COOPERATIVISMO Y JESUITAS

El nombramiento de un jesuita como conductor de la Iglesia Católica en el orbe, nos estimula a reflexionar sobre los aportes de los miembros de esta orden religiosa en asuntos que son de interés en el orden laboral. Concretamente en el nacimiento y fomento del cooperativismo en nuestro país.

Recordemos que en un primera etapa del proceso político bolivariano se le dio un impulso inusitado a esta forma de organizar el trabajo y la producción, fundada en la asociatividad de colectivos, es decir cooperativas.

Ya la euforia gubernamental en esta forma de organización social y productiva ha pasado. Pero en su momento pico – 2007 y 2008- los registros alcanzaron la constitución de cerca de doscientos mil organizaciones cooperativas y cerca de dos millones de afiliados. Luego se fue precisando que estos registros no eran reales. Un censo cooperativo colocó los datos en su lugar, y el número de cooperativas apenas superaba una quinta parte de lo anterior. Acompañado este crecimiento de un costo respetable, el Ministerio de Economía Comunal en el año 2008 citaba que entre 1999 y el 2008 se habían otorgado créditos por 1.5 millardo – de los viejos-, citado por V Álvarez, alto funcionario gubernamental. Buena parte de estos recursos no se recuperaron.

De esta experiencia de un fomento cooperativo improvisado y costoso, pocas cuentas se conocen, menos aún de las frustraciones que quedaron al levantar ilusiones de independencia productiva que no lograron la auto sustentabilidad propia y universal de estas organizaciones que desde el siglo XIX se plantearon ser una alternativa al desarrollo del capitalismo liberal.

No hay duda que el desarrollo del cooperativismo necesita del apoyo del Estado, así como lo recibe el empresariado en el fomento de la industrialización, o los productores del campo para mejores alimentos y materias primas. En fin es tarea propia de quién administra la renta petrolera así como los recursos tributados por la sociedad en general, volcarlos a los que producen para que lo hagan en las mejores condiciones y satisfagan necesidades de la vida de los ciudadanos.

Volviendo a las raíces del cooperativismo en nuestro país, Nelson Freitez, Profesor de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, lo ha venido investigando, concentrando su espacio de investigación en el Estado Lara, que desde hace décadas muestra las más sólidas experiencias de cooperativismo de base y de integración cooperativa. Su investigación releva la acción promotora del Estado y de la Iglesia Católica, especialmente vía el Centro Gumilla, organización de los jesuitas, en la etapa de resurgimiento del cooperativismo que lo ubica en la década del sesenta.

Freitez nos precisa que el Centro Gumilla se creo en Barquisimeto en 1966 y desde ese mismo momento promueve un plan de formación orientado a la expansión e integración cooperativa. En un primer momento se promocionaron las cooperativas de ahorro y crédito, era de una de las necesidades más sentidas de la gente popular y relativamente fáciles de manejar y se podían ver los beneficios pronto. Un convenio con Fundacomun en 1969 permitió sustentar y ampliar las acciones extendiéndola a más de diez entidades del país.

En los años setenta la organización cooperativa llega a las zonas altas del Estado Lara, así como al Municipio Torres, contribuyendo a la producción de alimentos.

De este esfuerzo nació un cooperativismo que con recursos propios y modesta ayuda estatal alcanzó su sustentabilidad y autonomía. Que si bien ha pasado por momentos de auge y de crisis, ahí está cargado de experiencias y de valores, cumpliendo su misión.

De las experiencias cooperativas más estudiadas y conocidas que tienes su asiento en el Estado Lara, destacamos la Ferias de Consumo Familiar, adonde semanalmente aportan sus productos unos 300 productores constituidos en cooperativas y en asociaciones civiles de productores, también 10 unidades de producción comunitaria que agrupan a 60 personas. Esta producción es llevada semanalmente a 28 centros de ventas en la ciudad, donde actúan 50 agrupaciones cooperativas, trabajando alrededor de 900 personas en labores de comercialización. Los compradores, cincuenta y cinco mil familias se benefician en la calidad, los precios y la organización. Todo esto no le cuesta nada al Estado, es el trabajo cooperativo genuino de colectivos con educación y principios cooperativos.

A lo largo de esos cincuenta años de desarrollo cooperativo, los jesuitas y los colectivos de ciudadanos practicantes de la solidaridad, que han aportado a la construcción y funcionamiento de esta organización socio productiva, nos ofrecen la oportunidad de aprender el hacer trabajo cooperativo.

LA IDENTIDAD Y AUTONOMIA DE LOS TRABAJADORES

De los diversos problemas que encara un proceso de unidad de los trabajadores, uno de ello es el de la identidad con la condición concreta de ser trabajador. De lograr desprenderse de la tutela del poder, y de reconocer las fuerzas propias que como trabajadores se tiene.

 Tengamos en cuenta que todos respondemos a diversas identidades, ya que tenemos pertenencias a lo largo de nuestra vida a distintas condiciones o status. Empecemos por la condición de un recién nacido, de un bebe, sin duda en los primeros años de vida quedamos marcados por la relación materna y paterna, en todo caso se construye la relación familiar. Los valores y creencias familiares se transmiten a los hijos, en el marco del contexto cultural en donde se vive.

            Llega el momento del contacto más frecuente de los hijos con la calle, la escuela desde primaria hasta superior, los medios de comunicación, los compañeros de estudios, los residentes de la zona en donde se habita, y todo ello se amalgama con lo que se ha venido construyendo en el seno familiar. En todo ese proceso se van construyendo identidades además de las familiares, ya aparecen identidades religiosas, nacionales, locales, paisanaje, políticas, y otras según las circunstancias.

            Al incorporarse la persona al mundo del trabajo, nos encontramos un cierto grado de segmentación, según como ocurra la inserción laboral. En tiempos lejanos de la Venezuela pre petrolera, e incluso ya en la petrolera en sus primeras décadas, la inserción dominante era al mundo del trabajo del campo, con una notable marca de la influencia familiar.

            Con la modernización que los mismos recursos provenientes del petróleo permitieron, ocurrió un acelerado proceso de urbanización que dio lugar a que Venezuela fuera en este orden el país del proceso más rápido de toda la Latinoamérica y el Caribe, y eso es un asunto que conlleva complejidades. Estamos hablando de los años cincuenta para acá. Esto cambió el mapa demográfico nacional, tanto en su crecimiento como en su distribución espacial.

Hace 70 años el país tenía cuatro millones de habitantes, hoy tiene ocho veces más. Igualmente el país en esa época era predominantemente rural, y hoy las migraciones internas y los flujos de inmigrantes de varias décadas (especialmente de los cincuenta a los setenta) han dado lugar a que más del noventa por ciento de la población reside  hoy en asentamientos urbanos.

            En esos setenta años el país cambio, y con ello las identidades se complejizaron. A las identidades tradicionales como la familia, la religión, la escuela, el sitio de vida, se agregaron las propias de la vida moderna, vinculadas con las migraciones, con las ocupaciones y las diversas inserciones laborales, con los vínculos que los intercambios culturales y la amplia información a la cual se tiene acceso van permitiendo.

            Se reconoce que desde los años treinta hasta los años ochenta el país permitió condiciones para  que buena parte de su población mejorara sus condiciones de vida, para brindar oportunidades y expectativas de una mejor condición en las familias de una generación con relación a sus antecesores. En la literatura de autores europeos para referirse a un proceso de expansión continuada suelen hablar de los treinta años dorados, los gloriosos treinta que fueron del fin de la segunda guerra mundial hasta los años de la primera crisis petrolera, de la primera mitad de los setenta. En nuestro caso son los gloriosos cincuenta años.

            Ahora cabe preguntarse si todo ese proceso en cuanto al mejoramiento de la vida de la población y de la construcción de la infraestructura del país estuvo sustentado por las luchas unitarias de una clase trabajadora autónoma. Pensamos que si hubo contribuciones a las conquistas, pero que fundamentalmente nuestro caso obliga a tener muy presente la renta petrolera, y su administración y distribución por parte de quienes han detentado el poder del Estado. Lo que conllevó a que todas las clases sociales, la de los propietarios y las de los trabajadores se constituyeran en dependientes, ya que en alguna medida fueron beneficiarios del modo de reparto de esa renta.

            Con lo anterior se observa que se construyó por parte de los trabajadores una identidad muy poderosa con aquellos que ocupan las posiciones de control del poder del Estado, es decir una identidad con el poder, que connota posturas de sumisión y subordinación, y que contrarrestan y dificultan el desarrollo de posiciones autónomas en la construcción de las organizaciones de clase, y en este caso de la clase trabajadora.

            Agréguese que desde los ochenta ha habido un proceso de desmejoramiento constante de la situación material y política de la clase trabajadora, que no ha sido contrarrestado con la implantación de un modelo efectivo de cambios en las relaciones de poder y al mismo tiempo en el diseño y aplicación de un nuevo patrón productivo, que brinde oportunidades a la población nacional del momento y las que vienen, que no siga sustentado simplemente en el consumo de la renta petrolera.

            En estos últimos años el nivel de desarrollo de las organizaciones de los trabajadores han venido siendo restringidas en sus derechos y capacidades,  para poder jugar un papel realmente protagónico en la actual etapa transicional. Se trata de una restricción que no sólo es la histórica del capital en su constante proceso de asegurarse tasas de ganancia y mecanismos de control suficiente para preservar su hegemonía, sino de quienes ejercen el poder del Estado que promueve nuevas maneras de relacionarse con el capital y el trabajo. Por ello es imprescindible la identidad de los trabajadores en su condición de tales. 

VIOLENCIA SINDICAL.. HASTA CUANTO Y CUANDO

           En Venezuela ser sindicalista de la industria de la construcción es una actividad altamente peligrosa. El último Informe anual del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social nos informa del número de sindicalistas o trabajadores asociados con sindicatos de todas las actividades que fueron asesinados en el transcurso del año 2012, nos reporta 77 personas asesinadas -de ellos, 67 vinculados con el sector de la construcción-, los números más altos desde que varias Ong´s llevan control de este macabro dato, hasta entonces la cifra record eran los 68 casos en el año 2010.

            Del año 2011, disponemos de los datos de la Vicaria de Caracas que reporta 28 asesinados, y de Provea que reporta 36, en este caso entre Octubre 2010 y Septiembre 2011. Importante destacar que Anexo Laboral del Informe de Provea pueden verse los nombres y apellidos, fecha y circunstancias del asesinato ver:

http://www.derechos.org.ve/pw/wp-content/uploads/27AnexosLaborales.pdf

Con cualquiera de las dos comparaciones el salto es alarmante. De 1999 al año 2012 el número de asesinados alcanza a 392. Puede verse esta información apelando a las tres fuentes citadas.

            Hay que destacar que la violencia en los medios sindicales y laborales se expresa en su forma más extrema en el homicidio, pero abundan situaciones menos noticiosas, de intimidación, tortura, hostigamientos, amenazas, despidos, desplazamientos forzados, atentados con o sin lesiones, allanamientos, criminalización,  campañas de desprestigio, todas absolutamente violadores de derechos humanos fundamentales. En estos casos, ya no son patrimonio del sector de la construcción, sino que son visibles en muchos otros sectores productivos, tendiendo a su generalización.

            De las fuentes oficiales, la sociedad espera y demanda que el Ministerio Público y el Ministerio del área laboral, se hagan eco, registren y actúen ante una situación tan alarmante como esta. Pero tanto en una y otra Memoria o Informe anual presentadas a la Asamblea Nacional, y por medio de las cuales nos informamos de lo que reportan como sus actividades institucionales, no hay una frase referida al tema. Se puede concluir, que para el Estado venezolano el problema no existe. Hemos destacado que una característica de la divulgación oficial de los temas del mundo laboral es la opacidad, pero en este caso la situación es extrema, ya que más que eso es la ignorancia total del asunto.

            Situación similar se observa en instancias sindicales internacionales, tal es el caso de la Confederación Sindical Internacional –CSI- organismo al cual están afiliadas algunas organizaciones sindicales venezolanas. Pues bien, su Informe de lo acontecido en el 2011 (“Informe sobre las violaciones de los derechos sindicales 2012”, en web http://survey.ituc-csi.org/Americas-Global.html?lang=en), no informa sobre el tema, más bien reporta con justificada alarma el asesinato de 29 sindicalistas en Colombia y 10 en Guatemala, cuando para ese año en Venezuela hubo 36. En esos dos países hay una manifiesta y abierta sensibilidad por corregir este problema por parte de densos sectores de la sociedad, incluido entes estatales. Nos atrevemos a mencionar que la imagen de la situación laboral venezolana es percibida generosamente por esta entidad sindical internacional.

            La baja percepción de la extrema violencia en los ámbitos sindicales venezolanos, es semejante a lo violencia general en la sociedad. Véase que el Observatorio Venezolano de la Violencia nos informa que en el 2012 ocurrieron 21.692 homicidios, lo que equivale a 73 por cada cien mil habitantes, sin embargo en los medios internacionales es más visible este problema en México, en donde la tasa para este mismo año es de 23, más de tres veces menos.

            La opacidad venezolana la señala M Tarre, estudioso del tema de la seguridad (“Visible en México, invisible en Venezuela” El Nacional 20-01-13) “El gobierno no informa, no revela cifras oficiales; cerró tiempo atrás las oficinas de prensa en los cuerpos policiales nacionales, mantiene una conveniente opacidad que le permite acusar a los medios de comunicación nacionales de generar campañas de desinformación o de desestabilización cuando publican las inocultables efectos de la violencia y criminalidad”

            Esta contribución ha destacado los datos numéricos y la insensibilidad oficial ante el problema, dejando impune una alta proporción de los casos. Si la impunidad general de los homicidios es alarmante, la de los sindicalistas es aún mayor.

“..en el  2009, por cada cien homicidios  se realizan 9 detenciones. Por ello se habla de 91% de impunidad, con la concesión de que una detención no es sinónimo de juicio, sino de una averiguación que si no arroja resultados, el sospechoso o testigo queda libre” (Briceño, R 2010).

            El tratamiento noticioso que ha venido adquiriendo el asesinato de sindicalistas y trabajadores asociados con sindicatos, corre el riesgo de convertirse en una rutina, dando lugar a la banalización de estos hechos, y que pasen a convertirse en problemas y manifestaciones  de la violencia común, cuando en el ámbito laboral hay instituciones y responsables, de aquí que hay a quienes habría que interpelar, pedir explicaciones y exigir acciones.

            

LA DEVALUACION PARA QUIEN VIVE DE UN SALARIO

Con la reciente devaluación de nuestra moneda –en un 46.5%-, se evidencia de nuevo la debilidad estructural del sector de los trabajadores, en la presente situación del funcionamiento de las relaciones de trabajo.

            Las ganancias del capital resultan del funcionamiento de los precios y del control de los costos. La clásica relación costo-beneficio. Con ello se remunera el capital y logra la continuidad de la  acumulación. La remuneración del trabajo, que no es decir necesariamente sus ganancias, ya que en buena medida es su sobrevivencia y compensación, resultan de la capacidad que tenga para negociar e imponer el valor justo que el representa en la actividad productiva.

            Con el impacto de una devaluación se disparan los precios, ya que la economía venezolana lo importa casi todo desde el exterior, en tanto no exporta sino petróleo. Incluso, las exportaciones de Sidor, que eran las segundas en importancia por su valor y volumen, desaparecieron desde hace más de ocho meses.

            El sector privado no logra siquiera abastecer el mercado interno, y aquel que anteriormente podía exportar, en buena medida lograba armar un producto, que contenía un importante componente de insumos importados. Es por lo que al devaluar la moneda nacional, no se crean condiciones para aumentar las exportaciones, porque no estamos preparados para ello, sino que paulatinamente llevamos varias décadas de desindustrialización, que se han agudizado año a año.

            Quién dispone de bienes de capital para producir, de una empresa equipada, de un inventario de productos, responde a la devaluación de manera automática con la revalorización de sus activos. Además se crea un clima caracterizado por la especulación. En tanto el trabajo no cuenta con la ventaja de ese proceso automático de la revalorización. De aquí que tiene necesidad de replantear su valor, especialmente sus niveles de remuneraciones. Para ello es imprescindible contar con su capacidad de análisis y acción organizada. En este momento esto es un karma, ya que las organizaciones que tendrían que hacerlo se encuentran debilitadas y desarticuladas por la acción sistemática de las políticas públicas. En nuestra contribución de la semana pasada analizábamos justamente este problema, incluso sin conocer entonces la devaluación a punto de implementarse.

            Hemos destacado que las modificaciones de la legislación laboral en los últimos años han sido generosas con el trabajo en tanto individuo, pero han sido restrictivas con el trabajo en tanto su acción colectiva. Por ello la desarticulación de las organizaciones de los trabajadores, por ello la debilidad y crisis de las negociaciones colectivas, la ausencia de dialogo social y las dificultades para organizar un conflicto colectivo así como lograr el reconocimiento y los objetivos que se fijen los trabajadores.

            El gobierno pretende resolver el problema de la especulación y la subida de los precios, con medidas de cierres y multas de establecimientos. Pero ello no alcanza para encarar la magnitud de las deformaciones de los precios, ya que se generan desabastecimientos, escasez y mercados paralelos de productos y servicios con altos precios que logran escapar de la tradicional acción de vigilancia estatal, aun más en estos tiempos de un intenso desarrollo de los medios electrónicos de comercialización, asi como de una informalidad dura e imbatible en la comercialización.

            En circunstancias como las sobrevenidas con una devaluación, unas organizaciones de los trabajadores vigorosas son necesarias para responder a las exigencias del momento. Entre los analistas que han opinado sobre la devaluación predomina la tesis de considerarla como una medida fiscalista, es decir para proveerle más recursos al fisco nacional, y que el Gobierno pueda cumplir con deudas y compromisos internos. Es decir no se trata de acometer un plan que involucre desarrollo de nuevas actividades productivas, creadoras de empleo, o que pretenda planes para el mejoramiento de los ingresos de los trabajadores. La devaluación ha sido una medida aislada y desconectada de un proyecto que le de un lugar y un buen trato a los intereses de los trabajadores.

DESARTICULACIÓN LABORAL Y CONSECUENCIAS

 En la presente semana observe  reunión de representantes de varios sindicatos localizados en Valencia, todos exteriorizaron la orfandad en que viven, al no poder contar con la solidaridad y asistencia de otras organizaciones de trabajadores, para enfrentar diversas situaciones difíciles propias de la actividad reivindicativa y social.  Fue de los tantos asuntos expuestos el fenómeno que más nos llamo la atención. Destacamos qué es una carencia del movimiento de los trabajadores en todo el país.

      Esta situación nos remite a una característica central del funcionamiento de las organizaciones de los trabajadores, como es la de la articulación del conjunto de las organizaciones de base. Antes es necesario considerar el proceso constitutivo de los sindicatos. Estos se constituyen desde el punto de vista de quien los promueve a partir de tres posibles procesos:

- El más legítimo, que sean los propios trabajadores quienes promuevan su organización.

- Los otros dos procesos son cuestionables, sea que se constituyan a partir de la promoción del Estado o Gobierno específicamente, o peor aún que sean los propios patronos quienes impulsen y dirigen este proceso.

        De todo esto hemos visto en la realidad laboral venezolana. De todos modos no se descarta, que no obstante esta promoción no autónoma en el nacimiento organizativo,  no es descartable que luego ocurra una ruptura o rebelión con este padrinazgo externo.

      Por supuesto que en estos procesos generalmente median los partidos políticos. Con mayor visibilidad y ventajismo suelen hacerlo aquellos partidos en ejercicio del poder gubernamental, cosechando mejores dividendos mientras se esté ejerciendo este poder. Aunque luego habrá que evaluar, al dejar por cualquiera sea la causa de ejercerse el poder, la permanencia o continuidad de la influencia y adhesión de estas organizaciones de base.

    Tengamos en cuenta que un Capitalismo de Estado, como es lo que predomina desde largas décadas en nuestro país, permite al partido en ejercicio del poder gubernamental hacer uso indiscriminado de los recursos públicos para las actividades partidistas. No se ha   logrado diferenciar cuales son los límites entre Estado y Gobierno. Tanto adecos ayer, como pesuvistas hoy, que son los partidos que han usufructuado por mayor tiempo el poder en los últimos 77 años han abusado en no distinguir las acciones del partido político de las acciones de gobierno, dando lugar a ventajismos, por ejemplo en el caso que nos ocupa, un tratamiento favorecedor en los procesos de acción sindical para aquellos identificados disciplinadamente con el gobierno y una actitud obstruccionista y persecutoria con los de otras corrientes.

       Retomando el problema de la articulación del conjunto de las organizaciones de base, es lo que remite a la construcción de organizaciones que las coordinen, sean de segundo grado, como la federaciones o de tercer grado como las confederaciones o centrales.

      Un indicador que regularmente nos ofrece el Observatorio Venezolano de la Conflictividad Social (http://www.observatoriodeconflictos.org.ve/) que mes a mes publica información de las protestas sociales y entre ellas desde hace varios años destacan las laborales, que representan más del 40% del total. Esto supone anualmente mas de dos mil quinientas protestas de sindicatos o de trabajadores sin organización sindical estable

al menos así fue en el 2012, pero con una incidencia mínima en la consecución de los objetivos y aquí es donde la carencia de mecanismos efectivos de articulación se deja sentir.

  La creación de organizaciones de base autónomas es un paso importante, sin embargo la no articulación con otras organizaciones igualmente de trabajadores en un primer  estadio o nivel deja en situación de orfandad a estas organizaciones de base. Agréguele qué el modelo dominante de organización de los trabajadores es por empresa o entidad productiva especifica, y no por rama o categoría de trabajadores, lo que contribuye al predominio de una práctica sindical muy acotada a un escenario que domina el patrono sea privado o estatal.

Terminando, en la construcción de organizaciones de segundo grado, o de mecanismos de articulación en el nivel regional, de rama productiva, de categoría ocupacional, o de carácter nacional, es aún más tentador la promoción por parte del gobierno, aprovechando el manejo de los mecanismos estatales de registro y control. A la ya tradicional intervención gubernamental en los asuntos internos de los sindicatos, se agrega una nueva entidad, como es el Registro Nacional de Organizaciones Sindicales, que analizamos en nuestra contribución del 2-02-2013, como parte de las Disposiciones Transitorias del DLOTTT.

  El limitado grado de articulación que hoy se observa en el movimiento de los trabajadores venezolanos no será fácil superarlo, ya que la desarticulación ofrece extraordinarias ventajas al patronato, de aquí que por más conflictividad que se observe, el nivel de incidencia se reduce dada la desarticulación, con el riesgo de agotamiento de las organizaciones y sus dirigentes.

   

hector.lucena@gmail.com

@hl_lucena

LA LOTTT Y SUS DISPOSICIONES TRANSITORIAS ( I )

En el transcurso del primer año de la vigencia del Decreto-Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras –Dlottt- varias disposiciones transitorias alcanzan su fecha limite. Tengamos presente que entró en vigencia el 7 de Mayo del pasado año 2012. Veamos cuales son las disposiciones en cuestión.


Por proximidad en el tiempo, empecemos por la Disposición Transitoria Quinta, que indica “Las Agencias de Empleo se transformarán en los Centros de Encuentro para la Educación y el Trabajo en un lapso no mayor a seis meses contados a partir de la vigencia de esta Ley.”


El tema de las Agencias de Empleo ha perdido relevancia desde hace largos años, por habérsele sustraído el importante papel que ellas han debido jugar en la promoción del empleo, en la colocación de trabajadores, y en la administración de programas que vinculen oferta y demanda de trabajo. Estas funciones fueron minimizadas y las restantes remitidas a otras entidades estatales, especialmente por la vía de las llamadas Misiones. Estamos a la expectativa que resultará de esta transformación de ellas en Centros de Encuentro para la Educación y el Trabajo. En el presente la pagina web del Ministerio del Poder Popular nada informa al respecto, y como hace ya largos meses, quizás años, esta pagina sigue en construcción.


No hay que olvidar que desde el año 2005, está aprobado el texto de la Ley del Régimen Prestacional de Empleo (Gaceta Oficial N° 38.281 del 27-9-2005), que asumía y repotenciaba todo este campo de la acción de política pública, pero que nada se ha hecho en los siete años transcurridos.


Por supuesto que quién experimenta los problemas de mercado laboral, no tener empleo, o aspirar a un cambio en la situación ocupacional, requiere una muy específica atención profesional. Estas preocupaciones estuvieron presentes en el contexto que dio lugar Entre sus objetivos, se cuenta: (i) regular la atención integral de las personas que conforman la fuerza de trabajo mientras se encuentren situación de desempleo; (ii) asegurar al trabajador dependiente y cotizante al Régimen Prestacional de Empleo una prestación dineraria en caso de pérdida involuntaria del empleo o de finalización del contrato de trabajo por tiempo u obra determinado; (iii) asegurar al trabajador por cuenta propia cotizante al Régimen Prestacional de Empleo una prestación dineraria en caso de pérdida de la ocupación productiva; (iv) regular la organización y funcionamiento del Instituto Nacional de Empleo y los mecanismos de adopción e implementación de sus políticas, programas y medidas especiales; y (v) favorecer la empleabilidad de la fuerza de trabajo y contribuir al fomento del empleo. El Régimen Prestacional de Empleo se regirá por los principios de universalidad, solidaridad, unidad, igualdad, integralidad, participación, equidad, eficacia, eficiencia, progresividad y sostenibilidad.


Indudablemente se trata de un texto avanzado, pero lamentablemente no se ha materializado, a pesar de haber transcurrido más de siete años desde su aprobación. Ahora el mismo asunto se incluye en otra legislación – el Dlottt-. Veremos si esta disposición transitoria quinta, ayuda a implementar estas instituciones que favorecen a los desempleados.


Otra disposición transitoria a considerar es la Cuarta, que tiene relación con las organizaciones sindicales, en primer termino indica la creación de un Registro Nacional para estas organizaciones, que entrará en funcionamiento el 1 de enero del presente año, por lo que a partir de este momento las actividades correspondientes al registro y documentación de las organizaciones sindicales se dejarán de tramitar ante la Inspectoría del Trabajo de la jurisdicción correspondiente. Por otro lado “Las organizaciones sindicales adecuaran sus estatutos a esta Ley antes del 31 de diciembre del 2013”.


Visto el profundo interés en ejercer un mayor control estatal sobre las organizaciones sindicales que se constata en el Dlottt, sí se observo mayor diligencia en crear este Registro, por lo que ya desde el 1 de enero del presente año está funcionando, y recibiendo la documentación de los sindicatos, con sus estatutos adaptados al nuevo Dlottt. Todas las corrientes sindicales han manifestado sus reservas a este nuevo mecanismos de control, salvo la central gubernamental –CSBT-.


Con la intervención del Consejo Nacional Electoral y la llamada mora electoral, ya se ejercía un excesivo control sobre el sindicalismo. Incluso una corriente cercana al gobierno, como es la UNT ha denunciado que: “Hay 805 sindicatos en los que el comité está en mora electoral, la dirigencia no puede representar al gremio porque su ámbito de actuación es limitado debido a que ya venció el período para el cual fueron elegidos. Hay vacíos legales en cuanto a la participación del CNE en las elecciones sindicales”. M Maspero en

http://www.el-nacional.com/economia/Unete-nulidad-registro-nacional-sindicatos_0_102592214.html


Con toda certeza, la inseguridad juridica de las organizaciones sindicales se agudizará con este nuevo control que representa el registro nacional en manos gubernamentales.

CINCUENTA Y CINCO AÑOS DESPUÉS: ESTADO Y SINDICATOS

Recién se conmemoró el 55avo aniversario del derrocamiento del General Marcos Pérez Jiménez, cabeza de gobierno autoritario que tuvo tres etapas (C.Delgado Ch, G Suarez F y M Perez J) de ellas la más prolongada fue la del derrocado presidente, además era el poder real en la 2da etapa. Es oportuno recordar y reflexionar algunas referencias a su política laboral sindical, a objeto de comparar con el presente.

Un antecedente importante al periodo en el cual el General Marcos Pérez Jiménez tuvo un papel protagónico, es el hecho de que la política laboral pro sindical tuvo un auge inusitado en el lapso político precedente, como es concretamente el de 1945-1948. El gobierno de entonces brindo amplias facilidades para el desarrollo sindical, sin embargo buena parte de las organizaciones creadas no adquirieron la estabilidad necesaria para ejercer una defensa efectiva al momento del golpe que derroco a un gobierno que les abrió espacios. Así qué un gobierno de facto asume el poder y logro vencer las resistencias sindicales. Tan sólo en el sector petrolero hubo conflictos que evidenciaban la existencia de un movimiento consolidado.

Superadas situaciones tensas en la relación gobierno y sindicatos, es impuesta una reestructuración. Un primer elemento muestra que de los 700 sindicatos existentes para el momento del golpe -nov. 1948-, un año más tarde se reducen a 409. Los sindicatos manifiestan las dificultades para el proceso de reconstitución impuesto por el gobierno. Cierto que la mayor represión se ejercía inicialmente contra los sindicatos identificados bajo la influencia de Acción Democrática, luego se extendió también a los influenciados por otras organizaciones partidistas, especialmente por el Partido Comunista de Venezuela.

Este proceso de reconstitución guarda semejanza con el llamado proceso de reestructuración puesto en práctica en los años 2000 y 2001, que llevó al referéndum sindical y a las elecciones compulsivas, desconocidas luego por el Gobierno, al resultar victoriosa fuerzas políticas adversas.

Continuando con el proceso de reconstitución emprendido por el gobierno militar de facto, las autoridades se involucraron entorpeciendo las actividades de los propios sindicatos para elegir sus autoridades. Era necesario obtener autorización previa para celebrar reuniones, bajo la constante amenaza de despidos y arrestos.

En los últimos años, con mucho mayor sofisticación, una entidad ajena al movimiento sindical asume poderes de autorización y reconocimiento de los resultados electorales sindicales, concretamente el Consejo Nacional Electoral. En el periodo del gobierno "perezjimenista" esta función la ejercía el Ministerio del Trabajo. En tanto no se sometían las organizaciones al proceso de reconstitución, eran sencillamente ilegalizadas de hecho al no poder ejercer actividades propias de los sindicatos, es equivalente a lo hoy llamada mora electoral.

Estas prácticas anti-sindicales van haciendo mella hasta que el régimen militar pasa a organizar su propio movimiento, directamente desde las mismas oficinas del Ministerio del Trabajo. A partir de 1951, luego de la disolución de los sindicatos petroleros, el régimen empieza a organizar su propio aparato sindical. Sus organizaciones son identificada con la denominación "independientes". A nivel nacional estos sindicatos pertenecen al Movimiento Obrero Sindical Independiente -MOSIN-, el cual dará origen en su congreso de 1954 a la Confederación Nacional de Trabajadores de Venezuela.

Hoy también se tienen organizaciones constituidas a partir de decisiones de entes estatales. Es así que la denominación de "Bolivarianas" deja ver organizaciones que existen para actuar como apéndices gubernamentales, aunque también existen con esta denominación organizaciones con mayor autonomía. Importante destacar que tanto el MOSIN como la CNTV desaparecieron del mundo sindical, apenas el General Marcos Pérez Jimenez dejo de ser el hombre fuerte del gobierno nacional.

En el presente las organizaciones oficialistas cuentan con conquistas acumuladas para el propio movimiento en su conjunto, tanto las alcanzadas y conseguidas en la etapa precedente como las que se adquirieron en los últimos catorce años, que le dan opciones para preservarse pero necesariamente sujetas a procesos de democratización y de pluralismo, propias de las entidades autónomas.