Se vienen haciendo comparaciones entre la situación existente en el presente con la víspera y la emergencia del “caracazo” o “sacudón” del 27 y 28 de febrero de 1989. Está entendido y aceptado que aquel evento significó un quiebre del sistema por las magnitud y el desbordamiento de las protestas, que decían fundamentalmente que no se estaba dando respuestas a problemas muy sentidos de la población, como era el acceso a bienes y servicios en cantidad y en costos accesibles, además de un deficit de participación política; y por otro, lado significó un quiebre en el tratamiento militar por la severa represión aplicada para contener el desbordamiento social.
El sindicalismo mayoritario -CTV- de entonces reaccionó convocando a un paro nacional de un día contra las políticas neoliberales del segundo gobierno de Carlos A Pérez, pero la mayoría de la dirigencia sindical subordinada al partido gobernante lo reorientó y lo hizo contra los especuladores. No se pudo desatar la dependencia partidista.
El descontento que quedó del “caracazo” trajo consigo traumas que han pervivido ya por más de un cuarto de siglo. Inmediatamente a esos hechos se desataron otros de gran profundidad en la vida política del país, como dos alzamientos militares, una destitución de un presidente y la debacle de los partidos que habían gobernado por cuarenta años.
La nueva etapa que se abrió con los resultados de las elecciones de 1998 trajo propuestas que encantaron a las mayorías, e incluso ello se extendió más allá de nuestras fronteras en intelectuales y militantes en America Latina y en Europa. Y con mucho más razones, por dos fenómenos que se venían imponiendo con avances vertiginosos, como era la caída del socialismo real y el predominio del neoliberalismo sobre los esquemas desarrollistas y keynesianos, que habían dominado las políticas económicas post Segunda Guerra Mundial. Tal parecía que la aparición de la propuesta del socialismo del siglo XXI llegaba oportunamente, encontrándo seguidores aquí y en varios países de la región.
Las protestas y en general los conflictos más genuinos son expresión de los sectores que no están en el poder. Claro que desde el poder en situaciones de riesgo de su permanencia, apela discursivamente a la retórica del conflicto contra aquellos que identifica como sus enemigos externos e internos, y promueve movilizaciones, pero que no significan conflictos genuinos porque no demandan nada, sino que son barreras de contención en defensa del status quo. En la medida que la situación de los sectores populares vaya empeorando, los discursos sin hechos que los sustenten seguirán perdiendo su original efecto de identidad.
A partir de 1999 se vivió una efervescente etapa de protestas y movilizaciones que desde el poder estatal se atendían con interés y prontitud. La permisividad a las manifestaciones de conflictos se asociaban con la necesidad que la gente se expresara, ya que por un lado se trataba de corregir males endémicos y estructurales, y por otro ahuyentar a los reales y potenciales enemigos de los cambios en curso. Las protestas conseguían eco en los poderes estatales que las atendían. Reforzaba la retórica que enfatizaba el peso del poder popular.
En lo electoral a todos los niveles se fomentaba la consulta. Se popularizaron los referendos en el ámbito sindical para dar respuesta a situaciones de existencia de más de un sindicato en un mismo ámbito de representación y negociación. Revolución bolivariana era sinónimo de elecciones y sus triunfos. Era invencible. Las elecciones son válvulas y espacios de expresión que le dan energía a un sistema socio político.
En estos últimos tres años (2014-2016) tenemos la mayor explosión de conflictividad en la historia de la Venezuela moderna. Creíamos que la conflictividad opositora del 2002-3 era la máxima, pero ha sido ampliamente superada. Esas eran protestas políticas, pero estas de hoy son además económicas y sociales, es decir cubren todas las dimensiones, son atendidas por un espectro más diverso de segmentos de la población, están extendidas en grandes, medianas y pequeñas ciudades, no se ubican en una fecha dada como resultado de una convocatoria partidista opositora, surgen como en un terreno ya sembrado de semillas cuando empiezan a germinar las nuevas plantas. Se entiende que las semillas también fueron sembradas desde el poder, porque levantó expectativas y construyó una retórica para explicar las dificultades y las soluciones, que ha perdido conexión con la vida cotidiana.
Pero resulta que ahora materializar las consultas electorales es un verdadero via crucis. Los órganos estatales en vez de facilitarlas, imponen obstáculos. Sean elecciones sindicales, universitarias, incluso refrendario nacional, todas encuentran ahora más y nuevas limitaciones. Se vence un periodo de una directiva y con extrema diligencia surgen obstáculos que impiden la renovación de los directivos vencidos, mientras tanto surgen restricciones para realizar la gestión cotidiana. Se impide con ello el ejercicio democrático que significa la consulta electoral, sea para confirmar una gestión o para dar oportunidad a otros.
Lo expuesto como déficit democrático se trata de ser resuelto con el uso de la presencia militar, en un principio disuasiva, especialmente con todo el arsenal de equipos modernos que despliegan ante el público, pero eventualmente deviene en represora material. Y aún más, complementada con la presencia de civiles armados que se desenvuelven libremente como si fueran órganos del Estado, y peor aún, lo hacen ante quienes han sido facultados para tener el monopolio de las armas y del orden público. Hay que recordar que a todas las entidades públicas se las mantiene presupuestariamente con los recursos de la nación y las tributaciones de los ciudadanos, pero es para que sea un verdadero árbitro y no obstáculos a los ejercicios democráticos.
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