El diálogo porque hay fracaso y frustración

¿Por qué Venezuela está en la actual caótica situación política, social y económica? Esta situación es el resultado de la confrontación y de la polarización, y de la ausencia de diálogos sin balances de los poderes públicos. En lo social, debido a los altos índices de violencia y el deterioro de algunos indicadores sociales, como los de salud y educación. En lo económico, por el aumento de la pobreza, la disminución generalizada de la calidad de vida, la inflación alta y tres años continuos de decrecimiento. Por su parte, el régimen da importancia al fomento de nuevos discursos y relatos y de los programas sociales, a través del control comunicacional en diferentes medios.

Lo político

  La confrontación y la polarización ha sido una constante en lo que corre del presente siglo. Inicialmente, la revolución bolivariana levantó muchas expectativas. Sus triunfos electorales a partir de diciembre de 1998 fueron repetidos hasta 2007, momento en que sufrió su primer revés importante al no ser aprobada una propuesta de reforma constitucional.

  Este proyecto ha tenido fuertes contratiempos para mantener buenos resultados electorales en las elecciones parlamentarias nacionales, las cuales ha perdido en las dos últimas votaciones. En las elecciones de 2015 se dio el resultado más amplio a favor de la oposición, que obtuvo las dos terceras partes del parlamento. Hasta entonces la revolución bolivariana había gobernado hegemónicamente con una oposición en situación de permanente minoría.

  La reacción gubernamental ha sido obstaculizar la actividad parlamentaria utilizando al Tribunal Supremo de Justicia, en particular la Sala Constitucional que el Ejecutivo controla como su apéndice y que ha venido anulando casi todos los actos legislativos, inclusive la suspensión de los parlamentarios del Estado Amazonas. Dicha Sala Constitucional es un elemento clave de la agudización de la crisis política al apoyar todas las solicitudes del Ejecutivo. La fortaleza que tuvo la revolución bolivariana de medirse electoralmente y batir a los opositores hoy se ve disminuida.

Lo social

La calidad de vida del venezolano se ha venido a menos. Y no sólo son las condiciones materiales de vida las que desmejoran; el futuro se diagnostica muy complicado. Si bien se plantean opciones para avanzar hacia un mundo mejor, muchos han optado por irse.

  No ha sido necesario que una guerra haya devastado ciudades y campos como ocurrió con la diáspora europea post Segunda Guerra Mundial. Tampoco las cruentas dictaduras del cono sur que ahuyentaron a parte de la población, o una guerra donde guerrillas se convirtieron en ejércitos y se enfrentaron al gobierno con una respetable cantidad de efectivos y armamento, como en Colombia. Nuestra emigración masiva ha sido por la pérdida de oportunidades y porque la política económica tomó un camino que desperdició enormes recursos y desaprovechó las capacidades que ofrecía su gente y sus empresas.

Lo económico

El principal problema económico es el modelo de regresividad productiva. Transcurridos más de década y media, el balance en cuanto a modelo productivo es poco alentador. Desde hace tres años tenemos una inflación de más de tres dígitos, una de las más altas del mundo. Desde hace tres años hay un decrecimiento del PIB; -3, en 2014; -6, en 2015; y se estima que al cerrar el 2016 será de -10.

Cada vez se importan más bienes porque aquí no se producen. Se da la paradoja de plantas paradas o casi paradas y la llegada de similares productos, cuando esas plantas han estado esperando lo necesario para activarse. En función de lo anterior, se han creado desde el Gobierno o con su aliento, multitud de empresas sólo con fines de importación. Asimismo, no hay un debate público e institucional de los precios que se pagan por las importaciones, por lo que se evidencian problemas con los precios la calidad y otros aspectos sensibles en los procesos de adquisiciones, como en el caso de la importación de alimentos y medicinas.

Se han paralizado plantas de fabricación de bienes porque no se les asignan divisas para materias primas o elementos necesarios para la manufactura. La asignación además es irregular y sin fechas que permitan planificar. No hay bases para que los cronogramas entre proveedores y clientes puedan cumplirse. Hay empresas que han acumulado deudas con proveedores, con quienes se han perdido relaciones de confianza comercial. Hay plantas que han parado porque no reciben los insumos de empresas nacionales como proveedoras, que igualmente tienen problemas con la consecución de los suyos; y no se está invirtiendo en capacidad productiva para renovar el parque industrial. Se estatizan plantas porque se acusa a sus propietarios de ser conspiradores, o de hacer guerra económica.

 Se  han aplicado sanciones basadas en inspecciones y motivaciones ajenas a lo productivo y a lo económico. Se ha descalificado a empresarios y a determinadas marcas comerciales. Empresarios han dejado de invertir por incertidumbre, miedo y falta de confianza. Las plantas que venían exportando fueron acusadas de desatender el mercado interno y sobre esa base fueron estatizadas, dejaron de exportar, bajaron la producción y ahora se importan esos bienes que antes se exportaban. Algunas de estas plantas estatizadas también han paralizado, no obstante las ventajas y privilegios en la asignación de divisas, en la permisividad de los trámites públicos y en asegurarles la compra de lo que produzcan.

Efecto dominó

  Las condiciones de trabajo también tienden a desmejorar: se incumplen o se congelan los beneficios de los convenios colectivos. Estas incertidumbres han dado lugar a las migraciones de personal, gran parte muy calificada.

  Los trabajadores organizados están aislados o marginados del debate sobre el modelo productivo. Los mecanismos históricos de organización y acción reivindicativa de los trabajadores no son estimulados por las políticas públicas, sino que se promueven otras alternativas que se superponen sobre aquellos y generan situaciones de fricciones y controversias en el seno de los trabajadores de las entidades productivas.

  Los centros de formación de talento y de investigación experimentan restricciones que las lleva a invertir sus energías en sobrevivir, ante el acoso de las reducciones presupuestarias y de medidas que les obligan a sacrificar la calidad y la profundización del conocimiento, y así satisfacer contradictorias exigencias gubernamentales que nos alejan de la construcción de bases soberanas de independencia tecnológica y científica, en tiempos de las sociedades del conocimiento.

  Y por parte del gobierno solo vemos que firman acuerdos comerciales que se traducen en nuevas importaciones, lo que incide en la estabilidad productiva con efectos en los empleos, salarios, y pagos fiscales que de estar plenamente en producción ingresarían en las arcas públicas.

REVISION SALARIAL DESINSTITUCIONALIZADA

Este primero de noviembre se inicia con nuevos incrementos en los ingresos de los trabajadores, tanto del salario mínimo como del bono de alimentación. Apenas sesenta días antes, el primero de septiembre se hizo el anterior incremento. El cuarto incremento en lo que va del año, pero no tienen mayor repercusión en evitar el deterioro de la calidad de la vida de la población, que se sigue deteriorando. 

  Estos incrementos de los ingresos tanto salariales como bonificaciones, ya superan el cuatrocientos por ciento anual. Pero sin que lo mencionen los órganos oficiales, la inflación va muy por arriba de esos porcentajes, por ejemplo Cenda institución dedicada al seguimiento de los índices de precios, registra para septiembre un incremento en alimentos del 670%, algunos de ellos muy por encima, como azúcar y similares 2.780%, cereales y derivados 2.393%, grasas y aceites 1.830%. En fin, día a día a los trabajadores se les rebaja su salario real, aquél que más importa porque tiene que ver con el poder adquisitivo, con su capacidad de compra de bienes y servicios. 

 Por varios años somos el país con la inflación más alta del mundo, y el peor desempeño en el continente, y no obstante se siguen repitiendo los mismos formatos para conducir y tomar decisiones. La incapacidad para rectificar ante tan negativos resultados se sustenta en acusar a terceros como los culpables, se sigue repitiendo que el país es víctima de las consecuencias de una guerra económica, conducida por las conspiraciones de la derecha apátrida en alianza con el imperialismo y factores internacionales. 

  Resolver el bienestar de la población trabajadora requiere esfuerzos mayores que los puros decretos de aumentos de salarios, decididos unilateralmente al margen de otras consideraciones y compromisos institucionales en lo económico y político. Si fuera así, que fácil sería el funcionamiento de una sociedad. El asunto es más complejo, de aquí que la variable salarios y bonos de alimentación funcionan en un sistema de relaciones con otros factores que si no se vinculan e integran, el impacto de los incrementos no logran sus propósitos. Lo predominante en América Latina es la negociación tripartita.

  Se ha demostrado que los ingresos de los trabajadores generan importantes impactos en la economía, porque estos ingresos se convierten directa e inmediatamente en la adquisición de bienes y servicios, lo que motoriza al sector productivo. En cambio, el ingreso del capital y de quienes disfrutan de los más altos niveles de ingresos, tiene destinos más diversos, entre ellos algunos más allá del impacto en la economía interna, porque parte de sus ingresos tienen la posibilidad de convertirse en ahorros, en adquisiciones en el exterior, tanto por inversiones como  gastos.

  La capacidad de ahorro de los trabajadores se ha reducido a su mínima expresión. Ello se evidencia en la solicitud de adelantos de prestaciones sociales, también en la permanente recurrencia a las cajas de ahorros hasta el mismo limite estatutario de atender las solicitudes de acuerdo a la capacidad del solicitante. 

  El gobierno ha creado y mantiene un ejército de funcionarios para el control de los precios, de la producción y distribución, sin embargo se incrementa el nivel del costo de vida  a niveles inéditos en la historia de la economía del país, con el contraste que la baja de la producción va por su cuarto año de descenso.

  Los intercambios para mejorar los salarios se iniciaron en el país por las negociaciones colectivas, que si bien ocurrían en los sectores modernos y mejor organizados, pero servían de referencia a aquellos sectores en donde no había ni sindicalización ni convenios. En la década del 60 fue clave en el fomento de estas prácticas de mejoramiento salarial. No hubo ningún decreto de incremento salarial, pero sí hubo mejorías en el nivel de vida de la población trabajadora. Incluso el único decreto que se registra en esta década fue para desmejorar los salarios de los trabajadores al servicio del Estado, que les rebajó en un 10% sus salarios apenas iniciaba su gobierno Romulo Betancourt, en el marco de ley de medidas económicas de emergencia. 

  Para entonces los salarios mínimos sólo existían en algunos convenios colectivos. Fue en 1975 que por primera vez se estableció por decreto un salario mínimo nacional. El impacto de los ingresos extraordinarios que la economía venezolana recibió como consecuencia del primer boom petrolero dio lugar a que por primera vez se alcanzara una inflación de dos dígitos, al llegar a 11% anual.   

  En la Ley Orgánica del Trabajo de 1990 se estableció un avance importante en cuanto a involucrar en la revisión del salario mínimo a los propios actores productivos y a la exigencia de consultar a dos órganos del ámbito económico, el Banco Central de Venezuela y el Consejo de Economía Nacional. De aquí que se institucionalizó un mecanismo que exigía la negociación de los órganos representativos de los empleadores y de los trabajadores. Los empresarios contaban por supuesto con una tradición de disponer de asesores con larga tradición en el análisis económico. Por su parte los trabajadores, ya desde principios de los años ochenta se venían apoyando en las orientaciones de académicos de reconocida trayectoria, destacándose el papel jugado por D.F Maza Zavala, el más reconocido economista para su tiempo. 

  Todos estos procesos de consulta y negociaciones permitían arribar a un acuerdo que debía someterse al Parlamento, en donde se producía un debate que involucraba a fracciones parlamentarias tanto gubernamentales como opositoras de todas las corrientes. Finalmente se concluía en una decisión que firmaba el Presidente de la República.

  Hoy, el camino que se ha seguido prescinde de los propios actores del mundo de la producción, empresarios y trabajadores, de los órganos especializados en materia económica, y del más genuino ente de la representación popular como es el Parlamento. Un Presidente que acumula una trayectoria de desacertada conducción económica que ha empobrecido a todo un país, sigue ejerciendo de manera total el ejercicio de lo que tiene que ver con asuntos fundamentales como son salarios, producción y nivel de vida de toda una sociedad. 

EL NO EJERCICIO ELECTORAL: CAMINO A LA INCERTIDUMBRE

   La constitución nacional, en cada sociedad, es el contrato social que aglutina y facilita la convivencia entre la diversidad de personas e instituciones que integran a la nación. Ahí está desarrollada la relación del Estado y la sociedad, así como la de los poderes públicos y los ciudadanos. 

  La que hoy nos rige desde el 1 de enero de 2000 ha tenido la bondad de haber sido divulgada profusamente, al menos en su imagen. Sus ediciones en diversos tamaños y especialmente las de formato de bolsillo, contribuyeron favorablemente para que la población la mirara. 

 El Presidente Hugo Chávez contribuyó a popularizarla con su permanente imagen y recurrencia,  blandiendo el pequeño libro azul ante las audiencias y las cámaras televisivas. La frase “dentro de la constitución todo, fuera de ella nada”, ha sido de uso común por gobierno y por oposición. 

  La amplia mayoría conseguida por el Polo Patriótico en las elecciones de la Asamblea Constituyente le permite diseñar una nueva Constitución en donde no tuvo necesidad de hacer concesión alguna a las fuerzas opositoras. El proceso fue acelerado y el Gobierno contó con la ventaja de una hábil fórmula matemática que en una Asamblea Constituyente de 132 miembros, tan sólo seis fueron electos fuera de la lista gubernamental, verdaderamente un dominio total. Aunque es necesario destacar que el carácter absolutamente uninominal del sistema electoral, determinó que con un 66% de votos el Gobierno obtuvo el 95% de los constituyentistas. Entre agosto y diciembre, en una marcha forzada, acelerada y zigzagueante, se discute y aprueba la nueva Constitución. La interferencia del Presidente fue abierta, en el sentido de hacerles cambiar contenidos en asuntos relevantes, luego de que los mismos asambleístas habían llegado a un determinado consenso. 

  En todo caso esta Constitución a diferencia de la derogada, la de 1961, nace bajo un clima poco consensual, ya que la propia convocatoria al referéndum que consultó a la nación, sobre este texto, tuvo una abstención del 55 por ciento. Quienes votaron, se repartieron en un 70% por el sí y el resto por el no (El Nacional 16-12-1999). Así que al final un tercio de la población afirmó la nueva Constitución.  A los dos años de su vigencia el Presidente y la oposición, señalan reservas en cuanto a su contenido. Era inminente que muy pronto empezarían sus reformas.  

  Sustituyó a una Constitución, la de 1961, que tenía la fuerza de haber sido la de más prolongada vigencia en la historia constitucional venezolana. Fue redactada por el primer parlamento de amplia pluralidad donde no había ninguna fuerza hegemónica, nacido luego del gobierno dictatorial de Pérez Jimenez, derrocado por protestas populares y militares, quién abandonó el poder y el país el 23 de enero de 1958, y diez meses más tarde se realizaron elecciones del Ejecutivo y del Legislativo, teniendo este la función de elaborar la nueva constitución, la que fue construida partir de la Constitución de 1947, de la que se tomaron sus postulados ampliándolos y actualizándolos, que fue para entonces realmente una Constitución revolucionaria, que vino a producir un corte abrupto con el gomecismo y su secuela. 

  El inicio del proceso democratizador venezolano de 1958 contó con unas elecciones presidenciales y legislativas en diciembre de ese mismo año, que atrajo una entusiasta participación electoral  de más del 92%, que sigue siendo el porcentaje más alto en la historia electoral del país. 

   Las décadas de los años sesenta, setenta y primera mitad de los ochenta, contribuyeron a consolidar el sistema político venezolano, evidencias son los porcentajes de abstención electoral, verdaderamente bajos: 

1963                            9.22%

1968 5.64%

1973 3.48%

1978 12.44%

1983 12.25%

  

  Comparando la participación electoral en el período 1958-2007, Héctor Briceño (Participación electoral y cultura política en Venezuela 1958-2007) nos muestra la muy alta participación electoral en las presidenciales en el período 1958-1989 por encima del 90%, en cambio en el período 2000-2008 de un 65%, notablemente menos en las regionales, siendo 59,3 y 53,1 respectivamente. 

  Estos antecedentes son referencias para analizar un elemento que se agrega a otras situaciones complejas en la etapa reciente que se vive en la sociedad venezolana, como es la aspiración de la población de ejercer sus derechos electorales. 

  Una de las fortalezas del periodo bolivariano fue el de promover la realización de elecciones, ya que a la alta participación electoral mostrada en el período 1958-1989, se había iniciado a principios de los años noventas una baja en la misma. Vino la revolución bolivariana y propuso los procesos refrendarios que activaron la frecuencia electoral. Aunque sus discursos y planteamientos eran más proclives a analizar los problemas políticos y sociales, pero menos a los económicos. Y resulta que en la medida que estos no se resolvían sino que por el contrario se agudizan, la revolución no ha podido resolver problemas elementales para el ciudadano, y ello evidentemente traería consecuencias electorales.

  A la crisis por la escasez de alimentos, de medicinas y de otros bienes para el funcionamiento y satisfacción de las necesidades normales de los hogares y de los centros productivos, también la falta de seguridad ciudadana, se agregan en los últimos años las dificultades para el ejercicio de los derechos  políticos, por lo que se han multiplicado las persecuciones, los exilados, los presos políticos, y los obstáculos para el ejercicio de los derechos electorales, emitiéndose decisiones del TSJ y del CNE que alteran los conceptos y principios constitucionales, todo con el propósito de obstaculizar e impedir las consultas electorales.     

  

La dificultad de entender y practicar honestamente que “dentro de la constitución todo, fuera de ella nada”,  nos coloca en este momento en una mayor incertidumbre que la ya conocida.

hector.lucena@gmail.com

@hl_lucena

  

EL CONTRATO, LAS NEGOCIACIONES Y LOS CONVENIOS

  

El Premio Nobel de Economía fue adjudicado a dos economistas  el británico Oliver Hart y el finlandés Bengt Holmström,  en cuyas carreras se destacan sus estudios de la teoría del contrato. 

  Aquí contrato refiere a muy diversos tipos, es decir se incluyen por ejemplo los relativos a concesiones de servicios públicos a empresas privadas, contratos entre empresas, contratos de remuneraciones y condiciones de trabajo para ejecutivos. 

  En el mundo del trabajo el contrato es el punto de partida entre el empleador y el trabajador. Esa relación puede ser formalizada con documentos, sellos y registros, pero desde el momento en que una persona le presta un servicio personal a otra bajo su dependencia, y recibe una remuneración, se configura un contrato de trabajo. 

  Pero esta es una relación asimétrica entre una y otra parte, teóricamente es un contrato entre iguales pero uno busca y paga el tiempo de trabajo del otro, en cambio este busca un empleo para sobrevivir. 

La asimetría entre las partes se reduce por vía de las negociaciones colectivas. El conjunto de los trabajadores o unas determinadas categorías se organizan y llevan a cabo las negociaciones con el empleador. Luego de negociar han de alcanzar un acuerdo que sería el convenio o el contrato colectivo. 

También se reconoce que la asimetría entre el empleador y el trabajador encuentra otro recurso para reducirla con la intervención del Estado. Más polémica esta vía que lo que los propios trabajadores puedan ejecutar con sus propias acciones, porque históricamente hay muy buenas experiencias que muestran que esa intervención a facilitado y modernizado las relaciones entre empleadores y trabajadores, pero también otras que muestran que a la subordinación original de los trabajadores ante el poder económico del empleador, se suma la subordinación política de las organizaciones de los trabajadores a determinados regímenes que la utilizan especialmente para preservarse en el poder.

La intervención del Estado en lo que refiere al funcionamiento de las organizaciones de los trabajadores, ha sido un hecho de vieja data. Tanto en los regímenes civiles de los cuarenta años que van de 1958 hasta 1998, como en el régimen militar-cívico sin alternancia de este siglo XXI, esa intervención ha sido notable. Para efecto de las negociaciones colectivas sus consecuencias han sido entre uno y otro período notablemente diferentes. 

  En el inicio de la etapa civil de los cuarenta años que se iniciaron en 1958 las negociaciones colectivas partieron de un estado limitado por la propia naturaleza del aparato productivo nacional caracterizado por lo tradicional, con pocas empresas del tamaño suficiente para servir de escenario a reales relaciones colectivas de trabajo. Es por lo que en 1960 se celebraron 680 convenios colectivos, que fue un número importante visto que en la década de los cincuenta eran muy pocos los que se celebraban. En los siguientes años de este inicio de los años 60 gradualmente fue creciendo el número de convenios colectivos hasta llegar a superar la barrera de los mil convenios colectivos firmados en 1965. De ahí en adelanta se consolidó este proceso en las relaciones laborales. 

Las relaciones de trabajo en el país asumieron el fomento de las negociaciones colectivas por parte de las instituciones claves en su funcionamiento, las centrales sindicales y sus organismos afiliados, los gremios empresariales y las empresas, y la política laboral gubernamental y estatal en general.

  En el presente vemos que en convenios colectivos hemos regresado en estos últimos años al número de convenios que se negociaban hace más de cincuenta años. En los años 1961 y 1962, los convenios negociados fueron 684 y 642, un poco más que los 628 convenios firmados el pasado 2015.   

  

 Estos resultados los hemos comentado en otras contribuciones, pero para tratar de razonarlos desde una perspectiva general, que atienda a mirar el modelo de desarrollo que sirve de marco a esta regresiva evolución laboral, se precisa una síntesis de las opciones de dicho modelo y el papel que en el juegan las organizaciones de los trabajadores, y tenemos por un lado un modelo de desarrollo: 

A- Que coloca el eje de la acumulación económica en la reindustrialización y la expansión del sector productivo apoyada en la redistribución progresiva del ingreso. Esta alternativa fortalece a su vez al movimiento de los trabajadores y con ello a las relaciones laborales.

  Por otro lado un modelo de desarrollo:

B- Basado en transferencias directas a los sectores populares, cuya mas generalizada expresión es por la vía de las misiones; lo que a su vez ha servido para el control social y así como se ha prestado para  fomento de la corrupción; dejando de lado la recuperación y fortalecimiento del sector productivo. Esta alternativa es independiente y ajena del quehacer y aportes del movimiento de los trabajadores. 

  Nuestra realidad económica y política en estos procesos de negociaciones colectivas, así como su materialización en los contratos y convenios colectivos, que protejan y mejoren las condiciones de remuneraciones y de trabajo en general no ha recibido la atención del régimen promotor de esquemas de desarrollo como el mencionado en B. Están planteadas tareas inmensas para llenar el vacío y retroceso que el actual modo de conducir las relaciones laborales ha dejado en estos años recientes.   

hector.lucena@gmail.com

@hl_lucena

DESMONTAJE DE LAS RELACIONES LABORALES

Uno de los viceministros del área laboral sigilosamente desliza que “no descarta otro aumento salarial” (portal de Ultimas Noticias del 2-10-16), apenas a un mes de entrada en vigencia de reciente incremento del salario mínimo y del bono de alimentación.

  Se desconoce cuanto se ha cumplido el aumento que entró en vigencia este primero del pasado mes de septiembre y cuál ha sido su impactos para los trabajadores, su familia, para las empresas y para el sistema productivo del país. Se trata de tareas por cumplir que tienen los órganos estatales, son tareas ordinarias de ejecución permanente de aquellos entes que han de construir las bases para la toma de decisiones así como los que son receptores de informes, denuncias, realizan inspecciones y disponen de un funcionariado para así llevar el hilo de decisiones importantes como son las salariales. 

  Se reiteran que sobre salarios se toman decisiones sin conexión con otras variables que concurren a los asuntos centrales para los cuales los salarios sirven, como es su capacidad adquisitiva y el papel que juegan en el estímulo del sistema productivo. 

 Hacer anuncios sobre aumentos de salarios con tanta ligereza fomenta el descreimiento de productores y consumidores, no en el hecho de que no se decreten, claro que pueden ocurrir visto la existente centralización de decisiones en el Ejecutivo en grado extremos y por tanto la desarticulación de las relaciones laborales y el deterioro del tejido productivo, y disponiéndose de dudosas bases legales dadas las continuadas prórrogas de decretos de emergencia económica al margen de los requisitos constitucionales; todo ello somete al país y sus ciudadanos a la incertidumbre y la desconfianza en el rumbo de sus vidas y de las empresas. 

  Sobre la desarticulación de las relaciones laborales, es elocuente reconocerlo al analizar la memoria más reciente del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo -MPPPST-, la del 2015, siendo fundamentales las organizaciones de los trabajadores para que se materialicen y funcionen las relaciones laborales, en todo este texto de 370 paginas, se menciona la palabra sindicato sólo una vez, igual ocurre con la de autonomía y la de pliegos conflictivos. Otras instancias de los trabajadores como sindicalismo, federaciones, convenios colectivos, huelgas ni siquiera se mencionan, para la memoria que reporta todo un año de actividad laboral estas categorías no existen. Negociaciones colectivas se mencionan tres veces; libertad sindical 5 veces; participación de los trabajadores y las mismas relaciones laborales, 7 y 8 veces respectivamente. Aunque estas últimas se mencionan más por las denominaciones de unidades administrativas en el propio organigrama. En general, todas estas categorías ya experimentaban el desdén del régimen y su modelo laboral desde hace muchos años, ya que igual análisis realizamos en la memoria ministerial del 2007 con resultados similares.   

  Pero en cambio, en la misma memoria ministerial del 2015, véanse los términos más mencionados: clase obrera y/o trabajadora 55 veces; patria 54; inspección 53; control 50, socialismo 29 y Chávez 10. En estas categorías si se evidencia un marcado crecimiento de su recurrencia al compararlas con la memoria ministerial del 2007. Las mismas ya mencionadas y con igual orden: 11, 3,17, 40, 6 y 0. Esto sugiere que el régimen viene prestando mayor atención al diseño y fortalecimiento de un institucionalidad subordinada y controlada en el mundo laboral. La clase obrera/trabajadora que se menciona es para su control y subordinación, y no para su fortalecimiento que le permita construir organizaciones propias dotadas de herramientas para su desenvolvimiento y profundización en el quehacer de la sociedad venezolana. 

  Vistas las menciones casi inexistentes por un lado, el de las categorías propias de las relaciones laborales, y la saturación por el otro, se deduce que más que un despacho que fomenta la institucionalidad de las relaciones laborales, lo que viene es contribuyendo a su desaparición a cambio de priorizar esquemas centralizados que no confían y por tanto ignoran la capacidad y autonomía de los actores sociales y laborales propios de todo funcionamiento de las relaciones laborales.

  A pesar del esquema burocrático y de los propósitos de como desde el poder gubernamental se visualiza este campo de la realidad, las organizaciones hacen denodados esfuerzos por ser y estar en los escenarios que le son propios; cierto que logran más visibilidad en los centros de trabajo, públicos y privados, pero mucho menos en los procesos de decisiones en las políticas sectoriales y macroeconómicas. 

  Aquí cabe volver con el modelo de relaciones laborales que nació e imperó en el país a lo largo de su historia laboral, el cual privilegió las organizaciones y el accionar por empresa o centro productivo. Obviamente no es una virtud, y hoy se revelan más sus limitaciones. 

  Recordamos una frase de un colega al analizar este fenómeno que solía decir que entre los dirigentes predomina “se prefiere ser cabeza de ratón antes que cola de león”. Los retrocesos experimentados en el período chavista por las relaciones laborales y sus actores, tanto del trabajo como del capital, pero más afectados los primeros, llevan a replantearse las organizaciones con identidad, autonomía e institucionalidad son más efectivas para la protección de sus afiliados, así como las relaciones con los otros interlocutores, especialmente aquellos gobiernos que ven a las organizaciones laborales sólo como sujetos de subordinación y por tanto de control.

VENEZUELA Y LA REGIÓN: excepcionalismo al reves

  Las reiteradas invocaciones al proceso político venezolano en las campañas electorales en Hispanoamérica y en particular al modelo de conducción gubernamental y sus consecuencias económicas y políticas, ha vuelto a ocurrir con énfasis en el reciente referéndum en Colombia, lo que nos lleva a analizar que es lo particular de lo venezolano que no deja de ser parte en los procesos electorales regionales. 

  Desde el mundo del trabajo importa reconocer que también en buena parte de Hispanoamérica en otros tiempos se veía con interés al modelo venezolano. Era reconocido que se conseguían buenos empleos, había espacio para la creación y fomento de empresas, la moneda era la más fuerte de la región, y fundamentalmente se ejercían libertades al tiempo que en la región se perdían derechos y se extendía el autoritarismo. Al respecto, un distinguido investigador estadounidense, Steve Ellner con una amplia carrera académica entre nosotros en la Universidad de Oriente, en sus investigaciones de la época destacaba que el movimiento sindical venezolano después de 1958 aportó su contribución al mantenimiento y fortalecimiento del sistema democrático, en una etapa de amenazas e intentos de desestabilización, como lo fueron los golpes militares de derecha en San Cristóbal -1959- y Barcelona -1967-, por otro lado los levantamientos militares conjuntamente con partidos de izquierda en Puerto Cabello y Carúpano, y la insurrección guerrillera en la década del sesenta hasta la pacificación de inicios del primer gobierno de Rafael Caldera en 1968. 

  Pero superada esta etapa y junto a la inexistencia de conflictos armados, de relativa estabilidad y de no intervencionismo de las fuerzas armadas, se dio lugar a lo que algunos analistas, entre ellos Ellner, calificaran al desenvolvimiento político y laboral con la tesis del excepcionalismo; con ello se quería significar un comportamiento diferenciado del movimiento laboral y de la política venezolana diferente al resto del continente. 

  Es por ello que al tiempo que la mayoría de los países de la región sufrían retrocesos de sus sistemas de libertades, en Venezuela se consolidaba su estabilidad política y económica, convertida en centro de atracción de inmigrantes de América Latina, el Caribe y de Europa. 

  Pero en los años ochenta se hicieron visibles signos de pérdida de la estabilidad, y en Venezuela ya la tesis del excepcionalismo se constató que dejó de ser un predictor confiable, como lo reconoció el mismo Ellner; puede verse en su artículo “Tendencias recientes en el movimiento laboral venezolano: autonomía vs control político” en Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales, 2003, vol. 9, No. 3, UCV. 

  En ningún país de la región existen hoy propuestas importantes que quieran emular el modelo político, social y económico que predomina en Venezuela. De haberlo, lo mantienen bien guardado porque ahuyenta a posibles seguidores. 

  Los debates asociados con las elecciones refrendarias colombianas, especialmente en cuanto a sus resultados, plantean de nuevo la tesis del excepcionalismo pero en esta ocasión al revés. La región se caracteriza por el fortalecimiento de la democracia y la estabilidad económica, en tanto en Venezuela ocurre lo contrario. Predomina guardar distancia con el actual modelo venezolano, criticarlo y resaltar sus dificultades para gestionar un país con amplios recursos energéticos y mineros, que no le permiten a su población resolver con su producción y recursos propios la alimentación y el acceso a productos y bienes esenciales. 

  Los trabajadores dependientes y en general los sectores cuyo ingreso depende de su trabajo, sienten y ven con impotencia el desmejoramiento de sus condiciones de vida, al tiempo de la repetición de un discurso que invoca mecánicamente al socialismo y a la revolución, pero que nada de ello detiene la desmejora de los empleos y el poder adquisitivo de los ingresos. 

De haber sido el país que atrajo a grandes contingentes de migrantes, hoy es lo contrario, es un país que pierde valioso capital humano, tanto de nativos como de inmigrantes o sus descendientes que ahora apuntan a otro territorio. Por su parte, el capital que es más volátil y temeroso que el trabajo, reduce sus actividades y sólo deja aquellas que le permitan preservar la presencia en el mercado, abrigando esperanzas de un futuro con otra orientación política y económica.

  La controversia de que cada proceso político que haya de dirimirse en los países de la región se establezcan paralelos o al menos referencias con el actual régimen venezolano, también tiene sus fundamentos en el hecho de su pretendida exportación y aspiraciones de liderazgo regional, aunque hoy casi inexistente.

 Sobre la invocación del modelo de gobierno bolivariano ya es un lugar común mencionarlo en las campañas electorales de Hispanoamérica. En principio, desde los círculos más conservadores estigmatizan a dirigentes o propuestas de izquierda de aspirar repetir prácticas del chavismo. 

  Lo hemos visto en México (campaña candidatura de López Obrador), Perú (Ollanta Humala), Argentina (Scioli), e iguales situaciones se observaron en Paraguay, en algunos países del Caribe y de Centroamérica, y hasta en la política española, a pesar de un estrecho acercamiento en los inicios del Partido Podemos. Pero en la medida que se ha estabilizado como una tercera fuerza política en España y compitiendo con la segunda, ahora elude cualquier parecido con el modelo promovido por el gobierno venezolano.  

 En la región quedan las preguntas ¿Por qué Venezuela está hoy en la caótica situación política, social y económica? ¿Por qué la resistencia del régimen a reconocer y abrirse al diálogo con la representación mayoritaria en el parlamento? y finalmente, habiendo sido un régimen orgulloso de las frecuentes elecciones, la consulta popular, ¿Por qué ahora ni elecciones quiere hacer?

RELACION ENTRE EMPLEO,ECONOMIA Y POLITICA

  Para quienes viven de su trabajo, es decir, la amplia mayoría de la población, las opciones que ofrece el mercado laboral son las de ingresar en una empresa privada, o en el empleo público,  o hacerse de su propio empleo por vía de un emprendimiento, o en una muy pequeña proporción formar parte de la economía social, en donde destacan  las cooperativas. Este conglomerado de personas son las que constituyen los trabajadores y su movimiento.

  El empleo mayoritario se ubica en el sector privado, aunque en los años de la revolución bolivariana el empleo público creció vertiginosamente, pero aún así el empleo privado sigue siendo el más numeroso. En cuanto al empleo por cuenta propia, en donde se ubica el emprendimiento, aquí hay que distinguir aquellos que logran un nivel de actividad económica que le da a los emprendedores ingresos suficientes para el sustento familiar, y en algunos casos, hasta para acumular, y por otro lado, los que no lo logran y se mantienen en el amplio espectro de la informalidad y la precariedad. 

  De todos modos, en el empleo para entes públicos y empleadores privados también existen los empleos precarios, ya sea por la inseguridad en el sentido de no tener continuidad, por el bajo nivel de ingresos, o porque los empleadores no le satisfacen las tutelas establecidas en la legislación laboral y de la seguridad social. 

  En la historia de la legislación social venezolana ha habido una sostenida sensibilidad por la protección del empleo, desde los inicios de penalizar económicamente al empleador que injustificadamente le quita el empleo a un trabajador - la creación del pago doble- hasta la estabilidad absoluta de los últimos tiempos. Sin embargo, algunas limitaciones no han permitido que haya habido la debida correspondencia entre la letra escrita y la realidad. 

Empleo y economía

  A pesar del justo derecho al trabajo y su debida protección, no hay que olvidar a la economía. Lo primero no es sustentable sin esta última. Hay que vincular empleo y economía. Quienes gobiernan son ilusos si no tienen presente esta relación, en el fondo son irresponsables. Crear y proteger empleos, no es sólo un hecho político y social, también es un hecho económico. Es por lo que la mayor protección del empleo, tanto en su creación y permanencia como en su calidad la brinda un contexto en donde exista una economía estable y productiva. Cuando el gobernante no acierta en esta construcción esta labrando el camino para la no creación de empleos, para no ofrecer su continuidad y para desmejorar su calidad, independientemente de cuantas regulaciones elabore.

  Quienes han perdido sus esperanzas en conseguir un buen empleo o mantener su emprendimiento, muchos de ellos optaron por irse del país. Es una consecuencia fundamentalmente de como funciona el mercado laboral. Se sabe que problemas de inseguridad y políticos agregan razones, pero lo principal es lo señalado inicialmente.

  Hoy la canasta alimentaria que publican mensualmente el Cendas-FVM alcanza para agosto la cantidad de 383.925,20 bolívares mensuales para una familia de cinco miembros: cerca de veinte salarios mínimos (Ultimas Noticias, 26-9-16). Recordemos que el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) dejó de publicar este dato esencial para el trabajador y para la economía en general. Esta realidad precariza casi absolutamente todo el empleo público y privado, y buena parte de quienes tienen auto-empleo. Ante esta realidad cabe plantearse que papel juegan las regulaciones como la estabilidad absoluta. Es lo que subrayamos al destacar la brecha entre el papel y la realidad. 

  Este hecho que muestra al gobernante sin la capacidad para gestionar y liderar que la economía funcione debidamente, lleva al trabajador a desarrollar diversas estrategias personales, familiares, comunitarias, políticas y como clase trabajadora a buscar alternativas para su sobrevivencia. 

  Entre esas alternativas se tienen que cada miembro de la familia se ve en la necesidad de buscar ingresos, ya no solo alcanzan los del proveedor principal, sino que se agregan los de otros miembros familiares, en algunos casos sacrificando la atención de los niños y al hogar. También, el que tiene un empleo reduce su atención a las obligaciones que el mismo le impone para procurar los bienes esenciales para su subsistencia. La escasez impone destinar tiempo del descanso personal, de la convivencia familiar y de la ejecución del empleo, todo en la búsqueda de los bienes. También se multiplican las redes de distribución paralelas a los establecimientos formales del comercio que fijan precios varias veces por encima de lo regulado. Tanto la atención al empleo o a la actividad que da el ingreso, como el uso del tiempo, se constituyen en situaciones anómalas e irregulares que ahondan el deterioro de actividades productivas y generan zozobras en las personas y en general en las familias y comunidades. 

Empleo y política  

  Las personas gradualmente se han venido organizando vía comunidades para sobrellevar las penurias que imponen las consecuencias de las políticas económicas desacertadas. En un principio el llamado poder comunal lo estableció el régimen como un aparato dirigido desde el propio gobierno, pero ya una buena parte de los consejos comunales creados desde arriba, viven penurias que se dan cuenta que en la medida que sean instrumentos dóciles del poder los problemas no se resuelven, sino que, por el contrario, se ahondan. 

  Es en este contexto, que tiene que ver con el empleo, el ingreso, la subsistencia, el que dio lugar a la masiva emigración de venezolanos formados y dotados de plenas capacidades productivas, que hace que los que aquí perseveran cotidianamente, luchando entre su empleo público o privado, o por cuenta propia, haciendo los esfuerzos sobre humanos que sólo buscan estirar su ingreso y sobrevivir, y combinarlo con acciones ya en el orden ciudadano y político de promover que el gobernante que no acierte en la conducción, se ejerza el derecho de sustituirlo por otra alternativa que pueda hacerlo con más acierto para la amplia población trabajadora.

LA RECONSTRUCCIÓN DEL TEJIDO PRODUCTIVO

  En el país hay un compromiso con el sistema productivo, su actual estado obliga a replantearse propuestas para superar las dificultades que desde el punto de vista de su funcionamiento presentan la mayoría de las empresas. Cierto que es más notorio en las estatales, sean de las tradicionales o de las incorporadas en los últimos diecisiete años, pero también en las empresas privadas el complejo contexto no le es ajeno; es por lo que la situación obliga a analizar empezando por indagar qué fue lo que ocurrió para que estemos en esta catástrofe productiva y organizacional, para inmediatamente construir propuestas de alternativas y salidas productivas.

  Es importante distinguir que antes de que una porción de las empresas pasaron a ser influenciadas unas y hasta intervenidas otras con los nuevos conceptos que emergen en el llamado período de la revolución bolivariana, no todas las empresas andaban bien. Evidente que en el país se requería una reestructuración productiva, pero la generalidad de las empresas cumplían con sus compromisos laborales, con sus proveedores, con el Estado, y el país no vivió los extremos de escasez, inflación y corrupción que hoy se conocen. Está planteado encarar el desafío explicativo sobre qué fue lo que pasó para que nuestro país pasara en tan breve tiempo de un sistema que atendía necesidades de su propio aparato productivo, y lo más importante, las necesidades de sus ciudadanos,  a la actual situación. Se  agrega que dentro de este lapso se incluye el período en el cual el país recibió la mayor riqueza en divisas de toda su historia.

  En el presente se contabilizan en lo social todo tipo de indicadores de escasez de alimentos y productos esenciales, de desnutrición, con su consecuente secuela de conflictos, violencia, y extrema pobreza. Es una tarea a ser encarada en la reconstrucción del aparato productivo nacional. 

  En cuanto a la reconstrucción productiva no es extraño oír a interesados destacar la preocupación por la actitud poco comprometida que se pueda haber estimulado hacia el trabajo, en el sentido de destacar que la revolución bolivariana  no ha mostrado mayor preocupación por fortalecer valores que se derivan del trabajo. 

  Uno de ellos es el acentuado sectarismo que ha creado situaciones de apartheid político que se han llevado a extremos al interior de las organizaciones productivas. Listas de miembros del partido, listas de opositores, que de paso se tiende incluso a concebirlos como enemigos, listas de recomendaciones, el nepotismo que es más acentuado cuando proviene de los niveles más altos de la pirámide de gobierno, y finalmente la extendida militarización que en esta fase del madurismo, amplió sus tentáculos. Y todo esto por otro lado ha sacrificado a millones de venezolanos en sus carreras, sus méritos, profesionalización, esfuerzo, y la antigüedad en las organizaciones, dejando insatisfacción no sólo en los afectados directos, sino a familiares y en especial a los jovenes que ven una perspectiva sombría a sus futuras carreras laborales. 

  Los nuevos paradigmas productivos que tarde llegaron a nuestro país, como consecuencia del retraso en industrializarse y modernizarse como país productor de bienes y servicios distintos a los hidrocarburos y los minerales, que fueron quienes sustentaron la economía por largas décadas. Los intentos de la década del sesenta en adelante por construir una nueva economía basada en la industria que a su vez sustituyera importaciones, y que años más tarde por los acuerdos de integración era necesario abrirse a los mercados regionales, para ir especializando aquellos sectores con ventajas comparativas en una primera fase. 

  En pocas actividades económicas se avanzó en crear organizaciones modernas que acogieran nuevos paradigmas productivos, conceptos de justo a tiempo, de formación permanente, de grupos de trabajo, de esquemas participativos, de énfasis en la calidad y la competitividad, de eliminar los desperdicios y evitar los re trabajo, las devoluciones y los atrasos, someterse a las auditorías de productos, de procesos y de todo aquello que conforma el quehacer productivo,  y someterse a las comparaciones con competidores para ir superando metas, en la inversión en innovación y en mejoramiento de procesos. Todo esto demandaba una gerencia disciplinada, con liderazgo, estudiosa, con credibilidad en los valores del trabajo, la disciplina, la ética, el respeto a cada miembro de los equipos de trabajo. Así también en los cuadros del equipo que tenía responsabilidades en la conducción del negocio, que reconoce a cada miembro del personal como un ser con plenas capacidades de análisis y operatividad, de aportar mejoras a los procesos, y de ser partícipe de la gestión.

  Sí reconocemos que no se avanzó suficiente en estos esquemas organizacionales para lograr mejores productos, ambientes de trabajo y altas calificaciones de los trabajadores, pero sí se estaban dando pasos algo tímidos en algunos sectores y empresas. Incluso con insuficiente orientación desde el Estado y las políticas públicas, y también con insuficiente integración con el sistema académico de las universidades nacionales, en cuanto a la formación de los recursos humanos y a la investigación, ya que todo esto tiene un importante potencial de aportes.    

  Hay que reconocer que estos esquemas en aquellos centros productivos en donde alcanzaron un cierto grado de avance, el contexto de funcionamiento económico y político de estos últimos años ha dado lugar al surgimiento y existencia de obstáculos para su permanencia y desarrollo. 

  Toca reconstruir el maltrecho tejido productivo, replantearse cuales han de ser los esquemas mas idóneos para atender un país que lleva años sin invertir, sin actualizarse tecnológicamente, que hoy cualquier otro país de menor dimensión en su economía nos supera, para que se relance a recuperar los niveles de consumo y producción perdidos, y que al mismo tiempo construya una visión de país que supere las heridas y traumas que se han multiplicado en estos últimos años, que son un lastre para ver con optimismo una mejor sociedad para todos.

hector.lucena@gmail.com

@hl_lucena

OBSTACULOS A LA ORGANIZACION DEL TRABAJO

Sobre los procesos de trabajo así como la organización que demanda que en las empresas se desarrollen normalmente las actividades, las que dan lugar a lograr la elaboración de los productos y servicios para las cuales fueron creadas, hemos destacado que no han sido temas noticiosos, es decir que no han dado lugar a la atracción de la opinión pública. Que más bien los temas del mundo del trabajo más referidos en los medios son aquellos que ocurren en el contexto que lo circunda y no tanto en el centro de las actividades productivas, es decir en el foco de los procesos y de la organización del trabajo.

  Entendiendo los procesos de trabajo como aquellas actividades que ocurren directamente entre un trabajador y lo que se le demanda desde la empresa para contribuir a elaborar un bien o servicio. Y en cuanto a la organización del trabajo se refiere al conjunto de aspectos técnicos y sociales que intervienen en la producción, así como a la división del trabajo entre las personas y entre estas y los equipos que se requieren, enmarcado todo en el medio ambiente de políticas públicas, de reglas, normas y tradiciones de ese campo productivo. Es una construcción social, histórica, modificable y cambiante.  

Y ¿Cuáles son las actividades o los hechos del mundo del trabajo que mas frecuentemente levantan la atención mediática? No son temas menores, ya que refieren a asuntos esenciales en la vida de las personas, las empresas y las sociedades. Veamos: 

1.   La insuficiencia de los salarios para vivir dignamente. Cuando estos están por debajo de la inflación se deteriora la vida de las personas, con toda razón es un hecho que ha de llamar la atención. Por eso todos los días se conversa de precios, costo de vida, escasez, y las dificultades que ello acarrea para la vida familiar y social. 
2.   Tener o no tener un empleo, o que tipos de empleo son los que se crean en una sociedad. Del otro lado la pérdida de empleos es un hecho alarmante, ya que las personas lo requieren. No tener trabajo es un hecho grave en la sociedad moderna y la vida urbana. Por eso los despidos son equivalentes a pérdidas de vida y tiempo productivo. Es deseable poder conocer mes a mes cuantos empleos se crean y cuantos se pierden, verlos por sectores, por estados, así como que tipos de empleos, habida cuenta que los hay estables e inestables, dignos e indignos, tutelados e informales . 
3.   Que haya continuidad en la vida productiva no es noticia, pero sí lo es cuando ella se quebranta aunque no todo tipo de quebrantamiento, sino aquellos que vienen acompañados de acciones sindicales en la diatriba y la confrontación de las relaciones laborales entre sindicatos y patronos. Agreguemos que las paralizaciones con motivos de controversias laborales alcanzan proyección cuando refieren a productos y servicios que afectan a numerosas porciones de la población y de las empresas. 

  En nuestra sociedad dado su modelo productivo que identificamos en pasada contribución como MEEE (Militarista, Estatista, Entreguista y Empobrecedor), ha producido un hecho notorio como es haber dado lugar a que los procesos y la organización del trabajo se hayan convertido en asuntos relevantes y del interés de la sociedad toda, y de esa manera llamar la atención de la cotidianidad de estas dimensiones del mundo laboral. 

  Una importante muestra de lo afirmado en los anteriores numerales se deduce de lo informado recientemente por el principal grupo empresarial privado en la producción de alimentos ( “Polar puede elevar su producción en un 67%, El Mundo, Economía y Negocios del 13-9-16).

  Se destaca que al haberse convertidos algunas corporaciones y entes determinados por el Estado en los únicos que manejan la importación de alimentos, así como de las materias primas para su fabricación local, se producen situaciones que afectan los procesos y la organización del trabajo en al amplio y diverso tejido productivo. Esto se ha traducido en ritmos enlentecidos, irregulares o en parálisis de los procesos de trabajo, en quebrantamientos de los flujos entre las distintas fases al interior de una empresa y en las relaciones entre varias de ellas que conforman la cadena correspondiente. Se agrega que han tenido que pagar materias primas por encima de lo que le costaría a esta corporación si los importara directamente. 

  En un principio lo anterior da lugar a un uso irregular del tiempo de trabajo de las personas, de los equipos y de la infraestructura productiva toda. La nación pierde al no producir la riqueza para la cuales están diseñados esos diversos elementos. 

 Que el grupo Polar informe que deja de producir mensualmente 35 millones de kilos de alimentos, lo que es un hecho centrado en la manera como se desenvuelven los procesos y la organización del trabajo en esas plantas, que en su larga tradición era ejemplo de no parálisis, de eficiencia, de un efectivo ambiente laboral para la continuidad, la innovación y la entrega de productos a los consumidores. Como todos perdemos con estos hechos, es por lo que las políticas públicas han logrado un hecho notorio, que la sociedad toda aprecie lo fundamental que es una organización del trabajo efectiva para su mejor funcionamiento.  

hector.lucena@gmail.com
@hl_lucena

Modelo Militarista, Estatista, Entreguista y Empobrecedor - MEEE -

 Ver gobernar un país y apreciar el constante y continuado deterioro, sin que se tomen medidas que lo reviertan, y que más bien aquellas que se ponen en práctica lo que logran es ahondar las dificultades, se convierte en un tema de muy seria consideración. De allí las consecuencias y los impactos para el país, para la sociedad toda y las personas que lo viven.  

  Los indicadores sociales y económicos se dejaron de publicar, los pocos que aún se dan a conocer entran en la duda de por qué unos si y otros no, lo que estimula percibir sus sesgos. Le sirve al régimen para edulcorar su fachada.

  Las consecuencias de las políticas sociales y económicas nos empujan a escenarios alarmantes, como crisis humanitarias, hiperinflación, estancamiento y hasta pérdida de soberanía. 

  Seguir respondiendo con la tesis de la guerra económica no aminora en nada la situación, sólo sirve para seguir militarizando la sociedad, y recientemente la cesión del pleno control de la cadena alimentaria en manos militares. Los ministerios de la economía y la producción se subordinan a los criterios militares, y junto a ello la gran cantidad de corporaciones, empresas estatales y entes subordinados que participan de esta cadena. Es lo que lleva a identificar el régimen de militarista y estatista, pero además se observan consecuencias como la pérdida de soberanía y el empobrecimiento de la población. 

  Se ha manifestado, con razones que la soberanía implica tener seguridad alimentaria. Contar con más de 170 mil miembros de los cuerpos armados, y con amplia dotación de armamento adquirido aún bajo las dificultades económicas de estos tiempos, puede permitir que el control militar de la cadena alimentaria se haga con rigor y en las distintas instancias desde los espacios agrícolas, pasando por los procesos de transformación y llegando hasta los de distribución a los consumidores, pero todo ello en absoluto no hace crear la producción en los rubros o ramas donde no la hay, ni incrementar aquella existente. 

  Para crear producción, incrementar la existente y mejorar los procesos productivos, lo que más  falta hace es la confianza, la certeza de reglas claras para los que producen, el respeto a la propiedad, los incentivos para quién corre riesgo, el trabajo asalariado o autónomo con protección tanto de los individuos como de sus organizaciones gremiales, el dejar en manos de quienes tengan los saberes y los conocimientos el manejo de las instituciones del sector de la alimentación, la formación para mejorar las calificaciones, el promover la carrera de los productores, el fomento de la innovación y la investigación en alianzas con los centros dedicados a estas actividades, el hacer convenios que permitan llegada de inversores que realmente nos transfieran tecnologías.   

  Es en estos procesos descritos en donde está la soberanía. Ella cuando se refiere a la producción no es un problema de armas y aprestos militares, es un problema de la sociedad con énfasis en los productores tanto los que aportan capital como los que aportan trabajo y saberes. Lo militar es bienvenido para que contribuya en dar seguridad al territorios del campo y de la vida productiva en esas amplias extensiones. Si hay abandono del campo en buena medida es porque el Estado dejó de prestar la protección que ahí se necesita. 

  Importante destacar que el proceso de finiquito de la guerra en Colombia aún no ha culminado, en principio ha de esperarse el resultado del referéndum, y como se sabe por muchas décadas nuestro territorio ha sido el aliviadero de esa crisis. La soberanía que se vocea con la alimentación, y que no la tenemos, también la soberanía es de dudosa tenencia en el resguardo de las fronteras. Ya lo hemos visto con el uso indiscriminado de nuestros espacios por toda clase de negocios oscuros con el narcotráfico, la minería depredadora, grupos de irregulares armados dedicados a la extorsión y el secuestro. De alguna manera hemos sido un Estado entreguista. 

  Tampoco la militarización parece apuntar a hurgar en la multimillonaria pérdida de recursos en el antiguo Cadivi y el posterior Cencoex, así como en las empresas artificiales, de maletín, ya denunciadas por personeros de alto nivel en el Ejecutivo en tiempos de Hugo Chávez, al menos hasta el presente nada dice al respecto. El habla popular suele decir que quién calla otorga.

  Todos esos recursos que han sido esquilmados han empobrecidos la vida productiva y social de los venezolanos, de ahí que nuestro modelo ha sido un promotor del empobrecimiento continuado,  es por lo que este año se espera un menos 10 en el producto nacional, y una inflación de más de setecientos por ciento. 

  El modelo productivo venezolano de hoy es el MEEE,  es decir Militarista, Estatista, Entreguista y Empobrecedor.

  

LA LIBERTAD DEL TRABAJADOR PÚBLICO

  Las amenazas y los despidos a prestadores de servicios en entes estatales se han multiplicado a partir de los trámites para el ejercicio de la capacidad de revocación del Presidente. Se trata del ejercicio de un derecho establecido en el artículo 72 constitucional:  “Todos los cargos y magistraturas de elección popular son revocables. Transcurrida la mitad del período para el cual fue elegido el funcionario o funcionaria, un número no menor del veinte por ciento de los electores o electoras inscritos en la correspondiente circunscripción podrá solicitar la convocatoria de un referéndum para revocar su mandato.

Cuando igual o mayor número de electores y electoras que eligieron al funcionario o funcionaria hubieren votado a favor de la revocatoria, siempre que haya concurrido al referéndum un número de electores y electoras igual o superior al veinticinco por ciento de los electores y electoras inscritos, se considerará revocado su mandato y se procederá de inmediato a cubrir la falta absoluta conforme a lo dispuesto en esta Constitución y la ley…”

Se hace necesario referir:

1- A lo largo del siglo XX hubo un gran avance en la protección del trabajo dependiente. En nuestro país la Ley del Trabajo de 1936, las Constituciones de 1947 y de 1961, la Ley Orgánica del Trabajo de 1990 y terminando el siglo la Constitución de 1999, se notaba el avance en la protección del trabajo dependiente.

El trabajo dependiente más protegido en principio fue el que se prestaba a las entidades privadas, fue algo más tarde que se conquistó la protección para quienes prestan servicios al Estado, en nuestro caso la carrera administrativa de principios de la década del 70. Los funcionarios que alcanzaron el estatus de carrera lograban estabilidad en sus cargos, en ese  sentido avanzaron a más protección que los trabajadores en el régimen de la ley del trabajo.

2- La primera experiencia de revocación presidencial ocurre con contratiempos y dificultades especialmente las planteadas por el CNE a los promotores, desde la presentación de una primera solicitud en agosto del 2003, la cual fue rechazada y obligó a una nueva recolección presentada en noviembre de ese mismo año hasta su efectiva celebración en agosto del  2004, que le dio el triunfo al gobernante. 

3- Hay que destacar que la Constitución de 1999 ahonda y fortalece el presidencialismo, y ello junto a la experiencia de la pérdida del balance de poderes le ha permitido al Ejecutivo erigirse como poder supremo por encima de los otros poderes. En ese sentido, el arbitro de los procesos que implican las consultas electorales asume posturas favorables al gobernante. Destacable su rigor con la oposición y al mismo tiempo flexibilidad con el gobernante.   

  En el marco del periodo de activación de los procedimientos para la  primera solicitud de referéndum presidencial, promovido desde  agosto de 2003, se puso en práctica por vía de Decreto Presidencial la Misión Identidad, que tenía por objeto en principio, entregar cédulas a venezolanos que no la poseían se señalaba que alcanzaba a varios millones y que no tener cédula de identidad era una situación de desigualdad, que su provisión fortalecía la ciudadanía. Esta  misión se inició en Octubre del 2003 y en un año distribuyó 8.710.804 cédulas de manera fácil, rápida y sin costos para el solicitante.

4-  Esta misma Misión Identidad se extendió a regularizar la situación de inmigrantes indocumentados, pero fue más allá facilitando procedimientos para conceder la nacionalidad. En el curso de los tres meses previos al referéndum presidencial del 2004, la cantidad de 231.791 extranjeros, casi todos antiguos indocumentados recibieron la nacionalización, y  la entrega de la cédula de identidad siendo incluidos en el registro electoral uno o dos días después. 

Campañas para regularizar la situación de indocumentados son conocidas en otros lugares del mundo, pero nunca una que al mismo tiempo les concediera la nacionalidad y los convirtiera automáticamente en poseedores de todos los derechos de un votante. Fue un proceso que no experimentó deliberación alguna. 

5- Muy por el contrario de la amplitud en hacer concesiones como la indicada en el punto anterior, el Ejecutivo y todos los poderes que controlaba, fueron arbitrarios con los solicitantes del revocatorio que eran funcionarios al servicio del Estado. La llamada lista Tascón sirvió a partir de ese momento de instrumento de castigo para despidos, vetos y negativas a ingresar a la función pública o tener alguna vinculación laboral o comercial con los entes estatales. Cuatro millones de venezolanos fueron objeto desde ese entonces de un apartheid político  

6- El primer referéndum para modificar la nueva Constitución ocurrió apenas a siete años de su vigencia, 2007, pretendiendo quitar el límite a una sola re elección a todas las autoridades - la reelección indefinida- la mayoría dijo no pero poco después el gobierno insistió con ese objetivo y logró la reforma. Ahora tiene más sentido el derecho a revocar.

7- Los ejecutores de las amenazas contra los funcionarios lo hacen en nombre del partido de gobierno y autoridades ejecutivas atienden sus mandatos. Por ello las personas despedidas destacan que  prestan servicios es al Estado, y no al partido gobernante. 

  Se reconoce que un partido en el ejercicio gubernamental dispone de un pequeño segmento de funcionarios de muy alto nivel que son escogidos sin seguir procedimiento alguno, que no tienen que provenir de la carrera funcionarial ni haber ingresado por concurso como se exige a los funcionarios beneficiarios del estatuto. Ahora de ¿cuales niveles jerárquicos hablamos para que puedan ingresar por estas vías expeditas basadas en la confianza y no en los procedimientos? Se entiende que hablamos de los Ministros, Vice-Ministros y otros cargos de similar jerarquía. No puede estar sujeto a presiones del partido gobernante un funcionario que lleva toda o buena parte de su vida laboral en el servicio público. Respetar sus criterios en hacer uso de derechos constitucionales, como es revocar a un Presidente que ya una amplia mayoría de la población manifestó la perdida de su confianza en su gestión pública, como fueron los resultados del pasado 6 de Diciembre.    

MAS SALARIOS, PERO NO MENOS POBREZA

Cada vez es más inusual que se pueda tener un empleo estable y bien remunerado. Lo primero es más viable que lo segundo. La estabilidad puede ser forzada por la aplicación puramente de regulaciones y la vigilancia de autoridades, pero también puede ser de otra mejor manera como cuando  el empleador y la entidad productiva permite las posibilidades y la viabilidad para ofrecer condiciones estables de empleo y remuneraciones.

  En los entes públicos la situación es diferente, la estabilidad deja de existir si se mantiene públicamente una posición de oposición o de discrepancia. Esto se entiende como parte de una cultura autoritaria que administra los empleos al servicio del Estado como empleos al servicio de la parcela política gobernante, y que por tanto se puede desde esas esferas decidir sobre el ingreso, la permanencia y el término de la relación de trabajo de los trabajadores, independientemente de la antigüedad acumulada, de la calidad y responsabilidad en el ejercicio de sus funciones.

  En ese orden, en los últimos meses se han vuelto a repetir situaciones penosas para funcionarios y trabajadores al servicio del Estado venezolano, quienes haciendo uso de derechos constitucionales han sido objeto de amenazas y atropellos por parte de personeros y funcionarios de mayor jerarquía, que han determinado procedimientos para impedir el ejercicio de derechos y en casos más extremos el despido arbitrario, con el agravante de no tener a quién apelar para que con autonomía trate el caso, para estos trabajadores no existe administración del trabajo, ni administración de justicia.

  Lo de tener un empleo bien remunerado si resulta en estos tiempos muy excepcional. Y no tiene solo que ver con el desempeño del trabajador, ni tampoco con la organización del trabajo, ni con la conducción de la empresa, tiene más que ver con factores externos al centro productivo que provienen del contexto, y por tanto la empresa y su personal son receptores de consecuencias que no determinan.

  Es por ello que la revisión salarial es un asunto que demanda analizar varios factores, en primer lugar el costo de vida, tanto en salarios como en productos necesarios para las familias y junto con ello la permanencia de la fuente de trabajo. Hay que mirar el costo de la canasta alimentaria y de la normativa. Verla en el momento de la revisión, en el reciente pasado y estimarla para el futuro inmediato. Y para estas estimaciones en los tres tiempos, ha de existir una metodología compartida por los reguladores (gobierno), empresas y trabajadores, en la que se consideran diversas formas de ajustes y sus mecanismos de financiamiento, entendido que es con mayor producción y productividad como son sostenibles los incrementos.

  Por supuesto que una revisión salarial, no es ajena a otros factores del quehacer económico en donde se ubica la política salarial. Necesario asegurar condiciones para que las empresas funcionen en su quehacer productivo, que tengan recursos o accedan a ellos para sus materias primas, equipos de trabajo, mercado para sus productos, y relaciones estables y justas con su personal. Reglas claras y certidumbres. Lo contrario genera incertidumbres o aún peor dificultades para cumplir con las remuneraciones justas y el empleo estable.

  Hacer publicidad destacando que en los últimos tres lustros se ha incrementado el salario mínimo en 30 ocasiones, no es un indicador que revele una política salarial exitosa, ni siquiera razonable. Refleja que no se ha logrado la estabilidad salarial para que trabajadores y empleadores funcionen regularmente en cuanto al precio de la fuerza de trabajo. Estas intervenciones estatales niegan a los actores de la producción, quienes no cuentan con autonomía para el ejercicio de una política de remuneraciones acorde con sus esfuerzos y posibilidades.

Igualmente, destacar que el salario mínimo es una política del ejecutivo que beneficia directamente a más de diez millones de trabajadores que devengan este monto, es un abierto fracaso. El salario mínimo es para el ingreso a la actividad de trabajador dependiente. Que luego de adquirir una cierta experiencia y conocimiento, ha de pasar a un nivel mayor de remuneración, mantenerlo en el salario mínimo sólo aplica para trabajos que no demandan ningún conocimiento específico o experiencia de tiempo dada.

  El sentido común que se aplica en una empresa, cabe igual en una familia; en un hogar se administra un presupuesto de ingresos y egresos. El funcionamiento familiar implica acuerdo entre todos los miembros, con la conducción de los adultos, en quienes recae la mayor responsabilidad para que los ingresos y egresos se equilibren; y si no fuera posible se toman decisiones, se identifican planes y estrategias para ir resolviendo.

  En una empresa se tiene a los propietarios, a los gerentes y a los trabajadores. Se administran ingresos y egresos. Hay que responderle a los tres componentes internos. El papel del Estado es vigilar que esto funcione, que se produzca para el mercado por un lado, y que se cumpla con los trabajadores por el otro; y que se paguen los impuestos y las tasas correspondientes.

  Pero también el Estado es productor, tanto de bienes como de servicios. Los ciudadanos requieren tener mecanismos para exigirle el cumplimiento de sus funciones. Por ello los poderes públicos han de ser independientes del Ejecutivo, es decir gobierno. Los  poderes Legislativo, Judicial y Ciudadano deben tener autonomía e independencia del ejecutivo, de lo contrario no hay control en quién administra los ingresos de la nación, y además maneja los activos de todo orden que pertenecen a la República.

  En la presente situación del país los ciudadanos, tanto actuando como trabajadores o como empresarios, no tienen la posibilidad de ejercer control en los actos del gobierno, es una condición esencial para que se pueda construir una política salarial. Resulta una simplificación pretender resolver el problema salarial al margen de la producción y  de los actores laborales, y que solo por vía de decretos de aumentos salariales y bonificaciones, la calidad de vida del  venezolano podrá  revertir el deterioro sostenido que lleva luego de varios años de recesión y de alta inflación.

AUMENTOS SALARIALES E INCERTIDUMBRE

De nuevo un anuncio de incrementos del salario mínimo y del bono de alimentación levanta más inquietudes y preocupaciones que satisfacciones. Es un reflejo de la incertidumbre que alcanza a trabajadores y empleadores. Predomina la desconfianza en los actos gubernamentales. Analicemos algunos elementos que explican el por qué de la incertidumbre. 

1-  En primer lugar ver y decidir sobre los ingresos de los trabajadores sólo desde la perspectiva del Ejecutivo. Se continúa ignorando al poder Legislativo para tratar la materia, aún más cuestionable esta marginación tratándose de un poder electo en fecha reciente con una marcada mayoría. Obviamente es un reflejo de la crisis de relación entre los poderes. Igualmente esta fractura nos comunica la falta de diálogo no sólo entre los poderes públicos, sino del Ejecutivo con la sociedad en general.

 2- Un segundo elemento de incertidumbre es tratar el tema del precio del trabajo al margen de otras variables económicas como la inflación, el consumo, la producción y de los actores representativos de las empresas y de trabajadores. Al aumento que significan estos ingresos, al trabajador y a los consumidores en general la primera inquietud que les asalta es plantearse cuanto tendrán que pagar por los bienes y servicios.

Se tiene la certeza que el deterioro del tejido productivo y la baja de los ingresos por exportación de petróleo, así como los compromisos internacionales que limitan nuevos financiamientos y por el contrario se destacan las amenazas y riesgos por  compromisos de pagos, que han dado lugar a concesiones de activos de la nación que comprometen nuestro presente y futuro.

 3- Un tercer elemento es la opacidad que persiste en asuntos sensibles al seguimiento de la vida productiva y de consumo. No se publican desde las entidades estatales existentes para tales fines los datos necesarios para el seguimiento que requieren los actores. El BCV es un instrumento de la política del Ejecutivo y por tanto ha perdido la capacidad de orientar y tener posiciones que lo hagan creíble ante la sociedad. Un país en donde sus autoridades no publican los datos económicos básicos no ofrece certezas a sus ciudadanos ni a la comunidad internacional, en donde existen entidades económicas con las cuales tenemos relaciones. Somos miembros de instituciones como: ONU, Opep, OEA, Mercosur, Unasur, BID, FMI, OMC, CAF, Banco del Sur.

4- Favorecer el incremento de los ingresos de los trabajadores por vía del bono de alimentación que como se sabe no es salario, y por tanto sin incidencias en otros beneficios ni la seguridad social. Esto fue llamado en el pasado, década de los ochenta, como la bonificación salarial, y obviamente condenado por el movimiento sindical autónomo de la izquierda de entonces, quienes gestionaron judicialmente la demanda de que se considerar la bonificación como salario y lograron  una respuesta favorable de la Corte Suprema de Justicia, lo que sería el TSJ de esa época.

Luego derivó en medidas legislativas que impusieron un tope a estos ingresos, señalado en la reforma de la Ley Orgánica del Trabajo de 1997, que no debían de exceder en más de un 20% del salario de los trabajadores. Mas tarde la Ley de Alimentación para los Trabajadores y Trabajadoras promulgada en 2004 subió este tope a un 30%, pero esto fue derogado el pasado año. Se ha regresado nuevamente a la bonificación salarial, y en esta ocasión el sindicalismo ha formulado sus cuestionamientos sin impacto alguno. Importante es tener presente la falta de autonomía del poder judicial, lo que obviamente es un factor determinante de la incertidumbre.

5- Igualmente, se destacaba que la bonificación salarial perjudicaba también a la seguridad social, ya que ella percibía sus ingresos en base al salario, sin incluir lo bonificado, que en su situación más extrema llegó a tener una relación que un salario mínimo de Bs15.000, de los de entonces, que serían hoy 15 millones ya que con el Bolívar fuerte en el 2008 se le quitaron los tres ceros y si se los regresamos entonces se multiplican por un mil.

6- En los últimos años se ha incrementado el número de beneficiarios de las pensiones de jubilación, resulta contradictorio que se favorezca una política que vaya en detrimento del fortalecimiento de la seguridad social. De todas maneras la opacidad en el manejo de los ingresos que aportan los trabajadores y los empleadores a la caja de la seguridad social, que por muchos años ha sido y sigue siendo inauditable, desde lejos no alcanzan para cubrir las erogaciones que representan las pensiones. Tal modo de manejar la seguridad social coloca el sistema pensional como un híbrido entre la seguridad y la asistencia social.

7- Al establecerse el salario mínimo en Venezuela en 1975, por un período fue solamente referencial, hasta fines de los 80, ya que era el salario de ingreso. Al poco tiempo de estar desempeñando sus ocupaciones los trabajadores recibían mayores ingresos, por eso había una brecha notable entre el salario mínimo y los salarios promedios. Hoy resulta que es el salario de ingreso y de estadía laboral, y se deben tener ciertas calificaciones para estar por encima del salario mínimo, lo que determina que eso es lo que percibe la mayor parte de la población asalariada.


8- Finalmente, véase que se vienen decretando incrementos de salarios y de bonos, tres y cuatro veces al año, pero continúa el empobrecimiento de los trabajadores y el cierre de empresas. Todo lo cual sugiere la necesidad de replantear la manera de darle a los trabajadores soluciones que reviertan su empobrecimiento. Una meta sin cumplirse y un reto para mañana.

DIVERSAS CONFLICTIVIDADES DE LOS TRABAJADORES

Los conflictos por motivaciones laborales venían siendo los más frecuentes en los reportes del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social -OVCS-, alrededor del 40% tenían estas motivaciones. Así se registró en los cinco años que van desde 2011 al 2015. Pero en el presente año, el informe del primer semestre los coloca en el 18%.

  Nos informa el OVCS que las causas de la mayor frecuencia de conflictos laborales ocurren por “demanda de un salario justo, respeto a las contrataciones colectivas y a la libertad sindical son parte de la lucha cotidiana de los trabajadores, que han utilizado los cierres de calle, concentraciones, paros y huelgas como mecanismos democráticos y constitucionales para llamar la atención de las autoridades y patronos.” -Informes del OVCS-

  El despacho del ramo no informa de este asunto tan importante de la vida laboral del país. La más reciente memoria hecha pública en su página web -2014- la expresión “conflictos laborales” no existe en su contenido. Es insólito, ya que es tan natural que en las relaciones laborales existan diferencias y conflictos, así también negociaciones y acuerdos. Es propio a la convivencia productiva.  

  En las décadas del ochenta y principios de los noventa, una memoria del despacho laboral informaba de los pliegos de peticiones,  de ellos los conflictivos, y en éstos cuantos trabajadores y empresas abarcaban, así como las horas de trabajo perdidas en los diferentes sectores. Una información que se deplora no se suministre hoy con la ventaja de contar con más recursos tecnológicos para facilitarlos. Acaso por no informar la situación pueda ser mejor, por supuesto que es ingenuidad y no cumplimiento de funciones elementales. El seguimiento de los reclamos, conflictos y paralizaciones es un dato revelador del estado de las relaciones laborales. De todos modos si no se informa de otros datos básicos de la economía como inflación, crecimiento, escasez, hay que entender que lo que ocurre con los datos de las relaciones de trabajo no van a ser objeto de un trato diferente.    

  Que los conflictos laborales alcancen en este primer semestre del 2016 un porcentaje menor a los que se venía observando en años anteriores se explica por la emergencia de situaciones extraordinarias en la vida de los ciudadanos. Hay que mencionar en primer lugar que las razones de mayor frecuencia de protesta comprenden mayoritariamente a los trabajadores, pero se trata de protestas que demandan la atención de necesidades que se salen del marco de la relación con los empleadores. En ese orden se tiene en primer lugar el rechazo a la escasez y desabastecimiento 27% de las protestas, luego las protestas por vivienda y servicios especialmente de agua, electricidad 24%, y hasta seguridad ciudadana, cárceles y justicia que alcanza el 15% casi se empareja en frecuencia con las protestas laborales.

  Hay una clara situación de inseguridad alimentaria que da lugar a protestas en todos los estratos sociales que tienen una creciente frecuencia, con el agravante que se empieza a manifestar con actos radicales como son los saqueos e intentos de saqueo. En los primeros meses del presente año eran más frecuentes los intentos que los saqueos efectivos. Pero a partir de marzo se ha invertido y los saqueos son los hechos más frecuentes, el último mes reportado -Junio 2016- alcanzaron los 97, y los intentos sumaron 65. 

  Sobre las dificultades de acceso a alimentos y productos básicos, la conflictividad no ha alcanzado mayores niveles porque en los centros de trabajo generalmente el personal consigue receptividad y flexibilidad para invertir tiempo en su búsqueda, pero es una situación anormal e insostenible porque reproduce un circulo vicioso, ya que existiendo cada vez menos producción, como es que al mismo tiempo se laboran  menos horas de trabajo efectivas en aquellos que quienes tienen empleo o manejan pequeños negocios. 

  Todo esto genera una situación regresiva con efectos perjudiciales para los trabajadores en sus posibilidades de mejoramiento de sus ingresos e incluso en el puro mantenimiento de los salarios reales. Si los empresarios se quejan justificadamente por las dificultades que tienen para el desarrollo productivo, véase el más dramático cuadro para los trabajadores subordinados y autónomos.  

  ¿Cuáles son las respuestas de las políticas públicas? En términos efectivos no hay respuestas. Los intentos son a lo sumo contraproducentes, nos referimos a la pretendida militarización de las cadenas productivas del ramo alimentario, además de la pugnacidad y el maltrato a los productores, la ficción de diálogo con los actores productivos. En esta onda de desaciertos se ubica el intento de promover el trabajo obligatorio para aquellos que están trabajando en centros que dentro de las dificultades están activos. Aún cuando sea en términos de sentido común una resolución inaplicable, nos referimos a la Resolución No. 9855 emitida por el despacho del Ministro del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo, que se denomina “Régimen laboral transitorio en el marco del decreto número 2.323, mediante el cual se declara el estado de excepción y de la emergencia económica”.  Su elaboración deja en evidencia el modo de ver el problema así como las soluciones. 

   La guerra económica que se invoca regularmente, realmente la experimentan quienes realizan la actividad productiva tanto del lado del trabajo como de las empresas en no contar con certidumbres, equidad y estímulos de parte de las políticas pública, todo lo cual crea condiciones para el incremento de la conflictividad, y la militarización, que su mayor efecto es intimidar, pero no crea condiciones para los actos productivos, para la eficiencia y la solución real de las carencias.