Las Propuestas en una Campaña Electoral

 

Una campaña electoral deseable es aquella en la cual ante los problemas del país los aspirantes presenten sus enfoques, en primer lugar como entienden al país y sus problemas, de ahí ya se desprenderá una primera ubicación, ya que se identificarán como problemas unos asuntos y en tanto otros no. Según perspectivas ideológicas se hará esta primera decantación.

            Una segunda decantación corresponde a las prioridades de los problemas identificados como tales. Al orden y secuencia de atención. Que medidas se tomarán en los primeros tres meses, luego en el primer semestre, en el primer año, y así sucesivamente hasta completar el sexenio. Claro que surgirán problemas inesperados, que han de reducirse al mínimo, y que la agenda administrativa del gobierno lo ocupen mayoritariamente los problemas que la misma inteligencia gubernamental en su intercambio con los diversos sectores de la sociedad civil han determinado.

            Una tercera consideración, refiere a los recursos materiales que se necesitarán para atender e iniciar las soluciones. De cuantos recursos financieros se trata, y donde están o se ubicarán. Quiénes aspiran a gobernar deben presentar los análisis para precisar los recursos que demandan las soluciones que plantea a los problemas del país. Como los obtendrán es una interrogante esencial; ya sabemos que eso responde a los propios del ámbito público, a los de la propia economía nacional que incluye a los privados, así como a los recursos externos. Claro que hay escenarios diversos en el caso de una economía tan dependiente de la exportación de un producto. Pero aún así, ha de tenerse un esquema según los niveles de precios existentes.

            Lo anterior está conectado con el problema de la deuda,  y dada la magnitud que ella ha alcanzado y acumulado, tanto interna como externa, no es menor el asunto de su cumplimiento, tanto en el pago del capital como de los intereses. Destacándose que además en estos años se agrega el compromiso de haber recibido del exterior recursos materiales,  que comprometen parte de los bienes energéticos y mineros que el país tiene en su territorio y que explota para su propio sustento y desarrollo. Grandes cantidades de petróleo y minerales que aún están bajo nuestra tierra, ya están comprometidos para el pago de deudas. Administrar estos compromisos, revisarlos, establecer jerarquías y reprogramaciones es una tarea del mayor interés nacional, y no ha de ocultarse.

            El cuarto componente también tiene que ver con los recursos, pero en este caso los cualitativos. Son los aspectos morales, los valores que acompañarán el manejo de los mismos. En las décadas de los setenta y ochenta, emergió Japón y los cuatro tigres asiáticos (Corea del Sur, Taiwán, Hong Kong y Singapur) como líderes en las exportaciones de productos en un principio de poco valor agregado, pero gradualmente se fueron sofisticando. En este proceso jugó un papel muy importante el tema moral y de valores.

            Como esta suficientemente demostrado no sólo se trata de tener recursos financieros, sino del talante moral de quienes los manejan. De los procedimientos para asegurar su eficacia y el cumplimiento de los objetivos. De las medidas que han de tomarse para contrarrestar las desviaciones de carácter moral que puedan surgir en el camino. Por supuesto esto refiere también a la intervención de otros poderes distintos al Ejecutivo, pero precisar el tipo de relaciones entre este poder con el Legislativo, que en sus funciones incluye controlar, el Judicial que atiende los juicios y sentencia con autonomía, el Moral que por propio nombre es la esencia de la ética.

            Los “petroestados” se caracterizan por contar con recursos suficientes, pero con institucionalidades débiles e ineficientes; sean estos estados del Medio Oriente, de Africa o de América Latina. Ha de reconocerse que contamos con un déficit notable en la calidad de nuestras instituciones, en el sentido de discrecionalidades peligrosas y abusivas, interpretación arbitraria de normas así como de incumplimiento por parte de administradores y administrados; abuso de poder de quienes ejercen funciones públicas. Regularmente se publican los resultados de encuestas sobre el funcionamiento de las instituciones publicas y salimos mal parados, y no es un asunto sólo de los administradores, de los funcionarios, sino también de los propios administrados, poco conscientes de sus derechos o también el manejo de ellos por vías de hecho, por la poca confianza en las instituciones, cayendo en excesos, y contribuyendo a un circulo vicioso que complejiza este cuadro.  

            Para terminar, no es menor la importancia que conlleva atreverse a hacer propuestas para dirigir y administrar el país. El esfuerzo demanda el concurso de más allá de quienes constituyen la cúpula y los cuadros de las organizaciones partidistas que llenan los medios y las actividades públicas en una campaña electoral. Por tanto es necesario conocer que lugar y espacios se les permitirá, además son los derechos de los distintos sectores, a ser parte de esta gran tarea, de lograr que el país funcione mejor.

            Hasta ahora no hemos tenido la oportunidad de conocer debates públicos en donde se presenten las dos principales propuestas electorales en torno a lo que hemos expuesto. Muchos lo resentimos, pensamos nos merecemos un mejor trato. Además resentimos que en la campaña electoral jueguen papel tan importante los laboratorios de guerra sucia,  con acusaciones y diatribas que no ofrecen soluciones. El país no anda bien.  

Nota: en los próximos tres domingos no aparecerá nuestra columna, pensamos que los asuntos electorales coparán espacios, han de leerse y analizarse. Apareceremos el lunes 8 de Octubre.

Petrobonos : de lo laboral a lo financiero

 

Con la reforma de la Ley Orgánica del Trabajo en 1997, que trajo entre otros cambios, un nuevo régimen de prestaciones sociales, se fijo un plazo de cinco años para la transferencia del viejo al nuevo régimen, es decir que terminaría en el 2002. La transferencia fue cumplida en este plazo por el sector privado. En el sector público se le dejó  transcurrir y sólo  en algunas contadas instituciones adoptaron años más tarde el nuevo régimen.

            Desde el mismo momento de la aprobación de la reforma de 1997, hubo controversias en cuanto a la tesis de que el nuevo sistema significaba un “despojo” a los intereses de los trabajadores. Quienes sostenían esta tesis eran sectores excluidos o que se sentían excluidos del proceso de concertación que dio lugar a la reforma.

            El mismo proceso de elaboración de una nueva constitución nacional en el marco de la Asamblea Constituyente en 1999, confirmo esa postura critica y por ello exigió en sus disposiciones transitorias regresar al viejo sistema. Ello dio por supuesto fundamento para que desde las directrices del Ejecutivo poco se hizo para la adopción del nuevo régimen prestacional. El tiempo fue corriendo y poco se hacía para cumplir con pagos de intereses y de las mismas prestaciones.

            A lo largo de los años de la primera década de vigencia de la CRBV, varios intentos de reforma laboral tuvieron sobre la mesa el delicado tema de regresar al viejo régimen prestacional. No se tomaron decisiones, tampoco se cumplía con los pasivos laborales por este concepto. Fue finalmente con el Decreto Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras, que se decidió eclecticamente  mantener vigentes los dos regimenes prestacionales y que fuera el trabajador que escogiera el que le diera mayor cantidad de bolívares, ya que según escenarios de antigüedad, inflación y ritmos de incrementos salariales, puede ser más beneficios uno u otro. Todo esto derrumbó la tesis del “despojo”.

            Uno de los sectores gremiales que ha mantenido una atención privilegiada en sus reclamos de estos pasivos ha sido el de los Profesores y Empleados Universitarios. Los acreedores de estos sectores alcanzan cerca de treinta mil y demandan el pago de quince mil millones de bolívares. De hecho en sus agendas reivindicativas de los últimos años no ha dejado de estar presente el reclamo de elaborar conjuntamente con el Gobierno la metodología y los instructivos, para el pago de estos pasivos laborales. Sin embargo, luego de varios reuniones en la búsqueda de concretar un proceso bilateral concertado,  el Gobierno optó por manejar estos asuntos unilateralmente.

            En cuanto al pago, en un cierto momento el Ejecutivo empezó a pagar estos pasivos laborales, y cumplió con un colectivo que llegó hasta los jubilados de 1997. A partir de los jubilados de 1998 se represó el proceso de cancelación. Por tanto, si no se pagaban los pasivos, se le agregaban los intereses. Son catorce años de intereses de las prestaciones sociales. Así que la deuda del Ejecutivo fue rápidamente incrementándose, a lo sumo contenida parcialmente con el hecho de que cada año se pagaba un 8.5% de intereses del capital en prestaciones, en la práctica como un anticipo.

            Recién el Ejecutivo inicia el pago de estos pasivos con los llamados Petrobonos, títulos que convierten una deuda que es un pasivo laboral, en una deuda financiera. Destacamos las desventajas de cobrar los pasivos sin el establecimiento previo de una metodología y cuantificación de la deuda con participación gremial, y que por otra parte se haya decidido al margen estas organizaciones convertir al trabajador universitario de un acreedor laboral a un acreedor financiero. El mundo de lo laboral conlleva tutela, en tanto el mundo de lo financiero es sinónimo de mercado y especulación.            

TRABAJO POR TURNOS EN PROCESOS CONTINUOS

El trabajo por turnos y en ello la jornada nocturna, es un tema delicado por las consecuencias que este horario tiene en los trabajadores. De hecho su limite de horas diarias y semanales, menos que el diurno (una hora menos diaria y cinco horas menos en la semana), así como un pago adicional, evidencian que ha de compensarse a quienes laboran en las horas que van desde las 7 pm hasta las 5 am.

En investigación desarrollada con el Prof Hermes Carmona, nos hemos dedicado al análisis de la reducción de la jornada  de trabajo en el trabajo por turnos,  el disfrute del tiempo libre, la generación de nuevos empleos, el impacto  en la estructura del salario, el rediseño de las  funciones en los puestos de trabajo  y la incidencia de los mismos  en la productividad de las fábricas de papel.

Tradicionalmente los sectores  en donde se observaba, un mayor   uso del trabajo nocturno eran los siguientes:
 Fabricación de productos alimenticios.
 Industria de refinación, petroquímica y quimica.
 Fabricación de textiles, prendas de vestir e industrias del cuero y productos de papel.
 Comercio al por menor.
 Restaurantes y Hoteles.
 Servicios de salud y similares (Hospitales y Clínicas).
 Servicios de seguridad y vigilancia.

En años recientes la difusión de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación ha incentivado el trabajo nocturno en nuevas actividades productivas de bienes y servicios. Aquí destacan los servicios de tele mercadeo y tele servicios, asociados a servicios de seguros, de turismo, de finanzas, ventas.

Pero por otro lado, en nuestro país como consecuencia de la desindustrialización continuada ya de varias décadas, la industria ha venido convirtiéndose en importadora distribuidora, dejando a un lado la actividad transformadora, que conlleva el uso máximo posible de las instalaciones industriales. Esto ha reducido el trabajo nocturno. Sin embargo es esperable que el país experimente una reactivación económica y sus instalaciones productivas sean objeto de un mayor uso, ocupando la enorme capacidad ociosa que resulta de años de contracción productiva.

Para ampliar sobre la desindustrialización,  vease http://hectorlucena.blogspot.com/2011/10/que-consumimos-y-producimos-impactos-en.html y http://hectorlucena.blogspot.com/2012/03/la-industria-venezolana-auge-y-ocaso.html

El nuevo escenario regulatorio que plantea la reciente legislación laboral (Decreto Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras) que confirma la reducción de la jornada nocturna a siete horas diarias y a treinta y cinco por semana, lo que plantea la necesidad de mayor contratación de personal en las empresas de procesos continuos, y así evitar caer en un uso excesivo de trabajo extraordinario, que igualmente está sometido a limites, de diez horas semanales y de cien horas anuales.

Bajo el sistema legal de 8 horas máximas en el turno diurno, 7 horas y media en la jornada mixta y 7 horas de  jornada nocturna, teniendo presente el limite de la jornada nocturna a 35 horas semanales, según el art. 90 de la CRBV, las empresas actualmente deben 1 hora extra en la jornada mixta y dos horas extras en la jornada nocturna, para compensar el tiempo faltante, más el tiempo de descanso y comida ya que los trabajadores comen a pie de máquina, en el mismo lugar donde atienden sus tareas.

El sector investigado en el problema del trabajo por turnos y los procesos continuos es el de la fabricacion de papel. Casi toda la producción nacional reposa en cuatro grandes empresas privadas.

Aún con un cuarto turno el número de horas extraordinarias sigue siendo excesivo y por encima de los limites de la legislación. Esto determina que sólo con la incorporación de un quinto turno se puede garantizar que los trabajadores sólo tendrían que laborar horas extraordinarias regulares en el turno nocturno, pero dentro de los limites legales.

En simulaciones realizadas se pudo constatar que con el quinto turno, cada trabajador laboraría  143 horas mensuales de las cuales  6 serían de sobretiempo. Por supuesto que esto demanda la contratación de más trabajadores, pero al mismo tiempo reduce el uso de trabajo extraordinario.

En la industria del papel dado que el costo de mano de obra usualmente está en el orden del 10 al 12 % del costo de venta de los productos, los incrementos de costo del producto estaría en el orden del 3 al 4%, debiendo el Ejecutivo reconocer esta situación y permitir el incremento de los precios de los productos en las correspondientes  proporciones. Habría que tomar en cuenta que con el nuevo Decreto Ley Orgánica del Trabajo, de los Trabajadores y Trabajadoras, este porcentaje del costo de mano de obra ha de estar algunos puntos por encima.

Hay que advertir que este esquema reduce ingresos por concepto de trabajo extraordinario a quienes laboran por turnos en procesos continuos, pero se abren posibilidaes de más empleo, y permitirá una mayor calidad de vida para los trabajadores.

SUSPENSION DE CONVENIOS COLECTIVOS: PREPOTENCIA vs JUSTICIA

 

Las negociaciones colectivas son procesos regulares del funcionamiento de las relaciones de trabajo. Es una manifestación de dialogo entre las partes. Si fuere necesario imponer una parálisis de esta institución, sería un hecho extraordinario que demanda justificaciones muy bien fundadas.

            En nuestra historia socio política, se recuerda que en el año de 1958 los sindicatos y empresarios firmaron un documento que llamaron Avenimiento Obrero Patronal. Con ello congelaban las negociaciones colectivas por un breve lapso. Recordemos que ese año fue derrocado el gobierno militar que por diez años gobernó con mano dura la vida política del país. La situación económica se había deteriorada al final de este decenio, la inestabilidad política se manifestó con varios levantamientos militares.

            Este documento, fue firmado por todas las fuerzas políticas actuantes en el medio sindical, incluyendo al Partido Comunista, así como todos los sectores empresariales. Por supuesto que el gobierno de transición se complació con su firma. Su contenido afectó los procesos de negociación colectiva en el corto plazo, ya que a un año de su firma, se empezaron a negociar los convenios pendientes.

            Recordar estas referencias históricas vienen a propósito de llamar la atención, que en los últimos años un fenómenos generalizado en el sector de organismos estatales es la suspensión de la firma de convenios colectivos. Los pocos que logran firmarse pasan por dificultades en la negociación, y luego al firmarse se agregan dificultades para su cumplimiento.

            La presente congelación proviene directamente del interés del patrono Estado, ya no se trata de un proceso concertado entre trabajadores y patronos, como aquel Avenimiento. Ahora es una política unilateral del Ejecutivo. Sin negociaciones ni consulta con los afectados.

            ¿Por qué no se puede negociar y firmar los convenios colectivos en los Ministerios, Institutos, Empresas o Fundaciones? Sencillamente un oficio de la Vice Presidencia lo indica, al transmitir instrucciones del Comandante Presidente, a todas estas entidades se les niega:

“1- Realizar ajustes de precios en los bienes que producen o en los servicios que ofrecen.

2- Firmar contratos colectivos.

3- Realizar ajuste salarial o decretar bonificaciones al personal de cualquier nivel a su cargo” – oficio del 21 de mayo de 2010-

            Este oficio es parte de una política que ya venía ejecutándose en organismos que tiene record de no negociar convenios colectivos. Hasta el Ministerio del Trabajo estuvo en esa lista, acumulando catorce años sin firmar su convenio colectivo.

            Hemos destacado que hay momentos de crisis económica en donde se explica que los actores sociales abran una discusión para replantearse las negociaciones colectivas, pero nunca como imposición gubernamental. No es su naturaleza asumir esta postura, ni como regulador ni como empresario. Por supuesto que en una crisis económica se hacen análisis y se formulan proposiciones para encarar una baja de ingresos. La congelación de los convenios colectivos pudiera ser una de las opciones a ser discutidas, pero en un ámbito de muchas otras alternativas, donde se pondrán sobre la mesas concesiones de cada quién involucrado.

            Pero no estamos en un escenario de crisis económica coyuntural. Claro que cabalgamos sobre un modelo económico productivo cargado de incertidumbre, opacidad y que requiere revisiones. Pero téngase presente que hacemos un presupuesto nacional con un precio del barril a 50$, cuando lo estamos vendiendo al doble. 

            Es insólito que se congelen convenios colectivos de empresas productivas que también se les impone asignar precios no económicos a los bienes que elabora. Así como imposición de erráticos modelos de gestión que complejizan y encarecen la producción. Todo ello significa,  que en definitiva es la clase trabajadora la única que hace concesiones y sacrificios.

            El interés nacional no es ajeno a este fenómeno, exige por tanto que el Ejecutivo se resguarde y funcione en escenarios racionales, y evite que sus instituciones sean sometidas a situaciones de inviabilidad económica y operativa por compromisos laborales. Para ello los mecanismos laborales cuentan con varios procedimientos. Mencionamos algunos de ellos:

            Por un lado la Procuraduría General de la República participa de las negociaciones, y fija posición en asuntos sustantivos de lo negociación. Igual ocurre con la institución equivalente en los poderes regionales y municipales.

            Además existe la participación en el proceso de análisis de lo negociado del Ministerio de Planificación y Desarrollo (ahora Planificación y Finanzas), realizando los estudios económicos correspondientes.

            Las negociaciones son presididas y dirigidas por un funcionario del Ministerio del Trabajo.

            Estas tres instituciones funcionando coherente y profesionalmente deben de garantizar que según los escenarios políticos, regulatorios y económicos presentes, el Estado no pierde protagonismo en los procesos de negociación. Por ello nos parece prepotente y alevoso, que además se imponga a los entes públicos no negociar los convenios colectivos. ¿Contra quién la prepotencia y alevosía? Contra la clase trabajadora, como se ve es un es un problema de justicia.

EMPRESAS SANAS O APENAS SOBREVIVIENTES

         En nuestra anterior contribución analizamos la conducción política, directiva y gerencial en las Empresas Estatales, en esta ocasión continuamos con el tema, pero precisando situaciones que agudizan las dificultades en la conducción de empresas que colocan el interés por servir a fines políticos, sin establecer un necesario balance con la subsistencia de dicha empresa.

         Lo anterior se traduce en casos de  Empresas Estatales que si bien fueron concebidas para producir un bien o servicio requerido por la sociedad, la orientación política las lleva a privilegiar un funcionamiento con primacía de los fines de un aparente servicio social, dejando a un lado la condición de entes productivo.

         En términos operativos, se trata de empresas que venden un bien o servicio sin relación alguna con el costo que requiere producirlo.  Costo de producción mas elevado que el precio de venta. El caso extremo en nuestro país es PDVSA y el precio de la gasolina en el mercado interno. Es el precio mas barato de este bien en todo el mundo. La situación se hace más extrema cuando la cantidad de producción nacional es deficitaria y se requiere entonces importar gasolina de los EEUU, por supuesto que a los precios internacionales de este producto, téngase en cuenta que precio del barril del crudo está cómodamente sobre los cien dólares. Así que desde el punto de vista de las erogaciones de la nación se tiende a la dolarización de un bien que es vendido a un precio simbólico sin relación alguna con cualquier análisis económico.

         Ante la situación anterior se nota el inicio de búsqueda de alternativas para racionar la venta de este bien, caso exigencia del chip en los estados fronterizos. El tipo de salida señalada, que es explicado en el combate al contrabando y en la racionalización del consumo, deja de lado concentrar el análisis en el funcionamiento de la empresa, que se tome en consideración el balance entre los fines políticos, la dirección y la gestión, asegurando la subsistencia y progreso de la empresa.

         En el mismo orden se puede observar el caso de los precios de productos siderúrgicos regulados que manufactura Sidor, tal es el caso de la Hojalata y de las Cabillas de cierta medida. Entre sus precios regulados gubernamentalmente y el costo de producción hay una diferencia de - 220% y -158%. Se sostiene que estos precios sociales contribuyen a los envases para la industria de alimentos y la construcción de viviendas.

         Pero continuando con el análisis de la conducción política y directiva más que económica y gerencial, resulta que los precios de los productos no regulados, igualmente todos tienen precios asignados por debajo de los costos de producción.

         Aquí cabe reflexionar si la conducción política y la dirección están dispuestas a replantearse este tipo de funcionamiento, y fijarse un plan de recuperación de la empresa, conciliando intereses de naturaleza económica y gerencial. En caso de no ser así, continuarán desarrollándose un conjunto de dificultades como las que a continuación se exponen.

1- Continuar colocando la dirección y la gestión en manos de personal con impericia productiva; manejo errático del negocio; sin experiencia, y tampoco se contrata para esos niveles a gente conocedora del ramo productivo. De todos modos no deja de plantearse como problema el que aún contratándose personal conocedor del negocio, resulta que luego esté subordinado a una Dirección inexperta o comprometida con objetivos puramente no económicos, que sacrifican la subsistencia  operativa en el presente y futuro del negocio.

2- Empresa que no recibe inversión para actualizar bienes productivos, y va  gradualmente rezagándose en su capacidad y operatividad. Igualmente empresa que no hace investigación y desarrollo para mejorar sus procesos, por tanto repite prácticas obsoletas y que poco a poco se va quedando en posición que apenas le permiten sobrevivir. Esto genera incrementos de los costos por perdida de tiempo, materiales y errores.

3- Las dificultades operativas y los pobres resultados de la empresa inciden en incumplimiento de compromisos con el personal, sean los contractuales y los mismos legales. Demás esta destacar que las prácticas de gestión de las personas, puestas en ejercicio o aplicadas poco contribuyen a un buen ambiente de trabajo. Más notorias son estas anomalías cuando se trata de empresas que tienen en sus antecedentes logros en sus prácticas y conquistas laborales. Todo esto trae consigo frecuentes reclamos y paralizaciones laborales. Todo un circulo vicioso.

4- No generación de ganancias y por tanto no se hace aportes al Impuesto sobre la Renta, y dejan de cumplirse con otros tributos a entes estatales de servicios públicos y sociales (Alcaldías, Ivss, INCES, Foavih, entre otros)

         La sobrevivencia sana y robusta de la empresa también es una opción para cumplir objetivos políticos, pero sin prescindir de los económicos y de gestión.

EMPRESAS ESTATALES: CONDUCCION POLITICA, DIRECTIVA Y GERENCIAL

    
Los cambios en la conducción de las empresas estatales es un tema crítico. Los frecuentes cambios en los

niveles directivos de las empresas básicas localizadas en la Región de Guayana, vienen trayendo consigo un

constante proceso de dificultades que afectan a la nación -propietaria-, a los trabajadores, y a los receptores de

estos productos y servicios, así como a entidades públicas que no reciben los tributos correspondientes.

           A objeto de reflexionar sobre el caso, dada los frecuentes cambios de conducción a nivel de Presidentes de estas empresas, se aportan los siguientes planteamientos.

           En primer lugar es importante distinguir  en las empresas estatales entre los niveles político,  directivo y  gerencial. Cada uno tiene su especificidad.

            La gestión de empresas es un área altamente profesional. Lo político está más arriba, está en el Ministerio o Entidad de adscripción. Lo directivo en el eslabón entre lo político y lo económico-técnico en las directrices que conectan las metas políticas con el objeto de una empresa determinada.

          Lo político define en áreas económicas si se va a priorizar la redistribución de la riqueza, o si se va a priorizar la producción, dejando la distribución de la riqueza como un problema a ser resuelto por el mercado, con ajustes del Estado. Toca entonces decidir, como se va a hacer si se trata de lo primero o lo segundo.

            Si es priorizar la distribución de la riqueza, se plantearán programas para que mejoren los ingresos de la población trabajadora, se harán reformas tributarias para pechar según los segmentos de ingresos, y según la naturaleza de los procesos de generación de la riqueza. Si es lo segundo, es decir priorizar la producción, se tendrá que prever que ha de hacerse para dar respuestas a las presiones de cambios en los patrones de redistribución. En fin el ejemplo es un tanto deliberadamente  sencillo, porque lo que se quiere destacar es visualizar lo político en un aspecto económico importante de la acción de todo gobierno.

            Si se trata de dirigir una institución para producir determinados bienes o servicios, de lo que se trata es de funcionar en el marco de las directrices establecidas en lo político, pero el ente ha de gestionarse según criterios profesionales.

            Las empresas estatales que cuentan con unas instalaciones,  equipos y personal experimentado para hacer un determinado bien o servicios, pero si la dependencia política impone líneas de acción que sacrifican estos factores, como el mal uso de instalaciones y equipos, desatención al capital productivo, o falta de políticas y planes de  relaciones justas y participativas con el personal, las posibilidades del alcance de los objetivos será difícil.

            Hay negocios que aún actuándose como recién se describe, hay resultados para el puro mantenimiento o pago de la nómina de personal, y a lo mejor para un mantenimiento de emergencias en las instalaciones y equipos. No invertir en bienes de capital, en formación y desarrollo del personal, en el mantenimiento de condiciones idóneos para el desarrollo productivo, es el camino al fracaso, a morirse de inanición, de mengua.

            Si a lo anterior se le agrega a la empresa productora de un determinado bien o servicio, cumplir tareas extra empresa en ámbitos educativos, o brindar salud, o apoyos comunitarios, incluso se llega a percibir que los indicadores de sus gestores se muestran más en estos últimos asuntos, que en los que tienen que ver con la producción del bien o servicio para el cual existe esa empresa. Evidentemente hay una desnaturalización. La gerencia deja de jugar su papel especifico. Lo que se observa es que el nivel directivo y el político se imponen, y la gerencia es sólo nominal. Incluso lo político se manifiesta de un modo inconexo con un plan de desarrollo determinado, y más en función de intereses grupales y personales. 

            La desprofesionalización de la gerencia es un camino equivocado, incluso si es por considerar que todos pueden dirigir, como un enfoque ultra democrático o el otro extremo,  más bien el monárquico. Que si es hijo, conyugue o familiar de quién gobierna, tengo entonces los genes para dirigir eficientemente un negocio dado. La gestión requiere formación y dedicación. La pura condición de ser un cuadro del partido político que gobierna, no da las cualidades para gerenciar una empresa.

            Una gestión gubernamental necesita confiar la formación de los cuadros para gerenciar las empresas en instituciones calificadas,  sean de las existentes, o que tengan que crearse combinando recursos de las existentes. La constitución y los equipos de estas instituciones es un asunto clave. Igualmente los cuadros a escoger para la formación deben combinar aquellos con calificaciones adquiridas externamente al ente productivo, que traen nuevas ideas y métodos, con las calificaciones que se han adquirido en las propias instituciones productivas. En todo esto no tiene sentido empezar de cero, si el país cuenta con una trayectoria dada. Habrá que hacer ajustes, pero es iluso asumir que todo lo anterior es malo, nada sirve, y que es a partir de determinado momento que se hará lo correcto y lo bueno. Los hechos muestras aciertos y errores, tanto antes como ahora.

ELECCIONES SINDICALES: ANALISIS Y SIGNIFICADO

 

     Las elecciones de un sindicato determinado se han convertido en un hecho llamativo y extraordinario; si se toma en cuenta que es una exigencia reglamentaria que ha de ser realizada cada dos años, es entonces un hecho ordinario que forma parte de la normalidad de las organizaciones de los trabajadores.

Pero la realidad que vivimos hace de las elecciones  sindicales un fenómeno que trasciende a la organización sindical y a la empresa en donde funciona,  y se convierte  en un fenómeno de interés regional y hasta nacional.

Esto tiene que ver en primer lugar con los tiempos electorales que vivimos. Pero las explicaciones hay que llevarlas un poco más allá. Véase que las elecciones del sindicato de trabajadores de Alcasa ocurrieron a más de un año de distancia (agosto 2011)  de las próximas elecciones presidenciales,  y también captaron la atención regional y nacional. Esto nos lleva a otra explicación, que refiere al caso Guayana. Es decir que las elecciones sindicales en esta región, agregan un interés particular que las lleva a convertirse en asuntos de atención nacional.

¿Que ofrecen las elecciones sindicales de Guayana para convertirse en tema de interés nacional? Se trata del asiento de un conglomerado de empresas básicas en energía, en extracción y procesamiento de minerales y otros elementos importantes para el desarrollo,  que han sido objeto de una serie de ensayos impuestos por el Ejecutivo en sus esquemas de funcionamiento. Y que dichos ensayos han sido controversiales y han alimentado polémicas sobre su racionalidad, propósitos y resultados. 

Por lo expuesto en los dos párrafos anteriores, las elecciones en estas empresas representan un test o prueba para no sólo lo electoral sindical nacional y regional, sino también para juzgar los experimentos impuestos por el Ejecutivo en el funcionamiento empresarial estatal. Así que puede considerarse que con las elecciones sindicales se juzgan los ensayos sobre control obrero, consejos de trabajadores, producción social. Y por consiguiente se juzgan los procesos intervencionistas en la vida sindical que acompañan estas experiencias, que dan lugar a que los directores  –patronos-  de las empresas activen abiertamente en los asuntos internos sindicales.

El intervencionismo patronal en los asuntos internos sindicales no es nuevo, y mucho menos en las contiendas electorales, pero cuando son empresas  de la Nación, el interés de quienes las dirigen al inclinarse por algunas de las proposiciones electorales, y hacerlo con los recursos que da ser patrono, resulta más criticable que la ocurrencia de estas mismas experiencias en empresas privadas, ya que en este caso al menos los afectados del lado sindical tienen la opción real de recurrir al el árbitro estatal para denunciar las anomalías intervencionistas.  

El estado es regulador y por tanto a él se recurre para dirimir las controversias que son usuales en las relaciones de trabajo, y que aún más emergen en los procesos electorales,  pero si se hace un participante más en la contienda electoral, pierde su naturaleza arbitral,  credibilidad,  y hasta se le pierde el respeto,  para ejercer la función de regulador. Se requiere una madurez en el ejercicio de las funciones públicas, de gobierno, que aún no alcanzamos.

Agregaríamos en los dos recientes procesos electorales de empresas básicas de Guayana se observaban situaciones de acciones de presión y hasta de criminalización a organizaciones y dirigentes participantes en la contienda.  En el  caso de Carbonorca, hasta se les impidió judicialmente hacer sus elecciones, no obstante la Comisión Electoral de esta organización sindical autorizó su realización, encarando posturas comprometidas que colocaban al patrono apelando a todo tipo de recursos para impedirlas.

El caso del sindicato de los trabajadores de Ferrominera, era algo más complejo. Por un lado el segundo sindicato en afiliados entre las empresas básicas de la región, con cerca de seis mil afiliados, y lo que ello representa en la comunidad. Lo segundo se trata de la participación de un dirigente emblemático –Rubén González-  en lo más severo de la criminalización de la acción sindical, que por su propia condición de Secretario General estuvo al frente de acciones sindicales reclamando la aplicación del convenio colectivo, y sólo por ello estuvo preso 17 meses, y enfrenta un juicio que lo condena  a siete y medio año de presión. Su juicio fue reabierto en Caracas ubicada a ochocientos kilómetros de su residencia,  separándolo de su área de ejercicio sindical, en los días inmediatos al inicio de las elecciones del sindicato en donde ejerce la Secretaría General y se postulaba para la reelección. 

En los dos casos anteriores las elecciones se realizaron contra todo tipo de obstáculos e injerencias arbitrarias, y quienes eran victimizados resultaron los ganadores. Lo más relevante del análisis es que se trata de logros importantes contra prácticas que atropella la libertad sindical.