ASISTENCIALISMO Y CIUDADANIA

Luego del 7 de Octubre es frecuente oír y leer entre los análisis que intentan dar explicación a los resultados electorales, que la votación que dio la victoria al Preside nte incluye un componente asociado al cultivo y a la práctica de la dadiva y del asistencialismo en general, brindada a los sectores populares en donde está el grueso de la votación chavista.

            La dadiva, o el regalo, así como el asistencialismo refiere a dar sin conexión con el trabajo. Estas prácticas las hemos visto en toda la historia moderna de Venezuela. Hay sectores que el Estado debe atender por esta vía.

            El asistencialismo no es extraño a las políticas económicas más convencionales, incluso hasta las políticas neoliberales reconocen que hay la necesidad de brindar asistencia a sectores desplazados o que no se insertan en la actividad productiva. Reconocen que en el ámbito productivo hay un espacio para un determinado número de trabajadores y que más allá del mismo, es decir lo excedentario también hay que atenderlo, por la vía del asistencialismo y la dadiva.

            En nuestra sociedad que no es precisamente orientada por el neoliberalismo en sus políticas económicas, los segmentos de la población al margen de actividades productivas es numerosa, y no hay creación de empleos productivos suficiente para la población actual ni se observan previsiones para el futuro. Además se observan desplazados de actividades productivas que no logran insertarse y quedan como sujetos de eventuales políticas asistenciales.

            En nuestro caso, el grueso de las políticas sociales asistencialistas se manifiesta en las misiones; la cuales se han caracterizado por su rápida y expedita creación, al margen de los engorrosos mecanismos que se exige en el ámbito público para la creación de nuevas instituciones. Igualmente son mecanismos de mínima vigilancia y control por parte de los órganos del Estado para tal fin, digamos el Parlamento y la Contraloría General de la República.

            Se entiende que hay urgencias sociales que requieren acciones aceleradas dada las necesidades. Pero que luego de un lapso determinado, la urgencia se habrá superado y dicho programa habrá cumplido la emergencia, y es de esperar que la actividad entrará en el ámbito de la estructura establecida del Estado, sea la educativa, la de salud, la laboral u otros ámbitos sociales, que sí responde a mayores controles y cuenta con equipos humanos calificados e infraestructura apropiada. 

       En el marco de su funcionamiento también se trata del registro de los beneficiarios, de su asistencia y de la reciprocidad entre el que es asistido y quién brinda la asistencia. En el buen sentido, el asistido retorna gradualmente al Estado y a la sociedad con tareas acordes con sus capacidades la asistencia recibida. Digamos si una persona aprendió un conocimiento, luego lo transmitirá a otros, y así sucesivamente.

            El manejo sin control de los programas sociales ofrecen la tentación de prestarse para el control social e ideológico a favor de quién concede sin vigilancia. Ante los extremos en este sentido, las poblaciones asistidas se protegen a lo sumo dejando de atender el programa social, pero dado que el mismo va acompañado de la recepción de dinero, para quienes están en condiciones de pobreza material es una concesión importante.

             Regresando a nuestro primer párrafo, dado lo expuesto no parece haber duda que los administradores de las misiones vean natural que los beneficiarios sean movilizados para las demandas de tipo electoral planteadas en el país. He aquí un efecto perverso. Son recursos de la nación los que se utilizan y por tanto han de estar a la disposición de los ciudadanos sin ningún tipo de condicionamiento político o ideológico. Lo contrario si pudiera entenderse, es decir si los recursos son del patrimonio de quién implementa y administra el programa social, se puede tomar la licencia de condicionar. Por supuesto que el condicionamiento se presta a hacer más dependiente al asistido, y limitar el desarrollo de su ciudadanía. 

PASIVOS LABORALES Y PETRORINOCOS

 

El pago de los pasivos laborales a trabajadores de la educación con estos instrumentos es una experiencia novedosa en las Relaciones de Trabajo del país. Estos pasivos lo conforman tanto las prestaciones sociales como los intereses que ellas causan por ser deuda del empleador. El deudor –gobierno nacional- aprovecha y afirma que de esta manera cumple con la deuda social, y coloca el petróleo al servicio del pueblo.

            Para los acreedores – los trabajadores-, luego de un período que empezó en 1975 al darsele carácter de derecho adquirido a la antiguedad y el auxilio de cesantía, y luego  en 1997 cuando se reforma la Ley Orgánica del Trabajo y se modificó el sistema de recalculo de las prestaciones sociales, entre otros elementos, completa un largo período de espera que finalmente encuentra respuesta a sus expectativas y exigencias.

            El primer lapso que exigió respuesta de los entes estatales en el cumplimiento de la reforma de 1997, venció en el 2002. Es decir los cinco años establecidos para la constitución de los fideicomisos. En el sector público sólo se cumplió esta exigencia para las nóminas de personal obrero, y en general para quienes trabajaban para empresas estatales, salvo casos excepcionales, como el sector petrolero, en donde los sindicatos, fijaron posición de oposición al nuevo sistema. Así que en esta primera etapa, estos pasivos laborales o la deuda social como también se le llama en la media oficial,  se acumuló casi toda en el propio período actual, ya que corrió desde 1998, hasta el 2002.

            En la mitad del lapso anterior – año 2000- se aprueba una nueva constitución, que exige que ha de regresarse al sistema de cálculo de las prestaciones anterior a la reforma de 1997. Es decir, dejar las cosas como estaban. Entendemos, aunque no justificamos, que esta disposición transitoria -4ta disposición, numeral 3ero-, contribuyó a no mover un ápice el cumplimiento de pago de los pasivos laborales que se venían multiplicando, y que crecían más rápidamente por los años de alta inflación que ha caracterizado al lapso que se ha vivido en lo va de siglo XXI.

            Se confabula con esta inercia en el cumplimiento del empleador gubernamental, el que desde el Parlamento no se activa decididamente poner en práctica lo exigido en la disposición transitoria 4ta, en su numeral 3ero. Si bien estaba en la agenda la reforma de la Ley Orgánica del Trabajo, fue evidente que no representó una prioridad en las distintas legislaturas que van desde el año 2000 hasta el año 2011. Hasta el Poder Judicial en un momento dado conminó al Legislativo a cumplir con el mandato constitucional, pero nada pasó. Incluso los intercambios entre el Legislativo y el Ejecutivo en torno a la reforma de la LOT se trancaban en el tema prestacional. Desde el Ministerio de Finanzas se señalaban observaciones a este punto, por la cuantía de los recursos implícitos.

            Si estos pasivos laborales o esta deuda social fue incrementándose,  en este análisis se podrá ver el por que. No hay que estar mirando para otra parte, simplemente el empleador no cumplió en su momento.

            El escenario electoral presidencial sirvió de marco, para que se activara un proceso que dio lugar al surgimiento de un mecanismo de pago de estos pasivos laborales. Para conectar varios eventos, empecemos en primer lugar con el compromiso presidencial ante la masa obrera en el nacimiento de la nueva Central Bolivariana Socialista de Trabajadores -el pasado noviembre-, de impulsar una nueva ley del trabajo.  Inmediatamente el nombramiento de una Comisión Presidencial sin representatividad sectorial y de los actores de las relaciones de trabajo y de la  producción. Todos estaban ahí por la voluntad presidencial. A la postre sale un texto legal oficial que abre camino para este pago.

            Por supuesto que de este proceso de construcción legislativa, en el marco de una ley habilitante que nació para resolver asuntos que no tenían nada que ver con el ámbito laboral, y por otra parte prescindiendo del órgano natural para este proceso, como es la Asamblea Nacional,  deja una estela de interrogantes que quedan flotando en el ambiente.   

            Finalmente el país cuenta con una nueva legislación laboral, el Decreto Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras. Que sobre el tema prestacional decidió eclecticamente  mantener vigentes los dos regimenes – el pre 1997 y el que nació en esa reforma- y que fuera el trabajador que escogiera el que le diera mayor cantidad de bolívares, ya que según escenarios de antigüedad, inflación y ritmos de incrementos salariales, puede ser más beneficios uno u otro. Por cierto que esto derrumbó la tesis del “despojo”, como en algunos medios se le señalaba a la reforma de 1997.

            Ante los pasivos laborales ha habido una constante presión por parte de los gremios educacionales, especialmente el de los universitarios, tanto docentes como administrativos. Los primeros han convocado acciones de calle para reclamar los pasivos, ya sea su pago, o la construcción bilateral de las metodologías para la cancelación. Hay que destacar que reclamos laborales por pagos son comunes en las relaciones del trabajo del país, pero más bien por retrasos en pagos de salarios, de lo inmediato,  o incumplimiento de condiciones de trabajo. 

            Es por ello que consideramos que con este antecedente y práctica gremial, sus afiliados se han ganado la prioridad en pago de los Petrorinocos. Si bien el empleador no accedió a la construcción bipartita de las metodologías, hay evidentemente una notable vigilancia de estos procedimientos por parte de la comunidad y de sus organismos gremiales, que dan lugar a que sobre la materia exista en esta primera etapa del pago de los Petrorinocos normalidad en los montos y en la conversión en dinero en efectivo, como corresponde a los pasivos o deudas laborales.

CONTEXTO POLITICO ELECTORAL Y MUNDO DEL TRABAJO

Las Relaciones de Trabajo son sensibles al contexto, de el depende su funcionamiento. Dos dimensiones del contexto determinan la marcha de las Relaciones de Trabajo, los aconteceres políticos y los económicos.

            En lo inmediato hemos estado inmersos en una campaña electoral presidencial, luego otra de gobernadores – a escasas semanas-, y luego la de alcaldes y concejales – en el primer cuatrimestre del próximo año-. En el presente artículo, orientamos el análisis de lo contextual político, y dejamos lo económico para otro momento. 

           Hay que destacar que desde diciembre de 1998 a este 7 de Octubre del presente año, se han realizado catorce elecciones de alcance nacional que tienen que ver con los poderes públicos, es decir un promedio de una elección nacional anual, ya que estamos hablando de un lapso de catorce años. Es importante destacar que en esta cantidad se incluyen cinco referéndum, y el hecho de que se han separados las elecciones presidenciales de las de gobernadores y alcaldes, y ahora también se separan estas últimas, lo que abona a un llamativo número de elecciones.  

           Además si se toma en cuenta que ha existido desde el inicio de la presente etapa política, el propósito diferenciador con todo lo ocurrido en la gestión estatal de la etapa precedente, en la terminología naciente, la cuarta república. Incluso el afán diferenciador va más allá de esos cuarenta años, y se remonta a todo el siglo XX. Algo así como si todo empezara a partir de 1999. Temas como la justicia, la igualdad, la libertad, la soberanía,  la dignificación, no existían y ahora sí. Por supuesto que esto trae consigo el mantenimiento de una situación de polarización política extrema.

            Entonces, estos dos elementos configuran un contexto político nacional sumamente influyente en el comportamiento de los actores que se desenvuelven en el mundo del trabajo, ya sea en los espacios productivos directos, como en los espacios institucionales estatales que tienen relación con el mundo del trabajo.

            Veamos lo electoral y el desenvolvimiento de los gremios, sea de trabajadores  de empresarios. La polarización los absorbe. Hay organizaciones y líderes que se adhieren a una u otra de las dos opciones que representan los dos polos. Realmente la adhesión no es el problema, sino que los intereses de las organizaciones y de sus afiliados se subsumen en los planteamientos de las opciones políticas. Ocurre el fenómeno que la química llama la dilución. Se atenúan las posiciones de los sectores del mundo del trabajo. Se pierde la oportunidad de fortalecer las organizaciones gremiales, por estar en la cola de los propuestas electorales. En estos procesos electorales recientes, consideramos que este fenómeno ocurre tanto en la propuesta oficialista como en la opositora.

            Sin tomar como modelo optimo, pero si como experiencia que favoreció el desenvolvimiento sindical en un determinado período. Es el caso del sindicalismo de los principales partidos políticos en los años 60 al 80, es decir AD y COPEI. Su órganos directivos, notablemente el caso del Buró Sindical de AD, era determinante para decidir quien sería el candidato a la Presidencia, así como para asegurar cuotas parlamentarias nacionales y regionales. Todo lo cual le permitió tener influencias en políticas nacionales, que ejecutaba el Ejecutivo y el Legislativo.

            Hoy las organizaciones del mundo del trabajo están casi marginalizadas. Carecen de influencia para determinar agendas en las propuestas de los candidatos a gobernar. Del lado del oficialismo, hay un esfuerzo de varios años y de muchos recursos materiales que ha centrado su accionar en los espacios comunales, y por tanto ha privilegiado las adherencias que provienen de las comunidades, más que las que provienen del mundo de la fábrica o centros productivos. Con éstos se mantienen rezagos en el cumplimiento de compromisos legales y contractuales, además de convenios colectivos desmejorados o congelados. 

            No es ajeno a esta política de vinculación política electoral y gestión de votos, ir adonde hay mayor número de votantes, tal es el caso de las comunidades; que son también los espacios de vida de los trabajadores. Pero en esos espacios populares habitan los trabajadores tanto de la formalidad como de la informalidad, en otros términos tanto los organizados sindicalmente, como aquellos que no disponen de ese instrumento. De aquí que privilegiar esos espacios recoge adhesiones con compromisos,  al establecimiento, o a cambios o mantenimiento de políticas públicas que no están centrados en el mundo del trabajo, sino más bien el ámbito de la asistencia. 

            En este contexto político, las relaciones de trabajo son vistas como expresión y resultado de la acción estatal, más que de las dinámicas propias de los actores que viven en los espacios productivos. Faltaría ocuparse un poco más del contexto económico, para completar el análisis.

Y SIGUE LA VIOLENCIA SINDICAL: FRACASO DE UNA POLÍTICA LABORAL

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El reciente informe “Violencia Sindical en Venezuela, Enero-Septiembre 2012” – 65 dirigentes sindicales asesinados- continua mostrando datos y tendencias que llevan ya ocho años consecutivos de manifestación critica  y lamentable, y que casi nada se ha hecho para revertirla.

            El objetivo de una política laboral en cualquier régimen político, sea capitalista o socialista, tiene en común promover condiciones para que se den los procesos productivos bajo condiciones de normalidad, todo en el marco de la constitución y leyes de la republica. La normalidad referida en el ámbito del ejercicio del trabajo es sencillamente poder ejecutarlo. Para ello han de admitirse reglas de juego que son reconocidas por los actores participantes. A su vez los actores además de comprometerse con las reglas comunes, disponen de reglas propias para el funcionamiento de sus organismos.

            La violencia en algunos medios sindicales se ha desatado a niveles extremos. Consideremos algunas inquietudes. Una primera, es plantearse si la violencia extrema, que refiere al exterminio del otro, es una característica propia del movimiento sindical.

            Históricamente más bien el movimiento sindical ha tenido que enfrentar la violencia estatal y empresarial para hacerse su lugar como institución en el funcionamiento económico, social y político. Si bien ya se ha avanzado bastante en este camino, es un recorrido que en Venezuela ha tenido avances y retrocesos, pero sin duda hoy el sindicalismo dispone de recursos institucionales y legitimidad para llevar adelante sus acciones al margen de la violencia armada. El movimiento sindical conocedor de sus recursos, accede a las instancias para dirimir sus problemas, ya sea desde la misma oficina de la gerencia de relaciones industriales del empleador, hasta los más elevados órganos estatales.  Además cuenta con el recurso de la acción colectiva de sus afiliados, adherentes y de la opinión pública.

            La segunda inquietud a considerar es por que las situaciones de violencia en  ciertos ámbitos sindicales. Lo primero que vale considerar es que vivimos en una sociedad donde la violencia se ha venido imponiendo. El Estado viene perdiendo efectividad en una de sus tareas fundamentales, como es asegurar la paz y convivencia. Hasta los primeros años del presente siglo, el registro de dirigentes sindicales asesinados era irrelevante. Los años 2003 y 2004 dan las primeras señales, siete y nueve casos respectivamente, pero del año 2005 para acá se dispara a niveles crecientes, que persisten en estos últimos ocho años. Indica para ese año, el asesinato de 45 dirigentes sindicales, la amplia mayoría relacionados con la obtención de empleos en los sectores de la construcción y  petrolero. Total una década de violencia sindical en ciertos ámbitos.

            Hay que destacar que los registros que se llevan en las organizaciones productoras del informe, son sólo de los asesinados, pero hay que destacar que la violencia sindical refiere a situaciones diversas, y que constituyen un cuadro más complejo para el registro y seguimiento. Se trata de las violaciones de derechos humanos, los que alcanzan en su manifestación más extrema a asesinatos, pero igualmente ella incluye las amenazas, el hostigamiento, atentados con o sin lesiones, desplazamientos forzados, las campañas de desprestigio, las detenciones arbitrarias, allanamientos ilegales, las desapariciones, la tortura.

            Hemos mencionado que el fenómeno de la violencia sindical a niveles de asesinatos de dirigentes no está generalizado, predomina en el sector de la construcción y en menor medida en el sector petrolero. Reconocemos por otros registros que la violencia va más allá de estos sectores, si tomáramos en cuenta no solo los asesinatos sino los otros indicadores señalado en el párrafo anterior.

            Se ha adjudicado la causa de la violencia sindical el hecho de que los sindicatos tienen funciones de suministro de personal. Por ello observamos que esta disposición permitida en la Constitución Nacional de 1961, y confirmada en la Ley Orgánica del Trabajo de 1990, recientemente dejo de incluirse en el reciente Decreto Ley Orgánica del Trabajo, Trabajadores y Trabajadoras. Al respecto cabe mencionar que se trata de una vieja conquista que nace en los sindicatos de oficios, que eran los proveedores y certificadores de formación, es un fenómeno universal del desarrollo del movimiento de los trabajadores.

            Si bien los sindicatos de oficios han quedado relegados, por los cambios en la organización del trabajo, que ha dado lugar al predominio de otros formas organizativas basadas en las empresas y en las ramas productivas, pero esta conquista se ha preservado y en la amplia mayoría de las relaciones laborales venía funcionando de manera regular, ya que fomentaba el compromiso empresa-sindicatos en el desenvolvimiento productivo. Incluso durante varias décadas se fomentaron los centros de capacitación Ince, que tenían gobierno tripartito, entre ellos destacó el Ince-Construcción.

            La situación de normalidad se perdió al ocurrir una intervención anormal, de los años 2003 para acá, cuando el Ejecutivo asumió el papel de actor sindical desnaturalizando el desenvolvimiento de los sindicatos. Esto se tradujo en el hecho de que para el año 2001, habían 2.700 sindicatos, bastante para el tamaño de la fuerza laboral, pero explicable por el predominio de sindicatos de empresas, e incluso de establecimientos. Pero pocos años después este número pasó a más de seis mil sindicatos, sin que se ampliara la tasa de afiliación, resultado de una política laboral implementada por el Ejecutivo de fomentar sindicatos oficialistas, fragmentando peligrosamente el ámbito sindical.

            Esta fragmentación inducida desde el Ejecutivo trajo al mundo sindical una cantidad de pseudos dirigentes, personas que no venían formadas en la disciplina laboral y organizacional de las bases sindicales.

            Que la mayor cantidad de violencia extrema se haya producido en la industria de la construcción, tiene que ver con el carácter nacional de estas actividades, ocurren en todo el país. A la industria de la construcción se acercan grandes contingentes de trabajadores sin empleo, ya que es una puerta más directa para trabajadores con poca calificación. Igualmente destacable que el sindicalismo tradicional en este sector logró negociar buenos contratos colectivos, que han dado lugar a que hoy representa uno de los mejores contratos del país.

            Diríamos que la mesa estaba servida para situaciones de deterioro institucional, por un lado un buen contrato colectivo, una situación de alto desempleo, una pugna feroz entre pseudodirigentes sindicales advenedizos en este campo para sacar ventajas monetarias y de poder, pero legitimados por una Administración del Trabajo que invadió la esfera autónoma del movimiento sindical fomentando sindicatos oficialistas y obstaculizando el libre ejercicio de esta actividad, y todo ello en las grandes obras gubernamentales administradas con sectarismos y discriminación.

            Que año tras año el número de sindicalistas auténticos y pseudos dirigentes sean asesinados, y que nada se hace desde el Estado es el complemento del fracaso de una política laboral.   

hector.lucena@gmail.com

@hl_lucena             

Las Propuestas en una Campaña Electoral

 

Una campaña electoral deseable es aquella en la cual ante los problemas del país los aspirantes presenten sus enfoques, en primer lugar como entienden al país y sus problemas, de ahí ya se desprenderá una primera ubicación, ya que se identificarán como problemas unos asuntos y en tanto otros no. Según perspectivas ideológicas se hará esta primera decantación.

            Una segunda decantación corresponde a las prioridades de los problemas identificados como tales. Al orden y secuencia de atención. Que medidas se tomarán en los primeros tres meses, luego en el primer semestre, en el primer año, y así sucesivamente hasta completar el sexenio. Claro que surgirán problemas inesperados, que han de reducirse al mínimo, y que la agenda administrativa del gobierno lo ocupen mayoritariamente los problemas que la misma inteligencia gubernamental en su intercambio con los diversos sectores de la sociedad civil han determinado.

            Una tercera consideración, refiere a los recursos materiales que se necesitarán para atender e iniciar las soluciones. De cuantos recursos financieros se trata, y donde están o se ubicarán. Quiénes aspiran a gobernar deben presentar los análisis para precisar los recursos que demandan las soluciones que plantea a los problemas del país. Como los obtendrán es una interrogante esencial; ya sabemos que eso responde a los propios del ámbito público, a los de la propia economía nacional que incluye a los privados, así como a los recursos externos. Claro que hay escenarios diversos en el caso de una economía tan dependiente de la exportación de un producto. Pero aún así, ha de tenerse un esquema según los niveles de precios existentes.

            Lo anterior está conectado con el problema de la deuda,  y dada la magnitud que ella ha alcanzado y acumulado, tanto interna como externa, no es menor el asunto de su cumplimiento, tanto en el pago del capital como de los intereses. Destacándose que además en estos años se agrega el compromiso de haber recibido del exterior recursos materiales,  que comprometen parte de los bienes energéticos y mineros que el país tiene en su territorio y que explota para su propio sustento y desarrollo. Grandes cantidades de petróleo y minerales que aún están bajo nuestra tierra, ya están comprometidos para el pago de deudas. Administrar estos compromisos, revisarlos, establecer jerarquías y reprogramaciones es una tarea del mayor interés nacional, y no ha de ocultarse.

            El cuarto componente también tiene que ver con los recursos, pero en este caso los cualitativos. Son los aspectos morales, los valores que acompañarán el manejo de los mismos. En las décadas de los setenta y ochenta, emergió Japón y los cuatro tigres asiáticos (Corea del Sur, Taiwán, Hong Kong y Singapur) como líderes en las exportaciones de productos en un principio de poco valor agregado, pero gradualmente se fueron sofisticando. En este proceso jugó un papel muy importante el tema moral y de valores.

            Como esta suficientemente demostrado no sólo se trata de tener recursos financieros, sino del talante moral de quienes los manejan. De los procedimientos para asegurar su eficacia y el cumplimiento de los objetivos. De las medidas que han de tomarse para contrarrestar las desviaciones de carácter moral que puedan surgir en el camino. Por supuesto esto refiere también a la intervención de otros poderes distintos al Ejecutivo, pero precisar el tipo de relaciones entre este poder con el Legislativo, que en sus funciones incluye controlar, el Judicial que atiende los juicios y sentencia con autonomía, el Moral que por propio nombre es la esencia de la ética.

            Los “petroestados” se caracterizan por contar con recursos suficientes, pero con institucionalidades débiles e ineficientes; sean estos estados del Medio Oriente, de Africa o de América Latina. Ha de reconocerse que contamos con un déficit notable en la calidad de nuestras instituciones, en el sentido de discrecionalidades peligrosas y abusivas, interpretación arbitraria de normas así como de incumplimiento por parte de administradores y administrados; abuso de poder de quienes ejercen funciones públicas. Regularmente se publican los resultados de encuestas sobre el funcionamiento de las instituciones publicas y salimos mal parados, y no es un asunto sólo de los administradores, de los funcionarios, sino también de los propios administrados, poco conscientes de sus derechos o también el manejo de ellos por vías de hecho, por la poca confianza en las instituciones, cayendo en excesos, y contribuyendo a un circulo vicioso que complejiza este cuadro.  

            Para terminar, no es menor la importancia que conlleva atreverse a hacer propuestas para dirigir y administrar el país. El esfuerzo demanda el concurso de más allá de quienes constituyen la cúpula y los cuadros de las organizaciones partidistas que llenan los medios y las actividades públicas en una campaña electoral. Por tanto es necesario conocer que lugar y espacios se les permitirá, además son los derechos de los distintos sectores, a ser parte de esta gran tarea, de lograr que el país funcione mejor.

            Hasta ahora no hemos tenido la oportunidad de conocer debates públicos en donde se presenten las dos principales propuestas electorales en torno a lo que hemos expuesto. Muchos lo resentimos, pensamos nos merecemos un mejor trato. Además resentimos que en la campaña electoral jueguen papel tan importante los laboratorios de guerra sucia,  con acusaciones y diatribas que no ofrecen soluciones. El país no anda bien.  

Nota: en los próximos tres domingos no aparecerá nuestra columna, pensamos que los asuntos electorales coparán espacios, han de leerse y analizarse. Apareceremos el lunes 8 de Octubre.

Petrobonos : de lo laboral a lo financiero

 

Con la reforma de la Ley Orgánica del Trabajo en 1997, que trajo entre otros cambios, un nuevo régimen de prestaciones sociales, se fijo un plazo de cinco años para la transferencia del viejo al nuevo régimen, es decir que terminaría en el 2002. La transferencia fue cumplida en este plazo por el sector privado. En el sector público se le dejó  transcurrir y sólo  en algunas contadas instituciones adoptaron años más tarde el nuevo régimen.

            Desde el mismo momento de la aprobación de la reforma de 1997, hubo controversias en cuanto a la tesis de que el nuevo sistema significaba un “despojo” a los intereses de los trabajadores. Quienes sostenían esta tesis eran sectores excluidos o que se sentían excluidos del proceso de concertación que dio lugar a la reforma.

            El mismo proceso de elaboración de una nueva constitución nacional en el marco de la Asamblea Constituyente en 1999, confirmo esa postura critica y por ello exigió en sus disposiciones transitorias regresar al viejo sistema. Ello dio por supuesto fundamento para que desde las directrices del Ejecutivo poco se hizo para la adopción del nuevo régimen prestacional. El tiempo fue corriendo y poco se hacía para cumplir con pagos de intereses y de las mismas prestaciones.

            A lo largo de los años de la primera década de vigencia de la CRBV, varios intentos de reforma laboral tuvieron sobre la mesa el delicado tema de regresar al viejo régimen prestacional. No se tomaron decisiones, tampoco se cumplía con los pasivos laborales por este concepto. Fue finalmente con el Decreto Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras, que se decidió eclecticamente  mantener vigentes los dos regimenes prestacionales y que fuera el trabajador que escogiera el que le diera mayor cantidad de bolívares, ya que según escenarios de antigüedad, inflación y ritmos de incrementos salariales, puede ser más beneficios uno u otro. Todo esto derrumbó la tesis del “despojo”.

            Uno de los sectores gremiales que ha mantenido una atención privilegiada en sus reclamos de estos pasivos ha sido el de los Profesores y Empleados Universitarios. Los acreedores de estos sectores alcanzan cerca de treinta mil y demandan el pago de quince mil millones de bolívares. De hecho en sus agendas reivindicativas de los últimos años no ha dejado de estar presente el reclamo de elaborar conjuntamente con el Gobierno la metodología y los instructivos, para el pago de estos pasivos laborales. Sin embargo, luego de varios reuniones en la búsqueda de concretar un proceso bilateral concertado,  el Gobierno optó por manejar estos asuntos unilateralmente.

            En cuanto al pago, en un cierto momento el Ejecutivo empezó a pagar estos pasivos laborales, y cumplió con un colectivo que llegó hasta los jubilados de 1997. A partir de los jubilados de 1998 se represó el proceso de cancelación. Por tanto, si no se pagaban los pasivos, se le agregaban los intereses. Son catorce años de intereses de las prestaciones sociales. Así que la deuda del Ejecutivo fue rápidamente incrementándose, a lo sumo contenida parcialmente con el hecho de que cada año se pagaba un 8.5% de intereses del capital en prestaciones, en la práctica como un anticipo.

            Recién el Ejecutivo inicia el pago de estos pasivos con los llamados Petrobonos, títulos que convierten una deuda que es un pasivo laboral, en una deuda financiera. Destacamos las desventajas de cobrar los pasivos sin el establecimiento previo de una metodología y cuantificación de la deuda con participación gremial, y que por otra parte se haya decidido al margen estas organizaciones convertir al trabajador universitario de un acreedor laboral a un acreedor financiero. El mundo de lo laboral conlleva tutela, en tanto el mundo de lo financiero es sinónimo de mercado y especulación.            

TRABAJO POR TURNOS EN PROCESOS CONTINUOS

El trabajo por turnos y en ello la jornada nocturna, es un tema delicado por las consecuencias que este horario tiene en los trabajadores. De hecho su limite de horas diarias y semanales, menos que el diurno (una hora menos diaria y cinco horas menos en la semana), así como un pago adicional, evidencian que ha de compensarse a quienes laboran en las horas que van desde las 7 pm hasta las 5 am.

En investigación desarrollada con el Prof Hermes Carmona, nos hemos dedicado al análisis de la reducción de la jornada  de trabajo en el trabajo por turnos,  el disfrute del tiempo libre, la generación de nuevos empleos, el impacto  en la estructura del salario, el rediseño de las  funciones en los puestos de trabajo  y la incidencia de los mismos  en la productividad de las fábricas de papel.

Tradicionalmente los sectores  en donde se observaba, un mayor   uso del trabajo nocturno eran los siguientes:
 Fabricación de productos alimenticios.
 Industria de refinación, petroquímica y quimica.
 Fabricación de textiles, prendas de vestir e industrias del cuero y productos de papel.
 Comercio al por menor.
 Restaurantes y Hoteles.
 Servicios de salud y similares (Hospitales y Clínicas).
 Servicios de seguridad y vigilancia.

En años recientes la difusión de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación ha incentivado el trabajo nocturno en nuevas actividades productivas de bienes y servicios. Aquí destacan los servicios de tele mercadeo y tele servicios, asociados a servicios de seguros, de turismo, de finanzas, ventas.

Pero por otro lado, en nuestro país como consecuencia de la desindustrialización continuada ya de varias décadas, la industria ha venido convirtiéndose en importadora distribuidora, dejando a un lado la actividad transformadora, que conlleva el uso máximo posible de las instalaciones industriales. Esto ha reducido el trabajo nocturno. Sin embargo es esperable que el país experimente una reactivación económica y sus instalaciones productivas sean objeto de un mayor uso, ocupando la enorme capacidad ociosa que resulta de años de contracción productiva.

Para ampliar sobre la desindustrialización,  vease http://hectorlucena.blogspot.com/2011/10/que-consumimos-y-producimos-impactos-en.html y http://hectorlucena.blogspot.com/2012/03/la-industria-venezolana-auge-y-ocaso.html

El nuevo escenario regulatorio que plantea la reciente legislación laboral (Decreto Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras) que confirma la reducción de la jornada nocturna a siete horas diarias y a treinta y cinco por semana, lo que plantea la necesidad de mayor contratación de personal en las empresas de procesos continuos, y así evitar caer en un uso excesivo de trabajo extraordinario, que igualmente está sometido a limites, de diez horas semanales y de cien horas anuales.

Bajo el sistema legal de 8 horas máximas en el turno diurno, 7 horas y media en la jornada mixta y 7 horas de  jornada nocturna, teniendo presente el limite de la jornada nocturna a 35 horas semanales, según el art. 90 de la CRBV, las empresas actualmente deben 1 hora extra en la jornada mixta y dos horas extras en la jornada nocturna, para compensar el tiempo faltante, más el tiempo de descanso y comida ya que los trabajadores comen a pie de máquina, en el mismo lugar donde atienden sus tareas.

El sector investigado en el problema del trabajo por turnos y los procesos continuos es el de la fabricacion de papel. Casi toda la producción nacional reposa en cuatro grandes empresas privadas.

Aún con un cuarto turno el número de horas extraordinarias sigue siendo excesivo y por encima de los limites de la legislación. Esto determina que sólo con la incorporación de un quinto turno se puede garantizar que los trabajadores sólo tendrían que laborar horas extraordinarias regulares en el turno nocturno, pero dentro de los limites legales.

En simulaciones realizadas se pudo constatar que con el quinto turno, cada trabajador laboraría  143 horas mensuales de las cuales  6 serían de sobretiempo. Por supuesto que esto demanda la contratación de más trabajadores, pero al mismo tiempo reduce el uso de trabajo extraordinario.

En la industria del papel dado que el costo de mano de obra usualmente está en el orden del 10 al 12 % del costo de venta de los productos, los incrementos de costo del producto estaría en el orden del 3 al 4%, debiendo el Ejecutivo reconocer esta situación y permitir el incremento de los precios de los productos en las correspondientes  proporciones. Habría que tomar en cuenta que con el nuevo Decreto Ley Orgánica del Trabajo, de los Trabajadores y Trabajadoras, este porcentaje del costo de mano de obra ha de estar algunos puntos por encima.

Hay que advertir que este esquema reduce ingresos por concepto de trabajo extraordinario a quienes laboran por turnos en procesos continuos, pero se abren posibilidaes de más empleo, y permitirá una mayor calidad de vida para los trabajadores.