En el presente conflicto universitario se observan varias
aristas, de ellas nos ocuparemos sólo de dos. La representación de los profesores y el tema salarial. Son de las
más importantes, pero no las únicas.
Sobre el
tema de la representación gremial, en la vida universitaria se distinguen dos
grandes tipos de servidores, por un lado el personal académico, y por el otro
el personal de apoyo para el funcionamiento administrativo y operacional de la
institución universitaria. Desde el punto de visto de organizaciones de
trabajadores, se precisan tres categorías, las organizaciones de los
profesores, las de los empleados y las de los obreros. La separación de estos
últimos en dos categorías responde al hecho de que las regulaciones que regían
sus relaciones con la autoridades universitarias eran diferentes, normas
vinculadas con la función pública los primeros, y la legislación laboral
ordinaria para los segundos, es decir los obreros.
En la
década de los sesenta se constituyeron en las Universidades públicas existentes para entonces, las asociaciones de profesores, todo en el
marco de la legislación universitaria. Luego estas organizaciones de primer
grado, dieron nacimiento a una organización gremial nacional de segundo grado,
la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios. En la década siguiente se negociaron y
firmaron las primeras actas convenios de condiciones de trabajo, entre las
autoridades de las universidades y la representación gremial. Fue una lucha que
tuvo como antecedente el extraordinario esfuerzo gremial que a fines de la
década de los sesenta llevaron a cabo las federaciones de maestros, de
profesores y de médicos, para lograr que se suscribieran los primeros convenios
entre profesionales al servicio del Estado y el Poder Ejecutivo, en este caso
los Ministerios de Educación y de Sanidad,
que abrieron el camino para que quienes prestaban servicios al Estado en
la condición de empleados, pudieran firmar actas convenios.
Con los
obreros al servicio de las universidades no había controversia en cuanto a la
firma de convenios colectivos, ya que la legislación era clara y determinante
al respecto.
La firma de
convenios para abordar los temas salariales y en general de condiciones de
trabajo, experimentó en la década del setenta un activo desarrollo. Desde el
Poder Ejecutivo vieron con preocupación que cada universidad venía firmando su
convenio de manera aislada, siendo que todos esos compromisos repercutirían
finalmente en el presupuesto de la nación. Estamos claro que las universidades
dependen financieramente de lo que reciben de ese presupuesto, que si en
algunas áreas generan recursos (ejemplo:
postgrado) no son en absoluto suficientes para autofinanciarse.
Lo anterior
dio lugar a la definición y centralización de una política de remuneraciones,
que son las llamadas normas de
homologación salarial. Que esencialmente consisten en revisar
bipartitamente (gobierno y gremio) las remuneraciones del conjunto del personal
académico a nivel de todas las universidades y ajustarlas según los índices de
inflación del Banco Central de Venezuela. Si bien no siempre se aumentaba en el
mismo porcentaje, si se tomaba como punto de partida el índice inflacionario, y
se repartía tanto en lo que recibía el docente en el pago quincenal, como en
otros beneficios a lo largo del año. Con el tiempo se fue produciendo una
brecha entre lo que decían los índices inflacionarios y lo que se acordaba como
aumento salarial, aparte de que los pagos en muchos casos ocurrían con rezago
en el tiempo.
Las normas
de homologación constituyen un sistema de revisión salarial más objetivo y
claro, que otros sistemas presentes en el funcionamiento de las relaciones
colectivas de trabajo. Su cumplimiento cabal es sin duda la mejor forma de
revisión salarial en las relaciones colectivas de trabajo, y asegura al menos
el mantenimiento del poder adquisitivo de los salarios, y quedaría para el
personal académico mejorar su formación y avance en el escalafón universitario
para ganar en salarios reales.
La generalidad de las prácticas
de revisión salarial en las relaciones laborales empiezan por un abultado
pedimento gremial, y terminan a la hora de la firma con un incremento que no
toma en cuenta la pérdida de poder adquisitivo de los salarios. Las
negociaciones se prolongan, los gremios agotan sus estrategias, los adherentes
se fatigan de las acciones de movilización, unas negociaciones dilatadas abonan
a favor del cansancio de los afiliados, hasta que al final se firman acuerdos que
no compensan la capacidad adquisitiva perdida, y se profundiza el deterioro de
los salarios del conjunto. De esto abusan los empleadores públicos y muchos
privados, y las organizaciones gremiales no han logrado superar estas prácticas
de continuado deterioro salarial.
El análisis de los dos elementos
escogidos, la representación de los
profesores y el tema salarial, están conectados. Una representación
autónoma es necesaria para desenvolverse ante cualquier patronato, sea privado
o gubernamental como es este caso. Por tanto, si ha sido Fapuv quien ha
ejercido históricamente el papel de interlocutor ante el Gobierno, para la
negociación y firma de los convenios con el personal académico, no cabe que una
instancia gubernamental desconozca esta condición. Se conoce que quién es
patrono quisiera escoger con quien conversar y negociar más facilmente. Quienes
tendrían la facultad de decidir si desean una representación gremial diferente
son los propios afiliados. Imponer una representación no decidida por las bases
no es ni democrático ni participativo. Lo central es la representatividad.
Finalmente, sería un retroceso
sustituir las normas de homologación por lo que determine el gobierno con unos
negociadores escogidos por él mismo. Incluso esta afirmación vale aún
ofreciendo un incremento salarial compensatorio de la inflación en esta
oportunidad, ya que también importa que los afiliados dispongan de
representación autónoma, para la vigilancia y continuidad en el proceso de
cumplimiento, además de la importancia de contar con un sistema de revisión
salarial no sujeto a coyunturas políticas. La remuneración y su defensa están
por encima.
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