La constitución nacional, en cada sociedad, es el contrato social que aglutina y facilita la convivencia entre la diversidad de personas e instituciones que integran a la nación. Ahí está desarrollada la relación del Estado y la sociedad, así como la de los poderes públicos y los ciudadanos.
La que hoy nos rige desde el 1 de enero de 2000 ha tenido la bondad de haber sido divulgada profusamente, al menos en su imagen. Sus ediciones en diversos tamaños y especialmente las de formato de bolsillo, contribuyeron favorablemente para que la población la mirara.
El Presidente Hugo Chávez contribuyó a popularizarla con su permanente imagen y recurrencia, blandiendo el pequeño libro azul ante las audiencias y las cámaras televisivas. La frase “dentro de la constitución todo, fuera de ella nada”, ha sido de uso común por gobierno y por oposición.
La amplia mayoría conseguida por el Polo Patriótico en las elecciones de la Asamblea Constituyente le permite diseñar una nueva Constitución en donde no tuvo necesidad de hacer concesión alguna a las fuerzas opositoras. El proceso fue acelerado y el Gobierno contó con la ventaja de una hábil fórmula matemática que en una Asamblea Constituyente de 132 miembros, tan sólo seis fueron electos fuera de la lista gubernamental, verdaderamente un dominio total. Aunque es necesario destacar que el carácter absolutamente uninominal del sistema electoral, determinó que con un 66% de votos el Gobierno obtuvo el 95% de los constituyentistas. Entre agosto y diciembre, en una marcha forzada, acelerada y zigzagueante, se discute y aprueba la nueva Constitución. La interferencia del Presidente fue abierta, en el sentido de hacerles cambiar contenidos en asuntos relevantes, luego de que los mismos asambleístas habían llegado a un determinado consenso.
En todo caso esta Constitución a diferencia de la derogada, la de 1961, nace bajo un clima poco consensual, ya que la propia convocatoria al referéndum que consultó a la nación, sobre este texto, tuvo una abstención del 55 por ciento. Quienes votaron, se repartieron en un 70% por el sí y el resto por el no (El Nacional 16-12-1999). Así que al final un tercio de la población afirmó la nueva Constitución. A los dos años de su vigencia el Presidente y la oposición, señalan reservas en cuanto a su contenido. Era inminente que muy pronto empezarían sus reformas.
Sustituyó a una Constitución, la de 1961, que tenía la fuerza de haber sido la de más prolongada vigencia en la historia constitucional venezolana. Fue redactada por el primer parlamento de amplia pluralidad donde no había ninguna fuerza hegemónica, nacido luego del gobierno dictatorial de Pérez Jimenez, derrocado por protestas populares y militares, quién abandonó el poder y el país el 23 de enero de 1958, y diez meses más tarde se realizaron elecciones del Ejecutivo y del Legislativo, teniendo este la función de elaborar la nueva constitución, la que fue construida partir de la Constitución de 1947, de la que se tomaron sus postulados ampliándolos y actualizándolos, que fue para entonces realmente una Constitución revolucionaria, que vino a producir un corte abrupto con el gomecismo y su secuela.
El inicio del proceso democratizador venezolano de 1958 contó con unas elecciones presidenciales y legislativas en diciembre de ese mismo año, que atrajo una entusiasta participación electoral de más del 92%, que sigue siendo el porcentaje más alto en la historia electoral del país.
Las décadas de los años sesenta, setenta y primera mitad de los ochenta, contribuyeron a consolidar el sistema político venezolano, evidencias son los porcentajes de abstención electoral, verdaderamente bajos:
1963 9.22%
1968 5.64%
1973 3.48%
1978 12.44%
1983 12.25%
Comparando la participación electoral en el período 1958-2007, Héctor Briceño (Participación electoral y cultura política en Venezuela 1958-2007) nos muestra la muy alta participación electoral en las presidenciales en el período 1958-1989 por encima del 90%, en cambio en el período 2000-2008 de un 65%, notablemente menos en las regionales, siendo 59,3 y 53,1 respectivamente.
Estos antecedentes son referencias para analizar un elemento que se agrega a otras situaciones complejas en la etapa reciente que se vive en la sociedad venezolana, como es la aspiración de la población de ejercer sus derechos electorales.
Una de las fortalezas del periodo bolivariano fue el de promover la realización de elecciones, ya que a la alta participación electoral mostrada en el período 1958-1989, se había iniciado a principios de los años noventas una baja en la misma. Vino la revolución bolivariana y propuso los procesos refrendarios que activaron la frecuencia electoral. Aunque sus discursos y planteamientos eran más proclives a analizar los problemas políticos y sociales, pero menos a los económicos. Y resulta que en la medida que estos no se resolvían sino que por el contrario se agudizan, la revolución no ha podido resolver problemas elementales para el ciudadano, y ello evidentemente traería consecuencias electorales.
A la crisis por la escasez de alimentos, de medicinas y de otros bienes para el funcionamiento y satisfacción de las necesidades normales de los hogares y de los centros productivos, también la falta de seguridad ciudadana, se agregan en los últimos años las dificultades para el ejercicio de los derechos políticos, por lo que se han multiplicado las persecuciones, los exilados, los presos políticos, y los obstáculos para el ejercicio de los derechos electorales, emitiéndose decisiones del TSJ y del CNE que alteran los conceptos y principios constitucionales, todo con el propósito de obstaculizar e impedir las consultas electorales.
La dificultad de entender y practicar honestamente que “dentro de la constitución todo, fuera de ella nada”, nos coloca en este momento en una mayor incertidumbre que la ya conocida.
@hl_lucena
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