En las relaciones laborales se continúan presentando situaciones irregulares que muestran las dificultades que existen para los trabajadores al ejercer sus derechos ciudadanos y laborales, especialmente si el patrono es una institución del Estado.
A la condición de subordinado que caracteriza a todo trabajador ante el empleador, quién le fija y le supervisa las tareas, le da órdenes, le pide rendición de cuentas, se han establecido restricciones que agregan subordinaciones más allá de la condición de trabajador, al limitarle su autonomía para actuar con sentido crítico y autónomo.
Para contrarrestar y equilibrar esta asimetría, los trabajadores tienen la opción de organizarse colectivamente, como está universalmente reconocido y en el caso de nuestro país hay una tradición de largas décadas en ese sentido, que se desataron con el fin del gomecismo. Algunas pocas organizaciones petroleras y magisteriales ya cuentan con ochenta y setenta años de existencia. Sin embargo el grueso de las mismas tuvieron en las décadas del 60 y 70 un ambiente político y económico favorable para nacer y estabilizarse.
Además los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, a la cual pertenecemos desde su misma fundación en 1919, han venido construyendo una doctrina universal para el respeto a la condición de trabajador tanto en lo individual como en sus organizaciones creadas para su defensa y mejoramiento. Los dos convenios fundamentales en este sentido son el No. 87 de 1948 “Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación” y el No.98 de 1949 “Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva”, ambos como se puede observar nacen al calor de la II post guerra mundial en momentos de reconocimientos de la necesidad de avances democráticos, han sido ratificados por nuestro país y por tanto su contenido forma parte de las relaciones laborales. Hecho insuficientemente conocido por los trabajadores, y ampliamente negado y violado por el pensamiento autoritario que predomina en esferas estatales.
Se espera que todo ciudadano, trabajador o no, tiene algún grado de inclinaciones y de identidades. De estas últimas la más elemental y temprana es con su familia, pero también con su grupo étnico, o categoría social y económica, con su país, con la religión que predomine a nivel familiar. El desarrollo de su vida va agregando vinculaciones que determinan nuevas adhesiones. Así tenemos las ideológicas, las políticas, las de aficiones determinadas. En toda sociedad funcionan acciones colectivas y movimientos sociales que se nutren de los ciudadanos, de los trabajadores, hombres, mujeres, jóvenes, residentes urbanos y rurales.
En tanto trabajador se plantean diversas opciones de identidades, como con el oficio, la profesión o actividad que realice, con las organizaciones para las cuales trabaja y con las que aglutinan por la condición de trabajador.
La condición de miembro de una organización de trabajadores y al mismo tiempo tener simpatías por una determinada alternativa ideológica y política diferente a la oficial, se le ha convertido en un problema a aquellos trabajadores que no comulgan con quienes gobiernan. Es decir, esto se traduce que si trabajas para un ente estatal pierdes la autonomía de pensar, criticar, ser parte de una organización partidista o de alguna iniciativa social disidente y crítica, por tanto la participación en eventos públicos trae como consecuencias que el trabajador es hostigado en su trabajo, visto con desconfianza, sujeto a discriminaciones para acceder a derechos y hacer normalmente su carrera laboral y profesional.
Se trata de manifestaciones de intolerancia que describen un ejercicio gubernamental alejado de principios democráticos y participativos. La verdadera democracia en un ambiente laboral es convivir para el progreso y la paz en tanto la condición de trabajador, independientemente de la ideología, cultura, religión, sexo o preferencia sexual, edad, nacionalidad. Lo laboral es una condición necesaria para varias dimensiones empezando por la satisfacción de las necesidades más elementales como es la alimentación y el hogar. Los ingresos percibidos por el esfuerzo laboral se destinan en primer lugar a esas necesidades, pero se amplían más allá como es el vestido, salud, educación, recreación. Por ello negar el desarrollo de las personas en las instituciones estatales, o el mismo empleo sólo por no pensar de la misma manera que como piensan quienes en un momento circunstancial ejercen el gobierno es una situación violatoria de principios básicos de la condición humana. Todo discurso de desarrollo social, de socialismo o cualquier ideología que peque e incurra en esta violación merece el más contundente repudio.
Observamos que los trabajadores que disienten de las políticas que han traído escasez, penurias, empobrecimiento y el que se hayan perdido extraordinarias oportunidades para el mejoramiento del país y sus ciudadanos, ejercen con valentía su disentimiento muy a pesar de las gravosas consecuencias personales y familiares. Es un tema central a resolver en cualquier diálogo que pretende al menos la convivencia.
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