INFLACION: SUS VICTIMAS Y SUS RESPONSABLES

 Los salarios, las pensiones y cualquier otro ingreso derivado del trabajo diario o el realizado en la  vida de los asalariados, vienen perdiendo su capacidad de compra por la alta inflación. Pero a esta situación, ya de por si grave, agreguémosle la lucha por conseguir los productos. En cambio los ingresos del capital sí se van ajustando a la inflación, salvo quienes producen productos regulados que se ven obligados a demandar ajustes, o generalmente también cuentan con un portafolio de productos donde se incluyen otros no regulados, que le compensan lo que no ganan con los primeros. 

  Con los ingresos del trabajo, queda a los trabajadores presionar por revisiones salariales. En aquellos muy calificados o portadores de competencias escasas en el mercado laboral la presión individual puede funcionar, pero para la gran mayoría hace falta un nivel de organización y unidad colectiva que hoy está resentido. Los patronos saben cuan importante es dividir a los trabajadores, y especialmente el gran patrono gobierno lo ha logrado. Por ello es tan sabio el principio del Convenio 89 de la OIT sobre la Libertad Sindical, que se opone a la intervención de patronos y de los gobiernos en la vida de las organizaciones de los trabajadores.

  Por supuesto que en el propio nivel de los entes productivos no están todas las soluciones para el tema de los precios, y consecuentemente de los salarios en su integridad. En el nivel de empresa o sector productivo lo que se dirime en la relación entre empresas y trabajadores son los salarios nominales, pero no los reales. La instancia en donde corresponde establecer las decisiones y los esquemas que tienen la mayor incidencia en la preservación de los salarios reales, es decir la defensa de su poder adquisitivo, es en la esfera de las políticas públicas, lo que hace imprescindible ser parte de la toma de decisiones del Estado e incidir con peso suficiente, así como la relación de los distintos Poderes Públicos con las representaciones de empresarios y trabajadores, con los intereses de las comunidades y de los consumidores. La distorsión de unos poderes públicos sin independencia, rompe el equilibrio que sustenta el estado de derecho, y que por tanto responden desigualmente a los intereses del Gobierno, lo que desnaturaliza este marco, tan importante para la defensa de los intereses de quienes participan en la vida productiva y en la distribución justa de los beneficios para sus actores, sea en productos en cantidad y calidad, precios, rentas, inversiones y salarios.   

  En el país hay hambre, como lo muestran los datos de la encuesta nacional de condiciones de vida 2015 (ENCOVI). Se reconoce que hoy el aparato productivo no produce lo necesario para el consumo, que las divisas no alcanzan para el patrón de importaciones que la misma política económica ha determinado por no fomentar un modelo productivo alternativo efectivo, sino más bien se conformó con sólo dificultar lo que se había logrado en varias décadas con tanto esfuerzo de parte de la inversión privada y pública, pero igual se reconoce que no se han tomado ni se están tomando medidas suficientes para resolver la magnitud del problema, y mientras tanto la lucha por alimentos y productos esenciales se torna más compleja en el sentido de la pérdida de confianza en las decisiones del Ejecutivo, y su incapacidad para corregir las distorsiones que se multiplican en los procesos de lo poco que se produce y distribuye. 

  Predominan los controles en todas las etapas del proceso, desde la creación de una empresa, con sus correspondientes permisos, y luego asignación y venta de las divisas hasta el funcionamiento de los expendios de productos, pasando por la determinación de los precios, de los márgenes de ganancias, de las condiciones de transporte, almacenamiento, de la inspección del trabajo, de movilidad de alimentos e insumos, pero aún así se pierden productos, ocurren saqueos, robos, hay contrabando, hay ventajismos y discriminaciones.  

 Uno se pregunta para que tantos controles, que consumen grandes contingentes de personas, de recursos productivos y restringen el tiempo de actividad propiamente productiva, si al final no se aminoran las anomalías. 

  Un ejemplo diáfano, véase toda la inversión en las maquinas captahuellas y hoy se reconoce que siguen existiendo grandes anomalías en el acceso a los productos. El país y las grandes mayorías pierden, y seguro habrá algunos pocos que ganaron. 

  Se están multiplicando los asaltos a propiedades y a personas por bienes esenciales. Se extreman las medidas de seguridad de las tiendas y en general de los establecimientos comerciales. Con todo el gasto en seguridad que se hace desde el Estado, los particulares la continúan privatizando, erogando recursos que por supuesto van a recargar los costos de los productos y bienes. 

  El trabajo es el gran sacrificado en la presente situación económica, ya que el capital sí incrementa el precio de sus propiedades. En tanto, los trabajadores pagan con un abrupto deterioro de su calidad de vida, con su desgaste personal físico y mental, con la liquidación de sus ahorros y bienes, con el deterioro de sus expectativas, con el incremento de su desasosiego y la incertidumbre y con la emigración de jovenes bien preparados -capital humano que regalamos a otros países-. Y a todo lo anterior, ha de agregarse una mayor inseguridad, ya que hasta el robo y el acceso a los  alimentos se ha convertido en otra razón para el ataque a la integridad de las personas. Si años atrás, entre los móviles de los robos se incluían los zapatos de marca, relojes de lujo, celulares, hoy ha de agregarse una bolsa de comida.

  En este contexto, el discurso gubernamental continua anclado en la guerra económica y no logra construir confianza en los trabajadores y en los empresarios, fuente directa para la generación de productos. Para éstos la guerra económica es la que les hace el gobierno con su inercia y mayor aún con muchas de las decisiones que toma.  

GESTION ERRATICA DEL CAPITAL PRODUCTIVO Y EMPOBRECIMIENTO

  El desarrollo capitalista en Venezuela legó a la revolución bolivariana un acervo de activos productivos, entre públicos y privados, que atendían buena parte de las necesidades de consumo de la población. El principal activo sin duda las instalaciones petroleras tanto en el territorio nacional como en el extranjero. En segundo lugar, las inversiones en las empresas básicas del área energética, minera, siderúrgica, petroquímica, y otras empresas del sector manufacturero. En tercer lugar la infraestructura en diversos servicios, como los viales, aeroportuarios, portuarios, inmobiliarios, financieros, edificaciones educacionales, de salud, comunicaciones, sistemas y equipos de transporte, destacando el Metro de Caracas. 

I

  Hoy este legado de acervos productivos está desmejorado en sus condiciones de funcionamiento. Apenas pueden registrarse limitados esfuerzos  en su mantenimiento, pero lo más inquietante, no han sido renovados por inversiones adecuadas a las nuevas exigencias de una población que crece y aspira mejores servicios.

  En cuanto a los bienes en el extranjero, recordemos que algunas instalaciones petroleras han sido más bien liquidadas en los EEUU, Europa y el Caribe -refinerías, redes de distribución, depósitos de combustibles- y no justamente para adquirir otros activos productivos más modernos tecnológicamente, sino para pagar deudas y satisfacer gastos corrientes.

  Caos en la conducción de empresas y entes estatales es lo que se observa con los hechos que se describen de importantes empresas que habían sido por muchos años la siembra del petróleo y la esperanza de la diversificación económica. Hay diversas aristas que se pueden analizar para explicar este fenómeno de gestión caótica. 

  Importante prevenir al lector que los planteamientos que se formulan no forman parte de un discurso dirigido a fortalecer posturas neoliberales que ven en el Estado la culpa de los males de la economía. Se reconoce que los países de los mejores desempeños económicos y socio políticos se caracterizan por contar con un Estado que juega un papel importante en la regulación y orientación de la conducción económica y social, aquí son mencionables tanto los iconos del capitalismo como EEUU y el Reino Unido, así como los recién llegados a esta manera de dirigir la economía, China y Vietnam.

  A lo  que apunta nuestra inquietud es ver el derroche y pérdida de recursos, que llevan a los bienes productivos de la nación a dejar de cumplir sus propósitos sean producir bienes o servicios y generar recursos para la sociedad, su verdadera dueña. 

  En la medida que los activos productivos mal gerenciados no cumplan con sus propósitos, ha tocado que importar los mismos bienes que habían de producirse en el país, o peor aún, no satisfacer las necesidades del aparato productivo nacional, lo que al final se traduce en tener que importarlos o lesionar el consumo nacional.

  Gerencias que no alcanzan los objetivos para los cuales fueron creadas esas empresas, que crean camarillas para el aprovechamiento por parte de grupos vinculados con los gestores. En muchos casos se conocen las anomalías en el mismo desempeño, y en otros a posteriori ya que quienes gestionan opacan y blindan el acceso al conocimiento del manejo de esa entidad. De todos modos siempre se conocerá de las irregularidades de una gestión porque entre los propios trabajadores o relacionados las harán conocer.

  Evidentemente que la falta de control ha fallado. Aquí hay que señalar a las entidades que les  ha tocado hacerlo y no lo han hecho. Refiere a las otras entidades estatales que existen para tales fines, sea en el legislativo, en el judicial y el llamado poder moral. 

  Los trabajadores, ya sea individualmente u organizados colectivamente en sindicatos, cuando se convierten en denunciantes de los manejos de irregularidades, inmediatamente son objeto de señalamientos, persecuciones y castigos. Cotidianamente se conoce de personas despedidas por denunciar, e incluso sometidos a mayores presiones como la persecución y amenazas. 

  Las riquezas súbitas de casos de quienes son nombrados en posiciones de conducción son hábilmente administradas para burlar los procedimientos que exigen las declaraciones juradas de bienes. 

  Reconociendo la tendencia creciente en el actual periodo gubernamental de abrir espacios a los militares para el gerenciamiento de organizaciones productivas, es oportuno referir que unas cuantas décadas atrás se pensaba que cuando los militares llegaban al poder iba a imperar el orden y la disciplina, así era la percepción popular sin entrar en mayores profundidades. Se rememoraba que en tiempos de Perez Jimenez, hubo mejoramiento de la infraestructura del país y seguridad ciudadana. Bueno, los tiempos han cambiado, y además hay mayor comprensión y vigilancia de las personas, lo que les permite ver más y está claro que en los tiempos de PJ el país no discutía abiertamente los asuntos del Estado. 

  Cuando se iniciaba en el país la industrialización, era común que en los puestos gerenciales de administración de personal se colocaban a militares retirados, ya que la máxima gerencia de esas empresas los asociaban con disciplina, orden y autoridad. Pero fueron experiencias efímeras, al poco tiempo se reconoció que era el conocimiento y la profesionalización lo que mejor ayudaba al manejo de los temas de personal, ya que los trabajadores no eran soldados sino personas que con derechos que los reclaman y contaban con entidades colectivas para fortalecer sus posiciones.    

  Lo que se ha visto en estos tiempos es que los militares al estar en la conducción de empresas y entes estatales han repetido la conducta corrupta que se ha criticado a otras administraciones; pero con el agravante que siendo los militares un cerrado cuerpo corporativo, quienes con el principio de la unidad de mando y de la obediencia del subordinado, cierran los márgenes democráticos y participativos para que se realicen abiertamente los necesarios llamados de atención y reclamos que corrijan y enmienden gestiones erráticas y sin valores éticos que vienen destruyendo el acervo productivo nacional de la actual sociedad venezolana o de las próximas generaciones. 

  Por supuesto que hace falta que las gerencias a las que aludimos no se desenvuelvan como un poder autónomo, sino que como todo estado de derecho y en concordancia con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, estén subordinadas al poder civil expresado en el Poder Legislativo que ha de velar por los intereses de los ciudadanos. 

  Hoy, el legado de capital productivo recibido por la revolución bolivariana esta disminuido, envejecido, sin renovación, y con cada vez menor capacidad productiva, obviamente nos ha empobrecido como sociedad.

hector.lucena@gmail.com

@hl_lucena

LA ESCASEZ PLANTEA EL DILEMA ENTRE TIEMPO DE TRABAJO Y SOBREVIVENCIA

Retomando la tesis de el no trabajo como solución, en esta ocasión se apunta la mirada hacia el tiempo que viene invirtiendo la población en la búsqueda de los bienes de primera necesidad, tanto alimentarios como hogareños de consumo cotidiano. 

  Nunca antes los economistas en Venezuela habían disfrutado de tanto seguimiento por parte de la población en sus análisis y opiniones, sobre el desarrollo de la economía del pasado reciente, del presente y de las expectativas. Otra crisis viene dando lugar a que en las últimas semanas otro grupo mucho más especializado, ya más por el lado de la ingeniería eléctrica, viene igualmente convirtiéndose en referentes en seguidores de sus opiniones sobre la situación de la energía y la electricidad en particular.

  Los problemas que vive la población al no poder acceder a los bienes imprescindibles para su vida son tema de explicación de varios campos disciplinarios, predominando las explicaciones de los economistas. 

  La razón descansa en la extrema gravedad que se muestran en los indicadores económicos, cualquiera sea el que se escoja se verá que la crisis es extrema, sea el movimiento del  PIB, la inflación, el déficit fiscal,  la escasez, la producción, la productividad, los salarios, la inseguridad jurídica, inversiones, la deuda interna y externa, las reservas internacionales, la fuga de capitales, la pérdida de capital humano. 

  Obviamente que lo dramático de estos índices económicos, repercuten en los que corresponde con lo social, como la pobreza, indigencia, consumo calórico, salud pública, deserción escolar, mortalidad,  bienestar y calidad de vida, inseguridad de las personas y de  los bienes. Quienes se resisten a reconocer estas realidades económicas y sociales aún le dan crédito a las teorías de la guerra económica, afortunadamente cada vez menos personas.

  En el plano de lo cotidiano, las personas buscan afanosamente algún ingreso para inmediatamente consumirlo en bienes esenciales para la sobrevivencia. Son cada vez menos los sectores que están en capacidad de adquirir bienes y servicios típicos de los que permitían ir mejorando la calidad de vida.

  Conseguir los bienes para la sobrevivencia da lugar a una lucha diaria que se ve en las entradas y alrededores de los expendios de alimentos y productos para el hogar. Es la vitrina de la ansiedad y el nerviosismo: en las colas que se observan en todo el país con cada mayor diversidad, en ciudades de todo tamaño, en sectores de todo tipo de ingresos, en negocios públicos y privados, grandes, medianos y pequeños. 

  El racionamiento lo determina la escasez, pero lo agrava los pocos ingresos de las familias. Sume a esto las tensiones de la atmósfera de las colas. Los colistas cada vez son más diversos, empezaron por ser los más pobres, pero ya se ha ampliado a los sectores medios quienes se han visto obligados a hacer sus colas. Los diferenciales que cobran los bachaqueros ahuyentan a compradores empobrecidos, que ahora van a hacer sus colas, en tiempos que la escasez es mayor y algunas de las empresas estatales para la distribución de alimentos han venido cerrando, por corrupción y desorden, como el caso de la cadena Bicentenario. 

  A pesar de afirmar la existencia de tensiones en los ambientes de las colas, hay que destacar que este nivel es solo la expresión de las complejas causas que más arriba han dado lugar a la escasez, y luego su acentuación con las erráticas medidas para explicarlo y combatirlo por parte de las autoridades nacionales. 

  Cierto que en las colas se observan situaciones condenables, como coleados atropellando o intimidando a indefensos ciudadanos, la venta de puestos, acuerdos con funcionarios y conexiones con personal de los establecimientos comerciales para tomar ventajas en la garantía de acceder a los productos. Sumemos a estas anomalías, que las colas se empiezan a formar desde tempranas horas en la madrugada, incluso en pernoctas en los alrededores, en horario de alto riesgo para quienes están en la calle, donde no hay vigilancia policial. Todo este ambiente configura un cuadro inflamatorio a situaciones más complejas como los asaltos, las peleas, los saqueos.

  Otra consecuencia no secundaria, es el desgaste que produce en las personas toda esta rutina de ir en la persecución de los bienes, la incertidumbre de conseguirlos, el atropello de hacer las mismas colas, hay quienes se resisten a hacerlas porque afirman que va en contra de su dignidad, o que si están en una cola sienten el peso de lo indigno de no tener la libertad y la comodidad de hacer las compras de bienes que le materializan su derecho a la alimentación y a la vida misma. 

  Obviamente con el cuadro expuesto, el ausentismo laboral ha alcanzado índices nunca vistos. Los trabajadores/as se vienen tomando sin mayor tramite burocrático, como pedir autorización incluso, el día que corresponde a su terminal de cédula de identidad para gestionar la adquisición de alimentos y bienes esenciales, ya la misma supervisión está al tanto de esta necesidad, por tanto el personal tiene la certeza que no podrán despedirlo por esta causa, claro tomando en cuenta los limites del número tope de días que se permiten como ausentismo injustificado. La gerencia y los supervisores poco pueden hacer ante una situación que se ha ido de las manos de la conducción empresarial. 

  Algunos afirman que las colas vienen consumiendo no sólo el tiempo de las personas, que por ello dejan de trabajar, de estudiar, de atender otras actividades personales y del hogar, sino además que les consume y les somete a prestar su atención a satisfacer estas necesidades, dejando de lado la reflexión, organización y participación en las actividades efectivas para el fortalecimiento de la ciudadanía. Que sea el debate que este dilema intenta levantar el que nos lo aclare.

hector.lucena@gmail.com

@hl_lucena

FERIADOS SORPRESIVOS: EL NO TRABAJO COMO SOLUCION

 La pausa de actividades laborales tuvo este año en la semana santa, un tiempo extra de tres días de asueto feriados, al agregarse a los tradicionales jueves y viernes santos, los primeros tres días -lunes, martes y miércoles-, que con los dos fines de semana incluidos totalizan nueve días seguidos de receso. Todo anunciado y publicado en Gaceta Oficia, Decreto 2276, apenas cuatro días hábiles antes de estos nuevos asuetos.

  Razona el Decreto 2276 la existencia de una emergencia eléctrica “….conjunto de circunstancias de orden natural que han incidido negativamente en los niveles de las cuencas hidrográficas, provocando la disminución del aporte de agua a los embalses destinados a la generación eléctrica…”. Es un hecho la sequía prolongada de este año, así como en otros ha sido lo contrario, como el exceso de lluvias e inundaciones. Como dato curioso, una ley habilitante al Ejecutivo Nacional sustentada en esto último, fue el marco con el cual se aprobó el Decreto con rango y fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras.

  Al lado de estos razonamientos -Decreto 2276-, no se informa complementariamente de los estudios y estimados del ahorro y el consumo de energía que resultarán de esta medida. Importa mencionar que la misma es tomada en el marco del Decreto Presidencial de emergencia económica, que como se conoce fue puesto en vigencia no obstante su no aprobación por parte del órgano legislativo nacional, lo que contribuye a estos vacíos de información y documentación a la sociedad. El Ejecutivo, en general,  no consulta a ninguna instancia y no responde a interpelaciones legislativas. 

  Sobre la falta de lluvias, téngase en cuenta las enormes inversiones en generación de energía alterna a la hidroeléctrica. De los conocedores de la generación y distribución eléctrica, se ha leído y oído las enormes pérdidas de recursos por falta de previsión, decisiones erráticas y la malversación en el manejo de los recursos aprobados y entregados a quienes han tenido la responsabilidad de administrar el servicio eléctrico, lo lamentable es que no se conoce de medidas para subsanar. Sólo se sabe de algunas acusaciones y medidas a trabajadores de la empresa estatal, y del más bajo nivel en la jerarquía.  

  El Decreto en cuestión tiene implicaciones para las empresas por el cierre obligado y si han de hacer algunas actividades, las consecuencias se observan en los pagos extraordinarios. Para los trabajadores del sector formal se trata de contar con días adicionales para sus actividades personales y hogareñas. Agreguemos que la critica escasez de productos, insumos y servicios no se ven favorecidos con este tipo de parálisis.

  Hay que tener presente la gran cantidad de trabajadores por  cuenta propia, independientes y de pequeños emprendedores, que no viven exclusivamente de un salario sino de la ejecución de unas actividades en muchos casos vinculadas con los sectores formales, ya sea de proveedores, intermediarios o de actividades tercerizadas. Por supuesto que al decretarse los tres días de feriados, a este gran contingente de trabajadores se le reducen las opciones de obtener ingresos.  

  Desde las decisiones en políticas públicas se aprueban beneficios o supuestos beneficios en términos de la sociedad toda, que se caracterizan por la no consulta con los destinatarios, aun al estar justificadas y sustentadas por la preocupación del Ejecutivo Nacional “….de proteger al Pueblo venezolano….” -texto incluido en los considerandos del Decreto-.

  Sobre el tiempo de trabajo, ha habido la tendencia a tomar medidas improvisadas. Histórico que se llegó a incluir una jornada generalizada de 35 horas semanales en una propuesta de reforma constitucional, aquella que no fue aprobada en diciembre del 2007, sin que se hubiese elaborado estudio alguno sobre tiempo de trabajo real y sus implicaciones. 

  Las dificultades energéticas han dado lugar a decisiones que llevan  a paralizar empresas básicas, como del acero y del aluminio, a centros comerciales. Se espera que quienes decidieron esas parálisis le digan al país ¿Cuales han sido los resultados no sólo en ahorro energético sino también en las pérdidas económicas generales? Por lo demás, con frecuencia se interrumpen las actividades productivas en entes estatales para atender actos de diversa naturaleza ajenas al trabajo. Se percibe que ante las dificultades el atajo que se privilegia es el no trabajo.

  Por supuesto que la mayor pérdida de tiempo de trabajo es la que viene por el el desempleo y por la actividades inestables ¿Cuanto nos cuesta como sociedad lo que deja de producir una persona? y mucho más si es calificada, así como el vencimiento de las dificultades para ella y para su familia; el desgaste en la búsqueda de ingresos para subsistir. La disminución de su consumo tanto en bienes como en servicios, la baja de aportes tributarios. La predisposición para efectuar actividades informales. El riesgo de comprometerse en actividades ilegales.

 Por su parte, el trabajador informal ¿Qué nos cuesta como sociedad? si bien es una persona que busca resolver por su  cuenta y riesgo  la generación de ingresos, suele hacerlo mayormente a partir de la carencia de oportunidades, frecuentemente se inicia con el ensayo y el error, con la experimentación. Generalmente fija un precio a su trabajo por debajo de quienes lo hacen formalmente, ya que tiene menos costos, influyendo en que algunos demandantes se inclinen por su oferta, sacrificando garantías, obviando emisión de facturas y con ello afectando el ingreso tributario.  

Si reconocemos que por medio de el trabajo se crean bienes y servicios que nos resuelven problemas para nuestras vidas, entonces el Estado ha de protegerlo y fomentarlo. Sabemos que el trabajo que genera mayor cantidad de producto, es el que se realiza colectivamente en organizaciones que innovan en lo tecnológico y en lo organizacional, obviamente poniendo a un lado lo especulativo, condenable en todas las circunstancias. Poco se hace para favorecer a este tipo de organizaciones. 

  No se desconoce que haya una gran proporción de las innovaciones modernas que se originan en empresas nuevas y pequeñas. Pero en general, cuando se decide tan fácilmente decretar tres días de feriados, hemos de recordar que el trabajo es esencial por su valor y aporte a la riqueza y a la solución de problemas de una sociedad, hoy aquejada de carencias de productos básicos. Finalmente, hay que valorar lo que representa para los trabajadores disponer de más feriados, pero sin dinero.

MINERÍA DEL ORO, “SINDICATOS” Y VIOLENCIA

 La trágica y reciente historia de Tumeremo lleva a plantear algunas consideraciones relacionadas con el tema laboral. Se trata de la actividad de la minería del oro, aquella que viene explotándose al margen de toda institucionalidad,  ha sido controlada por los más insólitos intereses, de ahí resulta escenario de hechos de extrema violencia, como los que se conocen desde hace poco más de una semana, que si bien no son los primeros hechos de exterminio masivo de mineros del oro, aquí en este caso se presentan situaciones que lo han divulgado por todo el país y en el mundo.   

  En primer lugar se reconoce que la desaparición de los 28 mineros, se ha convertido en un hecho de impacto nacional e internacional, porque sus familiares y la comunidad de la que forman parte -Tumeremo, poblado de 50 mil habitantes que mayormente dependen de la minería del oro y la ganadería-, decidió asumir la denuncia y la protesta, recogida inicialmente por los medios locales, y hoy extendida por cadenas informativas de América Latina, EEUU y Europa.

  No todos han sido identificados, de los restantes desaparecidos hay que tener presente que en la búsqueda del oro llegan personas de otros lugares del país, e incluso de países vecinos, de los cuales  no siempre se sabe mucho. Nos recuerda las películas del western de los EEUU, hace tiempo pasadas de moda, en ellas veíamos como la fiebre del oro movía a los vaqueros  que se aventuraban desde lugares remotos hasta las zonas del oro para intentar conseguir lo suficiente para hacerse ricos, se conocía de ellos tan sólo lo que ellos mismos decían. Aquí y hoy, en las minas del Estado Bolívar eso sigue ocurriendo.

  Si bien esa riqueza y explotación aurífera que forma parte del territorio venezolano ha de ser declarada al Estado, se entiende que esa fue la pretensión con la creación de la empresa estatal Minerven, hoy totalmente abandonada, por lo que las minas regresan a lo que antes habían sido, tierra de nadie. 

   La explotación del oro, nos muestra que después de tantos años de discursos encantadores de liberación, soberanía, patria, socialismo y venceremos, hoy estamos regresando al extractivismo más primitivo, ese, el del Arco Minero del Orinoco que implica potenciales concesiones en una extension de más de 112 mil kilómetros cuadrados, el del retorno de la transnacional canadiense Gold Reserve, el de las minas controladas por pranes, que es igual a decir peligrosos delincuentes que manejan bandas bien armadas a la cabeza de algún nacional o extranjero, como lo indican las primeras indagaciones. 

  Los reportes periodísticos y de analistas de estos sucesos en el Estado Bolívar, señalan 117 mineros asesinados en cuatro importantes centros de explotación a lo largo del año 2015. La siniestralidad del trabajo en las minas de oro, considerando que ella no es sólo la que está determinada por el proceso de trabajo, sino por la absurda organización del trabajo a la cual  se ven subyugados los mineros, la convierte en la más alta siniestralidad de toda actividad laboral. Este dato sorprende porque los hechos ocurren en zonas remotas, donde tan solo la acuciosidad del periodismo de investigación y de algunas organizaciones no gubernamentales, que se juegan hasta la seguridad de sus miembros permite recoger algunos informaciones de este problema.

  Tanto la siniestralidad en la minería del oro como en la industria de la construcción, han estado vinculadas a la presencia de bandas organizadas que ejercen el control del ingreso a estas actividades, y en el caso de la minería se agrega la recepción de parte de la riqueza extraída.  

  Algunas fuentes que abordan el tema de la violencia en la minería del oro han venido hablando de los “sindicatos” mineros,  aquí hay que señalar que no existen tales instituciones, como de alguna manera se pudo ver en la violencia en la industria de la construcción, con los llamados sindicatos paralelos. Indudablemente hay que decir pseudosindicalistas, que se mudaron de la construcción a las minas, y aquí se repotenciaron en la agresividad y en los métodos violentos. En las minas, lo que se puede advertir como paralelo es la presencia de bandas criminales controlando la actividad productiva, y la denominación de “sindicatos” no tiene relación alguna con la figura que los trabajadores crean para la defensa de sus intereses. La figura de los pranes, surgida de las cárceles, son los que  tienen control de las minas. El desaparecido famoso gordo Bayón se le señalaba como responsable de las minas de oro en el Municipio Roscio, y al mismo tiempo participaba en importantes reuniones laborales con autoridades.

  El fenómeno de la presencia criminal en grandes obras de la industria de la construcción, se hizo presente a partir del año 2005 en la zona de Guayana, y luego se extendió a otras regiones del país, y ya es un fenómeno nacional que controla el ingreso a empleos, impone delegados, y “vende protección”.  Un análisis sobre este asunto,  ver:    “Violencia sindical sin dolientes en Venezuela” http://riuc.bc.uc.edu.ve/handle/123456789/3016, 

  El aprendizaje y desarrollo de la vinculación de bandas criminales con la actividad de control laboral en la construcción, se logró por la imposición y surgimiento de sindicatos paralelos que se multiplicaron del 2005 en adelante, y en base a la violencia lograron imponerse ante los empresarios y otros organismos sindicales institucionales. 

  Contradictoriamente sí ha venido ocurriendo la criminalización de auténticos líderes sindicales y de afiliados por el ejercicio genuino de su actividad sindical, como conducir las denuncias, campañas y las acciones para ejercer los reclamos propios de esta actividad, y criminalizados lo vemos, entre otros, en las más grandes empresas estatales, como Pdvsa, Ferrominera, Sidor, Cementos, Cadafe.

  Del otro lado hay una criminalización al revés, aquella en donde criminales controlan los centros laborales. El Estado y sus instituciones vienen siendo desalojados por los criminales. Esto por supuesto no lo hacen solos, ya que se construyen alianzas con personeros de la institucionalidad estatal para actuar a sus anchas. Al final las víctimas son los trabajadores atemorizados, especialmente los mineros artesanales, que son miles, incluso la minería de mayor escala pero que no pueden con las bandas criminales, hasta las mismas transnacionales se dan por vencidas, tales como canadienses y chinas, y finalmente muy importante perjuicio el que la Nación deja de percibir los ingresos que le corresponden.

Políticas públicas y relaciones de trabajo

Se espera que las políticas laborales promovidas por el Estado para el funcionamiento de las relaciones de trabajo en una sociedad determinada tengan como propósito contribuir a que las actividades productivas se desenvuelvan normalmente, a fin de que éstas brinden a la sociedad los productos y servicios necesarios para su funcionamiento y el bienestar general. Igualmente, que puedan promover condiciones de funcionamiento equitativo y justo en las relaciones entre empresas y trabajadores, cuya retribución tanto al capital como al trabajo permita satisfacer a ambos y favorecer, por un lado, el mejoramiento de sus capacidades, el rendimiento del capital, la reinversión en la capacidad y mejoramiento productivo, y por otro lado, el bienestar integral del trabajador y su familia, a partir de una remuneración y beneficios suficientes. 

  De manera constante hemos venido evaluando estos asuntos que se reconocen importantes para la vida del país. En ese orden, acaba de publicarse artículo en Cuadernos Cendes No 89, ( “Venezuela: políticas públicas y relaciones de trabajo” ver en http://saber.ucv.ve/ojs/index.php/rev_cc/article/view/9900).  Ahí nos ocupamos  de hacer evaluación de las políticas laborales y de sus impactos en las organizaciones de los trabajadores, en el lapso que cubre la revolución bolivariana. Además, este mismo número de Cuadernos Cendes viene titulado  “Políticas laborales en América del Sur siglo XXI”, su contenido cubre y  analiza a ocho países de la región.

  En nuestro caso, a partir de los años 60 del pasado siglo se hicieron presentes y se logró la difusión de tres elementos de políticas públicas en el orden laboral, que son fundamentales para los propósitos enunciados en el primer párrafo. Primero, el fomento y garantías para el accionar de las organizaciones representativas de los actores productivos, especialmente de los trabajadores: la llamada libertad sindical. En segundo lugar, el fomento de la negociación colectiva como mecanismo para participar en las definiciones de reglas internas en los centros productivos y como institución que contribuye a la redistribución. Y tercero, intervenir en la solución de los conflictos entre trabajadores y empleadores, sea por la vía de las instituciones administrativas o judiciales.

  Estos elementos de políticas públicas habían sido objeto de un debate universal en los años inmediatos a la conclusión de la II guerra mundial, con la aprobación de los convenios 87 (Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, aprobado en 1948, que entró en vigor en 1950) y el 98 (Convenio relativo a la aplicación de los principios del derecho de sindicación y de negociación colectiva, aprobado en 1949, que entró en vigor en 1951) por la Organización Internacional del Trabajo (2015), ambos ratificados por Venezuela en 1982 y 1968, respectivamente. 

  Aunque el primero fue ratificado en 1982, para entonces, el fomento sindical en Venezuela había sido ya masivo desde 1959, solo la no existencia de una legislación que facilitara la sindicación de los funcionarios públicos había retardado la ratificación. A principios de la década del setenta, la Ley de Carrera Administrativa reconoció a los funcionarios públicos el derecho a organizarse sindicalmente, no obstante desde la década del sesenta venía funcionando la Union Nacional de Empleados Públicos que los organizaba y representaba. 

  A los anteriores convenios se agregan recomendaciones sobre la consulta tripartita (ramas de actividad económica y ámbito nacional) en 1960, que afirman el derecho de los empleadores y de los trabajadores a establecer organizaciones libres e independientes y piden que se adopten medidas para promover consultas efectivas en el ámbito nacional entre las autoridades públicas y tales organizaciones. Esta recomendación luego pasó a ser convenio en 1976 (el número 144) y ratificado por Venezuela en 1983. 

  Este enfoque de análisis de políticas públicas privilegia el ámbito colectivo ya que, en paralelo, existen, además de las instituciones mencionadas, las vías individuales, como la contratación del trabajador, así como la existencia de mecanismos de resolución de conflictos individuales. Pero, se considera que no son estas las vías más efectivas para reducir las brechas de la desigualdad existente entre trabajadores y empleadores, y realmente no se consideran políticas de relaciones de trabajo, sino políticas de defensa del trabajador por su carácter individual. 

  Las políticas del trabajo objeto de análisis se insertan en un ámbito más general desde el punto de vista de la formulación y puesta en acción de políticas desde el Estado, como son las políticas de desarrollo económico y social, donde existen espacios que van más allá del quehacer productivo, tales como el propio consumo, los servicios públicos y sociales, las políticas para mejorar las capacidades productivas que contemplan los incentivos; la educación y la salud; el mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura necesaria para la actividad productiva; el desarrollo de las capacidades de la ciencia y la tecnología al servicio de la producción y de las personas; o, desde el funcionamiento eficiente y fluido de la institucionalidad estatal en temas indelegables del papel del Estado, como los asuntos de gobierno, seguridad, justicia, ambiente, atender a los sectores más frágiles y orientar acciones a una mejor redistribución, como los más resaltantes. 

  Esto determina que los espacios en donde empresas y trabajadores conviven para producir no funcionan de manera aislada, sino que están rodeados de otras políticas públicas que han de tenerse en cuenta, algunas con una relación más clara y definida que otras, pero todas presentes. De modo que, analizar lo laboral en particular, tiene sentido porque privilegia el conocimiento y análisis de las relaciones y los actos que llevan a cabo empresas y trabajadores organizados en los espacios productivos y permite responder cuáles son sus logros y limitaciones, en primer lugar, explicables por lo que ocurre en su propio espacio y, aquellos explicables por fenómenos y factores externos al espacio productivo. 

LA CULPA ES DEL MODELO ¿CUÁL?

Frecuentemente quienes revisan el pobre desempeño económico del actual gobierno, y al mismo tiempo se detienen en destacar los pocos esfuerzos que hacen sus dirigentes, para  replantearse nuevas formas de conducción del sistema económico, y que por el contrario, más bien lo que ocurre es que se inventan nuevos nombres para seguir haciendo casi lo mismo, por lo que se concluye afirmando que en tanto estos dirigentes estén atados a su "modelo económico" no saldremos de la crisis. Suele afirmarse que la culpa radica en el modelo. 

  Hay que reconocer que la vida económica del país ha venido siendo dirigida por personas que proceden de otros ámbitos, predominantemente el militar, entendiendo que es un sector consumidor de recursos y con poco desarrollo de actividades económicas. Se puede mencionar que en algunos países el sector militar tiene en sus manos una industria propia que atiende a las necesidades de defensa. Brasil y Argentina cuentan con una industria militar exportadora y productora de divisas. Por el lado de los civiles en funciones de administración de los recursos del país, igualmente proceden de carreras más bien políticas, en el entendido que nunca hemos dejado de ser un país que vive de la renta petrolera, por tanto se trata igualmente de hacer política en este marco.

  A lo anterior hay que agregar que las funciones productivas, sean de la producción real o la  financiera, han sido puestas en la mayor parte del tiempo en manos sin trayectoria en los asuntos a conducir, con el agravante de tener desconfianza de quienes en el país son identificados como conocedores de estos asuntos, sean profesionales o instituciones de trayectoria. De lo anterior resulta, que con frecuente se haya confiado más bien en asesores de otros países, destacándose de aquellos con quienes han concertado acuerdos y convenios, tales como cubanos, chinos, rusos, brasileños, argentinos; también con españoles vinculados a corrientes ideológicamente cercanas a las del gobierno.

  De toda la combinación anterior, cuesta identificar que en la gestión económica se configure a lo largo del prolongado lapso de conducción un modelo económico determinado. Además, entendiendo como modelo un esquema construido a partir de la confianza en determinados elementos teóricos que explican una realidad dada y con ello la solución de una problemática; y que en consecuencia, proponen las vías de acción que van a ir permitiendo el alcance de las soluciones. Obviamente hablar de modelos, es optar por una manera simplificada de plantear problemas y soluciones.

  Entonces, hay que preguntarse si en los 17 años de conducción económica (1999-) es posible identificar un  modelo dado. Veamos, en el primer año la gestión fue absorbida por la elaboración de la nueva constitución. En materia económica no se plantearon cambios mayores. Libertad económica, intervención y regulación del Estado según situaciones de interés nacional y teniendo presente las leyes respectivas, fomento y respeto a la propiedad privada, así como a la economía social, protección del trabajo dependiente. El segundo año tocaba la creación de las leyes que conformarían las nuevas institucionalidades. Resultado, dos años sin decisiones económicas, todo en stand by. 

  Al empezar las decisiones económicas surgen los primeros encontronazos con los sectores productivos. El primero importante con los trabajadores, se ubica en septiembre del año 2000 con los sindicatos petroleros que se rebelan y se van a la huelga ante el intento de imponer un contrato colectivo desde la presidencia de PDVSA -"el contrato modelo"-, pretendiendo sustraer una función clásica de los sindicatos, por tanto ignorando los mecanismos de las relaciones laborales. Otra radicalización gubernamental, fue imponer un referéndum para cambiar la conducción sindical. 

  Con los empresarios el primer gran conflicto ocurre con el uso de la primera Ley Habilitante, que el Gobierno utiliza para aprobar leyes sin la consulta debida, según los convenios suscritos por el país. El principal gremio empresarial convocó a un paro nacional de 12 horas el 10 de diciembre del 2001. 

  La historia que sigue es de radicalización del ambiente político nacional, paros nacionales, vacío de poder, golpe de estado, paro petrolero y de muchos otros sectores, despidos, sanciones, retaliaciones, militarización de lo civil. Finalmente, aparece el socialismo del siglo XXI, que trae consigo la radicalización en lo económico, y empiezan a surgir nuevas prácticas, conceptos e interpretaciones de la Constitución que van incidiendo directamente en el sistema productivo. 

  Hablar de modelo económico lleva implícito una construcción que esta por verse. Cierto que hay textos gruesos que son referentes como la propia Constitución bolivariana y los planes de la patria. Pero, de un modelo económico se espera una construcción que le de orientación al curso que tome la gestión, que señale metas y resultados esperados, que precise la relación entre Estado y productores, entendiendo que estos son empresas y trabajadores, que señale los mercados en donde tendrá incidencia, que precise los recursos disponibles sean financieros, tecnológicos, de insumos, de equipos, de fuerza de trabajo y de las configuraciones varias según estos factores, y luego los resultados que se han de generar, por tanto debe tener capacidad predictiva y que disponga de instrumentos de monitoreo. 

  Sin embargo, la conducción económica que hemos visto era ajena a tal sistematización, el modo la conducción por varios años se realizaba desde un programa de TV en vivo donde el Presidente anunciaba frecuentemente importantes asuntos sin que hubiesen elaboraciones previas, o las que habían no estaban suficientemente elaboradas, faltaba lo que en la política británica llaman los libros blancos, un dossier de estudios y datos disciplinadamente recogidos a lo largo de un lapso suficiente para la toma de decisiones. 

  Desde el Aló Presidente se decidían despidos, se asignaban contratos, se decidía sobre obras de  grandes exigencias monetarias, logísticas y de repercusiones en otras áreas y personas, se expropiaban propiedades productivas -"expropiese"-. Un auténtico reality show.

  Entonces de ¿cuál modelo hablamos? Recordamos varias proposiciones, algunas como modelos amplios y otras como propuestas sectoriales: la tercera vía, el desarrollo endógeno, el cooperativismo, la cogestión, las empresas de propiedad social, las empresas de producción social, los fundos zamoranos, el fondo chino y las múltiples empresas, las expropiaciones, las re estatizaciones, el control obrero, la producción comunal. Se conoce de más proposiciones, pero es suficiente esta lista para concluir que se ha despilfarrado una enorme riqueza, y hoy tanto como país y como ciudadanos, estamos más pobres y seguimos sin modelo.