EMPRESAS TOMADAS Y SUBSIDIADAS

Sostenemos la tesis que la amenaza de “Empresa parada, empresa tomada”, para quién realmente debiera dirigirse es para las empresas que están en manos del Estado. Ya que son empresas mantenidas por los contribuyentes, entendido trabajadores, empresas privadas y consumidores, por tanto toda una sociedad carga en sus espaldas las consecuencias de la mala gestión, con el agravante que se suelen mostrar como modelos de eficiencia por puras razones propagandísticas e ideológicas. 

  Por años, estuvimos viendo propaganda que elogiaba los logros productivos de la fábrica de papel Invepal (antigua Venepal). Toda una ficción, como muchas otras que la brevedad nos impide describir. También, en la autopista regional del centro aún se mantienen paradas algunas vallas que hacen propaganda de empresas agrícolas de espacios que eran productivos, fueron expropiados o confiscados y que hoy están ociosos.   

  Recordemos que con la recaudación del Seniat tanto por IVA como ISR a empresas y personas, se obtiene cerca del 80% del presupuesto nacional, estimaciones del Superintendente del Seniat. Las empresas en manos del Estado, que no son productivas son subsidiadas por los Ministerios o entes estatales de adscripción, ya sea porque previamente los recursos están contemplados en el presupuesto nacional o porque se incluyen en créditos adicionales. 

  No se puede seguir repitiendo que es la renta petrolera la que subsidia, somos los contribuyentes que con nuestro trabajo y consumo le entregamos al Estado el dinero para que lo administre, esperando a cambio servicios públicos de calidad, y en cuanto a las empresas estatales, se esperan productos y servicios que lleguen a los anaqueles y que sean accesibles a los consumidores. Y si fuera la renta petrolera, como efectivamente lo fue décadas atrás con menor presión tributaria para entonces, tampoco justifica de ninguna manera, la administración errática de las propiedades de la Nación. 

  Al papá Estado lo mantienen los ciudadanos. Internalizar y estar convencido de esta realidad incomoda al establecimiento político tradicional venezolano, tanto en el régimen que ha gobernado en los últimos 17 años, como el anterior. Mas bien, buena parte de esos recursos se utilizan para convencer que el poder no es del ciudadano sino de los gobernantes. Elocuente es que entidades e instituciones que el Gobierno controla, ignoran decisiones de otro ente público que recientemente ha recibido un endoso mayoritario de apoyo ciudadano. 

  En un reciente estudio sobre las decisiones del TSJ, se constató que en análisis de casos de querellas entre los particulares y el Estado, se han dictado 45.474 sentencias en las salas Constitucional, Político Administrativa y Electoral, que están encargadas de controlar los actos del gobierno. Los abogados Antonio Canova, Luis Alfonso Herrera, Rosa Rodríguez y Giussepe Graterol las analizaron una a una. Las conclusiones de la investigación están vertidas en el libro “El TSJ al servicio de la revolución. La toma, los números y los criterios del TSJ venezolano (2004-2013)”, y revelan que en ningún caso el máximo tribunal ha fallado en contra del oficialismo.

  Se tiene que decir que no se está cumpliendo con los ciudadanos contribuyentes. Peor aún, estamos viendo saqueos casi a diario, de establecimientos públicos y privados, así como de camiones y gándolas que transportan productos, todo un desespero de la población ávida especialmente de alimentos. No se puede dejar de mencionar que en algunos casos al lado de estos hechos también ocurren acciones vandálicas que se aprovechan del caos reinante. 

  Agreguemos a la situación de empresas tomadas hoy subsidiadas, que los propios trabajadores que venían prestando servicios en esas empresas, son desmejorados en sus condiciones de trabajo, en la mayoría de los casos están mal pagados, se les incumplen compromisos contractuales y legales. También se incorporan los nuevos gestores, que llegan con actitud de interventores, con nuevo personal de dirección y de confianza, que agrandan las nóminas con nuevas personas, y dificultan la convivencia productiva y laboral. 

  Por supuesto que esto no está desconectado de las políticas públicas a las que se ven sometidas esas empresas, en muchos casos se trata de que responden a criterios de gestión ajenos a los principios de organización y administración de empresas destinadas a producir, ya que en muchos casos los criterios ideológicos que animan a los gestores complejizan la viabilidad productiva y auto sustentable de las mismas. 

  Resultan contundentes las comparaciones que se hace inevitable comentar, que dada la postura hostil del gobierno nacional hacia el principal grupo empresarial industrial productor de alimentos -Polar-, resulta que en los distintos rubros en donde coexisten plantas en manos de ese grupo y también en manos del gobierno nacional, estas como resultado de empresas tomadas, los desempeños son  altamente diferentes, en términos de cantidad, calidad y eficiencia a favor de los primeros, a pesar que la misma hostilidad va acompañada de retrasos en asignaciones, excesivo número de inspecciones y campañas detractoras, que se hacen efectivas en entes estatales que tienen que ver con decisiones administrativas y judiciales de querellas propias de las actividades económicas. 

Contra todo este ambiente, resulta que el grupo privado logra objetivos y resultados que las empresas tomadas no logran alcanzar aún con el trato preferente.  La comparación anterior no significa per se que todo Estado ha de ser un mal administrador y que los privados sí lo son en todos los casos. Esa es una discusión que dejamos para otro momento. 

  “Empresa parada, empresa tomada” ¿Por que paran? las respuestas son variadas y en las políticas económicas hay una buena parte de ellas;  y ¿Para que tomarlas? no debiera ser para empeorarlas, pero mucho de eso es lo que ha ocurrido.