INVESTIGACION SOBRE LA VIOLENCIA SINDICAL

Recibimos el libro “Sindicalismo asesinado”, publicado por la casa editorial Random House, Colección Debate. Reveladora investigación sobre la violencia contra los sindicalistas colombianos, editado por León Valencia y Juan C Celis Ospina, quienes dirigieron el equipo de investigadores.

            Teniendo presente que lamentablemente hemos entrado en el pequeño grupo de países en donde el asesinato de sindicalistas es un hecho frecuente, es por lo que haremos algunos comentarios de esta obra.

            Estamos conscientes que las realidades que han llevado a Colombia y a Venezuela a estar empantanados en esta situación de violencia sindical, son bastante diferentes, pero no por ello menos importante relevarlas para divulgarlas y contribuir a crear conciencia del daño que han venido causando a la vida laboral en la sociedad.

            En primer lugar en Colombia el fenómeno es de vieja data, por ello los investigadores se plantean buscar una explicación para el asesinato de 2.732 sindicalistas en los últimos 25 años en Colombia, así como para las más de 8.000 agresiones violentas a los sindicatos y a los derechos fundamentales de sus afiliados. Como explicitamente lo señalan se trata de la búsqueda de una solución para una de las más grandes tragedias de la sociedad colombiana.

            Señalan que utilizaron en las cifras oficiales del Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República y las elaboradas por la Escuela Nacional Sindical. A partir de ellas nos pusimos a la tarea de examinar en detalle los lugares y momentos de la victimización. De otro lado, entrevistamos a 73 personas –sindicalistas, empresarios y líderes políticos–, examinamos las versiones libres que los jefes paramilitares han rendido ante la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía General de la Nación e hicimos una rigurosa revisión de prensa. Igualmente, estudiamos alrededor de 150 documentos, entre libros y ponencias, sobre las relaciones entre sindicalismo y conflicto armado

            En nuestro caso el fenómeno es de la última década y no se le ha dado el carácter o la categoría de tragedia. Muy por el contrario sigue siendo un asunto de escasa relevancia para la sociedad en su conjunto, incluyendo el Estado. Incluso no se llevan registros oficiales de este problema.

            En cuanto a los sectores mas lesionados por la violencia, los autores destacan: No fue difícil identificar los casos que podrían permitirnos sacar conclusiones ciertas sobre el problema de la victimización sindical en Colombia. En los registros de asesinatos y agresiones saltaban a la vista los maestros y los trabajadores de los sectores bananero y petrolero; representan el 70% del total de sindicalistas asesinados entre 1984 y 2009.

            En la realidad venezolana el fenómeno se ha focalizado en la industria de la construcción, y en mucho menor medida se conocen casos del sector petrolero y automotriz.

            El estudio de Valencia y Celis utiliza categorias de las ciencias sociales y políticas

 orientadas a examinar los hechos, cruzar variables y proponer explicaciones. En este caso, las variables son los actores armados, los grupos políticos y las fuerzas empresariales y sindicales, todos insertos en la dinámica del control de territorios, la disputa por el poder y la apropiación de jugosas rentas.

            El caso venezolano no está inserto en un enfrentamiento abierto que permite observar grupos armadas que controlan territorios en la disputa por el poder y la apropiación de las jugosas rentas que provienen del narcotrafico, como es el caso colombiano. Pero obviamente los datos conocidos en el medio sindical de la industria de la construccion, es un reflejo de presencia armada, aunque no reconocida oficialmente, en el desenvolvimiento de las relaciones laborales de grupos que también se benefician de políticas laborales promotoras de organizaciones sindicales sin bases ni practicas democráticas, y  luego el fomento de prácticas permisivas y deliberadamente inclinadas a quienes adhieren a las políticas oficiales.   

            Valencia y Celis destacan que los sindicatos  que cargaron con el mayor peso de la victimización fueron los más activos en la lucha política, es decir, aquellos que ligaron las reivindicaciones laborales con las aspiraciones democráticas y emprendieron por igual protestas sociales y acciones políticas, a través de las cuales ejercieron un inusitado protagonismo en algunas regiones del país. Por ello es importante el testimonio que incluyen de Héctor Fajardo, dirigente sindical de gran trayectoria:

Estoy completamente seguro de que la victimización sindical que ha vivido Colombia se ha debido, en un 80 ó 90%, al compromiso de los sectores sindicales con la democratización del país. –pag 18-.

            De lo que se trata en el caso venezolano es en primer lugar de una confrontacion por el control de organizaciones que se pelean los beneficios económicos de la mercantilización del empleo, y de los espacios productivos, todo ante la mirada complice de autoridades que observan y no actúan. Se percibe que el daño que se infringe a la institución sindical no es sentido por las autoridades, y en cierta medida por la sociedad toda.

            El trabajo que comentamos es una contribucion fundamental al diagnóstico sobre la violencia contra el sindicalismo. No hay duda que allá no es un problema inter sindical, como si participa esta dimension en el caso venezolano. Pero la naturaleza inter sindical del conflicto, es una derivación de acciones que se originaron y han recibido refuerzos desde políticas estatales.

             La investigacion concluye que el Estado colombiano es responsable de la victimización del sindicalismo, al menos en tres campos debidamente documentados en esta investigación: por la participación de servidores públicos en las alianzas criminales que condujeron a la muerte de miles de sindicalistas, por permitir que prosperara un ambiente en el cual se justificaba la muerte de personas indefensas por sus afinidades ideológicas o políticas con fuerzas ilegales y por la escandalosa impunidad judicial que ha cobijado a los responsables.

            Veamos si fuera possible emprender una investigación con criterios independientes que nos permita auscultar lo que viene pasando en nuestros medios laborales, y que las conclusiones contribuyan a poner freno o minimizar el problema. La institucionalidad la venimos perdiendo. Es necesario marginar los extremos y recuperar espacios democráticos en el ámbito sindical.  Aun es temprano. 

SIGNIFICADO DE ORGANIZACIONES DOTADAS O PRECARIZADAS

Atendiendo una actividad académica con universidades que llevan a cabo estudios de Relaciones de Trabajo hemos estado estos días en Buenos Aires. Queremos significar algunos aspectos de la logística que muestran el nivel de recursos con los que cuentan los gremios de trabajadores.

Por un lado nos hemos alojado en un hotel perteneciente a un gremio. Decenas de hoteles que prestan buenos servicios tanto para atender las necesidades del gremio y sus afiliados, como a otras entidades y personas relacionadas; los podemos encontrar tanto en la capital, como en las principales ciudades, los mismos son propiedad de las organizaciones sindicales. En este caso nuestro hotel ha sido el “26 de Julio”. Y por otro lado también hemos sido invitados a presentar los resultados de nuestra reunión académica ante un colectivo de interesados. El sitio de la jornada y contacto con el público ha sido otro local gremial, el de la Unión de los Conserjes. Sala Magistral, otras salas de reuniones, y disponibilidad de los servicios que demanda un evento que congrego a doscientas personas, todos  a la mano en óptimas condiciones. Realmente es la sede que a lo largo del año sirve a las actividades de formación que el gremio brinda a sus afiliados.

¿Por qué destacamos estos asuntos elementales? Sencillamente porque es inevitable hacer comparaciones.  Es verdad que el movimiento de los trabajadores argentinos cuenta con una historia más larga que el venezolano. El haber iniciado la modernización productiva más temprano permitió contar con contingentes de trabajadores en actividades industriales, que iniciaron el camino de lograr conquistas tanto para las personas como para las instituciones.

    También ha de agregarse que en los años cuarenta y primera mitad de los cincuenta hubo un gran salto en el fortalecimiento de las organizaciones gremiales. Se trata del primer período peronista. Hubo una verdadera política obrerista.  Es así que sesenta años más tarde este movimiento mantiene su fuerza y peso en la sociedad argentina. Por supuesto que este comentario no engloba tantos otros aspectos del funcionamiento de la vida económica y social del país en los períodos posteriores.

            Con lo anterior se quiere destacar que las conquistas estables de los trabajadores demandan organizaciones dotadas de los elementos necesarios para llevar adelante su acción. El primer elemento a tener presente es la autonomía  y la unidad de propósitos. Nada fácil de lograr y mantener. De ello deriva que las organizaciones de trabajadores han de contar con los medios materiales para funcionar y actuar.

Sirva esta reflexión para llamar de nuevo la atención como en los últimos años, el sindicalismo venezolano ha venido perdiendo espacios e instituciones que realmente le hacen falta. Una de ellas es la extraordinaria instalación que ocupara la Universidad de los Trabajadores de América Latina –Utal- en la privilegiada ubicación de San Antonio de los Altos, y más recientemente la pérdida del Instituto de Altos Estudios Sindicales –Inaesin- en Caracas. Cada caso es una lamentable historia que muestra como intereses ajenos a los del movimiento de los trabajadores determinaron la pérdida de esas instituciones. Ojala el movimiento pueda el  disponer mañana de entidades equivalentes. Por los momentos no se avizora nada en el panorama.
  
Conviene deslindar el otorgamiento de beneficios para las personas que dirigen las organizaciones, de las que corresponden a las instituciones y al colectivo global de afiliados. Lo primero puede colocar en duda la autonomía de quienes dirigen, al acumular favores recibidos del poder patronal, sea público o privado. Favores o prebendas que serán reclamados por quienes lo otorgaron, y tendrán repercusión negativa en la autonomía institucional.

Las organizaciones de los trabajadores para poder funcionar requieren no sólo del registro que se obtiene de parte de las autoridades. Incluso hay países en donde no existe el registro sindical, las organizaciones no se ven sometidas a rigurosos controles y exigencias gubernamentales, que empiezan a controlarlas desde antes de nacer. Apenas notariar la voluntad de los interesados da lugar a la confirmación de su existencia. Se tiene como lo más importante la voluntad de las personas de congregarse y actuar alrededor de intereses legítimos.

ELABORAR UN PLAN DE GOBIERNO O UN AUTENTICO PROCESO CONSTITUYENTE

Desarrollábamos en nuestra sesión de postgrado de la presente semana un intercambio en torno a la intervención estatal en las Relaciones de Trabajo. Es un tema fundamental en todo análisis del funcionamiento de este campo de actividad. Ello nos llevó a considerar un llamativo proceso promovido desde el Estado y que viene siendo denominado proceso constituyente. Sobre el mismo se levantan algunas reservas.

Luego del 7_0, fecha de la elección presidencial,  los resultados han sido interpretados por la opción ganadora como el sustento social y político para activar el poder constituyente. En esa dirección ya se vienen desarrollando asambleas y reuniones para configurar el plan de gobierno, para el sexenio que se inicia este enero del 2013 hasta el año 2019. Este proceso reposa de manera absoluta en manos de la organización partidista al frente del gobierno, así como con los recursos e influencias de las entidades estatales. Lentamente las corrientes opositoras reaccionan ante este fenómeno, en la mayoría de los casos formulando críticas de las inconsistencias del proceso, y en casos excepcionales reconocer  la conveniencia de participar señalando las desviaciones más resaltantes.

            Que los adherentes a una fórmula ganadora de manera entusiasta se activen para un proceso de construcción de un plan de gobierno es un hecho positivo. Pero otro cosa es que una parcela partidista pretenda hacer de este legitimo proceso participativo un genuino proceso constituyente nacional. Lo primero es loable, pero no para darle el carácter constituyente pleno que se ha venido mencionando. Para ello es importante remitirnos a nuestra propia experiencia de fin de siglo.

            Es así que cerrando el siglo XX -1999- el país conoció de un proceso constituyente amplio que dio como resultado la Constitución Bolivariana de la República de Venezuela –CRBV-. Se destacan tres fases en dicho proceso, todo ello a lo largo de 1999. Una primera, que fue preguntarle a la sociedad si estaba de acuerdo en ir a un proceso constituyente. El país dijo que si. Inmediatamente una elección de los constituyentistas que conformarían la Asamblea Constituyente, integrada por 134 representantes electos, quienes entre agosto y diciembre de este año debatieron y construyeron el texto que finalmente sería sometido a referéndum, como la tercera fase. Los resultados fueron favorables al texto propuesto con poco más del 70% de los votantes, aunque con una abstención del 55%.

            Como se observa fue  un proceso complejo que tomo todo el año de 1999. Y difícilmente podía ser menos, ya que construir el texto superior que va a regir la vida de una nación es un hecho que trasciende lo circunstancial. Las oportunidades fueron para todos. El producto –el texto- que se derivó de este proceso,  en el referéndum de diciembre de 1999 no levantó el entusiasmo para una mayor participación, a lo que habría que agregar  que un 30% de los votantes se fue por el No. Todo ello dejó una cierta duda en la adhesión al texto constitucional. Sin embargo, hay que resaltar que fue un avance extraordinario en cuanto a participación ciudadana, el hecho de someter a un referéndum aprobatorio el texto constitucional, hecho inédito en nuestra historia republicana

            En el tiempo de su ejecución el país fue asimilando este texto, con resultados  contradictorios, ya que quienes en un principio se opusieron a ella han mostrado una mayor identidad en defenderla, en tanto quienes la redactaron e impulsaron, frecuentemente se ven en problemas para justificar acciones de gobierno, que no se ven claramente enmarcados en el texto constitucional. El asunto no ha pasado a más, por el control total que el Ejecutivo tiene sobre los demás poderes. Otro asunto sería si funcionara algún grado de balance de poderes.

            Con lo expuesto tenemos suficientes elementos para admitir que actualmente las asambleas que promueve la organización partidistas en ejercicio del gobierno, constituyen un ejercicio importante de participación y análisis político, pero las mismas no tienen alcance suficiente para calificarla de un proceso representativo del conjunto de la sociedad venezolana, salvo que se entienda y asocie con lo representativo admitir la primacía de un pensamiento único.

            Para el mundo del trabajo, las organizaciones idóneas para la convocatoria y la promoción de definir un plan de gobierno, serían los sindicatos y otras organizaciones gremiales, las que se sustentan en las asambleas y la participación, así como en la constante búsqueda de su autonomía. Por lo que se observa que no están jugado un papel estelar en estos procesos. Cierto que viven un momento complicado, derivado de las divisiones en su seno, así como de las dificultades de un aparato productivo que se ha venido a menos, sustituyéndose producción nacional por importaciones, y la reproducción de empleos precarios por parte del principal empleador. 

VENEZUELA EN EL CONSEJO DE LOS DERECHOS HUMANOS Y EL AMBITO LABORAL

Venezuela en el Consejo de los Derechos Humano de la Organización de la Naciones Unidas. Aspiramos que este ingreso se convierta en beneficios en primer lugar para el propio campo de los DDH en el país, ya que este consejo es responsable del fortalecimiento de la promoción y la protección de los derechos humanos en el mundo, con el objetivo principal de considerar las situaciones de violaciones de los derechos humanos y hacer recomendaciones al respecto .

            El Consejo DDHH es un órgano intergubernamental de reciente formación, apenas de 2006; aunque sustituye a otra entidad ocupada del tema – la Comisión de DDHH, nacida en 1947-  Está formado por 47 países miembros, cada año un tercio de ellos es renovado por períodos de tres años, pudiendo ser reelectos hasta por dos periodos consecutivos.

            La composición del Consejo DDHH ofrece 8 puestos para América Latina y el Caribe, entendiendo que el resto corresponde a las demás regiones del planeta. Sus mecanismos de funcionamiento incluyen el examen periódico universal, un comité asesor y un método de denuncias. Por cierto que en el pasado año Venezuela fue sometida al primero de estos mecanismos y de ahí resulto un paquete de 95 recomendaciones.

            En esta ocasión el Consejo tenía tres puestos disponibles para América Latina, para los cuales se postularon tres Estados, a saber Argentina, Brasil y Venezuela. Por tanto era imposible que alguno de estos no fuera escogido. Hay que tener claro que esta escogencia no implica un juicio de la situación de los derechos humanos en los correspondientes países. Mas bien se trata de cumplir con las cuotas regionales previstas desde el nacimiento del Consejo.

            No obstante lo anterior que el país ingresa a este Consejo, existen casos de derechos humanos que el Estado venezolano debería subsanar. Las organizaciones no gubernamentales y especialistas en el tema han aprovechado la oportunidad para llamar la atención de estos asuntos pendientes que el país tiene en la materia.

            En el ámbito del trabajo, sirva el ingreso de Venezuela a este consejo, para retomar algunos retrasos institucionales sobre los cuales ha habido señalamientos en diversas instancias sin que se hayan logrado resultados importantes.

            De ellos es destacable la restricción a la libertad sindical, y la abierta violación del convenio No 87 de la Organización Internacional del Trabajo,  que el Estado venezolano ha ratificado y por tanto debe cumplir con su contenido. Lo más llamativo de la violación de este convenio es el hacer intervenir al Consejo Nacional Electoral en lo relativo a las elecciones sindicales, de hecho es el órgano del cual depende la convocatoria a las elecciones y el reconocimiento de los resultados. El CNE es un órgano del Estado y en cuya composición e integración no hay ninguna relación con el movimiento sindical, entonces es un órgano estatal que le es totalmente ajeno. Los hechos son evidentes de cómo se ha atrofiado el ejercicio de la actividad sindical autónoma a partir de este intervencionismo. 

            En un momento dado el Ejecutivo Nacional reconoció esta anomalía e incluyó la eliminación de esta disposición en una propuesta de reforma constitucional del año 2007. Si bien no se logró la aprobación de esta reforma, luego ha habido poco interés en solventar esta situación. Por el contrario continua siendo el tema de las elecciones sindicales una vía para obstaculizar el libre desenvolvimiento del movimiento, lesionando así la autonomía y libertad sindical.

            Adicionalmente hay otros temas pendientes en cuanto a DDHH que es oportuno resaltar, uno es la criminalización de la actividad sindical. Hay más de cien casos de dirigentes y trabajadores enjuiciados por el hecho de promover y participar en protestas eminentemente laborales. Otro es la discriminación laboral para el ingreso a prestar servicios en las entidades estatales del gobierno nacional, y de aquellas descentralizadas controlados por oficialismo, hecho sumamente critico en un país en donde el mayor empleador es el Estado. 

            Finalmente el caso más llamativo es  el asesinato de dirigentes y trabajadores sin que se activen los órganos del Estado para encarar este agudo problema. Los casos de enjuiciamiento son muy pocos, y sentenciados aún menos. El pasado año con motivo del Examen Periódico Universal, organizaciones no gubernamentales documentaron 185 casos, hoy un año más tarde se agrega un centenar de casos en iguales circunstancias.

            Terminamos manifestando que es una excelente ocasión  que la incorporación de Venezuela al Consejo de DDHH de la ONU, se convierta para la nación en una oportunidad para superar estos rezagos en materia de DDH del ámbito laboral.  

DE LOS CONSEJOS DE TRABAJADORES

En estos tiempos de planes de promover la reglamentación para los Consejos de Trabajadores, ya incluidos en el nuevo Decreto-Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, es oportuno detenerse a analizar la situación de las empresas que por distintas y variadas motivaciones engrosan el sector de empresas del Estado.

            Hay que señalar de entrada que desde décadas en Venezuela ha existido un amplio sector de empresas estatales. En el propósito de sembrar el petróleo, se promovió la inversión estatal en actividades productivas de bienes y servicios, dándole al Estado un espacio relativamente importante en tales áreas. Por otro lado, las generosas financiaciones con orientación clientelar, llevó a que pseudos empresarios fueran beneficiarios de créditos para emprendimientos que no tuvieron éxito, quedando a la postre estas instalaciones en manos del Estado.

            De lo anterior resulta que empezamos un nuevo gobierno -1999- y una nueva institucionalidad –Constitución de la  República Bolivariana de Venezuela, 2000- con un frondoso sector de empresas estatales. Incluso seguía siendo frondoso, a pesar de un cierto desarrollo de privatizaciones en los años noventa. De ellas las más famosas fueron la de CANTV, Sidor, Viasa. Pero aun así el sector estatal mantuvo un tamaño respetable en términos comparativos latinoamericanos.

            Ya sabemos de la onda estatizadora que ha caracterizado los últimos doce años. En algunos casos por razones estratégicas, en otras por recuperar empresas que fueron dejadas morir por sus dueños, fuera porque estos no sentían  estímulos para mantener la actividad, o por encontrar dificultades para desenvolverse en un entorno jurídico para el cual no sentían las garantías necesarias. En algunos casos no han dejado de verse la costura de las retaliaciones como motivación de la estatización.

            Lo cierto es que hoy, luego de trece años de estatizaciones, el sector estatal de empresas productoras de bienes y servicios alcanza unas dimensiones que multiplican lo encontrado por el régimen al llegar al poder. 

            Las empresas estatales disfrutan de un trato preferente en las diversas políticas con las cuales lidia una autentica dirección empresaria. Acceso privilegiado a divisas, reglas para protección, trato discriminatorio por los entes estatales de financiamiento, de justicia, de administración del trabajo, de precios y costos, en fin toda las entidades que tienen algún control o monitoreo de las actividades productivas se desenvuelven aplicando un doble rasero, uno para los privados estricto y riguroso, y por otro lado blando  y abstraído con las entidades estatales. Es por tanto lógico esperar que estas empresas sean las que logren los mejores resultados.

            Con las ventajas señaladas no tiene sentido que una empresa por ser del Estado tiene que dar perdidas, más bien por el contrario dispone de las ventajas para que sus resultados sean mejores. Se utiliza que tal empresa que pasa a manos del Estado, se destaque que ahora es de todos, es nuestra, es del pueblo, en fin propaganda para marcar una diferencia con el status de la situación anterior que pertenecía a una persona, a una familia, a una sociedad que pudo haber sido de decenas, de cientos o incluso de miles de propietarios. En el asunto de fondo, lo que importa es que la empresa sea eficiente, es decir que lo productivo tanto en manos de privados o del Estado.. o de todos, o del pueblo, como se quiera significar, resulte al final optimo o simplemente satisfactorio.

            Lo realmente político e ideológico ha debido ocurrir antes de la actividad operativas de las empresas, al definirse que productos, servicios, regiones, actividades han de privilegiarse en función mayormente del desarrollo armónico y equitativo de una sociedad que viene de notables desigualdades e inequidades, así como también después de los resultados operativos empresariales, es que se plantea que se hace con los resultados productivos, como se distribuyen los beneficios. ¿Que tanto para la gente que día a día contribuyó al alcance de las metas, tomando en cuenta las mayores y diversas responsabilidades y funciones?  ¿Que tanto para la región donde opera que ha contribuido al desenvolvimiento operativo del ente productivo? ¿Que tanto para la nación y la sociedad toda que son los dueños de esos activos? 

            Esto es lo que llamamos lo distributivo y reproductivo. Distribución por un lado, y contribuciones para la reproducción por otro, ya que las contribuciones al Tesoro nacional, al fisco, es para que se produzca la reproducción, mejorando las condiciones de vida del ciudadano y del país, en su estructura productiva y en la infraestructura de servicios de apoyo.

            Los promotores de los Consejos de Trabajadores, debieran mirar los desenvolvimientos productivos, antes o durante el proceso de construir una legislación determinada. Venimos de cientos de fracasos en empresas cooperativas, de producción social, de empresas cogestionadas, autogestionadas, mixtas. Se sabe de la propaganda que pretende pintar otro cuadro.

            Todo lo anterior le ha costado un enorme dineral al país, y ha sido semillero de frustraciones para quienes sueñan y tienen la disposición de aportar a la posibilidad de que el país alcance más altos niveles de producción y de calidad de vida, pero basados no en el consumo de la riqueza de nuestro subsuelo, es decir el subsidio petrolero, ni en la dádiva gubernamental, ni en el aprovechamiento grupal interesado en fines egoístas. Si se quiere pasar del Socialismo rentista con muy poco futuro, a un Socialismo productivo hay que mirar lo que se pretende con los Consejos de Trabajadores.    

Los costos de los paros: los ex petroleros

Hace varias semanas se conoció de procedimiento de multas promovido por la empresa Pdvsa a ex trabajadores petroleros con motivo del paro diciembre 2002- enero 2003. El asunto ha tenido un tratamiento discreto en los medios. Se entiende que el tema es espinoso. Se puede considerar que  las opiniones y juicios sobre este paro se caracterizan por un antagonismo tenso. Es una terea pendiente para los investigadores y particularmente para los historiadores, hacerse de los documentos y testimonios de los diversos segmentos involucrados para trabajarlos, analizarlos y reconstruir lo que ocurrió. Por ahora se repiten las versiones parciales e interesadas de un lado y del otro, ambas incompletas y sesgadas. Por supuesto se oyen con mayor frecuencia las del triunfador en ese conflicto. Obviamente las entidades públicas no están en condiciones de salirse del guión de la explicación oficial.  

                Del lado oficial domina la tesis de que fue un paro para presionar la renuncia del Presidente de la República, que más bien fue un lockout gerencial. Del lado de los ejecutivos y trabajadores incursos en el paro destacan que sus protestas fueron reprimidas y ello constituyó una provocación que radicalizó las acciones. Como sabemos este paro concluyó con el despido de más de veinte mil trabajadores, alrededor del 50% del total del personal de la empresa.

                Informa la empresa que el colectivo a multar es de 185 ex trabajadores que ocupaban cargos gerenciales. Y los montos ya definidos por la Dirección de Auditoría Interna –Pdvsa- representan cantidades por cada caso de alrededor 120.000 Bolívares, el total de los 185 ex trabajadores alcanzaría a poco más de 22 millones de Bolívares. En el fondo no es una cantidad importante para los argumentos que esgrime la empresa como daños de dicho paro, es decir daños patrimoniales a la empresa. Por otro lado, este monto estimamos representa una porción menor de los pasivos no entregados a estos ex trabajadores, así como haberes en fondos de ahorros. Hay que tener presente que estos ex trabajadores ocupaban cargos gerenciales, con carrera en la compañía, lo que implica alta antigüedad y altas remuneraciones. Dinero que ha estado en manos de la empresa y del cual no se ha precisado a cuanto alcanza, incluso habría también que manejar el tema de los intereses.

               En los dos párrafos anteriores reconocemos que abundan las lagunas. Sigue predominando el hermetismo en la materia. Pero de lo que se trata en este artículo es de exteriorizar inquietudes en el procedimiento de multar a ex trabajadores incursos en una huelga o paro. Téngase en cuenta que en el país este año se alcanzará cerca de tres mil protestas laborales – ver Observatorio Venezolano de la Conflictividad Social-. Si a ellas se les fijara como procedimiento determinar los costos patrimoniales para las empresas o servicios afectados, una porción considerable de la población venezolana tendría entonces que hipotecarse para pagar esas multas. La aplicación de este tipo de procedimiento es inviable y regresiva.

                Por ejemplo el pasado año, la empresa estatal Alcasa estuvo cerrada con candado en sus portones por treinta y dos días, como medida promovida por un sector sindical ¿Cuánto se dejó de producir, vender, atender procesos productivos y logísticos?  Nadie responde por ello. Incluso los promotores sindicales de esta acción fueron más tarde promovidos a la conducción de la empresa. Este tipo de situación se repite en numerosas empresas estatales. Por supuesto que es una situación caótica en términos de funcionamiento empresario y laboral.

                En el sector privado las alarmas se encienden más temprano y muy difícilmente un estado de parálisis transcurra tanto tiempo sin acciones intensivas por buscar y encontrar soluciones. Al capital le duele más el estado de paro que a las entidades estatales. Pero uno se pregunta qué procesamiento obtendría un reclamo de por ejemplo de la Empresa Chrysler Co en el supuesto caso de un paro de sus trabajadores. Por supuesto que los representantes de una empresa están vigilantes para que un paro encuentre soluciones a la brevedad. Son permeables a la presión sindical, por los impactos en los resultados económicos.

                Finalmente, hay que tener presente que las situaciones que llevan a los trabajadores a protestar no solo responden a sus posiciones específicas, sino a la natural interacción que se mantiene cotidianamente con el empleador y sus representantes, y que los costos de las acciones de paro no necesariamente corresponde a una sola de las partes. Un incumplimiento patronal de compromisos laborales lleva a protestas que ciertamente tienen costos, pero el problema está ¿a quién  cargárselos?  

ASISTENCIALISMO Y CIUDADANIA

Luego del 7 de Octubre es frecuente oír y leer entre los análisis que intentan dar explicación a los resultados electorales, que la votación que dio la victoria al Preside nte incluye un componente asociado al cultivo y a la práctica de la dadiva y del asistencialismo en general, brindada a los sectores populares en donde está el grueso de la votación chavista.

            La dadiva, o el regalo, así como el asistencialismo refiere a dar sin conexión con el trabajo. Estas prácticas las hemos visto en toda la historia moderna de Venezuela. Hay sectores que el Estado debe atender por esta vía.

            El asistencialismo no es extraño a las políticas económicas más convencionales, incluso hasta las políticas neoliberales reconocen que hay la necesidad de brindar asistencia a sectores desplazados o que no se insertan en la actividad productiva. Reconocen que en el ámbito productivo hay un espacio para un determinado número de trabajadores y que más allá del mismo, es decir lo excedentario también hay que atenderlo, por la vía del asistencialismo y la dadiva.

            En nuestra sociedad que no es precisamente orientada por el neoliberalismo en sus políticas económicas, los segmentos de la población al margen de actividades productivas es numerosa, y no hay creación de empleos productivos suficiente para la población actual ni se observan previsiones para el futuro. Además se observan desplazados de actividades productivas que no logran insertarse y quedan como sujetos de eventuales políticas asistenciales.

            En nuestro caso, el grueso de las políticas sociales asistencialistas se manifiesta en las misiones; la cuales se han caracterizado por su rápida y expedita creación, al margen de los engorrosos mecanismos que se exige en el ámbito público para la creación de nuevas instituciones. Igualmente son mecanismos de mínima vigilancia y control por parte de los órganos del Estado para tal fin, digamos el Parlamento y la Contraloría General de la República.

            Se entiende que hay urgencias sociales que requieren acciones aceleradas dada las necesidades. Pero que luego de un lapso determinado, la urgencia se habrá superado y dicho programa habrá cumplido la emergencia, y es de esperar que la actividad entrará en el ámbito de la estructura establecida del Estado, sea la educativa, la de salud, la laboral u otros ámbitos sociales, que sí responde a mayores controles y cuenta con equipos humanos calificados e infraestructura apropiada. 

       En el marco de su funcionamiento también se trata del registro de los beneficiarios, de su asistencia y de la reciprocidad entre el que es asistido y quién brinda la asistencia. En el buen sentido, el asistido retorna gradualmente al Estado y a la sociedad con tareas acordes con sus capacidades la asistencia recibida. Digamos si una persona aprendió un conocimiento, luego lo transmitirá a otros, y así sucesivamente.

            El manejo sin control de los programas sociales ofrecen la tentación de prestarse para el control social e ideológico a favor de quién concede sin vigilancia. Ante los extremos en este sentido, las poblaciones asistidas se protegen a lo sumo dejando de atender el programa social, pero dado que el mismo va acompañado de la recepción de dinero, para quienes están en condiciones de pobreza material es una concesión importante.

             Regresando a nuestro primer párrafo, dado lo expuesto no parece haber duda que los administradores de las misiones vean natural que los beneficiarios sean movilizados para las demandas de tipo electoral planteadas en el país. He aquí un efecto perverso. Son recursos de la nación los que se utilizan y por tanto han de estar a la disposición de los ciudadanos sin ningún tipo de condicionamiento político o ideológico. Lo contrario si pudiera entenderse, es decir si los recursos son del patrimonio de quién implementa y administra el programa social, se puede tomar la licencia de condicionar. Por supuesto que el condicionamiento se presta a hacer más dependiente al asistido, y limitar el desarrollo de su ciudadanía.