ELABORAR UN PLAN DE GOBIERNO O UN AUTENTICO PROCESO CONSTITUYENTE

Desarrollábamos en nuestra sesión de postgrado de la presente semana un intercambio en torno a la intervención estatal en las Relaciones de Trabajo. Es un tema fundamental en todo análisis del funcionamiento de este campo de actividad. Ello nos llevó a considerar un llamativo proceso promovido desde el Estado y que viene siendo denominado proceso constituyente. Sobre el mismo se levantan algunas reservas.

Luego del 7_0, fecha de la elección presidencial,  los resultados han sido interpretados por la opción ganadora como el sustento social y político para activar el poder constituyente. En esa dirección ya se vienen desarrollando asambleas y reuniones para configurar el plan de gobierno, para el sexenio que se inicia este enero del 2013 hasta el año 2019. Este proceso reposa de manera absoluta en manos de la organización partidista al frente del gobierno, así como con los recursos e influencias de las entidades estatales. Lentamente las corrientes opositoras reaccionan ante este fenómeno, en la mayoría de los casos formulando críticas de las inconsistencias del proceso, y en casos excepcionales reconocer  la conveniencia de participar señalando las desviaciones más resaltantes.

            Que los adherentes a una fórmula ganadora de manera entusiasta se activen para un proceso de construcción de un plan de gobierno es un hecho positivo. Pero otro cosa es que una parcela partidista pretenda hacer de este legitimo proceso participativo un genuino proceso constituyente nacional. Lo primero es loable, pero no para darle el carácter constituyente pleno que se ha venido mencionando. Para ello es importante remitirnos a nuestra propia experiencia de fin de siglo.

            Es así que cerrando el siglo XX -1999- el país conoció de un proceso constituyente amplio que dio como resultado la Constitución Bolivariana de la República de Venezuela –CRBV-. Se destacan tres fases en dicho proceso, todo ello a lo largo de 1999. Una primera, que fue preguntarle a la sociedad si estaba de acuerdo en ir a un proceso constituyente. El país dijo que si. Inmediatamente una elección de los constituyentistas que conformarían la Asamblea Constituyente, integrada por 134 representantes electos, quienes entre agosto y diciembre de este año debatieron y construyeron el texto que finalmente sería sometido a referéndum, como la tercera fase. Los resultados fueron favorables al texto propuesto con poco más del 70% de los votantes, aunque con una abstención del 55%.

            Como se observa fue  un proceso complejo que tomo todo el año de 1999. Y difícilmente podía ser menos, ya que construir el texto superior que va a regir la vida de una nación es un hecho que trasciende lo circunstancial. Las oportunidades fueron para todos. El producto –el texto- que se derivó de este proceso,  en el referéndum de diciembre de 1999 no levantó el entusiasmo para una mayor participación, a lo que habría que agregar  que un 30% de los votantes se fue por el No. Todo ello dejó una cierta duda en la adhesión al texto constitucional. Sin embargo, hay que resaltar que fue un avance extraordinario en cuanto a participación ciudadana, el hecho de someter a un referéndum aprobatorio el texto constitucional, hecho inédito en nuestra historia republicana

            En el tiempo de su ejecución el país fue asimilando este texto, con resultados  contradictorios, ya que quienes en un principio se opusieron a ella han mostrado una mayor identidad en defenderla, en tanto quienes la redactaron e impulsaron, frecuentemente se ven en problemas para justificar acciones de gobierno, que no se ven claramente enmarcados en el texto constitucional. El asunto no ha pasado a más, por el control total que el Ejecutivo tiene sobre los demás poderes. Otro asunto sería si funcionara algún grado de balance de poderes.

            Con lo expuesto tenemos suficientes elementos para admitir que actualmente las asambleas que promueve la organización partidistas en ejercicio del gobierno, constituyen un ejercicio importante de participación y análisis político, pero las mismas no tienen alcance suficiente para calificarla de un proceso representativo del conjunto de la sociedad venezolana, salvo que se entienda y asocie con lo representativo admitir la primacía de un pensamiento único.

            Para el mundo del trabajo, las organizaciones idóneas para la convocatoria y la promoción de definir un plan de gobierno, serían los sindicatos y otras organizaciones gremiales, las que se sustentan en las asambleas y la participación, así como en la constante búsqueda de su autonomía. Por lo que se observa que no están jugado un papel estelar en estos procesos. Cierto que viven un momento complicado, derivado de las divisiones en su seno, así como de las dificultades de un aparato productivo que se ha venido a menos, sustituyéndose producción nacional por importaciones, y la reproducción de empleos precarios por parte del principal empleador. 

VENEZUELA EN EL CONSEJO DE LOS DERECHOS HUMANOS Y EL AMBITO LABORAL

Venezuela en el Consejo de los Derechos Humano de la Organización de la Naciones Unidas. Aspiramos que este ingreso se convierta en beneficios en primer lugar para el propio campo de los DDH en el país, ya que este consejo es responsable del fortalecimiento de la promoción y la protección de los derechos humanos en el mundo, con el objetivo principal de considerar las situaciones de violaciones de los derechos humanos y hacer recomendaciones al respecto .

            El Consejo DDHH es un órgano intergubernamental de reciente formación, apenas de 2006; aunque sustituye a otra entidad ocupada del tema – la Comisión de DDHH, nacida en 1947-  Está formado por 47 países miembros, cada año un tercio de ellos es renovado por períodos de tres años, pudiendo ser reelectos hasta por dos periodos consecutivos.

            La composición del Consejo DDHH ofrece 8 puestos para América Latina y el Caribe, entendiendo que el resto corresponde a las demás regiones del planeta. Sus mecanismos de funcionamiento incluyen el examen periódico universal, un comité asesor y un método de denuncias. Por cierto que en el pasado año Venezuela fue sometida al primero de estos mecanismos y de ahí resulto un paquete de 95 recomendaciones.

            En esta ocasión el Consejo tenía tres puestos disponibles para América Latina, para los cuales se postularon tres Estados, a saber Argentina, Brasil y Venezuela. Por tanto era imposible que alguno de estos no fuera escogido. Hay que tener claro que esta escogencia no implica un juicio de la situación de los derechos humanos en los correspondientes países. Mas bien se trata de cumplir con las cuotas regionales previstas desde el nacimiento del Consejo.

            No obstante lo anterior que el país ingresa a este Consejo, existen casos de derechos humanos que el Estado venezolano debería subsanar. Las organizaciones no gubernamentales y especialistas en el tema han aprovechado la oportunidad para llamar la atención de estos asuntos pendientes que el país tiene en la materia.

            En el ámbito del trabajo, sirva el ingreso de Venezuela a este consejo, para retomar algunos retrasos institucionales sobre los cuales ha habido señalamientos en diversas instancias sin que se hayan logrado resultados importantes.

            De ellos es destacable la restricción a la libertad sindical, y la abierta violación del convenio No 87 de la Organización Internacional del Trabajo,  que el Estado venezolano ha ratificado y por tanto debe cumplir con su contenido. Lo más llamativo de la violación de este convenio es el hacer intervenir al Consejo Nacional Electoral en lo relativo a las elecciones sindicales, de hecho es el órgano del cual depende la convocatoria a las elecciones y el reconocimiento de los resultados. El CNE es un órgano del Estado y en cuya composición e integración no hay ninguna relación con el movimiento sindical, entonces es un órgano estatal que le es totalmente ajeno. Los hechos son evidentes de cómo se ha atrofiado el ejercicio de la actividad sindical autónoma a partir de este intervencionismo. 

            En un momento dado el Ejecutivo Nacional reconoció esta anomalía e incluyó la eliminación de esta disposición en una propuesta de reforma constitucional del año 2007. Si bien no se logró la aprobación de esta reforma, luego ha habido poco interés en solventar esta situación. Por el contrario continua siendo el tema de las elecciones sindicales una vía para obstaculizar el libre desenvolvimiento del movimiento, lesionando así la autonomía y libertad sindical.

            Adicionalmente hay otros temas pendientes en cuanto a DDHH que es oportuno resaltar, uno es la criminalización de la actividad sindical. Hay más de cien casos de dirigentes y trabajadores enjuiciados por el hecho de promover y participar en protestas eminentemente laborales. Otro es la discriminación laboral para el ingreso a prestar servicios en las entidades estatales del gobierno nacional, y de aquellas descentralizadas controlados por oficialismo, hecho sumamente critico en un país en donde el mayor empleador es el Estado. 

            Finalmente el caso más llamativo es  el asesinato de dirigentes y trabajadores sin que se activen los órganos del Estado para encarar este agudo problema. Los casos de enjuiciamiento son muy pocos, y sentenciados aún menos. El pasado año con motivo del Examen Periódico Universal, organizaciones no gubernamentales documentaron 185 casos, hoy un año más tarde se agrega un centenar de casos en iguales circunstancias.

            Terminamos manifestando que es una excelente ocasión  que la incorporación de Venezuela al Consejo de DDHH de la ONU, se convierta para la nación en una oportunidad para superar estos rezagos en materia de DDH del ámbito laboral.  

DE LOS CONSEJOS DE TRABAJADORES

En estos tiempos de planes de promover la reglamentación para los Consejos de Trabajadores, ya incluidos en el nuevo Decreto-Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, es oportuno detenerse a analizar la situación de las empresas que por distintas y variadas motivaciones engrosan el sector de empresas del Estado.

            Hay que señalar de entrada que desde décadas en Venezuela ha existido un amplio sector de empresas estatales. En el propósito de sembrar el petróleo, se promovió la inversión estatal en actividades productivas de bienes y servicios, dándole al Estado un espacio relativamente importante en tales áreas. Por otro lado, las generosas financiaciones con orientación clientelar, llevó a que pseudos empresarios fueran beneficiarios de créditos para emprendimientos que no tuvieron éxito, quedando a la postre estas instalaciones en manos del Estado.

            De lo anterior resulta que empezamos un nuevo gobierno -1999- y una nueva institucionalidad –Constitución de la  República Bolivariana de Venezuela, 2000- con un frondoso sector de empresas estatales. Incluso seguía siendo frondoso, a pesar de un cierto desarrollo de privatizaciones en los años noventa. De ellas las más famosas fueron la de CANTV, Sidor, Viasa. Pero aun así el sector estatal mantuvo un tamaño respetable en términos comparativos latinoamericanos.

            Ya sabemos de la onda estatizadora que ha caracterizado los últimos doce años. En algunos casos por razones estratégicas, en otras por recuperar empresas que fueron dejadas morir por sus dueños, fuera porque estos no sentían  estímulos para mantener la actividad, o por encontrar dificultades para desenvolverse en un entorno jurídico para el cual no sentían las garantías necesarias. En algunos casos no han dejado de verse la costura de las retaliaciones como motivación de la estatización.

            Lo cierto es que hoy, luego de trece años de estatizaciones, el sector estatal de empresas productoras de bienes y servicios alcanza unas dimensiones que multiplican lo encontrado por el régimen al llegar al poder. 

            Las empresas estatales disfrutan de un trato preferente en las diversas políticas con las cuales lidia una autentica dirección empresaria. Acceso privilegiado a divisas, reglas para protección, trato discriminatorio por los entes estatales de financiamiento, de justicia, de administración del trabajo, de precios y costos, en fin toda las entidades que tienen algún control o monitoreo de las actividades productivas se desenvuelven aplicando un doble rasero, uno para los privados estricto y riguroso, y por otro lado blando  y abstraído con las entidades estatales. Es por tanto lógico esperar que estas empresas sean las que logren los mejores resultados.

            Con las ventajas señaladas no tiene sentido que una empresa por ser del Estado tiene que dar perdidas, más bien por el contrario dispone de las ventajas para que sus resultados sean mejores. Se utiliza que tal empresa que pasa a manos del Estado, se destaque que ahora es de todos, es nuestra, es del pueblo, en fin propaganda para marcar una diferencia con el status de la situación anterior que pertenecía a una persona, a una familia, a una sociedad que pudo haber sido de decenas, de cientos o incluso de miles de propietarios. En el asunto de fondo, lo que importa es que la empresa sea eficiente, es decir que lo productivo tanto en manos de privados o del Estado.. o de todos, o del pueblo, como se quiera significar, resulte al final optimo o simplemente satisfactorio.

            Lo realmente político e ideológico ha debido ocurrir antes de la actividad operativas de las empresas, al definirse que productos, servicios, regiones, actividades han de privilegiarse en función mayormente del desarrollo armónico y equitativo de una sociedad que viene de notables desigualdades e inequidades, así como también después de los resultados operativos empresariales, es que se plantea que se hace con los resultados productivos, como se distribuyen los beneficios. ¿Que tanto para la gente que día a día contribuyó al alcance de las metas, tomando en cuenta las mayores y diversas responsabilidades y funciones?  ¿Que tanto para la región donde opera que ha contribuido al desenvolvimiento operativo del ente productivo? ¿Que tanto para la nación y la sociedad toda que son los dueños de esos activos? 

            Esto es lo que llamamos lo distributivo y reproductivo. Distribución por un lado, y contribuciones para la reproducción por otro, ya que las contribuciones al Tesoro nacional, al fisco, es para que se produzca la reproducción, mejorando las condiciones de vida del ciudadano y del país, en su estructura productiva y en la infraestructura de servicios de apoyo.

            Los promotores de los Consejos de Trabajadores, debieran mirar los desenvolvimientos productivos, antes o durante el proceso de construir una legislación determinada. Venimos de cientos de fracasos en empresas cooperativas, de producción social, de empresas cogestionadas, autogestionadas, mixtas. Se sabe de la propaganda que pretende pintar otro cuadro.

            Todo lo anterior le ha costado un enorme dineral al país, y ha sido semillero de frustraciones para quienes sueñan y tienen la disposición de aportar a la posibilidad de que el país alcance más altos niveles de producción y de calidad de vida, pero basados no en el consumo de la riqueza de nuestro subsuelo, es decir el subsidio petrolero, ni en la dádiva gubernamental, ni en el aprovechamiento grupal interesado en fines egoístas. Si se quiere pasar del Socialismo rentista con muy poco futuro, a un Socialismo productivo hay que mirar lo que se pretende con los Consejos de Trabajadores.    

Los costos de los paros: los ex petroleros

Hace varias semanas se conoció de procedimiento de multas promovido por la empresa Pdvsa a ex trabajadores petroleros con motivo del paro diciembre 2002- enero 2003. El asunto ha tenido un tratamiento discreto en los medios. Se entiende que el tema es espinoso. Se puede considerar que  las opiniones y juicios sobre este paro se caracterizan por un antagonismo tenso. Es una terea pendiente para los investigadores y particularmente para los historiadores, hacerse de los documentos y testimonios de los diversos segmentos involucrados para trabajarlos, analizarlos y reconstruir lo que ocurrió. Por ahora se repiten las versiones parciales e interesadas de un lado y del otro, ambas incompletas y sesgadas. Por supuesto se oyen con mayor frecuencia las del triunfador en ese conflicto. Obviamente las entidades públicas no están en condiciones de salirse del guión de la explicación oficial.  

                Del lado oficial domina la tesis de que fue un paro para presionar la renuncia del Presidente de la República, que más bien fue un lockout gerencial. Del lado de los ejecutivos y trabajadores incursos en el paro destacan que sus protestas fueron reprimidas y ello constituyó una provocación que radicalizó las acciones. Como sabemos este paro concluyó con el despido de más de veinte mil trabajadores, alrededor del 50% del total del personal de la empresa.

                Informa la empresa que el colectivo a multar es de 185 ex trabajadores que ocupaban cargos gerenciales. Y los montos ya definidos por la Dirección de Auditoría Interna –Pdvsa- representan cantidades por cada caso de alrededor 120.000 Bolívares, el total de los 185 ex trabajadores alcanzaría a poco más de 22 millones de Bolívares. En el fondo no es una cantidad importante para los argumentos que esgrime la empresa como daños de dicho paro, es decir daños patrimoniales a la empresa. Por otro lado, este monto estimamos representa una porción menor de los pasivos no entregados a estos ex trabajadores, así como haberes en fondos de ahorros. Hay que tener presente que estos ex trabajadores ocupaban cargos gerenciales, con carrera en la compañía, lo que implica alta antigüedad y altas remuneraciones. Dinero que ha estado en manos de la empresa y del cual no se ha precisado a cuanto alcanza, incluso habría también que manejar el tema de los intereses.

               En los dos párrafos anteriores reconocemos que abundan las lagunas. Sigue predominando el hermetismo en la materia. Pero de lo que se trata en este artículo es de exteriorizar inquietudes en el procedimiento de multar a ex trabajadores incursos en una huelga o paro. Téngase en cuenta que en el país este año se alcanzará cerca de tres mil protestas laborales – ver Observatorio Venezolano de la Conflictividad Social-. Si a ellas se les fijara como procedimiento determinar los costos patrimoniales para las empresas o servicios afectados, una porción considerable de la población venezolana tendría entonces que hipotecarse para pagar esas multas. La aplicación de este tipo de procedimiento es inviable y regresiva.

                Por ejemplo el pasado año, la empresa estatal Alcasa estuvo cerrada con candado en sus portones por treinta y dos días, como medida promovida por un sector sindical ¿Cuánto se dejó de producir, vender, atender procesos productivos y logísticos?  Nadie responde por ello. Incluso los promotores sindicales de esta acción fueron más tarde promovidos a la conducción de la empresa. Este tipo de situación se repite en numerosas empresas estatales. Por supuesto que es una situación caótica en términos de funcionamiento empresario y laboral.

                En el sector privado las alarmas se encienden más temprano y muy difícilmente un estado de parálisis transcurra tanto tiempo sin acciones intensivas por buscar y encontrar soluciones. Al capital le duele más el estado de paro que a las entidades estatales. Pero uno se pregunta qué procesamiento obtendría un reclamo de por ejemplo de la Empresa Chrysler Co en el supuesto caso de un paro de sus trabajadores. Por supuesto que los representantes de una empresa están vigilantes para que un paro encuentre soluciones a la brevedad. Son permeables a la presión sindical, por los impactos en los resultados económicos.

                Finalmente, hay que tener presente que las situaciones que llevan a los trabajadores a protestar no solo responden a sus posiciones específicas, sino a la natural interacción que se mantiene cotidianamente con el empleador y sus representantes, y que los costos de las acciones de paro no necesariamente corresponde a una sola de las partes. Un incumplimiento patronal de compromisos laborales lleva a protestas que ciertamente tienen costos, pero el problema está ¿a quién  cargárselos?  

ASISTENCIALISMO Y CIUDADANIA

Luego del 7 de Octubre es frecuente oír y leer entre los análisis que intentan dar explicación a los resultados electorales, que la votación que dio la victoria al Preside nte incluye un componente asociado al cultivo y a la práctica de la dadiva y del asistencialismo en general, brindada a los sectores populares en donde está el grueso de la votación chavista.

            La dadiva, o el regalo, así como el asistencialismo refiere a dar sin conexión con el trabajo. Estas prácticas las hemos visto en toda la historia moderna de Venezuela. Hay sectores que el Estado debe atender por esta vía.

            El asistencialismo no es extraño a las políticas económicas más convencionales, incluso hasta las políticas neoliberales reconocen que hay la necesidad de brindar asistencia a sectores desplazados o que no se insertan en la actividad productiva. Reconocen que en el ámbito productivo hay un espacio para un determinado número de trabajadores y que más allá del mismo, es decir lo excedentario también hay que atenderlo, por la vía del asistencialismo y la dadiva.

            En nuestra sociedad que no es precisamente orientada por el neoliberalismo en sus políticas económicas, los segmentos de la población al margen de actividades productivas es numerosa, y no hay creación de empleos productivos suficiente para la población actual ni se observan previsiones para el futuro. Además se observan desplazados de actividades productivas que no logran insertarse y quedan como sujetos de eventuales políticas asistenciales.

            En nuestro caso, el grueso de las políticas sociales asistencialistas se manifiesta en las misiones; la cuales se han caracterizado por su rápida y expedita creación, al margen de los engorrosos mecanismos que se exige en el ámbito público para la creación de nuevas instituciones. Igualmente son mecanismos de mínima vigilancia y control por parte de los órganos del Estado para tal fin, digamos el Parlamento y la Contraloría General de la República.

            Se entiende que hay urgencias sociales que requieren acciones aceleradas dada las necesidades. Pero que luego de un lapso determinado, la urgencia se habrá superado y dicho programa habrá cumplido la emergencia, y es de esperar que la actividad entrará en el ámbito de la estructura establecida del Estado, sea la educativa, la de salud, la laboral u otros ámbitos sociales, que sí responde a mayores controles y cuenta con equipos humanos calificados e infraestructura apropiada. 

       En el marco de su funcionamiento también se trata del registro de los beneficiarios, de su asistencia y de la reciprocidad entre el que es asistido y quién brinda la asistencia. En el buen sentido, el asistido retorna gradualmente al Estado y a la sociedad con tareas acordes con sus capacidades la asistencia recibida. Digamos si una persona aprendió un conocimiento, luego lo transmitirá a otros, y así sucesivamente.

            El manejo sin control de los programas sociales ofrecen la tentación de prestarse para el control social e ideológico a favor de quién concede sin vigilancia. Ante los extremos en este sentido, las poblaciones asistidas se protegen a lo sumo dejando de atender el programa social, pero dado que el mismo va acompañado de la recepción de dinero, para quienes están en condiciones de pobreza material es una concesión importante.

             Regresando a nuestro primer párrafo, dado lo expuesto no parece haber duda que los administradores de las misiones vean natural que los beneficiarios sean movilizados para las demandas de tipo electoral planteadas en el país. He aquí un efecto perverso. Son recursos de la nación los que se utilizan y por tanto han de estar a la disposición de los ciudadanos sin ningún tipo de condicionamiento político o ideológico. Lo contrario si pudiera entenderse, es decir si los recursos son del patrimonio de quién implementa y administra el programa social, se puede tomar la licencia de condicionar. Por supuesto que el condicionamiento se presta a hacer más dependiente al asistido, y limitar el desarrollo de su ciudadanía. 

PASIVOS LABORALES Y PETRORINOCOS

 

El pago de los pasivos laborales a trabajadores de la educación con estos instrumentos es una experiencia novedosa en las Relaciones de Trabajo del país. Estos pasivos lo conforman tanto las prestaciones sociales como los intereses que ellas causan por ser deuda del empleador. El deudor –gobierno nacional- aprovecha y afirma que de esta manera cumple con la deuda social, y coloca el petróleo al servicio del pueblo.

            Para los acreedores – los trabajadores-, luego de un período que empezó en 1975 al darsele carácter de derecho adquirido a la antiguedad y el auxilio de cesantía, y luego  en 1997 cuando se reforma la Ley Orgánica del Trabajo y se modificó el sistema de recalculo de las prestaciones sociales, entre otros elementos, completa un largo período de espera que finalmente encuentra respuesta a sus expectativas y exigencias.

            El primer lapso que exigió respuesta de los entes estatales en el cumplimiento de la reforma de 1997, venció en el 2002. Es decir los cinco años establecidos para la constitución de los fideicomisos. En el sector público sólo se cumplió esta exigencia para las nóminas de personal obrero, y en general para quienes trabajaban para empresas estatales, salvo casos excepcionales, como el sector petrolero, en donde los sindicatos, fijaron posición de oposición al nuevo sistema. Así que en esta primera etapa, estos pasivos laborales o la deuda social como también se le llama en la media oficial,  se acumuló casi toda en el propio período actual, ya que corrió desde 1998, hasta el 2002.

            En la mitad del lapso anterior – año 2000- se aprueba una nueva constitución, que exige que ha de regresarse al sistema de cálculo de las prestaciones anterior a la reforma de 1997. Es decir, dejar las cosas como estaban. Entendemos, aunque no justificamos, que esta disposición transitoria -4ta disposición, numeral 3ero-, contribuyó a no mover un ápice el cumplimiento de pago de los pasivos laborales que se venían multiplicando, y que crecían más rápidamente por los años de alta inflación que ha caracterizado al lapso que se ha vivido en lo va de siglo XXI.

            Se confabula con esta inercia en el cumplimiento del empleador gubernamental, el que desde el Parlamento no se activa decididamente poner en práctica lo exigido en la disposición transitoria 4ta, en su numeral 3ero. Si bien estaba en la agenda la reforma de la Ley Orgánica del Trabajo, fue evidente que no representó una prioridad en las distintas legislaturas que van desde el año 2000 hasta el año 2011. Hasta el Poder Judicial en un momento dado conminó al Legislativo a cumplir con el mandato constitucional, pero nada pasó. Incluso los intercambios entre el Legislativo y el Ejecutivo en torno a la reforma de la LOT se trancaban en el tema prestacional. Desde el Ministerio de Finanzas se señalaban observaciones a este punto, por la cuantía de los recursos implícitos.

            Si estos pasivos laborales o esta deuda social fue incrementándose,  en este análisis se podrá ver el por que. No hay que estar mirando para otra parte, simplemente el empleador no cumplió en su momento.

            El escenario electoral presidencial sirvió de marco, para que se activara un proceso que dio lugar al surgimiento de un mecanismo de pago de estos pasivos laborales. Para conectar varios eventos, empecemos en primer lugar con el compromiso presidencial ante la masa obrera en el nacimiento de la nueva Central Bolivariana Socialista de Trabajadores -el pasado noviembre-, de impulsar una nueva ley del trabajo.  Inmediatamente el nombramiento de una Comisión Presidencial sin representatividad sectorial y de los actores de las relaciones de trabajo y de la  producción. Todos estaban ahí por la voluntad presidencial. A la postre sale un texto legal oficial que abre camino para este pago.

            Por supuesto que de este proceso de construcción legislativa, en el marco de una ley habilitante que nació para resolver asuntos que no tenían nada que ver con el ámbito laboral, y por otra parte prescindiendo del órgano natural para este proceso, como es la Asamblea Nacional,  deja una estela de interrogantes que quedan flotando en el ambiente.   

            Finalmente el país cuenta con una nueva legislación laboral, el Decreto Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras. Que sobre el tema prestacional decidió eclecticamente  mantener vigentes los dos regimenes – el pre 1997 y el que nació en esa reforma- y que fuera el trabajador que escogiera el que le diera mayor cantidad de bolívares, ya que según escenarios de antigüedad, inflación y ritmos de incrementos salariales, puede ser más beneficios uno u otro. Por cierto que esto derrumbó la tesis del “despojo”, como en algunos medios se le señalaba a la reforma de 1997.

            Ante los pasivos laborales ha habido una constante presión por parte de los gremios educacionales, especialmente el de los universitarios, tanto docentes como administrativos. Los primeros han convocado acciones de calle para reclamar los pasivos, ya sea su pago, o la construcción bilateral de las metodologías para la cancelación. Hay que destacar que reclamos laborales por pagos son comunes en las relaciones del trabajo del país, pero más bien por retrasos en pagos de salarios, de lo inmediato,  o incumplimiento de condiciones de trabajo. 

            Es por ello que consideramos que con este antecedente y práctica gremial, sus afiliados se han ganado la prioridad en pago de los Petrorinocos. Si bien el empleador no accedió a la construcción bipartita de las metodologías, hay evidentemente una notable vigilancia de estos procedimientos por parte de la comunidad y de sus organismos gremiales, que dan lugar a que sobre la materia exista en esta primera etapa del pago de los Petrorinocos normalidad en los montos y en la conversión en dinero en efectivo, como corresponde a los pasivos o deudas laborales.

CONTEXTO POLITICO ELECTORAL Y MUNDO DEL TRABAJO

Las Relaciones de Trabajo son sensibles al contexto, de el depende su funcionamiento. Dos dimensiones del contexto determinan la marcha de las Relaciones de Trabajo, los aconteceres políticos y los económicos.

            En lo inmediato hemos estado inmersos en una campaña electoral presidencial, luego otra de gobernadores – a escasas semanas-, y luego la de alcaldes y concejales – en el primer cuatrimestre del próximo año-. En el presente artículo, orientamos el análisis de lo contextual político, y dejamos lo económico para otro momento. 

           Hay que destacar que desde diciembre de 1998 a este 7 de Octubre del presente año, se han realizado catorce elecciones de alcance nacional que tienen que ver con los poderes públicos, es decir un promedio de una elección nacional anual, ya que estamos hablando de un lapso de catorce años. Es importante destacar que en esta cantidad se incluyen cinco referéndum, y el hecho de que se han separados las elecciones presidenciales de las de gobernadores y alcaldes, y ahora también se separan estas últimas, lo que abona a un llamativo número de elecciones.  

           Además si se toma en cuenta que ha existido desde el inicio de la presente etapa política, el propósito diferenciador con todo lo ocurrido en la gestión estatal de la etapa precedente, en la terminología naciente, la cuarta república. Incluso el afán diferenciador va más allá de esos cuarenta años, y se remonta a todo el siglo XX. Algo así como si todo empezara a partir de 1999. Temas como la justicia, la igualdad, la libertad, la soberanía,  la dignificación, no existían y ahora sí. Por supuesto que esto trae consigo el mantenimiento de una situación de polarización política extrema.

            Entonces, estos dos elementos configuran un contexto político nacional sumamente influyente en el comportamiento de los actores que se desenvuelven en el mundo del trabajo, ya sea en los espacios productivos directos, como en los espacios institucionales estatales que tienen relación con el mundo del trabajo.

            Veamos lo electoral y el desenvolvimiento de los gremios, sea de trabajadores  de empresarios. La polarización los absorbe. Hay organizaciones y líderes que se adhieren a una u otra de las dos opciones que representan los dos polos. Realmente la adhesión no es el problema, sino que los intereses de las organizaciones y de sus afiliados se subsumen en los planteamientos de las opciones políticas. Ocurre el fenómeno que la química llama la dilución. Se atenúan las posiciones de los sectores del mundo del trabajo. Se pierde la oportunidad de fortalecer las organizaciones gremiales, por estar en la cola de los propuestas electorales. En estos procesos electorales recientes, consideramos que este fenómeno ocurre tanto en la propuesta oficialista como en la opositora.

            Sin tomar como modelo optimo, pero si como experiencia que favoreció el desenvolvimiento sindical en un determinado período. Es el caso del sindicalismo de los principales partidos políticos en los años 60 al 80, es decir AD y COPEI. Su órganos directivos, notablemente el caso del Buró Sindical de AD, era determinante para decidir quien sería el candidato a la Presidencia, así como para asegurar cuotas parlamentarias nacionales y regionales. Todo lo cual le permitió tener influencias en políticas nacionales, que ejecutaba el Ejecutivo y el Legislativo.

            Hoy las organizaciones del mundo del trabajo están casi marginalizadas. Carecen de influencia para determinar agendas en las propuestas de los candidatos a gobernar. Del lado del oficialismo, hay un esfuerzo de varios años y de muchos recursos materiales que ha centrado su accionar en los espacios comunales, y por tanto ha privilegiado las adherencias que provienen de las comunidades, más que las que provienen del mundo de la fábrica o centros productivos. Con éstos se mantienen rezagos en el cumplimiento de compromisos legales y contractuales, además de convenios colectivos desmejorados o congelados. 

            No es ajeno a esta política de vinculación política electoral y gestión de votos, ir adonde hay mayor número de votantes, tal es el caso de las comunidades; que son también los espacios de vida de los trabajadores. Pero en esos espacios populares habitan los trabajadores tanto de la formalidad como de la informalidad, en otros términos tanto los organizados sindicalmente, como aquellos que no disponen de ese instrumento. De aquí que privilegiar esos espacios recoge adhesiones con compromisos,  al establecimiento, o a cambios o mantenimiento de políticas públicas que no están centrados en el mundo del trabajo, sino más bien el ámbito de la asistencia. 

            En este contexto político, las relaciones de trabajo son vistas como expresión y resultado de la acción estatal, más que de las dinámicas propias de los actores que viven en los espacios productivos. Faltaría ocuparse un poco más del contexto económico, para completar el análisis.