IMPROVISANDO CON LAS PENSIONES

 La seguridad social es un asunto bien serio, es una conquista del desarrollo social en el siglo XX. Tanto las dos guerras mundiales como la depresión económica de los años 1929-30, la debacle repercutió en favorecer condiciones en el mundo para concertar acuerdos que dieron lugar al establecimiento del estado de bienestar, con la seguridad social como su eje central. Tanto en el capitalismo como en el socialismo, se dieron pasos a su favor.   

Avanzado el siglo XX, el resurgimiento del neoliberalismo introdujo elementos privatizadores, que abrieron debates por sus incidencias en los pilares sustentadores de la seguridad social como servicio público, referimos a la universalidad, lo contributivo, la eficiencia, la solidaridad, unidad, integralidad y lo  intergeneracional. Sin embargo tal esquema privatizador en algunos países de la región latinoamericana ha dado pasos para adelante y para atrás, por problemas económicos y políticos que se traducen en dificultades para la sustentabilidad a lo largo del tiempo.

En nuestro país, durante el presente régimen poco se ha hecho en fortalecer la seguridad social. Aunque sí se contó con proyecto construido con sustento técnico al asumir su mandato, y en los propios inicios del régimen chavista se replanteó un avanzado esquema de seguridad social del cual casi no se avanzó, por cierto pasaron largos años sin llegar a  justificarlo. Se quedaron importantes estudios y propuestas engavetadas.

En lo que si hubo mayor acción fue en la implantación de programas de asistencia y beneficencia social, especialmente la extensión de las pensiones de vejez a toda persona que alcanzara los 55 años -mujer- y  los 60 -hombres-, al margen de haber o no cotizado,  y todo un variado abanico de asignaciones monetarias para diversos segmentos poblacionales, también se implementó el reparto de alimentos y otros bienes.  Alrededor de todo ello ha abundado la propaganda oficial, sin mayores evaluaciones y claridad en la rendición de cuentas. Finalmente tanto la inflación como  hiperinflación, resultados de erráticas y desordenadas políticas económica, hicieron  añicos estos programas. Hoy un alto porcentaje de la población trabajadora está depauperada, sin salarios que cubran la canasta básica, y en peor estado los cuatro millones y medio de pensionados. Y no menos importante, que todo esto ocurre sin que los fondos de las contribuciones de trabajadores y empleadores jugaran un papel  de estabilizador, ya que de los mismos nada se conoce, por supuesto que la improvisación en preservar los pasivos y los bienes de los trabajadores en las tres reconversiones, licuaron lo que teóricamente podía existir en tales fondos.

Ante este cuadro, en acelerada acción parlamentaria se aprueba la “Ley de Protección de Pensiones de la Seguridad Social frente al Bloqueo Imperialista” (LPPSS). El primer y más llamativo fundamento es asistir a los pensionados, con nuevos aportes empresariales que serán descontados del impuesto, por tanto será al final un aporte de la población al tener que pagar más por los bienes. Por tanto no hay esfuerzo del Estado en recuperar el cuantioso peculado a la vista de la población, así como corregir el continuo despilfarro y mal uso de los bienes productivos de la nación. Finalmente se reitera recurrir al atajo de las sanciones, como culpable de la bancarrota de la seguridad social.

De las tantas consideraciones críticas que se han exteriorizado a esta ley, fundamentalmente por empresarios y sus gremios, de organismos académicos como la academia de las ciencias sociales y políticas, de organizaciones de profesionales como la asociación venezolana de derecho tributario, de dirigentes  de organizaciones de trabajadores, en general dejan ver la improvisación y premura en su aprobación e implementación, lo que lleva a asociar con el afán fiscalista de que el ejecutivo cuente con recursos financieros a la brevedad, dada la cercana y significativa fecha de las elecciones presidenciales este 28 de Julio del presente año. El futuro de quienes trabajan va más allá de estas premuras. 

DEL DESPOJO DEL TRABAJO A SU RECONSTRUCCION

  En el mundo del trabajo venezolano, la preocupación fundamental de los trabajadores ha estado signada por lo salarios, su continuada perdida de poder adquisitivo en el sector público,  y su estancamiento, como mal menor, en casi todo el sector privado. De ahí el replanteamiento de la campaña sindical “Salarios Dignos”. No obstante hay que destacar, no es éste el único problema que ahoga vida de los trabajadores. Téngase presente  que el desempleo alcanza cifras con récords históricos, también la informalidad y la precarización. 

  Además recordemos que la política del avestruz que ha seguido este régimen, ante aquellos esfuerzos necesarios para diagnosticar el funcionamiento del país, por lo que se ha extendido la ausencia de recopilación, procesamiento y publicación de la data socio económica, es decir estadísticas fiables, coherentes y comparables, que se deben producir en un país de funcionamiento medianamente abierto, dado que al no publicarlas se sustituye con discursos y relatos vacíos o fantasiosos del estado de la nación. La crudeza de la pobreza, sea con o sin empleo, pensionado o jubilado es atroz, y la sociedad está cansada de estar sujeta a unas condiciones de existencia de pérdida de sentido al esfuerzo laboral y de una muerte lenta.

 Está claro que en la CNRBV -art.91- se garantiza un salario mínimo vital que será ajustado cada año, tomando como una de las referencias el costo de la canasta básica. En los años que van del presente siglo ha sido una constante la brecha entre ambos conceptos, con el agravante que año tras año se ha venido ampliando, a extremos que en los hechos el actual salario mínimo se considera inexistente - $3,50 mensual-, no satisface siquiera el valor de !una comida en el mes!. Para las relaciones de trabajo, en Venezuela no existe salario mínimo, de facto ha sido abolido. Queda a las partes establecerlo según sus propias capacidades y niveles de entendimiento. 

 Pero ha de remarcarse que el país ha experimentado un proceso paulatino de desmontaje de las propias relaciones de trabajo. Las regulaciones del régimen, desde su propia constitución nacional, hecha a su medida, más las que han nacido de ella, han estado abonando al desmontaje y al empobrecimiento del trabajo. Lo que ha dado lugar a que la relación de la distribución de los ingresos haya alcanzado un grado de desigualdad extremo. En cuanto a la participación del trabajo en el ingreso nacional en América Latina, Venezuela ha llegado a estar con solo 10%, como lo muestran datos publicados en OIT 2022 “Estadísticas del trabajo para los Objetivos de Desarrollo Sostenible” https://ilostat.ilo.org/es/topics/sdg/#), en tanto la mayoría de los países de la región estaban por encima del 50%. Difícil encontrar otro indicador más elocuente de un funcionamiento contrario al reconocimiento del valor del trabajo. Demás está reconocer que los cuatro años de hiperinflación 2018-2021, volvieron añicos las percepciones dinerarias de los trabajadores.

  El régimen ha venido huyendo de la obligación de remunerar con los correspondientes  salarios al esfuerzo laboral, por la vía del uso de bonificaciones, por cierto casi todas discrecionales, que por supuesto pulverizan todos los compromisos históricos derivados sea de regulaciones conquistadas, de acuerdos igualmente históricos alcanzados en las relaciones de patronos y organizaciones de los trabajadores, de beneficios basados en tradiciones y prácticas, que tienen al salario como la base de su determinación. Hay sectores que logran acumular muchas décadas de construcción regulatoria entre las partes empresarias y laborales, y que la política laboral del régimen ha destruido, cuando estatiza empresas, o interviene el funcionamiento de amplios sectores productivos privados, o impone medidas vía memorándum (MPPTSS 2792) o instructivos (tipo Onapre) y buena parte del contenido en lo relativo a sindicatos y convenios colectivos, del “Decreto con rango y fuerza de ley orgánica del trabajo, los trabajadoras y las trabajadoras”. En estos hechos, ha predominado la intención anti laboral, la centralización estatal, la desconfianza en los propios actores socio laborales, de su autonomía y relación directa.

  En la perspectiva de los estudios del trabajo, esto representa un atropello del Estado contra los trabajadores y un fracaso de la política socio laboral. Se ha regresado a etapas que se creían superadas en la relación capital-trabajo. Sin duda que el patronato ha aprovechado la situación para el uso del trabajo dependiente, igualmente también ha ocurrido el relajamiento de la dedicación al trabajo, muy notable en el sector público. Coloquialmente se dan situaciones donde el patrono hace como si cumpliera con sus obligaciones  y el trabajador hace como si trabajara. Los mejores tiempos del capitalismo se caracterizaron por el predominio de la ética del trabajo que se exigía a ambas partes, lo ocurrido en la Venezuela chavista por el contrario ha facilitado el relajamiento laboral. 

  Destacable el hecho que luego de cuatro reconversiones monetarias, eliminando catorce ceros a la moneda nacional, pulverizaron los activos de los trabajadores en sus prestaciones sociales, cajas y fondos de ahorro. Con las primeras, es condenable que la conducción estatal autoritarias de los diversos programas de ajuste, no previeron la protección debida al sector trabajador. Es sabido que los programas de ajustes clásicos, emprendidos en el marco de abiertas orientaciones neoliberales, las medidas compensatorias protegen los activos de los trabajadores, al tiempo que instalan a partir del momento de la aplicación del ajuste, prácticas a favor de mayores flexibilidades regulatorias. Aquí, se fue más allá en la explotación del trabajo en un supuesto socialismo militarista del sigloXXI, con la venia del dócil sindicalismo oficialista claramente entregado a las políticas anti laborales del régimen. 

  Llamativo que los conductores del régimen, hicieron coro satanizando la reforma del régimen de prestaciones del 1997, acordado en el marco del dialogo social, al calificar como robo, el establecimiento del esquema de abonar trimestralmente las prestaciones a fideicomisos constituidos por cada trabajador, que a su vez le remuneraban esos capitales a tasas favorables. Estaba también disponible la opción de retirar esos capitales por parte del trabajador dueño. 

 Hoy, este esquema con salarios decentes constituiría un objetivo significativo para la economía de los trabajadores, al tiempo que eludiría el problema de la retroactividad en economías inflacionarias. 

 Con políticas laborales asistencialistas así como intervencionismo extremo, el régimen ha pretendido sustituir las relaciones de trabajo que solo requieren libertad de trabajo, libertad sindical, de asociación autónoma, de fomento de las negociaciones colectivas, de administración del trabajo profesional así como una justicia laboral, sin dependencia de partidos políticos y con personal estable de incorporación por concurso, de acceso sin carnets, pero si por formación y capacitación. Tales aspiraciones, incluso van más allá de lo practicado en la Venezuela pre chavista, que también tuvo sus falencias, se trata de aspirar y construir un verdadero funcionamiento laboral para  tiempos de revolución 4.0, de la innovación y el conocimiento como base central de las actividades productivas.

 Reconstruir el funcionamiento laboral es imperioso. Se confía que los trabajadores en sus diversas categorías profesionales, ocupaciones, con mayores o menores calificaciones, han experimentado el despojo de garantías y pérdida de esperanza, de ahí la diáspora con todos los riesgos que ello conlleva. Lo que junto con quienes tienen capitales, igualmente desenvolviéndose en un contexto de mengua económica, de inseguridad jurídica, han de estar preparados y dispuestos para reconstruir la organización de su relación con madurez, innovación, responsabilidad y respeto.  

     

A QUIENES LES DUELE LA PREVISION SOCIAL UNIVERSITARIA

 Mas de cien profesores de la UC se dieron cita en la sede de su Instituto de Previsión -IPAPEDI- este  2-5-24. Una gestión más de grupo de incansables afiliados en su justificado reclamo que aspira su urgente regularización. Los mismos que desde el pasado año, lograron luego de innumerables gestiones, que se diera inicio a las pendientes asambleas de delegados por facultades, para la presentación y consideración de informes de gestión del Consejo de Administración, él que en ese momento ya pasaba del decenio en tales funciones; por otra parte con varios años de atraso en la rendición de cuentas, ese marzo del 2023 apenas se empezó con la del año 2019; ocurrida la presentación, la amplia mayoría de los afiliados la ímprobo. Pero esta improbación paralizó lamentablemente la regularización de la conducción,; por tanto quedó pendiente completar las presentaciones de los informes de gestión de los años siguientes, evidente un injustificado atraso, que inevitablemente levanta sospechas de quienes administran. Si ellos quisieran evitarlas, el camino es la responsabilidad reconociendo errores y desaciertos, y no, nada peor, que ignorar las presentaciones de los restantes informes, y evadir la convocatoria a elecciones.

  Cuando se administra dinero de una comunidad tan numerosa - entre tres y cuatro mil-, al mismo tiempo experimentando un proceso de empobrecimiento continuado en estos años de precarización extrema, además portadores de una formación profesional que incluye entender los asuntos de cálculos, administración y derechos, para casi todo el universo de este colectivo profesional; todo ello concluye, que se hace más visible cualquier manejo extraño, opaco, evasivo y sin duda fuera de los cánones propios de este tipo de entidad de previsión social en su amplio sentido, que son propias de las instituciones universitarias autónomas. 

 Ante el hecho censurado, en la comunidad de afiliados se ha destacado un segmento que no ha cesado de llamar la atención, ha de admirarse estos esfuerzos puestos al servicio del reclamo desde la propia base, sin suficiente apoyo de entidades que también tendrían que hacerse parte de los reclamos de la necesidad de la regularización. Empezando por las propias instancias de vigilancia de Ipapedi, evidentemente cooptadas, perdiendo la objetividad requerida para el ejercicio de esa función, la que finalmente dejaron de cumplirla. 

 También al propio gobierno universitario toca destacarle, que si desde que Ipapedi asumió diversos programas de previsión social, bajo la gestión de profesores electos para tales fines, con el apoyo de una burocracia dependiente directamente de Ipapedi, que se especializó en la gestión de estos servicios que configuran la previsión social de un colectivo exigente, visto sus perfiles profesionales, comunidad de afiliados que por largas décadas atendió sus necesidades de ahorro, salud, vivienda, recreación, todas áreas neurálgicas de la previsión social, y con un alto grado de satisfacción. Como lo evidenciaba un viejo decir en los medios profesorales, a la hora de ejercer sus derechos a votación para elegir los equipos de dirección en Ipapedi y en el gremio Apuc, se comportaban los mismos votantes escogiendo para la previsión social a personas probadas en la ética y pulcritud, generalmente conservadores en las posiciones políticas, y para el gremio, por otro lado, escogían comecandelas que no vacilan ni titubean para enfrentar a las autoridades y llamar a presiones enérgicas.    

 Lo central de lo anterior es que el empleador, en este caso la UC,  delegó el grueso de la previsión social en la autogestión, liberó de estas tarea a diversas dependencias de la administración universitaria, especialmente las vinculadas con la gestión de la gente. Más bien, una parte del grueso de tareas de previsión social las realizaban dependencias de la administración universitaria, pero especialmente para el personal administrativo y obrero. Resultando al final que la autogestión -Ipapedi- brindaba notablemente mejores atenciones en previsión social a sus afiliados que lo que ocurría por parte de la gestión universitarias y los otros segmentos del personal de la institución. 

  Esta heterologación ciertamente, empezó a encarar un ecosistema que le empezaba a cuestionar tal desempeño, y provenía de muy altos niveles, más allá de la propia UC, provenía de los gobernantes que asumieron en 1999, y empezaron a homologar, a eliminar diferenciales en remuneraciones, a desestimar la carrera académica, y englobar a todos los segmentos del mundo universitarios en una categoría, la de trabajador. Se simplificaba un esfuerzo de la preservación de varias carreras, en donde se le otorgaba a una de ellas mayores responsabilidades en el espíritu y razón de ser, la academia. 

  La alta administración de la universidad, es recién que levanta claramente su voz de reclamo ante la negativa de Ipapedi a incorporar a los Instructores recién ingresados. Pero no se hizo sentir, desde que la previsión social fue menguando y el perfil de Ipapedi fue abandonando esa responsabilidad, que en la institución académica se realizaba conjuntamente entre la Universidad -empleadora- y el Instituto, creado para esos fines, que bien los cumplió por más de medio siglo. Esto ha llegado al extremo que los gestores de estos dos últimos lapsos regulares, más dos años extras, se auto definen como gestores financieros de una caja de ahorros. Una visión ajena, retrógrada, y anti histórica en lo que son los logros del personal académico de la institución.

  Otro factor ausente en este breve análisis de la situación de previsión social, es el gremial. La Apuc de estos años recientes, ha sido solo un espectador, cuando le corresponde ejercer el protagonismo que tienen los gremios en la defensa de los derechos adquiridos, y en contra del despojo de los logros históricos, tanto por los enfoques de la política gubernamental en contra de la academia, en sus diversas dimensiones, formación, investigación y extensión. En este sentido el Ipapedi y la Apuc que tenemos hoy se parecen.

  A todos no nos queda sino hacernos presente y brindar mas apoyo para rescatar nuestro Instituto de Previsión Social de los Profesores. Empezando por insistir en las elecciones, como toda entidad democrática y al servicio de sus afiliados.

Relaciones de trabajo y poder. Introducción e interrogantes

El poder y la coacción son elementos propios de la vida de la sociedades, en el mundo del trabajo ocurre otro tanto, en donde al tiempo que se manifiestan relaciones de cooperación también se manifiestan relaciones de conflicto. En este ámbito un elemento central es su relación con el poder. “Mientras que el sujeto humano está inmerso en relaciones de producción y de significación, también se encuentra inmerso en relaciones de poder muy complejas” (Foucault, 1988, 3).  Y no necesariamente las personas al iniciar su vida laboral están conscientes y enteradas de todas esas relaciones, incluso hasta pueden pasar años para reconocerlas. La búsqueda y necesidad de trabajo hasta soslaya esta dimensión. Además enmarcado en reconocer que “Una sociedad sin relaciones de poder sólo puede ser una abstracción” (1988, 16).

Este documento aborda el análisis de las relaciones de trabajo y el poder, en el contexto del trabajo asalariado y privilegiando la acción colectiva. Reconociendo el  contexto  sociocultural, ideológico, económico,  histórico  y  político  en  el  que  se  enmarcan las relaciones laborales (Porras 2017).  Hemos venido analizando las relaciones que los trabajadores organizados tienen tanto con empleadores como con el estado, en sociedades con un peso importante de éste último, sin embargo aquí se privilegia la relación que transcurre entre los actores presentes en la producción.  

Se señalan situaciones concretas en las relaciones de trabajo de Venezuela, derivadas de las transformaciones ocurridas en los últimos veinticinco años, las que se consideran de efectos directos algunos con visibilidad inmediata y otras a mediano o largo plazo. De aquí que se trata de unas RT que se salen de los esquemas y prácticas que se construyen en los  cuarenta años previos.   

El trabajo en la sociedad moderna es un hecho primeramente social para quienes lo ejecutan, y económico  para quien lo contrata y lo recibe, inmerso plenamente en la vida económica y política, ya que por un lado es un generador de capital y de riqueza en términos más generales, así como proveedor de medios para consumir y permitir la subsistencia y el bienestar;  a su vez, esas riquezas y consumos se sustentan y preservan con necesarios vínculos con los centros y mecanismos de poder, sea en el propio seno de las empresas, en el conjunto de las mismas y en sus relaciones con otros poderes, especialmente los públicos estatales; los que a su vez expresan el centro de poder político, que ejercen la gobernanza. El poder estatal a su vez puede ser un estimulante de la construcción de las relaciones de trabajo, pero también de casos extremos de su obstrucción y hasta destrucción, y siempre es un regulador de políticas publicas. Completa el espectro del poder, el de los propios trabajadores quienes pueden lograr la capacidad de enfrentar a los poderes mencionados, o también ser parte de alianzas que logren consenso reductor de brechas de desigualdad en las relaciones bipartitas.  

Nos lleva a este análisis el hecho que los distintos poderes experimentan cambios para lograr metas, más poder y su preservación, por tanto gobiernos van de la izquierda a la derecha y viceversa, de más a menos regulación y viceversa. De aquí que las intenciones, propuestas y logros de implantación de  las políticas establecidas en un período político dado, luego están sujetas a modificaciones y/o parálisis,  en ese vaivén transcurren las relaciones del trabajo con el tema de políticas estatales. En el fondo, en el sustrato, la relación analizada en este documento son las relaciones de trabajo en lo que tiene que ver con el poder del capital y del trabajo, es decir, de los empleadores y de los que tienen empleo; reconociendo que el contexto político es relevante, es un condicionante tanto del desempeño de los dos actores interactuando como de cada uno por su lado.

La solidez y estabilidad de las Relaciones de Trabajo requiere de ciertos equilibrios en las relaciones de poder, de hecho se conoce que no existen y funcionan en todos los espacios productivos, no se extienden al universo de los centros productivos ni a las diversas  regiones de los países. Fundamental reconocer que no existen relaciones de trabajo perfectas, siempre se están haciendo y transformando, por tanto en aquellos centros productivos que aparentemente se consideran que todo está dado y alcanzado, no dejan de existir necesidades y demandas insatisfechas. 

    

¿Cómo distribuimos este análisis? y ¿Cuáles son las interrogantes?

1- ¿ Cuánto poder tiene el capital? La empresa? La gerencia? Su gremio? ¿Cuáles son los elementos que los sustenta? Primero, se reconoce que la propiedad privada da poder; y segundo, que el trabajo está sometido a las leyes del mercado. Estos son dos elementos que desagregamos en el desarrollo. El poder empresarial de organizar el trabajo y la producción es fuente de proposiciones y ejecuciones, que eventualmente implican modificaciones de las condiciones de trabajo, de ahí que ello puede dar lugar a desmejoramientos y las consiguientes tensiones. 

2-  ¿Cuáles son los aportes que pueden cerrar la brecha de la desigualdad entre el capital y el trabajo? En primer lugar, hay que preguntarse ¿Cuánto poder tienen los trabajadores? sus organizaciones? sus representaciones? Está históricamente demostrado el peso de la acción colectiva de los trabajadores frente a  los patrones y al estado, la cual conlleva a negociaciones y conflictos, mecanismos de diálogo, conquistas históricas del desarrollo institucional político laboral. Negociaciones a partir de planteamientos programados, cíclicos o sobrevenidos, así como a respuestas de los empleadores para llegar a acuerdos, en los cuales cabe la opción de la presión más allá de la pura demanda o exigencia. Ante la negativa hay la opción de presiones con diversos grados de impacto en el ambiente de trabajo hasta llegar a la parálisis, aunque todo apuntando al propósito de llegar a acuerdos. No dejan de ocurrir  conflictos más radicales, que buscan eliminar, cambiar o disminuir a elementos del otro, sea determinados comportamientos gerenciales o sindicales;  es más usual de parte de la empresa con respecto a eliminar u obstruir la organización de los trabajadores, o de parte de ésta de enfrentar políticas o acciones para las cuáles los marcos institucionales son desbordados. Otro elemento en estos aportes, en la búsqueda de una menor desigualdad en la relación capital-trabajo, es el papel de las regulaciones en el marco del derecho de trabajo. Pero, esto apunta más al ámbito de lo individual, es decir al contrato de trabajo.

3- Completamos con las preguntas de cuánto poder tiene el Estado? sus instituciones? sus representantes? los sectores que representa? todo para poner sobre la mesa los distintos poderes que importa tener presente. 

Un estado que se auto define como interventor, se hace marcadamente presente en todo el ámbito laboral, en cambio el auto definido como liberal, tiende a dejar a las partes entenderse directamente, y queda el estado en situación de expectante. En la región predominan situaciones hibridas. La inestabilidad política de los países de América Latina, no ha permitido completar un cuadro pleno en una u otra dimensión, salvo los casos de Cuba, Nicaragua y Venezuela, que se autodefinen como socialistas según sus constituciones nacionales, en éste último sus regulaciones y políticas más bien apuntan hacia allá, con alcances contradictorios. Dado que Cuba y Nicaragua conquistaron el poder luego de una guerra, les permitió alterar radicalmente todo el marco institucional, dando lugar a un sistema similar al llamado socialismo real del siglo pasado. En cambio Venezuela, un triunfo electoral -1998- devino luego en un procesos continuado de evolución hacia el autoritarismo, en un país que previamente tenía una economía mixta con fuerte sector estatal productivo, que más bien con este régimen auto definido como socialista, la economía estatal ha perdido ampliamente su capacidad productiva, empobreciendo al país y su población en un breve período.

Bibliografía

- Foucault, Michel. (1988)  El sujeto y el poder. Revista Mexicana de Sociología, 50 (3), pp 3-20. México.

- Porras Velásquez, Nestor R. (2017). Relaciones de poder y subjetividades laborales: Una reflexión desde la perspectiva de Foucault. Revista Iberoamericana de Psicología; Issn-l:2027-1786, 10 (1), 93-102. Bogotá.

 

Perspectivas y aspiraciones inmediatas en las Relaciones de Trabajo

Iniciando un nuevo año nos planteamos hacer una nota que otee la perspectiva de el transcurso de este año que empieza.

Es bien sabido que la vida productiva demanda condiciones para que transcurra de manera armónica y eficiente con satisfacción para quienes participan en ella, y que se traduzca en resultados competitivos y de mejoras en la productividad, y consecuentemente en mejores salarios, empleos y bienestar. Y para lograrlo no todo ello reposa solamente en la voluntad de la gerencia, de los profesionales y de los trabajadores en general, es necesario que exista un contexto, un ecosistema que favorezca la confianza a todos los comprometidos en el esfuerzo laboral,  sean individuos, los grupos, las organizaciones y toda la gente relacionada. Es decir, que es necesario un ambiente con instituciones que brinden confianza a los actores y al conjunto de la sociedad. Nos referimos al ambiente de libertad y de respeto, que nos sintamos ser parte de un verdadero Estado de derecho, en lo que concierne a lo que tengamos que cumplir o demandar.

Se destaca lo anterior, por que transcurre la vida venezolana en un ambiente de restricción creciente de libertades, de no tener la confianza para acudir a instancias cuando toca para plantear o exigir reglas claras. Es entendido que el trabajo es un factor de producción bien diferente a los demás, como materia prima, capital, recursos naturales, que no tienen emociones. Por tanto el buen trato entre empleador, gerencia, trabajadores y sus organizaciones, constituyen un ecosistema propio, sensible para la mejor cooperación, que redunde en estabilidad, innovación y generación de riqueza.

Se vive en un estado que ha restado confianza a quienes tanto en el país y como del exterior quieran invertir; especialmente el dinero bien trabajado exige retornos que demandan seguridad jurídica, más aún si son negocios que no dan un retorno inmediato, que requiere construcción de instalaciones, de capacidades y pasos cuidadosos para sostener la adhesión de los involucrados y el entorno.

El sistema productivo ha venido experimentando pérdidas, por ello se han ido y se siguen yendo empresas casi todas han reducido su tamaño minimizado sus actividades, por su parte los trabajadores han perdido empleos, ingresos, beneficios cláusulas contractuales y prestaciones sociales. Ya van más de ocho millones  de venezolanos que se han ido corriendo y con no pocos riesgos, pero para quedarse no veían suficientes expectativas positivas.  

Está planteado reconstruir confianza, se sabe que las relaciones laborales no constituyen un conjunto de prácticas autónomas, que determinen las condiciones económicas y políticas para funcionar, es más bien a la inversa, son esas condiciones el contexto en el cual funciona la relaciones laborales. Y ellas de estar funcionando el país, al menos normalmente  y en condiciones de estabilidad  y confianza, tienen la virtud de que dinamizan los compromisos, la confianza y la relación entre las partes. Hay un relato común en el cual las partes siguen, cuando funcionan las relaciones laborales, incluso independientemente que el relato de la empresa y el relato de los trabajadores tenga matices diferentes en algunos aspectos, pero que el centro del mismo es un relato común, como es preservar la empresa, preservar el empleo, que mejoren las condiciones de trabajo, que los productos o servicios que se prestan a la sociedad sean competitivos, tengan prestigio, sean reconocidos, se trata entonces de elementos comunes del relato.

Se entiende que las relaciones de trabajo son al mismo tiempo relaciones de poder, el cual está muy desigualmente distribuido, hay mucho poder del Estado al lado de los factores productivos, además la agresión sistemática hacia las organizaciones autónomas laborales ha dado lugar a que el movimiento sindical este viviendo su peor momento de debilidad  en la historia de los años que arrancaron con la recuperación de la democracia el 23 de Enero de 1958. Hay dirigentes sindicales presos y  criminalizados, con régimen de presentación, otros que ya lo fueron y están en libertad, pero están marcados por el trauma de haber sido víctima de esos procesos arbitrarios que tuvieron o tienen repercusión por las acusaciones y hostigamiento experimentado. Por cierto, en nuestro estado Carabobo hay casos absolutamente ignorados. El Foro de Diálogo Social con participación de los actores sociales, Gobierno y la OIT, es un espacio en donde se persevera y se espera que obtenga respuestas en el tema de las libertades, tan necesario para las relaciones de trabajo.   

ATENTADOS CONTRA LA DEMOCRACIA UNIVERSITARIA

1- En el recuento de lo ocurrido en la Universidad de Carabobo en este año 2023, es destacable el de los contratiempos electorales. Tres elecciones ansiosamente  esperadas no se llevaron a cabo, dejando insatisfecha a la amplia comunidad ucista.  Se mencionan y se ofrecen mayor análisis a la suspensión de elecciones de autoridades universitarias.

2- El más reciente evento fue la suspensión de las elecciones de autoridades rectorales, decanales y del consejo de apelaciones, con catorce años sin realizarse. A esta suspensión se le dedica mayor análisis más adelante.

3- En las elecciones de ámbito gremial, otro tanto ocurrió con las de la Asociación de Profesores de la UC, que han debido de realzarse en noviembre del 2019. En este caso los recurrentes para la suspensión refieren al actual presidente gremial, con el apoyo del vice presidente. Acudieron también a la Sala Electoral del TSJ (https://hectorlucena.blogspot.com/2023/10/suspender-elecciones-gremiales.html)

4- Una tercera suspensión electoral es la del Instituto de Previsión de los Profesores, entidad que en otros tiempos a cambio del ahorro del profesor, se le proveía financiamiento  para salud, vivienda, y de otras urgencias familiares. Esta suspensión para diferenciar de los dos anteriores, proviene de los mismos que dirigen el organismo por trece años, cuatro períodos de tres años y alargando el último. Se las ingeniaron para cambiar el reglamento interno, y hoy se mantienen sin justificación ni argumentos, pero por otro lado, los profesores lesionados han sido cautos en no recurrir a las instancias judiciales porque no confían en ellas (https://hectorlucena.blogspot.com/2023/03/profesores-sin-prevision-social-y-la.html). 

5- La suspensión de las elecciones rectorales esta directamente relacionado con la aprobación de Ley Orgánica de Educación -LOE- en el 2009, que estableció el voto paritario para todas las categorías de trabajadores universitarios, además de los estudiantes y egresados. Un verdadero galimatías regulatorio, por tanto de difícil reglamentación, tan es así que la LOE va para los 15 años y nada que se aborda esta reglamentación. Se trata de una construcción regulatoria improvisada, sin estudios ni consultas, caprichosa. La intención era llevar la paridad al extremo, no importa cómo. Un objetivo estratégico a controlar eran las universidades autónomas, los sectores  afines al régimen tenían una posición marginal en las frecuentes consultas electorales universitarias, en principio el régimen  no controlaba en la esencia de lo definido como comunidad universitaria,  es decir los profesores y los estudiantes. Mientras, absolutamente,  las universidades creadas por el régimen eran autocráticas, de puros nombramientos verticales, sin pluralismo, ni estabilidad del personal, y menos participación en la gestión, todo lo contrario del funcionamiento de  las autónomas, las que aun con su fallas ofrecían condiciones para  ejercer y practicar el debate, la alternabilidad y convivir con la disidencia.

Esta paridad de la LOE es contraria al espíritu de la Ley de Universidades, que en su artículo 30 define que el claustro universitario está integrado por los profesores asistentes, agregados, asociados, titulares y jubilados; además de los proporciones no paritarias de estudiantes y egresados; agréguese que la misma Constitución en su articulo 109, define quiénes conforman la comunidad universitaria, el principio y jerarquía de la autonomía.

6- No obstante lo señalado, en la UC dos dirigentes del gremio de empleados administrativos haciendo caso omiso al precedente de la UCV, introdujeron una solicitud de suspensión, y para peor fue admitida por al Sala Electoral del TSJ y hoy nos encontramos con las elecciones suspendidas. 

7- Hay que destacar que el voto paritario que se reclama, no fue ni ha sido un objetivo gremial. Vino desde arriba, el Presidente de entonces -la LOE 2009-, lo exigió e impuso al propio estilo como si el país fuera una república bananera.  Parecido con el llamado control obrero, la elección de los gerentes en asambleas a mano alzada, procedimientos improvisados e impuesto desde el alto gobierno, que trajeron más problemas que soluciones, solo ver lo que pasó en las empresas estatales en Ciudad Guayana, que del control obrero se pasó más bien al control de los trabajadores y la debacle de las empresas (https://hectorlucena.blogspot.com/search?q=Control+obrero). 

8- Se reconoce que la universidad existe para formación e investigación, ello prioriza las tareas académicas, alrededor de las cuales gira la contratación de personal académico que a lo largo de su estadía en la carrera ha de desarrollarse y actualizarse, lo que se lleva a cabo con la presencia de los estudiantes.  Por supuesto que como toda entidad productivas de servicios, se requieren actividades de apoyo administrativo, logístico y operacional, que realizan profesionales, técnicos y personal calificado y no calificado. Para ello se dispone de las instituciones de las relaciones de trabajo, como son las negociaciones y los convenios, en cuyo contenido se insertan procesos de consulta y participación en los diversos ámbitos de las operaciones del personal  

9- No conocemos cuanto de lobby hubo entre quienes dirigen la UC, su Comisión Electoral y los diversos sectores, por supuesto incluyendo a los solicitantes de la suspensión. Pudo haber ocurrido que se dio por sentado que lo aprobado en la UCV, despejaba plenamente el camino. Pero se conoce que en UCV se hicieron largas gestiones y consultas, para curarse de trámites judiciales que lesionaran la intención democrática.

10- Deplorable que hoy en la comunidad ucista, algunos muy pocos se han dado a la tarea de impedir el ejercicio democrático de la amplia mayoría de la comunidad. Necesario ver a los liderazgos de la institución haciendo valer su talante democrático; así también la sociedad, principal beneficiaria del producto universitario, se esperaa ha estar vigilante para brindar su apoyo.

SINDICALISMO CLASICO Y ESTRATEGIA ASERTIVA PARA NEGOCIACIONES COLECTIVAS. Huelga automotriz en los EEUU

El sindicalismo clásico de las grandes empresas automotrices de los EEUU, ha venido dando una ejemplar demostración de las potencialidades de estas organizaciones, pero cuando disponen de un liderazgo actualizado, autónomo y representativo de los afiliados. Se trata del United Auto Workers -UAW-  (Sindicato de Trabajadores Automotrices).

  Luego de dos meses de negociaciones sin mayor avance, a mediados de septiembre el sindicato UAW decidió convocar a paralizaciones parciales en determinadas plantas de los tres grandes fabricantes de autos, General Motors -GM-, Ford y Stellanis, este abarca varias marcas entre ellas a Chrysler y Jeep. La huelga alcanzó sus propósitos a la sexta semana. Hay que destacar que es la primera huelga al mismo tiempo de las tres grandes automotrices de los EEUU. 

  El UAW aglutina una afiliación entre estas tres empresas de 146 mil trabajadores, casi todos del área productiva. Pero la huelga se inicia con la parálisis de solo 13 mil trabajadores, en áreas sensibles de una planta de cada una de las tres automotrices. Al inicio el Presidente del UAW, Shawn Fain emitía un reporte semanal de desarrollo de las negociaciones, y al mismo tiempo agregaba mayor presión anunciando la parálisis de otros centros productivos en otros estados de la nación. Para la cuarta semana de tres estados se había pasado a diecinueve y de los 13 mil inicialmente paralizados se pasó a cerca de 30 mil, al final su número llegó a 46 mil parados. Lo que incluía no solamente centros de manufactura, sino además centros de distribución y despachos. Mientras, las negociaciones no se paralizaban y agregaban modestas ofertas empresariales, desde el punto de vista del UAW. 

UAW estaba consciente que debía de administrar su fondo de huelga con una estrategia que le permitiera hacer presión a un costo sostenible, por ello la selectividad y cuidado de a cuantos trabajadores se convocaba a la parálisis, ya que implicaba un pago de $ 500 semanales para cada parado, evidente que los Big Three habían dejado pasar largo tiempo desde la crisis de 2008, sin hacer ningún esfuerzo por devolver las condiciones laborales a sus trabajadores; condiciones que fueron cercenadas de forma bastante brutal y a las que cedieron los trabajadores con el único fin de salvar a las empresas, y por supuesto los empleos de miles de trabajadores. Luego vinieron años de grandes ganancias que no llegaron a ser redistribuidos con una equidad que además de los dividendos a los tenedores de acciones, los altos salarios a los ejecutivos, agregara mejores condiciones de trabajo para quienes hacen los productos. 

En la opinión pública la huelga recogió un amplio apoyo. El Presidente Biden hizo acto de presencia en uno de los piquetes de huelga y sus palabras fueron de apoyo a la acción sindical, otro tanto algunos gobernadores de los estados con parálisis laboral. En los días posteriores Biden exteriorizó su aspiración que empresas y sindicato lograrían un acuerdo. El ex-presidente Trump, en campaña electoral tampoco se desvinculó de aparecer en este escenario laboral que recibía amplia atención mediática. 

Ford fue la primera en convenir sus propuestas con el UAW, días después lo hizo Stellanies, y finalmente en la presente semana la GM. Las dos primeras ya realizaron sus  procesos de toma de decisiones por parte del sindicato para validar lo acordado, falta solo GM, pero es obvio ocurrirá otro tanto.

Finalmente, hoy Toyota anunció mejoras de sus condiciones de trabajo. Lo relevante es que estas plantas del fabricante japonés, así como otras marcas se les considera no sindicalizadas, ya que se instalaron en estados del sur de los EEUU, con mucho menor desarrollo de las relaciones de trabajo, y las empresas han podido dificultar los esfuerzos de los sindicatos por implantarse.

Esta experiencia laboral empieza a tener repercusiones como ya se advierte en Toyota, toca analizar un fenómeno que está en rápida expansión como es la transición a los autos eléctricos, y las aplicaciones de la inteligencia artificial en un sector que ha sido tradicionalmente innovador.