Escribir sobre temas del mundo del trabajo y de políticas públicas que ejercen influencia en su desenvolvimiento demanda tener presente la situación política del país. Es válido para todo análisis en la materia, con igual jerarquía cabe reconocer a los temas socio económicos.
Esta semana ocurrió una implosión en los poderes públicos que hasta diciembre del 2015 venían actuando al unísono. El llamado régimen chavista tuvo hasta esa fecha el control de los cinco poderes públicos constitucionales. El amplio triunfo opositor en las elecciones parlamentarias que les condujo a alcanzar los dos tercios de la Asamblea Nacional produjo un cisma en la ventaja de la que dispuso el chavismo para ejercer su gobierno.
Apenas ocurrido ese amplio triunfo parlamentario opositor, el chavismo empezó a blindarse para sustraer facultades a la nueva Asamblea. Así como lo había hecho en aquellas derrotas electorales puntuales en algunas pocas gobernaciones y alcaldías; en ese sentido hay que citar la creación desde el ejecutivo nacional de los gobiernos paralelos en los Estados Miranda y Lara, así como en la Alcaldía Metropolitana.
En la situación particular de sustraer facultades a la nueva Asamblea, es destacable la de pedir la renuncia de aquellos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia a quienes se les vencería su termino de doce años en el transcurso del mandato de la nueva Asamblea, y abocarse de inmediato a nombrar los nuevos magistrados. Pero para cumplir con este proceso no había posibilidades que se cumplieran los lapsos reglamentarios antes de la toma de posesión de la nueva Asamblea, por lo que se violentaron los procedimientos y esa aceleración llevó a que en el argot parlamentario se hablara desde entonces de los magistrados express.
A partir del inicio de actividades de la nueva Asamblea, el TSJ se ha convertido por intermedio de la Sala Constitucional en el fabricante de decisiones que cuestionan y anulan casi todos los actos de la mayoría parlamentaria. El inicio de los cuestionamientos empezó contra los diputados indigenas del Estado Amazonas, tres opositores. Sin juicios ni defensa se les ha suspendido del ejercicio de sus actividades parlamentarias, no obstante haber recibido la credencial del órgano electoral y juramentado formalmente.
De ahí en adelante suman 54 decisiones del TSJ oponiéndose al libre ejercicio de las mas importantes facultades de la Asamblea Nacional, que se listan en el artículo 187 de la CNRBV, destacándose legislar, controlar al gobierno y a la administración pública, organizar la participación ciudadana, amnistiar, aprobar el presupuesto nacional, todo lo relativo a tributos, crédito público, planes de desarrollo económico y social, contratos de la República con gobiernos o empresas no domiciliadas en Venezuela.
A lo largo del 2016 las relaciones del resto de los poderes con la Asamblea Nacional ha sido tensa y llena de dificultades. Casi todas las leyes aprobadas por la AN son rechazadas por el TSJ, por otro lado el Ejecutivo ha extendido de manera permanente el ejercicio gubernamental con poderes habilitantes cedidos antes del ejercicio de la presente AN.
La implosión aludida anteriormente refiere a la discrepancia de la Fiscal General de la República con las Sentencias del TSJ Nos. 155 y 156, que las ha calificado de significar “la ruptura del orden constitucional”, es decir un golpe de estado, como desde un primer momento las identificaron la mayoría parlamentaria. El gobierno nacional sólo reconoce como un impasse entre poderes y convoca a un órgano consultivo, el Consejo de Defensa de la la Nación, solicitando que el TSJ enmiende las sentencias, que lo hace parcialmente con las Sentencias 157 y 158.
Sin embargo con los antecedentes de las actuaciones de la Sala Constitucional del TSJ, esta enmienda no resuelve la crisis desarrollada a lo largo del gobierno chavista de tener poderes subordinados al Ejecutivo y enfrentados en este pasado año y tercio a la Asamblea Nacional, el poder electo de más reciente fecha y reflejo de una realidad electoral nacional ejercida en condiciones adversas bajo un Consejo Electoral Nacional controlado políticamente por el oficialismo, lo que se expresó en restricciones y falta de imparcialidad.
Todo esto ocurre en un país que tiene hoy 30 millones de habitantes, más de dos siglos de vida republicana, que logró en la segunda mitad del siglo XX establecer un sistema político que eligió consecutivamente a ocho gobiernos civiles en amplias y abiertas elecciones, sin traumas y en paz, que si bien el sistema político dejó franjas de exclusión, hubo la oportunidad para que otras opciones, como por ejemplo la representada por el auto denominado chavismo experimentara su proyecto. Además con justo orgullo esta corriente destaca sus consecutivos triunfos electorales empezando por el logrado en diciembre del 1998, cuando accede al poder, en elecciones organizadas y administradas por autoridades electorales imparciales, y en los años sucesivos acumuló otros importantes triunfos electorales, pero que en cierto momento el CNE fue puesto al servicio del modelo chavista y perdió la imparcialidad, como ocurrió con todos los otros poderes, y es ese marco de subordinación que los ha hecho funcionar al margen de los mandatos constitucionales, sin control ni balance de poderes, lo que ha llevado a la sociedad venezolana a una situación de autoritarismo, caos y retroceso.
@hl_lucena
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