Seguridad social: tercera edad y pensiones

 Las protestas se multiplican y se extienden a diversos sectores y en los cuatro puntos cardinales de la geografía, ya van por su sexta semana y en esta ocasión convocaron a las personas de la tercera edad. Sobre este sector importa hacer algunas consideraciones sobre las pensiones de jubilación, así como la seguridad social en general.
 
En Venezuela, para 1998 el sistema de seguridad social no había cedido a las políticas privatistas que se impusieron en casi toda América Latina, seguía predominando el clásico sistema de reparto. Sin embargo el nuevo régimen al llegar al poder detuvo una reciente reforma aprobada en 1998 en el gobierno precedente de Rafael Caldera, que si bien no tenía una marcada influencia neoliberal si sugería la capitalización individual como por vía optativa, pero lo más importante era que apuntaba a hacer una reestructuración y a actualizar una seguridad social que para entonces presentaba notables limitaciones.

  El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales era un ente inauditable, sobre el cual había poca confianza en el buen uso de los recursos aportados por empresas y trabajadores, y que para hacer más transparente su desenvolvimiento era necesario separar la actividad prestadora de salud, de aquella eminentemente financiera, pero ambas seguirían en manos estatales. Este primer paso fue paralizado por el Presidente Chávez al llegar al poder.

  La proporción de trabajadores que contribuye a la seguridad social, sigue siendo de sólo un 35%, lo cual guarda relación, con la tasa de desocupación y el peso de la economía informal. No es Venezuela de los países con los más altos porcentajes de cobertura en América Latina, como si son Chile, Costa Rica, Uruguay, Argentina y Brasil.

  La pensión de vejez se paga con el mismo monto del salario mínimo, cualquiera haya sido el aporte de las cotizaciones del trabajador. Una ley aprobada antes de la revolución bolivariana propuesta por la Causa R así lo establecía, además la nueva constitución aprobada en 1999 lo incorpora, la prestación se concibe como universal sin importar la afiliación al sistema.

  Para tener una idea clara de lo que representa una pensión de sólo el salario mínimo, en los años 2016-17 se necesitan entre 17 y 19 salarios mínimos para adquirir la cesta  alimentaria para una familia de 5 personas, según el monitoreo de precios y costo de vida de Cendas-FVM.

  En Venezuela en los últimos años el gobierno en el manejo unilateral y exclusivo de la política salarial ha tendido a priorizar el incremento de bonos antes que de los salarios, los primeros no tienen incidencia en las prestaciones y otros importantes beneficios. Esta tendencia plantea un doble efecto negativo a la seguridad social, resulta que por no ser salarios las contribuciones de la mayor parte de los ingresos de los trabajadores que ingresan a la caja del IVSS, ahí no se toma en cuenta los bonos, y para peor al trabajador jubilarse, ya no percibirá  estos bonos.

 Predomina en el mundo la extension progresiva de la edad para jubilarse, en Venezuela es de 55 años para la mujer y 60 para los hombres, esta cobertura se mantiene con edades que están entre las más bajas en el mundo. En los países donde se aprueba la extension de la edad es una respuesta a la crisis financiera de los sistemas de seguridad social, y al mismo tiempo evitando subir las cotizaciones, y que por lo demás la expectativa de vida ha venido subiendo, lo que en alguna manera concilia con la medida.

  En Venezuela los recursos para agregar más personas a percibir la pensión de vejez, que para el año 2017 alcanza alrededor de los tres millones de personas, consumen más allá de los recursos de los aportes de empresas y trabajadores, los que se estiman no llegar al 20% de las necesidades de pago del IVSS tanto en su funcionamiento como en las pensiones. La mayor parte de los ingresos con los cuales se sostiene este organismo así como el pago de las pensiones provienen de un impuesto regresivo como es el IVA, en menor medida de los ingresos de impuesto sobre la renta, y todos los años se recurre a créditos adicionales para subsanar deficiencias.

  Venezuela atiende con pensión contributiva y no contributiva un 40% del porcentaje de la población de adultos mayores para el 2010, es casi el promedio de América Latina -41%-.
“Las pensiones no contributivas aumentan, porque existen recursos para pagarlas y se descubre la tercera edad como un grupo electoral importante, que se debate entre la gracia y el derecho. Para evitar lo primero, la CEPAL, las contempla como un derecho de ciudadanía, hasta la formulación del piso de protección social.”, lo señala el experto Luis Díaz, de LUZ, en “Derecho a Mínimos Sociales”. Agrega que el esfuerzo por incluir es a quienes no tienen capacidad contributiva, los que menos seguridad social tienen, debido a que el costo de la formalidad es alto; o no tienen la oportunidad de conocer los beneficios, por razones de distancia o por ignorar los modos de ingreso; o porque la supervisión del trabajo no es suficiente. Las prestaciones no contributivas, son útiles para afiliar a ciudadanos, - ajenos a la realidad del mercado formal de trabajo-, en organismos paralelos de la seguridad social.

 Esta entendido que las pensiones no contributivas son las que más se han agregado al listado de pensionados. Diversos programas se han puesto en práctica para este propósito. Todas las decisiones que dan lugar a incorporar mas beneficiarios a la recepción de pensiones no contributivas tienen un sesgo electoral y proselitista, por la manera como se establecen los criterios de elegibilidad sin arbitraje y como son administradas, porque el margen de discrecionalidad es muy amplio y el poder de escrutinio, muy bajo. Todo se desarrolla por entidades que no son auditadas imparcialmente.

Ola de saqueos en Carabobo: desorden social como efecto del desgobierno

Cuatro días continuos de saqueos en seis de los municipios del Estado Carabobo dejan saldo de más de cien establecimientos saqueados. Esos cuatro días empezaron el martes 2, y continuaron miércoles, jueves y viernes. En algunos casos ocurrían en el día, y también en otros en la noche. En este lapso no hubo gobierno; policías y guardias nacionales no aparecían en las zonas de los sucesos, y si lo hacían pasaban de largo. En redes sociales se ha podido ver varios videos donde policías en uniforme y en equipos de transporte oficiales participan de los saqueos (http://www.el-nacional.com/noticias/sucesos/asi-fueron-los-saqueos-carabobo-este-martes_180296); (Noticias Venezuela en Twitter_ _#4Mayo ¡Mira quien saquea! #Carabobo https___t.co_PlOi7DW8en_.htm); (https://www.youtube.com/watch?v=z75cs8jqcZI).

  Apenas recién fue al final del cuarto día de saqueos que aparecieron autoridades patrullando y tomando algunas acciones. Se concluye que los asaltos fueron realizados sin limites de ningún tipo, tan sólo algunos comerciantes que tomaron acciones directas, por ello está detenido un comerciante de origen chino, a quién se le acusa de un asesinato en la defensa de su propiedad.

  Cuando esta ola de saqueos parece haber concluido, aparece el gobierno central por intermedio del Ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, informando el día 6 de mayo, de 135 establecimientos saqueados y de 45 bandas criminales identificadas . Agrega que “ los detenidos serán presentados a la jurisdicción penal militar, donde tribunales de su jurisdicción se encargarán de continuar con las investigaciones”. Llama la atención que a la Fiscalía, vía natural para estas investigaciones se le excluye.

  Es deplorable la tardía reacción gubernamental no obstante que vista la aguda escasez de alimentos y de otros rubros sensibles, el país ha estado en el alto riesgo de saqueos, y de hecho se han venido presentado de manera sistemática en las principales ciudades del país, pero no se había tenido una oleada de la magnitud de la de Carabobo. El año pasado hubo saqueos en Cumaná y en Ciudad Bolívar, pero todo ocurrió en no más de dos días. El país cada vez produce menos, este 2017 sería el cuarto año consecutivo decreciendo. El parque industrial de Carabobo es hoy un cementerio de galpones vacíos, de ciudad industrial de Venezuela ha pasado en estos días a la ciudad de los saqueos.

   Mientras ocurrían los saqueos en varios sitios de la ciudad hubo las diarias protestas convocadas por la oposición, en donde los jóvenes asumen altos riesgos, la represión policial y militar es excesiva y desproporcionada, ya que las exigencias de la protesta están enmarcadas en la constitución nacional, como es solicitar un cronograma electoral, la apertura de la ayuda humanitaria por la escasez de bienes esenciales, la amnistía y la liberación de los presos políticos condenados por juicios amañados y violando el debido proceso, el desarme de grupos de paramilitares y el restablecimiento del balance de los poderes públicos, particularmente el pleno ejercicio de las funciones de la Asamblea Nacional.

  Los gremios empresariales locales reportan más de cien establecimientos saqueados. Los invasores tomaron la mercancía, y por supuesto con destrozos de muebles e instalaciones, y no pocos casos que tomaban más allá de la mercancía en venta, como desintalar y llevarse los aires acondicionados, equipos y herramientas de trabajo. Los primeros saqueos se dirigieron a ventas de alimentos, pero luego se extendió otros establecimientos que expenden productos de otros ramos.  Ademas de comercios, también se incluyen invasiones y saqueos a industrias, tal es el caso de una fábrica de embutidos y otra de pastas. Otros saqueos que han venido ocurriendo es de los camiones que transportan alimentos, los mas frecuentes, pero también de otros productos. En estos días se recrudecieron los asaltos.

  La población nerviosamente abarrota los locales comerciales para compra de alimentos y otros productos esenciales. Los comerciantes reaccionan con miedo, algunos apenas abren parte de sus puertas y controlan el ingresos. Otros no abren. Parte de la cadena de suministros se ha interrumpido.

  En los sectores residenciales temen que los saqueos se re orienten a sus casas. Algunos pocos casos han ocurrido, y su divulgación por redes sociales ha multiplicado las medidas preventivas.

  Las protestas empezaron hace 33 días, y aún nada indica que dejarán de mantenerse, más bien por el contrario cada respuesta del gobierno las enardece. De las recientes:

El retiro de la Organización de Estados Americanos sin tener presente los procedimientos que han de seguirse "Nuestra Constitución establece que todos los acuerdos internacionales relacionados con derechos humanos son parte de la Constitución, por tanto ni que el Parlamento ni que el Ejecutivo quisiera salirse de cualquiera de estos acuerdo pudiera hacerlo, porque una vez que el Estado venezolano ha suscrito acuerdos que protege derechos humanos ya es parte sustancial de nuestra Constitución..”, declaraciones del Presidente de la Asamblea Nacional.
 La propuesta por parte del Gobierno de una convocatoria a una Asamblea Constituyente que pretende excluir la votación directa del ciudadano para elegir a los constituyentistas.

  Pero lo real y auténtico es que no hay medidas que hayan contrarrestado el desplome de los niveles de consumo, que han sido constantes en estos últimos cuatro años, desde el 2013 a hoy.

UNA CONSTITUCION A LA MEDIDA DEL REGIMEN

 El gobierno Bolivariano tuvo en estos años de ejercicio del poder las mayores oportunidades para construir un mejor país del que encontró. Empezando por reconocer que los actores políticos a quienes enfrentó en el camino para su ascenso al poder no le ofrecieron mayores resistencias. Su entrada en escena nacional fue a partir de las rebeliones militares de 1992, para el país fue una sorpresa, sólo avezados analistas podían haber advertido las turbulencias en el seno militar y su posterior emergencia en asonadas armadas. Al propio gobierno de C A Peréz II le agarró por sorpresa. 

  En Suramérica, en donde los militares habían copado casi todo el mapa, para 1992 eran parte del pasado recién superado, los militares salieron del poder por distintas vías, pero rápidamente en donde estuvieron hubo un mea culpa por la sociedad civil por haber estado el poder político en manos militares. Todo esto hace más llamativo cuan a destiempo fue la emergencia militar venezolana si se mira el continente latinoamericano.

  Los actores políticos tradicionales perdieron la capacidad de ejercer un liderazgo efectivo para conducir a las masas y para orientar al país. Ese vacío dio lugar a que en las elecciones presidenciales de 1998, poco antes de la fecha de inscripciones de candidatos el partido más influyente -AD- en los cuarenta años precedentes se desprendía y dejaba de lado la opción que venía anunciando, y decidieron apoyar al candidato con mayores posibilidades de enfrentar al ascendente H Chávez. Abonó todo ello para su amplio triunfo. Basó su campaña electoral en una crítica radical al sistema político imperante. Criticó a la democracia representativa y promovió la democracia participativa. Calificó que la primera había sido hipotecada por el liderazgo político partidista de los partidos dominantes, que se había repartido el poder a lo largo de varias décadas. 

Llenó el vacío del momento que se satisfizo con una imagen y un discurso diferente en el espectro político. 

  Más que el triunfo de Chávez fue la derrota de sus opositores lo que permitió que este nuevo gobierno se empoderara más allá de su caudal electoral. Los actores políticos tradicionales no fueron efectivos para defender lo que habían construido. 

  El mayor cuestionamiento a la democracia representativa  del Pacto de Punto Fijo en sus treinta años para 1989 fue el “caracazo" o “sacudon”. La primera explosión abierta de naturaleza social que ocurrió tanto en Venezuela como en América Latina, a propósito de la disconformidad y rechazo a las políticas neoliberales. El manejo de la situación de ese momento, y las repuestas posteriores no lograron superar el impacto traumático de lo ocurrido. El sistema político quedó agrietado y si bien se emprendieron algunas reformas favorables a la descentralización, desde cierto tiempo en discusión, la elección directa de gobernadores y alcaldes, ellas no fueron suficientes para repararlo. Por cierto que más tarde, la descentralización se detuvo con la nueva institucionalidad puesta en ejercicio desde 1999, que recentralizó en el Poder Ejecutivo nacional estas mismas actividades. 

  En este ventajoso marco el gobierno bolivariano tuvo las mejores oportunidades para revisar, promover y ensayar conceptos e instituciones en todos los órdenes posibles de la vida nacional.  El país le dio la más amplia oportunidad. En la misma convocatoria al primer referéndum consultivo, el que preguntaba a los ciudadanos si querían que se convocara a una Asamblea Constituyente, hay que destacar que la Constitución del momento, la de 1961, no tenía tal figura. Se invocó desde sus promotores bolivarianos que esa institución era el más autentico poder originario ya que era el pueblo quién iba a decidirlo. En el país no había antecedentes. Con la euforia del reciente triunfo electoral, y con la casi postración de los actores políticos tradicionales, lo que vino de ahí en adelante fue el llenado de los requisitos para hacer un proyecto a la medida del nuevo gobierno. 

  La amplia mayoría conseguida por el Polo Patriótico en las elecciones de la Asamblea Constituyente le permite diseñar una nueva Constitución en donde no tuvo necesidad de hacer concesión alguna a las fuerzas opositoras. El proceso fue acelerado y el Gobierno contó con la ventaja de que en una Asamblea Constituyente de 132 miembros, tan sólo seis fueron electos fuera de la fórmula gubernamental, verdaderamente un dominio total. Aunque es necesario destacar que el carácter absolutamente uninominal del sistema electoral, determinó que con un 62% de votos el Gobierno obtuvo el 95% de los constituyentistas, en tanto, la oposición con un 35% apenas alcanzó un 5%. 

  La oposición sin brújula por varios años, dieron lugar a un errático desempeño en la política electoral de 1998 y los años siguientes, incluso llegando abandonar su participación en las elecciones parlamentarias del 2005. 

  Dos traspiés electorales efectivos se cuentan en tantos años de manejo por parte de los actores políticos del régimen bolivariano, el referéndum para modificar la CRBV en el 2007 y las elecciones parlamentarias del 2015. El partido gobernante tuvo un tercer traspié electoral, el de las mismas elecciones parlamentarias del 2010, cuando con sólo el 47% de los votos obtuvo más del 60% de los curules. Pero esas mismas matemáticas engañosas le sirvieron a la oposición en las elecciones del 2015 para que con menos del 60% de los votos lograra más de dos tercios de los diputados. 

  Hoy el régimen bolivariano viola la Constitución que hizo a su medida. ¿Y cómo lo hace?, negando elecciones, desconociendo poderes legítimamente electos, ejerciendo poderes inconstitucionales desde el Ejecutivo, comprometiendo a la República ante poderes externos sin el debido proceso legislativo, y todo con una sala constitucional del TSJ legislando más que interpretando, con la existencia de cuerpos paramilitares agrediendo a mujeres y hombres electos para representar al pueblo en el parlamento, y por supuesto a indefensos ciudadanos, y todo a la vista de cuerpos militares y policiales que olvidan el cumplimiento constitucional.

IMPLOSION EN EL AUTORITARISMO

Escribir sobre temas del mundo del trabajo y de políticas públicas que ejercen influencia en su desenvolvimiento demanda tener presente la situación política del país. Es válido para todo análisis en la materia, con igual jerarquía cabe reconocer a los temas socio económicos. 

  Esta semana ocurrió una implosión en los poderes públicos que hasta diciembre del 2015 venían actuando al unísono. El llamado régimen chavista tuvo hasta esa fecha el control de los cinco poderes públicos constitucionales. El amplio triunfo opositor en las elecciones parlamentarias que les condujo a alcanzar los dos tercios de la Asamblea Nacional produjo un cisma en la ventaja de la que dispuso el chavismo para ejercer su gobierno.

  Apenas ocurrido ese amplio triunfo parlamentario opositor, el chavismo empezó a blindarse para sustraer facultades a la nueva Asamblea. Así como lo había hecho en aquellas derrotas electorales puntuales en algunas pocas gobernaciones y alcaldías; en ese sentido hay que citar la creación desde el ejecutivo nacional de los gobiernos paralelos en los Estados Miranda y Lara, así como en la Alcaldía Metropolitana.

  En la situación particular de sustraer facultades a la nueva Asamblea, es destacable la de pedir la renuncia de aquellos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia a quienes se les vencería su termino de doce años en el transcurso del mandato de la nueva Asamblea, y abocarse de inmediato a nombrar los nuevos magistrados. Pero para cumplir con este proceso no había posibilidades que se cumplieran los lapsos reglamentarios antes de la toma de posesión de la nueva Asamblea, por lo que se violentaron los procedimientos y esa aceleración llevó a que en el argot parlamentario se hablara desde entonces de los magistrados express. 

  A partir del inicio de actividades de la nueva Asamblea, el TSJ se ha convertido por intermedio de la Sala Constitucional en el fabricante de decisiones que cuestionan y anulan casi todos los actos de la mayoría parlamentaria. El inicio de los cuestionamientos empezó contra los diputados indigenas del Estado Amazonas, tres opositores. Sin juicios ni defensa se les ha suspendido del ejercicio de sus actividades parlamentarias, no obstante haber recibido la credencial del órgano electoral y juramentado formalmente. 

  De ahí en adelante suman 54 decisiones del TSJ oponiéndose al libre ejercicio de las mas importantes facultades de la Asamblea Nacional,  que se listan en el artículo 187 de la CNRBV, destacándose legislar, controlar al gobierno y a la administración pública, organizar la participación ciudadana, amnistiar, aprobar el presupuesto nacional, todo lo relativo a tributos, crédito público, planes de desarrollo económico y social, contratos de la República con gobiernos o empresas no domiciliadas en Venezuela. 

  A lo largo del 2016 las relaciones del resto de los poderes con la Asamblea Nacional ha sido tensa y llena de dificultades. Casi todas las leyes aprobadas por la AN son rechazadas por el TSJ, por otro lado el Ejecutivo ha extendido de manera permanente el ejercicio gubernamental con poderes habilitantes cedidos antes del ejercicio de la presente AN.

  La implosión aludida anteriormente refiere a la discrepancia de la Fiscal General de la República con las Sentencias del TSJ Nos. 155 y 156,  que las ha calificado de significar “la ruptura del orden constitucional”, es decir un golpe de estado, como desde un primer momento las identificaron la mayoría parlamentaria. El gobierno nacional sólo reconoce como un impasse entre poderes y convoca a un órgano consultivo, el Consejo de Defensa de la la Nación, solicitando que el TSJ enmiende las sentencias, que lo hace parcialmente con las Sentencias 157 y 158. 

  Sin embargo con los antecedentes de las actuaciones de la Sala Constitucional del TSJ, esta enmienda no resuelve la crisis desarrollada a lo largo del gobierno chavista de tener poderes subordinados al Ejecutivo y enfrentados en este pasado año y tercio a la Asamblea Nacional, el poder electo de más reciente fecha y reflejo de una realidad electoral nacional ejercida en condiciones adversas bajo un Consejo Electoral Nacional controlado políticamente por el oficialismo, lo que se expresó en restricciones y falta de imparcialidad.  

  Todo esto ocurre en un país que tiene hoy 30 millones de habitantes, más de dos siglos de vida republicana, que logró en la segunda mitad del siglo XX establecer un sistema político que eligió consecutivamente a ocho gobiernos civiles en amplias y abiertas elecciones, sin traumas y en paz, que si bien el sistema político dejó franjas de exclusión, hubo la oportunidad para que otras opciones, como por ejemplo la representada por el auto denominado chavismo experimentara su proyecto. Además con justo orgullo esta corriente destaca sus consecutivos triunfos electorales empezando por el logrado en diciembre del 1998, cuando accede al poder, en elecciones organizadas y administradas por autoridades electorales imparciales,  y en los años sucesivos acumuló otros importantes triunfos electorales, pero que en cierto momento el CNE fue puesto al servicio del modelo chavista y perdió la imparcialidad, como ocurrió con todos los otros poderes, y es ese marco de subordinación que los ha hecho funcionar al margen de los mandatos constitucionales, sin control ni balance de poderes, lo que ha llevado a la sociedad venezolana a una situación de autoritarismo, caos y retroceso. 

hector.lucena@gmail.com

@hl_lucena

EL NO RECONOCIMIENTO COMO FUENTE DE CONFLICTO LABORAL

Vivimos en el país una época en donde poco se dialoga. Se menciona la palabra diálogo para referirse a situaciones que no lo son precisamente. En las relaciones de trabajo ese mecanismo es imprescindible. Las negociaciones de las condiciones de trabajo descansan en el diálogo. El país con la inflación más alta del mundo, no cuenta con mecanismos para dialogar sobre el tema. Es un reflejo que para el gobierno las organizaciones del ámbito productivo y laboral no le resultan relevantes.

  Entre los poderes públicos fundamentales, en el debate y análisis del problema, hay un abismo por el no reconocimiento. Un Ejecutivo que no reconoce al Legislativo, al tiempo que los otros poderes públicos subordinados al primero hacen de comparsa que agudizan la crisis institucional. El Ejecutivo gobierna al margen del Legislativo. Incluso no hay lugar, por el nivel de las restricciones en el funcionamiento institucional, que de los otros poderes haya cualquier intento de una actuación que discrepe del deseo del Ejecutivo. 

  En este caos institucional la situación económica y política no parece encontrar límites. Por otro lado la conflictividad se mantiene expresándose en diversas maneras. Unas individualmente, otras colectivas. Las encuestas que sondean el estado de animo de los ciudadanos muestran el desencanto y rechazo al actual estado de cosas. Sin embargo la conflictividad individual no hace mayor mella en el diseño, mantenimiento, o sustitución de políticas oficiales tales o cuales. Por supuesto que el malestar de los ciudadanos se forma y persiste al sentir cotidianamente el desmejoramiento de su calidad de vida y la falta de expectativas. Ese malestar usualmente se expresa es en los procesos electorales, de ahí la gravedad de su negación.

  Las manifestaciones de la conflictividad colectiva son recurrentes en las relaciones de trabajo; no le son extrañas. Cierto que existen visiones que ven en la relación de empleadores y trabajadores solo la dimensión de la cooperación, y por tanto soslayan la de la conflictividad, algunas lo hacen por estricta orientación gerencial y otras por razones ideológicas de querer someter corporativamente a los trabajadores a un determinado comportamiento afín con el régimen político dominante. 

  Pero es evidente que trabajadores y patronos tienen encuentros y desencuentros, consensos y disensos. Estos últimos sustentan la conflictividad; la que es posible en tanto haya organización colectiva. Por ello en lo individual, es un desafío aquel que asume enfrentar a un patrono para que adopte o deje de adoptar una determinada decisión, en salarios, en condiciones de trabajo. Para los trabajadores individuales enfrentar al patrono es tener que irse o someterse a un empleo sin mayores expectativas de progreso o del ascenso en la carrera organizacional.

  Por entender que desafiar el poder patronal es riesgoso, es por lo que las organizaciones de los trabajadores han sobrevivido a tantos esfuerzos gubernamentales y patronales por minimizar su papel e importancia. Agreguemos que en el propio seno de las organizaciones de los trabajadores también se incuban prácticas que minimizan su accionar. Claro que ellas son organizaciones vulnerables a prácticas que generan controversias y por tanto sujetas a un escrutinio colectivo mayor que la generalidad de las organizaciones en el ámbito laboral.

  Con el objeto de eludir las pretensiones gubernamentales y patronales de erosionar y hacer mella en el seno de las organizaciones de los trabajadores, es universal el principio de la libertad sindical, enfatizando la autonomía y la prohibición de injerencia de terceros. 

  La representación de los trabajadores es un asunto de ellos. Si no fuera así, entonces no tendría sentido su existencia. Es igual que la representación de las organizaciones de los militares, del clero, de las transnacionales, están sólo enmarcadas en el interés común de la convivencia con el resto de la sociedad y del cumplimiento de sus roles.

  Toda la reflexión anterior se plantea porque una vez más el gobierno pretende decidir quién representa a determinados sectores para la revisión y negociación de sus condiciones de trabajo. En el ámbito universitario, en este pasado 31 de diciembre del 2016 venció la convención colectiva -llamada en este caso normativa laboral- y empieza este año con su revisión, pero el primer escollo para esta comunidad es nuevamente el problema de la injerencia patronal estatal en los asuntos internos de la representación de los distintos sectores laborales universitarios. Ya ocurrió otro tanto con ocasión de la negociación de la primera y segunda normativa laboral en 2013 y 2015. De ahí derivan tensiones, escaramuzas y conflictos que se agregan a una sociedad que ya vive en extremas penurias y zozobras por la hiperinflación, la escasez y la inseguridad personal. 

  

INFLACION, RENDICION DE CUENTAS Y METADATA

   

La Asamblea Nacional acaba de iniciar la publicación de datos de la inflación acaecidos mes a mes, y la acumulada tanto en lo que va del año como en la del año completo. Llena un vacío dejado por las entidades estatales que tienen esa obligación, referimos al BCV y al INE. Señalamos que estas entidades están equipadas de los recursos tecnológicos, profesionales y humanos para responderle al país el cumplimiento de estas obligaciones. 

  Lo que de manera emergente empieza a realizar la Asamblea Nacional es una situación extraordinaria. Esta iniciativa ha tenido como promotor y vocero al Diputado José Guerra, quién en sus antecedentes profesionales ha sido jefe de investigaciones del BCV, y por tanto familiarizado con los métodos de recopilación, procesamiento y presentación de los índices inflacionarios. En todo caso son métodos aceptados por estas instituciones como el BCV y el INE para brindarle a la sociedad la certeza del curso que sigue la economía en lo relativo a las áreas de indagación.

  Evidentemente la no publicación de los índices por parte de los entes a quienes corresponden es un incumplimiento de responsabilidades institucionales del Poder Ejecutivo. A pesar de los llamados de atención por parte del Legislativo, los índices dejaron de publicarse. Evidente que existe una pugna entre los poderes que trasciende este tema particular. Cabe también señalar que nuestro país tiene a lo largo de su historia un sistema de gobierno de marcado carácter presidencialista y la Constitución Bolivariana del año 1999 lo ha acentuado. Que el Poder Legislativo logre el grado de control de la actividad del ejecutivo mencionado en la Constitución Bolivariana no se ha alcanzado.

  La Asamblea Nacional no ha podido materializar la comparecencia de ningún alto funcionario para que exponga y rinda cuenta de las funciones encomendadas. Tan solo el Presidente de la República recién instalada esta Asamblea Nacional presentó su informe en los inicios de las sesiones, en enero de 2016. De ahí en adelante han sido en vano los esfuerzos de la AN por requerir la comparecencia de altos funcionarios a rendir cuentas ante las comisiones especializadas del Parlamento. 

  La Constitución Bolivariana sobre estos asuntos indica: 

“Artículo 222. La Asamblea Nacional podrá ejercer su función de control mediante los siguientes mecanismos: las interpelaciones, las investigaciones, las preguntas, las autorizaciones y las aprobaciones parlamentarias previstas en esta Constitución y en la ley y mediante cualquier otro mecanismo que establezcan las leyes y su Reglamento. En ejercicio del control parlamentario, podrán declarar la responsabilidad política de los funcionarios públicos o funcionarias públicas y solicitar al Poder Ciudadano que intente las acciones a que haya lugar para hacer efectiva tal responsabilidad.

Artículo 223. La Asamblea y sus Comisiones podrán realizar las investigaciones que juzguen convenientes en las materias de su competencia, de conformidad con el reglamento.

Todos los funcionarios públicos o funcionarias públicas están obligados u obligadas, bajo las sanciones que establezcan las leyes, a comparecer ante dichas Comisiones y a suministrarles las informaciones y documentos que requieran para el cumplimiento de sus funciones.

Esta obligación comprende también a los y las particulares, a quienes se les respetará sus derechos y garantías que ésta Constitución reconoce.”

  

No habían transcurridos los primeros dos meses de la nueva AN, por primera vez con amplia mayoría opositora, cuando el 1 de marzo del 2016  el TSJ a través de la  Sala Constitucional fija posición limitativa para que se realice la actividad de control que se menciona en los artículos transcritos. 

  Las personas naturales y jurídicas están obligadas a presentar diversidad de datos a los entes estatales, que han de ser utilizados para la construcción de políticas e índices para  su utilización en el funcionamiento del país. 

  En ese orden se destaca que es inmensa la recopilación de datos que el Estado recoge por vía de sus funciones de recaudación tributaria, de identificación, de dador de educación, de salud, de justicia, de seguridad y asistencia social, de administración del trabajo y de justicia.

Martin Hilbert “estima que el Estado posee alrededor de un tercio de los datos de un país, lo que es mucho… El gobierno sabe todo lo que pasa en los colegios, en los hospitales, en los servicios de impuestos… Se puede aprovechar mucho más para políticas sociales y económicas, sobre todo en América Latina”

  El mismo experto señala a propósito de los censos nacionales que con los datos que se obtienen de los celulares y usando solamente lo que se llama metadata, o sea sin escuchar conversaciones ni saber con quién se habla, sino sólo con qué frecuencia y con qué duración usas el celular, con eso se puede hacer ingeniería reversa y reproducir el 85% de los resultados de un censo: si eres hombre o mujer, cuál es tu rango de ingresos, si tienes niños, si estás casado, tu origen étnico…

(Martin Hilbert en http://www.theclinic.cl/2017/01/19/martin-hilbert-experto-redes-digitales-obama-trump-usaron-big-data-lavar-cerebros/ ). 

  En nuestro caso el Gobierno venezolano ha dejado de publicar los índices más necesarios para orientar la actividad económica, se observan varios años de desinformación que se ha pretendido llenar con propaganda por un lado, pero de opacidad y falta de transparencia al mismo tiempo. 

  Quienes compran y venden, quienes negocian salarios, contratos, inversiones, ahorros, se desenvuelven en los mercados sin el fundamental apoyo de las entidades estatales que existen para orientar y brindar información, pero también que quienes tienen acceso a los recursos sofisticados de alta tecnología disponen de data e índices que les permite mayores ventajas por el vacío institucional.

hector.lucena@gmail.com

@hl_lucena

EVOLUCION DE LA PERDIDA DEL VALOR DEL TRABAJO

  En un plazo amplio la situación del asalariado se ha degradado a niveles impensables. Si bien día a día, semana a semana, mes a mes, en tiempos de hiperinflación se siente sus efectos, es importante ver la evolución de las condiciones de trabajo y de vida en una perspectiva más amplia, y que al menos tengamos a nuestro alrededor evidencias en las propias personas que nos rodean, de testimonios que señalen el contraste llamando la atención y alarma que plantea la degradación del asalariado. 

   A principios de los años setentas el ingreso a la carrera académica era con un sueldo mensual que oscilaba de Bs 3700 a 4000, para entonces el dólar se cotizaba a un valor único de Bs 4.30, por tanto en dólares el ingreso a esta carrera era con $USA de 860 - 930 mensuales. Si el ingreso fuera hoy y se mantuviera el mismo nivel de salario en bolívares a tasa dicom  -Bs 690- el ingreso a esta carrera sería con un sueldo mensual entre 593 - 641 mil bolívares.

  Si 25 años más tarde, mediados de los noventas, este mismo trabajador se acoge a la jubilación y por tanto egresa, recibía unas prestaciones sociales que le permitieron adquirir un apartamento en zona residencial, equiparlo y le alcanzaría para adquirir un vehículo nuevo. Generalmente ya estos bienes los había adquirido con su sueldo, pero podía agregarlos para asegurar una renta por alquiler o provisiones para dependientes, o bien decidía darle otro destino a estos ingresos de prestaciones sociales. 

  ¿Qué tenemos hoy para el que ingresa y para el que egresa de la carrera académica? En el primer caso un salario que estará por los Bs 55.000 mensual y que traducido a dólares dicom representan $79.71. Por otro lado quienes egresan de la carrera al menos 25 años más tarde, hoy difícilmente tengan sus prestaciones completas porque la misma depauperación salarial lleva a pedir anticipos de manera permanente, por lo que el cobro de prestaciones puede representar la compra de una nevera y algún otro artefacto de menor valor, o la reparación del motor del vehículo. 

  Los salarios y las condiciones materiales de vida se han desplomado en este lapso que va desde 1998 hasta nuestros días. Este mismo ciclo ocurre para quienes trabajan como asalariados en salud -médicos, enfermeras, empleados y obreros- , en justicia -jueces, secretarias, alguaciles, asistentes- en administración pública -funcionarios de todas las categorías-, en la industria manufacturera - obreros, técnicos, administrativos -, en el comercio y servicios -agentes de ventas al mayor, vendedores de mostrador, informáticos, mantenimiento-. En síntesis la población asalariada ha experimentado un desmejoramiento absoluto de sus condiciones de trabajo y de vida. 

  En este ciclo siguen existiendo las organizaciones representativas de los trabajadores, los convenios colectivos y los mecanismos de reclamo y de demanda para el cumplimiento y revisión de las condiciones de trabajo, pero la situación de deterioro de las condiciones de vida sigue su curso indetenible y todas las instituciones que otrora sirvieron para mejorarlas de manera real y efectiva, hoy se han vuelto impotentes.  

  Se cree que existe la protección de los trabajadores porque hay leyes y reglamentos que así lo declaran en su exposición de motivos, en su articulado, pero la situación de los trabajadores se sigue deteriorando. Se siguen formando sindicatos, federaciones e incluso nuevas centrales nacionales, pero ello por si solo no logra revertir la situación de deterioro permanente. 

  Igualmente en el sector público se continúa negociando convenios colectivos aunque con algunas dificultades, ya que no se negocia con fluidez apenas vence el convenio vigente, los procesos para negociar y su desarrollo son traumáticos, engorrosos, las organizaciones han perdido libertad por la dependencia a conceptos y procesos que los hacen ser menos autónomos, trayendo como resultados incluso el sacrificio de beneficios de los trabajadores. 

  En el sector privado, más escrutado por las autoridades, lo que no ocurre con el sector público, de aquí que  las negociaciones tienden a ser más expeditas, pero aún los resultados de los convenios solos no pueden evitar el deterioro del sistema productivo en su capacidad para ofrecer suficientes bienes y servicios, por lo que las distorsiones que dan lugar a escasez y mercados negros le arrebatan sus ingresos.

  La manera como se ha venido conduciendo el país no permite que estos problemas puedan ser resueltos, aún manteniendo aparentemente las instituciones laborales, si bien ellas fueron las que otrora contribuyeron y permitieron al asalariado el mejoramiento de las condiciones de trabajo y de vida, como aumentos reales de salarios, fomento de organizaciones de los trabajadores, de negociaciones colectivas, pero hoy han cambiado radicalmente las condiciones del contexto en las cuales se desenvuelve la actividad productiva y el funcionamiento político y social, lo que restringe directamente las condiciones para que en el país se reactive su desarrollo productivo.

  El valor del trabajo se ha reducido, al tiempo que el país produce menos. Hay menos empleos productivos. Por un lado se multiplican actividades de sobrevivencia, y en contraste el país repite formas de administrar errática y dispendiosamente sus cada vez más escasos recursos. Iniciamos este año con incertidumbre y desasosiego. Hay que empezar por encontrar y construir más certidumbre. 

SALARIOS Y BONIFICACIONES PARA ESTAR PEOR

Empezando el año se decreto una revisión del salario mínimo a partir del 1 de Enero. Era la 3era revisión consecutiva cuyos lapsos entre una y otra era de 60 días, reflejo directo del camino sostenido hacia una hiperinflación en el presente año. Para este 1ero de Marzo se completa otro nuevo ciclo de sesenta días, el aumento del ingreso de los trabajadores ya está decretado con el aumento del valor de la unidad tributaria que a partir de la presente fecha pasa de Bs 177 a Bs 300, lo que representa un incremento del 70% que repercute directamente en el bono de alimentación que pasaría de Bs 63.720 a Bs 108.000 mensuales.

  Este proceso que da lugar a que los trabajadores perciban más ingresos por la bonificación (Bs 108.000) que por el salario mínimo (40.638), donde lo primero representa 2.65 veces los segundo, lo que se traduce en una real situación de bonificación de los salarios.  Este fenómeno nos remite al proceso que a lo largo del período  que va desde fines de los años 80s hasta 1997, que llegó al extremo de que la bonificación representaba cuatro veces más el salario mínimo, por lo que en un momento dado los trabajadores percibían de salario mínimo Bs15 bolívares diarios, en cambio tenían Bs 75 de bonificación, cuatro veces más. En este momento tenemos una relación que fomenta la bonificación al tiempo que desalariza el ingreso de los trabajadores, el fenómeno ha sido continuado y en cada ocasión de revisión del ingreso la brecha se amplia a favor de la bonificación. 

  Esta tendencia es de consecuencias muy importantes para que sea promovida al margen de los actores productivos y laborales. Existen países en donde las cargas distintas al salario son de poca monta, y ofrecen un pago sustancioso de los salarios. En nuestro caso se han fomentado cargas al empleador basadas en la condición de asalariado tutelado, pero manteniendo muy bajos salarios. Todo ha ocurrido sin que se ha haya fomentado la creación de empleos de calidad. ¿Que es lo que se quiere? ¿Hacia donde se pretende llevar la situación de los ingresos del trabajo? Son temas pendiente de debatir.

  Está muy bien entendido la distinción entre bonificación y salario porque este último implica repercusiones directas en todos los conceptos que han de retribuirse al trabajador en su condición de dependiente, en cambio la bonificación tiene algunas restricciones por no tener carácter salarial, especialmente en la relativa a las utilidades, en las bonificaciones por vacaciones y en las prestaciones sociales, entre las más importantes. 

  Esta evolución de la bonificación que es del mismo valor para todos los trabajadores que lo perciben,  también implica que al revisarse sólo el nivel de los salarios mínimos,  no se tocan las categorías que ganan por encima, salvo que este incremento los supere, entonces se corrige para que no quede nadie por debajo del mínimo. De ello deriva una tendencia a homogeneizar los salarios y en general los ingresos laborales de los trabajadores. Tendemos a ser una sociedad más igualitaria, pero aceleradamente más pobre con la igualación hacia abajo.

  Para mantener los diferenciales una opción es incrementar las categorías superiores en las mismas proporciones en que fue incrementado el propio salario mínimo, obviamente este incremento ensancha la brecha en valores nominales, pero no en términos relativos. En otras palabras esto serían aumentos generales de salarios. Es la opción que evita la continuada reducción de los diferenciales. 

 Colateralmente la bonificación tiene consecuencias perversas para el sistema de la seguridad social ya que le resta recursos. Los aportes que se hacen en función de los salarios, tanto los patronales como de los trabajadores, dejan de tomar en cuenta el 73% de los ingresos ordinarios de los trabajadores. Agreguemos que la justa incorporación al jubilado del equivalente de la bonificación por alimentos, hace más dependiente sus ingresos pensionales del presupuesto público y no del sistema de seguridad social. Esto en el fondo implica unas pensiones más inestables, si bien se pueden estar cobrando regularmente, mes a mes, pero con billetes con menor poder adquisitivo, emitidos para mantener las pensiones como un programa más de la asistencia social.

  Por supuesto que los planteamientos expuestos no atienden a la preservación del poder adquisitivo de los salarios, es decir los salarios reales. La teoría que reconoce que los salarios han de incrementarse porque dinamizan la economía exige que haya producción nacional. De lo contrario estos incrementos se convierten en cada vez menor adquisición de productos y servicios, cada vez más escasos y por tanto más caros. Y si aparecen de pronto en los anaqueles, ello proviene de misteriosas importaciones con precios claramente dolarizados a tasas cercanas o equivalentes a las del mercado paralelo. En este contexto las revisiones de los  salarios son un espejismo, solo sirven para fines propagandísticos del Ejecutivo, pero para quienes lo perciben lo ven con preocupación y como una abierta falacia.  

  Recordemos que no se maneja en la toma de decisiones ninguno de los típicos índices propios de la revisión salarial, como son:

• Los de costo de vida, ya sea generales, por regiones, por segmentos de ingresos; de los niveles de precios por rubros; 
• Del estado del uso de la capacidad productiva, de la producción en unidades y en valores monetarias; 
• De la productividad por el uso eficiente de los recursos; 
• De los niveles y de la calidad de los empleos; 
• De las inversiones para mejorar y mantener la capacidad productiva; de estímulos a los productores. 

  Todas las decisiones sobre salarios que se han venido tomando desde el Ejecutivo no son debatidas con los factores de la producción,  y tampoco con las instituciones que disponen de la representación propia de una sociedad con una constitución que fija estos procedimientos. Lo acordado unilateralmente no pasa de ser intentos de muy corto alcance para corregir las anomalías que predominan en el acceso a los bienes para la sociedad y en el funcionamiento normal del sistema productivo.

  Se afirma de parte del Ejecutivo que esta política salarial está enmarcada en leyes de emergencia económica, del plan de la patria y del presupuesto nacional, pero es evidente que se trata de instrumentos referenciales que no han sido discutidos y debatidos en los espacios propios establecidos en la constitución de la república. Todo ello agrega desconfianza a los agentes económicos. No hay rumbos claros en lo económico, por tanto continúa el deterioro para la sociedad tanto del lado del trabajo como de las empresas. 

BILLETES DE 100 y PROTESTAS

La liquidez en manos del público se incrementa notablemente en los meses de noviembre y diciembre, a ello contribuye el pago de utilidades y bonificaciones de fin de año al personal de los sectores formales y parte de la informalidad; además, por doquier se observan solicitudes del tradicional aguinaldo, el del cochinito de plástico, especialmente en comercios y servicios en establecimientos y en manos de trabajadores informales, y así como en cierta proporción entre muchas de las actividades y entes productivos formales. Por otro lado, las generalizadas vacaciones colectivas  facilitan  que en estas fechas las personas disponen de mayor tiempo para hacer sus compras de temporada, las que con los problemas crecientes de escasez da lugar a tener que visitar varios establecimientos para poder completar una lista de compras.

También resulta que al retirar de la circulación monetaria más del cincuenta por ciento de esa liquidez, la representada en los billetes de mayor denominación, los de cien bolívares, al tiempo que aún no están disponibles los nuevos billetes, recordemos que los de quinientos bolívares se anunciaron para este pasado 15 del presente mes,  se produce entonces un enorme vacío de medios de pagos que crea incomodidades para densos sectores de la población, justamente aquellos más frágiles que viven al día y estos ingresos extraordinarios de fin de año vienen siendo ansiosamente esperados.

Los recientes saqueos ocurridos en decenas de poblaciones en los cuatro puntos cardinales del país, Ciudad Bolivar, La Fría, Maturin, Maracaibo, Guasdualito, Valera, Tumeremo, Barinas, El Callao, entre otras poblaciones, son reacciones de malestar, indignación y desespero por lo sorpresivo que este tipo de medida les resulta, que los obliga con todo nerviosismo a deshacerse de los billetes de mayor denominación. 

Las nerviosas carreras han dejado ver situaciones dramáticas entre los sectores más pobres. Casos de persistencia de numerosas personas no bancarizadas, que toda su modesta relación de ingresos y egresos la resuelven directamente con dinero en efectivo. Otros que si bien tienen su cuenta de ahorro no disponen de tarjetas de plástico, sea de débito o crédito para facilitar transacciones. 

A toda la población le ha creado incomodidades la situación de retiro de los billetes de cien bolívares al tiempo que no se cuenta con los nuevos, pero quienes menores incomodidades han experimentado son quienes disponen de medios alternos de pago y en general de recursos y familiaridad para hacer transacciones electrónicas. 

Curiosidades derivadas de esta medida ha determinado que personas que han entregado luego de larga e incómoda espera sus billetes de cien bolívares, acuden luego a un cajero automático para disponer de efectivo y resulta que los cajeros le emiten también billetes de esa misma denominación, ocurre una suerte de centrífuga, aunque advirtiendo sin tener nada que ver esta con un conocido eslabón de la parte financiera de ciertos negocios oscuros.

Al comprar con tarjetas predominan los establecimientos que solo te permiten que los clientes paguen con debito y eluden cobrar con las de crédito, a veces se agrega un adicional y el cliente termina pagando un precio más caro por esa razón. 

En la informalidad viene extendiéndose el anuncio "tenemos punto de venta", pero casi siempre el equipo electrónico pertenece a un tercero o a un establecimiento cercano que facilita el servicio cobrando un porcentaje adicional ya sea al cliente o al pequeño comerciante vendedor del bien o servicio.

Necesario destacar que la saturación del uso de los medios electrónicos para el pago tanto en los establecimientos proveedores de las ventas como en otras sedes residenciales y comerciales, desde donde se hacen transacciones, da inevitablemente lugar a frecuentes caídas del internet, y por tanto la repetición de operaciones, además de lentitud y más razones para otras nuevas y largas colas. 

En este cuadro de desasosiego no faltarán aquellas lecturas de la realidad que pretendan adjudicar estas reacciones de malestar y protesta a tal o cual grupo político opositor, pero se sabe que los cuerpos oficiales de inteligencia se precipitan en estas situaciones e incurren en arbitrariedades al tratar de hacerse de chivos expiatorios. Recordemos que el "caracazo" o "sacudón" de febrero de 1989, a pesar de las tantas indagaciones e investigaciones no dejo claridad alguna en determinar qué tal o tales grupos políticos de entonces jugaron un papel de promotores de esas protestas, más bien al final toca asignar la promoción de los mismos a las propias acciones y la inhabilidad del alto gobierno en la toma de decisiones. 

VACACIONES SIN VACACIONAR

  El análisis del tiempo de trabajo conlleva distinguirlo entre el tiempo activo y el pasivo. El primero que corresponde al estadio bajo la subordinación del empleador, y el segundo que es tiempo del trabajador para recuperación del desgaste que el trabajo conlleva. Las regulaciones sobre el tiempo de trabajo se hacen a partir de la unidad hora, pasando luego por el turno, la jornada, el día, la semana, el mes, el año, la carrera y toda la vida laboral.

  Al final de cada año suele plantearse dos hechos significativos en el tiempo de los negocios y con ello del trabajo, por un lado casi toda la manufactura cierra para conceder vacaciones colectivas, especialmente a las áreas en donde participa más personal, como son las de producción y operativas.

  En los servicios públicos también se producen pausas, lo más notable es la del sistema educativo, pero en general se reduce el ritmo de actividades prestadas por el Estado. Por otro lado, el comercio y buena parte de los servicios llevan a cabo en los dos últimos meses del año su mayor volumen de ventas y prestación de servicios. De alguna manera para estos establecimientos en el ámbito privado, estas últimas seis u ocho semanas laborales del año representan un período de zafra, y con ello se alivia su funcionamiento dado que quedan con mínimo de inventarios y por tanto con pocas ventas para los dos o tres primeros meses del nuevo año.

 Lo anterior va aparejado con el hecho de ser noviembre el mes del año en donde los trabajadores reciben sus mayores ingresos por el pago de utilidades y bonificaciones de fin de año, además parte de ese dinero drena a aquellos trabajadores informales que operan por cuenta propia y reciben más demanda de sus servicios. El circulante da un salto en noviembre y diciembre.

 Todo lo anterior responde a nuestras estacionalidades en el uso del tiempo y del consumo, pero este año se presentan situaciones inéditas en el funcionamiento económico afectando la situación de las vacaciones laborales, empezando porque vamos por tercer año seguido en decrecimiento económico, y este año acentuado por bajos precios y disminución de la producción petrolera.

  Del lado de los industriales, Conindustria en sus encuestas registran "El pesimismo se debe a que al cierre del mes de septiembre, 17% de los consultados aseveró que están parados por falta de materia prima y 41% afirmó que solo contaba con un mes de insumos y de trabajo asegurado, lo que significa que actualmente se registran 58% de industrias no operativas.” (El Nacional, 9-12-16)

“A esto se suma la reciente descapitalización que les ocasionó la caída del valor de cambio del bolívar, que les dejó con recursos insuficientes para reponer inventarios y mantener las líneas de producción operativas en enero del próximo año. Gran cantidad de las industrias no podrán abrir el próximo año debido a la falta de capital de trabajo, el cual se redujo hasta en dos terceras partes por la devaluación del bolívar y esto agudizará la escasez de bienes básicos en enero 2017 por la caída de la productividad”, informó Juan Pablo Olalquiaga, presidente del gremio.

 Ya este desempeño es más que suficiente para alterar el consumo familiar y del conjunto de los trabajadores, pero su mayor alteración viene dada por el salto inflacionario de este fin de año, que nos introduce en ambiente hiperinflacionario afectando el consumo y toda la cadena productiva. De aquí que todo esto ha llevado al comercio, particularmente en esta situación a recurrir deliberada y tempranamente al cierre de los establecimientos y por tanto al uso del régimen de vacaciones colectivas, no habitual en este sector.  
   
  Para los trabajadores el descanso que supone el período vacacional se resiente, cuando los recursos que se perciben por el pago de ese tiempo de receso más las bonificaciones, están comprometidas con las mayores exigencias de consumo estacional y ahora con el impacto de los elevados precios, especialmente de alimentos y bienes escasos que se adquieren en el mercado negro, o también en el mercado formal que ha venido incorporando alimentos importados a precios dolarizados en niveles cercanos a los del bachaquerismo.

  Los trabajadores llevan a lo largo de todo el año un desgaste acumulado en el esfuerzo de su tiempo de descanso ya que ha de destinarlo a la procura de alimentos, de productos del hogar y de otros bienes escasos, en condiciones de incertidumbre.

  Y nos llega el fin del año con mas carencias, por lo que hasta las vacaciones se apropian del tiempo teóricamente para recuperarse del agotamiento de todo un año de labores, es decir se pierde la esencia de la pausa anual de labores, que está planteada por la “imperiosa necesidad de disfrutar de un descanso continuado para tratar de recuperar, en parte, esa libertad que perdemos a causa del trabajo”, como lo señala Héctor Jaime -“El tiempo de trabajo”, Ucat 2013-. Más allá del tiempo libre el verdadero concepto de vacación incluye “el disfrute efectivo de las vacaciones debe aprovechar, igualmente, a la familia del trabajador y conlleva la necesidad de cambiar de ambiente, de desplazarse, lo que necesariamente se traduce en un incremento notable de los gastos del trabajador, a la par que se mantienen los gastos ordinarios”, agrega.

  Estas vacaciones del 2016 van a estar signadas por el acrecentamiento de las preocupaciones e incertidumbres que plantean más empresas paradas, menos puestos de trabajo, más inflación, y el constante deterioro institucional y que en lo político se expresa en el fracaso del diálogo, afectando el presente y las expectativas para los proyectos de los trabajadores, sus familias y la sociedad toda, por lo que se dispone de unas vacaciones, pero sin vacacionar.

EMPRESAS BASICAS: PROPIETARIOS DESINFORMADOS

  De las llamadas empresas básicas la sociedad espera mucho más de lo que están dando. Algunas nacieron como empresas privadas y posteriormente estatizadas erogándose importantes recursos, pero se trataba de inversiones que fortalecían los activos de la Nación.  Otras que nacieron por iniciativa y con recursos financieros de la Nación. Todos los venezolanos debemos tener una gran inquietud e interés en ellas. Debemos estar informados de sus desempeños. Por eso deploramos situaciones que tienen que ver con su manejo.

  Los antecedentes de las empresas básicas se remontan a la década del cuarenta con el nacimiento de la Corporación Venezolana de Fomento -CVF-, en ese tiempo se adoptó la famosa frase de Arturo Uslar P “sembrar el petróleo”, la Acción Democrática que ejerció brevemente el poder por esos años la convirtió en la guía de su programa económico. La CVF inició estudios para el desarrollo de industria básicas en los sectores del acero, la petroquímica y la energía hidroeléctrica. 

  En los años sesenta por vía de la Corporación Venezolana de Guayana se hicieron grandes inversiones, algunas empezaron en los años cincuenta. En la década del setenta se estatizaron las actividades en manos de transnacionales en hierro -1975- y en petróleo -1976-, y se continuó con la creación de nuevas empresas básicas gracias a los ingresos, ahora mucho mayores, resultantes de las estatizadas empresas en petróleo y en hierro. Hasta principios del presente siglo estas empresas entregaban dividendos a la nación, y, especialmente, suficiente productos y servicios a los sectores públicos y privados para mejorar la capacidad productiva nacional.  

  Hoy, de las empresas básicas no siempre llegan buenas noticias. En lo productivo varias de ellas se han estancado, o han reducido su producción. En lo financiero, están endeudadas. En lo tecnológico de haber sido innovadoras hoy predomina la desactualización y la obsolecencia. En lo laboral, de haber sido las pioneras en proveer oportunidades de carreras profesionales y tecnológicas a varias generaciones, hoy muchas han perdido el liderazgo en ofrecer las mejores condiciones condiciones de trabajo, por ello se han ido talentosos profesionales y operarios.

  Tanto quienes somos parte de la sociedad venezolana como quienes prestan servicios en estas empresas somos dolientes, porque son activos que no nos están rindiendo los frutos para los cuales se crearon o adquirieron. Y quienes allí prestan sus servicios han venido cayendo en la incertidumbre y resintiendo el orgullo de trabajar en ellas, dado que han perdido liderazgo productivo, y presentan dificultades financieras y tecnológicas. 

  Además para estas empresas es muy difícil ganar las simpatías de los dueños, que es la población venezolana, así como la identidad de los trabajadores que le prestan servicios,  si en ellas predomina la opacidad y la desinformación. De hecho, la Asamblea Nacional de los dos anteriores quinquenios desatendió las denuncias sobre las empresas básicas. Y hoy los intentos de la actual AN se han estrellado ante la negativa del Ejecutivo a respetar la Constitución en este sentido, y ha apelado a evasivas como es la Ley de Emergencia Económica. Lo normal es que las propiedades productivas se sometan al escrutinio de los poderes públicos, independientemente de cual sea la relación de fuerzas en su seno, ya que eso es expresión de la voluntad de los ciudadanos.  

  

  Visto el contexto del origen y desarrollo de las empresas básicas, hoy nos informamos que una de las empresas icono entre las estatales “A Sidor le va mejor sembrando girasoles que produciendo acero.. Entre enero y octubre de 2016, la industria ha logrado una producción acumulada de 230.004 toneladas de acero, menos de lo que en un mes producía Sidor en 2007. La producción acumulada en los 10 meses de 2016 equivale a 19 días de producción en la Sidor de 2007”. (reportaje de María Ramirez C. en Correo del Caroní, edición 18 al 24 de Noviembre). 

  Por mas que se quiera edulcorar su desenvolvimiento con el aporte de un sembradío de parte de sus espacios, su razón de ser es producir acero y otros productos derivados del hierro, y los datos productivos son contrastantes entre su etapa de empresa privada (realmente era mixta, pero con mayoría de acciones privada) y la de hoy como estatal, no obstante contar en la etapa post re estatización con una población laboral mucho mayor, y tener acceso a preferencias en las políticas cambiarías, tributarias y económicas en general. 

  Lo otro que se debe tener presente en el análisis del artículo es la situación de Pdvsa, primera empresa básica fundamental para el desarrollo nacional, a partir de los planteamientos hecho públicos por la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional de los resultados preliminares de sus investigaciones, que muestran los más diversos casos de delincuencia organizada en el interior de esta empresa, que hasta ahora suman una defraudación por once mil millones de dólares. 

  Algunos pocos involucrados ya presos en los EEUU, en donde desde hace varios años se vienen tomando medidas judiciales en contra de personas vinculadas a Pdvsa, por fraudes y negocios que defraudaban tributaciones en ese país, pero en el nuestro es a lo largo del presente año que la Asamblea Nacional nos informa y por ello comunica de fraudes por más de once mil millones de dólares. 

  En el Poder Judicial y en el Poder Moral ninguna medida ha sido tomada. A los venezolanos también nos cuesta mantener a estas instituciones, que hoy se siente mucho más por las penurias en sobrevivir en medio de tanta escasez. A estos poderes no se les pide producir acero o petróleo, sino que asuman funciones de moralidad para las cuales fueron creadas. 

hector.lucena@gmail.com

@hl_lucena

  

VICTIMAS DE LA INTOLERANCIA EN AMBIENTES LABORALES

 En las relaciones laborales se continúan presentando situaciones irregulares que muestran las dificultades que existen para los trabajadores al ejercer sus derechos ciudadanos y laborales, especialmente si el patrono es una institución del Estado. 

  A la condición de subordinado que caracteriza a todo trabajador ante el empleador, quién le fija y le supervisa las tareas, le da órdenes, le pide rendición de cuentas, se han establecido restricciones que agregan subordinaciones más allá de la condición de trabajador, al limitarle su autonomía para actuar con sentido crítico y autónomo. 

 Para contrarrestar y equilibrar esta asimetría, los trabajadores tienen la opción de organizarse colectivamente, como está universalmente reconocido y en el caso de nuestro país hay una tradición de largas décadas en ese sentido, que se desataron con el fin del gomecismo. Algunas pocas organizaciones petroleras y magisteriales ya cuentan con ochenta y setenta años de existencia. Sin embargo el grueso de las mismas tuvieron en las décadas del 60 y 70 un ambiente político y económico favorable para nacer y estabilizarse. 

  Además los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, a la cual pertenecemos desde su misma fundación en 1919, han venido construyendo una doctrina universal para el respeto a la condición de trabajador tanto en lo individual como en sus organizaciones creadas para su defensa y mejoramiento. Los dos convenios fundamentales en este sentido son el No. 87 de 1948 “Convenio sobre la libertad sindical y  la protección del derecho de sindicación” y el No.98 de 1949 “Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva”, ambos como se puede observar nacen al calor de la II post guerra mundial en momentos de reconocimientos de la necesidad de avances democráticos, han sido ratificados por nuestro país y por tanto su contenido forma parte de las relaciones laborales. Hecho insuficientemente conocido por los trabajadores, y ampliamente negado y violado por el pensamiento autoritario que predomina en esferas estatales. 

  Se espera que todo ciudadano, trabajador o no, tiene algún grado de inclinaciones y de identidades. De estas últimas la más elemental y temprana es con su familia, pero también con su grupo étnico, o categoría social y económica, con su país, con la religión que predomine a nivel familiar. El desarrollo de su vida va agregando vinculaciones que determinan nuevas adhesiones. Así tenemos las ideológicas, las políticas, las de aficiones determinadas. En toda sociedad funcionan acciones colectivas y movimientos sociales que se nutren de los ciudadanos, de los trabajadores, hombres, mujeres, jóvenes, residentes urbanos y rurales. 

  En tanto trabajador se plantean diversas opciones de identidades, como con el oficio, la profesión o actividad que realice, con las organizaciones para las cuales trabaja y con las que aglutinan por la condición de trabajador.

  La condición de miembro de una organización de trabajadores y al mismo tiempo tener simpatías por una determinada alternativa ideológica y política diferente a la oficial, se le ha convertido en un   problema  a aquellos trabajadores que no comulgan con quienes gobiernan. Es decir, esto se traduce que si trabajas para un ente estatal pierdes la autonomía de pensar, criticar, ser parte de una organización partidista o de alguna iniciativa social disidente y crítica, por tanto la participación en eventos públicos trae como consecuencias que el trabajador es hostigado en su trabajo, visto con desconfianza, sujeto a discriminaciones para acceder a derechos y hacer normalmente su carrera laboral y profesional.

  Se trata de manifestaciones de intolerancia que describen un ejercicio gubernamental alejado de principios democráticos y participativos. La verdadera democracia en un ambiente laboral es convivir para el progreso y la paz en tanto la condición de trabajador, independientemente de la ideología, cultura, religión, sexo o preferencia sexual, edad, nacionalidad. Lo laboral es una condición necesaria para varias dimensiones empezando por la satisfacción de las necesidades más elementales como es la alimentación y el hogar. Los ingresos percibidos por el esfuerzo laboral se destinan en primer lugar a esas necesidades, pero se amplían más allá como es el vestido, salud, educación, recreación. Por ello negar el desarrollo de las personas en las instituciones estatales, o el mismo empleo sólo por no pensar de la misma manera que como piensan quienes en un momento circunstancial ejercen el gobierno es una situación violatoria de principios básicos de la condición humana. Todo discurso de desarrollo social, de socialismo o cualquier ideología que peque e incurra en esta violación merece el más contundente repudio.

   Observamos que los trabajadores que disienten de las políticas que han traído escasez, penurias, empobrecimiento y el que se hayan perdido extraordinarias oportunidades para el mejoramiento del país y sus ciudadanos, ejercen con valentía su disentimiento muy a pesar de las gravosas consecuencias personales y familiares. Es un tema central a resolver en cualquier diálogo que pretende al menos la convivencia. 

El diálogo porque hay fracaso y frustración

¿Por qué Venezuela está en la actual caótica situación política, social y económica? Esta situación es el resultado de la confrontación y de la polarización, y de la ausencia de diálogos sin balances de los poderes públicos. En lo social, debido a los altos índices de violencia y el deterioro de algunos indicadores sociales, como los de salud y educación. En lo económico, por el aumento de la pobreza, la disminución generalizada de la calidad de vida, la inflación alta y tres años continuos de decrecimiento. Por su parte, el régimen da importancia al fomento de nuevos discursos y relatos y de los programas sociales, a través del control comunicacional en diferentes medios.

Lo político

  La confrontación y la polarización ha sido una constante en lo que corre del presente siglo. Inicialmente, la revolución bolivariana levantó muchas expectativas. Sus triunfos electorales a partir de diciembre de 1998 fueron repetidos hasta 2007, momento en que sufrió su primer revés importante al no ser aprobada una propuesta de reforma constitucional.

  Este proyecto ha tenido fuertes contratiempos para mantener buenos resultados electorales en las elecciones parlamentarias nacionales, las cuales ha perdido en las dos últimas votaciones. En las elecciones de 2015 se dio el resultado más amplio a favor de la oposición, que obtuvo las dos terceras partes del parlamento. Hasta entonces la revolución bolivariana había gobernado hegemónicamente con una oposición en situación de permanente minoría.

  La reacción gubernamental ha sido obstaculizar la actividad parlamentaria utilizando al Tribunal Supremo de Justicia, en particular la Sala Constitucional que el Ejecutivo controla como su apéndice y que ha venido anulando casi todos los actos legislativos, inclusive la suspensión de los parlamentarios del Estado Amazonas. Dicha Sala Constitucional es un elemento clave de la agudización de la crisis política al apoyar todas las solicitudes del Ejecutivo. La fortaleza que tuvo la revolución bolivariana de medirse electoralmente y batir a los opositores hoy se ve disminuida.

Lo social

La calidad de vida del venezolano se ha venido a menos. Y no sólo son las condiciones materiales de vida las que desmejoran; el futuro se diagnostica muy complicado. Si bien se plantean opciones para avanzar hacia un mundo mejor, muchos han optado por irse.

  No ha sido necesario que una guerra haya devastado ciudades y campos como ocurrió con la diáspora europea post Segunda Guerra Mundial. Tampoco las cruentas dictaduras del cono sur que ahuyentaron a parte de la población, o una guerra donde guerrillas se convirtieron en ejércitos y se enfrentaron al gobierno con una respetable cantidad de efectivos y armamento, como en Colombia. Nuestra emigración masiva ha sido por la pérdida de oportunidades y porque la política económica tomó un camino que desperdició enormes recursos y desaprovechó las capacidades que ofrecía su gente y sus empresas.

Lo económico

El principal problema económico es el modelo de regresividad productiva. Transcurridos más de década y media, el balance en cuanto a modelo productivo es poco alentador. Desde hace tres años tenemos una inflación de más de tres dígitos, una de las más altas del mundo. Desde hace tres años hay un decrecimiento del PIB; -3, en 2014; -6, en 2015; y se estima que al cerrar el 2016 será de -10.

Cada vez se importan más bienes porque aquí no se producen. Se da la paradoja de plantas paradas o casi paradas y la llegada de similares productos, cuando esas plantas han estado esperando lo necesario para activarse. En función de lo anterior, se han creado desde el Gobierno o con su aliento, multitud de empresas sólo con fines de importación. Asimismo, no hay un debate público e institucional de los precios que se pagan por las importaciones, por lo que se evidencian problemas con los precios la calidad y otros aspectos sensibles en los procesos de adquisiciones, como en el caso de la importación de alimentos y medicinas.

Se han paralizado plantas de fabricación de bienes porque no se les asignan divisas para materias primas o elementos necesarios para la manufactura. La asignación además es irregular y sin fechas que permitan planificar. No hay bases para que los cronogramas entre proveedores y clientes puedan cumplirse. Hay empresas que han acumulado deudas con proveedores, con quienes se han perdido relaciones de confianza comercial. Hay plantas que han parado porque no reciben los insumos de empresas nacionales como proveedoras, que igualmente tienen problemas con la consecución de los suyos; y no se está invirtiendo en capacidad productiva para renovar el parque industrial. Se estatizan plantas porque se acusa a sus propietarios de ser conspiradores, o de hacer guerra económica.

 Se  han aplicado sanciones basadas en inspecciones y motivaciones ajenas a lo productivo y a lo económico. Se ha descalificado a empresarios y a determinadas marcas comerciales. Empresarios han dejado de invertir por incertidumbre, miedo y falta de confianza. Las plantas que venían exportando fueron acusadas de desatender el mercado interno y sobre esa base fueron estatizadas, dejaron de exportar, bajaron la producción y ahora se importan esos bienes que antes se exportaban. Algunas de estas plantas estatizadas también han paralizado, no obstante las ventajas y privilegios en la asignación de divisas, en la permisividad de los trámites públicos y en asegurarles la compra de lo que produzcan.

Efecto dominó

  Las condiciones de trabajo también tienden a desmejorar: se incumplen o se congelan los beneficios de los convenios colectivos. Estas incertidumbres han dado lugar a las migraciones de personal, gran parte muy calificada.

  Los trabajadores organizados están aislados o marginados del debate sobre el modelo productivo. Los mecanismos históricos de organización y acción reivindicativa de los trabajadores no son estimulados por las políticas públicas, sino que se promueven otras alternativas que se superponen sobre aquellos y generan situaciones de fricciones y controversias en el seno de los trabajadores de las entidades productivas.

  Los centros de formación de talento y de investigación experimentan restricciones que las lleva a invertir sus energías en sobrevivir, ante el acoso de las reducciones presupuestarias y de medidas que les obligan a sacrificar la calidad y la profundización del conocimiento, y así satisfacer contradictorias exigencias gubernamentales que nos alejan de la construcción de bases soberanas de independencia tecnológica y científica, en tiempos de las sociedades del conocimiento.

  Y por parte del gobierno solo vemos que firman acuerdos comerciales que se traducen en nuevas importaciones, lo que incide en la estabilidad productiva con efectos en los empleos, salarios, y pagos fiscales que de estar plenamente en producción ingresarían en las arcas públicas.

REVISION SALARIAL DESINSTITUCIONALIZADA

Este primero de noviembre se inicia con nuevos incrementos en los ingresos de los trabajadores, tanto del salario mínimo como del bono de alimentación. Apenas sesenta días antes, el primero de septiembre se hizo el anterior incremento. El cuarto incremento en lo que va del año, pero no tienen mayor repercusión en evitar el deterioro de la calidad de la vida de la población, que se sigue deteriorando. 

  Estos incrementos de los ingresos tanto salariales como bonificaciones, ya superan el cuatrocientos por ciento anual. Pero sin que lo mencionen los órganos oficiales, la inflación va muy por arriba de esos porcentajes, por ejemplo Cenda institución dedicada al seguimiento de los índices de precios, registra para septiembre un incremento en alimentos del 670%, algunos de ellos muy por encima, como azúcar y similares 2.780%, cereales y derivados 2.393%, grasas y aceites 1.830%. En fin, día a día a los trabajadores se les rebaja su salario real, aquél que más importa porque tiene que ver con el poder adquisitivo, con su capacidad de compra de bienes y servicios. 

 Por varios años somos el país con la inflación más alta del mundo, y el peor desempeño en el continente, y no obstante se siguen repitiendo los mismos formatos para conducir y tomar decisiones. La incapacidad para rectificar ante tan negativos resultados se sustenta en acusar a terceros como los culpables, se sigue repitiendo que el país es víctima de las consecuencias de una guerra económica, conducida por las conspiraciones de la derecha apátrida en alianza con el imperialismo y factores internacionales. 

  Resolver el bienestar de la población trabajadora requiere esfuerzos mayores que los puros decretos de aumentos de salarios, decididos unilateralmente al margen de otras consideraciones y compromisos institucionales en lo económico y político. Si fuera así, que fácil sería el funcionamiento de una sociedad. El asunto es más complejo, de aquí que la variable salarios y bonos de alimentación funcionan en un sistema de relaciones con otros factores que si no se vinculan e integran, el impacto de los incrementos no logran sus propósitos. Lo predominante en América Latina es la negociación tripartita.

  Se ha demostrado que los ingresos de los trabajadores generan importantes impactos en la economía, porque estos ingresos se convierten directa e inmediatamente en la adquisición de bienes y servicios, lo que motoriza al sector productivo. En cambio, el ingreso del capital y de quienes disfrutan de los más altos niveles de ingresos, tiene destinos más diversos, entre ellos algunos más allá del impacto en la economía interna, porque parte de sus ingresos tienen la posibilidad de convertirse en ahorros, en adquisiciones en el exterior, tanto por inversiones como  gastos.

  La capacidad de ahorro de los trabajadores se ha reducido a su mínima expresión. Ello se evidencia en la solicitud de adelantos de prestaciones sociales, también en la permanente recurrencia a las cajas de ahorros hasta el mismo limite estatutario de atender las solicitudes de acuerdo a la capacidad del solicitante. 

  El gobierno ha creado y mantiene un ejército de funcionarios para el control de los precios, de la producción y distribución, sin embargo se incrementa el nivel del costo de vida  a niveles inéditos en la historia de la economía del país, con el contraste que la baja de la producción va por su cuarto año de descenso.

  Los intercambios para mejorar los salarios se iniciaron en el país por las negociaciones colectivas, que si bien ocurrían en los sectores modernos y mejor organizados, pero servían de referencia a aquellos sectores en donde no había ni sindicalización ni convenios. En la década del 60 fue clave en el fomento de estas prácticas de mejoramiento salarial. No hubo ningún decreto de incremento salarial, pero sí hubo mejorías en el nivel de vida de la población trabajadora. Incluso el único decreto que se registra en esta década fue para desmejorar los salarios de los trabajadores al servicio del Estado, que les rebajó en un 10% sus salarios apenas iniciaba su gobierno Romulo Betancourt, en el marco de ley de medidas económicas de emergencia. 

  Para entonces los salarios mínimos sólo existían en algunos convenios colectivos. Fue en 1975 que por primera vez se estableció por decreto un salario mínimo nacional. El impacto de los ingresos extraordinarios que la economía venezolana recibió como consecuencia del primer boom petrolero dio lugar a que por primera vez se alcanzara una inflación de dos dígitos, al llegar a 11% anual.   

  En la Ley Orgánica del Trabajo de 1990 se estableció un avance importante en cuanto a involucrar en la revisión del salario mínimo a los propios actores productivos y a la exigencia de consultar a dos órganos del ámbito económico, el Banco Central de Venezuela y el Consejo de Economía Nacional. De aquí que se institucionalizó un mecanismo que exigía la negociación de los órganos representativos de los empleadores y de los trabajadores. Los empresarios contaban por supuesto con una tradición de disponer de asesores con larga tradición en el análisis económico. Por su parte los trabajadores, ya desde principios de los años ochenta se venían apoyando en las orientaciones de académicos de reconocida trayectoria, destacándose el papel jugado por D.F Maza Zavala, el más reconocido economista para su tiempo. 

  Todos estos procesos de consulta y negociaciones permitían arribar a un acuerdo que debía someterse al Parlamento, en donde se producía un debate que involucraba a fracciones parlamentarias tanto gubernamentales como opositoras de todas las corrientes. Finalmente se concluía en una decisión que firmaba el Presidente de la República.

  Hoy, el camino que se ha seguido prescinde de los propios actores del mundo de la producción, empresarios y trabajadores, de los órganos especializados en materia económica, y del más genuino ente de la representación popular como es el Parlamento. Un Presidente que acumula una trayectoria de desacertada conducción económica que ha empobrecido a todo un país, sigue ejerciendo de manera total el ejercicio de lo que tiene que ver con asuntos fundamentales como son salarios, producción y nivel de vida de toda una sociedad.