EMPRESAS TOMADAS Y SUBSIDIADAS

Sostenemos la tesis que la amenaza de “Empresa parada, empresa tomada”, para quién realmente debiera dirigirse es para las empresas que están en manos del Estado. Ya que son empresas mantenidas por los contribuyentes, entendido trabajadores, empresas privadas y consumidores, por tanto toda una sociedad carga en sus espaldas las consecuencias de la mala gestión, con el agravante que se suelen mostrar como modelos de eficiencia por puras razones propagandísticas e ideológicas. 

  Por años, estuvimos viendo propaganda que elogiaba los logros productivos de la fábrica de papel Invepal (antigua Venepal). Toda una ficción, como muchas otras que la brevedad nos impide describir. También, en la autopista regional del centro aún se mantienen paradas algunas vallas que hacen propaganda de empresas agrícolas de espacios que eran productivos, fueron expropiados o confiscados y que hoy están ociosos.   

  Recordemos que con la recaudación del Seniat tanto por IVA como ISR a empresas y personas, se obtiene cerca del 80% del presupuesto nacional, estimaciones del Superintendente del Seniat. Las empresas en manos del Estado, que no son productivas son subsidiadas por los Ministerios o entes estatales de adscripción, ya sea porque previamente los recursos están contemplados en el presupuesto nacional o porque se incluyen en créditos adicionales. 

  No se puede seguir repitiendo que es la renta petrolera la que subsidia, somos los contribuyentes que con nuestro trabajo y consumo le entregamos al Estado el dinero para que lo administre, esperando a cambio servicios públicos de calidad, y en cuanto a las empresas estatales, se esperan productos y servicios que lleguen a los anaqueles y que sean accesibles a los consumidores. Y si fuera la renta petrolera, como efectivamente lo fue décadas atrás con menor presión tributaria para entonces, tampoco justifica de ninguna manera, la administración errática de las propiedades de la Nación. 

  Al papá Estado lo mantienen los ciudadanos. Internalizar y estar convencido de esta realidad incomoda al establecimiento político tradicional venezolano, tanto en el régimen que ha gobernado en los últimos 17 años, como el anterior. Mas bien, buena parte de esos recursos se utilizan para convencer que el poder no es del ciudadano sino de los gobernantes. Elocuente es que entidades e instituciones que el Gobierno controla, ignoran decisiones de otro ente público que recientemente ha recibido un endoso mayoritario de apoyo ciudadano. 

  En un reciente estudio sobre las decisiones del TSJ, se constató que en análisis de casos de querellas entre los particulares y el Estado, se han dictado 45.474 sentencias en las salas Constitucional, Político Administrativa y Electoral, que están encargadas de controlar los actos del gobierno. Los abogados Antonio Canova, Luis Alfonso Herrera, Rosa Rodríguez y Giussepe Graterol las analizaron una a una. Las conclusiones de la investigación están vertidas en el libro “El TSJ al servicio de la revolución. La toma, los números y los criterios del TSJ venezolano (2004-2013)”, y revelan que en ningún caso el máximo tribunal ha fallado en contra del oficialismo.

  Se tiene que decir que no se está cumpliendo con los ciudadanos contribuyentes. Peor aún, estamos viendo saqueos casi a diario, de establecimientos públicos y privados, así como de camiones y gándolas que transportan productos, todo un desespero de la población ávida especialmente de alimentos. No se puede dejar de mencionar que en algunos casos al lado de estos hechos también ocurren acciones vandálicas que se aprovechan del caos reinante. 

  Agreguemos a la situación de empresas tomadas hoy subsidiadas, que los propios trabajadores que venían prestando servicios en esas empresas, son desmejorados en sus condiciones de trabajo, en la mayoría de los casos están mal pagados, se les incumplen compromisos contractuales y legales. También se incorporan los nuevos gestores, que llegan con actitud de interventores, con nuevo personal de dirección y de confianza, que agrandan las nóminas con nuevas personas, y dificultan la convivencia productiva y laboral. 

  Por supuesto que esto no está desconectado de las políticas públicas a las que se ven sometidas esas empresas, en muchos casos se trata de que responden a criterios de gestión ajenos a los principios de organización y administración de empresas destinadas a producir, ya que en muchos casos los criterios ideológicos que animan a los gestores complejizan la viabilidad productiva y auto sustentable de las mismas. 

  Resultan contundentes las comparaciones que se hace inevitable comentar, que dada la postura hostil del gobierno nacional hacia el principal grupo empresarial industrial productor de alimentos -Polar-, resulta que en los distintos rubros en donde coexisten plantas en manos de ese grupo y también en manos del gobierno nacional, estas como resultado de empresas tomadas, los desempeños son  altamente diferentes, en términos de cantidad, calidad y eficiencia a favor de los primeros, a pesar que la misma hostilidad va acompañada de retrasos en asignaciones, excesivo número de inspecciones y campañas detractoras, que se hacen efectivas en entes estatales que tienen que ver con decisiones administrativas y judiciales de querellas propias de las actividades económicas. 

Contra todo este ambiente, resulta que el grupo privado logra objetivos y resultados que las empresas tomadas no logran alcanzar aún con el trato preferente.  La comparación anterior no significa per se que todo Estado ha de ser un mal administrador y que los privados sí lo son en todos los casos. Esa es una discusión que dejamos para otro momento. 

  “Empresa parada, empresa tomada” ¿Por que paran? las respuestas son variadas y en las políticas económicas hay una buena parte de ellas;  y ¿Para que tomarlas? no debiera ser para empeorarlas, pero mucho de eso es lo que ha ocurrido. 

EMPRESA PARADA, EMPRESA TOMADA ¿PARA QUÉ?

El tema es complicado porque atenta contra todo esfuerzo de convivencia productiva, por tanto un país con tan crítica situación en la provisión de bienes y servicios para su población, ya que es deficitario en la producción local y crecientemente dependiente de las importaciones, más bien ha de revisarse desde el más alto nivel, así como analizar y reconocer sus errores en la conducción de política económica, teniendo presente que se han destinado ingentes recursos, sin embargo cada vez se produce menos.

  La frase “Empresa parada, empresa tomada”  proviene de la Argentina de fines de los años noventa, en tiempos de crisis económica y de cierres empresariales, especialmente de pequeñas empresas que no podían mantenerse con los efectos de la política económica de entonces. Cierto que en este país, tenían algunos antecedentes de empresas autogestionadas, al final del gobierno de Perón  en los años cincuenta. Pero muchos más casos emergieron en la etapa más reciente de fines de los noventa. Estudiosos del tema señalan de esta última etapa unas 50 empresa que abarcan 22.000 trabajadores directos y facturan anualmente más de 400 millones de US$ (http://webiigg.sociales.uba.ar/empresasrecuperadas/PDF/Abelli.pdf).

  La experiencia en Venezuela con las empresas tomadas, ya sea porque estaban paradas, o en funcionamiento parcial o total, excede ampliamente el número de lo señalado para Argentina, tanto en cantidad  de empresas, como de trabajadores, pero no en cuanto al monto de la  facturación, más bien lo que hoy tenemos en nuestro caso son empresas subsidiadas, con muy contadas excepciones. 

  Los antecedentes de empresas que han sido sustraídas de los dueños originales, para pasar a manos del Estado, se ubican en el período chavista a partir del año 2003, que junto al 2002, fueron de espectaculares caídas de la producción a niveles de más del 10% en cada año. De ahí que muchas empresas se paralizaron. 

  Pero hemos de advertir que tanto esta primera oleada como otras en años posteriores, las empresas no pasaron a manos de su personal, ni tampoco fueron experiencias de autogestión de los trabajadores, sino que pasaron a ser gestionadas tanto a manos de burócratas vinculados con el partido oficial como de militares, por lo que los trabajadores tanto los profesionales, como los de mayor calificación en los procesos productivos de las mismas, no siempre jugaron un papel protagónico en la conducción de las mismas. 

  Hay que reconocer que para los trabajadores que inicialmente se plantaron y ocuparon las empresas en donde prestaban sus servicios, lo hicieron preocupados por los pasivos laborales que estas empresas tenían con ellos. Se trataba de prestaciones sociales, cajas de ahorros, beneficios y salarios no pagados. Posteriormente la preocupación fue más allá de esta primera postura defensiva, y se pasó a ocupar el establecimiento por la defensa del puesto de trabajo. 

  Tampoco el Gobierno se preparó para disponer de un sector de empresas recuperadas, no ocurrió con la primera oleada, del 2003 ni la ocurrido en años posteriores. Los móviles para la toma de empresas fueron diversos, en unos casos se apelaba a la soberanía alimentaria, en otros al carácter de estratégicas, y no pocas eran retaliaciones hacia sus dueños. 

  Los sindicatos fueron marginalizados de estos procesos. Más bien en la mayoría de las empresas tomadas, las condiciones de trabajo se vinieron a menos, dando lugar a incumplimientos de los convenios colectivos, y el desmejoramiento de los niveles de bienestar de los trabajadores. Por supuesto que se han presentado quejas de los dirigentes sindicales, pero los nuevos administradores responden a las directrices del alto gobierno, y no a los intereses de los trabajadores de la empresa gestionada, ni de su sindicato. Más bien en lo laboral, se fomenta que el sindicato sea un apéndice de la gerencia, y si no se presta a ello, se crean sindicatos paralelos. 

  Si se toma al pié de la letra, “Empresa parada, empresa tomada”, las mayores proporciones de casos, se ubican en el sector de las empresas que son gestionadas por el Gobierno. Al hacer un recorrido por empresas agrícolas, pecuarias, agro-industriales, centrales azucareros, torrefactoras de café, de productos lácteos, de bienes industriales, de productos metal-mecánicos, siderúrgicos, en fin, este inventarios de empresas tomadas por el Gobierno, y que hoy están paradas es amplio, multisectorial y en todo el país. Una verdadera tarea de los entes contralores -Poder Moral-  es ocuparse de este derroche y señalar responsables, ya que la falta de comida y la parálisis productiva está especialmente en este sector. 

  

  Estas empresas ya fueron tomadas,  y hoy están paradas, o también pueden estar en producción, pero generándole pérdidas a la Nación. Téngase presente que una empresa que no se sustente, es porque está subsidiada. Y ¿Quién la subsidia? Nosotros, los contribuyentes de impuestos. Recordemos que la principal fuente de recursos que mantienen al Gobierno, es lo que recauda el Seniat, de empresas, trabajadores y consumidores. Y acaso ¿tenemos alguna voz en este sector? No tenemos ninguna. Más bien además de subsidiarlas, nos hacen falta los productos que supuestamente debían de producir.

  Finalizando, hay que tener presente que la política económica ha venido centralizando aspectos sensibles para el funcionamiento productivo, por lo que a la hora de analizar las causas de una parálisis de empresa, hay que considerar el papel que en ello han jugado las políticas públicas, en materia cambiaria y asignación de divisas, de fijación de precios, laborales, en infraestructura. Es irresponsable no verse a si mismo, cuando se manejan los ingresos petroleros, la recaudación tributaria, y todo el aparato burocrático que ha de estar al servicio del bienestar de la Nación, que pasa por contar con productos y servicios suficientes para la población.

  Vistos los resultados con la gestion de las empresas en manos del Estado, la amplia mayoría de la población no ve con simpatías la amenaza gubernamental, a lo sumo que rinda cuentas de lo que no ha logrado con las que tiene bajo su responsabilidad.  Lo dicho por el Presidente Maduro, “Empresa parada, empresa tomada” se le puede convertir en un boomerang.

CON HIPERINFLACION Y ESTANCAMIENTO ¿QUE PUEDEN HACER LAS RELACIONES LABORALES?

¿Qué pueden hacer las relaciones de trabajo en un escenario inflacionario y estancado económicamente como el que hemos vivido en los últimos años?



 No hay antecedentes similares en la historia económica y laboral nacional que nos permita disponer de referencias. Inflación de tres dígitos sólo recordamos un año determinado en pleno centro de la crisis financiera de 1994-5, empezando el segundo gobierno de Rafael Caldera, que llevó a la implantación de un control cambiario y luego su unificación, lo que dio lugar a hacer ajustes y correcciones estableciendo un cambio único, lo que llevó la inflación a pasar por primera vez de más del cien por ciento, alcanzando el 103%. Nuestra tradicional estabilidad económica y de precios hasta entonces, así como lo favorable de otros indicadores económicos, no nos había colocado en situaciones que otros países del Sur América bien conocían, y por tanto con referencias de cómo se manejaron esas situaciones.



 Hoy tenemos ya tres años con inflación de más de tres dígitos, apuntando la del presente a estimaciones que van desde los trescientos hasta los setecientos por ciento.



 Para hacer el cuadro situacional más complicado, resulta que tenemos una inflación que no es sólo porque hay un exceso de demanda que supera la capacidad productiva, hipótesis reconocida cuando los ingresos de los trabajadores aumentan más allá de la capacidad del sistema económico de proveer bienes y servicios, sino más bien porque el aparato productivo no los está suministrando, los anaqueles están vacíos. 



 Este sistema productivo ha sido sometido a restricciones y limitaciones a lo largo de varios lustros que hoy no provee lo necesario para  un consumo que no es que tiene mayor capacidad de compra, por incremento de sus ingresos, sino que se trata del consumo elemental de lo necesario para la sobrevivencia, en un escenario de continuada disminución de la calidad y el bienestar. 



 Los estudiosos del campo de la economía no consiguen otros momentos similares en la historia económica del país que se parezcan a lo que se vive actualmente. 



 Del lado de la relaciones de trabajo se plantean desafíos e interrogantes que igualmente son inéditas. No hay respuestas conocidas para que los instrumentos convencionales de este campo disciplinario y del quehacer socio laboral y económica, puedan llenar las necesidades y los vacíos que producen los dos fenómenos de inflación apuntando a la hiperinflación, y una recesión continuada que ya va por su cuarto año. 



 Por supuesto que el problema se complica aún más por el comportamiento político de quienes elaboran y dirigen la política económica, ya que son renuentes a rectificaciones, lo que determina que la realidad va imponiendo ajustes brutales sobre los hombros de los más débiles, quienes tienen menores ingresos o aún peor, quienes no lo tienen, ya que no se crean empresas, más bien se cierran y se pierden puestos de trabajo, o se degradan por perder los trabajadores aquellos ingresos asociados a la actividad productiva dinámica, que permite la mejora de los salarios integrales y promedios. 



 En fin, este ajuste que en los hechos se vive cotidianamente, no es de los clásicos como los que se asocian con la imposición de medidas macroeconómicas para corregir desajustes en el desenvolvimiento económico, con la expectativa de que transcurridos unos plazos que siguen un cronograma, se llegará a un estadio de alivio de las penurias e ir gradualmente percibiendo los resultados del sacrificio. 



 Hoy vivimos todas las consecuencias del sacrificio, pero sin el acompañamiento de las expectativas que gradualmente irían madurando para ir mostrando que el sacrificio era necesario. ¿Y por qué este sacrificio?, cómo se explica que un país, una sociedad mayoritariamente viene experimentando problemas crecientes para su desenvolvimiento, para la convivencia, para alimentarse, para curarse, para llevar una vida normal en el ámbito del hogar, del trabajo, de la comunidad, ¿Cómo es que todo esto se mantiene así? No es en lo laboral, ni tampoco en lo económico, en donde se encuentran las primeras respuestas a esta pregunta. Ello sólo se encuentra en primer lugar en lo político. Claro que inmediatamente hay que integrarse a lo económico y a lo laboral, para completar un cuadro de salidas y soluciones.



 Hay un juego trancado, como se dice en el dominó. Los expertos saben cuantas fichas están sobre la mesa, y se hacen los estimados cuales tiene el otro, sabiendo con certeza cuantas tengo yo. El problema es que se viene desenvolviendo el juego con amenazas, atropellos, ya casi que se da la patada final a la mesa. Mientras los que siguen y esperan el resultado del juego, ya no aguantan y se lanzan a la calle. Los que tienen el poder, sólo usan la fuerza, ya no tienen argumentos, no convencen. 



 Tenemos instituciones de las relaciones laborales, pero no funcionan fluidamente dado el grado de deformaciones presentes y actuando sobre la vida de las personas, de las familias, de las empresas, hacen faltan grandes acuerdos y decisiones en lo político, que encause salidas a la crisis.    

LAS OPORTUNIDADES PERDIDAS

 Venezuela llevaba varias generaciones donde los hijos lograban vivir mejor que sus padres. Se puede mencionar que así había sido a lo largo de buena parte del siglo XX, concretamente desde el inicio de la economía petrolera en la tercera década, cuando estos ingresos superaron a los que se obtenían por el café, hasta entonces el principal producto de exportación. 

  La familia lograba  creciente y continuamente mejores ingresos y se veía el futuro con perspectivas de crecimiento. Ello se traducía en migraciones internas de los espacios rurales a la vida urbana con los propósitos estudiar y conseguir mejores trabajos o montar una actividad económica independiente para lograr los bienes fundamentales para la vida familiar, la prioridad obviamente la vivienda y sus enseres. Ya desde los años sesenta el parque automotor se consideraba sofisticado y renovado.

  El venezolano  migraba internamente, aunque poco lo hacia hacia al exterior. Por el contrario el país fue siendo conocido por su pujanza y modernización y se convirtió en receptor de olas de inmigrantes. Lo que ya había sucedido masivamente en el siglo XIX y principios del XX en países del cono sur del continente, pero en nuestro caso se produjo luego de los años de la guerra civil en España y de la II Guerra Mundial.

  Estos indicadores como: mejora del nivel de vida generación tras generación, migraciones ínter regiones y del campo a la ciudad, ascenso social con adquisición de bienes durables, mejora de los índices de educación y salud, daban a las nuevas generaciones confianza en su futuro. Indudablemente estos datos positivos descansaban en los crecientes ingresos de la venta de petróleo, es decir la renta que nos daba este producto del subsuelo. 

  Desde mediados de los años veinte, los principales indicadores económicos fueron de  una constante mejoría. Crecimiento del producto, de los ingresos, de las exportaciones, del empleo, del gasto social. Algún traspiés en un año aislado en el pleno climax de la segunda guerra mundial, así como también inmediatamente posterior a la caída del gobierno de Pérez Jimenez, pero no alteraron el balance favorable de estos sesenta años que concluyen a fines de los ochentas. El “caracazo” o “sacudon” de 1989 le dio un plantón a una etapa que venía acumulando al lado del progreso en importantes segmentos e instituciones, crecientes porciones de la población que se estaban quedando rezagados, y por tanto a perder su confianza en los liderazgos e instituciones que venían conduciendo al país por décadas. 

  La riqueza súbita del primer “boom” petrolero de 1974, así como la del segundo en 1979,  si bien dejaron algunas obras para la generación de riquezas - ampliación y nuevas empresas básicas-, infraestructura y programas sociales, pero también la corrupción y la mala gestión hizo perder parte importante de esos ingresos que no fueron bien administrados. Aquí se sembraron semillas de impunidad y descontento que gradualmente fueron creciendo y forman parte de los antecedentes de los procesos políticos y económicos que señalamos en el párrafo anterior.

 Al termino del quinquenio del primer “boom”, el nuevo presidente -Luis Herrera Campins- destacó en el mismo acto de la toma de posesión que recibía «un país hipotecado», por el derroche de los enormes recursos fiscales de la explotación del petróleo y criticó en muy duros términos el «personalismo» de su antecesor, Carlos Andrés Pérez. Pero al término del quinquenio que gobernó Herrera Campins, su sucesor en similar circunstancia -Jaime Lusinchi- acusó  que «Se rompió la alcancía del pueblo venezolano…», ya que la administración del presidente Herrera va a estar signada por una bonanza económica, el segundo “boom” petrolero que abruptamente da paso a una recesión, un hito “el viernes negro” -18 de febrero de 1983- que cambió la historia económica del país.

  El ciclo de riqueza petrolera súbita se repitió en estos años recientes, en la etapa del nuevo liderazgo que vino con la revolución bolivariana, los años de ingresos extraordinarios por concepto de la renta petrolera que sobrepasaron la barrera de los US$ 100 el barril, como fue en el 2008, y luego en 2011-14, pero en esta ocasión a pesar de tratarse de ingresos mayores que los del boom de los años setenta, al país le ha quedado menos beneficios, y por el contrario carga con una deuda interna y externa de altos montos que se desconocen. 

  Otra vez y en mucho mayores dimensiones a los anteriores aumentos súbitos de precios petroleros,  a la población venezolana, y especialmente a los jovenes, se les ha robado su presente e hipotecado su futuro. 

  En esta segunda década del siglo XXI los hijos ya no vivirán mejor que sus padres, así lo perciben y reconocen, muchos que bien preparados en nuestros centros de estudios han optado por irse a otros lugares del planeta. Seguro que habrán unos muy contados que han logrado introducirse en el pequeño grupo que accede a las grandes fuentes de hacer una riqueza súbita, como son las divisas preferenciales y negocios ventajosos con el Gobierno. En contrapartida ya dejaron de venir los inmigrantes con espíritu de emprendimiento.  

 Queda en el país una población adulta que ha visto nuevamente el despilfarro  y desperdicio de una nueva gran oportunidad mayor que aquellas denominadas la Gran Venezuela, la Venezuela Saudita. Al lado de ellos, está una joven población que vio parte del régimen anterior lo que le permite comparar una y otra manera de conducir el país. Hoy, el llamado socialismo del siglo XXI, que de socialismo no tiene mucho, o en todo caso sería una de las peores versiones de esta forma de conducir la vida de la sociedad, le deja a los jovenes un país en estado de caos, endeudado, con instituciones fracturadas, con violencia extrema, con un aparato productivo semi paralizado, con una infraestructura deteriorada, con instituciones que apenas funcionan. Los hijos de hoy para poder vivir mejor que sus padres encaran sin duda sacrificios y grandes tareas por resolver,

SALARIOS MÍNIMOS PARA POPULISMO BARATO

El acto principal de la celebración del Día Internacional de los Trabajadores en Venezuela es la reunión o una marcha de aquellos organizados sindicalmente, en donde se vocean y portan consignas que reflejan los más sentidos problemas y aspiraciones de la clase trabajadora. 

  Los gobiernos han aprovechado esta fecha para hacer anuncios que le sirvan para congraciarse con los trabajadores, y el más recurrido es la revisión y el anuncio del nuevo salario mínimo. Su establecimiento en Venezuela fue en 1975, el primer año que luego de un prolongado período con una inflación de un dígito, pasamos a dos. Durante esos primeros años la revisión no era anual, se dejaban pasar dos o tres años para su revisión, todo según la inflación, el momento político y la presión sindical. 

  Pero a mediados de los años ochenta la revisión pasó a ser anual. Hasta que la Ley Orgánica del Trabajo -1990- trajo dos elementos importantes con respecto al salario mínimo: demandaba legalmente su revisión anual y estableció un mecanismo tripartito de consultas. Hay que destacar que aún sin estar establecido en la legislación laboral previa a la LOT de 1990, las consultas tripartitas venían poniéndose en práctica. 

  Pero la LOT estableció mecanismos que exigían que su determinación debía ser el producto de la participación de los representantes de los trabajadores y los empleadores en consulta con el Banco Central de Venezuela y el Consejo de Economía Nacional,  quienes presentaban el resultado de sus negociaciones al Gobierno Nacional, y este lo expresaba en un Decreto. Evidentemente esto fue un avance para la experiencia que se había venido practicando en la materia del salario mínimo. 

  Pero este avance duro poco, ya que con la llegada de la revolución bolivariana se adoptó desde el Ejecutivo una postura desfavorable a estas consultas, y fueron gradualmente dejadas de lado. Al principio con una supuesta ampliación de la participación, invocando a más organizaciones tanto de trabajadores como de empleadores en los procesos de consulta, pero con un protagonismo del propio gobierno, hasta que el Decreto con rango y fuerza de Ley orgánica del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras -2012-, se regresó al régimen en donde de manera autocrática el presidente fija el salario mínimo. 

  Para tener una idea del nivel de nuestro salario mínimo, es importante una revisión a nivel del continente. En los países de la región latinoamericana los salarios mínimos mensuales son para el presente año - expresados en US$ -: Argentina $ 414; Bolivia $ 244; Brasil $ 245; Colombia $ 229; Costa Rica $ 520; Chile $ 373; Ecuador $ 366; Guatemala $ 377; Honduras $ 327; México $ 128; Nicaragua $ 169; Panama $ 677; Paraguay $ 344; Perú  $ 252; Uruguay $ 349. Este conjunto de países incluyen algunos con mayor desarrollo que Venezuela, pero también otros con modesto desarrollo económico, el promedio del salario mínimo es de $ 315, que como se verá más adelante es ocho veces mayor que el nuestro que entra en vigencia este 1 de Mayo.

  En cuanto a  los Estados Unidos de América del Norte, desde el 24 de julio de 2,009 el salario mínimo según fija el gobierno federal es de $7.25 por hora. El Presidente Barack Obama ha anunciado elevarlo a $ 9.00 antes de que termine el presente año.  Algunos estados o distritos tienen un mínimo mayor, como son los casos de: Distrito de Columbia (Washington D.C.). $11.50; Seattle 11.00; Chicago es de $10.50;  Massachusetts y California: $10.00/hora; Alaska:  $9.75; Vermont, Connecticut y Rhode Island $9.60. El resto de los estados están entre este último monto y los 7.25 la hora.  

 Para tener una aproximación al salario mínimo mensual en los EEUU, multipliquemos el monto hora por 8 horas diarias y 22 días mensuales, y nos da $ 1276, que sería el más alto del continente. Además hay que advertir que el salario mínimo en los EEUU es un referente que lo gana un ínfimo porcentaje de la fuerza de trabajo. 

  Ya que hemos visto los niveles de los salarios mínimos del continente, presentemos el nuestro, que hasta este 30 de Abril es de 11.578 bolívares mensuales. Se anuncia un incremento del 30% que lo eleva a Bs 15.051. 

  Para análisis comparativos es importante que lo veamos en dólares. Como circulan tres cambios, dos oficiales y uno no oficial pero que se toma en cuenta para un alto porcentaje de las transacciones de compra y venta, indiquemos que en un primer cambio oficial -Dipro-  nuestro salario mínimo sería el más alto de América Latina, por encima del de los EEUU, ya que si dividimos 15.051 entre 10, el salario mínimo sería de 1.505. Si adoptamos la tasa de cambio Simadi o Dicom, la división sería del salario mínimo entre Bs 378,37 (BCV al día 29-4-2016), el salario mínimo sería hasta el 30-4-16 de $ 30,60, pasando a $ 40 a partir del 1 de Mayo. Destacable que este tipo de cambio flotante casi se ha duplicado en menos de dos meses.

  Si lo dividimos entre el dólar del mercado negro, nuestro salario mínimo no alcanza los $12. No creo que los lectores de otros países podrán tomar en serio este dato, pero es así. 

  Visto la enorme disparidad del nivel del salario mínimo en nuestro país, y el retroceso acelerado ocurrido en las últimas dos décadas, pero con mayor pronunciamiento en los tres últimos años, es por lo que si en el transcurso de un año el Presidente decreta tres y cuatro aumentos del salario mínimo, ello no ha tenido mayor significado para detener el continuado deterioro de la calidad de vida del trabajador, así mismo no hay repercusión alguna en la motivación de esos anuncios. A mediados del presente mes de Abril, el salario mínimo sólo alcanzaba para adquirir un 7% de la cesta básica.

  Del lado empresarial los anuncios de aumentos del salario mínimo impuestos los toma sin previsión ni planificación asociada con la actividad productiva por la parálisis cada día más extendida en el aparato productivo. La generalidad de los establecimientos formales cumplen con los decretos de salarios mínimos, pero se percibe que son incrementos sin trascendencia para  activar el aparato productivo por un aumento de la capacidad de compra de los trabajadores. El ritmo que llevan los incrementos de los precios es varias veces más rápido que la revisión salarial de los mínimos.  

  Por otro lado las escalas salariales generales cada vez más achatadas, más trabajadores ganando el salario mínimo, o con diferenciales que no guardan relación con las experiencias, con la formación y las responsabilidades de las funciones y cargos. Se desmontan años de cultura de trabajo, de valores y disciplina en la ejecución y cumplimiento. 

  Estamos en un estado laboral en donde el trabajo no es valorado, hay un estimulo a otros comportamientos en ámbitos distintos a lo productivo. Imposible sostener una sociedad por este camino.  

INFLACION: SUS VICTIMAS Y SUS RESPONSABLES

 Los salarios, las pensiones y cualquier otro ingreso derivado del trabajo diario o el realizado en la  vida de los asalariados, vienen perdiendo su capacidad de compra por la alta inflación. Pero a esta situación, ya de por si grave, agreguémosle la lucha por conseguir los productos. En cambio los ingresos del capital sí se van ajustando a la inflación, salvo quienes producen productos regulados que se ven obligados a demandar ajustes, o generalmente también cuentan con un portafolio de productos donde se incluyen otros no regulados, que le compensan lo que no ganan con los primeros. 

  Con los ingresos del trabajo, queda a los trabajadores presionar por revisiones salariales. En aquellos muy calificados o portadores de competencias escasas en el mercado laboral la presión individual puede funcionar, pero para la gran mayoría hace falta un nivel de organización y unidad colectiva que hoy está resentido. Los patronos saben cuan importante es dividir a los trabajadores, y especialmente el gran patrono gobierno lo ha logrado. Por ello es tan sabio el principio del Convenio 89 de la OIT sobre la Libertad Sindical, que se opone a la intervención de patronos y de los gobiernos en la vida de las organizaciones de los trabajadores.

  Por supuesto que en el propio nivel de los entes productivos no están todas las soluciones para el tema de los precios, y consecuentemente de los salarios en su integridad. En el nivel de empresa o sector productivo lo que se dirime en la relación entre empresas y trabajadores son los salarios nominales, pero no los reales. La instancia en donde corresponde establecer las decisiones y los esquemas que tienen la mayor incidencia en la preservación de los salarios reales, es decir la defensa de su poder adquisitivo, es en la esfera de las políticas públicas, lo que hace imprescindible ser parte de la toma de decisiones del Estado e incidir con peso suficiente, así como la relación de los distintos Poderes Públicos con las representaciones de empresarios y trabajadores, con los intereses de las comunidades y de los consumidores. La distorsión de unos poderes públicos sin independencia, rompe el equilibrio que sustenta el estado de derecho, y que por tanto responden desigualmente a los intereses del Gobierno, lo que desnaturaliza este marco, tan importante para la defensa de los intereses de quienes participan en la vida productiva y en la distribución justa de los beneficios para sus actores, sea en productos en cantidad y calidad, precios, rentas, inversiones y salarios.   

  En el país hay hambre, como lo muestran los datos de la encuesta nacional de condiciones de vida 2015 (ENCOVI). Se reconoce que hoy el aparato productivo no produce lo necesario para el consumo, que las divisas no alcanzan para el patrón de importaciones que la misma política económica ha determinado por no fomentar un modelo productivo alternativo efectivo, sino más bien se conformó con sólo dificultar lo que se había logrado en varias décadas con tanto esfuerzo de parte de la inversión privada y pública, pero igual se reconoce que no se han tomado ni se están tomando medidas suficientes para resolver la magnitud del problema, y mientras tanto la lucha por alimentos y productos esenciales se torna más compleja en el sentido de la pérdida de confianza en las decisiones del Ejecutivo, y su incapacidad para corregir las distorsiones que se multiplican en los procesos de lo poco que se produce y distribuye. 

  Predominan los controles en todas las etapas del proceso, desde la creación de una empresa, con sus correspondientes permisos, y luego asignación y venta de las divisas hasta el funcionamiento de los expendios de productos, pasando por la determinación de los precios, de los márgenes de ganancias, de las condiciones de transporte, almacenamiento, de la inspección del trabajo, de movilidad de alimentos e insumos, pero aún así se pierden productos, ocurren saqueos, robos, hay contrabando, hay ventajismos y discriminaciones.  

 Uno se pregunta para que tantos controles, que consumen grandes contingentes de personas, de recursos productivos y restringen el tiempo de actividad propiamente productiva, si al final no se aminoran las anomalías. 

  Un ejemplo diáfano, véase toda la inversión en las maquinas captahuellas y hoy se reconoce que siguen existiendo grandes anomalías en el acceso a los productos. El país y las grandes mayorías pierden, y seguro habrá algunos pocos que ganaron. 

  Se están multiplicando los asaltos a propiedades y a personas por bienes esenciales. Se extreman las medidas de seguridad de las tiendas y en general de los establecimientos comerciales. Con todo el gasto en seguridad que se hace desde el Estado, los particulares la continúan privatizando, erogando recursos que por supuesto van a recargar los costos de los productos y bienes. 

  El trabajo es el gran sacrificado en la presente situación económica, ya que el capital sí incrementa el precio de sus propiedades. En tanto, los trabajadores pagan con un abrupto deterioro de su calidad de vida, con su desgaste personal físico y mental, con la liquidación de sus ahorros y bienes, con el deterioro de sus expectativas, con el incremento de su desasosiego y la incertidumbre y con la emigración de jovenes bien preparados -capital humano que regalamos a otros países-. Y a todo lo anterior, ha de agregarse una mayor inseguridad, ya que hasta el robo y el acceso a los  alimentos se ha convertido en otra razón para el ataque a la integridad de las personas. Si años atrás, entre los móviles de los robos se incluían los zapatos de marca, relojes de lujo, celulares, hoy ha de agregarse una bolsa de comida.

  En este contexto, el discurso gubernamental continua anclado en la guerra económica y no logra construir confianza en los trabajadores y en los empresarios, fuente directa para la generación de productos. Para éstos la guerra económica es la que les hace el gobierno con su inercia y mayor aún con muchas de las decisiones que toma.  

GESTION ERRATICA DEL CAPITAL PRODUCTIVO Y EMPOBRECIMIENTO

  El desarrollo capitalista en Venezuela legó a la revolución bolivariana un acervo de activos productivos, entre públicos y privados, que atendían buena parte de las necesidades de consumo de la población. El principal activo sin duda las instalaciones petroleras tanto en el territorio nacional como en el extranjero. En segundo lugar, las inversiones en las empresas básicas del área energética, minera, siderúrgica, petroquímica, y otras empresas del sector manufacturero. En tercer lugar la infraestructura en diversos servicios, como los viales, aeroportuarios, portuarios, inmobiliarios, financieros, edificaciones educacionales, de salud, comunicaciones, sistemas y equipos de transporte, destacando el Metro de Caracas. 

I

  Hoy este legado de acervos productivos está desmejorado en sus condiciones de funcionamiento. Apenas pueden registrarse limitados esfuerzos  en su mantenimiento, pero lo más inquietante, no han sido renovados por inversiones adecuadas a las nuevas exigencias de una población que crece y aspira mejores servicios.

  En cuanto a los bienes en el extranjero, recordemos que algunas instalaciones petroleras han sido más bien liquidadas en los EEUU, Europa y el Caribe -refinerías, redes de distribución, depósitos de combustibles- y no justamente para adquirir otros activos productivos más modernos tecnológicamente, sino para pagar deudas y satisfacer gastos corrientes.

  Caos en la conducción de empresas y entes estatales es lo que se observa con los hechos que se describen de importantes empresas que habían sido por muchos años la siembra del petróleo y la esperanza de la diversificación económica. Hay diversas aristas que se pueden analizar para explicar este fenómeno de gestión caótica. 

  Importante prevenir al lector que los planteamientos que se formulan no forman parte de un discurso dirigido a fortalecer posturas neoliberales que ven en el Estado la culpa de los males de la economía. Se reconoce que los países de los mejores desempeños económicos y socio políticos se caracterizan por contar con un Estado que juega un papel importante en la regulación y orientación de la conducción económica y social, aquí son mencionables tanto los iconos del capitalismo como EEUU y el Reino Unido, así como los recién llegados a esta manera de dirigir la economía, China y Vietnam.

  A lo  que apunta nuestra inquietud es ver el derroche y pérdida de recursos, que llevan a los bienes productivos de la nación a dejar de cumplir sus propósitos sean producir bienes o servicios y generar recursos para la sociedad, su verdadera dueña. 

  En la medida que los activos productivos mal gerenciados no cumplan con sus propósitos, ha tocado que importar los mismos bienes que habían de producirse en el país, o peor aún, no satisfacer las necesidades del aparato productivo nacional, lo que al final se traduce en tener que importarlos o lesionar el consumo nacional.

  Gerencias que no alcanzan los objetivos para los cuales fueron creadas esas empresas, que crean camarillas para el aprovechamiento por parte de grupos vinculados con los gestores. En muchos casos se conocen las anomalías en el mismo desempeño, y en otros a posteriori ya que quienes gestionan opacan y blindan el acceso al conocimiento del manejo de esa entidad. De todos modos siempre se conocerá de las irregularidades de una gestión porque entre los propios trabajadores o relacionados las harán conocer.

  Evidentemente que la falta de control ha fallado. Aquí hay que señalar a las entidades que les  ha tocado hacerlo y no lo han hecho. Refiere a las otras entidades estatales que existen para tales fines, sea en el legislativo, en el judicial y el llamado poder moral. 

  Los trabajadores, ya sea individualmente u organizados colectivamente en sindicatos, cuando se convierten en denunciantes de los manejos de irregularidades, inmediatamente son objeto de señalamientos, persecuciones y castigos. Cotidianamente se conoce de personas despedidas por denunciar, e incluso sometidos a mayores presiones como la persecución y amenazas. 

  Las riquezas súbitas de casos de quienes son nombrados en posiciones de conducción son hábilmente administradas para burlar los procedimientos que exigen las declaraciones juradas de bienes. 

  Reconociendo la tendencia creciente en el actual periodo gubernamental de abrir espacios a los militares para el gerenciamiento de organizaciones productivas, es oportuno referir que unas cuantas décadas atrás se pensaba que cuando los militares llegaban al poder iba a imperar el orden y la disciplina, así era la percepción popular sin entrar en mayores profundidades. Se rememoraba que en tiempos de Perez Jimenez, hubo mejoramiento de la infraestructura del país y seguridad ciudadana. Bueno, los tiempos han cambiado, y además hay mayor comprensión y vigilancia de las personas, lo que les permite ver más y está claro que en los tiempos de PJ el país no discutía abiertamente los asuntos del Estado. 

  Cuando se iniciaba en el país la industrialización, era común que en los puestos gerenciales de administración de personal se colocaban a militares retirados, ya que la máxima gerencia de esas empresas los asociaban con disciplina, orden y autoridad. Pero fueron experiencias efímeras, al poco tiempo se reconoció que era el conocimiento y la profesionalización lo que mejor ayudaba al manejo de los temas de personal, ya que los trabajadores no eran soldados sino personas que con derechos que los reclaman y contaban con entidades colectivas para fortalecer sus posiciones.    

  Lo que se ha visto en estos tiempos es que los militares al estar en la conducción de empresas y entes estatales han repetido la conducta corrupta que se ha criticado a otras administraciones; pero con el agravante que siendo los militares un cerrado cuerpo corporativo, quienes con el principio de la unidad de mando y de la obediencia del subordinado, cierran los márgenes democráticos y participativos para que se realicen abiertamente los necesarios llamados de atención y reclamos que corrijan y enmienden gestiones erráticas y sin valores éticos que vienen destruyendo el acervo productivo nacional de la actual sociedad venezolana o de las próximas generaciones. 

  Por supuesto que hace falta que las gerencias a las que aludimos no se desenvuelvan como un poder autónomo, sino que como todo estado de derecho y en concordancia con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, estén subordinadas al poder civil expresado en el Poder Legislativo que ha de velar por los intereses de los ciudadanos. 

  Hoy, el legado de capital productivo recibido por la revolución bolivariana esta disminuido, envejecido, sin renovación, y con cada vez menor capacidad productiva, obviamente nos ha empobrecido como sociedad.

hector.lucena@gmail.com

@hl_lucena