TRABAJO OBLIGATORIO IGNORA VOLUNTAD DEL TRABAJADOR

La voluntad del individuo y la autonomía de las organizaciones de los trabajadores son dos conquistas alcanzadas por el esfuerzo y luchas sociales y políticas, y que son parte de los fundamentos de las relaciones de trabajo.

  El trabajador decide cuando y para quién trabajar. Lo voluntario es lo opuesto a lo obligatorio. Por supuesto que ha de hacerlo para subsistir tanto él como su familia, entendida la obligación con aquellos miembros que no pueden hacerlo.

  En cuanto a lo colectivo, muy importante por la necesidad de reducir las brechas entre el poder de los empleadores y el del trabajador visto individualmente, los trabajadores al agruparse en organizaciones lo hacen voluntariamente, así como ha de ser la vida regular de las mismas. Es el fundamento esencial de la libertad sindical. Se trata de organizaciones que no han de ser interferidas por el estado, ni por el patrono.

  En condiciones de calamidad, siniestros, tragedias, hambre, guerras, los intereses superiores de la sobrevivencia de una colectividad algunos Estados imponen demandas que pueden dar lugar a excepciones a la definición de trabajo forzoso u obligatorio. Igual se excepcionan los pequeños trabajos comunales realizados por miembros de una comunidad en beneficio directo de la misma. Pero el Convenio No. 105 sobre la abolición del trabajo forzoso de1957 que complementa el No.29 sobre trabajo forzoso de 1930, demanda la abolición completa de este tipo de trabajo, incluso como “método de movilización y utilización de la mano de obra con fines de fomento económico”. Ambos convenios han sido ratificados por la República.

  Por supuesto que el gobierno además de ejercer las acciones de administración que le son propias regularmente, también ha de tener previsiones para las contingencias, ahí juegan un papel importante instituciones como las fuerzas armadas, policiales, bomberiles, de defensa civil, de emergencias de salud, y suministro de productos y servicios esenciales, las cuales están subordinadas a criterios claramente definidos para su intervención. En convenios con los gobiernos, se agregan a las instituciones estatales otras de naturaleza privada que han acumulado una amplia experiencia nacional e internacional en el apoyo a situaciones de emergencia, tales como la Cruz Roja Internacional y Cáritas.

  Todo lo planteado tiene relación con la Resolución No. 9855 emitida por el despacho del Ministro del poder popular para el proceso social del trabajo, que se denomina “Régimen laboral transitorio en el marco del decreto número 2.323, mediante el cual se declara el estado de excepción y de la emergencia económica”. En esencia esta resolución plantea el trabajo obligatorio y lo fundamenta en la llamada guerra económica. Llama la atención que en el mundo hay toda una acción para erradicar el trabajo forzoso, que sea el Estado venezolano quién proponga y promueva el trabajo obligatorio, sin tomar en cuenta la voluntad del trabajador, que es una forma del trabajo forzoso.

  El gobierno nacional ha insistido en la existencia de una guerra económica, pero no ha logrado convencer a la mayoría de la población de que esa sea la razón de la escasez y las dificultades que tiene la población para el acceso a productos y bienes esenciales. Predomina el criterio que las explicaciones están en el modelo seguido por el gobierno para las decisiones económicas. De ahí se deriva que la declaratoria de el estado de excepción y de la emergencia económica no logró la aprobación parlamentaria.

  La eliminación de todas las formas de trabajo forzoso es uno de los cuatro principios y derechos fundamentales en el trabajo enumerados en la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo, de 1998, que todos los Miembros se comprometen «a respetar, promover y hacer realidad, de buena fe» (OIT “Intensificar la lucha contra el trabajo forzoso”, 2014).


  Habiendo el estado venezolano ratificado  en 1944 el Convenio de OIT N° 29 sobre el trabajo forzoso u obligatorio, todas las disposiciones en la legislación venezolana posterior a esta ratificación han estado en concordancia con los principios de esta convención, hasta el día de hoy que se aprobó esta resolución No. 9855.

 A los efectos de este convenio No.29, la expresión trabajo forzoso u obligatorio designa todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente. Ocurre cuando el trabajo o el servicio, es exigido por el Estado o por personas que tienen la voluntad y el poder de amenazar a los trabajadores.

  En el nivel regional es de destacar que nuestro país como miembro de Mercosur adhiere a su Declaración Sociolaboral, que incluye los dos convenios de OIT 29 y 105, por lo que su violación se convierte también en objeto de denuncia de esta Declaración.  

La OIT estima que en el mundo “el 90 por ciento del trabajo forzoso se da actualmente en la economía privada. Tres cuartas partes de este trabajo forzoso se concentran en actividades productivas como la agricultura, el trabajo doméstico, la construcción, la pesca y la fabricación, mientras que el resto implica la explotación sexual con fines comerciales”.

   El trabajo forzoso u obligatorio ocurre en el mundo predominantemente en el sector privado, lo que nos impulsa a ser más enfático en el análisis de este caso, porque quien lo fomenta sea el gobierno, el mismo que ha estatizado una importante cantidad de empresas agrícolas, agroindustriales e industriales que las ha manejadas erráticamente y hoy presentan un critico estado productivo. Resulta entonces contradictorio que quien ha de velar por la administración y el buen desempeño de las relaciones de trabajo, invoque como solución para sus actividades el trabajo obligatorio, y  que al mismo tiempo es el responsable de la inspección de la administración del trabajo en esos centros productivos. Todo esto es violatorio de los convenios mencionados, de la legislación laboral, y de un ventajismo y alevosía en contra tanto de los trabajadores como de los productores privados.  

DESVALORIZACION DEL TRABAJO

Mes a mes el país lee con frustración los nuevos valores de la canasta alimentaria y la canasta de productos básicos. Su crecimiento en los últimos años expresa los resultados fallidos de los esfuerzos que se han puesto en práctica para intentar corregirlo.

  Para los trabajadores esta es una de las expresiones más brutales de la desvalorización de su esfuerzo laboral: que su ingreso cada vez le alcanza para menos productos y servicios, lo que lo lleva a ir prescindiendo de algunos de ellos, reduciendo cantidades, calidades y desmejorar su nivel de vida, en fin empobreciéndose. 

  En nuestro país los trabajadores estaban acostumbrados a medir sus ingresos en valores nominales. Los proyectos de convenios colectivos de elaboración por parte de los sindicatos, solicitaban aumentos en cantidades nominales. En general así funcionaba gran parte de las demandas laborales. Por supuesto que no era la forma más objetiva para la discusión salarial. Desde siempre ha debido plantearse en valores reales. Nada extraordinario si tomamos en cuenta que así es como ha funcionado y funciona la administración empresarial para fijar sus precios y costos.  

  La desvalorización del trabajo tiene además otras expresiones aparte de la elocuencia de ver la brecha que se aprecia entre los valores salariales y sus ajustes periódicos, y la manera como se comportan los precios semana a semana, mes a mes.

  La escuela de los clásicos de la economía liberal, sustentó que el trabajo es esencial para la creación de riqueza. La escuela marxista fue más lejos y señaló que era el trabajo la más genuina fuente para crearla. Diferencias importantes surgieron en el control del proceso de trabajo, en la determinación de los precios y en la distribución de la ganancia. Pero en común se sustentaba el reconocimiento de la valorización del trabajo. 

  En nuestra cultura y tradición familiar se concibe que la educación es para prepararse para ser un buen ciudadano y para que con el trabajo asegurar el sustento y el progreso personal y familiar.  Hay ejemplos y realidades que confrontan con esta perspectiva. 

  En la realidad que se vive en la Venezuela de estos años, uno de los fenómenos más notables es que el trabajo ha perdido valor. Por eso el empobrecimiento del que trabaja. A tal punto que personas que llevan a cabo casi cualquier actividad informal sin inversión ni complejidad alguna logran obtener mayores ingresos que muchos de aquellos que trabajan convencionalmente, sometidos a horarios y subordinación. 

  Lo anterior también atenta contra la preparación sistemática para el ejercicio de tareas laborales. Teóricamente el valor del trabajo tiene entre sus sustentos más importantes la de la formación y la experiencia, el conocimiento. Preservar esta relación es conveniente para cualquier sociedad porque para un progreso real y sustentable no son los atajos las vías más indicadas, sino la preparación, el conocimiento. 

  La desvalorización del trabajo en los países no desarrollados también se expresa en el hecho de como se distribuye el ingreso entre el capital y el trabajo. En los países desarrollados del total de los ingreso va al trabajo un porcentaje mucho mayor que al capital. En esta distribución ha sido muy importante la evolución luego de la I Guerra Mundial, y aún luego de la II. Estos fenómenos dieron lugar a acuerdos y pactos que fortalecieron la distribución más equilibrada, por eso dando mayor participación a quiénes eran los aportantes del trabajo. En ese sentido, en los países latinoamericanos y africanos no han logrado estos niveles. Seguimos a lo sumo mostrando una distribución aún mayor para el capital que para el trabajo. 

  Obviamente la desvalorización del trabajo también resulta no sólo de la relación entre los precios y salarios, ni de como se reparte el ingreso entre capital y trabajo, sino también como se dirige y organiza la economía y la sociedad en general.  Al respecto en nuestro caso en donde la renta petrolera juega un papel central, y el acceso a ella determina riqueza y pobreza. 

  Históricamente se han creado riquezas no sustentadas en el trabajo sino más bien en el acceso a la renta petrolera. El tema es de envergadura para profundizarlo en pocas líneas. Pero si es indiscutible destacar que el control y la vinculación con el Estado, es de primera importancia para aclarar el peso y las formas que adopta la distribución de la renta petrolera y el trabajo.

  Por diversas razones se observa la disminución del ingreso petrolero, no sólo por los precios del barril, sino por la pérdida de producción, de eficiencia, de productividad, por los mayores costos, por el manejo de su producción con esquemas políticos e ideológicos dirigidos a ganar adhesiones y compromisos que le cuestan grandes cantidades de dinero al país,  y que por otro lado se ha mostrado cuan frágiles son estas “inversiones“. Total que esta renta se ha achicado.

  Finalmente se desvaloriza el trabajo cuando se promueven soluciones a problemas a partir del no trabajo, como se ha manejado la crisis de energía, minimizando el trabajo, así como desde el poder se promueve frecuentemente actos sectarios en tiempo de trabajo que erosionan la cultura laboral. 

  Se confunde trabajo con estar en nóminas para hacer tareas no laborales. Se confunde trabajo con asistencialismo.

  Igual cabe señalar el presentismo, es decir, atender el horario laboral pero sin llevar a cabo las tareas propias de los cargos. 

  Las políticas económicas han llevado a innumerables centros productivos a no contar con materiales para trabajar por lo que han de tener a los trabajadores sin ejecutar tareas.  Las nóminas abultadas en los centros de trabajo tanto públicos como privados, también es una forma de desvalorizar el trabajo. 

  Para los trabajadores y para el país es necesario recuperar la valorización del trabajo. Ello demanda políticas bien diferentes a las que se han venido aplicando.

IMPLICACIONES DEL CIERRE DE UNA TRANSNACIONAL

La empresa transnacional Kimberly-Clark terminó de paralizar sus operaciones en Venezuela este 30 de junio, luego de 24 años produciendo en el país. Es una transnacional con 140 años de funcionamiento y es de las líderes mundiales en los productos que fabrica.

  Salen del mercado productos en situación de extrema escasez y que son esenciales para la población -pañales, papel y toallas sanitarias, toallas de cocina-. Poco antes de paralizar venía trabajando a una mínima capacidad. En el pasado año del 2015, hubo algunas paradas por carencia de materia prima. La situación se agudizaba en el transcurso del presente año, no era de sorprender que de un momento a otro se paralizaría.

  Este caso no es único, esta generalizado en las transnacionales de la industria manufacturera. Ha habido muchos casos de cierres, y la situación no se detiene. El gremio de los industriales Conindustria, los documenta y expone al público frecuentemente. Las acciones gubernamentales para revertir esta situación no han tenido éxito.

  Hay que advertir que la situación que conllevó al cierre Kimberly-Clark no es un caso aislado. En este momento justamente ha vuelto a parar otra empresa transnacional del mismo ramo Johnson & Johnson de Valencia, por la carencia de materias primas.

  Verlo como parte de una conspiración internacional o de una guerra no convencional por supuesto que invita a la alarma, aún más si se trata de productos que hoy escasean. Pero según como se vea, el gobierno adopta determinada respuesta. En lo inmediato asume las instalaciones y trata de mantenerla operativa. Sin embargo las complejidades operativas y tecnológicas se harán presente y la salida del mercado de la cantidad de productos no será sustituida en las mismas proporciones.

  En otro sector altamente transnacionalizado como es el automotriz, la directiva de FCA Venezuela (antigua Chrysler) informa que no ha producido ningún vehículo desde hace seis meses. Esta empresa optó por seguir los pasos de Ford de Venezuela, que consiguió el pasado año autorización para que, junto a los concesionarios que distribuyen los vehículos pudieran reunir un pote de dólares, y así importar los elementos para ensamblar vehículos. Pero el resultado no ha sido muy alentador, ya que los pocos vehículos producidos salieron muy costosos. En el caso de la ex-Chrysler “lo único que se pudo levantar fue capital para la compra de 144 unidades. Eso es todo lo que ensamblaremos este año”, dijo Christian Pereira, Secretario General del . Sindicato.

  En general, en todas las principales ensambladoras del sector automotriz no han producido vehículos en lo que va del año, estamos hablando de grandes transnacionales como General Motors, Ford, Toyota, Mitsubishi. A pesar de la situación estas empresas no han despedido personal,  han promovido y estimulado renuncias que sólo han sido aceptadas por el personal profesional. Los que trabajan en operaciones han seguido los lineamientos sindicales de no renunciar y mantenerse en las nóminas a pesar de la merma de ingresos, ya que solo reciben los salarios básicos, la mayor parte se mantienen en sus casas y no asisten a las plantas.

  Las ensambladoras de autos produjeron en los dos últimos años 19.745 unidades en el 2014, y 18.300 en el 2015, datos de la cámara de las ensambladoras -Cavenez-. Este año se perfila que la producción será aun menor. Tómese en cuenta que la capacidad instalada de estas empresas está por encima de los 250 mil vehículos anuales, tenemos entonces tres años seguidos sin alcanzar siquiera el 8% de producción.

  Algunas empresas ensambladoras resultante de los convenios del gobierno nacional con China e Irán tienen una modesta producción. Realmente con los chinos lo que mas ha  ocurrido es la importación de vehículos.

  Las empresas transnacionales en todas las áreas realizan sus operaciones en el mundo con el objeto de producir sus productos, atender un mercado y ganar dinero. En nuestro caso, cobran sus ventas locales en bolívares con los cuales cubren sus gastos nacionales, pero el remanente necesitan convertirlos en dólares para cubrir costos en divisas incluyendo los beneficios que sus accionistas aspiran. Esta elemental práctica la realizan normalmente las empresas transnacionales en China, Cuba, así como en cualquier lugar del mundo, independientemente de como se denomine el modelo económico.

  Es deseable que las empresas transnacionales reinviertan sus ganancias en el país, pero eso requiere condiciones y garantías que la inestabilidad política no ofrece. Estudios de la Cepal señalan que en América Latina y el Caribe  “La proporción de las utilidades que las empresas transnacionales reinvirtieron en la misma economía permaneció más o menos estable en un 50%; el resto se enviaron a los países de origen de las inversiones. La tendencia a la baja de la rentabilidad media de la IED observada desde 2008 continuó, de manera que la tasa de rentabilidad fue del 5% en 2014” (La Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe, 2015).

  Por otro lado la conversión de los bolívares en divisas (dólares o euros) aquí no es fluida y se ha convertido en un problema dada las políticas cambiarias. Los bolívares no son aceptados en ningún lugar del mundo, apenas en los establecimientos de nuestras fronteras terrestres.

  Lo anterior determina que la realidad productiva en las empresas transnacionales que operan en el país no ofrece un futuro atractivo para sus casas matrices, y tampoco para los trabajadores y consumidores. Se mantienen restringidas las que han estado desde hace años, y sólo llegan empresas o inversiones chinas, en el marco de los poco conocidos convenios con el gobierno nacional.

LOS CONFLICTOS COMO EXPRESIÓN DE DEFICIT DEMOCRATICO

  Se vienen haciendo comparaciones entre la situación existente en el presente con la víspera y la emergencia del “caracazo” o “sacudón” del 27 y 28 de febrero de 1989. Está entendido y aceptado que aquel evento significó un quiebre del sistema por las magnitud y el desbordamiento de las protestas, que decían fundamentalmente que no se estaba dando respuestas a problemas muy sentidos de la población, como era el acceso a bienes y servicios en cantidad y en costos accesibles, además de un deficit de participación política; y por otro, lado significó un quiebre en el tratamiento militar por la severa represión aplicada para contener el desbordamiento social. 

  El sindicalismo mayoritario -CTV- de entonces reaccionó convocando a un paro nacional de un día contra las políticas neoliberales del segundo gobierno de Carlos A Pérez, pero la mayoría de la dirigencia sindical subordinada al partido gobernante lo reorientó y lo hizo contra los especuladores. No se pudo desatar la dependencia partidista.

  El descontento que quedó del “caracazo” trajo consigo traumas que han pervivido ya por más de un cuarto de siglo. Inmediatamente a esos hechos se desataron otros de gran profundidad en la vida política del país, como dos alzamientos militares, una destitución de un presidente y la debacle de los partidos que habían gobernado por cuarenta años. 

  La nueva etapa que se abrió con los resultados de las elecciones de 1998 trajo propuestas que encantaron a las mayorías, e incluso ello se extendió más allá de nuestras fronteras en intelectuales y militantes en America Latina y en Europa. Y con mucho más razones, por dos fenómenos que se venían imponiendo con avances vertiginosos, como era la caída del socialismo real y el predominio del neoliberalismo sobre los esquemas desarrollistas y keynesianos, que habían dominado las políticas económicas post Segunda Guerra Mundial. Tal parecía que la aparición de la propuesta del socialismo del siglo XXI llegaba oportunamente, encontrándo seguidores aquí y en varios países de la región.

 Las protestas y en general los conflictos más genuinos son expresión de los sectores que no están en el poder.  Claro que desde el poder en situaciones de riesgo de su permanencia, apela discursivamente a la retórica del conflicto contra aquellos que identifica como sus enemigos externos e internos, y promueve movilizaciones, pero que no significan conflictos genuinos porque no demandan nada, sino que son barreras de contención en defensa del status quo. En la medida que la situación de los sectores populares vaya empeorando, los discursos sin hechos que los sustenten seguirán perdiendo su original efecto de identidad.

  A partir  de 1999 se vivió una efervescente etapa de protestas y movilizaciones que desde el poder estatal se atendían con interés y prontitud. La permisividad a las manifestaciones de conflictos se asociaban con la necesidad que la gente se expresara, ya que por un lado se trataba de corregir males endémicos y estructurales, y por otro ahuyentar a los reales y potenciales enemigos de los cambios en curso. Las protestas conseguían eco en los poderes estatales que las atendían. Reforzaba la retórica que enfatizaba el peso del poder popular.

  En lo electoral a todos los niveles se fomentaba la consulta. Se popularizaron los referendos en el ámbito sindical para dar respuesta a situaciones de existencia de más de un sindicato en un mismo ámbito de representación y negociación. Revolución bolivariana era sinónimo de elecciones y sus triunfos. Era invencible. Las elecciones son válvulas y espacios de expresión que le dan energía a un sistema socio político.

  En estos últimos tres años (2014-2016) tenemos la mayor explosión de conflictividad en la historia de la Venezuela moderna. Creíamos que la conflictividad opositora del 2002-3 era la máxima, pero ha sido ampliamente superada. Esas eran protestas políticas, pero estas de hoy son además económicas y sociales, es decir cubren todas las dimensiones, son atendidas por un espectro más diverso de segmentos de la población, están extendidas en grandes, medianas y pequeñas ciudades, no se ubican en una fecha dada como resultado de una convocatoria partidista opositora, surgen como en un terreno ya sembrado de semillas cuando empiezan a germinar las nuevas plantas. Se entiende que las semillas también fueron sembradas desde el poder, porque levantó expectativas y construyó una retórica para explicar las dificultades y las soluciones, que ha perdido conexión con la vida cotidiana.

  Pero resulta que ahora materializar las consultas electorales es un verdadero via crucis. Los órganos estatales en vez de facilitarlas, imponen obstáculos. Sean elecciones sindicales, universitarias, incluso refrendario nacional, todas encuentran ahora más y nuevas limitaciones. Se vence un periodo de una directiva y con extrema diligencia surgen obstáculos que impiden la renovación de los directivos vencidos, mientras tanto surgen restricciones para realizar la gestión cotidiana. Se impide con ello el ejercicio democrático que significa la consulta electoral, sea para confirmar una gestión o para dar oportunidad a otros.

   Lo expuesto como déficit democrático se trata de ser resuelto con el uso de la presencia militar, en un principio disuasiva, especialmente con todo el arsenal de equipos modernos que despliegan ante el público, pero eventualmente deviene en represora material. Y aún más, complementada con la presencia de civiles armados que se desenvuelven libremente como si fueran órganos del Estado, y peor aún, lo hacen ante quienes han sido facultados para tener el monopolio de las armas y del orden público. Hay que recordar que a todas las entidades públicas se las mantiene presupuestariamente con los recursos de la nación y las tributaciones de los ciudadanos, pero es para que sea un verdadero árbitro y no obstáculos a los ejercicios democráticos.

CONVIVENCIA y REINSTITUCIONALIZACION PARA EL TRABAJO PRODUCTIVO

El trabajo construye riqueza para una sociedad, pero ello requiere el acompañamiento de convivencia e instituciones de consenso que funcionen, y que existan elementos que integren. En nuestro país se está ejerciendo la actividad laboral en condiciones donde no existen ejes integradores. Un importante eje integrador es una interpretación compartida del texto constitucional, y vemos que cada vez ello no se logra. De resultas, la actividad laboral más que riqueza y progreso, lo que apenas ayuda es a la sobrevivencia.

  Se vive en el centro de una tormenta. Marchas, movilizaciones, actos públicos que se convocan tanto desde el gobierno como de la oposición, unas veces para reafirmar y otros para cuestionar.  Ambiente de tensiones y hasta de provocaciones. Amenazas y advertencias. No todo apunta a favorecer el ambiente adecuado para el trabajo, para la creación y la innovación. Además, buena parte del tiempo y de la energía de los ciudadanos se va en la búsqueda de los bienes esenciales para la vida. Nos hemos alejado de la construcción de las respuestas para los desafíos que tienen las sociedades modernas. Ni siquiera se dialoga de verdad  para una convivencia democrática.

  La calidad de vida del venezolano se ha venido a menos. Ya no sólo se trata de las condiciones materiales de vida las que desmejoran, sino algo peor, el que las perspectivas y el futuro se ve complicado. 

  Se siguen buscando senderos para avanzar hacia un futuro mejor. Mientras tanto, muchos han optado por irse. No ha sido necesario que una guerra haya devastado ciudades y campos, como ocurrió con la diáspora europea post Segunda Guerra Mundial. Tampoco las cruentas dictaduras del cono sur que ahuyentaron a parte de la población, o una guerra donde guerrillas se convirtieron en ejércitos y se enfrentaron al gobierno con una respetable cantidad de efectivos y armamento -Colombia-. 

  Nuestra emigración masiva ha sido por la pérdida de oportunidades, por un lado la política económica tomó un camino que desperdició enormes recursos, desaprovechando las propias capacidades que ofrecía su gente y sus empresas. 

  Por otro lado, los recursos del país se desperdician en tanto predominen la exclusión y el sectarismo. Véanse cuanta parálisis productiva en el campo y en las ciudades como consecuencias de la práctica de esquemas que privilegian a unos en detrimento de otros. Conducir económicamente un país como poder omnipotente y supremo por encima de los productores, es desperdiciar sus experiencias y conocimientos.    

  El estado de la economía y de la difícil convivencia, plantea esfuerzos extraordinarios de re institucionalización en los años por venir. Desde el mundo del trabajo, algunas consideraciones previas que han de tenerse presente incluyen:

• Superar la pugnacidad y confrontación que caracteriza hoy la relación de quienes gobiernan, con sectores que tienen otras visiones de sociedad. Entender que el hecho de no compartir visiones no es ser enemigo. El ser venezolano o residente de esta tierra ha de acercar a las personas. No se justifica usar lenguaje descalificador por el hecho de tener perspectivas diferentes sobre la sociedad. Imponer una visión de sociedad es más convincente cuando la amplia mayoría de la población mejora sus condiciones materiales y espirituales, pero ello no está ocurriendo.

• Dentro de la compleja situación que vivimos hay sin duda violencia. Cierto que en contadas, determinadas y específicas áreas esta situación es un hecho -cárceles, algunas áreas mineras, ciertos espacios urbanos y rurales-, pero se estima que con los recursos legítimos de parte de quienes gobiernan se puede controlar y recuperar la paz en tales situaciones. Lo importante es planteárselo como objetivo, todo en el marco constitucional.

• A la sociedad le inquieta y preocupa el fortalecimiento de grupos armados del mundo del hampa, pero también se observa en la esfera de la política, en donde grupos civiles armados con visible padrinazgo e inclinaciones políticas participen en la represión de opositores. Importante destacar que a pesar la alta violencia general, no se ha logrado evidenciar que haya reacciones organizadas para enfrentar esta desviación en la acción política. Se confía en que tal situación no emerja, porque significa entrar en una espiral más complicada de resolver. Los países latinoamericanos que llegaron a esos extremos han venido saliendo, los casos más recientes El Salvador, Guatemala y ahora Colombia. Hoy, es anti histórico y regresivo que se pretenda resolver las discrepancias armando a la población civil. Y entonces ¿para qué son las instituciones?

• Para encarar situaciones como las identificadas en las anteriores viñetas es necesario re institucionalizar el país, que permita aclarar los papeles que distintos órganos del poder ejecutivo y particularmente el militar, el control policial, la administración de justicia y el llamado poder moral han venido desempeñando. Hay extensos sectores de la sociedad civil y de la ciudadanía que han venido perdiendo la confianza y la credibilidad de estos órganos. Es necesario que el ciudadano logre recuperar la confianza en el profesionalismo y la neutralidad de estos entes estatales.

• Los menguados niveles de producción que el país experimenta, son posibles de superar con los aportes del trabajo y del capital. Sin embargo, la difícil convivencia y el deterioro institucional no son favorables acompañantes para la reactivación productiva.   

  Nuestro esfuerzo de análisis ha sido y sigue siendo los estudios del trabajo, pero hay la convicción que el deterioro de hoy impone plantearse unas condiciones previas para que los hechos productivos y laborales, puedan disponer de un escenario que genere confianza para que el trabajo pueda llegar a ser efectivamente de mejora familiar y de la sociedad toda. 

SAQUEOS: Del neoliberalismo al estatismo

El año 1989 quedó en la historia moderna como el año de los saqueos, todos en dos días y en algunas pocas ciudades importantes del país. En lo que va del presente año la escasez se ha agudizado y junto a ello los saqueos, tanto de establecimientos públicos como privados, y unidades que transportan alimentos y en general productos escasos, además en ciudades grandes, medianas y pequeñas, y en todo el país. Así como en los saqueos de 1989 ha habido consenso en adjudicarlos a las políticas neoliberales de ese entonces, en los que van en curso, son por tanto, resultante de las vigentes políticas económicas.  

  ¿Quiénes son los saqueadores? Es la misma población que lleva largo tiempo experimentando incomodidades para abastecerse, pero advierte que cada vez las colas son más largas, por más horas y con menores resultados en lo que finalmente logra comprar. Sus expectativas son de incertidumbre.También, se agregan elementos que ven la oportunidad para bachaquear lo saqueado, en las colas de cada día convergen tanto personas que buscan sus alimentos, como otras que buscan productos para la reventa especulativa. 

  Igualmente la población observa que la escasez se presta para que a todos los niveles de la cadena productiva hayan mercados negros, desde el fabricante o importador hasta el detallista y consumidor. Las distintas políticas de control implementadas por el Ejecutivo no han alcanzado sus objetivos, ya que ocurren desviaciones, abusos, sobreprecios, y finalmente el consumidor, la población sufre con dificultades diversas, por un lado pagando sobreprecios por los productos, comprando lo que consiga en cantidades por debajo de sus reales necesidades y sin poder escoger características, además en ambientes de tensión donde igual se exponen las personas a inclemencias, incomodidades, robos, y hasta fraudes cuando la buena fe les lleva a ponerse en manos inescrupulosas por el desespero de conseguir lo necesario para alimentarse o curarse. 

  Ante tamaña problemática, desde el mes de abril, el Gobierno viene anunciando los Consejos Locales de Abastecimiento y Producción -Clap-. Una nueva figura promovida por el Ejecutivo, quién afirma la existencia de decenas de miles en todo el país. Surgen íntimamente ligados al partido gobernante, y empoderados para controlar y distribuir los alimentos escasos. Su visible sectarismo político en su composición y funcionamiento avizora problemas adicionales de discriminación, ergo más confrontación; y por otro lado, sin garantías de solucionar el problema de alimentación que tiene la población.

  Mientras, el eje de la producción sigue desatendido, es decir los necesarios acuerdos entre productores a todos los niveles, entendiendo empresarios de las distintas fases de la cadena productiva, sin que falten los que disponen de la mayor capacidad tanto en el campo como en la ciudad. Así como los representantes genuinos de los trabajadores. Puede verse que quienes suelen participar son sólo dirigentes oficialistas, que actúan más como voceros y representantes del gobierno que de las bases laborales. 

Quienes hacen análisis desde el lado técnico advierten que las dificultades que hoy se están viviendo tienden a acentuarse ya que no hay decisiones acertadas, e incluso predominan las no decisiones, una situación verdaderamente inercial que ha venido conduciendo a la parálisis productiva.  

  La centralización de la economía, el exacerbado estatismo, carga con la responsabilidad del deterioro de la situación nacional, en donde no hay un indicador económico que se pueda exhibir orgullosamente. Hasta hace pocos años, el Gobierno al menos exhibía algunos indicadores sociales que compensaban los magros resultados económicos, como la reducción de la pobreza por ejemplo, destacado por la CEPAL. Igual exhibía un reconocimiento por parte la FAO, la organización de las Naciones Unidas para la alimentación, pero todo quedó atrás.  Apenas bajaron los precios petroleros, se derrumbó la ficción de progreso social y más bien hemos regresado a indicadores de pobreza y alimentación desconocidos en los últimos cuarenta años. 

  La pretendida planificación centralizada con la que se ha manejado la economía venezolana apareció gradualmente a lo largo del gobierno chavista, en algunos momentos con avances rápidos, como por ejemplo después del paro cívico y petrolero de diciembre 2002 y enero 2003, igual cuando la Asamblea Nacional quedó en manos exclusivas del chavismo (2005-2010). Pero se desconoce que todas esas decisiones desde el poder cupular de la revolución haya contado con sustento de esfuerzo intelectual resultado de centros de estudios, que a lo largo del tiempo hayan previsto las dificultades en las cuales se estaba llevando al país. Ha predominado la improvisación y el aprovechamiento de este vacío de principios, de ética y responsabilidad, más grave y notorio cuando se ha dispuesto de enormes recursos financieros, los más cuantiosos en la historia venezolana. Para peor, en todo esto la revolución nos ha endeudado con montos que pagaremos tanto la generación actual como quienes hoy son unos niños. 

  La población que busca desesperadamente soluciones a necesidades de alimentación, de salud y de empleo, ya no puede calificarse de opositora, ya que no es esta condición la que involuntariamente les une en acciones de desespero y alto riesgo, sino más bien el estado de extrema necesidad y al mismo tiempo el compartir la visión de incertidumbre por el caos con el cual vive el país en estos tiempos, que les hace prever que al ritmo que se desenvuelven los acontecimientos la calidad de vida de la familia seguirá bajando por un tobogán. Además es la población que ya no le cree a los anuncios gubernamentales, que repiten las mismas gastadas explicaciones y sin asumir responsabilidad por el desastre.

 Con los saqueos nadie gana, ni siquiera los saqueadores que rápidamente lo consumen o venden y vuelven a su misma condición de necesitados. Por supuesto que menos aún los saqueados, extremadamente grave aquellos que sólo disponen de esa tienda para vivir y los que ahí tienen su empleo. Pero para todos los clientes es un problema, ya que quienes tenían previsto ir a comprar en ese establecimiento, lo conseguirán cerrado.

LECTURAS DE UN GOBIERNO TEMEROSO DE ELECCIONES

 

  Un régimen que se planteó alcanzar el socialismo como forma de organización de la sociedad, contando para ello con la más extraordinaria riqueza que país alguno haya percibido, así como con un control casi total de los poderes públicos y una costosa maquinaria de propaganda e ideologización, pero luego de más de tres lustros los resultados de gestión no le permiten tener la confianza de ganar una contienda electoral nacional, e incluso con perspectivas de similares resultados en casi todas las elecciones regionales previstas para fines del presente año, así como tampoco perspectiva de ganar muchas de las elecciones en un área determinada como la  sindical, por ejemplo. De ahí el papel obstruccionista del CNE para que no se realicen elecciones sindicales en múltiples empresas o entes estatales.

 

 La abierta postura oficialista de impedir el referéndum revocatorio presidencial, impidiendo con ello el ejercicio de un derecho constitucional por el cual ha optado la oposición, vistas las dificultades para el funcionamiento democrático institucional y responsable entre el Ejecutivo y el Legislativo en ejercicio desde el principios de año. Los dos únicos poderes de elección directa por parte del soberano. Recordemos que los miembros del Poder Judicial, Electoral y el Moral -Fiscal, Contralor y Defensor del Pueblo-, todos son electos por procedimientos que se llevan a cabo en el ámbito del Poder Legislativo. 

 

  La postura gubernamental contraria al referéndum revocatorio tiene en sus explicaciones el que todo apunta a que difícilmente podrá evitar la derrota en las urnas. Por ello su objetivo es que no se realice la consulta, al menos en lo que queda del 2016, que es la que llevaría a convocar a una nueva elección presidencial. 

 

  Los resultados de las parlamentarias del pasado 6 de Diciembre del 2015, casi en la mitad del período presidencial, son de hecho un referéndum. En un régimen de tipo parlamentario, por ejemplo como el de España, con esos resultados hay inmediatamente un cambio de gobierno. En cambio, en un régimen presidencialista como el nuestro, se dispone de la figura del referéndum revocatorio. Estimamos que un ejercicio de gobierno sustentado en acuerdos ciertos de gobernabilidad entre el Ejecutivo y el Legislativo hubiese sido una alternativa para evitar el referendum, pero vista la pugnacidad reinante es evidente que esta es una hipótesis descartada. Si ya el país estaba polarizado antes de las elecciones parlamentarias, en este primer semestre del 2016 la difícil convivencia entre el Ejecutivo y el Parlamento ha agudizado la polarización.   

 

 Recordemos que H Chavez también estimaba en un principio que los resultados del referéndum de aquel 2004 no le eran seguros. Recuérdese que ese no se planteó por resultado electoral alguno, sino por la crisis de gobernabilidad de abril 2002 -vacío de poder y golpe de Estado-. El gobierno corrió hábilmente su fecha hasta agosto del 2004, permitiendo recuperarse y vencer ampliamente a la oposición. Este resultado oxigenó política y electoralmente  a Chavez, que lo llevó a confiar en volver a promover un referéndum como lo hizo en el 2007 y 2009.  

 

  La revolución bolivariana había sido exitosa en promover y ganar elecciones, así lo demuestran los resultados desde 1998 hasta el 2015, salvo un par de resultados adversos. Con ese aval se mostraba orgullosamente tanto adentro como afuera del país.  

 

  La revolución bolivariana ha gobernado hegemónicamente, con una oposición en situación de permanente minoría. Es en este 2016, cuando le toca gobernar por primera vez con una mayoría parlamentaria que no controla, por cierto fenómeno que recién antes del primer triunfo de Chávez, estaba presente en el segundo gobierno de R Caldera. 

 

  Los pocos meses del intento de ejercicio plural en la política venezolana, al existir uno de los poderes públicos nacionales con mayoría opositora, han mostrado una manifiesta incapacidad del establecimiento bolivariano por conciliar y entenderse con opositores. Los triunfos en ámbitos regionales y municipales en los últimos años ya habían mostrado este talante. Así se desprende de haber creado gobernaciones o alcaldías paralelas en aquellas jurisdicciones donde el chavismo fue derrotado electoralmente.  

 

  En la Venezuela civil de 1959 en adelante se gobernaba por pactos entre partidos en los primeros tres lustros o gobiernos, ya que eran períodos quinquenales. Luego, con el primer gobierno de Carlos A Pérez se pasó a gobiernos de un sólo partido, así también fueron los que le siguieron, el de Luis Herrera, Jaime Lusinchi, y de nuevo, Carlos A Pérez. Con R Caldera -II- fue un gobierno multipartidista, la sorna criolla los llamaba el “chiripero” porque todos eran pequeños partidos. Importante destacar que el Poder Legislativo era un poder de convivencia entre las distintas alternativas partidistas. 

 

  La convivencia se viene tornando día a día más compleja. Por un lado la situación económica de crisis, con escasez de elementos indispensables para la vida, y una creciente implementación por parte del Ejecutivo de esquemas que no resuelven lo fundamental de las carencias como es revertir el modelo económico que permita recuperar la producción, sino que más bien se ponen en práctica medidas unilaterales sin discutirlo con quienes representan en este momento a la mayoría del soberano. 

 

  Todo luce como perseverar en una política de choques y confrontación, que evidentemente no contribuye a la salida a la crisis sino a su agudización. Tanto en la cuarta como en la quinta, el país asimiló que las salidas a las crisis han de ser electorales, y es anti histórico pretender resolver rehuyendo a ellas, y menos aún quienes llegaron al poder en elecciones respetadas y reconocidas por quienes tenían el control de los poderes.

 

        

 

CALIDAD DE VIDA: DEL PICO AL FOSO

  Las sociedades, comunidades, familias y personas, tienen un determinado nivel de calidad de vida, concepto que es complejo ya que implica condiciones económicas, sociales, políticas, de salud, y de ambiente natural.

  El nivel de la calidad de vida de los venezolanos alcanzó su pico en la segunda mitad de la década de los años 70, y luego, paulatinamente, fue desmejorando a lo largo de las décadas siguientes. Fue un desmejoramiento gradual, lo que permitía a las personas ir haciendo ajustes para adaptarse a las realidades que venían emergiendo. 

  Con los ajustes muchos lograban mantener sus niveles de vida. Muchos de estos, si se quiere, eran prácticas normales en otras sociedades, por ejemplo nos referimos al hecho de contar con dos ingresos en el hogar, ya no sólo el del hombre, sino aportes de ambos cónyuges; en las reivindicaciones gremiales vía los convenios colectivos se lograban mas beneficios para la reproducción de la fuerza de trabajo, especialmente en temas como salud, acceso a los productos, comedores o bonos para alimentación, recreación y educación.

  Este período de mejoramiento continuado en las condiciones materiales del venezolano tiene en una primera etapa un gobierno no democrático, pero que promovió un desarrollismo efectivo en obras materiales, como fue el gobierno de la década de los años 50. Que luego se complementó en los años 60 y 70 con progreso social, manteniendo el mejoramiento de la infraestructura. Así que ahí están los treinta años dorados de la Venezuela moderna. 

  En la literatura sobre desarrollo en el mundo occidental, es frecuente la frase “los treinta gloriosos”, que se refieren casi a los mismos períodos que mencionamos para Venezuela. Luego vinieron en los ochenta y noventa turbulencias políticas y económicas que alteraron el ritmo evolutivo. El país dejó de crecer y mejorar, en algunos años se mantenía, pero en el balance desmejoramos en calidad de vida.

  Ahora queremos venir al momento presente que así como se hizo alusión al pico hace varias décadas, toca mencionar lo contrario, que sería la fosa en donde nos encontramos en cuanto a la calidad de vida de los ciudadanos. Veamos los distintos segmentos asociados al trabajo y los efectos en su calidad de vida por el deterioro sostenidos en varias décadas. 

  En primer lugar la débil situación de los salarios o ingresos por el trabajo realizado bajo condiciones de dependencia, los asalariados, sin duda la situación más extrema en cuanto a fragilidad ante los embates inflacionarios hasta el pasado año, pero hiperinflacionarios en el presente, es el segmento que ha experimentado el mayor deterioro en su calidad de vida. Aquí se incluyen sectores laborales de condición popular y de una medianamente desarrollada clase media que se constituyó por el avance en la educación y su inserción en actividades modernas. 

  Otro segmento que aglutina a densos sectores laborales con un marcado deterioro de su calidad de vida son los trabajadores en condiciones de independencia, pero íntimamente ligados a actividades llevadas a cabo por empresas de mediano y gran tamaño que también resienten la situación económica y han disminuido su actividad productiva, repercutiendo directamente en el recorte de actividad de aquellos independientes que giran alrededor de las anteriores. Aquí se incluyen los que venden los productos, los que surten de insumos, los que transportan, los que prestan servicios por ser actividades no centrales al negocio principal, ya sea en comedores, informática, seguridad, limpieza, servicios profesionales y gestiones diversos. 

  Entre los trabajadores independientes también se tienen a los que prestan sus servicios o venden sus productos al consumidor final, por tanto no forman parte de la periferia de otras empresas, hay una independencia más visible que el grupo del párrafo anterior. Sus condiciones de vida están atadas a que puedan conseguir los elementos para poder hacer sus bienes o prestar sus servicios, y ya ese es un problema central, porque la escasez los lleva a parálisis recurrentes, dejándolos inclusos sin ingresos, teniendo que comerse los ahorros o migrar a otras actividades. ¿Habrá mayor incertidumbre que esa?

  Una cuarta categoría son los rentistas privados. Aquellos que en sus años de mayor capacidad productiva ahorraron e invirtieron en propiedades inmobiliarias, o también  quienes recibieron de sus antepasados en herencia, bienes inmobiliarios o tierras que las rentaban y que de su administración lograban el sustento para vivir. Aquí hay un contingente importante de personas de la tercera edad. Su nivel de vida ha bajado, porque las propiedades para su alquiler están sometidas a regulaciones que los atemoriza, independientemente que sean de grandes propiedades o de modestas que apenas alcancen para vivir, las regulaciones y la manera de administrarlas ahogan la vida de quienes optaron en sus años más productivos por esta opción. 

  El segmento de los propietarios de empresas medianas y grandes, convencionalmente, es considerado el capitalista. Se sabe que al capital le importa, en primer lugar, la acumulación y la preservación de las propiedades. Capital que no logra acumular y no tenga capacidad de renovarse está destinado a sucumbir. Si bien, las propiedades son las que menos sufren en un ambiente inflacionario como el reinante, no es el objetivo central del capital preservar el valor real de las propiedades productivas, sino poder hacer con ellas lo suficiente para ampliarse. Hoy se cuentan por miles las empresas cerradas, y por cientos las que se han ido del país. Así que alrededor de ellas hay personas a quienes se les ha disminuido su calidad de vida. 

  Se asume en líneas generales que en cuanto calidad de vida se ha llegado al foso, y es por ello las turbulencias que hoy se observan a diario en materia política.

EMPRESAS TOMADAS Y SUBSIDIADAS

Sostenemos la tesis que la amenaza de “Empresa parada, empresa tomada”, para quién realmente debiera dirigirse es para las empresas que están en manos del Estado. Ya que son empresas mantenidas por los contribuyentes, entendido trabajadores, empresas privadas y consumidores, por tanto toda una sociedad carga en sus espaldas las consecuencias de la mala gestión, con el agravante que se suelen mostrar como modelos de eficiencia por puras razones propagandísticas e ideológicas. 

  Por años, estuvimos viendo propaganda que elogiaba los logros productivos de la fábrica de papel Invepal (antigua Venepal). Toda una ficción, como muchas otras que la brevedad nos impide describir. También, en la autopista regional del centro aún se mantienen paradas algunas vallas que hacen propaganda de empresas agrícolas de espacios que eran productivos, fueron expropiados o confiscados y que hoy están ociosos.   

  Recordemos que con la recaudación del Seniat tanto por IVA como ISR a empresas y personas, se obtiene cerca del 80% del presupuesto nacional, estimaciones del Superintendente del Seniat. Las empresas en manos del Estado, que no son productivas son subsidiadas por los Ministerios o entes estatales de adscripción, ya sea porque previamente los recursos están contemplados en el presupuesto nacional o porque se incluyen en créditos adicionales. 

  No se puede seguir repitiendo que es la renta petrolera la que subsidia, somos los contribuyentes que con nuestro trabajo y consumo le entregamos al Estado el dinero para que lo administre, esperando a cambio servicios públicos de calidad, y en cuanto a las empresas estatales, se esperan productos y servicios que lleguen a los anaqueles y que sean accesibles a los consumidores. Y si fuera la renta petrolera, como efectivamente lo fue décadas atrás con menor presión tributaria para entonces, tampoco justifica de ninguna manera, la administración errática de las propiedades de la Nación. 

  Al papá Estado lo mantienen los ciudadanos. Internalizar y estar convencido de esta realidad incomoda al establecimiento político tradicional venezolano, tanto en el régimen que ha gobernado en los últimos 17 años, como el anterior. Mas bien, buena parte de esos recursos se utilizan para convencer que el poder no es del ciudadano sino de los gobernantes. Elocuente es que entidades e instituciones que el Gobierno controla, ignoran decisiones de otro ente público que recientemente ha recibido un endoso mayoritario de apoyo ciudadano. 

  En un reciente estudio sobre las decisiones del TSJ, se constató que en análisis de casos de querellas entre los particulares y el Estado, se han dictado 45.474 sentencias en las salas Constitucional, Político Administrativa y Electoral, que están encargadas de controlar los actos del gobierno. Los abogados Antonio Canova, Luis Alfonso Herrera, Rosa Rodríguez y Giussepe Graterol las analizaron una a una. Las conclusiones de la investigación están vertidas en el libro “El TSJ al servicio de la revolución. La toma, los números y los criterios del TSJ venezolano (2004-2013)”, y revelan que en ningún caso el máximo tribunal ha fallado en contra del oficialismo.

  Se tiene que decir que no se está cumpliendo con los ciudadanos contribuyentes. Peor aún, estamos viendo saqueos casi a diario, de establecimientos públicos y privados, así como de camiones y gándolas que transportan productos, todo un desespero de la población ávida especialmente de alimentos. No se puede dejar de mencionar que en algunos casos al lado de estos hechos también ocurren acciones vandálicas que se aprovechan del caos reinante. 

  Agreguemos a la situación de empresas tomadas hoy subsidiadas, que los propios trabajadores que venían prestando servicios en esas empresas, son desmejorados en sus condiciones de trabajo, en la mayoría de los casos están mal pagados, se les incumplen compromisos contractuales y legales. También se incorporan los nuevos gestores, que llegan con actitud de interventores, con nuevo personal de dirección y de confianza, que agrandan las nóminas con nuevas personas, y dificultan la convivencia productiva y laboral. 

  Por supuesto que esto no está desconectado de las políticas públicas a las que se ven sometidas esas empresas, en muchos casos se trata de que responden a criterios de gestión ajenos a los principios de organización y administración de empresas destinadas a producir, ya que en muchos casos los criterios ideológicos que animan a los gestores complejizan la viabilidad productiva y auto sustentable de las mismas. 

  Resultan contundentes las comparaciones que se hace inevitable comentar, que dada la postura hostil del gobierno nacional hacia el principal grupo empresarial industrial productor de alimentos -Polar-, resulta que en los distintos rubros en donde coexisten plantas en manos de ese grupo y también en manos del gobierno nacional, estas como resultado de empresas tomadas, los desempeños son  altamente diferentes, en términos de cantidad, calidad y eficiencia a favor de los primeros, a pesar que la misma hostilidad va acompañada de retrasos en asignaciones, excesivo número de inspecciones y campañas detractoras, que se hacen efectivas en entes estatales que tienen que ver con decisiones administrativas y judiciales de querellas propias de las actividades económicas. 

Contra todo este ambiente, resulta que el grupo privado logra objetivos y resultados que las empresas tomadas no logran alcanzar aún con el trato preferente.  La comparación anterior no significa per se que todo Estado ha de ser un mal administrador y que los privados sí lo son en todos los casos. Esa es una discusión que dejamos para otro momento. 

  “Empresa parada, empresa tomada” ¿Por que paran? las respuestas son variadas y en las políticas económicas hay una buena parte de ellas;  y ¿Para que tomarlas? no debiera ser para empeorarlas, pero mucho de eso es lo que ha ocurrido. 

EMPRESA PARADA, EMPRESA TOMADA ¿PARA QUÉ?

El tema es complicado porque atenta contra todo esfuerzo de convivencia productiva, por tanto un país con tan crítica situación en la provisión de bienes y servicios para su población, ya que es deficitario en la producción local y crecientemente dependiente de las importaciones, más bien ha de revisarse desde el más alto nivel, así como analizar y reconocer sus errores en la conducción de política económica, teniendo presente que se han destinado ingentes recursos, sin embargo cada vez se produce menos.

  La frase “Empresa parada, empresa tomada”  proviene de la Argentina de fines de los años noventa, en tiempos de crisis económica y de cierres empresariales, especialmente de pequeñas empresas que no podían mantenerse con los efectos de la política económica de entonces. Cierto que en este país, tenían algunos antecedentes de empresas autogestionadas, al final del gobierno de Perón  en los años cincuenta. Pero muchos más casos emergieron en la etapa más reciente de fines de los noventa. Estudiosos del tema señalan de esta última etapa unas 50 empresa que abarcan 22.000 trabajadores directos y facturan anualmente más de 400 millones de US$ (http://webiigg.sociales.uba.ar/empresasrecuperadas/PDF/Abelli.pdf).

  La experiencia en Venezuela con las empresas tomadas, ya sea porque estaban paradas, o en funcionamiento parcial o total, excede ampliamente el número de lo señalado para Argentina, tanto en cantidad  de empresas, como de trabajadores, pero no en cuanto al monto de la  facturación, más bien lo que hoy tenemos en nuestro caso son empresas subsidiadas, con muy contadas excepciones. 

  Los antecedentes de empresas que han sido sustraídas de los dueños originales, para pasar a manos del Estado, se ubican en el período chavista a partir del año 2003, que junto al 2002, fueron de espectaculares caídas de la producción a niveles de más del 10% en cada año. De ahí que muchas empresas se paralizaron. 

  Pero hemos de advertir que tanto esta primera oleada como otras en años posteriores, las empresas no pasaron a manos de su personal, ni tampoco fueron experiencias de autogestión de los trabajadores, sino que pasaron a ser gestionadas tanto a manos de burócratas vinculados con el partido oficial como de militares, por lo que los trabajadores tanto los profesionales, como los de mayor calificación en los procesos productivos de las mismas, no siempre jugaron un papel protagónico en la conducción de las mismas. 

  Hay que reconocer que para los trabajadores que inicialmente se plantaron y ocuparon las empresas en donde prestaban sus servicios, lo hicieron preocupados por los pasivos laborales que estas empresas tenían con ellos. Se trataba de prestaciones sociales, cajas de ahorros, beneficios y salarios no pagados. Posteriormente la preocupación fue más allá de esta primera postura defensiva, y se pasó a ocupar el establecimiento por la defensa del puesto de trabajo. 

  Tampoco el Gobierno se preparó para disponer de un sector de empresas recuperadas, no ocurrió con la primera oleada, del 2003 ni la ocurrido en años posteriores. Los móviles para la toma de empresas fueron diversos, en unos casos se apelaba a la soberanía alimentaria, en otros al carácter de estratégicas, y no pocas eran retaliaciones hacia sus dueños. 

  Los sindicatos fueron marginalizados de estos procesos. Más bien en la mayoría de las empresas tomadas, las condiciones de trabajo se vinieron a menos, dando lugar a incumplimientos de los convenios colectivos, y el desmejoramiento de los niveles de bienestar de los trabajadores. Por supuesto que se han presentado quejas de los dirigentes sindicales, pero los nuevos administradores responden a las directrices del alto gobierno, y no a los intereses de los trabajadores de la empresa gestionada, ni de su sindicato. Más bien en lo laboral, se fomenta que el sindicato sea un apéndice de la gerencia, y si no se presta a ello, se crean sindicatos paralelos. 

  Si se toma al pié de la letra, “Empresa parada, empresa tomada”, las mayores proporciones de casos, se ubican en el sector de las empresas que son gestionadas por el Gobierno. Al hacer un recorrido por empresas agrícolas, pecuarias, agro-industriales, centrales azucareros, torrefactoras de café, de productos lácteos, de bienes industriales, de productos metal-mecánicos, siderúrgicos, en fin, este inventarios de empresas tomadas por el Gobierno, y que hoy están paradas es amplio, multisectorial y en todo el país. Una verdadera tarea de los entes contralores -Poder Moral-  es ocuparse de este derroche y señalar responsables, ya que la falta de comida y la parálisis productiva está especialmente en este sector. 

  

  Estas empresas ya fueron tomadas,  y hoy están paradas, o también pueden estar en producción, pero generándole pérdidas a la Nación. Téngase presente que una empresa que no se sustente, es porque está subsidiada. Y ¿Quién la subsidia? Nosotros, los contribuyentes de impuestos. Recordemos que la principal fuente de recursos que mantienen al Gobierno, es lo que recauda el Seniat, de empresas, trabajadores y consumidores. Y acaso ¿tenemos alguna voz en este sector? No tenemos ninguna. Más bien además de subsidiarlas, nos hacen falta los productos que supuestamente debían de producir.

  Finalizando, hay que tener presente que la política económica ha venido centralizando aspectos sensibles para el funcionamiento productivo, por lo que a la hora de analizar las causas de una parálisis de empresa, hay que considerar el papel que en ello han jugado las políticas públicas, en materia cambiaria y asignación de divisas, de fijación de precios, laborales, en infraestructura. Es irresponsable no verse a si mismo, cuando se manejan los ingresos petroleros, la recaudación tributaria, y todo el aparato burocrático que ha de estar al servicio del bienestar de la Nación, que pasa por contar con productos y servicios suficientes para la población.

  Vistos los resultados con la gestion de las empresas en manos del Estado, la amplia mayoría de la población no ve con simpatías la amenaza gubernamental, a lo sumo que rinda cuentas de lo que no ha logrado con las que tiene bajo su responsabilidad.  Lo dicho por el Presidente Maduro, “Empresa parada, empresa tomada” se le puede convertir en un boomerang.

CON HIPERINFLACION Y ESTANCAMIENTO ¿QUE PUEDEN HACER LAS RELACIONES LABORALES?

¿Qué pueden hacer las relaciones de trabajo en un escenario inflacionario y estancado económicamente como el que hemos vivido en los últimos años?



 No hay antecedentes similares en la historia económica y laboral nacional que nos permita disponer de referencias. Inflación de tres dígitos sólo recordamos un año determinado en pleno centro de la crisis financiera de 1994-5, empezando el segundo gobierno de Rafael Caldera, que llevó a la implantación de un control cambiario y luego su unificación, lo que dio lugar a hacer ajustes y correcciones estableciendo un cambio único, lo que llevó la inflación a pasar por primera vez de más del cien por ciento, alcanzando el 103%. Nuestra tradicional estabilidad económica y de precios hasta entonces, así como lo favorable de otros indicadores económicos, no nos había colocado en situaciones que otros países del Sur América bien conocían, y por tanto con referencias de cómo se manejaron esas situaciones.



 Hoy tenemos ya tres años con inflación de más de tres dígitos, apuntando la del presente a estimaciones que van desde los trescientos hasta los setecientos por ciento.



 Para hacer el cuadro situacional más complicado, resulta que tenemos una inflación que no es sólo porque hay un exceso de demanda que supera la capacidad productiva, hipótesis reconocida cuando los ingresos de los trabajadores aumentan más allá de la capacidad del sistema económico de proveer bienes y servicios, sino más bien porque el aparato productivo no los está suministrando, los anaqueles están vacíos. 



 Este sistema productivo ha sido sometido a restricciones y limitaciones a lo largo de varios lustros que hoy no provee lo necesario para  un consumo que no es que tiene mayor capacidad de compra, por incremento de sus ingresos, sino que se trata del consumo elemental de lo necesario para la sobrevivencia, en un escenario de continuada disminución de la calidad y el bienestar. 



 Los estudiosos del campo de la economía no consiguen otros momentos similares en la historia económica del país que se parezcan a lo que se vive actualmente. 



 Del lado de la relaciones de trabajo se plantean desafíos e interrogantes que igualmente son inéditas. No hay respuestas conocidas para que los instrumentos convencionales de este campo disciplinario y del quehacer socio laboral y económica, puedan llenar las necesidades y los vacíos que producen los dos fenómenos de inflación apuntando a la hiperinflación, y una recesión continuada que ya va por su cuarto año. 



 Por supuesto que el problema se complica aún más por el comportamiento político de quienes elaboran y dirigen la política económica, ya que son renuentes a rectificaciones, lo que determina que la realidad va imponiendo ajustes brutales sobre los hombros de los más débiles, quienes tienen menores ingresos o aún peor, quienes no lo tienen, ya que no se crean empresas, más bien se cierran y se pierden puestos de trabajo, o se degradan por perder los trabajadores aquellos ingresos asociados a la actividad productiva dinámica, que permite la mejora de los salarios integrales y promedios. 



 En fin, este ajuste que en los hechos se vive cotidianamente, no es de los clásicos como los que se asocian con la imposición de medidas macroeconómicas para corregir desajustes en el desenvolvimiento económico, con la expectativa de que transcurridos unos plazos que siguen un cronograma, se llegará a un estadio de alivio de las penurias e ir gradualmente percibiendo los resultados del sacrificio. 



 Hoy vivimos todas las consecuencias del sacrificio, pero sin el acompañamiento de las expectativas que gradualmente irían madurando para ir mostrando que el sacrificio era necesario. ¿Y por qué este sacrificio?, cómo se explica que un país, una sociedad mayoritariamente viene experimentando problemas crecientes para su desenvolvimiento, para la convivencia, para alimentarse, para curarse, para llevar una vida normal en el ámbito del hogar, del trabajo, de la comunidad, ¿Cómo es que todo esto se mantiene así? No es en lo laboral, ni tampoco en lo económico, en donde se encuentran las primeras respuestas a esta pregunta. Ello sólo se encuentra en primer lugar en lo político. Claro que inmediatamente hay que integrarse a lo económico y a lo laboral, para completar un cuadro de salidas y soluciones.



 Hay un juego trancado, como se dice en el dominó. Los expertos saben cuantas fichas están sobre la mesa, y se hacen los estimados cuales tiene el otro, sabiendo con certeza cuantas tengo yo. El problema es que se viene desenvolviendo el juego con amenazas, atropellos, ya casi que se da la patada final a la mesa. Mientras los que siguen y esperan el resultado del juego, ya no aguantan y se lanzan a la calle. Los que tienen el poder, sólo usan la fuerza, ya no tienen argumentos, no convencen. 



 Tenemos instituciones de las relaciones laborales, pero no funcionan fluidamente dado el grado de deformaciones presentes y actuando sobre la vida de las personas, de las familias, de las empresas, hacen faltan grandes acuerdos y decisiones en lo político, que encause salidas a la crisis.    

LAS OPORTUNIDADES PERDIDAS

 Venezuela llevaba varias generaciones donde los hijos lograban vivir mejor que sus padres. Se puede mencionar que así había sido a lo largo de buena parte del siglo XX, concretamente desde el inicio de la economía petrolera en la tercera década, cuando estos ingresos superaron a los que se obtenían por el café, hasta entonces el principal producto de exportación. 

  La familia lograba  creciente y continuamente mejores ingresos y se veía el futuro con perspectivas de crecimiento. Ello se traducía en migraciones internas de los espacios rurales a la vida urbana con los propósitos estudiar y conseguir mejores trabajos o montar una actividad económica independiente para lograr los bienes fundamentales para la vida familiar, la prioridad obviamente la vivienda y sus enseres. Ya desde los años sesenta el parque automotor se consideraba sofisticado y renovado.

  El venezolano  migraba internamente, aunque poco lo hacia hacia al exterior. Por el contrario el país fue siendo conocido por su pujanza y modernización y se convirtió en receptor de olas de inmigrantes. Lo que ya había sucedido masivamente en el siglo XIX y principios del XX en países del cono sur del continente, pero en nuestro caso se produjo luego de los años de la guerra civil en España y de la II Guerra Mundial.

  Estos indicadores como: mejora del nivel de vida generación tras generación, migraciones ínter regiones y del campo a la ciudad, ascenso social con adquisición de bienes durables, mejora de los índices de educación y salud, daban a las nuevas generaciones confianza en su futuro. Indudablemente estos datos positivos descansaban en los crecientes ingresos de la venta de petróleo, es decir la renta que nos daba este producto del subsuelo. 

  Desde mediados de los años veinte, los principales indicadores económicos fueron de  una constante mejoría. Crecimiento del producto, de los ingresos, de las exportaciones, del empleo, del gasto social. Algún traspiés en un año aislado en el pleno climax de la segunda guerra mundial, así como también inmediatamente posterior a la caída del gobierno de Pérez Jimenez, pero no alteraron el balance favorable de estos sesenta años que concluyen a fines de los ochentas. El “caracazo” o “sacudon” de 1989 le dio un plantón a una etapa que venía acumulando al lado del progreso en importantes segmentos e instituciones, crecientes porciones de la población que se estaban quedando rezagados, y por tanto a perder su confianza en los liderazgos e instituciones que venían conduciendo al país por décadas. 

  La riqueza súbita del primer “boom” petrolero de 1974, así como la del segundo en 1979,  si bien dejaron algunas obras para la generación de riquezas - ampliación y nuevas empresas básicas-, infraestructura y programas sociales, pero también la corrupción y la mala gestión hizo perder parte importante de esos ingresos que no fueron bien administrados. Aquí se sembraron semillas de impunidad y descontento que gradualmente fueron creciendo y forman parte de los antecedentes de los procesos políticos y económicos que señalamos en el párrafo anterior.

 Al termino del quinquenio del primer “boom”, el nuevo presidente -Luis Herrera Campins- destacó en el mismo acto de la toma de posesión que recibía «un país hipotecado», por el derroche de los enormes recursos fiscales de la explotación del petróleo y criticó en muy duros términos el «personalismo» de su antecesor, Carlos Andrés Pérez. Pero al término del quinquenio que gobernó Herrera Campins, su sucesor en similar circunstancia -Jaime Lusinchi- acusó  que «Se rompió la alcancía del pueblo venezolano…», ya que la administración del presidente Herrera va a estar signada por una bonanza económica, el segundo “boom” petrolero que abruptamente da paso a una recesión, un hito “el viernes negro” -18 de febrero de 1983- que cambió la historia económica del país.

  El ciclo de riqueza petrolera súbita se repitió en estos años recientes, en la etapa del nuevo liderazgo que vino con la revolución bolivariana, los años de ingresos extraordinarios por concepto de la renta petrolera que sobrepasaron la barrera de los US$ 100 el barril, como fue en el 2008, y luego en 2011-14, pero en esta ocasión a pesar de tratarse de ingresos mayores que los del boom de los años setenta, al país le ha quedado menos beneficios, y por el contrario carga con una deuda interna y externa de altos montos que se desconocen. 

  Otra vez y en mucho mayores dimensiones a los anteriores aumentos súbitos de precios petroleros,  a la población venezolana, y especialmente a los jovenes, se les ha robado su presente e hipotecado su futuro. 

  En esta segunda década del siglo XXI los hijos ya no vivirán mejor que sus padres, así lo perciben y reconocen, muchos que bien preparados en nuestros centros de estudios han optado por irse a otros lugares del planeta. Seguro que habrán unos muy contados que han logrado introducirse en el pequeño grupo que accede a las grandes fuentes de hacer una riqueza súbita, como son las divisas preferenciales y negocios ventajosos con el Gobierno. En contrapartida ya dejaron de venir los inmigrantes con espíritu de emprendimiento.  

 Queda en el país una población adulta que ha visto nuevamente el despilfarro  y desperdicio de una nueva gran oportunidad mayor que aquellas denominadas la Gran Venezuela, la Venezuela Saudita. Al lado de ellos, está una joven población que vio parte del régimen anterior lo que le permite comparar una y otra manera de conducir el país. Hoy, el llamado socialismo del siglo XXI, que de socialismo no tiene mucho, o en todo caso sería una de las peores versiones de esta forma de conducir la vida de la sociedad, le deja a los jovenes un país en estado de caos, endeudado, con instituciones fracturadas, con violencia extrema, con un aparato productivo semi paralizado, con una infraestructura deteriorada, con instituciones que apenas funcionan. Los hijos de hoy para poder vivir mejor que sus padres encaran sin duda sacrificios y grandes tareas por resolver,

SALARIOS MÍNIMOS PARA POPULISMO BARATO

El acto principal de la celebración del Día Internacional de los Trabajadores en Venezuela es la reunión o una marcha de aquellos organizados sindicalmente, en donde se vocean y portan consignas que reflejan los más sentidos problemas y aspiraciones de la clase trabajadora. 

  Los gobiernos han aprovechado esta fecha para hacer anuncios que le sirvan para congraciarse con los trabajadores, y el más recurrido es la revisión y el anuncio del nuevo salario mínimo. Su establecimiento en Venezuela fue en 1975, el primer año que luego de un prolongado período con una inflación de un dígito, pasamos a dos. Durante esos primeros años la revisión no era anual, se dejaban pasar dos o tres años para su revisión, todo según la inflación, el momento político y la presión sindical. 

  Pero a mediados de los años ochenta la revisión pasó a ser anual. Hasta que la Ley Orgánica del Trabajo -1990- trajo dos elementos importantes con respecto al salario mínimo: demandaba legalmente su revisión anual y estableció un mecanismo tripartito de consultas. Hay que destacar que aún sin estar establecido en la legislación laboral previa a la LOT de 1990, las consultas tripartitas venían poniéndose en práctica. 

  Pero la LOT estableció mecanismos que exigían que su determinación debía ser el producto de la participación de los representantes de los trabajadores y los empleadores en consulta con el Banco Central de Venezuela y el Consejo de Economía Nacional,  quienes presentaban el resultado de sus negociaciones al Gobierno Nacional, y este lo expresaba en un Decreto. Evidentemente esto fue un avance para la experiencia que se había venido practicando en la materia del salario mínimo. 

  Pero este avance duro poco, ya que con la llegada de la revolución bolivariana se adoptó desde el Ejecutivo una postura desfavorable a estas consultas, y fueron gradualmente dejadas de lado. Al principio con una supuesta ampliación de la participación, invocando a más organizaciones tanto de trabajadores como de empleadores en los procesos de consulta, pero con un protagonismo del propio gobierno, hasta que el Decreto con rango y fuerza de Ley orgánica del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras -2012-, se regresó al régimen en donde de manera autocrática el presidente fija el salario mínimo. 

  Para tener una idea del nivel de nuestro salario mínimo, es importante una revisión a nivel del continente. En los países de la región latinoamericana los salarios mínimos mensuales son para el presente año - expresados en US$ -: Argentina $ 414; Bolivia $ 244; Brasil $ 245; Colombia $ 229; Costa Rica $ 520; Chile $ 373; Ecuador $ 366; Guatemala $ 377; Honduras $ 327; México $ 128; Nicaragua $ 169; Panama $ 677; Paraguay $ 344; Perú  $ 252; Uruguay $ 349. Este conjunto de países incluyen algunos con mayor desarrollo que Venezuela, pero también otros con modesto desarrollo económico, el promedio del salario mínimo es de $ 315, que como se verá más adelante es ocho veces mayor que el nuestro que entra en vigencia este 1 de Mayo.

  En cuanto a  los Estados Unidos de América del Norte, desde el 24 de julio de 2,009 el salario mínimo según fija el gobierno federal es de $7.25 por hora. El Presidente Barack Obama ha anunciado elevarlo a $ 9.00 antes de que termine el presente año.  Algunos estados o distritos tienen un mínimo mayor, como son los casos de: Distrito de Columbia (Washington D.C.). $11.50; Seattle 11.00; Chicago es de $10.50;  Massachusetts y California: $10.00/hora; Alaska:  $9.75; Vermont, Connecticut y Rhode Island $9.60. El resto de los estados están entre este último monto y los 7.25 la hora.  

 Para tener una aproximación al salario mínimo mensual en los EEUU, multipliquemos el monto hora por 8 horas diarias y 22 días mensuales, y nos da $ 1276, que sería el más alto del continente. Además hay que advertir que el salario mínimo en los EEUU es un referente que lo gana un ínfimo porcentaje de la fuerza de trabajo. 

  Ya que hemos visto los niveles de los salarios mínimos del continente, presentemos el nuestro, que hasta este 30 de Abril es de 11.578 bolívares mensuales. Se anuncia un incremento del 30% que lo eleva a Bs 15.051. 

  Para análisis comparativos es importante que lo veamos en dólares. Como circulan tres cambios, dos oficiales y uno no oficial pero que se toma en cuenta para un alto porcentaje de las transacciones de compra y venta, indiquemos que en un primer cambio oficial -Dipro-  nuestro salario mínimo sería el más alto de América Latina, por encima del de los EEUU, ya que si dividimos 15.051 entre 10, el salario mínimo sería de 1.505. Si adoptamos la tasa de cambio Simadi o Dicom, la división sería del salario mínimo entre Bs 378,37 (BCV al día 29-4-2016), el salario mínimo sería hasta el 30-4-16 de $ 30,60, pasando a $ 40 a partir del 1 de Mayo. Destacable que este tipo de cambio flotante casi se ha duplicado en menos de dos meses.

  Si lo dividimos entre el dólar del mercado negro, nuestro salario mínimo no alcanza los $12. No creo que los lectores de otros países podrán tomar en serio este dato, pero es así. 

  Visto la enorme disparidad del nivel del salario mínimo en nuestro país, y el retroceso acelerado ocurrido en las últimas dos décadas, pero con mayor pronunciamiento en los tres últimos años, es por lo que si en el transcurso de un año el Presidente decreta tres y cuatro aumentos del salario mínimo, ello no ha tenido mayor significado para detener el continuado deterioro de la calidad de vida del trabajador, así mismo no hay repercusión alguna en la motivación de esos anuncios. A mediados del presente mes de Abril, el salario mínimo sólo alcanzaba para adquirir un 7% de la cesta básica.

  Del lado empresarial los anuncios de aumentos del salario mínimo impuestos los toma sin previsión ni planificación asociada con la actividad productiva por la parálisis cada día más extendida en el aparato productivo. La generalidad de los establecimientos formales cumplen con los decretos de salarios mínimos, pero se percibe que son incrementos sin trascendencia para  activar el aparato productivo por un aumento de la capacidad de compra de los trabajadores. El ritmo que llevan los incrementos de los precios es varias veces más rápido que la revisión salarial de los mínimos.  

  Por otro lado las escalas salariales generales cada vez más achatadas, más trabajadores ganando el salario mínimo, o con diferenciales que no guardan relación con las experiencias, con la formación y las responsabilidades de las funciones y cargos. Se desmontan años de cultura de trabajo, de valores y disciplina en la ejecución y cumplimiento. 

  Estamos en un estado laboral en donde el trabajo no es valorado, hay un estimulo a otros comportamientos en ámbitos distintos a lo productivo. Imposible sostener una sociedad por este camino.