sábado, 10 de marzo de 2012

La regulación de lo laboral en los modelos de desarrollo

¿Cuándo empezó la regulación de lo laboral en Venezuela? ¿En qué condiciones de nivel de desarrollo se encontraba el país para entonces? ¿Cuánto ha cambiado el país en lo social, en lo político y en lo económico?


Son preguntas que nos interesa abordar, ya que estamos de nuevo inmersos en un proceso de revisión de la regulación de lo laboral, y es importante refrescar consideraciones que forman parte del contexto histórico de estos procesos, a lo largo de tres etapas claramente definidas, la del modelo primario exportador con limitada redistribución, la del modelo de industrialización sustitutiva, y finalmente el retorno al modelo primario exportador con amplias importaciones y mayor redistribución, como es la situación actual.


Sabemos que en términos ampliamente aceptados, la regulación de lo laboral data de 1936. Para entonces el país era una formación socio económica atrasada, pero con la condición definida de exportador primario de su riqueza petrolera. Justamente lo que la literatura identifica como un modelo primario exportador, con limitada redistribución, ya que los recursos provenientes de las exportaciones beneficiaban a un limitado segmento de la población. Por tanto la legislación laboral aprobada no fue el resultado de un proceso amplio de construcción. Y desde ahí se origina una regulación laboral proteccionista y garantista en los derechos individuales, pero restrictiva y hasta obstruccionista en lo colectivo, desde un primero momento exteriorizaba la desconfianza en las organizaciones de los trabajadores, que eran pocas pero asomaban ya su espíritu cuestionador.


El Estado ha mantenido postura intervencionista en las tres etapas. Además un movimiento de los trabajadores que desde que recibió la tutela y protección del Estado para lograr sus primeras importantes conquistas (1945-48), no ha sido capaz de adoptar posiciones autónomas con respecto a los gobiernos. Cierto que la riqueza petrolera que éstos administran afecta e influye en la relación con todos los sectores en el sentido de reducirle los márgenes de autonomía. Pero sin embargo, desde el lado de los empresarios han ocurrido manifestaciones más decididas de relación autónoma con los gobiernos


Con este formato regulador del trabajo, el país entra un tanto tarde en la industrialización por la vía del modelo sustitutivo, en los inicios de los años sesenta. La intervención estatal en los asuntos de las relaciones colectivas de trabajo se acentúa, invitando a las corrientes sindicales vinculadas con los partidos en el poder a ser parte del establecimiento. Se mantienen y perfeccionan las garantías y tutelas en lo individual, legitimando el sistema político.


El rápido agotamiento de una industrialización tardía y poco consistente, quedo evidenciado en la apertura económica a los mercados externos de los fines de los ochenta. Para entonces se venía mostrando un proceso continuado de desindustrialización, que ha desembocado en lo que hoy observamos de un retorno al modelo primario exportador, aunque ha de reconocerse que con mayor redistribución que la primera etapa.


En su mejor momento del período sustitutivo de importaciones, el aporte del petróleo a la obtención de divisas era del 80%, hoy alcanza un aporte de hasta 95%. De sesenta mil millones de USA $ que ingresan por exportaciones, aquellas divisas diferentes a las provistas por las exportaciones petroleras, apenas montan a tres mil millones de dólares.


A lo largo de estas siete décadas y media de regulación laboral ha predominado como una constante, el propósito de control por parte del Estado de las organizaciones y mecanismos colectivos de las relaciones de trabajo. Y este propósito lo han concretado eficientemente quienes han ejercido el poder gubernamental, hayan sido los partidos políticos o hayan sido los gobiernos militares o militaristas.


Pero este control del gobierno ha sido casi sin represión colectiva, aunque si selectiva, ya que siempre han encontrado capas de dirigentes que han aceptado, y hasta estimulado, que los gobiernos fortalezcan su control sobre el movimiento y los mecanismos de acción colectiva propios de las Relaciones de Trabajo. No sin contribuir los aliados gubernamentales a la discriminación y hasta la represión a los pares de posiciones políticas diferentes. Así se pudo ver en la década del sesenta y ahora de nuevo.

sábado, 3 de marzo de 2012

REFORMA LEGISLACION LABORAL ¿CUAN INCLUSIVO ES EL PROCESO EN DESARROLLO?

Los actores laborales típicos son el Estado, los Empresarios y los Trabajadores organizados. Es importante analizar sus posiciones en torno al proceso de elaboración de la reforma laboral en desarrollo. Tomará más de un artículo poder hacer hacerlo.


Vinculado con este proceso importa considerar a otros actores que tienen interés con el fenómeno y por tanto fijan posición al respecto, tales son los casos de comunidades, partidos políticos, organizaciones no gubernamentales y sectores académicos. En este breve artículo no se profundiza sobre su participación, pero se tienen presente para futuros análisis.


El contexto en el cual se desarrolla este proceso se caracteriza fundamentalmente por dos rasgos relevantes. Uno la polarización y el otro la campaña electoral. Los dos son hechos políticos más que sociales y económicos.


La polarización se evidencia en la apelación a las llamadas cuarta y quinta república, como causa y solución de los problemas de la sociedad venezolana. También entre el socialismo y el capitalismo. Es ideológica porque desde las fuerzas en el poder se promueve un cambio profundo; no se trata de matices o estilos, sino de un cambio sistémico. Al menos el discurso y las proposiciones dominantes así lo pretenden. Aunque los resultados pudieran poner en duda algunos supuestos.


La campaña electoral está igualmente marcada por radicalismos. Por ello se llega al extremo de que emerjan dilemas extremos, como si se reconocerán o no los resultados, que si las fuerzas en el poder, en caso de perder lo entregarían o no. Para tener referentes, obsérvese que este tipo de dilema no se plantea en ninguna de las elecciones que se han efectuado o están por efectuarse en el todo el continente.


El que la polarización sea marcadamente ideológica y política, no coloca el problema social y económico como ajeno. Hay una obvia vinculación. Sin embargo se soslayan. Es parte de la misma marcada ideologización y politización.


En cuanto al Estado y el tema de reforma que analizamos. Hay que destacar la hegemonía que tiene el Poder Ejecutivo en la figura del Presidente de la República sobre los demás poderes públicos, lo que ha puesto de lado el clásico balance de poderes. El Legislativo es una caja de resonancia del Ejecutivo, del Presidente para más señas. Por ello más de una década con el compromiso de la reforma laboral pendiente. Algunos ejercicios desde la Asamblea Nacional, pero sin la señal definitoria de Miraflores.


La animosidad del poder constituyente de 1999 en agregar al texto constitucional las disposiciones transitorias que hacían referencia a reformas constitucionales de carácter laboral no fueron asumidas por los poderes Legislativo y Ejecutivo, al menos hasta ahora. Más bien desde el Poder Judicial se emitió un recordatorio y exhorto al Legislativo que debía cumplir con el mandato, pero no tuvo mayores efectos. Realmente al ser poderes subordinados no pasaría nada hasta tanto el Poder Presidencial lo decidiera.


En los últimos meses una Comisión Presidencial con integración oficialista, se le asigno la tarea de elaborar la propuesta. Ministros (Relaciones Exteriores, Trabajo y Seguridad Social, y Planificación y Finanzas), Parlamentarios –tres y sólo de corriente oficialista-, Procurador, Magistrados, Sindicalistas –tres y sólo de la nueva central oficialista- , un Empresario y tres juristas. Según integrantes de la misma, a tres meses de su nombramiento no se ha instalado ni reunido plenamente; hecho que llama a la reflexión, teniendo un lapso tan breve para cumplir su cometido. Cierto que algunos miembros, juristas y sindicalistas, evidencian activismo en el avance de consultas y declaraciones. Los medios de comunicación ávidos de declaraciones sobre la materia han encontrado receptividad en estos miembros de la comisión.


Por supuesto que el dilema de si esta es la vía idónea y legal para la construcción legislativa está planteado desde el mismo momento del anuncio de la comisión. Se conoce de iniciativas ante órganos jurisdiccionales sobre el particular.


Igualmente es destacable que la representación parlamentaria, sindical y empresarial es sesgada, se ignora a quienes han exteriorizado algún criticismo hacia las políticas oficiales. Incluso la bolivariana UNT no fue convocada.

sábado, 25 de febrero de 2012

DESEMPLEADOS ABANDONADOS


Para darle vida y apoyo real a la solución de auténticos problemas del mercado laboral, hay que contar con instituciones estables, sólidas, dirigidas con alto profesionalismo. Se trata de orientar y apoyar a personas que tienen dificultades de empleo. Lo perdieron, y quieren reinsertarse. O aspiran ingresar por primera vez a un empleo. O quieren reorientar su carrera hacia otra actividad ocupacional, o una situación aún más amplia, quieren pasar de asalariado a microempresario o a trabajador independiente. En fin se trata de situaciones que impactan la vida de la persona y de quienes le rodean. Para ello se plantea confiar en orientación y consejos de mucho valor y responsabilidad.

El Estado ha de crear instituciones para atender el problema. Son instituciones que se ubican en los campos de la Administración del Trabajo, de la Seguridad Social, de la Formación Profesional, y de organismos promotores del desarrollo en general.

Por supuesto que quién experimenta los problemas de mercado laboral, no tener empleo, o aspirar a un cambio en la situación ocupacional, requiere una muy específica atención profesional. Estas preocupaciones estuvieron presentes en el contexto que dio lugar al texto de la Ley del Régimen Prestacional de Empleo (Gaceta Oficial N° 38.281 del 27-9-2005).

Entre sus objetivos, se cuenta: (i) regular la atención integral de las personas que conforman la fuerza de trabajo mientras se encuentren situación de desempleo; (ii) asegurar al trabajador dependiente y cotizante al Régimen Prestacional de Empleo una prestación dineraria en caso de pérdida involuntaria del empleo o de finalización del contrato de trabajo por tiempo u obra determinado; (iii) asegurar al trabajador por cuenta propia cotizante al Régimen Prestacional de Empleo una prestación dineraria en caso de pérdida de la ocupación productiva; (iv) regular la organización y funcionamiento del Instituto Nacional de Empleo y los mecanismos de adopción e implementación de sus políticas, programas y medidas especiales; y (v) favorecer la empleabilidad de la fuerza de trabajo y contribuir al fomento del empleo. El Régimen Prestacional de Empleo se regirá por los principios de universalidad, solidaridad, unidad, igualdad, integralidad, participación, equidad, eficacia, eficiencia, progresividad y sostenibilidad.

Indudablemente se trata de un texto avanzado, pero lamentablemente no se ha materializado, a pesar de haber transcurrido ya cerca de siete años desde su aprobación.

Con las instituciones de la seguridad social, el país se ha caracterizado por el retraso y el desden. Tanto la Constitución de 1961, como la vigente de 1999, incluyeron compromises estatales para atender la situación del desempleado. Hubo en ambas retrasos y negligencias en responder a lo comprometido. La constitución de 1961, vino finalmente a materializar la contigencia del paro forzoso en 1985. Y por su lado, la de 1999, aún no materializa sus compromisos, si bien se aprobó la Ley respectiva en el 2005, a la fecha no se ha creado ninguna de las instituciones previstas para sus fines.

Para poder cumplir con los objetivos mencionados hace falta crear en primer lugar el Instituto Nacional de Empleo, inmediatamente crear el "Sistema Nacional de Protección Frente a la Pérdida del Empleo y al Desempleo", para la atención integral de la fuerza de trabajo y facilitar su inserción productiva. Este Sistema estará integrado por la "Red de Servicios de Atención Integral a la Persona en Situación de Desempleo", la "Red de Observatorios Laborales", los "Comités Comunitarios de Activación Socio Productiva" y las "Asambleas de los Comités Comunitarios de Activación Socio Productiva". Agreguese la Tesorería de la Seguridad Social, para recaudación y manejo de los fondos.

La Red de Servicios de Atención Integral a la Persona en Situación de Desempleo pretende ayudar a los desempleados a obtener un nuevo empleo, evitar que quienes tienen empleo puedan caer en desocupación, facilitar el enlace entre trabajadores y puestos de trabajo, ayudar a solventar los costos de búsqueda, y coadyuvar al mejoramiento de las habilidades de las personas en situación de desempleo y de los ocupados en pequeñas empresas, microempresas y cooperativas. La Red de Observatorios Laborales tiene como objeto conocer y analizar el comportamiento y situación del empleo en el país, sistematizar la información sobre oportunidades productivas y proporcionar elementos técnicos para la elaboración y coordinación de políticas, programas y servicios de atención a la población protegida por la Ley. Los Comités Comunitarios de Activación Socio Productiva promoverán procesos que tengan como resultado la organización social y respuestas colectivas de la comunidad en función del ejercicio de los derechos amparados en la Ley, además de asumir la corresponsabilidad de su aplicación.

De todo lo mencionado lo único que se ha implementado, fue el aumento de la cotización de empleadores y trabajadores, llevada a un 2.5%.

sábado, 18 de febrero de 2012

LA DESATENCION AL DESEMPLEADO


Con frecuencia se menciona el alto nivel de desempleo en España, para consolarnos con el nivel del nuestro. El año 2011 cerró en España con un índice de desempleo de un 22.9% (www.epp.eurostat.ec.europa.eu), en tanto el nuestro apenas alcanzo para igual fecha un 6.5%.- datos INE-. A simple vista, pareciera que en esta materia estamos bien. Incluso pudiera pensarse que mejor que Europa, en donde en toda la zona euro el desempleo es de 9.9% para la misma fecha. Mal de muchos, consuelo de tontos.


Por supuesto que las comparaciones entre estos índices requieren un cierto análisis. De lo contrario, es decir de no hacerse, sólo sirven para consuelos engañosos. También es importante advertir que en España se promueve desde el nuevo gobierno, una severa reforma laboral que al menos en la versión en discusión no altera los términos de lo que a continuación mencionaremos. Los asuntos álgidos de esa reforma tienen que ver con despidos y con las indemnizaciones por la misma terminación de la relación de trabajo.


Vamos a referirnos a un solo elemento a tener presente en las comparaciones, que ilustre un poco el desempleo e impactos en Venezuela y en España. Se trata de la asistencia económica al desempleado.


El desempleado español tiene acceso a la prestación por desempleo, de carácter contributivo. La duración de esta prestación va de un mínimo de 4 meses a un máximo de 24. La cuantía de la prestación en los primeros seis meses es de un 70% del salario del último empleo, y de un 60% del séptimo mes en adelante. El monto va de un mínimo de 497 a un máximo de 1397 euros mes, según escala que toma en cuenta la carga familiar. Además, todo este tiempo cuenta para la prestación de jubilación.


Por otro lado existe el subsidio por desempleo, que aplica para quienes no contribuyeron a la seguridad social, o no alcanzaron el mínimo de cotizaciones, o hayan agotado la recepción del período de la prestación por desempleo. La cuantía del subsidio es de 426,01 euros al mes; y agrega o extiende una asistencia de un lapso que va de un mínimo de 18 a un máximo de 30 meses. Para quienes agotaron la prestación por desempleo, agregan este lapso al mencionado en el párrafo anterior.


Además, existe un programa de asistencia de los parados que atienden cursos de formación profesional que alcanza a 350 euros al mes.

Vamos a nuestro caso –Venezuela-, aquí se identifico originalmente como régimen de paro forzoso. Su creación data de la década del setenta, y en los últimos años fue modificado y modernizado en el marco de la Ley Orgánica del Sistema de la Seguridad Social –LOSSS-, aprobada en diciembre del 2002.


Por cierto la LOSSS dejó de lado el régimen de paro forzoso, al no mencionarlo. Lo que trajo un vacío que se mantuvo por varios años, hasta que una decisión del Tribunal Supremo de Justicia exhortó a la aprobación del Régimen Prestacional de Empleo, y señalo que el IVSS asumiera esta sistema. Por supuesto que durante varios años, esto significó un limbo para trabajadores y empresarios, ya que dejó de funcionar la recepción de estas contribuciones y los desempleados no recibieron el beneficio derivado de su contribución.


Es por ello que se aprobó en el año 2005 la Ley del Régimen Prestacional de Empleo, pero que a la fecha, transcurrido seis años y medio no ha sido implementada.

Apenas se aplica la recepción de las contribuciones de empleadores y trabajadores por parte del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, así como el pago a los beneficiarios. La proporción de la población beneficiaria es ínfima. No se ha creado el órgano para llevar adelante la implementación de esta ley, como ha de ser el Instituto Nacional de Empleo, ni tampoco el órgano financiero como es la Tesorería de la Seguridad Social.


La citada ley prevé una “..Prestación dineraria mensual hasta por cinco meses, equivalente al sesenta por ciento (60%) del monto resultante de promediar el salario mensual utilizado para calcular las cotizaciones durante los últimos doce meses de trabajo anteriores a la cesantía..” –art.31-. Los pocos trabajadores que logran recibir este beneficio, lo reciben en promedio al cabo de más de un año de haber hecho la solicitud.


Concluyendo, el desempleado español cuenta con una prestación y una asistencia que amortigua las consecuencias del desempleo. Pero en el sistema venezolano, existe un déficit de contribuyentes (empresariales y trabajadores). La población inscrita en el IVSS no llega a cuatro millones, menos del treinta por ciento de la población económicamente activa. En segundo lugar, no se ha establecido el sistema que ley aprobada en el 2005 determina, dejando por ello en situación de orfandad al desempleado. Se carece de la institucionalidad que permita las comparaciones.

sábado, 11 de febrero de 2012

CREACION DE EMPLEOS Y LA INSTITUCIONALIDAD NECESARIA

Varios dilemas se levantan en el marco del tratamiento de la relación entre Empleo, Precariedad y Política Sociales. Por un lado, si las políticas públicas para el fomento del empleo descuidan un tanto la calidad de estos empleos, trayendo consigo o al menos facilitando situaciones de precariedad, que por ser justamente resultantes de políticas públicas, dan lugar a legitimaciones que repercuten en malestares de los trabajadores afectados; además perdiendo el Gobierno la fuerza moral de ser ejemplo en su condición de empleador.

Otra situación derivada de políticas públicas fomentadoras de empleo, que a pesar de la precariedad que conllevan, son justificadas como salidas transitorias a situaciones de desempleo, especialmente de aquellas personas con dificultades de inserción laboral, y que luego resulta que se quedan como políticas estables, y pierden el carácter de transitoriedad con la cual fueron puesta en ejecución.

Los planteamientos precedentes están asociados a creaciones de empleos de baja calidad, aunque en muchos casos, ellos son parte de la estrategia para abatir la pobreza.

En los meses recientes, el tema de creación de empleos ha sido enunciado cotidianamente por distintos enfoques de la política venezolana. Sea desde el gobierno, como de las alternativas opositoras. La campaña electoral ha servido de plataforma para las ofertas de creación de empleos. Los candidatos opositores en su lucha por ganar la nominación para competir en Octubre del 2012 por la Presidencia, incluyen este elemento como eje relevante de sus campañas.

Por su parte el gobierno anuncio otro programa de empleo que ha denominado Misión Saber y Trabajo. Aspira crear cerca de tres millones de empleos en el lapso 2012 al 2019. Un lapso que trasciende el sexenio en curso, que termina apenas al año de este programa. Sin embargo, cuando de políticas de Estado se trata, bienvenido un enfoque que va más allá de un sexenio gubernamental. Aunque la noción de política de Estado, deja de manifestarse al observar que se trata de un programa netamente del gobierno, incluso ajeno a la participación del parlamento y de los sectores normalmente asociados a la generación de empleos, como son los empresarios y los gremios en general, ausentes de este programa. Hay que destacar que el programa ofrece oportunidades de empleo en programas bajo la administración de entidades estatales y de empresas mixtas.

La experiencia de los programas de generación de empleo por intermedio del esquema de Misiones, está poco estudiado. Dos muy bien publicitados y promovidos programas de empleo vía Misiones como la Vuelvan Caras en 2004 y luego la Misión Che Guevara en 2007, dejaron de mencionarse sin conocerse cuáles fueron sus resultados.

Hay que destacar que el esquema de Misiones agrega costos importantes al funcionamiento de la Administración Pública, ya que crea una institucionalidad transitoria que se superpone sobre la institucionalidad existente para el mismo propósito. Es por ello que en este caso de promoción de empleos, hay un Ministerio que incluye en su estructura organizativa una Dirección de Empleos, y que cuenta con una red de Agencias de Empleos en todo el país, y por otro lado hay un Ministerio que cuenta con una amplia red de Centros de Formación Profesional en las distintas actividades productivas. Son instituciones que existen para atender los problemas relacionados con la generación de empleos.

Vinculado con el tema empleo, en el marco de la implantación y modernización de la Seguridad Social, se aprobó hace varios años el Régimen Prestacional de Empleo. Este Régimen será responsable de atender integralmente a la fuerza de trabajo ante la contingencia de la pérdida involuntaria del empleo y el desempleo, mediante prestaciones dinerarias (seguro de paro forzoso) y no dinerarias, políticas programas y servicios de intermediación, asesorías, información y orientación laboral, la capacitación para inserción y reinserción al mercado de trabajo, así como la coordinación de políticas de programas de generación de empleo.

Pues bien, a pesar de haber sido aprobado desde hace varios años, no se han completado las instituciones que permitirían materializar los propósitos de este régimen. Más que atender con programas inestables, lo que interesa más a la sociedad es crear las instituciones estables para un problema que no es transitorio, como es la de crear empleos, que es ciertamente un problema de Estado más que de una coyuntura electoral.

Finalmente, y no lo menos importante, la creación de empleos que se aspira han de ser productivos y que reúnan las condiciones de trabajo decente, es decir sin discriminación y receptores de los derechos propios que brinda la legislación laboral, tanto en lo individual como en lo colectivo, lo que quiere decir acceso a la organización sindical y la negociación colectiva sin interferencias externas.


sábado, 4 de febrero de 2012

EL ALCANCE DE LA REFORMA LABORAL


Uno de los tantos dilemas a los cuales se enfrentan los procesos de construcción legislativa en lo relativo a la reforma laboral, es su amplitud. Si se asume como una reforma puntual o como una reforma amplia.


Por puntual se viene aludiendo al propio mandato de Constitución de la República Bolivariana de Venezuela aprobada en diciembre de 1999. Este mandato está contenido en su disposición transitoria cuarta, numeral tercero señala que, dentro del primer año, contado a partir de la instalación de la Asamblea Nacional, se aprobaría esta Ley con el “nuevo régimen de prestaciones sociales consagrado en el artículo 92 de esta Constitución, el cual integrará el pago de este derecho de forma proporcional al tiempo de servicio y calculado de conformidad con el ultimo salario devengado, estableciendo un lapso para la prescripción de diez años..” Más adelante la misma disposición y numeral refiere a legislar sobre la “jornada laboral y propendan a su disminución progresiva”


Por lo anterior, una reforma puntual se refiere a estos tres elementos citados, prestaciones, prescripción y jornada. Dos temas gruesos y uno de menor complejidad. Prestaciones sociales y jornada, serían los gruesos. A estos elementos han de agregarse algunos pocos que están vinculados con otras disposiciones incluidas en la misma carta magna, entre ellas se tiene algunas relativa a los niños y adolescentes, y la protección de la familia. De alguna manera refieren a armonizar la legislación del trabajo con otras normas contenidas en la constitución.


Una reforma amplia, se puede considerar aquella cuya pretensión abarque temas que van más allá del mandato de la Constitución, así como de su propia armonización. Reformas amplias en la legislación laboral venezolana han sido pocas. De 1936 en adelante ocurrieron varias reformas puntuales, hasta que en 1990 se aprobó una reforma amplia. La Ley del Trabajo pasó de doscientos ochenta y nueve artículos, a seiscientos sesenta y cinco en la Ley Orgánica del Trabajo –LOT-, lo que conllevo una mayor cantidad de asuntos relativos a las relaciones capital-trabajo-estado. También es válido señalar que se integraron a la LOT, el contenido de varios instrumentos laborales dispersos.


La reforma amplia que se condensa en la LOT tomo su tiempo, reflexión y debate. Un punto de partida de este proceso se observa en XI Congreso de la Sociedad Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, entre los días 17 y 20 de Septiembre de 1985, que tuvo por sede la ciudad de Caracas. Rafael Caldera y varios colaboradores, elaboraron el texto con exposición de motivos y un completo articulado, que se presentó por primera vez en este escenario académico y profesional.


De ahí en adelante este texto copo diversos espacios a lo largo del país, y una comisión parlamentaria bajo la propia responsabilidad del senador vitalicio R Caldera fue recopilando, oyendo y procesando los planteamientos de los diversos sectores. Finalmente en noviembre de 1990, cinco años más tarde fue aprobada por el parlamento, sin dejar de tener presente que la asimilación de estos nuevos planteamientos requería adecuaciones en las organizaciones laborales, se estableció una vacatio legis de seis meses.


Entre una y otra alternativa, se observa que el discurso dominante inclinado a una reforma amplia, proviene de quienes representan el sindicalismo oficialista, así como las posiciones partidistas oficialistas. Hoy el mayor protagonismo de la reforma en construcción la tienen estos sectores, que incluso asumen como su propia conquista haber logrado el compromiso del Presidente de la República de ponerle el ejecútese al nuevo texto, el mismo y muy pronto primero de mayo, día internacional del trabajo. Un debate latente es el hecho de dejar de lado el escenario parlamentario para esta construcción legislativo. Hasta el mismo aliado, como el Partido Comunista de Venezuela lo resiente, ya que consideran que en ese escenario se ofrecen las condiciones adecuadas para una mayor participación del país.


Pero, por otro lado quienes están en el gobierno, en funciones ejecutivas de dirección son menos elocuentes en manifestar su inclinación por la opción de la reforma amplia.


Hay que tener presente la enorme magnitud y responsabilidad que como patrono ha adquirido el gobierno. Ser el empleador de alrededor de dos y medio millones de personas, de más de un veinte por ciento de la población económicamente activa, es una responsabilidad que se tiene presente al momento de los cambios en las condiciones de trabajo, especialmente si tienen repercusiones en las erogaciones financieras.


No obstante lo anterior, la magnitud empleadora del Estado venezolano en el presente, invita a considerar la posibilidad de que la reforma sea condescendiente con el Estado empleador y descargue su mayor peso en los empleadores privados. Esta reflexión no es pura especulación, sino que se fundamenta en la observación del desenvolvimiento de las relaciones de trabajo en el conjunto de la sociedad venezolana.


En función de lo anterior, la hipótesis de una reforma amplia tiene cierta cabida, aunque con el sesgo de una relación laxa y blanda del Estado con el Estado- Empleador, y una postura intimidante y hostil en la que tiene que ver con las relaciones Estado con las Empresas Privadas.

sábado, 28 de enero de 2012

LAS RELACIONES DE TRABAJO: HACIA DONDE HAN IDO

Cerca de la otrora apacible Bejuma en el estado Carabobo, un grupo de ciudadanos se presentaron en una obra civil para una empresa procesadora de alimentos, con el fin de buscar empleo. Un hecho natural y normal en el mercado laboral. Los desempleados buscan empleo. Además los empleos en el sector de la construcción disfrutan de un buen convenio colectivo.


Lo que nos lleva a detenernos y reflexionar sobre el presente caso (reportado en Notitarde el día 27-1-12, así como en http://www.entornointeligente.com/articulo/1219769/Desur-aprehendio-a-supuestos-sindicalistas-con-armas-rss-27012012?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter), es que los más de veinte desempleados se presentaron acompañados de seis sindicalistas, quienes intentaron ingresar de manera violenta en la obra en construcción.


La oportuna intervención de la Guardia Nacional Bolivariana retuvo a treinta personas para verificar identificaciones y finalmente quedaron seis detenidas – los “sindicalistas”-. Es destacable que todos estaban armados y que de ellos, uno tenía orden de captura, otro estaba en régimen de presentación, y otros tres tenían denuncias por distintos delitos en la policía de investigaciones.


Señalan las autoridades militares que la pretensión del grupo invasor, era intimidar a los trabajadores de la obra y a los encargados de esta, para que dejaran sus puestos y posteriormente ocuparlos. En este caso se reúnen varios fenómenos laborales mezclados con otras áreas, como la inseguridad y la militarización.


Por un lado es notoria la dificultad del mercado laboral, que lleva a la confrontación directa, violenta y armada en la búsqueda de empleos. Luego se observa un tipo de intermediación entre oferta y demanda, liderada por un tipo de sindicalismo constituido por personas para quienes la institucionalidad le es inexistente. Lo que nos obliga a interrogarnos sobre el papel de la Administración del Trabajo. Evidentemente, se le ha venido escapando de las manos ejercer su papel de garantizar el desempeño normal de las relaciones entre empresas y trabajadores, con motivo de las actividades productivas.


La ausencia de la Administración del Trabajo, en vista de la violencia presente en los centros de trabajo, especialmente en los del sector de la construcción, la llena entonces el sector militar (La Administración del Trabajo de la Civilidad a la Militarización http://hectorlucena.blogspot.com/search?q=la+militarizaci%C3%B3n ). En la medida que se continúe con esta intervención, el papel de la Administración del Trabajo va disminuyendo, y otro tanto pasa con las propias organizaciones de los trabajadores. Evidentemente un retroceso institucional en el ámbito de las Relaciones de Trabajo.


Por supuesto que no se puede dejar de mencionar en el análisis de situaciones como esta, que se vienen repitiendo en distintos lugares del país, la intervención estatal en la vida sindical. Un intervencionismo deformante y abusivo, ya que no es papel del Estado el introducirse en la vida interna de los sindicatos, sea para favorecer a unos y/o dificultar a otros. El que las autoridades de la Administración del Trabajo y de los Entes estatales se conviertan en partes en las relaciones empresas-sindicatos, trae consigo deformaciones. A las organizaciones de los trabajadores se les sustrae su autonomía. Igual criticismo es aplicable cuando esa misma intromisión proviene del patronato privado.


Una de las deformaciones más graves del intervencionismo estatal en la vida interna sindical, es la imposición de los jefes sindicales, o al menos poner al servicio de amigos los recursos institucionales que debían de ser imparciales. Al final los jefes impuestos confían en la relación con las autoridades como mecanismo de legitimación, y no tanto en la relación y aprobación de las bases, ni tampoco en los nuevos logros reivindicativos y el mantenimiento de los existentes.


Esto se manifiesta en las organizaciones de base, aquellas beneficiarias del estimulo estatal promotor de nuevas organizaciones sindicales, en donde ya las había y por tanto multiplicando su número, trayendo como consecuencia al ejercicio sindical la improvisación de dirigentes, tanto en conocimientos del área laboral como en la consistencia ética, que viene dada por la militancia y constancia en el proceso de ascenso y construcción de liderazgos genuinos.


Hoy, todo lo expuesto le ha hecho un enorme daño al genuino sindicalismo. Por eso lo deformante de la intervención estatal. La imagen de lo sindical, además de sus conquistas históricas la construye también lo negativo, como son los procesos de mercantilización de empleos y del ejercicio de la representación, tan extendido en el sector de la construcción.


Quienes promueven nuevas formas de representación, ayer apenas los delegados y los comités de prevención, así como las organizaciones depseudocooperativas, sobreviviendo con obstáculos. Pero que en lo inmediato dirigen su mirada hacia otros experimentos, como el control obrero y los consejos de los trabajadores, están eludiendo analizar y admitir las deformaciones de políticas públicas que han contribuido a deformar las formas de representación de los trabajadores.

domingo, 22 de enero de 2012

CONFLICTIVIDAD LABORAL

Sobre el aumento de la Conflictividad Social, y la Laboral especialmente, nos entrevistó Elita Barroso, del Diario Primicia edición del día de hoy 22-1-12, puede verse pagina completa - No.6, Sección Trabajo- en

sábado, 21 de enero de 2012

LA REFORMA DE LA LEY ORGANICA DEL TRABAJO

De nuevo la Reforma Laboral en Venezuela. Desde la entrada en vigencia de la Constitución Bolivariana el tema ha estado latente. También se han producido regulaciones sobre las relaciones de trabajo en determinados aspectos. Incluso un nuevo Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo entro en vigencia en el 2006, modificando una importante cantidad de conceptos y reglas. Miremos un cuadro sintético de diversas reformas adoptadas.


Algunas reformas y regulaciones han sido exitosas; vistos los resultados y opiniones de los actores laborales, como puede ser la reforma procesal del trabajo, las medidas sobre trabajadores discapacitados, trabajo doméstico, protección de la maternidad y la familia, y también sobre los bonos de alimentación.


Otras regulaciones han sido polémicas por su contenido y la manera de aplicarlas, y han dado lugar a tensas relaciones entre los actores laborales, como es el caso de algunas reformas vinculadas con el área de prevención y medio ambiente de trabajo.


También han sido complicadas en su administración y opacidad, las medidas que el ministerio del ramo ha puesto en vigencia, como exigencias a las empresas privadas, tal es el caso de la solvencia laboral y otros engorrosos registros obligatorios. En general este despacho, es indiferente de las anomalías e incumplimiento que ocurren en el sector público gestionado por la corriente gobernante.


Otras regulaciones han estado sesgadas hacia el sector privado y han obviado a tan importante empleador como es el Estado, tal es el caso de lo relativo a la inamovilidad laboral.


En el área de la libertad sindical y las negociaciones colectivas, las regulaciones han sido problemáticas. Por ello son notorias las dificultades que experimenta el movimiento sindical para su desenvolvimiento, incluso ya no se explica el asunto, porque se trata de que sea un movimiento de orientación oposicionista u oficialista, las dificultades en su accionar en el caso de las empresas y entes estatales abarcan y afectan la acción sindical en general, cualquiera sea el signo y orientación política ideológica de la dirigencia.


Esta situación ha llevado al extremo de la criminalización de la acción sindical, de casos cuando de lo que se trata es de reclamar al patrono el cumplimiento de sus obligaciones. El asunto se agudiza por la muy frecuente desobediencia de patronos públicos a las decisiones de los entes administrativos del trabajo.


El cuadro anterior lleva a la necesidad de plantearse un balance entre los avances en las regulaciones laborales, así como los retrocesos y las situaciones de estancamiento que se observan. Este balance no es sólo de textos y discursos.


Cierto que somos una sociedad aparentemente muy legalista y reglamentista, que privilegia los textos legales, antes y por encima de las instituciones y su funcionamiento. Destacamos lo de aparentemente, porque apenas puesto el ejecútese a una nueva ley o reglamento, se reduce el interés de los promotores y de la opinión pública en general, en la instrumentación y aplicación debida. Esto acentúa situaciones de discrecionalidad, así como problemas de interpretación en la aplicación de lo aprobado.


Sobre lo relativo a la valoración de las instituciones, y la transparencia en el funcionamiento de los contenidos en las regulaciones laborales hay una gran tarea por delante. Se trata de una acción permanente de monitoreo y vigilancia, que interesa a toda la sociedad, ya que refiere al tema trabajo y producción de bienes y servicios. El ministerio de ramo es opaco en la divulgación, y limitado – más bien nulo- en los análisis requeridos.


Pero al plantearse una reforma laboral pretendidamente amplia, como lo expresan diversos voceros oficialistas, en el mero centro de una campaña electoral se corre el riesgo de que los temas sean abordados atendiendo a las propias lógicas electorales, más que por las necesidades y carencias objetivamente observadas y comprobadas, en lo relativo a la naturaleza de la relación entre trabajadores y empleadores con motivo de la prestación de servicios y de la producción.


Es destacable que voceros miembros de la comisión presidencial declaran al país que aspectos específicos van a ser reformados, más allá del mandato constitucional. Pero la sociedad no conoce de un texto, de un proyecto sobre el cual analizar. En estos tiempos de la sociedad de la información, la sociedad debe contar con el acceso a ese texto completo. Es una condición para una verdadera consulta.


Los juicios valorativos que formulan algunos voceros de la comisión presidencial, especialmente los ligados a funciones político partidistas y/o en ejercicio burocrático de una parcela sindical favorecida gubernamentalmente, llevan una visible carga electoral. Evidentemente que ello forma parte de la extrema polarización existente.


La construcción legislativa descansa en el dialogo. No tener al Parlamento ocupándose del asunto, cuando es la institución prevista para legislar es de por sí una limitante en el dialogo mismo. El llamado parlamentarismo de calle, es bienvenido; incluso aún más cuando se nutre de todas las corrientes y sectores vinculados con el tema en discusión, pero no sustituye a aquel previsto en la carta magna.

jueves, 19 de enero de 2012

REVISTAS ACADEMICAS

Hemos agregado en el presente blog esta sección que lleva al interesado directamente a colecciones de Revistas Académicas que incluyen el tema trabajo en su contenido. En un primer momento se incluyen tres colecciones, a saber:

La colección de la Revista TRABAJO, cuyo Director es el Dr Enrique de la Garza Toledo de la Universidad Autonoma Metropolitana de México. La Revista Trabajo es una publicación semestral del Centro de Análisis del Trabajo, A.C.

La Revista Latinoamericana de Estudios del Trabajo, que estuvimos editando en el trienio 2008-2010, y que a partir del año 2011 pasó a Brasil, sede de la Asociación Latinoamericana de Estudios del Trabajo, y es editada por los Dres Adalberto Cardoso y José Ricardo Ramalho.

The Asian Journal of Latin American Studies, Editado en la República de Corea, su Director es el Dr Donmoon Cho, professor of Sociology for the Catholic University of Korea and President of National Association of Professors for Democratic Society.

sábado, 14 de enero de 2012

LA POBREZA: ABATIRLA, ATENDERLA U OCULTARLA

La pobreza ha sido un tema de atención preferente en el período de la
revolución bolivariana. El discurso sobre la pobreza ha sido central,
nunca antes el tema recibió en nuestro país la atención que ha tenido
en estos tiempos. Pero hay que reconocer que ello es coincidente con
una atención igualmente preferente que el tema ha tenido a nivel
regional. Siempre es importante mirar hacia afuera para no caer en la
simplicidad del excepcionalismo.

   Se puede señalar que una característica del post neoliberalismo ha
sido una mayor preocupación por el tema de la pobreza. En cuanto al
postulado de una etapa Postneoliberal, conviene destacar que los
países de la región no recibieron los impactos de manera uniforme de
estas políticas. Hay que tener presente que la implementación se
realizó sobre unas condiciones que variaron de un país a otro.  Países
en donde estas políticas empezaron a imponerse al  momento de estar
sometidos gobiernos autoritarios, y otros  que conservaron gobiernos
democráticos y  la implantación ocurrió con algún grado de
resistencia.  Este reconocimiento de las diferencias y los contextos,
es lógico si se tiene en cuenta incluso el hecho de que organismos
como el FMI al diseñar sus propuestas a ser aplicadas, no deja de
reconocer algunas diferencias en el país en donde se pretende la
implantación de un paquete de medidas.

   En la continuidad de las diferencias y los contextos, no hay que
olvidar que en los tiempos de crisis que el mundo conoce en estos
últimos años, el precio del petróleo ha seguido subiendo. La cesta
OPEP era de 10 US$ en el 1998 y para el 2011 estaba cercana a los 100
US$, en ese período ocurrieron dos grandes crisis con impactos
globales. Empezó el período  con la crisis asiática, y luego del 2008
en adelante emerge la crisis de las hipotecas en los Estados Unidos,
que luego se expanda al sector financiero, y se traslada a Europa,
afectando la economía real en el conjunto de los países desarrollados.

   En estas crisis  el precio del petróleo es percibido como un verdugo,
un coadyuvante al aumento de las dificultades. Si bien el petróleo
está asociado a la condición de insumo en los procesos productivos,
que naturalmente la crisis les reduce su ritmo y demanda de insumos
básico como éste. Pero también el petróleo está directamente ligado al
consumo y al bienestar y calidad de vida de la población. Se convierte
esta dimensión un tanto más rígida para eventuales  reducciones de los
niveles de consumo, ya que conlleva problemas de gobernabilidad para
los liderazgos en funciones gubernamentales.

   Lo anterior nos coloca como exportadores de petróleo del lado de los
países que la generalidad de las crisis le resulta menos perjudicial.
El problema de muchos se convierte en la bonanza de pocos.

   De lo expuesto se quiere destacar que en tiempos de crisis global, se
presenta para un exportador de petróleo como una oportunidad favorable
para combatir y abatir la pobreza. Hay que destacar que la crisis
global de los últimos diez años ha sido favorable para la generalidad
de las llamadas commodities, las materias primas o bienes de poco
valor agregado, como es lo predominante en las exportaciones
latinoamericanas. Es por ello que la Comisión Económica para América
Latina – Cepal- informa que de dieciocho países analizados en reciente
estudio, muestra que para el período 2010 y 2011, diecisiete habían
reducido la pobreza (“La hora de la igualdad. Brechas por cerrar,
caminos por abrir”).

   Venezuela registra índices favorables en la reducción de la pobreza
en este principio de siglo. Así se observa en informe de de organismos
técnicos como la CEPAL-. Sin embargo es importante destacar que este
organismo, como en general en aquellos dependientes de las Naciones
Unidas, elabora sus estudios con los datos que procesan y producen las
entidades oficiales de los países miembros. De tal manera que Cepal,
utiliza para sus estudios e informes, lo que publica el Banco Central
de Venezuela, el Instituto Nacional de Estadísticas, y en general las
entidades oficiales venezolanas.

   La pobreza y su medición es un tema aparentemente técnico, pero en el
fondo lo político siempre está determinando. Es elocuente lo que acaba
de suceder en China, se subió el nivel de ingreso para ser calificado
de pobre a $US 1.00 diario, que es un criterio ampliamente difundido y
aplicado por el Banco Mundial  concretamente para precisar la pobreza
extrema o indigencia. Pues bien en China de un solo viaje se agregaron
cien millones de nuevos pobres
(http://www.youtube.com/watch?v=_GzqzTLTK6k). Esto tiene implicaciones
en la comparación internacional, y en los programas sociales al
interior del país. Los criterios y las estadísticas te pueden ocultar
o visibilizar a los pobres, incluso disfrazarlos.

sábado, 7 de enero de 2012

RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL ANTE EL DETERIORO LABORAL EN TIEMPOS ELECTORALES

El tema de la violencia sindical, así como la laboral en donde se
ubica la primera, nos ha preocupado desde hace varios años. Es así
que en nuestro blog, el primer documento que colgamos fue sobre este
tema, puede verse con fecha 19-9-2007. Van cuatro años de seguimiento
del tema, y no se observan reacciones acordes con la complejidad del
problema por parte de los diversos involucrados.

Del lado sindical y de las organizaciones sociales a las cuales se
vinculaban las víctimas, apenas se observa la sensibilidad para
recordar algunos nombres de asesinados en sitios de Internet,
declaraciones ante medios y comunicados.

La amplia mayoría de los asesinados en este ámbito, sus nombres pasan
rápidamente al anonimato, no hay organizaciones que asuman el
recordarlos y gestionar la demanda de justicia.

Pero incluso víctimas afiliadas a organizaciones sindicales de
orientación oficialista, éstas no han tenido la capacidad de
sensibilizar a las autoridades para que asuman posiciones firmes en
contra de esta desviación extrema como es la violencia sindical. Ni
siquiera han tenido éxito en llegar a los niveles decisorios para que
emitan un discurso condenatorio y actúen con los recursos legales que
administran para el ejercicio de una acción responsable ante la
magnitud del problema. Hay que recordar que entre el 2003 y el 2011,
suman doscientos setenta y nueve asesinados. Se aprecia que hay una
política de ignorar este problema, e incluso banalizarlo.

La preocupación en torno al tema que venimos analizando por supuesto
está enmarcada en una situación de violencia generalizada de todas las
áreas de acción social del país, es decir en la vida de las
comunidades, de los centros educativos, de las cárceles, de las
empresas.

El contexto y situación analizada contrasta con una experiencia que
nos muestran movimientos de trabajadores en Argentina a partir del
asesinato de Mariano Ferreira, en el marco de protesta contra la
tercerización en los ferrocarriles, hecho ocurrido el 20 de Octubre
del 2010. En nuestro blog puede leerse en documento “Institucionalidad
laboral en crisis”, del 27-11-2010, análisis del caso. Pero lo que se
quiere destacar es el grado de movilización que ha generado este
asesinato en la sociedad argentina, un día después de ocurrido se hizo
la primera movilización, luego otras a medida que era necesario para
promover los procesos de investigación y de acción de la justicia.
Total que a los pocos días estaban detenidos los autores materiales y
a los pocos meses los autores intelectuales. Aún la protesta persiste
por estimar que quedan ramificaciones responsables que no han sido aún
detenidas, aparte de que aún no ha habido las sentencias del caso. La
movilización ha sido importante para contrarrestar intereses que en
casos de asesinatos aspiran a conseguir coartadas y vías que protejan
a responsables, e incluso llegar a desviar las investigaciones.

Es muy importante destacar que con toda la sensibilidad mostrada por
las organizaciones sociales y políticas vinculadas con las acciones
del movimiento de los trabajadores y que fueron reprimidas
violentamente, se fue produciendo informaciones y estudios que han
contribuido al conocimiento amplio sobre la situación. Por ello el
caso Mariano Ferryra, a un año de su ocurrencia ha dado lugar a la
publicación de dos libros "¿Quién mató a Mariano Ferreyra?", del
periodista Diego Rojas, abril 2011, Editorial Norma, de 188 páginas. Y
el otro "Trabajadores, tercerización y burocracia sindical. El caso
Mariano Ferreyra" del analista y militante Christian Rath, Editorial
Biblos, de 191 páginas.

Estamos empezando un nuevo año, complicado por ser un año electoral
en un ambiente polarizado. En los medios laborales se exteriorizan por
supuesto las pugnacidades del ámbito político. Y si ya venimos de una
situación violenta en este medio, conviene hacer esfuerzos
extraordinarios para que no se agreguen más elementos inflamables a la
atrofiada situación laboral presente. Aunque lo más importante para
desinflamar, es investigar y actuar en los doscientos setenta y nueve
casos que se contabilizan en la violencia sindical – pueden verse
nombres, fechas de asesinatos y algunos otros datos en los Informes de
Provea-. Que la sociedad sienta que la violencia sindical la castigan
las instituciones que existen para resguardar el funcionamiento
social.

domingo, 18 de diciembre de 2011

Violencia sindical persiste y poco se hace para contrarrestarla

Hay temas con los cuales toca ser reiterativo. Uno de ellos es el de la violencia sindical que se traduce en asesinatos. En el último año, el Informe de Provea reporta treinta y seis casos en todo el país. El informe indica nombre, edad, sexo, ciudad y sitio de asesinato, las circunstancias del asesinato; y en muchos casos la organización a la cual pertenecía la víctima.



Esta recopilación que viene haciendo Provea es una de las pocas fuentes que informan sobre esta grave situación. Entes estatales del ámbito laboral, como de los derechos y defensas de los ciudadanos, ignoran el problema. También el movimiento sindical en general no ha tenido éxito en colocar el tema en lugar relevante para ejercer presión sobre las entidades encargadas de investigar y tomar medidas.



La recopilación adquiere mayor valor si observamos que existen disposiciones legales que tienen una posición limitativa del accionar de instituciones. Por ejemplo, el artículo 6 de Ley de Defensa de la Soberanía Política y la Autodeterminación Nacional establece: “Las organizaciones con fines políticos u organizaciones para la defensa de los derechos políticos, que a través de sus directivos, personas interpuestas o por vía anónima reciban ayudas económicas o aportes financieros por parte de personas u organismos extranjeros, serán sancionadas con multa equivalente al doble del monto recibido, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones previstas en otras leyes”. Como se ve hay una predisposición a la criminalización de las actividades que tienen como objetivo indagar en temas de derechos humanos.



De las víctimas del ámbito sindical reportadas en el informe que se comenta se destaca el Estado Bolívar, que continua como en años anteriores siendo el de mayor número de casos con diez, seguido de Aragua con siete, Carabobo con cuatro, Monagas con tres. Estas cuatro entidades representan dos tercios de los casos. El resto se reparte en ochos estados diferentes. Del total apenas dos son mujeres sindicalistas. En cuanto a la edad, el promedio es de sólo treinta y dos años.



La información provista señala que continua siendo el sector de la construcción, la actividad económica que aporta el mayor número de casos. Desde que este fenómeno adquirió dimensión alarmante, es decir desde el 2005, una constante marcada es que el sector de la construcción presenta por muy amplia mayoría el mayor porcentaje de casos. En otras contribuciones hemos analizado el caso. Los factores relevantes que generan este problema persisten. No hay acciones contundentes orientadas a la superación del problema, ni estatales ni privadas.



Los casos muestran orígenes diversos, pero son distinguibles dos grupos. El primero proviene de una acción sindical deformada que ha negociado con las necesidades de trabajo de los trabajadores, mercantilizando los puestos de trabajo, buscando el control de obras civiles que derivan beneficios económicos sea por la venta de empleos, como por cobro de cuotas a los patronos, ello junto al desbordado paralelismo sindical, abonan el terreno para que la violencia sea el camino para ganar espacios y dirimir las diferencias.



El segundo grupo, notablemente mucho menor que el anterior, se observa un determinado número de casos asociados a situaciones de intolerancia política e ideológica. En este gran número de treinta y seis víctimas son pocos, pero existen y ese es un verdadero problema.



Finalmente, es importante llamar la atención la tendencia a banalizar lo planteado, así como englobarlo en la situación de violencia generalizada que experimenta la sociedad venezolana, y mantener desde las instituciones y personas con responsabilidades en ellas una postura expectante y pasiva.