LA LIBERTAD DEL TRABAJADOR PÚBLICO

  Las amenazas y los despidos a prestadores de servicios en entes estatales se han multiplicado a partir de los trámites para el ejercicio de la capacidad de revocación del Presidente. Se trata del ejercicio de un derecho establecido en el artículo 72 constitucional:  “Todos los cargos y magistraturas de elección popular son revocables. Transcurrida la mitad del período para el cual fue elegido el funcionario o funcionaria, un número no menor del veinte por ciento de los electores o electoras inscritos en la correspondiente circunscripción podrá solicitar la convocatoria de un referéndum para revocar su mandato.

Cuando igual o mayor número de electores y electoras que eligieron al funcionario o funcionaria hubieren votado a favor de la revocatoria, siempre que haya concurrido al referéndum un número de electores y electoras igual o superior al veinticinco por ciento de los electores y electoras inscritos, se considerará revocado su mandato y se procederá de inmediato a cubrir la falta absoluta conforme a lo dispuesto en esta Constitución y la ley…”

Se hace necesario referir:

1- A lo largo del siglo XX hubo un gran avance en la protección del trabajo dependiente. En nuestro país la Ley del Trabajo de 1936, las Constituciones de 1947 y de 1961, la Ley Orgánica del Trabajo de 1990 y terminando el siglo la Constitución de 1999, se notaba el avance en la protección del trabajo dependiente.

El trabajo dependiente más protegido en principio fue el que se prestaba a las entidades privadas, fue algo más tarde que se conquistó la protección para quienes prestan servicios al Estado, en nuestro caso la carrera administrativa de principios de la década del 70. Los funcionarios que alcanzaron el estatus de carrera lograban estabilidad en sus cargos, en ese  sentido avanzaron a más protección que los trabajadores en el régimen de la ley del trabajo.

2- La primera experiencia de revocación presidencial ocurre con contratiempos y dificultades especialmente las planteadas por el CNE a los promotores, desde la presentación de una primera solicitud en agosto del 2003, la cual fue rechazada y obligó a una nueva recolección presentada en noviembre de ese mismo año hasta su efectiva celebración en agosto del  2004, que le dio el triunfo al gobernante. 

3- Hay que destacar que la Constitución de 1999 ahonda y fortalece el presidencialismo, y ello junto a la experiencia de la pérdida del balance de poderes le ha permitido al Ejecutivo erigirse como poder supremo por encima de los otros poderes. En ese sentido, el arbitro de los procesos que implican las consultas electorales asume posturas favorables al gobernante. Destacable su rigor con la oposición y al mismo tiempo flexibilidad con el gobernante.   

  En el marco del periodo de activación de los procedimientos para la  primera solicitud de referéndum presidencial, promovido desde  agosto de 2003, se puso en práctica por vía de Decreto Presidencial la Misión Identidad, que tenía por objeto en principio, entregar cédulas a venezolanos que no la poseían se señalaba que alcanzaba a varios millones y que no tener cédula de identidad era una situación de desigualdad, que su provisión fortalecía la ciudadanía. Esta  misión se inició en Octubre del 2003 y en un año distribuyó 8.710.804 cédulas de manera fácil, rápida y sin costos para el solicitante.

4-  Esta misma Misión Identidad se extendió a regularizar la situación de inmigrantes indocumentados, pero fue más allá facilitando procedimientos para conceder la nacionalidad. En el curso de los tres meses previos al referéndum presidencial del 2004, la cantidad de 231.791 extranjeros, casi todos antiguos indocumentados recibieron la nacionalización, y  la entrega de la cédula de identidad siendo incluidos en el registro electoral uno o dos días después. 

Campañas para regularizar la situación de indocumentados son conocidas en otros lugares del mundo, pero nunca una que al mismo tiempo les concediera la nacionalidad y los convirtiera automáticamente en poseedores de todos los derechos de un votante. Fue un proceso que no experimentó deliberación alguna. 

5- Muy por el contrario de la amplitud en hacer concesiones como la indicada en el punto anterior, el Ejecutivo y todos los poderes que controlaba, fueron arbitrarios con los solicitantes del revocatorio que eran funcionarios al servicio del Estado. La llamada lista Tascón sirvió a partir de ese momento de instrumento de castigo para despidos, vetos y negativas a ingresar a la función pública o tener alguna vinculación laboral o comercial con los entes estatales. Cuatro millones de venezolanos fueron objeto desde ese entonces de un apartheid político  

6- El primer referéndum para modificar la nueva Constitución ocurrió apenas a siete años de su vigencia, 2007, pretendiendo quitar el límite a una sola re elección a todas las autoridades - la reelección indefinida- la mayoría dijo no pero poco después el gobierno insistió con ese objetivo y logró la reforma. Ahora tiene más sentido el derecho a revocar.

7- Los ejecutores de las amenazas contra los funcionarios lo hacen en nombre del partido de gobierno y autoridades ejecutivas atienden sus mandatos. Por ello las personas despedidas destacan que  prestan servicios es al Estado, y no al partido gobernante. 

  Se reconoce que un partido en el ejercicio gubernamental dispone de un pequeño segmento de funcionarios de muy alto nivel que son escogidos sin seguir procedimiento alguno, que no tienen que provenir de la carrera funcionarial ni haber ingresado por concurso como se exige a los funcionarios beneficiarios del estatuto. Ahora de ¿cuales niveles jerárquicos hablamos para que puedan ingresar por estas vías expeditas basadas en la confianza y no en los procedimientos? Se entiende que hablamos de los Ministros, Vice-Ministros y otros cargos de similar jerarquía. No puede estar sujeto a presiones del partido gobernante un funcionario que lleva toda o buena parte de su vida laboral en el servicio público. Respetar sus criterios en hacer uso de derechos constitucionales, como es revocar a un Presidente que ya una amplia mayoría de la población manifestó la perdida de su confianza en su gestión pública, como fueron los resultados del pasado 6 de Diciembre.