Luego del 7 de Octubre es frecuente oír y leer entre los
análisis que intentan dar explicación a los resultados electorales, que la
votación que dio la victoria al Preside nte incluye un componente asociado al
cultivo y a la práctica de la dadiva y del asistencialismo en general, brindada
a los sectores populares en donde está el grueso de la votación chavista.
La
dadiva, o el regalo, así como el asistencialismo refiere a dar sin conexión con
el trabajo. Estas prácticas las hemos visto en toda la historia moderna de
Venezuela. Hay sectores que el Estado debe atender por esta vía.
El
asistencialismo no es extraño a las políticas económicas más convencionales,
incluso hasta las políticas neoliberales reconocen que hay la necesidad de
brindar asistencia a sectores desplazados o que no se insertan en la actividad
productiva. Reconocen que en el ámbito productivo hay un espacio para un
determinado número de trabajadores y que más allá del mismo, es decir lo
excedentario también hay que atenderlo, por la vía del asistencialismo y la
dadiva.
En
nuestra sociedad que no es precisamente orientada por el neoliberalismo en sus
políticas económicas, los segmentos de la población al margen de actividades
productivas es numerosa, y no hay creación de empleos productivos suficiente
para la población actual ni se observan previsiones para el futuro. Además se
observan desplazados de actividades productivas que no logran insertarse y
quedan como sujetos de eventuales políticas asistenciales.
En
nuestro caso, el grueso de las políticas sociales asistencialistas se
manifiesta en las misiones; la cuales se han caracterizado por su rápida y
expedita creación, al margen de los engorrosos mecanismos que se exige en el ámbito
público para la creación de nuevas instituciones. Igualmente son mecanismos de
mínima vigilancia y control por parte de los órganos del Estado para tal fin,
digamos el Parlamento y la Contraloría General de la República.
Se
entiende que hay urgencias sociales que requieren acciones aceleradas dada las
necesidades. Pero que luego de un lapso determinado, la urgencia se habrá
superado y dicho programa habrá cumplido la emergencia, y es de esperar que la
actividad entrará en el ámbito de la estructura establecida del Estado, sea la
educativa, la de salud, la laboral u otros ámbitos sociales, que sí responde a
mayores controles y cuenta con equipos humanos calificados e infraestructura
apropiada.
En el marco de su
funcionamiento también se trata del registro de los beneficiarios, de su
asistencia y de la reciprocidad entre el que es asistido y quién brinda la
asistencia. En el buen sentido, el asistido retorna gradualmente al Estado y a
la sociedad con tareas acordes con sus capacidades la asistencia recibida.
Digamos si una persona aprendió un conocimiento, luego lo transmitirá a otros,
y así sucesivamente.
El
manejo sin control de los programas sociales ofrecen la tentación de prestarse
para el control social e ideológico a favor de quién concede sin vigilancia.
Ante los extremos en este sentido, las poblaciones asistidas se protegen a lo
sumo dejando de atender el programa social, pero dado que el mismo va
acompañado de la recepción de dinero, para quienes están en condiciones de
pobreza material es una concesión importante.
Regresando a nuestro primer párrafo,
dado lo expuesto no parece haber duda que los administradores de las misiones vean
natural que los beneficiarios sean movilizados para las demandas de tipo
electoral planteadas en el país. He aquí un efecto perverso. Son recursos de la
nación los que se utilizan y por tanto han de estar a la disposición de los
ciudadanos sin ningún tipo de condicionamiento político o ideológico. Lo
contrario si pudiera entenderse, es decir si los recursos son del patrimonio de
quién implementa y administra el programa social, se puede tomar la licencia de
condicionar. Por supuesto que el condicionamiento se presta a hacer más
dependiente al asistido, y limitar el desarrollo de su ciudadanía.
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