La Asamblea Nacional acaba de iniciar la publicación de datos de la inflación acaecidos mes a mes, y la acumulada tanto en lo que va del año como en la del año completo. Llena un vacío dejado por las entidades estatales que tienen esa obligación, referimos al BCV y al INE. Señalamos que estas entidades están equipadas de los recursos tecnológicos, profesionales y humanos para responderle al país el cumplimiento de estas obligaciones.
Lo que de manera emergente empieza a realizar la Asamblea Nacional es una situación extraordinaria. Esta iniciativa ha tenido como promotor y vocero al Diputado José Guerra, quién en sus antecedentes profesionales ha sido jefe de investigaciones del BCV, y por tanto familiarizado con los métodos de recopilación, procesamiento y presentación de los índices inflacionarios. En todo caso son métodos aceptados por estas instituciones como el BCV y el INE para brindarle a la sociedad la certeza del curso que sigue la economía en lo relativo a las áreas de indagación.
Evidentemente la no publicación de los índices por parte de los entes a quienes corresponden es un incumplimiento de responsabilidades institucionales del Poder Ejecutivo. A pesar de los llamados de atención por parte del Legislativo, los índices dejaron de publicarse. Evidente que existe una pugna entre los poderes que trasciende este tema particular. Cabe también señalar que nuestro país tiene a lo largo de su historia un sistema de gobierno de marcado carácter presidencialista y la Constitución Bolivariana del año 1999 lo ha acentuado. Que el Poder Legislativo logre el grado de control de la actividad del ejecutivo mencionado en la Constitución Bolivariana no se ha alcanzado.
La Asamblea Nacional no ha podido materializar la comparecencia de ningún alto funcionario para que exponga y rinda cuenta de las funciones encomendadas. Tan solo el Presidente de la República recién instalada esta Asamblea Nacional presentó su informe en los inicios de las sesiones, en enero de 2016. De ahí en adelante han sido en vano los esfuerzos de la AN por requerir la comparecencia de altos funcionarios a rendir cuentas ante las comisiones especializadas del Parlamento.
La Constitución Bolivariana sobre estos asuntos indica:
“Artículo 222. La Asamblea Nacional podrá ejercer su función de control mediante los siguientes mecanismos: las interpelaciones, las investigaciones, las preguntas, las autorizaciones y las aprobaciones parlamentarias previstas en esta Constitución y en la ley y mediante cualquier otro mecanismo que establezcan las leyes y su Reglamento. En ejercicio del control parlamentario, podrán declarar la responsabilidad política de los funcionarios públicos o funcionarias públicas y solicitar al Poder Ciudadano que intente las acciones a que haya lugar para hacer efectiva tal responsabilidad.
Artículo 223. La Asamblea y sus Comisiones podrán realizar las investigaciones que juzguen convenientes en las materias de su competencia, de conformidad con el reglamento.
Todos los funcionarios públicos o funcionarias públicas están obligados u obligadas, bajo las sanciones que establezcan las leyes, a comparecer ante dichas Comisiones y a suministrarles las informaciones y documentos que requieran para el cumplimiento de sus funciones.
Esta obligación comprende también a los y las particulares, a quienes se les respetará sus derechos y garantías que ésta Constitución reconoce.”
No habían transcurridos los primeros dos meses de la nueva AN, por primera vez con amplia mayoría opositora, cuando el 1 de marzo del 2016 el TSJ a través de la Sala Constitucional fija posición limitativa para que se realice la actividad de control que se menciona en los artículos transcritos.
Las personas naturales y jurídicas están obligadas a presentar diversidad de datos a los entes estatales, que han de ser utilizados para la construcción de políticas e índices para su utilización en el funcionamiento del país.
En ese orden se destaca que es inmensa la recopilación de datos que el Estado recoge por vía de sus funciones de recaudación tributaria, de identificación, de dador de educación, de salud, de justicia, de seguridad y asistencia social, de administración del trabajo y de justicia.
Martin Hilbert “estima que el Estado posee alrededor de un tercio de los datos de un país, lo que es mucho… El gobierno sabe todo lo que pasa en los colegios, en los hospitales, en los servicios de impuestos… Se puede aprovechar mucho más para políticas sociales y económicas, sobre todo en América Latina”
El mismo experto señala a propósito de los censos nacionales que con los datos que se obtienen de los celulares y usando solamente lo que se llama metadata, o sea sin escuchar conversaciones ni saber con quién se habla, sino sólo con qué frecuencia y con qué duración usas el celular, con eso se puede hacer ingeniería reversa y reproducir el 85% de los resultados de un censo: si eres hombre o mujer, cuál es tu rango de ingresos, si tienes niños, si estás casado, tu origen étnico…
(Martin Hilbert en http://www.theclinic.cl/2017/01/19/martin-hilbert-experto-redes-digitales-obama-trump-usaron-big-data-lavar-cerebros/ ).
En nuestro caso el Gobierno venezolano ha dejado de publicar los índices más necesarios para orientar la actividad económica, se observan varios años de desinformación que se ha pretendido llenar con propaganda por un lado, pero de opacidad y falta de transparencia al mismo tiempo.
Quienes compran y venden, quienes negocian salarios, contratos, inversiones, ahorros, se desenvuelven en los mercados sin el fundamental apoyo de las entidades estatales que existen para orientar y brindar información, pero también que quienes tienen acceso a los recursos sofisticados de alta tecnología disponen de data e índices que les permite mayores ventajas por el vacío institucional.
@hl_lucena
Entradas
No hay comentarios:
Publicar un comentario