Los salarios, las pensiones y cualquier otro ingreso derivado del trabajo diario o el realizado en la vida de los asalariados, vienen perdiendo su capacidad de compra por la alta inflación. Pero a esta situación, ya de por si grave, agreguémosle la lucha por conseguir los productos. En cambio los ingresos del capital sí se van ajustando a la inflación, salvo quienes producen productos regulados que se ven obligados a demandar ajustes, o generalmente también cuentan con un portafolio de productos donde se incluyen otros no regulados, que le compensan lo que no ganan con los primeros.
Con los ingresos del trabajo, queda a los trabajadores presionar por revisiones salariales. En aquellos muy calificados o portadores de competencias escasas en el mercado laboral la presión individual puede funcionar, pero para la gran mayoría hace falta un nivel de organización y unidad colectiva que hoy está resentido. Los patronos saben cuan importante es dividir a los trabajadores, y especialmente el gran patrono gobierno lo ha logrado. Por ello es tan sabio el principio del Convenio 89 de la OIT sobre la Libertad Sindical, que se opone a la intervención de patronos y de los gobiernos en la vida de las organizaciones de los trabajadores.
Por supuesto que en el propio nivel de los entes productivos no están todas las soluciones para el tema de los precios, y consecuentemente de los salarios en su integridad. En el nivel de empresa o sector productivo lo que se dirime en la relación entre empresas y trabajadores son los salarios nominales, pero no los reales. La instancia en donde corresponde establecer las decisiones y los esquemas que tienen la mayor incidencia en la preservación de los salarios reales, es decir la defensa de su poder adquisitivo, es en la esfera de las políticas públicas, lo que hace imprescindible ser parte de la toma de decisiones del Estado e incidir con peso suficiente, así como la relación de los distintos Poderes Públicos con las representaciones de empresarios y trabajadores, con los intereses de las comunidades y de los consumidores. La distorsión de unos poderes públicos sin independencia, rompe el equilibrio que sustenta el estado de derecho, y que por tanto responden desigualmente a los intereses del Gobierno, lo que desnaturaliza este marco, tan importante para la defensa de los intereses de quienes participan en la vida productiva y en la distribución justa de los beneficios para sus actores, sea en productos en cantidad y calidad, precios, rentas, inversiones y salarios.
En el país hay hambre, como lo muestran los datos de la encuesta nacional de condiciones de vida 2015 (ENCOVI). Se reconoce que hoy el aparato productivo no produce lo necesario para el consumo, que las divisas no alcanzan para el patrón de importaciones que la misma política económica ha determinado por no fomentar un modelo productivo alternativo efectivo, sino más bien se conformó con sólo dificultar lo que se había logrado en varias décadas con tanto esfuerzo de parte de la inversión privada y pública, pero igual se reconoce que no se han tomado ni se están tomando medidas suficientes para resolver la magnitud del problema, y mientras tanto la lucha por alimentos y productos esenciales se torna más compleja en el sentido de la pérdida de confianza en las decisiones del Ejecutivo, y su incapacidad para corregir las distorsiones que se multiplican en los procesos de lo poco que se produce y distribuye.
Predominan los controles en todas las etapas del proceso, desde la creación de una empresa, con sus correspondientes permisos, y luego asignación y venta de las divisas hasta el funcionamiento de los expendios de productos, pasando por la determinación de los precios, de los márgenes de ganancias, de las condiciones de transporte, almacenamiento, de la inspección del trabajo, de movilidad de alimentos e insumos, pero aún así se pierden productos, ocurren saqueos, robos, hay contrabando, hay ventajismos y discriminaciones.
Uno se pregunta para que tantos controles, que consumen grandes contingentes de personas, de recursos productivos y restringen el tiempo de actividad propiamente productiva, si al final no se aminoran las anomalías.
Un ejemplo diáfano, véase toda la inversión en las maquinas captahuellas y hoy se reconoce que siguen existiendo grandes anomalías en el acceso a los productos. El país y las grandes mayorías pierden, y seguro habrá algunos pocos que ganaron.
Se están multiplicando los asaltos a propiedades y a personas por bienes esenciales. Se extreman las medidas de seguridad de las tiendas y en general de los establecimientos comerciales. Con todo el gasto en seguridad que se hace desde el Estado, los particulares la continúan privatizando, erogando recursos que por supuesto van a recargar los costos de los productos y bienes.
El trabajo es el gran sacrificado en la presente situación económica, ya que el capital sí incrementa el precio de sus propiedades. En tanto, los trabajadores pagan con un abrupto deterioro de su calidad de vida, con su desgaste personal físico y mental, con la liquidación de sus ahorros y bienes, con el deterioro de sus expectativas, con el incremento de su desasosiego y la incertidumbre y con la emigración de jovenes bien preparados -capital humano que regalamos a otros países-. Y a todo lo anterior, ha de agregarse una mayor inseguridad, ya que hasta el robo y el acceso a los alimentos se ha convertido en otra razón para el ataque a la integridad de las personas. Si años atrás, entre los móviles de los robos se incluían los zapatos de marca, relojes de lujo, celulares, hoy ha de agregarse una bolsa de comida.
En este contexto, el discurso gubernamental continua anclado en la guerra económica y no logra construir confianza en los trabajadores y en los empresarios, fuente directa para la generación de productos. Para éstos la guerra económica es la que les hace el gobierno con su inercia y mayor aún con muchas de las decisiones que toma.
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