Con la reciente devaluación de nuestra moneda –en un 46.5%-,
se evidencia de nuevo la debilidad estructural del sector de los trabajadores,
en la presente situación del funcionamiento de las relaciones de trabajo.
Las
ganancias del capital resultan del funcionamiento de los precios y del control
de los costos. La clásica relación costo-beneficio. Con ello se remunera el
capital y logra la continuidad de la
acumulación. La remuneración del trabajo, que no es decir necesariamente
sus ganancias, ya que en buena medida es su sobrevivencia y compensación,
resultan de la capacidad que tenga para negociar e imponer el valor justo que
el representa en la actividad productiva.
Con
el impacto de una devaluación se disparan los precios, ya que la economía
venezolana lo importa casi todo desde el exterior, en tanto no exporta sino
petróleo. Incluso, las exportaciones de Sidor, que eran las segundas en
importancia por su valor y volumen, desaparecieron desde hace más de ocho
meses.
El
sector privado no logra siquiera abastecer el mercado interno, y aquel que
anteriormente podía exportar, en buena medida lograba armar un producto, que
contenía un importante componente de insumos importados. Es por lo que al
devaluar la moneda nacional, no se crean condiciones para aumentar las
exportaciones, porque no estamos preparados para ello, sino que paulatinamente
llevamos varias décadas de desindustrialización, que se han agudizado año a
año.
Quién
dispone de bienes de capital para producir, de una empresa equipada, de un
inventario de productos, responde a la devaluación de manera automática con la
revalorización de sus activos. Además se crea un clima caracterizado por la
especulación. En tanto el trabajo no cuenta con la ventaja de ese proceso
automático de la revalorización. De aquí que tiene necesidad de replantear su
valor, especialmente sus niveles de remuneraciones. Para ello es imprescindible
contar con su capacidad de análisis y acción organizada. En este momento esto
es un karma, ya que las organizaciones que tendrían que hacerlo se encuentran
debilitadas y desarticuladas por la acción sistemática de las políticas
públicas. En nuestra contribución de la semana pasada analizábamos justamente
este problema, incluso sin conocer entonces la devaluación a punto de
implementarse.
Hemos
destacado que las modificaciones de la legislación laboral en los últimos años
han sido generosas con el trabajo en tanto individuo, pero han sido
restrictivas con el trabajo en tanto su acción colectiva. Por ello la
desarticulación de las organizaciones de los trabajadores, por ello la
debilidad y crisis de las negociaciones colectivas, la ausencia de dialogo
social y las dificultades para organizar un conflicto colectivo así como lograr
el reconocimiento y los objetivos que se fijen los trabajadores.
El
gobierno pretende resolver el problema de la especulación y la subida de los
precios, con medidas de cierres y multas de establecimientos. Pero ello no
alcanza para encarar la magnitud de las deformaciones de los precios, ya que se
generan desabastecimientos, escasez y mercados paralelos de productos y
servicios con altos precios que logran escapar de la tradicional acción de
vigilancia estatal, aun más en estos tiempos de un intenso desarrollo de los
medios electrónicos de comercialización, asi como de una informalidad dura e imbatible en la comercialización.
En
circunstancias como las sobrevenidas con una devaluación, unas organizaciones
de los trabajadores vigorosas son necesarias para responder a las exigencias
del momento. Entre los analistas que han opinado sobre la devaluación predomina
la tesis de considerarla como una medida fiscalista, es decir para proveerle
más recursos al fisco nacional, y que el Gobierno pueda cumplir con deudas y
compromisos internos. Es decir no se trata de acometer un plan que involucre
desarrollo de nuevas actividades productivas, creadoras de empleo, o que
pretenda planes para el mejoramiento de los ingresos de los trabajadores. La
devaluación ha sido una medida aislada y desconectada de un proyecto que le de
un lugar y un buen trato a los intereses de los trabajadores.
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