Los despidos y atropellos a trabajadores por el hecho de
disentir políticamente del gobierno, llevan a plantearse y preguntarse ¿cual es el nivel de desarrollo de la
ciudadanía y de los derechos laborales en nuestra sociedad? Incluso si se
aceptara como cierto que no han ocurrido despidos, así ha respondido el gobierno a las denuncias, es
notoria y de carácter público las amenazas contra colectivos numerosos de
servidores del Estado. Hasta un ministro fue grabado en plena amenaza a todo el
personal de un ministerio, entonces hablamos de decenas de miles de amenazados
en esa sola intervención.
El problema es masivo y por tanto
es menester analizar esta anomalía. Comparemos que cuando un médico por ejemplo
se equivoca en un acto quirúrgico y el paciente queda peor que antes de
ingresar al quirófano o muere. Se expone el equipo responsable de este acto
llamado de mala praxis, a las
consecuencias de las acciones judiciales de los familiares de la victima.
Acciones en este sentido son cotidianas.
En el ámbito del trabajo, quitar
el empleo a quién lo ejerce rectamente es un acto atropellante y violento contra el trabajador y su familia.
Es un acto de mala praxis administrativa, y para el caso deja victimas,
personas que pierden su inserción laboral, su carrera. Cuando son cientos o
miles los afectados estamos en presencia de un genocidio o exterminio laboral.
Se entiende que puede haber responsabilidades
de parte del trabajador por lo que su despido se justificaría solo en caso que
medien faltas graves, las que están señaladas en la legislación. Incluso hay
que demostrar y probar claramente las faltas en cuestión, y permitir el derecho
a la defensa del acusado.
Si el despido es el caso extremo
en la materia que tratamos, hay que tener presente y llamar la atención del
acoso moral y el asedio laboral como agresiones cotidianas. Muy eficaz para el
patronato abusador, en un contexto
caracterizado por la percepción de los trabajadores de la importancia de
obtener un trabajo estable y por el miedo a perderlo. Las presiones en la vida
diaria, en la jornada laboral, en un escenario de escasez de empleo genera un
notable daño psicológico.
Pero bajo ninguna circunstancia
se puede considerar falta el pensar diferente en lo político, salvo que este
incurso el trabajador en acciones terroristas, y sea demostrado su ejercicio. Del
lado del patrono, que tiene todo el poder administrativo es viable acopiar
registros del trabajador para demostrarlo, en caso de ocurrir situaciones
extremas que entren en esta categoría, hechos irregulares notorios por parte
del trabajador, ya que el patrono cuenta con todo el aparato burocrático de
control y seguimiento, y en el caso de
un patrono estatal se le agregan los
controles y registros de otras entidades del Estado que interactúan entre si.
Todo este aparataje gubernamental
coloca al trabajador en situación de minusvalía y de extrema debilidad. Su
defensa descansa en el desarrollo de la ciudadanía, de las instituciones, de
los derechos laborales y de sus organizaciones autónomas. Todo lo que
correspondería a un desarrollo democrático.
Existe un notable déficit de
desarrollo de la ciudadanía y de las instituciones. En nuestra contribución del pasado octubre
“Asistencialismo y Ciudadanía” ( http://hectorlucena.blogspot.com/2012/10/asistencialismo-y-ciudadania.html
) destacábamos que es lo primero lo que realmente ha avanzado en los últimos
catorce años, mas que el desarrollo de la ciudadanía, y que por otro lado ha
dado convenientes réditos electorales a quién lo ha practicado en estos años de
frecuentes elecciones.
El
asistencialismo crea y refuerza la subordinación y el conformismo de la persona
y la familia, ante quien te asiste. La ciudadanía por el contrario fortalece la
capacidad de critica y reclamo ante quien administra los recursos de todos,
porque los ciudadanos le otorgaron esa posibilidad. Tanto los que favorecieron
con su voto al ganador, como los que optaron por alternativas diferentes, todos
son ciudadanos iguales para sus relaciones con el Estado y las instituciones.
Todos cumplen con sus responsabilidades de servidores del Estado, si es a él a
quién prestan sus servicios, o en general el ejercicio de la ciudadanía ante
quién percibe y administra los recursos de todos. Quién desde el Estado no
respeta la ciudadanía, sino que la atropella, no merece ejercer esa función
pública.
La
institucionalidad para atender el ejercicio de la ciudadanía, debe ser
profesional y actuar con sentido de Estado, y no de parcela política
determinada. De lo contrario las personas son discriminadas entre quienes están
conmigo y quienes no, y eso mismo es insuficiente desarrollo de la ciudadanía. Quién
ejerce el poder y no supera esta limitación se convierte en fuente de
dificultades y a la larga de crisis política.
Los derechos
laborales se desenvuelven en el marco de lo que hemos descrito; severas
limitaciones tendrán para su cabal expresión y cumplimiento, si no hay un
genuino desarrollo de la ciudadanía y la institucionalidad. Mas y nuevas leyes laborales se agregaran al
inventario de regulaciones que se aplican con sesgos y discriminación,
perdiéndose la oportunidad para la convivencia productiva y el bienestar de los
que laboran.
Se vive de
frases efectistas como “tenemos la legislación laboral más avanzada del mundo”..
Para empezar se trata de un Decreto Ley
que nació sin el debate parlamentario, sin la pluralidad que corresponde, y
cuya institucionalidad en su primer año ignora atropellos en el propio
patronato estatal, en donde laboran dos de cada cinco trabajadores del sector
formal.
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