REVISION SALARIAL DESINSTITUCIONALIZADA

Este primero de noviembre se inicia con nuevos incrementos en los ingresos de los trabajadores, tanto del salario mínimo como del bono de alimentación. Apenas sesenta días antes, el primero de septiembre se hizo el anterior incremento. El cuarto incremento en lo que va del año, pero no tienen mayor repercusión en evitar el deterioro de la calidad de la vida de la población, que se sigue deteriorando. 

  Estos incrementos de los ingresos tanto salariales como bonificaciones, ya superan el cuatrocientos por ciento anual. Pero sin que lo mencionen los órganos oficiales, la inflación va muy por arriba de esos porcentajes, por ejemplo Cenda institución dedicada al seguimiento de los índices de precios, registra para septiembre un incremento en alimentos del 670%, algunos de ellos muy por encima, como azúcar y similares 2.780%, cereales y derivados 2.393%, grasas y aceites 1.830%. En fin, día a día a los trabajadores se les rebaja su salario real, aquél que más importa porque tiene que ver con el poder adquisitivo, con su capacidad de compra de bienes y servicios. 

 Por varios años somos el país con la inflación más alta del mundo, y el peor desempeño en el continente, y no obstante se siguen repitiendo los mismos formatos para conducir y tomar decisiones. La incapacidad para rectificar ante tan negativos resultados se sustenta en acusar a terceros como los culpables, se sigue repitiendo que el país es víctima de las consecuencias de una guerra económica, conducida por las conspiraciones de la derecha apátrida en alianza con el imperialismo y factores internacionales. 

  Resolver el bienestar de la población trabajadora requiere esfuerzos mayores que los puros decretos de aumentos de salarios, decididos unilateralmente al margen de otras consideraciones y compromisos institucionales en lo económico y político. Si fuera así, que fácil sería el funcionamiento de una sociedad. El asunto es más complejo, de aquí que la variable salarios y bonos de alimentación funcionan en un sistema de relaciones con otros factores que si no se vinculan e integran, el impacto de los incrementos no logran sus propósitos. Lo predominante en América Latina es la negociación tripartita.

  Se ha demostrado que los ingresos de los trabajadores generan importantes impactos en la economía, porque estos ingresos se convierten directa e inmediatamente en la adquisición de bienes y servicios, lo que motoriza al sector productivo. En cambio, el ingreso del capital y de quienes disfrutan de los más altos niveles de ingresos, tiene destinos más diversos, entre ellos algunos más allá del impacto en la economía interna, porque parte de sus ingresos tienen la posibilidad de convertirse en ahorros, en adquisiciones en el exterior, tanto por inversiones como  gastos.

  La capacidad de ahorro de los trabajadores se ha reducido a su mínima expresión. Ello se evidencia en la solicitud de adelantos de prestaciones sociales, también en la permanente recurrencia a las cajas de ahorros hasta el mismo limite estatutario de atender las solicitudes de acuerdo a la capacidad del solicitante. 

  El gobierno ha creado y mantiene un ejército de funcionarios para el control de los precios, de la producción y distribución, sin embargo se incrementa el nivel del costo de vida  a niveles inéditos en la historia de la economía del país, con el contraste que la baja de la producción va por su cuarto año de descenso.

  Los intercambios para mejorar los salarios se iniciaron en el país por las negociaciones colectivas, que si bien ocurrían en los sectores modernos y mejor organizados, pero servían de referencia a aquellos sectores en donde no había ni sindicalización ni convenios. En la década del 60 fue clave en el fomento de estas prácticas de mejoramiento salarial. No hubo ningún decreto de incremento salarial, pero sí hubo mejorías en el nivel de vida de la población trabajadora. Incluso el único decreto que se registra en esta década fue para desmejorar los salarios de los trabajadores al servicio del Estado, que les rebajó en un 10% sus salarios apenas iniciaba su gobierno Romulo Betancourt, en el marco de ley de medidas económicas de emergencia. 

  Para entonces los salarios mínimos sólo existían en algunos convenios colectivos. Fue en 1975 que por primera vez se estableció por decreto un salario mínimo nacional. El impacto de los ingresos extraordinarios que la economía venezolana recibió como consecuencia del primer boom petrolero dio lugar a que por primera vez se alcanzara una inflación de dos dígitos, al llegar a 11% anual.   

  En la Ley Orgánica del Trabajo de 1990 se estableció un avance importante en cuanto a involucrar en la revisión del salario mínimo a los propios actores productivos y a la exigencia de consultar a dos órganos del ámbito económico, el Banco Central de Venezuela y el Consejo de Economía Nacional. De aquí que se institucionalizó un mecanismo que exigía la negociación de los órganos representativos de los empleadores y de los trabajadores. Los empresarios contaban por supuesto con una tradición de disponer de asesores con larga tradición en el análisis económico. Por su parte los trabajadores, ya desde principios de los años ochenta se venían apoyando en las orientaciones de académicos de reconocida trayectoria, destacándose el papel jugado por D.F Maza Zavala, el más reconocido economista para su tiempo. 

  Todos estos procesos de consulta y negociaciones permitían arribar a un acuerdo que debía someterse al Parlamento, en donde se producía un debate que involucraba a fracciones parlamentarias tanto gubernamentales como opositoras de todas las corrientes. Finalmente se concluía en una decisión que firmaba el Presidente de la República.

  Hoy, el camino que se ha seguido prescinde de los propios actores del mundo de la producción, empresarios y trabajadores, de los órganos especializados en materia económica, y del más genuino ente de la representación popular como es el Parlamento. Un Presidente que acumula una trayectoria de desacertada conducción económica que ha empobrecido a todo un país, sigue ejerciendo de manera total el ejercicio de lo que tiene que ver con asuntos fundamentales como son salarios, producción y nivel de vida de toda una sociedad.