Los conflictos por motivaciones laborales venían siendo los más frecuentes en los reportes del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social -OVCS-, alrededor del 40% tenían estas motivaciones. Así se registró en los cinco años que van desde 2011 al 2015. Pero en el presente año, el informe del primer semestre los coloca en el 18%.
Nos informa el OVCS que las causas de la mayor frecuencia de conflictos laborales ocurren por “demanda de un salario justo, respeto a las contrataciones colectivas y a la libertad sindical son parte de la lucha cotidiana de los trabajadores, que han utilizado los cierres de calle, concentraciones, paros y huelgas como mecanismos democráticos y constitucionales para llamar la atención de las autoridades y patronos.” -Informes del OVCS-
El despacho del ramo no informa de este asunto tan importante de la vida laboral del país. La más reciente memoria hecha pública en su página web -2014- la expresión “conflictos laborales” no existe en su contenido. Es insólito, ya que es tan natural que en las relaciones laborales existan diferencias y conflictos, así también negociaciones y acuerdos. Es propio a la convivencia productiva.
En las décadas del ochenta y principios de los noventa, una memoria del despacho laboral informaba de los pliegos de peticiones, de ellos los conflictivos, y en éstos cuantos trabajadores y empresas abarcaban, así como las horas de trabajo perdidas en los diferentes sectores. Una información que se deplora no se suministre hoy con la ventaja de contar con más recursos tecnológicos para facilitarlos. Acaso por no informar la situación pueda ser mejor, por supuesto que es ingenuidad y no cumplimiento de funciones elementales. El seguimiento de los reclamos, conflictos y paralizaciones es un dato revelador del estado de las relaciones laborales. De todos modos si no se informa de otros datos básicos de la economía como inflación, crecimiento, escasez, hay que entender que lo que ocurre con los datos de las relaciones de trabajo no van a ser objeto de un trato diferente.
Que los conflictos laborales alcancen en este primer semestre del 2016 un porcentaje menor a los que se venía observando en años anteriores se explica por la emergencia de situaciones extraordinarias en la vida de los ciudadanos. Hay que mencionar en primer lugar que las razones de mayor frecuencia de protesta comprenden mayoritariamente a los trabajadores, pero se trata de protestas que demandan la atención de necesidades que se salen del marco de la relación con los empleadores. En ese orden se tiene en primer lugar el rechazo a la escasez y desabastecimiento 27% de las protestas, luego las protestas por vivienda y servicios especialmente de agua, electricidad 24%, y hasta seguridad ciudadana, cárceles y justicia que alcanza el 15% casi se empareja en frecuencia con las protestas laborales.
Hay una clara situación de inseguridad alimentaria que da lugar a protestas en todos los estratos sociales que tienen una creciente frecuencia, con el agravante que se empieza a manifestar con actos radicales como son los saqueos e intentos de saqueo. En los primeros meses del presente año eran más frecuentes los intentos que los saqueos efectivos. Pero a partir de marzo se ha invertido y los saqueos son los hechos más frecuentes, el último mes reportado -Junio 2016- alcanzaron los 97, y los intentos sumaron 65.
Sobre las dificultades de acceso a alimentos y productos básicos, la conflictividad no ha alcanzado mayores niveles porque en los centros de trabajo generalmente el personal consigue receptividad y flexibilidad para invertir tiempo en su búsqueda, pero es una situación anormal e insostenible porque reproduce un circulo vicioso, ya que existiendo cada vez menos producción, como es que al mismo tiempo se laboran menos horas de trabajo efectivas en aquellos que quienes tienen empleo o manejan pequeños negocios.
Todo esto genera una situación regresiva con efectos perjudiciales para los trabajadores en sus posibilidades de mejoramiento de sus ingresos e incluso en el puro mantenimiento de los salarios reales. Si los empresarios se quejan justificadamente por las dificultades que tienen para el desarrollo productivo, véase el más dramático cuadro para los trabajadores subordinados y autónomos.
¿Cuáles son las respuestas de las políticas públicas? En términos efectivos no hay respuestas. Los intentos son a lo sumo contraproducentes, nos referimos a la pretendida militarización de las cadenas productivas del ramo alimentario, además de la pugnacidad y el maltrato a los productores, la ficción de diálogo con los actores productivos. En esta onda de desaciertos se ubica el intento de promover el trabajo obligatorio para aquellos que están trabajando en centros que dentro de las dificultades están activos. Aún cuando sea en términos de sentido común una resolución inaplicable, nos referimos a la Resolución No. 9855 emitida por el despacho del Ministro del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo, que se denomina “Régimen laboral transitorio en el marco del decreto número 2.323, mediante el cual se declara el estado de excepción y de la emergencia económica”. Su elaboración deja en evidencia el modo de ver el problema así como las soluciones.
La guerra económica que se invoca regularmente, realmente la experimentan quienes realizan la actividad productiva tanto del lado del trabajo como de las empresas en no contar con certidumbres, equidad y estímulos de parte de las políticas pública, todo lo cual crea condiciones para el incremento de la conflictividad, y la militarización, que su mayor efecto es intimidar, pero no crea condiciones para los actos productivos, para la eficiencia y la solución real de las carencias.
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