Violencia sindical persiste y poco se hace para contrarrestarla

Hay temas con los cuales toca ser reiterativo. Uno de ellos es el de la violencia sindical que se traduce en asesinatos. En el último año, el Informe de Provea reporta treinta y seis casos en todo el país. El informe indica nombre, edad, sexo, ciudad y sitio de asesinato, las circunstancias del asesinato; y en muchos casos la organización a la cual pertenecía la víctima.



Esta recopilación que viene haciendo Provea es una de las pocas fuentes que informan sobre esta grave situación. Entes estatales del ámbito laboral, como de los derechos y defensas de los ciudadanos, ignoran el problema. También el movimiento sindical en general no ha tenido éxito en colocar el tema en lugar relevante para ejercer presión sobre las entidades encargadas de investigar y tomar medidas.



La recopilación adquiere mayor valor si observamos que existen disposiciones legales que tienen una posición limitativa del accionar de instituciones. Por ejemplo, el artículo 6 de Ley de Defensa de la Soberanía Política y la Autodeterminación Nacional establece: “Las organizaciones con fines políticos u organizaciones para la defensa de los derechos políticos, que a través de sus directivos, personas interpuestas o por vía anónima reciban ayudas económicas o aportes financieros por parte de personas u organismos extranjeros, serán sancionadas con multa equivalente al doble del monto recibido, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones previstas en otras leyes”. Como se ve hay una predisposición a la criminalización de las actividades que tienen como objetivo indagar en temas de derechos humanos.



De las víctimas del ámbito sindical reportadas en el informe que se comenta se destaca el Estado Bolívar, que continua como en años anteriores siendo el de mayor número de casos con diez, seguido de Aragua con siete, Carabobo con cuatro, Monagas con tres. Estas cuatro entidades representan dos tercios de los casos. El resto se reparte en ochos estados diferentes. Del total apenas dos son mujeres sindicalistas. En cuanto a la edad, el promedio es de sólo treinta y dos años.



La información provista señala que continua siendo el sector de la construcción, la actividad económica que aporta el mayor número de casos. Desde que este fenómeno adquirió dimensión alarmante, es decir desde el 2005, una constante marcada es que el sector de la construcción presenta por muy amplia mayoría el mayor porcentaje de casos. En otras contribuciones hemos analizado el caso. Los factores relevantes que generan este problema persisten. No hay acciones contundentes orientadas a la superación del problema, ni estatales ni privadas.



Los casos muestran orígenes diversos, pero son distinguibles dos grupos. El primero proviene de una acción sindical deformada que ha negociado con las necesidades de trabajo de los trabajadores, mercantilizando los puestos de trabajo, buscando el control de obras civiles que derivan beneficios económicos sea por la venta de empleos, como por cobro de cuotas a los patronos, ello junto al desbordado paralelismo sindical, abonan el terreno para que la violencia sea el camino para ganar espacios y dirimir las diferencias.



El segundo grupo, notablemente mucho menor que el anterior, se observa un determinado número de casos asociados a situaciones de intolerancia política e ideológica. En este gran número de treinta y seis víctimas son pocos, pero existen y ese es un verdadero problema.



Finalmente, es importante llamar la atención la tendencia a banalizar lo planteado, así como englobarlo en la situación de violencia generalizada que experimenta la sociedad venezolana, y mantener desde las instituciones y personas con responsabilidades en ellas una postura expectante y pasiva.