas públicas predomina la toma de decisiones sin una visión consensuada del país que queremos. Importante recordar que en los gastos del Estado participa la riqueza de la nación como son los bienes naturales más los aportes de los ciudadanos y las empresas con sus impuestos, que hace rato representan un mayor porcentaje que lo primero. El Seniat informa que éstos aportarán un 68.8% del presupuesto del Estado para este 2015.